El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación".
Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximidaAdemás, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas.
Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retiradaEl empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena.
El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda.
Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
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