miércoles, 19 de julio de 2017

El operador postal Unipost suspende pagos con deudas de 50 millones

BARCELONA.- El operador postal Unipost, propiedad de una rama de la familia Raventós, presentó ayer concurso de acreedores en los juzgados de Barcelona con unas deudas de cerca de 50 millones de euros, según revela hoy La Vanguardia

Fundada en el 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa y con sede en Barcelona, Unipost es el principal competidor de Correos, presta servicios postales en toda España y cuenta con 2.500 trabajadores en plantilla, a los que hay que sumar otros 1.000 más que trabajan en las aproximadamente 60 franquicias del grupo. En el 2015 facturó 94 millones, no tan lejos de su tope, de 110 millones, alcanzado en el 2011.

La compañía está en pérdidas precisamente desde ese último año. Según consta en el Registro Mercantil, entre el 2011 y el 2015, los números rojos acumulados superan los 23 millones de euros, lo que ha llevado a la empresa a ver cómo su patrimonio neto pasaba de los 13,2 millones a los 4 millones negativos en el mismo periodo. Las tensiones de tesorería, motivadas por la desconfianza de la banca y los proveedores ante el deterioro de la situación, se vieron aliviadas en marzo del 2016 cuando Unipost logró llegar a un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.

Sin embargo, la empresa no logró dejar atrás sus problemas, causados por un modelo de negocio que apenas ha evolucionado en los últimos años y por unos márgenes muy estrechos. Y es que Unipost, con una estructura muy pesada a pesar de los dos expedientes de regulación de empleo realizados en el 2009 y el 2013, competía sobre todo en precio, estaba muy lejos de ser rentable y su única aspiración ya sólo era ser comprada.

Durante todo el año pasado, por encargo del presidente, Antón Raventós Raventós, y el consejero delegado, Pablo Raventós Sáenz, Deloitte trató de encontrar un inversor para que inyectara capital y cambiara el rumbo. Pero, pese a recibir varias muestras de interés, la operación fracasó. Los procedimientos judiciales y embargos empezaron a ser frecuentes. Ya hace muchos meses que la plantilla sufre retrasos constantes en el pago de las nóminas y el pasado junio, Unipost apareció en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con facturas pendientes de 5,4 millones referidas al cierre del 2016. Ya quedaba poco para la suspensión de pagos.

Pese a las enormes dificultades, el concurso de acreedores –del que se encargará Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona– apuesta por la continuidad. La compañía está preparando un plan de viabilidad que pasa por una profunda reestructuración, quitas y esperas para los acreedores y una redefinición estratégica. Al margen de las administraciones públicas, la deuda se reparte casi a partes iguales entre la banca y los proveedores. Empieza ahora la batalla concursal para hallar una salida y salvar Unipost.

Unipost se creó en el 2001 como la competencia de la pública Correos gracias a la fusión entre tres empresas de mensajería empresarial: Suresa, Flecha y Urbandisa. En los años siguientes se unieron otros operadores locales y empezó el crecimiento con las franquicias, acentuado a partir del 2009 con la liberalización del sector postal. Casi desde el principio, la familia Raventós apostó por los socios para crecer: contó con el apoyo del capital riesgo –Nazca Capital– en el 2003 y del gigante Deutsche Post, accionista minoritario entre el 2004 y el 2015. En enero de ese año, los Raventós compraron a Deutsche el 37% del capital y ahora tienen el 96%. Pese a intentarlo, no han logrado un nuevo socio inversor.

El Gobierno abre la FP para repescar a los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios


MADRID.- El Gobierno va a abrir la puerta de la Formación Profesional (FP) para repescar a los jóvenes que se han descolgado de los estudios. Así lo establece en un real decreto que será aprobado próximamente en el que se establecen las condiciones de acceso y admisión a los distintos ciclos formativos.

El borrador del proyecto de real decreto, al que ha tenido acceso El Mundo, adapta los últimos requisitos legislados -que datan de 2011- a las novedades de la Lomce y también a una realidad creciente que comenzó a surgir durante la crisis: la de los jóvenes que, en vez de acceder a la FP tras terminar la ESO -el camino tradicional y mayoritario-, buscan entrar por otras vías porque, en su día, dejaron de estudiar antes de tiempo y ahora se arrepienten: no encuentran trabajo porque no están suficientemente cualificados.
Fuentes del Ministerio de Educación explican que el real decreto «plantea medidas que facilitan la integración en el sistema educativo de personas que abandonaron de forma prematura y también para los que quieran continuar formándose».
«No queremos dar la sensación de que, por abrir la puerta a los que abandonaron, vamos a quitarles la plaza a los de 16 años que vienen de la ESO», puntualizan las mismas fuentes, pero reconocen que las circunstancias han cambiado y que «hay que contemplar esas nuevas situaciones». Por eso el Ministerio ha buscado «dar coherencia, para que, venga por el camino que venga el alumno, la formación que reciba sea la misma».
Para acceder a la FP de Grado Medio los estudiantes tienen que tener el título de la ESO y, para la FP de Grado Superior, necesitan el Bachillerato u otros títulos oficiales equivalentes. Los que no están en estas circunstancias, pueden hacer un curso de formación o una prueba de acceso. Hasta ahora, ni las pruebas ni el curso estaban regulados en detalle a nivel estatal y cada comunidad autónoma los establecía como mejor le parecía. Por ejemplo, hay algunas que piden Inglés en el examen y otras no. También se ha desarrollado cierta picaresca y existen academias que presentan a sus alumnos en determinadas regiones porque es más fácil aprobar que en otras, según explican fuentes educativas.
Ahora el Ministerio ha redactado un anexo incluido en el real decreto que, por primera vez, detalla los contenidos que entrarán en el curso de formación de la FP de Grado Medio (el de la FP de Grado Superior ha desaparecido) y lo que tienen que estudiarse los chicos y chicas que quieran presentarse a las pruebas de acceso «con el fin de que en todas las comunidades autónomas se estudie lo mismo».
Esto, en palabras del Ministerio, «equilibra las opciones de acceso para aquellas personas que no tengan» el título de la ESO o cualquier otra titulación exigida.
También hay cambios en la FP Básica, una nueva modalidad que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que existían con la ley educativa anterior, la LOE, y que supone el nivel más bajo de cualificación existente.
Para acceder a los ciclos de FP Básica hay que tener al menos cumplidos 15, 16 o 17 años y haber cursado el primer ciclo de la ESO. Pero ahora se añade que, «excepcionalmente», también podrán entrar «quienes hubieran cursado 2º de la ESO, no estén en condiciones de promocionar a 3º, y hayan repetido al menos una vez en la etapa de la ESO».
«La intención parece ser que ningún alumno pueda quedarse por el camino, ésta parece una manera más de que puedan conseguir el título», interpreta Javier Carrascal, secretario de Organización del sindicato de profesores Anpe.

"Acceder al empleo"

El texto también incluye una disposición transitoria que permite el acceso a la FP Básica -siempre que existan plazas libres- al alumnado de 17 años «que abandonó prematuramente» el sistema educativo y no esté en posesión de un título de Secundaria postobligatoria, de educación superior o de régimen especial «en tanto no se cumpla el objetivo europeo de abandono escolar temprano».
Este objetivo europeo nos marca que, para 2020, el abandono temprano debe reducirse en España a la mitad del 19% actual. El preámbulo del decreto señala que «se establecen acciones y medidas sobre acceso y admisión que contribuyen al logro del objetivo de reducir la tasa de abandono a menos del 10% y aumentar hasta al menos el 40% la tasa de titulados de la enseñanza superior».
Y añade que «posibilita a quienes hubieran abandonado prematuramente el sistema educativo por diferentes motivos, o estén desempleados, o trabajando, el acceso y cursar con aprovechamiento las enseñanzas de FP a pesar de no poseer las titulaciones de acceso exigidas con carácter general, lo que facilita la consiguiente obtención de títulos que les permitan acceder al empleo o proseguir estudios superiores».
El decreto está pendiente del informe del Consejo de Estado -ya se ha pronunciado el Consejo Escolar del Estado- y la idea es aprobarlo cuanto antes para que las autonomías puedan realizar los ajustes pertinentes a lo largo del curso para que comience a aplicarse a partir del que viene, 2018/2019.

La trágica muerte de Blesa, el amigo de Aznar / Melchor Miralles *

Miguel Blesa ha sido hallado muerto en una finca de Córdoba de un disparo de escopeta en el pecho. Se encontraba con unos amigos disfrutando de unos días de cacería y tras desayunar, salió de la casa y poco después encontraron su cuerpo ya sin vida. Todo apunta a un suicidio, aunque todavía no puede afirmarse rotundamente. 

Una noticia que genera inmensa tristeza, y que dibuja el paradigma de algunos de los hombres que más poder han acumulado en España durante años y que, tras destaparse casos de corrupción gravísimos, han terminado peor que mal, convertidos en condenados por la Justicia y en apestados y rechazados por una sociedad harta de tanta golfería y en la que han cobrado fuerza los paladines de la justicia popular y el escrache público.

Blesa había sido recientemente condenado a 6 años de prisión en el caso de las tarjetas black y se encontraba en libertad a la espera de que el tribunal Supremo ratificara el fallo de la Audiencia. Fue uno de los primeros banqueros condenados. Había presidido Cajamadrid desde 1996 hasta 2009, y después disfrutó de una jubilación de lujo hasta el inicio de los procedimientos judiciales.

Quienes le trataban dicen que no estaba en su peor momento, aunque, como tantos otros, había sido abandonado por su mentor, José María Aznar, su gran amigo del alma, quien le colocó al frente de la Caja madrileña y le aupó a los altares del mundo financiero no por sus méritos, sino por su amistad personal. Aznar, como en tantos otros casos, le colocó en el puesto y le dejó hacer durante años, pese a que había signos y evidencias de que las cosas no eran normales, y al iniciarse el calvario judicial no quiso saber nada más de él, y jamás ha asumido responsabilidad política alguna por tantos casos de corrupción que surgieron con él al frente del PP y el Gobierno, y con los máximos implicados en buena parte de los sumarios pertenecientes a su círculo más próximo. 

Así es la política, y así ha actuado Aznar. Y muchos otros en el PP que renegaron de él después de haber disfrutado de sus favores durante años. Fue iniciar el juez Elpidio Silva la investigación del caso Bankia-Cajamadrid y las preferentes, con excesos notables en el tratamiento penal que suministró a Blesa, y el ex banquero se quedó más solo que la una, ya no le sonaba el teléfono constantemente. Los que se enriquecieron, disfrutaron de sus favores y buen trato y medraron a su lado se esfumaron.

Blesa ha muerto. Quizá se ha quitado la vida, y me parece trágico. Me viene a la cabeza además la trágica muerte hace muy pocos años del hijo de uno de los mejores amigos de Blesa, suicidado en similares circunstancias. Evidencia de la crueldad de la vida, de la miseria de la política y el mundo de las altas finanzas. 

Blesa fue un mal banquero, todo apunta a que se enriqueció ilícitamente, su comportamiento me pareció moralmente indecente, me resultó siempre un tipo altivo, ejemplo de todo lo que no me gusta en la política y en la mezcla de la política con los negocios. Pero, dicho esto, que he escrito muchas veces, jamás estuve de acuerdo con su linchamiento, con el trato que recibió de muchos, porque no me gusta la justicia popular y no me gustan los escraches públicos permanentes. 

Creo que la Justicia y en el derecho de todos a defenderse en un juicio justo. Lamento la muerte de Blesa, y me repugna el comportamiento de aquellos que fueron sus colegas, que se arrimaron a su lado y luego, cuando llegaron las malas desaparecieron. Descanse en paz.


(*) Periodista


Blesa se pega un tiro / Marcello *

Conmoción en el mundo empresarial y financiero y natural revuelo político y mediático por la muerte inesperada y violenta del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El que en la mañana de ayer apareció muerto de un disparo de escopeta en el pecho en una finca de Córdoba donde fue a cazar y pudo haberse suicidado según los primeros indicios.

La complicada situación procesal de Blesa (condenado a seis años de cárcel en el juicio de las ‘tarjetas black’ y pendiente de juicio por ‘las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid), la crisis financiera que dejó en la Caja y su aislamiento social han podido estar entre las causas de este presunto suicidio.

El que se suma a otros ocurridos en los medios financieros internacionales. Como los de la gran depresión de los EE.UU. en 1929 cuando numerosos banqueros que saltaron desde los rascacielos de Nueva York. No fueron los únicos dado que en años posteriores en esa ciudad o en la City de Londres también ocurrieron suicidios similares. Otros banqueros optaron ahorcarse como Roberto Calvi, el ‘Banquero de Dios’ que administró las finanzas vaticanas, y también hubo banqueros que se suicidaron por la vía de darse un tiro como podría haber ocurrido con Blesa.

Las primeras pesquisas apuntan a un suicidio (aunque no se descarta un accidente) de Blesa, el amigo de la infancia de José María Aznar que situó a Miguel Blesa al frente la Caja madrileña en 1996. Cargo que ocupó hasta 2009 cuando fue sustituido en 2010 por el ex vicepresidente del Gobierno y ex Director del FMI Rodrigo Rato cuando fracasó el intento de Esperanza Aguirre de colocar en el puesto a su vicepresidente Ignacio González.

Blesa, Rato, y González tres notorios personajes del PP que tienen serios problemas con la Justicia. Blesa estuvo en prisión preventiva, Rato fue detenido por la policía y González sigue en la cárcel de Soto del Real. Los tres están (Blesa estaba) inmersos en varias causas judiciales y penales.

La muerte de Blesa ha provocado gran conmoción en ámbitos financieros y empresariales de Madrid, donde el ex presidente de Caja Madrid había sido marginado tras conocerse sus presuntos delitos y el derroche de los fondos de la Caja que regentaba y que había llevado a una situación de pre quiebra. Un desastre que culminó Rato en sus años de presidente y que provocó el rescate de Bankia (antes Caja Madrid) por el Estado con un coste de 23.000 millones de euros para el erario público.

La ‘maldición’ por corrupción de Caja Madrid (Bankia) ha crecido con la muerte violenta de Blesa y proyecta una negra sombra sobre la entidad que ahora regenta Ignacio Goirigolzarri y donde todavía quedan muchas cosas por aclarar. Como las andanzas de Blesa en España y USA donde compró un banco que luego tuvo que ser mal vendido. Como faltan por dilucidarse las andanzas de Rato en Bankia y de su salida a Bolsa en condiciones no justificadas que aún son objeto de una investigación judicial.


(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés



40 años de feudalismo y corrupción en el deporte español / Ignacio Varela *

En 2008, Ángel María Villar llevaba dos décadas como presidente de la Federación Española de Fútbol y ya era una figura manifiestamente turbia. El entonces presidente Zapatero se comprometió públicamente a sacarlo del sillón. Para ello, el Gobierno dictó una norma que obligaba a convocar elecciones en la federación, con una prohibición de que se presentaran quienes llevaban determinado tiempo en el cargo.

Villar llamó en su auxilio al primo de Zumosol. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, se presentó en Madrid y amenazó con expulsar al fútbol español de todas las competiciones internacionales. Era un farol evidente, pero funcionó: el Gobierno socialista se comió su reglamento y Villar, eufórico tras ponerlo de rodillas, proclamó chulescamente: “Llevo 20 años de presidente y si me da la gana seguiré 250 años más”. Hasta hoy.

Aquel episodio es un epítome de los dos males inmemoriales que aquejan al deporte español: el feudalismo en sus estructuras y la corrupción masiva e impune en su funcionamiento. A los que hay que añadir el amparo de unos organismos internacionales del deporte que son mandarinatos igualmente feudales y corruptos y una sociedad narcotizada, a la que solo le interesa que le garanticen su dosis cotidiana de espectáculo y de triunfos, adobada de retórica patriotera.

Buenos conocedores de la historia aseguran que el cáncer del deporte español, que ahora estalla, tiene su origen en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Aquellos Juegos fueron otorgados en 1986, en una votación urdida por Samaranch, entonces presidente del COI. Coincidió con la época de las grandes transformaciones estructurales en España: todo, desde la sanidad a la educación, pasando por las pensiones, la administración pública, la industria o el sistema financiero, se reformó para adaptarlo a lo que necesita un país democrático y moderno.

La nominación olímpica operó como un paralizante de cualquier cambio en las estructuras oficiales del deporte. Todo se supeditó a la organización del evento. ¿Quién iba a emprender cambios de fondo en la gobernación deportiva cuando había que hacer frente al enorme reto del 92? Gran coartada. El poder omnímodo de Samaranch, una criatura del franquismo que caciqueaba a su antojo en el deporte mundial y en el español, tampoco ayudaba a la renovación.

Los Juegos triunfaron, y después vino un diluvio de éxitos de deportistas españoles, convertidos en estrellas mundiales. Ahí se terminaron las ganas de cualquier Gobierno —si es que alguna vez existieron— de meter mano a las podridas y obsoletas estructuras del deporte.

El deporte es el único sector de la vida pública española al que aún no ha llegado la transición democrática. Sus federaciones son preconstitucionales, sus directivos son en su mayoría presumidos zánganos cooptados por sus pares cuya única aspiración es eternizarse en la poltrona, y nada diferencia a este Ángel María Villar de aquel Pablo, Pablito, Pablete que José María García hizo tristemente famoso.

Inmediatamente después vino una riada de dinero. Con la explosión de los derechos de televisión, el deporte de competición se convirtió en un negocio fabuloso que mueve miles de millones. En un contexto de ausencia total de controles y de inhibición de los poderes públicos, floreció la corrupción.

Esto que afecta a todo el deporte se multiplica por 10 en el caso del fútbol, por obvias razones de tamaño. Una federación podrida dirigida por golfos apandadores, clubes arruinados por gestiones temerarias, fichajes fraudulentos, futbolistas multimillonarios que estafan a Hacienda y reciben tratamiento de héroes… El circo continúa y todos felices, pero su patio trasero es un gigantesco estercolero.

El fútbol español —que se alimenta, entre otras cosas, de las quinielas y de subvenciones públicas— ha llegado a acumular una deuda superior a 1.000 millones de euros sin que ningún Gobierno y ningún Parlamento se hayan sentido obligados a exigir responsabilidades. Desde 1977 ha habido 13 secretarios de Estado de Deportes: dos de UCD, cinco del PSOE y seis del PP. Por su ejecutoria, pueden clasificarse en dos grupos: cómplices pasivos y cómplices activos. Unos se han dedicado a disfrutar del cargo viajando por el mundo, forofeando gratis y colgándose las medallas que ganaban los deportistas mientras hacían la vista gorda. Otros decidieron participar del botín, y no les extrañe ver cómo más pronto que tarde alguno de ellos acompañará a Villar en su camino hacia los juzgados.

Para ser justos, hay que hacer una excepción. Entre 2012 y 2016, Miguel Cardenal y un equipo de funcionarios encabezado por Fernando Puig hicieron lo que no había hecho ninguno de sus antecesores: cumplir con su deber de supervisar el funcionamiento y las cuentas del deporte español. Investigaron, abrieron los cajones para encontrar en ellos una montaña de porquería, establecieron una colaboración estrecha con la Fiscalía, sacaron de su modorra a la Agencia Tributaria… Hoy ya no están, pero quienes los quitaron de en medio llegaron tarde, porque la maquinaria policial y judicial se ha puesto en marcha y ya no se detendrá.

Todas las revelaciones a las que hoy asistimos —y las que vendrán— son el fruto de su trabajo. Gracias a él, los presidentes de las tres federaciones más grandes (fútbol, baloncesto y tenis) han sido empapelados y hasta 10 más están siendo investigados por la policía y por la Justicia. Por cierto, hace solo unas semanas, el presidente del Comité Olímpico Español ratificó a Villar en su comité ejecutivo y se congratuló de la defenestración de Cardenal.

La lucha contra la corrupción en el deporte ha despertado. Pero la política aún tiene una asignatura pendiente: hacer que sus estructuras de gobierno atraviesen la barrera del sonido de la democracia, aunque sea con 40 años de retraso. Que salgan del feudalismo. Esa es la tarea del Gobierno y del Parlamento, y descorazona comprobar que ningún partido, ni siquiera los que pretenden representar la nueva política, se anima a dar el paso. Es mucho más fácil y más agradecido poner tuits jaleando a Nadal.

Desaparecido el Politburó del PCUS, quedan dos poderes en el mundo mundial que aún funcionan como regalías medievales: el Comité Olímpico Internacional y la Curia vaticana. Yo de mayor quiero estar ahí.


(*) Periodista


Al FMI no le gusta cómo supervisa el Banco de España / José Hervás *

Los bancos es­pañoles ne­ce­sitan me­jorar la ren­ta­bi­li­dad, acu­mular más re­servas de ca­pital y adaptar sus po­si­ciones de fi­nan­cia­ción. Así de claro es el Fondo Monetario Internacional sobre la si­tua­ción del sector fi­nan­ciero en España. Hace tantas ad­ver­ten­cias sobre los bancos que pa­rece qui­siera cu­rarse en sa­lud. ¿Qué sabe de los riesgos del sector fi­nan­ciero es­pañol el FMI que no dice? 

A los técnicos les gusta el proceso de consolidación y esperan que continúe, pero sobre los riesgos no dicen una palabra más.

El informe que todavía es el de los técnicos del FMI, a la espera que lo apruebe el Directorio Ejecutivo, deja claro que no les gusta demasiado cómo realiza el Banco de España sus trabajos de supervisión y para que no haya dudas, además pide mejorar la defensa de los clientes del sector bancario.

El último párrafo de la declaración final de la Misión de la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional del 2017 a España es muy claro: hay que reformar como se eligen las autoridades de supervisión del sector financiero.

El FMI es muy halagador con las mejoras que se han producido en la economía y en la generación de empleo, de las que dice que son impresionantes pero propone un amplio paquete de reformas o mejoras en el ámbito financiero que concreta en tres prioridades a corto plazo: atajar las debilidades que todavía subsisten y los legados de la crisis, prepararse para manejar turbulencias que amenacen la estabilidad financiera, y fortalecer y modernizar el marco institucional.

No se quedan ahí las alertas del organismo con sede en Washington. Recomienda que se establezca un Consejo del Riesgo Sistémico interinstitucional para potenciar la vigilancia de este riesgo sistémico y la toma de decisiones macro prudenciales. Es curiosa la justificación que da: “ayudaría a abordar la creciente interconexión sistémica del sector financiero”.

Lo cierto es que no parece que resulten muy coherentes las ideas expresadas por los expertos del FMI. Por una parte recomiendan más concentración del sector para capitalizarlo y hacerlo más rentable y, por otra, alerta de que justamente lo que propone convierte al sector en difícilmente gobernable.

Estas oscilaciones ideológicas forman parte de la propia historia del sistema financiero. Unas veces se propone su concentración, para poco después tener que legislar para limitar esta concentración con el fin de evitar los riesgos sistémicos en que se convierten estas entidades al hacerse tan grandes. Se da la paradoja de que las entidades pensadas para salvar al mundo, exigen finalmente que todo el mundo se organice para salvarlas a ellas.

Lo advierten, a su manera los del FMI. Aunque asegura que “las disposiciones actuales en materia de resolución para bancos de importancia sistémica están funcionando bien por ahora, con el tiempo debería abordarse la fragmentación de dichas disposiciones mediante la revisión del sistema existente, que separa las responsabilidades preventivas y ejecutivas en materia de resolución de bancos y sociedades de inversión”.

A los expertos internacionales les siguen preocupando los riesgos del sector inmobiliario español y proponen más poderes de supervisión para el Banco de España a la hora de afrontar una futura acumulación de riesgos en la exposición del sector inmobiliario.

Pese a que comienza alabando los planes para potenciar la gobernanza de ciertas partes de la arquitectura institucional dice que lo hace porque “incluyen reformas del proceso de selección de las autoridades de supervisión del sector financiero, el establecimiento de una agencia independiente de seguros y fondos de pensiones, la introducción de un sistema único de defensor del cliente que se ocuparía de las reclamaciones de los consumidores sobre productos financieros, y el traspaso de la responsabilidad en materia de estándares contables y supervisión de auditoría de una institución perteneciente al Ministerio de Economía al regulador de mercados de capitales”.

Leído con detenimiento el trabajo de los expertos de Washington, no puede decirse que el FMI haya querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre el sector financiero español. Y se suma así a tantos otros. Veremos qué dice en la Comisión de Investigación de la crisis financiera el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Suiza le da una tribuna de privilegio.



(*) Periodista

No hay manera / Ramón Cotarelo *

En menos de 24 horas, el acuerdo de la izquierda sufre su primer revés, roce, lo llama la prensa prudentemente, como el que no cede el paso en la puerta; aunque aquí parece tratarse del que se adelanta. Están los dos aliados mirándose de reojo y buscándose las vueltas. Harían bien en establecer unos protocolos de actuación para evitar los roces o desacuerdos y ser menoss quisquillosos.

Sobre todo porque ese rifirrafe continuo desmerece de las firmes declaraciones ideológicas y estratégicas. Dice Montero que la prioridad es echar a Rajoy de La Moncloa y al PP del gobierno. Pero, por lo que hacen, más parece que esa tarea la cumplirán antes los jueces mandando al grueso del partido entre rejas.

La detención del baranda del fútbol por un presunto delito prevaricación no es un hecho insólito, sino lo normal. No hay sector de actividad económica (deportiva, empresarial, cultural, bancaria) que esté en relación con el poder político y no haga negocio con la corrupción de este. Está todo igual de podrido en este sistema de capitalismo de captura del Estado.

Quien haya visto el documental sobre las cloacas de Interior sabe que esa corrupción afecta a todas las áreas del gobierno, singularmente el ministerio del Interior, en donde parece haberse montado una policía política con fines claramente delictivos.

Un gobierno que tiene o ha tenido ministros reprobados, acusados o investigados, que tiene dirigentes de todo tipo en la cárcel y cuyo presidente está pendiente de declaración como testigo en un proceso por corrupción de su partido, del que ha sido todo: tesorero, secretario general y presidente, carece de toda autoridad moral para enfrentarse a la reivindicación independentista. Carece de toda legitimidad para exigir a los independentistas que acaten la ley cuando el primero que no lo hace es él mismo; ni como órgano ni personalizadamente.

La lentitud y el zascandileo habitual de las izquierdas, pasa ahora a ser irresponsable, puesto que deja en manos de esta derecha neofranquista la cuestión catalana. Hay quien dice que, en realidad, es un efecto querido. La izquierda prefiere que sea la derecha quien reprima el independentismo catalán, quedando ella así exonerada. Como Poncio Pilatos. Habrá gente así, seguramente, pero entiendo que la mayoría acusa más bien un sentimiento de frustración: no haber sido capaz de proponer una solución negociada admisible por ambas partes. Esa conciencia de fracaso no le permite exonerarse, sino que la convierte en el furgón de cola del PP en Cataluña.

Y todo para comprobar que también es el furgón de los fracasados, tanto si el referéndum se celebra como si consiguen impedirlo.  
 
El Estado y el gobierno

El argumento más poderoso del sector unionista, el menos falaz y sofista, es el que insiste en diferenciar entre Estado y gobierno. Es el más poderoso no por lo que dice, (auténtica trivialidad), sino por lo que implica. Según él el actual gobierno de España (un órgano corrupto, sostenido por un partido de presuntos delincuentes, que ha destrozado el Estado de derecho) no es el Estado en sí, sino una forma pasajera. Cuando haya elecciones, podrá haber un gobierno decente, que haga justicia al carácter democrático y abierto de la sociedad y el Estado españoles.

Es decir, el independentismo es una opción errónea, precipitada, que se basa, ella sí, en una falacia: la de identificar un gobierno de presuntos ladrones neofranquistas corruptos y nacional-católicos con el Estado español. Trata de aprovechar esta lamentable y contingente identidad entre policías y ladrones para hacer apresurada tabla rasa y tirar el niño con el agua sucia.

El argumento es una llamada a la paciencia y la esperanza del independentismo. Esperaos, viene a decir, a que haya un cambio de tendencia en la opinión española, a que haya un gobierno respetuoso con el sentir democrático y el imperio de la ley, y el Estado español permitirá su reforma profunda para acomodar las pretensiones catalanas, por ejemplo, en forma de un generoso federalismo, que es la vía elegida mayoritariamente por las izquierdas españolas, aunque no por las catalanas.
 
Invitar a la paciencia y la esperanza y tachar, de paso, a los independentistas de demagogos, precipitados, aventureros, radicales, etc., permite sentar plaza de persona ecuánime. También permite nada y guardar la ropa aunque sea posible que, al final, no se nade y la ropa se pierda.

Ese argumento coincide con un tímido rearme moral de un nacionalismo español de izquierdas. Hace unos días, más de 200 personas de ese ámbito, más o menos del comunismo catalán rechazaba el referéndum del 1/10 por falta de garantías democráticas. Escriben lo que predica su correspondiente organización, los Comunes, que no aceptan el referéndum, pero levantan constancia de su carácter movilizador. A continuación, proponen trabajar por un “verdadero” referéndum a partir del 2 de octubre. Lo dicen Domènech e Iglesias. No es una tomadura de pelo. Es simplemente que no dan para más.
 
Tratando de evitar este ridículo, el sector errejonista de Podemos alienta también la misma esperanza de un Estado español de derecho, democrático, avanzado, justo, respetuoso con las naciones que lo integran cuando los progresistas ganen las elecciones. Un Estado del que hay que estar orgulloso, una verdadera patria de todos los españoles, a la que los catalanes querrán adherirse de mil amores, abandonando los “delirios separatistas”, como dice el presidente de la Gürtel, los sobresueldos, y el “sé fuerte, Luis”.

La idea es siempre la misma: deponed vuestra actitud separatista porque todavía podemos hacer muchas cosas justas con un Estado español libre de neofranquistas, capaz de reformarse constitucionalmente y de atender con equidad las reivindicaciones de las naciones no españolas.

Mentira

No hay nada, absolutamente nada en la experiencia de los último 300 años que permita abrigar esa esperanza en las relaciones entre Cataluña y España. Quien lo sostenga no actúa de buena fe o es un ignorante imperdonable.

No hace falta trabajar mucho para concluir que, si el poder político, el gobierno, cae en manos de la derecha (como lo está desde hace seis años por la incapacidad –también teñida de corrupción- de la izquierda) el Estado será represivo, antidemocrático, centralista, catalanófobo, injusto, cruel con los sectores más desfavorecidos y gestionado por ladrones.

¿Y si gobierna la izquierda, como hizo en 1982/1996 y 2004/2011? Pues lo mismo con algunos retoques cosméticos. Cierto, durante los mandatos de González y Zapatero se tocaron algunos puntos importantes de carácter social e ideológico. Pero la estructura del Estado del antiguo régimen siguió intacta: centralismo, caciquismo, oligarquía, iglesia depredadora, empresarios ineptos y corruptos, poder judicial vendido, medios de comunicación comprados, administración venal, injusticia sangrante en la distribución territorial de los recursos. NI siquiera se depuró el aparato represivo de la dictadura ni se hizo justicia con sus víctimas. 20 años tuvieron los socialistas para imponer en España la fórmula federal que hoy presentan como panacea y de la que, en realidad, no tienen ni idea.

Al margen de que esta oferta federal resulte ya lamentablemente anacrónica, es llamativo cómo el nacionalismo español (incluso este de la “Patria a la izquierda”) desconoce su íntima fibra autoritaria. Ni se les ocurre que, como están las cosas, el federalismo solo podría ser producto de un voluntad libre de entidades soberanas e independientes y no impuesto por el esclarecido regeneracionismo de una izquierda incapaz de reconocer que España tiene siempre los gobiernos que su fallido Estado le permite, sean de derechas o de izquierdas, federales o centralistas. La prueba es que al actual impulso independentista se generó y creció durante el mandato de uno de los presidentes más ineptos de la historia: Rodríguez Zapatero, “federalista” del PSOE.

Porque el problema es el Estado español, y pedir esperanza en que cambie alguna vez es jugar de mala fe.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Miércoles con tres pi­lares in­for­ma­tivos en por­tadas y grandes ti­tu­la­res: la de­ten­ción de Ángel María Villar y la co­rrup­ción en el fút­bol; el in­forme alen­tador del FMI sobre la eco­nomía es­pañola pero con mu­chos con­se­jos, alertas y alar­mas; y el en­redo ca­talán cada vez más en fase de es­per­pento, ahora por la ocul­ta­ción del plan sobre las ur­nas. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad. la caída de la prima de riesgo por de­bajo de los 100 puntos bá­sicos por pri­mera vez desde oc­tubre pa­sado; los re­sul­tados y planes de Inditex; y la co­lo­ca­ción por el Tesoro de le­tras a nueve meses al tipo más bajo de la his­to­ria. 

VILLAR
El Mundo: La in­ves­ti­ga­ción a Villar co­menzó con un pago sin jus­ti­ficar de 20 mi­llones (P. Herráiz y Q. Alsedo). La Razón: La UCO in­ves­tiga si Villar compró el voto de ár­bi­tros y en­tre­na­do­res. ABC: Villar re­ba­jaba el caché de la se­lec­ción es­pañola a cambio de mor­di­das. El Periódico: Fin del ‘villarato’: la Guardia Civil de­tiene al pre­si­dente e la Federación Española de Fútbol por co­rrup­ción. Europa Press: Villar pasa su pri­mera noche de­te­nido en los ca­la­bozos de Las Rozas, a es­casos ki­ló­me­tros de la sede de la RFEF. El Economista: Villar desvió 3,6 mi­llones a su hijo por par­tidos de la Selección: la Guardia Civil de­tiene al pre­si­dente de la­Fe­de­ra­ción y su hijo. Estrella Digital: El pre­si­dente de la Federación de Fútbol, 29 años de co­rrup­ción (Marta Martín Gómez). Otro ti­tu­lar: Villar co­locó a los so­cios de su hijo en puestos clave de la UEFA (Joaquín Vidal). 

El Confidencial: Villar en su de­cla­ra­ción del 5 de julio ante el Juzgado nº 4 de Majadahonda: 'En 28 años de pre­si­dente sólo he fir­mado un che­que' (Roberto R. Ballesteros). Otro ti­tu­lar: Villar y su hijo se lle­vaban co­mi­siones ile­gales por par­tidos de la Selección (José María Olmo y Roberto R. Ballesteros). El Español: Gorka, el talón de Aquiles que ha aca­bado con Villar 'el Indestructible’: sus pre­suntas co­rrup­telas han arras­trado a un hombre im­pe­ne­trable (Pedro Cifuentes). Eldiario: Anticorrupción in­ves­tiga amis­tosos de la se­lec­ción con Argentina, Corea y Bosnia (Pedro Águeda y Marcos Pinheiro). Otro ti­tu­lar: Anticorrupción sos­pecha que Villar di­señó para La Roja un ca­len­dario al ser­vicio del ne­gocio fa­mi­liar. Okdiario: La UCO in­ves­tiga si Gorka Villar y la nº 3 de la RFEF se re­par­tían mor­didas con el ex jefe de ella (Francisco Rabadán). 

CATALUÑA
El País: Los ex­pertos optan por el 155 para el con­trol de los Mossos (Fernando J. Pérez). OKdiario: Moncloa pondrá al de­le­gado del Gobierno al mando de los Mossos si hay re­fe­réndum (Luz Sela). Otro ti­tu­lar: La úl­tima del Govern: com­paran su re­fe­réndum ilegal con la caída del Muro de Berlín (María Durán). La Vanguardia: El Govern im­pone el se­creto sobre la compra de las ur­nas: el Ejecutivo de Puigdemont es­tudia ‘itinerarios’ para eludir la ac­ción ju­di­cial; Millo no des­carta que el Gobierno fuerce a elec­ciones en Catalunya (Luis B. García). Otro ti­tu­lar: Puigdemont ga­ran­tiza el 1-O: 'Habrá urnas y es­tarán llenas de pa­pe­le­tas'. Otro ti­tu­lar: Colau de­fiende una re­pú­blica ca­ta­lana con­fe­de­rada. Otro ti­tu­lar: El TSJC re­clama a Borràs el ex­pe­diente del con­curso para la compra de ur­nas. 

El Periódico: El Govern no aclara cómo y cuándo com­prará las ur­nas: Millo re­cuerda que el Estado puede con­vocar elec­ciones ca­ta­lanas (Fidel Masreal). Otro ti­tu­lar: Romeva: 'Si per­demos nos iremos a casa. Ya go­ber­nará otro'; in­siste en el diario es­lo­vaco Prvada en que no se puede fijar una par­ti­ci­pa­ción mí­nima en el 1-O. Confidencial Digital: El Gobierno alerta: Cataluña, al borde de quedar des­pro­te­gida; el di­rector de los Mossos d’Es­quadra no tiene ex­pe­riencia en se­gu­ridad y la di­mi­sión del jefe del 112 deja sin ca­pa­cidad de res­puesta in­me­diata ante emer­gen­cias. Otro ti­tu­lar: La hucha de los in­de­pen­den­tistas está llena: tienen para pagar ocho multas como la de Homs. El Español: Los Mossos a sus nuevos man­dos: '¿Qué te­nemos que hacer el 1-0?' (Ana I. Gracia). 

Cinco Días: La ten­sión en Cataluña dis­para su prima de riesgo: a plazos largos paga el quín­tuple que el Tesoro es­pañol; el di­fe­ren­cial es­cala desde el anuncio del 1-O. Otro ti­tu­lar: La Generalitat debe 50.627 mi­llones al Estado, el 67% de su pa­sivo. La Razón: JxSí y la CUP pre­paran un en­cierro en el Parlament si fra­casa el re­fe­réndum (Carmen Morodo). ABC: La Generalitat ocul­tará in­for­ma­ción sobre la con­sulta para burlar la ley. El Mundo: La Generalitat no se atreve a com­prar las urnas e im­pone un apagón in­for­ma­tivo (Daniel G. Sastre). Otro ti­tu­lar: Batea, el pueblo ca­talán que quiere ha­cerse ara­gonés (Roberto Villarreal). Vozpopuli: Puigdemont da plantón a Rajoy en su re­reso a Cataluña: inau­gura un pa­rador en Lérida (Jose Alejandro Vara). 

El Confidencial: Junqueras se libra otra vez de es­tampar su firma para com­prar las urnas del 1-O (Antonio Fernández). Otro ti­tu­lar: Puigdemont usará el censo elec­toral de las au­to­nó­micas para el re­fe­réndum del 1-O (Antonio Fernández). Libertad Digital: La Generalidad ad­mite que oculta in­for­ma­ción pú­blica para di­fi­cultar 'el asedio del Estado': el Diario Oficial de la re­gión pu­blica el tras­paso de las com­pe­ten­cias elec­to­rales de Gobernación a Vicepresidencia (Pablo Planas). Otro ti­tu­lar: El Gobierno no des­carta forzar elec­ciones en Cataluña en caso ex­tremo (Pablo Montesinos). Esdiario: Puigdemont y Junqueras se es­con­den; el so­be­ra­nismo hizo el ri­dículo el día seña­lado para com­prar las ur­nas: nadie quiso asu­mirlo (Javier Rodríguez). 

OTRA INFORMACIÓN NACIONAL
Vozpopuli: Ciudadanos se frota las manos con el acer­ca­miento del PSOE a Podemos (Gabriel Sanz). El País: Entrevista a Ximo Puig, líder del PSOE va­len­ciano: ‘Erigirse en guía de la iz­quierda es faltar al res­peto a los mi­li­tan­tes’ (María Josep Serra). El Plural: Ferraz le da la razón a Page: no habrá con­sulta sobre el pacto con Podemos; se com­pro­mete, eso sí, a con­sultar e in­formar a los mi­li­tantes en las asam­bleas lo­cales del par­tido. Público: Los san­chistas for­zarán vo­ta­ciones en las asam­bleas para avalar el pacto de Page (Manuel Sánchez). Europa Press: Primer roce entre PSOE y Podemos menos de 24 horas des­pués del acuerdo para es­tre­char su co­la­bo­ra­ción: ini­cia­tiva del grupo que ca­pi­tanea Pablo Iglesias sin in­formar al PSOE para obligar a con­tratar a los be­ca­rios al acabar la ca­rrera sin poder am­pliar be­cas. 

ECONOMÍA
Expansión: El FMI dis­para su op­ti­mismo sobre España: prevé un cre­ci­miento del 3,1% este año, aunque pide me­didas como la subida del IVA (D. Esperanza y C. Galera). Otro ti­tu­lar: El sis­tema fiscal es­pañol, entre los peores de los países desa­rro­lla­dos: rán­king de Tax Foundation (Estela S. Mazo). Cinco Días: Las re­cetas del FMI: re­trasar la ju­bi­la­ción, subir el IVA y más fu­siones ban­ca­rias; alerta de que la banca es­pañola está ‘a la zaga en ca­pi­ta­li­za­ción’ (Jaume Viñas). Otro ti­tu­lar: Fomento pide 1.000 mi­llones al BEI para des­blo­quear el AVE al País Vasco. Capital Madrid: Al FMI no le gusta cómo su­per­visa el Banco de España: re­co­mienda se­guir pre­pa­rando al sis­tema fi­nan­ciero frente a fu­turas crisis (José Hervás). 

El País: El FMI pide que las pen­siones sólo suban el 0,25% para re­partir el ajuste entre ge­ne­ra­ciones (Antonio Maqueda). Otro ti­tu­lar: El Fondo re­cuerda que los bancos to­davía no han su­pe­rado la crisis (Íñigo de Barrón). Otro ti­tu­lar: La prima de riesgo es­pañola baja de 100 puntos bá­sicos por pri­mera vez desde oc­tu­bre. El Economista: El FMI pide com­ple­mentar la pen­sión con ahorro pri­vado: ad­vierte de que la ele­vada deuda es­pañola deja poco margen para bajar im­puestos (José Luis Bajo Benayas). Otro ti­tu­lar: El Gobierno pide 1.030 mi­llones al BEI para im­pulsar el AVE al País Vasco (Javier Mesones y África Semprún). El Confidencial: Alemania es mi­la­grosa para España: sa­cude los ti­pos, aprecia el euro y re­baja la prima (Carlos Sánchez). La Vanguardia: Sin temor ni al procés ni a la deuda: la prima de riesgo baja de los 100 pun­tos. 

El Mundo: El FMI acon­seja a los es­pañoles que se hagan un plan de pen­sio­nes: in­siste en que junto a alargar la edad de ju­bi­la­ción, es la ‘mejor ma­nera’ de ga­ran­tizar el sis­tema (María Hernández). Otro ti­tu­lar: El Gobierno abre la FP para re­pescar a los jó­venes que dejan la ESO (Olga R. Sanmartín). Vozpopuli: El FMI pide más poder para el Banco de España: hay que evitar una nueva crisis del la­dri­llo. Otro ti­tu­lar: El FMI aplaude la 'rápida re­so­lu­ción' de Popular pero sigue viendo riesgos (Jorge Zuloaga). Otro ti­tu­lar: Operación Chamartín: Carmena ya dice sí; Podemos se en­roca en el no (Raúl Pozo). El Correo: El Gobierno vasco des­tina 1.225 mi­llones a re­forzar el peso de la in­dus­tria: per­sigue un salto ‘cualitativo’ del sector a través de la in­nov­ción y la di­gi­ta­li­za­ción de las em­pre­sas. 

EMPRESAS
Expansión: Aena ha es­tu­diado lanzar una con­traopa sobre Abertis: el Gobierno des­es­tima la ope­ra­ción porque ‘supondría una na­cio­na­li­za­ción de Abertis’. Otro ti­tu­lar: Pablo Isla apuesta por el cre­ci­miento sos­te­nible de Inditex (A. Chas). Cinco Días: Inditex pro­mete un alto ritmo de in­ver­sión en tiendas nuevas y re­formas (Diego Larrouy). Otro ti­tu­lar: Iberdrola prevé captar en Italia tres mi­llones de clientes en dis­tri­bu­ción (Javier Vadillo). Otro ti­tu­lar: José Folgado pre­si­dirá la nueva fun­da­ción de Red Eléctrica tras su sa­lida (Carmen Monforte). La Vanguardia: Unipost sus­pende pagos con deudas de 50 mi­llones (Lalo Agustina). Europa Press: El juez de­clara en con­curso de acree­dores a Isolux Corsán y seis de sus fi­lia­les. 

El Economista: Borja Prado se alía con Montezemelo para im­pulsar la alta ve­lo­cidad ita­liana (Rubén Esteller). Vozpopuli: Telefónica se en­frenta a 20 mi­llones de san­ción por so­bre­coste en el roa­ming (Marcos Sierra). El Español: Morgan Stanley aúpa a Iberdrola antes de la en­trega de re­sul­ta­dos: res­palda el mo­delo de la es­pañola y ase­gura que el be­ne­ficio por ac­ción puede crecer un 17% para 2020 (Ainhoa Murga). Otro ti­tu­lar: Cellnex, la gran baza de Abertis para forzar a Atlantia a subir la OPA (Juan Carlos Martínez). Otro ti­tu­lar: El Grupo ACS se ad­ju­dica un me­ga­pro­yecto eó­lico en el Mar del Norte. 

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Las mi­llo­na­rias cap­ta­ciones de los fondos de ca­pital riesgo an­ti­cipan dos grandes años (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: Santander y BBVA de­vol­verán Metrovacesa a la Bolsa en otoño: tendrá nueva imagen de marca, y con el nuevo tirón del mer­cado in­mo­bi­liario se anima a cons­truir 40.000 casas (Julián González). Vozpopuli: El ca­pital riesgo en España, lan­zado hacia el mejor año de su his­toria (Alberto Ortín). El Economista: El ca­pital riesgo re­dobla su apuesta por España y cua­dru­plica su in­ver­sión (Araceli Muñoz y Rubén Esteller). Expansión: BBVA, CaixaBank y Bankia de­bu­tarán en emi­siones de deuda no pre­fe­rente. Otro ti­tu­lar: La prima de riesgo des­ciende de los 100 pun­tos. Bolsamanía: Grifols se ‘desangra’ en Bolsa por su ex­po­si­ción al dó­lar: dos ter­cios de su ne­gocio vienen de EEUU (Pablo Guillén). 

OPINIÓN
Isabel Coixet en El País: ‘Una ver­sión naif del re­fe­rén­dum: ser ca­talán y es­pañol no son con­ceptos an­ta­gó­ni­cos; no ser in­de­pen­den­tista en Cataluña no sig­ni­fica ser fas­cista ni del PP’. Editorial: 'Urge rec­ti­fi­car: la de­pu­ra­ción en la Generalitat re­vela el giro au­to­ri­tario del in­de­pen­den­tis­mo'. Otro edi­to­rial: 'Villar, punto fi­nal: la de­ten­ción del pre­si­dente eterno del fútbol pone fin a treinta años de ar­bi­tra­riedad y co­rrup­te­las'. Editorial en El Mundo: ‘Hay que de­purar la co­rrup­ción en la cú­pula del fútbol es­pañol’. Otro edi­to­rial: ‘El jefe de los Mossos, acu­sado de xe­nó­fo­bo’. Otro edi­to­rial: ‘El FMI pide al Gobierno que no deje las re­for­mas’. Editorial en La Razón: ‘Villar, una caída anun­cia­da’. Editorial en Libertad Digital: 'Villar, en el dis­pa­ra­de­ro'. Editorial en El Español: ‘El fin de la im­pu­nidad en el fút­bol’.
Editorial en Cinco Días: ‘Detrás del desafío in­de­pen­den­tista esá la ruina fi­nan­cie­ra’. 

Editorial en El Periódico: ‘Villar y la co­rrup­ción en el fút­bol’. Enric Hernández en el mismo dia­rio: ‘1-O: resta y si­gue; cuanta más pu­reza in­de­pen­den­tista ex­hiba el Govern, in­cluida la cú­pula po­li­ciai, menos mo­de­rados se sen­tirán con­vo­cados al re­fe­réndum uni­la­te­ral’. Editorial en La Vanguardia: ‘Vulnerabilidades de la eco­no­mía’. Otro edi­to­rial: ‘Fin de fiesta en el fútbol es­pañol’. Ignacio Varela en El Confidencial: ’40 años de feu­da­lismo y co­rrup­ción en el de­porte es­pañol’. Joan Tapia en el mismo me­dio: ‘El Govern va de ca­beza al choque du­ro’. Juan Carlos Monedero en el mismo me­dio: ‘Rajoy, Sánchez y el Parlamento de los no­va­tos’. 

Editorial en ABC: ‘Corrupción en la cú­pula del fút­bol’. Otro edi­to­rial: ‘En manos del fa­na­tismo na­cio­na­lis­ta’. Vicenç Navarro en Público: 'La ava­lancha contra Catalunya en Comú y Podemos sobre el lla­mado re­fe­rén­dum'. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Iglesias y Sánchez ne­go­ciaron cómo gui­llo­tinar la ca­beza po­lí­tica de Rajoy’. Santiago Niño Becerra en La Carta de la Bolsa: 'La (totalmente im­po­si­ble) sos­te­ni­bi­lidad real de las pen­sio­nes'. Mar Revuelta en el mismo me­dio: 'Abengoa, puede ser el gran pe­lo­tazo. Todo pasa, de una ma­nera u otro, por el Santander…'. Alejandro Suárez en El Economista: ‘La triste y lenta agonía del diario Expansión’. 


(*) Periodista



https://www.capitalmadrid.com/news_links/2385 

IU-Verdes exige una "solución política" a los afectados por los terremotos de Lorca, a los que se les pide la devolución de las ayudas


LORCA.- Los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín, han anunciado que su formación presentará una moción al próximo Pleno Municipal para que se "archiven" los casos en los que técnicos de la Administración comprueben que las obras de reparación están realizadas. 

Izquierda Unida-Verdes de Lorca liderará las soluciones planteadas a los afectados por el requerimiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) de devolución de las subvenciones concedidas para afrontar los daños ocasionados en viviendas tras los seísmos sufridos en Lorca el 11 de mayo de 2011.
Esta formación, que lleva dos semanas realizando labores de asesoramiento personal a los afectados, presentará una moción al próximo Pleno Municipal en la que solicitarán que técnicos de la Administración realicen una nueva visita de comprobación de las obras de reparación realizadas, explicó su portavoz, Pedro Sosa.
"Entendemos que los casos en los que la Administración compruebe que las reparaciones se han efectuado deben quedar archivados, y dejar de molestar a los vecinos con reiteradas peticiones de facturas", exigió Sosa.
El portavoz municipal de IU-Verdes exigió al resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento que dejen de "criminalizar" a los afectados por los terremotos, ya que "un inmenso porcentaje gastó el dinero de las subvenciones, que en ocasiones se quedó corto, en arreglar sus casas para poder volver a ellas".
Sosa recordó que IU-Verdes fue el primer partido político en alertar sobre el envío de comunicaciones masivas y en ponerse a disposición de los afectados para facilitarles las alegaciones a ese requerimiento. Por ello, se congratuló de que el resto "ahora se suba al carro" a pesar de que en un primer momento prefirieron sembrar la sombra de la duda sobre los damnificados en vez de señalar a la "desidia" de la CARM como auténtica responsable de este "desaguisado".
Ya en el año 2011, IU-Verdes pidió una tutela pública de todo el proceso de reconstrucción a través de la empresa pública de Suelo y Vivienda (SUVILOR), incluidas las subvenciones y ayudas, que deberían haber ido a una cuenta participada entre la Administración y los afectados de modo que se facilitase, no sólo su control, sino también una ejecución "racional, integral y participativa" de las obras. 
"Hoy podríamos tener barrios ejemplo de modernidad, basados en el ahorro energético, en la peatonalización de viales con el objetivo de fomentar la accesibilidad, así como en la liberación de espacio público para crear más equipamientos para cultura y ocio que favorecieran actividades dinamizadoras de la actividad social", dijo Sosa.
En vez de ello, los gobiernos dejaron en manos de los afectados el "complejísimo" proceso de reconstrucción que sigue afectándoles seis años después mediante innumerables trabas administrativas y burocráticas.

Por su parte, la concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que gran parte de las comunicaciones que están recibiendo los afectados son irregulares desde el punto de vista administrativo. "Además de no constar la fecha de emisión, no se hace alusión alguna al acuerdo por el que la CARM inicia el procedimiento de comprobación y reintegro de las subvenciones ni el órgano que se lo atribuye. Tampoco consta el plazo para resolver el procedimiento, qué efecto tiene el incumplimiento del acuerdo ni los recursos a que tienen derecho los afectados", explicó Martín.
La edil de IU-Verdes también consideró que la actuación de la CARM es "extemporánea" ya que, según la Ley General de Subvenciones, el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar el reintegro la subvención es de cuatro años, que empiezan a computarse pasados seis meses desde la finalización de las obras, un extremo que los afectados pueden demostrar con facturas o declaraciones de testigos.
Mientras la CARM hace gala de una "opacidad absoluta" a la hora de gastar los fondos recibidos por Lorca para la recuperación por los terremotos, empleando parte del dinero en obras que nada tienen que ver con los seísmos, como la reparación de carreteras en Mazarrón, "se permite el lujo de obligar a los damnificados a remover Roma con Santiago para buscar facturas que datan de hace casi seis años", criticó Martín. 
En ese sentido recordó que IU-Verdes lleva años exigiendo, en vano, una auditoria sobre las actuaciones realizadas con cargo al dinero del BEI y que se faciliten todas las cifras relacionadas con la recuperación tras los terremotos. Por ello, se preguntó a quien pretende servir de ejemplo el Gobierno regional del lorquino Fernando López Miras al que exigió "una solución política" a esta cuestión.
Martín señaló también que si atender las necesidades de los vecinos y realizar labores de asesoramiento a favor de quienes se encuentran "absolutamente desinformados y desprotegidos" es "populista", entonces "lo somos", en alusión a las críticas vertidas por el PSOE a la labor que estos días realiza el equipo humano de Izquierda Unida-Verdes en Lorca.
"A mí me daría bastante vergüenza andar pidiendo flexibilización para la devolución de las subvenciones sabiendo que en la gran mayoría de los casos, la obligación de devolver el dinero ha prescrito", aseguró Martín. Una actitud similar a la que mantiene el equipo de Gobierno local del PP. 
"Nos dicen que están haciendo todo lo posible por solventar una situación que afecta a más de 800 familias, cuando realmente, han dado instrucciones para que los vecinos que se acercan a registrar alegaciones a la Ventanilla Única sean remitidos a la Oficina del Terremoto donde lo que hacen es ponerles encima de la mesa un impreso de autoliquidación para que paguen, sin más asesoramiento", denunció la edil de IU-Verdes.

La CSIF pide estabilidad en el empleo público y promoción interna


MURCIA.- El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, se reunió esta mañana con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, con quien abordó, entre otros asuntos, fijar una estabilidad para los trabajadores que están en la Administración pública, a raíz del acuerdo que se ha firmado a nivel nacional con otras organizaciones sindicales, para hacerla también visible en el ámbito de la Región de Murcia.

A esta estabilidad, explicó López Blanco, se llegaría "mediante acuerdos y pactos que nos puedan servir para que el personal que está en precario en la Comunidad Autónoma, que llevan muchos años trabajando y no han conseguido su estabilidad, la logren, además de permitir el acceso a trabajadores o a personas que puedan estar estudiando o preparando oposiciones para conseguir una plaza en la Administración". Y al mismo tiempo, "renovar la plantilla porque tenemos una Administración pública que lleva muchos años sin sacar ofertas de empleo que cubran las necesidades de personal".
El presidente de CSIF en la Región señaló que en función de los datos de la OPE, se irán viendo los requisitos para el acceso y cómo facilitar éste "para lograr una Función Pública del siglo XXI y renovarse, de forma que en esa oferta y esas medidas de empleo se correspondan con las tareas a desarrollar por los futuros trabajadores fijos de la Administración".
López Blanco insistió en que es imprescindible conseguir la estabilidad de los empleados públicos que "durante 10 o 15 años preparan oposiciones, que la mayoría de veces las aprueban y con buena nota", pero que con la tasa de reposición actual aprobada por el Estado ha hecho imposible que la Comunidad Autónoma pudiera sacar más plazas y que los funcionarios pudieran conseguir esta estabilidad.
Desde CSIF también reclamamos "permitir que el personal que lleva muchos años en la Administración pueda conciliar su vida laboral y familiar, además de promocionar a aquellos empleados públicos que tengan interés en hacerlo, y que se les permita ascender dentro de la propia Administración, siempre con los criterios de igualdad, mérito y capacidad", señaló López Blanco.
Otro asunto abordado en el encuentro ha sido la preocupación por parte de CSIF por el envejecimiento de la plantilla de todas las administraciones públicas, incluida la de la Administración de la Región de Murcia y queremos que esta oferta de empleo público suponga también una renovación de esas plantillas.

Un estudio del Info pone de relieve las fortalezas de Cartagena en el sector del buceo

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha destacado la importancia del estudio del INFO, que ofrece las grandes fortalezas que Cartagena tiene en el mundo del buceo y se pone a disposición de todos los emprendedores que quieren invertir o aquellos interesados en lanzarse al mundo empresarial.

A su vez, ha recordado la importancia que tiene el sector turístico en el municipio de Cartagena, y el peso de Cartagena como uno de los principales focos turísticos de la Región de Murcia. Y es que, ha señalado, “tenemos una privilegiada ubicación, esa historia trimilenaria y un patrimonio natural, patrimonial y cultural como no hay otra”.
Además, ha anunciado que se va a seguir fomentando el turismo en Cartagena y ha recordado que “con la apuesta de este Ayuntamiento no vale solo”, ya que “requiere una apuesta decidida de los empresarios y los emprendedores”, con el fin de ofrecer a los turistas “todo tipo de servicios y actividades modernas y de calidad”.
Ha agradecido que Cartagena fuera uno de los cuatro municipios regionales elegidos para la realización de estos estudios de zonas francas empresariales. De este modo, al igual que en Cartagena se ha analizado el sector del buceo, en San Javier se ha estudiado el de las actividades náuticas; en Caravaca de la Cruz, el turismo religioso; y, en La Unión, el flamenco.
Por su parte, el director del Info Joaquín Gómez ha destacado la necesidad de nuevos modelos de negocio que acaben con la estacionalidad que existe en torno a esta actividad a través de servicios complementarios al turismo como el desarrollo de aplicaciones móviles, el manejo de drones submarinos o la recreación de rutas submarinas en realidad virtual.
Ha incidido en la importancia de combinar el talento que hay en las universidades con la experiencia empresarial, y ha propuesto la puesta en marcha de una serie de programas de asesoramiento senior por parte de empresarios en activo o jubilados y que forman parte de las patronales. 
De este modo, ha asegurado, “vamos a asegurar la creación y consolidación de modelos de negocio con mucho impacto en creación de empleo a nivel local y regional”.
Gómez ha recordado que la Región de Murcia destaca en el uso y la investigación en torno a esta tecnología y ha hecho hincapié en la apuesta del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) por la misma.
Además, ha destacado que la Comunidad Autónoma cuenta con 27 centros de buceo, de los cuales el 75% se ubican en las reservas de Cabo de Palos, Isla Hormigas y Cabo Tiñoso. Por ello, ha explicado, es “una razón fundamental” para que las administraciones local y regional trabajen de forma conjunta para impulsar el desarrollo de nuevos modelos de negocio en este sector. 
En esta línea, ha mostrado su disposición a la alcaldesa y al presidente de COEC la posibilidad de analizar nuevos modelos de negocio en distintos sectores que puedan ser estratégicos para la ciudad “porque hay que apostar por Cartagena”.

Lorca firma con el Ministerio del Interior la recuperación del edificio de la antigua comisaría del Cuerpo Nacional de Policía


LORCA.- El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que el Ayuntamiento ha recuperado para todos los lorquinos el inmueble que prestaba servicio hasta hace unos meses como sede de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Se trata de un edificio ubicado en la Plaza de San Vicente, haciendo chaflán con la calle Lope Gisbert, dentro del casco histórico de la ciudad, que se erige sobre una parcela que cuenta con unas dimensiones de 504 m2.

El alcalde ha explicado que el acuerdo con el Ministerio de Interior, rubricado esta misma mañana en la Gerencia de Infraestructuras de Seguridad del Estado, nos permite volver a poner a disposición de los lorquinos un edificio que constituye una oportunidad para seguir avanzando en la revitalización de nuestro casco histórico. 
De hecho nuestro objetivo es conseguir que el edificio proporcione a nuestra ciudad la mayor rentabilidad en todos los sentidos. Para ello, y antes de determinar qué uso se le puede dar, por un criterio de responsabilidad y seguridad se va a proceder a realizar una inspección a fondo de la estructura de la construcción existente por parte de los técnicos municipales. El objetivo es evaluar su estado, comprobar la estabilidad de sus elementos y establecer las medidas y soluciones técnicas que procedan. 
Estamos hablando de un hito para nuestra ciudad, puesto que somos conscientes de las grandes posibilidades que ofrece.
Fulgencio Gil ha manifestado que las parcelas sobre la que se asienta fueron cedidas por parte del Consistorio en el año 1949 al Gobierno de España para levantar la antigua Comisaría, caducando la reversión de la propiedad a principios de los años 80. Ahora, gracias a las gestiones desarrolladas por parte del Ejecutivo Municipal, Lorca recupera la propiedad del edificio por solo 48.000 euros, a pagar en cuatro anualidades.
Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 1 de diciembre de 1949, acordó adquirir las tres parcelas, pertenecientes a la denominada "Casa Juárez", para destinarlas a "hacer cesión gratuita de las mismas al Estado para que sobre ellas pueda edificarse por la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación u Organismo a quien corresponda un Cuartel o alojamiento para la Comisaría del Cuartel General de Policía y Fuerzas de la Policía Armada de esta Plantilla de Lorca, al objeto de dotar a tales plantillas de una construcción amplia, ventilada y moderna sita además en un lugar céntrico de la población".
El primer edil ha reseñado que la cesión al Estado de la parcela adquirida, efectuada por el mencionado acuerdo del Ayuntamiento, fue autorizada por Orden del Ministerio de la Gobernación comunicada el 6 de diciembre de 1950 por conducto del Gobierno Civil en Murcia. 
La efectiva transmisión del dominio quedó formalizada en virtud de la escritura pública de cesión gratuita otorgada el 17 de febrero de 1951 por José Parra García, entonces alcalde de Lorca, y César Pérez García, Comisario-Jefe del Cuerpo General de Policía de Lorca, en nombre de la Dirección General de Seguridad dependiente del Ministerio de la Gobernación, expresamente facultado para ese acto por el Director General.

martes, 18 de julio de 2017

C's pide al Ayuntamiento de Cartagena que cumpla sus compromisos para proteger y poner en valor las canteras romanas

CARTAGENA.- Ciudadanos denuncia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Cartagena para proteger y poner en valor las canteras romanas. La formación naranja ha recriminado hoy al Gobierno de Cartagena que no haya ejecutado aún el acuerdo plenario de junio de 2016 por el que se instaba a convocar una reunión entre administraciones, colectivos y propietarios para acordar medidas para proteger y recuperar el yacimiento.

Para la concejal de Ciudadanos, Ana Rama, "la capacidad que tiene este Gobierno para vender humo a los ciudadanos y a los medios de comunicación no conoce límites, hace ya más de un año que nuestro grupo logró sacar adelante en el pleno una moción, todavía hoy sin ejecutar, para que se convocara con carácter de urgencia una reunión entre las distintas administraciones públicas, los colectivos implicados en la conservación del patrimonio histórico de Cartagena, y los propietarios de los terrenos donde se encuentran las canteras romanas, para estudiar el estado actual del yacimiento y acordar medidas de protección y restauración". 
Según la edil de al formación naranja, "no sólo dejan sin ejecutar la voluntad del Pleno, sino que unos meses más tarde, en diciembre de 2016, se anuncia públicamente un gran plan director para poner en valor las canteras, y la realización de una campaña de concienciación y divulgación para dar a conocer su valor, pero ocho meses después si te he visto no me acuerdo". "Estos cuatro años de PSOE y MC van camino de conocerse como la legislatura del humo y la ingobernabilidad", ha señalado Ana Rama.
Las Canteras Romanas fueron declaradas por el Gobierno regional Bien de Interés Cultural en el año 2001, con categoría de sitio histórico, estableciéndose un perímetro de protección alrededor del yacimiento. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, el yacimiento se encuentra en una situación deplorable, de abandono, olvido y desidia, sirviendo incluso de vertedero en algunas ocasiones.
La concejal de Ciudadanos no entiende "la inacción y la indiferencia sobre este asunto de los responsables del patrimonio arqueológico, el concejal de MC, Ricardo Segado y la coordinadora municipal, María del Carmen Berrocal; no sé qué estamos esperando para convertir las canteras en uno de nuestros recursos turísticos más impresionantes e importantes". 
Rama ha pedido al Gobierno que se ponga a trabajar, a cumplir sus obligaciones y "busque fórmulas para poner en valor este patrimonio y lo proteja del vegonzoso abandono en el que se encuentra actualmente".

Jesús Giménez reafirma el compromiso de MC con la ciudadanía, la transparencia y la pedagogía social en Cartagena


CARTAGENA.- El presidente y portavoz de MC, Jesús Giménez, ha participado esta mañana, en en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en una mesa redonda enmarcada en el curso 'Retos del Sistema Político Español' de los cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar (UNIMAR).

También han intervenido, junto al presidente de la formación cartagenerista, el diputado nacional del PP, Francisco Bernabé; el diputado del PSOE en la Asamblea Regional, Fernando López; la diputada regional de Podemos, María Giménez, y el diputado regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez.
Entre las cuestiones tratadas se han encontrado las relativas a los procedimientos judiciales en la esfera política, el funcionamiento de la justicia española y las instituciones públicas, así como la estructura del Estado.

Retos del Sistema Político Español
'Retos del Sistema Político Español', que se desarrolla del 18 al 21 de julio en Cartagena, se enmarca en las actividades y cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar (UNIMAR) y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena.
El curso, inaugurado esta mañana por el segundo teniente de alcalde, Francisco Calderón (MC), tiene por objeto analizar los desafíos del sistema político español actual, en concreto, sobre la regeneración de las instituciones democráticas, la reforma de la Constitución, la reforma del sistema electoral, la reforma de la organización territorial del Estado o el buen funcionamiento de los poderes del Estado (Corona, Cortes Generales, Poder Judicial, Tribunal Constitucional).
Del mismo modo, se estudiarán diversas cuestiones de interés en materia de política regional como la vertebración territorial de la Comunidad Autónoma, abordando diversas formulas de optimización de los recursos y la gestión pública como la biprovincialidad y la comarcalización.
El presidente de MC, Jesús Giménez (MC), ha comenzado su intervención en la mesa redonda exponiendo la opinión de la formación cartagenerista sobre en qué momento procesal debe dimitir un político acusado de corrupción, sea del partido que sea, y acabar con las 'dobles varas de medir'.
Giménez ha dejado claro que uno de los argumentos abrazados por la 'nueva política' en lo que alude a la regeneración democrática, no es más que "una judicialización populista de la política". El dirigente de MC ha partido de la premisa de la inevitable obligación de los cargos públicos "de ser ejemplares en su acción".
"La responsabilidad política debe exigirse a todos. En nuestro sistema se regula a través de figuras como la moción de censura para casos muy graves, y principalmente por las elecciones cada cuatro años, en las que se puede y se debe exigir ésta, a través del voto".
Existe la posibilidad además de pedir dimisiones, "utilizando los medios de fiscalización y control que ofrecen los distintos parlamentos, aunque estos medios no casan bien con la sociedad actual, la que nos hace devorar titulares cada hora". 
En este punto, Jesús Giménez ha aludido a los juicios mediáticos, "los que condenan un día y al siguiente absuelven, los que hablan del aperitivo del juez".
Continuando en esta línea, el portavoz de MC ha lamentado el peso perdido de la "presunción de inocencia", ya que el objetivo es "inhabilitar políticamente al enemigo, antes de que lo haga un tribunal, aunque no lo haga la mayoría de ocasiones. La denuncia o querella se convierte en un recurso político, alejado de la verdadera acción de servicio público".

Juicio oral o imputación
En cuanto a las conocidas 'dos varas de medir', Giménez, letrado de profesión, ha diferenciado entre el juicio oral y la imputación, consistiendo el segundo caso en la admisión a trámite de una denuncia.
"Si éste continúa y se abre el juicio oral y se procesa, es cuando se produce un momento de mayor relevancia jurídica y estética, que es el político con fecha para juicio. Es aquí cuando ver sentado en el banquillo al cargo público puede generar un perjuicio a las instituciones", ha razonado Jesús Giménez.
A pesar de ello, ha alertado que "esta ejemplaridad también incluye una perversión, puesto que de no resultar condenado se habrá aplicado de modo preventivo una pena de las previstas para el delito cuya comisión no ha quedado acreditada, la inhabilitación".

Dimisión del político y perjuicio al ciudadano
Así las cosas, podríamos afrontar un escenario sobre "una denuncia bien redactada que implique una investigación y posterior juicio en los seis meses que se supone dura una instrucción y que la dimisión del político finalmente absuelto le prive de representar a los ciudadanos que confiaron en él durante los años que restan para las siguientes elecciones".
"El político debe responder de sus acciones y sus decisiones frente a sus votantes, y también frente a la justicia sin olvidar que el derecho penal es el último recurso y el más garantista, y que sus condenas por corrupción ya contienen la pena de inhabilitación, por lo que quien ha delinquido no podrá seguir en la esfera política", ha reseñado Giménez.

Confianza político/ciudadano
El presidente de MC ha dejado clara la línea de acción de su formación política. "Nosotros seguimos apostando por el vínculo; el contrato que nuestra formación tiene con quienes nos eligen y nos han dado su confianza, creemos en la política con mayúsculas, la que es útil a los administrados".
Ha finalizado su argumentación en este punto significando que "si puede haber una línea, pero sería necesario que el legislador la tuviera en cuenta para que computara a efectos de pena si resulta condenado, y si no lo es que se articularan formulas de resarcimiento y del propio daño a la democracia y la defraudación a los votantes".

La Justicia española funciona
De esta premisa ha partido Giménez, reseñando, al tiempo, "el desinterés de todos los gobiernos que ha habido, y probablemente habrá".
A pesar de que la Región cope los diarios con incontables casos de corrupción, Giménez ha ponderado que, en fechas recientes, "se ha demostrado que nuestros jueces son independientes, y que funcionan, incluso con celeridad".
Al hilo de esta manifiesta velocidad, el presidente de MC ha recordado como "el TSJ dictó el auto de procesamiento en la operación Púnica el mismo día que recibió declaración al investigado, y en el caso Auditorio, el magistrado lo hizo también sin dilaciones a pesar de las cañas y las marineras".

Falta de medios
Ha puesto el acento en que "nuestros jueces se equivocan a diario, como en cualquier profesión, y lo hacen desde la independencia y la escasez de medios".
Es ahí donde radica el principal problema que debe afrontar la Justicia, "la constante y sostenida falta de inversión en la modernización de la administración de Justicia".
Giménez ha elevado como ejemplo del desinterés gubernamental, "los nuevos juzgados provinciales de cláusulas abusivas, que permitirán, gracias al legislador, que los bancos no devuelvan el dinero a los afectados o que cuando lo hagan sea tarde para resarcir la situación personal".
Ha continuado poniendo de manifiesto la interminable lista de carencias que Cartagena sufre en materia judicial, tales como "la inexistencia del juzgado mercantil o de menores".
Además, ha dado a conocer datos tan relevantes como que en España tengamos "la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes por debajo de la media europea. En nuestro país tenemos once, mientras en Alemania nos dobla con veinticinco, e incluso nuestros vecinos ibéricos de Portugal tienen diecinueve".

Cambios necesarios en las instituciones
Jesús ha continuado su intervención significando que "la corrupción no está directamente relacionada con el diseño de las instituciones, lo está con el comportamiento de quienes acceden a los cargos públicos, de los empleados públicos y de la empresa privada". En este campo, se mueven intereses que ocupan el espacio de "lo privado" y que "engrasa el mecanismo para llegar a ese resultado denostado".
El portavoz de la formación cartagenerista ha pasado a enumerar los cambios que deben incidir en una regeneración de las instituciones.

Cambios en el sistema electoral
Además de evaluar los efectos de la circunscripción única, "el sistema de listas abiertas favorecería la identificación entre el votante y su representante, acercando el político al ciudadano".

Limitación de mandatos
"Si bien la limitación a dos mandatos posiblemente sea acertada, también puede resultar que un buen gestor, apoyado por los ciudadanos, puede verse apartado por esta regulación".

Democracia interna de los partidos
"Mientras cumpla con la normativa de aplicación en materia de financiación y otras de aplicación creemos en la libertad de las asociaciones. En este caso, políticas, para organizarse, puesto que esa proyección interna es la que después someten a la elección de los votantes, y ese es el verdadero juicio político. Hay que elegir bien, sea cuál sea el sistema".

Incompatibilidades.
"Creemos en la necesidad de que los servidores públicos sean los mejores, y que no se queden fuera de ayudar a todos por las consecuencias nocivas para su carrera de haber estado en política. Deben existir filtros, pero no prohibiciones".

Cambios en órganos reguladores
"El cambio razonable no es crear más, es dotarlos de transparencia, de una mayor ética pública, evitando la designación de miembros de modo endogámico".

Estructura del Estado
Jesús Giménez ha finalizado su intervención añadiendo que "nosotros sí creemos que debe reducirse el Estado. En concreto, hay diecisiete comunidades que se han constituido en núcleos de centralismo y corrupción".
"Debería apostarse por demarcaciones racionales y una única normativa estatal. Eso facilitaría las interpretaciones judiciales y la actividad empresarial, y daría seguridad jurídica a los ciudadanos".
El portavoz de MC ha añadido que se ha apreciado un incremento de la corrupción en las administraciones intermedias, "menos controladas porque se perciben lejos del ciudadano y del control del Estado". Giménez ha concluido poniendo de relieve una idea, y es que "la sensación de impunidad ha disminuido".