Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006

Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

• Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
• Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
• Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
• Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
• Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
• Ley del Cine.
• Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM

El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

El Estado se presenta en "territorio comanche"

La Fiscalía General del Estado ha tomado las riendas de las investigaciones sobre la ya muy evidente corrupción urbanística enlazada con el blanqueo de capitales en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, según se ha podido saber en medios de la Audiencia Nacional. La estrategia a seguir ha sido venir desde Madrid a “territorio comanche”.

El juez Baltasar Garzón ha estado durante tres días discretamente en la zona, en fechas inmediatamente anteriores a la Navidad y acompañado de fiscales y agentes de la policía judicial. En torno a febrero se esperan las detenciones más sonadas, desde El Ejido hasta Alicante, de políticos, comisionistas, testaferros y promotores inmobiliarios de nuevo cuño. Pero en enero ya se podrán ver los primeros signos de una operación que tiene un éxito más que asegurado.

Los “cuarteles generales” de jueces, fiscales y funcionarios especialistas en blanqueo de dinero han sido durante los primeros veinte días de diciembre los paradores nacionales de Mojácar, en Almería, y Puerto Lumbreras (en la ilustración), en Murcia. Allí se han reunidos miembros de la Fiscalía Anticorrupción con Garzón y otros miembros de la Audiencia Nacional desplazados para investigar y conocer sobre el terreno las actividades de determinadas empresas de súbito y vertiginoso ascenso. Vestidos con vaqueros, los investigadores se han mezclado con la población para trabajar, comprobar y verificar algunos de sus indicios a partir de denuncias y/o de oficio que han prosperado.

Al parecer, el grueso de esas investigaciones estaría centrado en el levante almeriense (Vera, Mojácar, Carboneras, Cuevas de Almanzora y Níjar), costa murciana de Águilas, Mazarrón y Mar Menor, y sur de Alicante (Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Guardamar y Santa Pola). En Murcia y Almería podrían caer personas más que relevantes, aunque se desconoce (es probable que no) si estos profesionales enviados desde Madrid han entrado en contacto o han informado a sus compañeros de aquí. Parece que casi todo se va a llevar desde la Audiencia Nacional.

Con ayuda de jueces, fiscales y policía judicial de otros países de la Unión Europea, la fuerza española desplegada en un amplio territorio tiene como objetivo desmantelar desarrolladas estructuras mafiosas del Este y Rusia, conectadas con españoles que lavan capitales procedentes del narcotráfico, del juego y de la prostitución, fundamentalmente, según datos de una investigación que ya tiene un nombre propio y que el tiempo desvelará sus razones y causas objetivas.

Al menos tres conocidas empresas murcianas de especulación inmobiliaria y de terrenos están en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado, Hacienda y la Audiencia Nacional. Cuando pronto sean intervenidas sus cuentas bancarias y locales comerciales, muy poca gente se sorprenderá porque dos de ellas son muy conocidas y están en boca de todos desde hace tiempo por un protagonismo que ha llegado a repeler a los grandes capitales locales más clásicos. Uno de sus ex socios ya se ha puesto en manos de un abogado murciano presumiendo que se le pueda imputar en algo.

El Rey apela en su discurso de Navidad a un urbanismo "que responda al interés general"

En estas fechas navideñas quiero haceros llegar, junto a la Reina y a toda mi Familia, nuestro mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas y para el Año Nuevo 2007 que esperamos, de corazón, lleno de paz, de alegría y de bienestar, para todos y cada uno de vosotros.

Como todos los años, no quiero dejar de expresar esta Noche nuestro cariño, cercanía y comprensión hacia quienes padecen dolor, sufrimiento o soledad.

Al prepararnos para el Año Nuevo, debemos tomar conciencia de lo mucho que juntos hemos avanzado en las últimas décadas y del enorme potencial que, trabajando unidos, España encierra para nuestro futuro.

Como ya dije hace un año, España es una gran Nación de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de paz, estabilidad, progreso y bienestar, en democracia y libertad. Unidos hemos alcanzado una modernización sin precedentes en nuestra Historia.

Pero no debemos ni podemos dar por sentados los avances que juntos hemos logrado con gran esfuerzo y sacrificio, atravesando incluso momentos de intenso dolor y sufrimiento.

Las claves de nuestra modernización han sido la reconciliación, la concordia, la generosidad y la común voluntad de construir una España democrática, moderna, unida y respetuosa de su rica diversidad, en torno a una Constitución de todos y para todos, producto del más amplio consenso entre españoles.

Esa voluntad de consenso, que en su día hizo posible la Transición, ha sido también el fundamento de nuestros principales logros.

De ahí, una vez más, mi apelación a las instituciones y a los partidos del arco constitucional, para que contribuyan, mediante el más amplio consenso y el apoyo del conjunto de la sociedad, a asegurar la mejor solución a las principales preocupaciones de los ciudadanos, siempre en el marco de nuestra Constitución.

Es hora de redoblar esfuerzos en esa dirección, desde el respeto mutuo, con un diálogo sincero y responsable. Esto es lo que la gran mayoría de los ciudadanos espera de sus instituciones y legítimos representantes.

No se trata de renunciar a nuestras propias convicciones, sino de concentrarnos en todo aquello que nos une para buscar el acuerdo en lo esencial, siempre al servicio de un futuro cada vez mejor para España.

Un futuro que merece una dedicación diaria por parte de todos y cada uno de nosotros. Soseguemos la vida política y trabajemos con espíritu integrador.

Nuestra Constitución nos ofrece un marco amplio y generoso que asegura la convivencia en libertad de todos los españoles, el pleno ejercicio de nuestros derechos y la pacífica defensa de cualquier opción política.

Por ello, en democracia, la única respuesta a la extorsión, la coacción y la violencia es la que resulta de la primacía de la Ley y del Estado de Derecho.

Esa garantía de armónica convivencia que a todos nos proporciona nuestra norma fundamental, debe ser correspondida con el respeto a sus reglas como expresión de la voluntad popular.

Y todas las instituciones y fuerzas democráticas tenemos el deber y la responsabilidad de lograr la unidad y la cohesión para desplegar todos los esfuerzos que nos permitan alcanzar, juntos, el objetivo irrenunciable de poner fin al terrorismo, dentro del pleno respeto a nuestra Constitución.

De la profunda crueldad del terrorismo dan testimonio la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas, así como el dolor de sus familias, a quienes debemos nuestro respeto, afecto, apoyo y solidaridad.

España es hoy una sociedad moderna y avanzada, de hombres y mujeres trabajadores, generosos y solidarios y que contribuyen con esfuerzo al bienestar de sus familias y del conjunto de la sociedad.

Un país con un rico y variado patrimonio histórico, artístico y lingüístico, orgulloso de la fuerza de su creatividad y capaz de alcanzar grandes éxitos culturales, logros sociales o triunfos deportivos.

Gracias a la dedicación y al empeño de todos, España sigue creciendo de forma sostenida por encima de la media europea, mejorando servicios, prestaciones sociales e infraestructuras.

Pero nuestro afán de bienestar no debe concentrarse sólo en los aspectos materiales, ni limitarse al tiempo presente. Ha de ser una ambición permanente, que nos permita crecer en valores individuales y colectivos para construir un futuro siempre más próspero, justo y solidario.

Se trata de aportar mayores esfuerzos para seguir extendiendo al conjunto de los ciudadanos los beneficios de nuestro progreso.

Reforcemos la lucha contra la pobreza, la marginación o la exclusión social. Sigamos corrigiendo desigualdades, atendiendo en mayor medida a los discapacitados y amparando a quienes más lo necesitan. Un esfuerzo común, del que tenemos un buen ejemplo en la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Dependencia.

Se trata, al mismo tiempo, de aportar la ilusión, el aliento y la confianza que bien merecen nuestros jóvenes, en su afán por conseguir una sociedad cada vez más equitativa.

Más y mejor empleo, protección social, cobertura sanitaria o acceso a la vivienda, son legítimas preocupaciones y aspiraciones de los españoles.

Por otra parte, nuestros éxitos económicos y sociales explican los flujos migratorios de tantos hombres y mujeres que se han instalado en España y contribuyen con su valioso esfuerzo a nuestro crecimiento. Un esfuerzo que merece reconocimiento y gratitud.

Junto a ello, tenemos que actuar con rigor y solidaridad para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Gestionar nuestro progreso con visión de futuro exige redoblar esfuerzos en educación, así como en investigación e innovación, que son pilares básicos para elevar la competitividad, mantener el desarrollo y ampliar nuestro bienestar.

Aseguremos plenamente los derechos humanos y la dignidad de cada persona, sea cual sea su origen, raza, sexo, religión o credo, promoviendo todos aquellos valores que distinguen al ser humano.

De ahí, la gratitud, el estímulo y el apoyo que debemos a cuantas instituciones y voluntarios fomentan esos valores con su entrega en múltiples ámbitos como la infancia, la juventud o la atención a nuestros mayores. Una labor en la que la familia desempeña siempre un papel esencial.

Cuidemos la extraordinaria riqueza ambiental de España, de modo que el progreso no sea una hipoteca para el futuro, no agote los recursos y no destruya nuestro entorno natural.

Nuestro desarrollo sostenible requiere la más eficaz cooperación para proteger con mayor ahínco nuestros paisajes, bosques y costas, de brutales incendios y otras calamidades, asegurando que el desarrollo industrial y urbanístico responda al interés general.

Hoy los españoles somos conscientes de que nuestro bienestar, crecimiento y seguridad, dependen cada vez más del exterior. Acaban de cumplirse veinte años de nuestra integración en la Unión Europea. Para seguir progresando, debemos reforzar nuestra presencia internacional. Debemos sumar fuerzas para ganar eficacia y cohesión en la promoción y defensa de nuestros intereses en el mundo.

Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que, a favor del mantenimiento de la paz y de la protección de los derechos humanos, asumen nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en el eficaz cumplimiento de las misiones asignadas en muy diversas latitudes, como en los Balcanes, el Líbano o Afganistán.

También la Cooperación al Desarrollo representa una parte esencial de nuestra acción exterior, a la que dedicamos crecientes recursos. Merece nuestro reconocimiento el encomiable esfuerzo de solidaridad de tantos cooperantes españoles que, en todo el mundo, dan lo mejor de sí mismos por los demás.

Quiero asimismo expresar mi gratitud a cuantos cada día, y también esta Noche, atienden nuestra sanidad, seguridad y tantos otros servicios.

Tengo plena confianza en nuestro futuro, en el futuro de España, porque tengo confianza en todos los españoles, en los hombres y mujeres de cada uno de nuestros pueblos, ciudades y Comunidades Autónomas.

Sigamos adelante. Con orgullo y autoestima, sin caer en el desaliento y, menos aún, en la indiferencia. Profundamente convencidos acerca de nuestras posibilidades, respetuosos con nuestra diversidad, sin perder nunca la unidad que nos da la fuerza y la dimensión necesarias para el progreso.

En el afán diario por construir juntos una España siempre mejor, nunca os faltará el impulso moderador e integrador de la Corona, así como mi plena entrega y mejor voluntad de servicio a España y a todos los españoles. Una tarea y dedicación que tienen en el Príncipe de Asturias la mejor garantía de futuro.

A todos los españoles, y especialmente a quienes os halláis en el exterior, así como a los extranjeros que residís entre nosotros, reitero de corazón mi mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas de Navidad y para el Año Nuevo 2007.

Buenas noches.

Crisis acelerada de nuestra prensa diaria de pago

Por Francisco Poveda

La prensa murciana de papel, diaria y de pago está sucumbiendo aceleradamente a manos de la digital y/o gratuita, de mayor credibilidad por su no dependencia económica de poder caciquil y político alguno, según los últimos datos que se manejan por las empresas distribuidoras y la propia OJD (Oficina de Justificación de la Difusión). Los descensos comienzan a ser espectaculares dentro de sus parámetros habituales y, si bien, la última bajada media en España ha sido de un 2%, esa cifra debe ser bastante mayor en el caso de la Región de Murcia.

Antes de una década puede que casi toda nuestra prensa de papel haya desaparecido por falta de lectores y la evolución de las pantallas de ordenador la obligue a una reconversión definitiva hacia lo digital. La tendencia apunta ahora, claramente, en esa dirección aunque en la telemática mediática habitan los ciudadanos mejor formados y menos manipulables. La iniciativa en “Internet” la llevan ya aquí, no obstante, cabeceras de referencia, ágiles, profesionales y de su tiempo.

El diario decano “La verdad” (1903) debe estar ahora rozando el listón de los 12.000 ejemplares diarios de media, mientras “La Opinión”, con la cuarta parte de vida que el anterior, parece que no pasaría en estos momentos de los 2.000 en sus dos ediciones. El caso de “El Faro”, en torno al millar (la mayoría de regalo, que no de venta), se puede explicar mejor por su baja calidad de contenidos y que el 65% de su propiedad esté en manos del conocido especulador urbanístico oriolano-cartagenero, Trinitario Casanova.

En todos los casos, hoy la supervivencia ya es sólo posible por la inyección publicitaria preacordada de la Comunidad Autónoma y “Caja Murcia” con las tres cabeceras aunque la proliferación de prensa alternativa le quite sentido a esa especie de tongo que, casi siempre, perjudica a un derecho fundamental de los lectores, hasta exigible en los tribunales ordinarios de Justicia llegado el caso. El primero y el tercero se pueden leer íntegramente por “Internet” en todas sus ediciones mientras el segundo ofrece todavía una posibilidad excesivamente disminuida sobre el original impreso con la vana pretensión de que los lectores acudan al papel para poder leerlo en su integridad.

Por el contrario, la venta de prensa de Madrid no acusa ese descenso entre nosotros, excepto en el caso del “Abc”. El de mayor venta, “El País”, se sitúa inmediatamente detrás del todavía líder murciano con una venta ligeramente inferior (10.000 ejemplares), seguido de “El Mundo” en torno a algo menos de la mitad pero muy por delante del segundo periódico regional. A considerable distancia estaría “La Razón”, con edición para Murcia sufragada por San Esteban, pero bastante por detrás de “El Faro” y, finalmente, un “Abc” en trance de renovación generacional de audiencia por en busca de un segmento medio mucho más joven.

El periódico del Grupo “Prisa” está preparando una edición diaria para la Región de Murcia al objeto de mantener y acrecentar sus lectores, y el de Pedro J. Ramírez se dispone a reforzar su actual corresponsalía, si termina de encontrar el calor de los poderosos que ven en las urnas comprometidos sus intereses, para competir así mejor con un “El País” que, objetivamente, empieza a amenazar ya el liderazgo histórico de “La verdad” en la Región de Murcia, tras hacerlo prácticamente desaparecer en Alicante y casi desplazarlo en Albacete.

En cuanto a prensa diaria gratuita, el liderazgo de calidad del “20 Minutos” está a punto de ser disputado por un producto más banal todavía, “Qué”, si logra finalmente el apoyo publicitario del gobierno autónomo. Inmediatamente detrás se plantea una edición regional murciana el más serio e internacional “Metro”, hoy en manos de socios alicantinos constructores al 50% con la matriz sueca, lo que va a terminar de revolucionar nuestro escenario mediático en pleno año electoral.

La fuerte presencia de lunes a viernes, en Murcia y Cartagena, del “Nueva Línea” (propiedad de los negociantes hermanos Zambudio, al igual que de una prácticamente irrelevante cadena regional audiovisual con “Televisión Murciana” a la cabeza) y la no menos notable, con la misma secuencia, de “Crónica del Sureste” en casi nuestros 45 municipios, también en manos de Trinitario Casanova, cierran un escenario de fuerte competencia publicitaria pero para nada informativa en los esquemas de calidad y oportunidad que hoy exigen los lectores más influyentes de la elite murciana. Todos tienen también una versión digital íntegra en “Internet”, de acceso igualmente gratuito.

Por el contrario, la gran revelación del panorama mediático regional es el vertiginoso ascenso de la prensa alternativa más independiente y creíble. El caso más paradigmático es el de vegamediapress.com en sus actuales ediciones digitales para el Valle de Ricote, Mazarrón, Águilas antes de fin de año, y Murcia municipio en el primer trimestre de 2007. Su versiones mensuales en papel recogen lo más significativo difundido por Internet en esas tres ediciones continuas.

No está sólo porque se dan tres ejemplos significativos más de prensa local no hipotecada en Cieza, Totana y Mar Menor con enciezadigital.com, azogue.net y lagacetadelmarmenor.com, respectivamente. Este último hace una distribución mensual en papel, que se difunde por toda su comarca y gran parte del Campo de Cartagena más cercano a Torre Pacheco. Todos son muy libres y nada dependientes de poderes fácticos de cualquier tipo. Jóvenes editores muy profesionales arriesgan sus propias inversiones y se financian con la publicidad de pequeños anunciantes.

Crece por días el número de sus lectores interactivos e inquietos por saber qué se cuece en realidad en nuestra región, al margen de lo que deja ver la prensa más convencional y comercial, que prioriza los beneficios a sus accionistas muy por encima del servicio a sus lectores. Por eso los están perdiendo sin visos de su recuperación al quedar fidelizados por cabeceras más modernas y atractivas en función de sus contenidos.

La situación es de tal preocupación estratégica, que los grupos “Vocento” y “Moll” han decidido compartir, a partir de 2007, un mismo centro de impresión en el Parque Empresarial de Elche, también abierto a terceros para amortizar una fuerte inversión industrial, que puede no llegar a serlo del todo si se desploma, definitivamente, la edición en papel de la prensa diaria de provincias mediáticamente muy controladas como es el caso de Murcia.

Eso significa que los dos periódicos murcianos más antiguos, “La verdad” y “La Opinión” se tirarán en rotativas ubicadas en la Comunidad Valenciana mientras “El Faro” mantiene sus talleres en Lorca, donde también se imprime “Crónica del Sureste”. Serán los únicos totalmente elaborados de principio a fín en nuestra tierra puesto que “El País” que nos llegue ahora se imprimirá en los talleres de “Prisa” en Valencia (al igual que nuestro periódico bimensual de calidad y referencia, “Economía Avanzada”, distribuido vía postal, desde Castellón hasta Almería en tres comunidades autónomas, sobre un listado de notables de cinco provincias mediterráneas).

“El Mundo” y “Metro”, igual que “La Razón” y “20 Minutos”, han optado por la imprenta alicantina del Grupo “Zeta” en Biar. En ese mismo centro impresor se hacen “Nueva Línea”, “Vega Media Press”, “Mazarrón Press”, “Águilas Press” y “La Gaceta del Mar Menor”. El "Qué" vendrá impreso desde la planta que su grupo, el de "Expansión" y "Marca", tiene abierta en Sagunto.

(Artículo elaborado para la revista de la "Open University")

La Diócesis de Orihuela condena el urbanismo depredador

La condena pública del actual modelo de desarrollo urbanístico depredador en la provincia de Alicante por parte de la Iglesia de la diócesis de Orihuela (en la ilustración, su palacio episcopal en esa ciudad de la Vega Baja del Segura) a un paso de las fiestas de Navidad y Reyes se suma a otras dos efectuadas anteriormente por el propio Parlamento Europeo y las instituciones de la sociedad civil, y sitúa al gobierno conservador de la Generalitat en el centro de todas las censuras a tan sólo cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Esa rotunda crítica eclesial sirve igual para los gobiernos autónomos de signo PP en la Región de Murcia e islas Baleares. Alcaldes democristianos con proyectos urbanísticos muy sobredimensionados, caso de Águilas, en la costa murciana, se ven ahora en la tesitura de rectificar o de pechar con el purgatorio electoral. Se echa en falta entre los católicos más concienciados de la archidiócesis de Valencia o la diócesis de Cartagena una condena en el mismo o parecido sentido, aunque no se espera o parece muy improbable en ambos casos.

Sin embargo, de insostenible e inmoral califica la iglesia católica alicantina ese urbanismo que procura 400.000 viviendas vacías en esta provincia mientras jóvenes, mayores, inmigrantes y numerosas personas desfavorecidas no tienen acceso a un techo digno. “Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», según el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnáiz.

La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante aboga por romper con la concepción del suelo como un recurso económico especulativo porque considera que produce situaciones objetivamente “inmorales”. Las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, que el precio de los inmuebles haya subido trece veces más que el salario medio desde el año 1987 o que el suelo agrícola se transforme a pasos agigantados en “monocultivos de construcción”, son algunas de sus principales preocupaciones.

A juicio de Arnáiz, el urbanismo se ha convertido en el principal motor económico de la provincia en detrimento de sectores tradicionales como la agricultura o las industrias del calzado o el textil, pero alerta de que “no puede ser una posibilidad ilimitada o eterna, sino que tendrá un tope”.Por este motivo, resalta la necesidad de la concurrencia del Estado, el mercado y la sociedad civil para que “todos puedan disfrutar del bien común”.

El documento titulado «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades», es un pronunciamiento de la Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», según el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Esteve.

El estudio, que en esencia muestra los puntos de conflicto entre el “afán urbanizador” que afecta a muchos puntos de la provincia y la doctrina social de la Iglesia, pretende ser ante todo “una invitación a la reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico, social y medioambiental”, según Arnáiz.

Sus autores consideran necesaria una intervención del Estado, a través de las administraciones públicas. «La Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». A su juicio, no puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad».

Según Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, este responsable diocesano expresa que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo.

Para Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista esos factores medioambientales ni de futuro”. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario alicantino consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», especialmente a juicio de Antonio Esteve.

Desde la Diócesis también se plantea la cuestión del modelo de ciudad que se desea y cómo va a influir ese modelo en los ciudadanos. En este sentido, “rechaza la construcción y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», dice el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social».

Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error».

Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta Esteve la rehabilitación de los cascos urbanos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» esas viviendas, pero sí es necesario penalizarlas».

Además, ambos consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.

El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, el catedrático universitario de Geografía, Eugenio Burriel, ha manifestado, a propósito de ese documento diocesano, que “hasta la Iglesia se ha unido ya a la condena unánime de todas las instituciones sociales y políticas, y ha censurado los pecados cometidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el ladrillo y la vivienda”. Burriel destaca, igualmente, que “las instituciones europeas, el Síndico de Agravios, los propios medios de comunicación e, incluso, la patronal de turismo Exceltur han denunciado, junto con la Oposición, la depredación urbanística que ha practicado el Consell”.

Burriel incide en ese argumento y añade que «hasta una institución tan prudente como la Iglesia ha tenido que poner de manifiesto lo inaceptable de este crecimiento desaforado, que no parece tener límites, y la inmoralidad de la política de vivienda de Camps, que no atiende a esa necesidad básica de los ciudadanos». El responsable socialista señala que, «como todos los pecados, éste también debe cumplir penitencia», si bien subraya que en política, «la penitencia la dictan los ciudadanos retirando su confianza a quien dirige una gestión tan desastrosa como esta”.

Para el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, los «pecados del ladrillo no pueden perdonarse sólo con la propaganda con la que nos inunda cada día», en clara referencia al conseller de Territorio, Esteban González Pons. «Es necesario el arrepentimiento, que implica pedir perdón a los ciudadanos por los daños medioambientales, económicos y sociales que han provocado», dice el responsable socialista en materia de urbanismo.

Además, Burriel considera que debe haber un «auténtico propósito de enmienda, lo que supone cambiar de verdad la política urbanística practicada durante tantos años por el PP y que ahora sigue siendo la misma, pese a la palabrería pseudo verde de Pons».

«La penitencia de Camps llegará en 2007 - pronostica Eugenio Burriel - porque los ciudadanos no le perdonarán que haya destruido el territorio mientras que los muchos de ellos siguen sin poder acceder a una vivienda adecuada».

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante, Ramón Jerez, afirma que esta postura de la Diócesis «es una opinión que, en una economía libre de mercado, es prácticamente imposible o muy difícil de abordar». Califica el razonamiento como «discutible desde ese punto de vista».

A su juicio, incentivar los alquileres, promover las viviendas de protección oficial o fiscalizar las viviendas vacías «son peticiones que se pueden hacer, pero que no tienen sentido con las leyes actuales ni con la economía española». Jerez entiende que «es cierto que los precios hacen muy complicada la adquisición de una vivienda, con hipotecas que suponen en muchos casos el 60% de la economía familiar, pero la posición de la Iglesia en este caso es un brindis al sol, porque para aplicar sus razonamientos sería necesario cambiar el modelo de Estado actual, lo cual no es una tarea fácil ante la globalización económica».

Según Ramón Jerez, las intenciones de la Iglesia pueden ser muy buenas, «de una gran sensibilidad, pero no son reales y pueden generar falsas esperanzas».

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La Fiscalía echa humo

Dos cajones repletos de documentos han entrado esta semana en la Fiscalía del TSJ para respaldar la declaración, que ha durado dos días en total, de un conocido periodista murciano citado en tiempo y forma por el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, a raíz de todo lo que ha venido difundiendo en los últimos meses desde varios soportes. Después de Navidad y Reyes este periodista aportará también pruebas de compra de terrenos en torno a "Lo Poyo" por parte de determinados concejales del PP alertados por el compañero de partido de un municipio colindante y conocedor de los intríngulis urbanísticos de la zona sur del Mar Menor.

Esa ristra de pruebas documentales aportadas ha quedado bajo custodia en el edificio de la Audiencia Provincial puesto que se han abierto diligencias de investigación inmediatamente tras finalizar su comparecencia. No se descarta que el periodista tenga que volver a comparecer en los próximos días para aclarar algún extremo o ampliar información esencial para los investigadores, como la presencia constante de un muy determinado estudio de arquitectura. El periodista ha quedado afectado por el supuesto de protección de testigos y dotado de vigilancia policial por decisión de la Fiscalía y con conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia ante las amenazas recibidas con anterioridad a su testimonio.

Esa investigación, según parece, afecta de lleno a políticos en activo del PP en la Región de Murcia y a un conocido promotor inmobiliario con negocios conjuntos. La trama de supuesta corrupción a gran escala se está investigando en base a varios presuntos delitos de unos y de otro, e implica a terceras personas, al parecer, de forma mucho más que evidente. La Guardia Civil ya ha comenzado sus pesquisas y espera haber confirmado las sospechas y todos los indicios de delito a la vuelta de las ya inminentes vacaciones de invierno, que la Fiscalía murciana no se va a tomar más allá de los festivos en rojo, ni esos miembros de la Benemérita tampoco.

Según parece, ese periodista ha puesto a disposición de López Bernal (en la fotografía, con el fiscal general del Estado, Conde Pumpido) todos aquellos documentos que se le han requerido y que probarían trasgresiones constantes de la legalidad de forma sistemática y premeditada. Afecta a personas del núcleo más duro en torno a Valcárcel y ya ha hecho comentar en privado a algún consejero que "esto se acaba en enero, o me voy o me echan". Un alcalde y varios concejales populares estarían en el centro de los afectados por el testimonio de ese periodista, y una conocida empresa emblemática, involucrada hasta las cejas por un escandaloso trato de favor en convenios urbanísticos y por concesiones de obras públicas a dedo a cambio de recolocaciones posteriores de políticos amigos con sueldos de escándalo .

El tema tiene tales ramificaciones, que otro conocido empresario de éxito en agroalimentación de la Región de Murcia tiene pensado retirar su participación casi obligada en lo que tiene toda la pinta de haber sido un presunto fraude de ley, y que también se puede destapar a raiz de estallar lo que en medios de la Fiscalía no se ha dudado un minuto en calificar como "una bomba" tras conocer la clara implicación de algunos abogados murcianos en negocios efectuados a la sombra del actual poder político regional. El desmorronamiento de Valcárcel se llevará por delante a una buena parte de la delincuencia autóctona de "cuello blanco", según se vaticina desde sectores al margen en el seno de un gobierno autónomo afectado por una profunda y ya irreversible crisis política.

Como consecuencia de otra denuncia de un particular murciano en Madrid, ante las autoridades correspondientes, la Guardia Civil adscrita al Banco de España está solicitando documentación pertinente a una conocida entidad regional de crédito para posteriormente dar traslado a la autoridad judicial en la Audiencia Nacional si encontrase, a raíz de su exámen y análisis técnico, algún indicio racional de cualquier tipo de delito por parte de sus responsables ejecutivos. Esta cuestión, de prosperar en los juzgados, también afectaría de lleno al gobierno autónomo.

El coste de la corrupción

La querella presentada ayer por la Fiscalía contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el militante de Coalición Canaria Miguel Zerolo, y la libertad bajo fianza de 80.000 euros decretada para el presidente del PP en Telde, José Luis Sánchez, constituyen los últimos episodios de las investigaciones que se vienen sucediendo sobre posibles delitos de corrupción. Las pesquisas policiales y judiciales en marcha se están desarrollando en un período preelectoral, lo que inquieta a todas las formaciones políticas concernidas por los procedimientos abiertos y que tienden a reaccionar con visible contrariedad ante los mismos. Así, el presidente de Baleares, el popular Jaume Matas, ha llegado a sostener que las indagaciones protagonizadas por el Ministerio Público en Andratx constituyen una especie de 11 de marzo para su partido, cuya intención de voto, según las encuestas, se está viendo seriamente mermada en las islas por el escándalo.

Con independencia de que resulte inadmisible que se invoque aún hoy la tragedia del 11-M con voluntad de alentar presuntas conspiraciones fuera de lugar, no es de recibo descargar las culpas en la Fiscalía, que debe cumplir con su obligación de perseguir el delito, de las consecuencias más o menos dañinas que ocasiona la corrupción en los intereses y las expectativas de los partidos. Las acusaciones de parcialidad no sólo no contribuyen a aliviar la profunda irritación que suscitan en la ciudadanía los abusos de algunos de sus servidores públicos, sino que llevan implícita la sospecha de que jueces fiscales prevarican con actuaciones de mala fe destinadas de perjudicar a terceros. La generalización no es verosímil y, en todo caso, esas imputaciones no deberían ni siquiera insinuarse si no se cuenta con pruebas concluyentes que las respalden.

Es indudable que las investigaciones de casos de corrupción pueden provocar movimientos en el electorado, que toma en consideración todos los factores que matizan la oferta política a la hora de ponderar su voto. Pero si los partidos -y, en especial, las dos grandes formaciones llamadas a sucederse a frente del Gobierno- quieren librarse de esta destructiva rémora, deben combatir desde dentro la corrupción, prevenirla primero y erradicarla sin contemplaciones cuando se presenta, no cuestionar y desacreditar a la Justicia y a quienes la ejercen sin evidencias concluyentes que lo justifiquen. Si las fuerzas políticas tienen esa vocación compartida, deberían consensuar mecanismos eficaces para combatir cualquier atisbo de irregularidad. Los escasos intentos ya consolidados, como el Pacto Antitransfuguismo, han demostrado su eficacia aunque sus resultados hayan sido insuficientes por la ausencia de una voluntad política real de aplicarlos. Lo exigible en un sistema democrático asentado y lo que la ciudadanía reclama es que los partidos renuncien a la tentación de utilizar la corrupción como arma arrojadiza y no se amparen en argumentos o excusas de difícil justificación para tratar de eludir sus potenciales responsabilidades.

www.lasprovincias.es

Mendoza (UCAM) y unos títulos de Enfermería

El presidente de la Fundación “San Antonio”, juzgado ayer tras la denuncia de acoso laboral por dos ex profesores, José Luis Mendoza, que gestiona la Universidad Católica de Murcia (UCAM) de titularidad diocesana, es un viejo conocido de los profesores y ex rectores de la Universidad de Murcia (UMU). También de algunos periodistas tras el fracaso de sus pretensiones mediáticas con una agencia de noticias y una emisora de televisión. Ahora pretende montar un periódico diario para competir con los tres existentes.

Al parecer Mendoza (en la fotografía participando en la manifestación del "Agua para todos", celebrada en Murcia en 2005, entre destacados dirigentes del PP) estuvo involucrado años atrás en un feo asunto de supuestos falsos títulos de enfermería, que le aconsejó poner mar de por medio y trasladarse a vivir durante una larga temporada a la República Dominicana bajo la excusa de “una llamada de Dios” para construir un templo. Allí se enfrentó enseguida a las autoridades eclesiásticas y tuvo que regresar a Murcia, cargado con diez hijos y una esposa de Albatera, pese a las recomendaciones policiales. Lo cierto es que no le sucedió nada.

Perteneciente al Movimiento Neocatecumenal, el cartagenero Mendoza le disputa ahora ser canonizado al mismo fundador de esa obra seglar, el leonés Kiko Argüello, cuando ha iniciado desde hace más de un año la persecución de los profesores de la UCAM miembros del Opus Dei con la excusa de que también son masones y quieren acabar con su gloriosa obra docente. Las diócesis circundantes de Orihuela, Albacete y Almería le han negado, hasta la fecha, abrir sucursales en sus respectivos ámbitos territoriales precisamente por no estar convencidos de la santidad de la que tanto presume y mucho menos de su competencia como gestor educativo.

El obispo Reig Pla parece dejarle hacer aunque Mendoza tuvo sus diferencias con el anterior Manuel Ureña al no aportar los recursos económicos a la diócesis de Cartagena, que esta necesita y por lo que en su día se fundó la UCAM para acabar de una vez por todas con una situación de quiebra técnica. Nuestro hombre aprovechó esa necesidad para poder burlar al Ministerio de Educación y montar una universidad privada revestida de “católica” sin serlo en realidad, como ahora denuncian sus profesores insinuando que nos podemos encontrar ante un enorme fiasco.

Su gran mentor e introductor público, el obispo emérito Javier Azagra, aparece como el responsable último ante el Vaticano de la puesta en circulación de este singular personaje con estudiada pose de iluminado para así poder embaucar mejor a santos varones como el actual nuncio en Madrid, el portugués Monteiro de Castro. Su gran aliado hoy es el cardenal primado y arzobispo de Toledo, monseñor Cañizares, mientras es utilizado en ocasiones por el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, al tiempo que su gran valedor en Roma es el cardenal colombiano, López Trujillo.

Mendoza, dentro de su lógica habitual, alardea falsamente de haber estudiado Medicina cuando el único currículo académico de la infancia es su fugaz paso por las Carmelitas de Cartagena y el haber sido un menor, explotado laboralmente al tener que trabajar, junto a su hermano menor Vicente, en el viejo bar que su familia poseía en el centro de la ciudad. Siempre se ha ganado la vida en lo que ha podido desde la picaresca aprendida mientras fregaba los platos y escuchaba a los clientes. Esa es su escuela.

Identificado políticamente con la extrema derecha regional que sostiene a Valcárcel en el poder, hace unos días el presidente de la Comunidad Autónoma escenificó un apoyo público a Mendoza y a la UCAM, en sus horas más bajas desde hace diez años. Una discreta inspección ministerial parece haber detectado en las últimas semanas numerosas irregularidades en la expedición de títulos después de que varios profesores denunciaran prácticas académicas un tanto heterodoxas y la degradación acelerada del peculiar centro docente.

El pasado verano se produjo un éxodo masivo de buenos profesores para no ser relacionados con la acelerada pérdida de calidad de las enseñanzas impartidas mientras Mendoza convertía la UCAM en un recinto policial para vigilar a los profesores que optaron por permanecer todavía vinculados al centro pero en espera de soluciones por parte de monseñor Reig, que todavía no han llegado. Según algunos de esos docentes, la situación de tesorería también sería desastrosa y pone en peligro el normal funcionamiento de su actividad dentro del presente curso académico.

www.vegamediapress.com

La incómoda e inocultable realidad de la Región

Si las elecciones son siempre en cierto modo el momento constituyente de toda sociedad democrática, en el que la voluntad soberana del pueblo resuelve y decide, con arreglo a las leyes, sobre quienes y con qué proyecto han de conducir su gobierno para una nueva etapa, y si una democracia es tanto más sólida cuanto más informados y conscientes son sus ciudadanos sobre su situación y sus necesidades, tanto personales como colectivas, nadie podrá dudar de la oportunidad del nuevo informe que acaba de publicar el Foro Ciudadano sobre la situación de la Región de Murcia a seis meses de unas elecciones locales y regionales.

¿El valor de este singular estudio ? El otro estado de la Región. Informe2006 va, no obstante, mucho más allá de la coyuntura electoral. Se trata del único trabajo de conjunto, independiente de cualquier obediencia o servidumbre pero ajeno igualmente al falso mito de la neutralidad, realizado con el máximo rigor y plena libertad por un amplio y plural equipo de redactores (unos cuarenta reconocidos profesionales, investigadores e intelectuales), que proviene por tanto de la propia sociedad civil, y que nos proporciona una muy completa radiografía de la realidad regional.

Su publicación, autofinanciada por el Foro Ciudadano con sus propios recursos y la venta de los ejemplares del Informe, una cuidada edición realizada en colaboración con Diego Marín, viene a dar continuidad al trabajo de similares características aparecido por vez primera en 2003, cuyos datos y conclusiones sirven de referencia y contraste para este segundo de 2006, permitiendo así un análisis preciso y ajustado de la evolución de la Región en esta secuencia temporal.

El escaparate de autocomplacencia en que se mira cada día el gobierno regional y en el que a través de su aparato de propaganda pretende que nos veamos reflejados también los ciudadanos, salta hecho añicos cuando se le confronta con las evidencias que desvela, a partir de fuentes de datos incontestables, este informe. Es el maquillaje de desinformación, mentiras y ocultación, simple pero eficaz, con que se ha venido encubriendo una y otra vez la realidad en estos largos años de gobierno del PP el que se desvanece como el humo para dejar paso a un retrato tanto más verdadero cuanto embarazoso e indisculpable.

Por que lo que se descubre entonces nítidamente es aquello que busca enmascarar el cada vez más agotado discurso-pantalla del agua negada y de los demás supuestos agravios del gobierno de Madrid, de los espejismos del fulgurante dinamismo económico que estaríamos viviendo, del perverso abuso retórico sobre la falaz sostenibilidad ambiental del modelo murciano, o del tan radiante como inverosímil porvenir que nos promete el Horizonte 2010.

Se ponen ante nosotros las pruebas que demuestran el irresponsable e insostenible neodesarrollismo que sacude el territorio murciano, el criminal sacrificio de nuestro patrimonio cultural y ambiental como consecuencia del estallido de la bomba inmobiliaria que ahora sufrimos y que lamentarán amargamente las futuras generaciones de murcianos, puesto al servicio de los intereses de unos pequeños grupos ¿verdadera oligarquía política y económica que una vez más en nuestra atribulada historia sabe hacer prevalecer sus intereses bajo el disfraz de la defensa de los intereses generales de la sociedad?

Podemos comprobar como el camino emprendido no nos permite, además, reducir el diferencial de riqueza que nos separa históricamente del promedio español: el tan cacareado crecimiento del PIB regional no se traduce en el PIB per cápita, que retrocede relativamente (entre 2000 y 2005 hemos perdido 8 décimas, colocándonos en el 83,1% de la media nacional), ni mejoran los salarios (los segundos más bajos de los españoles), y aunque ha aumentado el empleo, las cifras de economía sumergida (con fraude y sin derechos), y de la temporalidad y precariedad laboral son las peores de España. La pobreza alcanza a uno de cada cuatro murcianos, un 24,5%, lo que supone un 4,6% más que el promedio nacional, y se calcula en 24.000 las personas que en la Región sufren pobreza extrema.

Y se consagran al mismo tiempo las desigualdades internas: a comienzos de 2006 éramos la Comunidad con mayores diferencias de renta entre los que más y menos tienen; las desigualdades de género persisten en todos los ámbitos, como también se mantienen las relacionadas con la edad (la emancipación de los jóvenes no deja de retrasarse como consecuencia de los bajos e inestables ingresos y del meteórico aumento del precio de la vivienda), o con la condición de inmigrante (ese importante sector de población regional que se quiere productivo pero sujeto a un estatuto de infraciudadanía y vulnerabilidad).

También se muestra la subsistencia de las inequidades culturales y educativas. El Informe ofrece los datos inequívocos del retroceso del sistema educativo murciano (aumento del fracaso escolar, incremento del abandono escolar temprano, retrasos de la tasa de idoneidad, descenso de los alumnos que completan la enseñanza primaria y la tasa de graduados de ESO y Bachillerato, etc.).

Se aportan, finalmente, los datos y reflexiones que establecen la ausencia de un proyecto cultural para la Región y nuestra posición postrera en prácticamente todos los indicadores culturales; se revisa la situación de los medios de comunicación, la renuncia a unos medios públicos de calidad e independientes y la gravedad de las decisiones relacionadas con las concesiones de canales de televisión digital; nuestras diferencias negativas en materia de salud, las debilidades de nuestro sistema de servicios sociales, etc.

Todo ello como causa y consecuencia , a un tiempo, de un modelo de democracia débil e inacabada, con baja participación y articulación de la sociedad, lo que está en la génesis de la emergencia del nuevo ciclo de intensa corrupción política que ahora sólo empieza a vislumbrarse en una región que se ha comportado políticamente estos años como la más conservadora de España, pero que al mismo tiempo ofrece ya en estas vísperas electorales síntomas claros, desde ámbitos tanto políticos como sociales, de querer salir de esta situación.

Patricio Hernández Pérez

Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.

El Foro alerta de que nos estamos envileciendo

El Foro Ciudadano denuncia el "grave déficit democrático" que padece la Región de Murcia, que, entre otros efectos, bloquea los mecanismos de control de los gobernantes, y demanda que se abra un debate sobre el modelo de desarrollo en el que participen los ciudadanos.

Con este objetivo, el Foro Ciudadano ha editado un libro titulado "El otro Estado de la Región. Informe 2006", en el que han participado más de 40 personas, entre ellas catedráticos, como Francisco Jarauta, Teresa Pérez Picazo y Antonio Campillo, economistas, juristas, sociólogos, periodistas e investigadores, entre otras profesiones, y que ha sido sufragado por los propios autores y simpatizantes.

El portavoz de este colectivo, Antonio Campillo, explica que el libro incluye un estudio de conjunto sobre la situación económica, social, cultural y política de la Región de Murcia, que compara con otro anterior publicado por el Foro Ciudadano en 2003.

Añadió que el Informe aborda sectores como la economía, empleo y gasto público; inmigración; urbanismo, vivienda y transporte; agua, medio ambiente y energía; sanidad; servicios sociales; mujer; juventud; educación; universidades e investigación; cultura; medios de comunicación; democracia, participación ciudadana y nuevos movimientos sociales, y un capítulo final de conclusiones.

Tras recordar que en las conclusiones de 2003 ya se ponía en evidencia que la Región de Murcia, a pesar de su elevado crecimiento económico, experimentaba un atraso relativo y una falta de convergencia con respecto a otras regionales españolas y la Unión Europea, Campillo afirma que el Informe de 2006 revela que siguen teniendo vigencia y que, incluso, "se ha avanzado en las tendencias regresivas".

"Lo que constatamos en el Informe 2006 es que los indicadores de desarrollo humano de la Región de Murcia han empeorado en la mayoría de los campos", dice Campillo, quien cita, entre otros, los elevados porcentajes de adultos que no han completado la educación secundaria (52%) y de alumnos que no terminan ese ciclo (más del 40%).

Campillo advierte de que a pesar de la importancia de la educación y de que Murcia se encuentra en el furgón de cola en los indicadores de desarrollo, esta situación "no aparece en el debate público".

Para el portavoz del Foro Ciudadano "la paradoja de que la Región esté en el furgón de cola y sea donde más se vota al PP" se debe "a la gran política mediática de nacionalismo hidráulico" y considera que campañas como la de "Agua para todos" realizada por el Gobierno Regional "ha engañado a los ciudadanos y ocultado muchos problemas que parece que no existen", como el del fracaso escolar.

Indica asimismo que la situación se ha agravado además por "la explosión de la bomba inmobiliaria y la generalización de la corrupción política, tanto en los ayuntamientos como en la Administración regional".

Según el Foro Ciudadano, "estamos asistiendo a una situación cada vez más alarmante de corrupción organizada, en la que confluyen el viejo caciquismo predemocrático y la nueva delincuencia globalizada, unidos por el gran maremoto urbanístico".

El Foro denuncia asimismo que "la connivencia de los poderes municipales y regionales con la especulación inmobiliaria se ha visto estimulada por la llegada masiva de las redes mafiosas internacionales dedicadas al crimen organizado y al blanqueo de dinero" y que "el dinero negro ha encontrado en la Región de Murcia, como en la mayor parte del litoral mediterráneo español, un paraíso de impunidad y de negocio fácil".

Para el Foro "todo ello no sólo ha impedido a la sociedad murciana adoptar un modelo de desarrollo sostenible y solidario, sino que está degradando el funcionamiento de las instituciones democráticas y envileciendo a pasos agigantados todo el tejido social, lo que se conoce como el proceso de marbellización de la vida pública murciana".

La profesora María Teresa Pérez Picazo, en el primer capítulo del ‘Informe 2006’, describe “el antiguo y arraigado régimen de las lealtades clientelares” que, según fuentes del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, “se ha visto agravado por la mencionada intervención propagandística”.

Campillo denuncia “el excesivo control de la vida pública por parte de los partidos políticos”, al tiempo que defiende que “los ciudadanos de la Región tengan mayor cultura y participación política, que no toda la vida pública quede en manos de los partidos políticos”. Sobre este asunto destaca que “una de las deficiencias que detectamos en el informe es la bajísima cultura política de la Región de Murcia” y aboga por “acercar la política a los ciudadanos”, ya que “se están tomando decisiones trascendentales sin que haya habido debate público con ellos”.

La presidenta de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Julia Martínez, defiende que hay dar una información integral, y pone como ejemplo un reportaje de televisión que se titulaba ‘España: sol, playa y hospitales’, en el que se reflejaba cómo la comunidad británica quería unir estos tres conceptos para pasar los últimos días de su vida, pero esto tiene implicaciones de facturas económicas y sociales que quizás no se están dando a conocer.

Ante el proceso de criminalización creciente, advierten ambos, “es imprescindible que la ciudadanía murciana reaccione, que las diversas instituciones y organizaciones sociales asuman su responsabilidad cívica y promuevan de forma activa y concertada la regeneración democrática”.- (Agencias)