Como mostré recientemente en un
artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene
Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca
antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases
populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar
deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los
años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión.
El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo,
el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de
trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy
negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan
la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones
están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está
perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres.
Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad
adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con
ello un descenso generacional en su estándar de vida.
Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de
trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las
clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos
públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios
públicos del Estado del Bienestar en Catalunya
(tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social,
escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios,
servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la
exclusión social, entre otros).
En realidad, los recortes del
gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y
servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de
Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión
Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante
nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de
España.
Es muy importante señalar que estos
recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y
servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco
financiados, con lo cual, tales
recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y
servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados
del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo
de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la
crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros
menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).
¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?
Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el
establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social
(siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la
UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público
social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad
más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de
tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español.
La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico.
El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas
altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues
así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona,
el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y
Frankfurt, Madrid.
Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de
las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme
crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que
el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales)
han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y
representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático.
La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia
liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un
partido de derechas perteneciente a la familia conservadora
democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado
Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas,
es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las
derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León,
gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).
Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora
llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política
continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la
Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont,
dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex
presidente Artur Mas.
Es cierto que
la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC
(un partido hoy independentista), así como personas independientes no
afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología
nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política
promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es
un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la
izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia,
ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la
comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello
fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es
obvio que no se da en la situación actual.
Dicha aclaración no
diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy
institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición
dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza.
De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor,
el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un
partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.
Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa
Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo,
una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la
Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y
colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo
clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria.
En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el
resto de España.
Ambos eran y son partidos nacionalistas (españolista
el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado
que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su
largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura
de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre
los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E
influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros).
En
consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de
comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan
su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas
económicos son de orientación ultraliberal,
los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y
sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de
nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un
partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido
Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de
Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una
coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a
él en su orientación política.
Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español
El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran
influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas,
la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha
sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la
aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del
subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de
la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas
laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de
trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes
al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su
ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su
programa de TV3).
Las consecuencias del neoliberalismo
Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del
trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de
todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras
que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45%
durante el mismo periodo.
Que ello
pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día.
Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las
desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado
la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de
5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas
neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una
complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en
las políticas, complicidades que
han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya
presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya
abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a
mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder.
Los
intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación
en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor
enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.
El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana
Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy
en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment
político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello
con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana,
incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas.
CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya,
intentando influenciar sobre la movilización político-social que
promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el
gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro.
Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.
La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme
insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de
España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en
Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la
invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida
cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no
están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de
antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con
Catalunya, tal como hizo Pilar
Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya
(grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en
extremo), con Xavier Domènech.
Y algunas voces de izquierdas han
llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como
una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces
parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al
president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por
las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me
invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba
rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el
gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo
hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora
se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de
Mas, para protegerlo.
Además de incoherente, es absurdo que el
15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta
mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los
continuadores del president Mas.
Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por
muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament
seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo
de siempre serían la fuerza hegemónica.
El llamado referéndum no es un referéndum
Mis comentarios críticos no son a
favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se
está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la
oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere
toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un
contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en
unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios
de información por parte de las distintas opciones consideradas en el
proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación.
Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los
medios públicos de la Generalitat Catalunya,
realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de
viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y
su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo
critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las
opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la
Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando
amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar
su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios
públicos para fines partidistas.
Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es
el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso
democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de
Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por
el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el
de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el
Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose
en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la
población catalana.
La vía antidemocrática hacia la independencia
La mayoría que el tripartito
independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada
en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue
transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara
cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es
escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a
unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal
tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas.
Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a
la verdad. Sumando los votos de los
tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de
2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los
votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría
proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría
popular, que no es independentista.
Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma
extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado
del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el
porcentaje mínimo de votantes. En
realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar
un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y
ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de
que sea afirmativo.
Lo que ello implica es que si se consiguiera el
mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de
catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del
SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el
número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la
población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos
terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la
independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la
independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente
antidemocrático carente de credibilidad internacional.
No es un referéndum
La manera como se está utilizando el
mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la
Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a
favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación.
Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso
electoral en Catalunya con menor participación durante el período
democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho
más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las
elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del
Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014
(47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el
establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra
un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en
Catalunya.
Creerse que la mayoría de
la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada
solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer
Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría
una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de
ello es la identificación institucional del independentismo con el
gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la
crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.
Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una
protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el
hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la
Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta
elevada abstención. Las clases
populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto
España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y
catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y
bienestar.
Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en
Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor
visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería
en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo
Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es
altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran
esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación
del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación
de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.
Todas estas consideraciones quedan
olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que
los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las
clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha
catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica
electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y
España, a fin de movilizar su apoyo electoral.
Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización
que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un
mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura
generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho
movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como
movimiento contestatario lo valoro positivamente.
Ahora bien,
no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat
de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de
instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio.
En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho
a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia
movilización de las clases populares, que no siendo independentistas,
desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo
no será vehículo para realizar tales cambios.
¿Cuál debería ser la alternativa?
Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad
democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como
está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial
que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y
defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una
propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social
como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos
que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden
liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que
promueven sería una continuación de la ya existente.
Creo que para las
izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación,
identificando nación primordialmente con la población, de la que las
clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a
Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares,
denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez
están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de
lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de
compromiso con un país.
De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que
prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de
España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente
democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto
de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio
español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de
tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional.
Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y
hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para
señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la
movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población
catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de
realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares.
Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema
social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a
través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta,
oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado
español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin
un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de
las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum
democrático con una petición de cambio masivo.
Este cambio será
facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio
español para crear una España social, justa, democrática y
plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de
cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según
desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección
y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una
amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda
un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.
(*) Ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, actualmente es
catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la
Universidad Pompeu Fabra, profesor en la
Universidad Johns Hopkins de
Baltimore.
