miércoles, 17 de mayo de 2017

C's saca adelante en San Javier una normativa para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción


SAN JAVIER.- Ciudadanos ha dado un nuevo paso en el proceso de regeneración democrática y transparencia emprendido desde su acceso a las instituciones, al conseguir que el Ayuntamiento de San Javier establezca los mecanismos adecuados para que sus propios funcionarios puedan denunciar sin riesgo de represalias cuantas acciones irregulares o ilegales pudieran cometerse en el ámbito de la administración local. 

El grupo municipal naranja presentó una moción en este sentido que ha sido aprobada en el Pleno a pesar de la abstención del equipo de Gobierno del Partido Popular, “una actitud que dice mucho de la verdadera intención y capacidad regeneradora de un partido cercado precisamente por los casos de corrupción que conocemos día tras día”, ha afirmado el portavoz local de C's, Antonio Murcia.
La moción de Cs finalmente aprobada mandata al Ayuntamiento de San Javier a establecer un marco de protección para los empleados públicos que informen sobre prácticas irregulares o ilegales por parte de sus gestores. 
“El Ayuntamiento debe poner en funcionamiento de forma urgente procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información que le sea facilitada en este sentido para que los denunciantes de corrupción no se sientan intimidados ante posibles represalias”, explica Murcia. 
Además de a los propios funcionarios, se quiere que empresas, contratistas, proveedores y ciudadanos en general queden cubiertos ante estas posibles prácticas, algo que está ya establecido legislativamente incluso en países como Reino Unido o Estados Unidos. 
La moción también incluye la obligación de instar a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno a que desarrolle en un máximo de seis meses una normativa autonómica para definir el marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

El PSOE de Lorca denuncia que el Ayuntamiento consiente vertidos de aguas residuales al Guadalentín mientras invierte en su descontaminación


LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha anunciado que su grupo ha presentado esta misma mañana un escrito en Registro General del Ayuntamiento de Lorca, denunciando vertidos de aguas residuales al cauce del río Guadalentín. 

Navarro asegura que este vertido, detectado a la altura del camino de Los Liforos en la pedanía de Marchena, se está produciendo "de forma permanente e ininterrumpida", y que por el color y olor de las aguas "podrían provenir de alguna fábrica de curtidos".
Para poner fin a este "ataque medioambiental", Antonio Navarro ha exigido al Ayuntamiento de Lorca la apertura de una investigación "para aclarar de qué fábrica provienen esos vertidos". Piden que sea puesto en conocimiento del Seprona, actuación esta última que no descartan emprender desde el Grupo Socialista, si el Ayuntamiento de Lorca no tomara cartas en el asunto.
Navarro advierte que el equipo de gobierno del PP es "conocedor" de este vertido ilegal de aguas en cauce público, ya que desde hace años los vecinos de la zona han ido alertando al Ayuntamiento de Lorca de esta problemática que insiste "se viene produciendo de forma prolongada y permanente en el tiempo".
Este vertido de aguas residuales "contrasta" con el proyecto Life+Riverphi, consistente en la plantación de un tipo de plantas específicas en el lecho del río "con la intención de descontaminar su cauce de metales pesados que se han ido acumulando durante "años y años" de vertidos de aguas residuales.
Según el Ayuntamiento de Lorca, este proyecto llamado a descontaminar el cauce del río Guadalentín tiene un coste de 1.714.651 euros de dinero público, y un plazo de ejecución de 2015 a 2017. 
Por ello, Navarro asegura que estamos ante una situación "kafkiana, por absurda e ilógica", ya que "el Ayuntamiento de Lorca está permitiendo el vertido de aguas que contaminan el cauce del río, para al mismo tiempo tener que invertir dinero público en descontaminarlo".
Navarro insiste en la urgencia de abrir una investigación para aclarar "quién o quiénes se están beneficiando por ahorrarse el tratamiento de estas aguas con su vertido incontrolado al río", así como "a quién o dónde realmente va a parar ese 1.714.651 euros, del proyecto Life+Riverphi, por descontaminar el río que a la vez, se permite que siga recibiendo vertidos de aguas residuales.
De igual modo, el edil denuncia que éstas son las "políticas de cuidado medioambiental" que aplica el equipo de gobierno del Partido Popular; equipo que en los últimos años ha consentido que el Ayuntamiento de Lorca haya sido multado en reiteradas ocasiones por permitir vertidos descontrolados de aguas residuales sobre cauces públicos del municipio.

Durante su etapa como concejal Fulgencio Gil, ahora alcalde, no dio respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas por IU-Verdes Lorca

LORCA.- La concejala Gloria Martín, le ha pedido al nuevo alcalde de Lorca que se apliqué a sí mismo la lealtad, el respeto y el diálogo que exige a la Oposición. Sólo un 25% de las demandas realizadas por IU-Verdes obtienen contestación por parte del PP. Algunas concejalas como Eulalia Ibarra (Obras), Maricarmen Ruiz (Sanidad) o Saturnina Martínez (Urbanismo y Medio Ambiente) jamás han respondido a las peticiones que registran en el Ayuntamiento.

Transcurridos seis meses desde su nombramiento como concejala de Izquierda Unida-Verdes en sustitución de José García Murcia, Gloria Martín ha hecho balance del grado de respuesta del Ejecutivo municipal del PP a las cuestiones planteadas desde su formación política.
Martín explicó que, durante este tiempo, ha registrado formalmente 48 iniciativas y preguntas, al margen de las 12 defendidas en el Pleno Municipal y de las 62 expresadas mediante ruedas y notas de prensa. Al respecto indicó que, de las primeras, únicamente 12 (un 25% del total) han sido contestadas por los concejales con responsabilidades de gobierno.
La concejala de IU-Verdes destacó "el absoluto desprecio" del nuevo alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, hacia las cuestiones que le fueron remitidas desde este grupo municipal durante su etapa como concejal de Economía y Hacienda y responsable de la empresa municipal de limpieza, Limusa
"Gil no respondió a ninguna de nuestras peticiones", denunció Martín. "Confiamos en que la lealtad, el respeto y el diálogo que nos ha exigido a la Oposición municipal desde su nuevo cargo sea capaz de aplicárselos a sí mismo".
Su antecesor en el cargo, Francisco Jódar, atendió a un solo requerimiento de los siete que, por escrito, le planteó Martín. "Fue para otorgarnos acceso a un expediente urbanístico relacionado con la polémica de los cebaderos, algo a lo que tenemos derecho, pero del que se resistió a darnos copia", dijo la edil. El resto de cuestiones, relativas a enmiendas presupuestarias o demandas de los vecinos de pedanías, entre otras, "jamás fueron respondidas".
Otros concejales del equipo de Gobierno del PP que nunca han remitido respuesta, ni verbal ni escrita, a IU-Verdes son Eulalia Ibarra (Obras), Maricarmen Ruiz (Sanidad) o Saturnina Martínez (Urbanismo y Medio Ambiente). 
Para Gloria Martín es "sangrante" que las citadas concejalas no se hayan dignado a contestar a cuestiones tan importantes como las deficiencias de obras en barrios y pedanías, la limpieza de solares insalubres, o la actuación en edificios en ruinas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Martín explicó que este menosprecio "no lo ejercen contra IU-Verdes sino contra los cientos de ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros para que canalicemos sus demandas y preocupaciones en el Ayuntamiento". 
Por ello, exigió al PP "participación, transparencia y talante democrático" y que, en esta nueva etapa, "dejen de escenificar una prepotencia propia de otras épocas, que, además, contradice sus propias promesas electorales".
La edil de IU-Verdes también explicó que, por el contrario, Belén Pérez (Seguridad Ciudadana y Tráfico), Ángel Meca (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Aguas de Lorca), Juan Miguel Bayonas (Transporte) y Francisco García (Patrimonio) son "receptivos" a la cuestiones planteadas por IU-Verdes.
Por último, Martín explicó que la de IU-Verdes, es una oposición municipal "trabajadora, seria, coherente, constructiva, exigente, reivindicativa y, si es necesario, combativa" y agradeció a los vecinos que estos meses han confiado en su labor representativa en la que "seguiremos perseverando" a pesar de las trabas de algunos gobernantes locales.

El Defensor del Pueblo reprocha al alcalde de Murcia que niegue la entrada de 'Huermur' al Consejo Social

MURCIA.- Huermur ha tenido conocimiento del escrito remitido por el Defensor del Pueblo al alcalde de Murcia, donde le reitera que debe justificar por qué sigue negando la entrada que la asociación Huermur solicitó en el Consejo Social al Ayuntamiento de Murcia, ya que el ayuntamiento ha dejado sin cubrir las plazas destinadas por su reglamento para las asociaciones que defienden el medio ambiente de ámbito local.

Desde Huermur solicitaron en enero del año pasado la entrada en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia, siendo así la primera entidad ambientalista y pro-patrimonio que lo realizó, pero a día de hoy el Ayuntamiento sigue sin responder a su solicitud, así como a diversos escritos en los que ha reiterado esta petición, solicitando una respuesta o que si se denegaba la entrada, se justificara por escrito.
Desde la institución del Defensor del Pueblo han reprochado al alcalde Ballesta en una notificación, que no firme él mismo el escrito de respuesta al Defensor, así como que no entre al fondo del asunto en la respuesta que envió a esta institución comisionada de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y de  los ciudadanos, en el día de ayer.
Asimismo, el Defensor del Pueblo advierte de contradicciones en el funcionamiento del Consejo Social, pues señala en su informe que “Es contradictorio que el Reglamento prevea que las asociaciones constituidas con la finalidad de proteger el medio ambiente  formen parte del Consejo Social y sin embargo no se designen miembros que representen estos intereses”. 
El Defensor termina comunicando que se ha solicitado que el Ayuntamiento vuelva a remitir un informe suscrito por la Alcaldía en el que se indiquen las razones legales por las cuales las asociaciones ambientales no forman parte del Consejo Social de la Ciudad de Murcia, y los motivos por los que no se ha dado contestación al escrito de la Asociación Huermur que reclama su ingreso.
Para Huermur este es un ejemplo más de la falta de apoyo del Ayuntamiento de Murcia a la participación ciudadana libre y eficaz, que es la que protege la Constitución Española y la legislación vigente.
Desde la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur), denuncian que el Alcalde debe dar la cara y responder a la solicitud cursada por Huermur para el ingreso en el Consejo, ya que solo desde la pluralidad y la participación se puede construir un mejor municipio, y la asociación Huermur precisamente trabaja en ello, en defensa del Medio Ambiente, el patrimonio, la Huerta y el paisaje de todos los murcianos y murcianas.
Fruto de este trabajo, la asociación Huermur ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, ha participado en el I Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en España; organizado por la Universidad Miguel Hernández con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO entre otros, su participación en el proyecto europeo NATURBA celebrado en los años 2009-2012, y donde esta Asociación logró que sus propuestas referentes a la Huerta de Murcia y su medio natural fueran incluidas en las conclusiones de este proyecto realizado por la Comunidad Europea y en parte por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y donde participó también el Ayuntamiento de Murcia.
Igualmente ha participado en el 7º y 8º Congreso Internacional de Molinología, organizados por la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos ACEM, por la Universidad de Salamanca, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, entre otros, realizados en Zamora y Tui en 2009 y 2011 respectivamente, y donde Huermur representó a la red de regadío tradicional de la huerta de Murcia, su ecosistema natural y su patrimonio histórico. Además de participar en la organización y realización del 9º Congreso Internacional de Molinología celebrado en la ciudad de Murcia.
A lo que se le suma diversas publicaciones en revistas medio ambientales de ámbito nacional, convenios y colaboraciones con diversas universidades de España. Además de ser una Asociación galardonada con diversos premios entre los que figuran el Premio Etnomurcia 2009 por el impulso y la recuperación del patrimonio etnológico de la Huerta de Murcia, y el premio 2015 al reconocimiento especial de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia en la labor de defensa, conservación, recuperación y difusión de los valores medio ambientales de Murcia.
La Asociación Huermur además ha llevado el nombre y el patrimonio de Murcia por todo el territorio nacional, con ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales de patrimonio, paisaje y de participación, también fue seleccionada para exponer su labor en jornadas del IPCE del Ministerio de Cultura, y ha remitido varios informes a la UNESCO y a Hispania Nostra sobre el estado del patrimonio, la Huerta de Murcia y su Medio Ambiente.
Los estudios, informes y solicitudes realizados por Huermur también han servido para la protección de importantes elementos del patrimonio de la Huerta de Murcia, como el Jardín de Floridablanca, el Puente Viejo, o el entorno de protección del Santuario de la Fuensanta en Murcia, como Bienes de Interés Cultural, y de elementos etnográficos y arquitectónicos como elementos catalogados e inventariados.
Desde Huermur esperan que finalmente el alcalde Ballesta rectifique, acepte la solicitud cursada hace más de un año, y reconozca la labor de la Asociación Huermur en defensa de la Huerta de Murcia y su patrimonio cultural y medio ambiental. Así mismo esperan que el Defensor del Pueblo logre que la Alcaldía entre en razón y decrete el ingreso de Huermur en el Consejo, para velar así por la protección del Medio Ambiente y el patrimonio de Murcia.

La Audiencia de Madrid revoca una condena al especulador murciano Trinitario Casanova


MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia condenatoria que existía contra Trinitario Casanova Abadía, por el caso Banco Popular, dejándola sin efecto, según indicó a través de un comunicado Baraka, el grupo que preside el empresario y especulador murciano.

Casanova había sido condenado a un año de prisión, por la magistrada del juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, Beatriz Prestel, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.
El fallo, que ahora queda anulado, inhabilitaba al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena. En la sentencia, Prestel estimaba las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochaba a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008.
En concreto, explicaba entonces el fiscal en su escrito de acusación, Casanova llevó a cabo "artimañas informativas, administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio.
Según se desprendió entonces de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.
Ante la tendencia a la baja, el ahora absuelto, lanzó el rumor al diario 'Negocio' de que un grupo de empresarios, entre ellos el magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del Banco Popular.
En aquel momento, Casanova cargó contra el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra Casanova. 
Según la versión del ahora absuelto, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.
El Tribunal estimó así entonces que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones.

Los ingenieros de Telecomunicación por la UPCT tienen una empleabilidad del 96%

CARTAGENA.- El índice de empleabilidad de los ingenieros de Telecomunicación ronda el 96%, y el paro en ese sector es de solo del 7,5%, según los datos ofrecidos este miércoles por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con motivo de la celebración de su décimo quinto Telecofórum.

Así lo indicaron este miércoles el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la universidad cartagenera, Juan Ángel Pastor, y el director general de Universidades de la comunidad autónoma, Juan Monzó, durante esas jornadas sobre esta rama de la ingeniería.
Según explicó, la inserción laboral de los nuevos graduados en Telecomunicaciones es "altísima" y las expectativas "son estupendas" para estos profesionales, tanto a nivel regional como estatal, ya que actualmente "la situación en la profesión es brillante y estos ingenieros tienen una perspectiva que no imaginábamos hace años".
Además, ambos representantes señalaron que la tendencia en el futuro continuará al alza, gracias que la sociedad está viviendo "de lleno una cuarta revolución industrial" en la que las telecomunicaciones pasaron de centrarse en internet y los radares para extenderse al denominado "internet de la cosas".
Eso ha motivado que todas las empresas, sean del ámbito que sean, necesiten los servicios de los ingenieros de telecomunicación.
De hecho, según detalló Pastor faltan estudiantes para poder llenar todas las plazas disponibles para hacer prácticas empresariales.
Pastor ha recordado que las empresas demandan especialmente de estos estudiantes y titulados competencias "transversales" además de técnicas, y "cada vez se valora más que el ingeniero tenga capacidad de liderazgo, competencias comunicativas y un buen nivel de inglés", entre otros aspectos.

La comisión de investigación en la Asamblea analizará la gestión del SMS desde 2006

CARTAGENA.- La Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud (SMS) en la Asamblea Regional decidió este miércoles que analizará la gestión de este organismo de la Comunidad Autónoma desde el año 2006 dividiendo el trabajo en bloques, entre ellos, concertación de servicios, recursos humanos, nóminas y diferencias por áreas de salud.

El presidente de la comisión y diputado socialista, Emilio Ivars, afirmó a la salida de la reunión que los cuatro grupos acordaron remitirse a los informes de fiscalización del SMS que ha hecho el Tribunal de Cuentas en los últimos 10 años, que servirán para establecer un guión de trabajo dividido en secciones.
Debido a la ingente información que van a manejar los nueve diputados de este órgano, Ivars valoró que el funcionamiento de la comisión pivote sobre bloques, abriendo y cerrando un tema de investigación antes de abordar el siguiente.
Tras admitir que el trabajo de los diputados se alargará hasta 2019, si bien mostró sus dudas de que todos los bloques que se determinen en reuniones posteriores puedan abordarse antes de que acabe la legislatura.
"Es imposible abarcarlo todo", apostilló el presidente de la comisión antes de anunciar que solicitaron a la Junta de Portavoces que ordenen que las comparecencias sean a puerta abierta.
El siguiente encuentro ha sido programado para dentro de 15 días con el propósito de que los grupos analicen los informes del Tribunal de Cuentas y presenten sus propuestas de bloques de investigación.
Por su parte, la diputada de Podemos María Ángeles García criticó el "arranque tibio" de la comisión, puesto que, en su opinión, los diputados deberían haber analizado ya la documentación pública de los distintos órganos fiscalizadores, como el Tribunal de Cuentas, para haber empezado ya a trabajar "con ahínco y con detalle" desde la reunión celebrada este miércoles.
García ha pedido que la comisión determine las medidas que deben acabar con la "sangría" y el "agujero negro" del SMS, que acumula un déficit anual que ha cifrado en 400 millones de euros, para lo cual ha considerado primordial saber cómo es la gestión económico-financiera de este órgano.
Desde las filas de Ciudadanos, Juan José Molina incidió en que el propósito de esta comisión no es investigar al personal del SMS que realiza una "gran labor", sino la "gestión discutible" de este ente regional, que puede ir "a la quiebra" debido a que se basa en un "modelo insostenible".
Finalmente, el diputado del PP Domingo Coronado, tras mostrar su apoyo a la creación de esta comisión, la consideró innecesaria porque el SMS está "totalmente controlado" por distintos órganos fiscalizadores, tanto internos como externos y por "técnicos que saben más que los diputados".
Para Coronado, que también defendió la tarea de los 20.000 trabajadores del SMS, el principal problema de la sanidad regional es el déficit que sufre cada año por la infrafinanciación del Estado, de la que culpó a los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE.
La comisión de investigación del SMS es la cuarta que se pone en marcha en la Asamblea Regional esta legislatura, tras la ya concluida de la desaladora de Escombreras, la del Auditorio de Puerto Lumbreras y la del aeropuerto de Corvera, mientras que está a la espera de constituirse la que abordará los contratos y subvenciones de la Comunidad Autónoma.

El juez Velasco abandonará en trece días la investigación de la 'Púnica'


MADRID.- El juez Eloy Velasco abandonará en trece días la investigación de la 'Púnica' ya que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ha designado, junto al magistrado Enrique López, para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que empezará a funcionar el próximo 1 de junio.

Ambos habían solicitado el ascenso junto a una veintena de magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano. 

La designación obligará a Velasco a abandonar el Juzgado Central de Instrucción nº 6 y con ello la investigación de las causas Lezo y Púnica que aún están lejos de concluir y que afectan a corrupción cometida por cargos del PP.

El TSJ no admite un recurso que pedía la anulación de 11 planes urbanísticos parciales en Murcia

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia no ha admitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción, que reclamaron la anulación de once planes parciales aprobados por el ayuntamiento de esta capital y que afectaban a terrenos protegidos.

Entre los promotores de esos planes, según se recoge en la sentencia, se encontraban las empresas Resort Tres Molinos, Venalcampo Golf y Promociones y Construcciones Zapata.
Como solicitud principal, Ecologistas en Acción pidieron al TSJ que declarara la nulidad radical de esos planes, y, de forma subsidiaria, que se condenara al Ayuntamiento de Murcia a iniciar la revisión de oficio y declarar la nulidad de sus actos.
La organización demandante expuso que a los planes combatidos se había adscrito suelo con protección específica, al estar ubicado dentro de Lugares de Interés Comunitario (LIC), Parque Regional o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como sistemas generales y generadores de aprovechamiento urbanístico.
Para los recurrentes, lo expuesto no tenía amparo en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia ni en el texto refundido de la Ley del Suelo, "constituyendo una causa de nulidad determinante del inicio del procedimiento de revisión de oficio".
En cuanto a la petición principal, la Sala dice que la misma no puede admitirse porque se ha producido una desviación procesal, ya que en la vía administrativa lo que se solicitó fue que se iniciara el procedimiento de revisión, mientras que en la vía contenciosa se ha reclamado es la declaración de nulidad radical y absoluta.
En cuanto a la solicitud planteada de manera subsidiaria, el TSJ señala que tampoco puede ser estimada, ya que los planes generales tienen la consideración de disposiciones de naturaleza reglamentaria, lo que veda su impugnación a los particulares.

Rosa Peñalver vuelve a colgar en la Asamblea la bandera arco iris de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales


CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Lesfobia, Bifobia y Transfobia, con la instalación de la bandera arco iris, que lució por primera vez en su historia hace un año con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, según informaron fuentes del parlamento autonómico en un comunicado.

"Este 17 de mayo queremos mostrar el apoyo de la institución al colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, avanzar con ellos en el camino de la igualdad social y la normalización de las distintas opciones de orientación sexual y de género", según explicó la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver.
"Hoy más que nunca estamos con ellos para visibilizar al colectivo y exigir al resto de la sociedad la erradicación de cualquier tipo de discriminación por estas razones", añadió Peñalver.
Cabe destacar, que este reconocimiento y apoyo institucional está recogido en el artículo 6 de la Ley de Igualdad Social de LGTBI y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, aprobada por unanimidad el 19 de mayo, una de las normativas en igualdad más avanzadas de toda España.

Cinco alumnas de la UMU consiguen Premios Nacionales de Fin de Carrera

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) obtuvo cinco galardones en la última convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, la correspondiente a quienes finalizaron sus estudios en el curso académico 2012-2013.

Los estudiantes de la UMU lograron un primer premio en la titulación de Pedagogía; dos segundos premios en Biología y en Filología Clásica y dos terceros en las carreras de Filología Francesa y de Lengua y Literatura Españolas.
Las galardonadas son Cecilia María Azorín Abellán (primer premio, licenciada en Pedagogía), Nkiru Carmen Onwuasoanya Martínez (segundo premio, graduada en Biología), Jessica Navarro Diana (segundo premio, licenciada en Filología Clásica), Mari Carmen Izquierdo Gutiérrez (tercer premio, licenciada en Filología Francesa) y Carmen María López López (tercer premio, graduada en Lengua y Literatura Españolas).

La Plataforma '2 es+' volverá a explicar en la Asamblea su propuesta de crear otra provincia en la Región

CARTAGENA.- La Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía recibirá a los miembros de la Plataforma '2 es +', para que su directiva explique las ventajas de que el texto que se está modificando incorpore medidas para crear la provincia de Cartagena. 

Así lo anunció la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, quien detalló que la comisión se reunirá la próxima semana para decidir la fecha del encuentro con este colectivo, que ya fue recibida previamente por los grupos parlamentarios.
Peñalver aseguró que la propuesta partió del PSOE regional, que recogió la petición del grupo municipal Socialista en Cartagena para que los miembros de la plataforma fueran escuchados. 
Esta iniciativa fue una de las condiciones exigidas hace dos años por Movimiento Ciudadano (MC) para la confección de la coalición de gobierno.
La presidenta de la Cámara valoró positivamente la participación de los distintos colectivos que quieren hacer sus aportaciones, puesto que una modificación del Estatuto de Autonomía «no pueden hacerla solo los parlamentarios».

La Región tiene a los médicos y enfermeros con el salario más bajo de toda España

MADRID.- Un trabajo de la consultora de recursos humanos Adecco muestra una desigualdad de entre 7.000 y 10.000 euros anuales en los salarios brutos de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en función de la comunidad autónoma, de modo que los médicos y personal de Enfermería de la Región de Murcia son los que presentan los sueldos más bajos. Mientras, los profesionales sanitarios del País Vasco y Canarias son los que tienen los sueldos más altos.

Así se desprende de los resultados del informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de empleo de España', que también augura para este año un aumento del 40% en las ofertas de empleo en el sector sanitario, con respecto al año anterior.
En lo que respecta al salario de los profesionales, las retribuciones más altas son para los médicos especialistas, que perciben unos 45.970 euros brutos de media, seguida de los licenciados en Medicina, que ganan 31.480 euros de media. Por detrás de ellos están los enfermeros especialistas o generalistas, con 24.810 y 21.000 euros brutos anuales respectivamente.
Sin embargo, el informe muestra diferencias en función de la zona geográfica donde se busque trabajo, ya que los sueldos medios más altos son los de los médicos especialistas de País Vasco, con 54.148 euros brutos anuales, seguidos de Canarias (53.720), Baleares (52.383), Cataluña (49.081) y Navarra (47.439). En cambio, los de Andalucía (42.734), Extremadura (41.957) y Murcia (40.911) son los que menos cobran.
Lo mismo sucede con los licenciados en Medicina sin especialidad, donde País Vasco es la región con mejores salarios, unos 37.631 euros brutos anuales, muy por delante de Navarra (32.968), Canarias (32.794), Baleares (31.865), Comunidad Valenciana (31.722) y Castilla-La Mancha (31.602). En el resto de comunidades el sueldo medio está en unos 30.000 euros anuales.
En cuanto al personal de Enfermería, las especialistas de País Vasco son las que tienen un sueldo más alto, con 29.219 euros brutos anuales, seguidos de Canarias (28.989), Baleares (28.267), Cataluña (26.250), Navarra (25.599) y Castilla-La Mancha (24.538). La que menos paga es nuevamente Murcia, con 22.095 euros.
El informe destaca el caso de Cataluña y la Comunidad de Madrid, cuyas retribuciones suelen superar la media nacional en la mayoría de sectores pero que en el sector sanitario ocupan la parte baja de la tabla, debido a "un exceso de oferta de perfiles sanitarios en ambas regiones".

Necesidad de profesionales
Por otro lado, el informe apunta a un aumento de las ofertas profesionales fruto de la reversión de las concesionarias, las adquisiciones entre grupos hospitalarios privados y el emergente turismo sanitario español, y apunta que los perfiles que más se demandarán en 2017 corresponden a médicos especialistas, odontólogos y enfermeros.
Dentro de los médicos, las competencias de comunicación y orientación a la calidad y al paciente son las preferidas por las instituciones (grupos hospitalarios, clínicas, mutuas de trabajo y geriátricos), mientras que los ginecólogos expertos en reproducción asistida, anestesistas y médicos del trabajo están dentro de los más requeridos a nivel nacional.
Asimismo, los médicos especialistas vía MIR se encuentran en déficit debido a la escasez de plazas en determinadas especialidades por la 'explosión' de la sanidad privada y las aseguradoras, lo que "ha supuesto la apertura de múltiples centros como clínicas dentales o clínicas de reproducción asistida".
En cuanto a los odontólogos, se buscan profesionales con más de dos años de experiencia y máster en las diferentes especialidades, fruto de la lucha por el mercado de los las empresas franquiciadas y marquistas, aseguradoras y clínicas privadas puras.
"Las aseguradoras están llevando a cabo una estrategia de expansión en la búsqueda de sinergias de servicios de salud para todos sus asegurados en otras divisiones. Aunque el número de odontólogos en proporción a la población es elevado y las tasas de especialización son cada vez mayores, determinadas especialidades tales como ortodoncia y odontopediatría son difíciles de encontrar en determinadas localidades", relata el informe.
La directora de Servicio de Adecco Healthcare, Esther Charro, reconoce que "las competencias de comunicación, impacto e influencia y la orientación a la calidad y a los resultados son sin duda las habilidades estrella, siempre unidas a un alineamiento con la cultura de la institución".
Y debido al empuje del turismo sanitario, los perfiles con conocimientos de al menos tres idiomas a nivel avanzado bilingüe también serán altamente buscados en determinadas zonas geográficas.

El aeropuerto de San Javier cumple 50 años abierto al tráfico civil


SAN JAVIER.- El 17 de mayo de 1967 se dieron por concluidas las obras necesarias para la apertura al tráfico comercial del aeropuerto de Murcia-San Javier, con lo que este miércoles celebra su 50 aniversario.

Según informaron fuentes de Aena, en ese año se realizaron actuaciones partiendo de las instalaciones ya existentes de la Base Aérea de San Javier, que se centraron en el área de maniobras y en la ampliación de la longitud de la pista hasta los 2.300 metros.
Además, se procedió a la restauración y acondicionamiento de la calle de rodadura paralela a la pista y se realizaron las obras del estacionamiento de aeronaves, el edificio terminal y una vía de acceso desde la carretera de Santiago de la Ribera a Los Alcázares.
Al año siguiente, el 1 de noviembre de 1968, el aeropuerto de Murcia-San Javier recibía su primer vuelo regular procedente de Madrid, operado por la compañía Iberia.

La corrupción hunde la marca del PP en toda España y le arrebata 1,64 millones de votos

MADRID.- El Partido Popular se está desmoronando por los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos y en unas elecciones generales anticipadas se desplomaría en las urnas: perdería 24 escaños y a uno de cada cinco de sus votantes, según el último análisis de las encuestas elaborado para 'Público' por Jaime Miquel y Asociados.

El blindaje electoral del PP frente a la corrupción se está resquebrajando. Sus votantes huyen en masa hacia su marca blanca (Ciudadanos) o se convierten en un inmenso granero de nuevos abstencionistas, hasta socavar por primera vez el búnker de escaños que le garantizaba el desproporcionado sistema electoral español: si hoy se celebrasen elecciones generales anticipadas, el Partido Popular quedaría a tanta distancia de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que ninguna suma de posibles aliados le permitiría gobernar, a pesar de que el número de escaños de C's se dispararía. 
Al mismo tiempo, esa gigantesca sangría de votantes conservadores desencantados hacia el estanque de la abstención provocaría la participación electoral más baja en casi 40 años: sólo un 68,3% del censo acudiría a las urnas, según las estimaciones del desk research del Observatorio Continuo que elabora el gabinete demoscópico Jaime Miquel y Asociados (JM&A) para Público, evaluando y ponderando las principales encuestas electorales de las últimas semanas.
Que este hundimiento del gran partido conservador se debe a los continuos escándalos de corrupción que implican a sus dirigentes más emblemáticos queda patente en que la otra formación política que se desplomaría sería la antigua Convergència –hoy renombrada Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat)–, también inmersa en numerosos escándalos de corrupción.
La pérdida por el PP de 1,64 millones de votos equivale a la fuga de más de uno de cada cinco de los que le expresaron su apoyo en las urnas en la última consulta electoral para el Congreso. Eso, en votos válidos equivale a una pérdida del 20,8% de sus votantes en sólo diez meses de legislatura, algo sin precedentes.
Aunque las cifras absolutas de los daños que sufriría el PDECat –unos 65.000 votos menos, con una caída de dos décimas porcentuales sobre los votos válidos, y una pérdida de dos escaños– parecen moderadas, en realidad suponen un durísimo varapalo de los catalanes al partido que ha gobernado Catalunya durante 27 de los últimos 37 años: casi el 14% de los votantes que le restaban le darían la espalda, cuando su base electoral ya se había reducido a menos de la mitad en las elecciones generales de estos seis años pasados.
Esos batacazos de partidos conservadores tambaleantes por su corrupción interna acaban beneficiando a los partidos emergentes. En el caso del PP, el trasvase de casi 600.000 de sus seguidores hacia Ciudadanos –según las estimaciones de transferencias de votos, pues no toda la ganancia de C's se debe a votantes populares– hace despegar definitivamente a la formación de Albert Rivera, que gana 21 de los 24 escaños perdidos por los populares y supera el listón del medio centenar de diputados.
En cuanto a Unidos Podemos, consolida y refuerza su posición en el Congreso, donde gana otros tres puestos hasta sumar 74 diputados con sus confluencias.
El PSOE, por su parte, logra mantener su nivel de apoyo total: su porcentaje de votos válidos se mantiene idéntico, pero aumenta su representación parlamentaria en dos escaños. Eso se debe al reparto territorial de los escaños.
Por comunidades, el Partido Popular se descalabra en Andalucía (donde pierde 5 escaños), Madrid, Catalunya y las dos Castillas (donde pierde 3 en cada una) y Valencia, Galicia y Aragón (con 2 menos en cada una). También cae un escaño en Extremadura. Es decir, su desplome está bien repartido por la geografía española.
El PSOE obtiene ganancias –siempre a la espera del resultado de sus primarias internas, claro– en Catalunya (+2), Valencia y Andalucía (+1 en cada una), y pierde un escaño en Galicia y otro en Aragón.
Pero donde se ve el fenómeno más importante de esta evolución electoral es en el ascenso de Ciudadanos, casi siempre a costa del PP: gana 4 congresistas en Castilla-La Mancha; 3 en Madrid y otros tantos en Castilla y León y en Andalucía; 2 en Catalunya y en Galicia, y uno en Valencia, Aragón, Extremadura y La Rioja. Sólo en esta última es a costa de Unidos Podemos, igual que uno de los 4 diputados que gana en la comunidad castellano-manchega.
Finalmente, Unidos Podemos sube dos escaños en Aragón y uno en Andalucía, Galicia y Valencia. En Catalunya no varía su cuota en el Congreso de los Diputados, pero vuelve a ganar claramente, con 12 parlamentarios, frente a los 10 de ERC y los 9 del PSC.
El descalabro del PP es especialmente vistoso en Andalucía, donde pierde la mayoría de diputados al Congreso y queda tres escaños por detrás del PSOE-A.
No obstante, donde sí se aprecia muy claramente el fin de una era bipartidista es entre la juventud: de los 386.000 jóvenes que han cumplido los 18 años desde la última cita con las urnas –y, por tanto, podrían votar por primera vez–, uno de cada tres se abstendría, pero el reparto de los otros dos tercios es muy revelador. Mientras un 20% de esos novatos se decantarían por Unidos Podemos, y otro 16% apoyaría a Ciudadanos, el porcentaje de los que expresan sus preferencias por alguno de los dos grandes es exiguo: un 12% por el PP y ¡sólo un 8%! por el PSOE.

El voto en falso del PP / Ángel Montiel *

Era previsible. El Grupo Parlamentario del PP votó a favor de la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos porque, al final de todo, en esto quedó el pliego de condiciones de C's para justificar su particular ´abstención técnica´, con la que facilitó la continuidad del Gobierno de los populares con otro presidente, distinto al que había pactado esto mismo y una cincuentena más de puntos al inicio de la legislatura. 

Con la misma temeridad que entonces, el PP se sumó a esta propuesta de C's, encaminada a hacer dimitir de su cargo de diputado regional a PAS. Una nueva patada hacia adelante, pues la supresión de los aforamientos exige la reforma del Estatuto de Autonomía, ley orgánica que debe ser refrendada por las Cortes. Y ahí estamos.

Las primeras noticias capitalinas sobre el refrendo de esa decisión de la Asamblea murciana son (ya digo que previsibles) que el PP se opondrá a dar el visto bueno a la reforma propuesta por la mayoría absoluta del arco parlamentario murciano, tan absoluta que no contiene ni un solo voto en contra. El PP, en Madrid, pretende negociar con C's la validación de esta reforma sobre los aforamientos en Murcia, exigiéndole que traslade a las Cortes el mismo modelo para Andalucía, comunidad en la que el partido naranja también sostiene al Gobierno, socialista en este caso. 

De esto no se habló en Murcia cuando el PP decidió entregar todos su votos, incluido el del propio PAS, para liquidar el privilegio de que los diputados dispongan de una instancia superior en la Justicia a la común de los mortales, sea cual sea el motivo de la imputación por la que se vean afectados. 

En esta tesitura va a ser interesante constatar la actitud del PP en la Región. Si Rajoy se opone a refrendar una reforma estatutaria que viene avalada por su partido en Murcia, los populares de aquí debieran expresar su protesta con la misma energía que se supone que pondrían para denunciar un ninguneo similar en el caso de que en la Moncloa habitara un presidente de cualquier otro partido. En teoría, el PP no debería permitir que el Gobierno central tumbara una reforma del Estatuto murciano avalada con su voto. 

El presidente López Miras, el votante PAS y el resto de ese Grupo Parlamentario debieran ponerse en vanguardia de una reivindicación que han avalado sus 22 diputados soberanos. Y es que si no se muestran activos para convencer a Rajoy de que convalide el mandato de la Asamblea tendremos que pensar que el PP murciano vota en falso, es decir, lo hace a sabiendas de que lo que aprueba será después suspendido por su propio partido en la instancia política superior. 

Tendríamos que concluir entonces que el PP no cree en lo que vota o lo hace obligado por sus intereses circunstanciales al margen de las propias convicciones que difunde como opción política. Y eso sería enormemente grave. Tan grave como permitir que en Madrid le revoquen una decisión parlamentaria en la que cuantitativamente tiene más peso que el conjunto de la oposición. 

López Miras, pues, debería plantarse ante Rajoy para que se dé prisa en la supresión de los aforamientos. El je, je póngalo usted, amable lector.


(*) Columnista


La marcha del juez Velasco, mala noticia para la Justicia / José Oneto *

Alegría contenida en el Gobierno; respiro en la Fiscalía General del Estado,  y sobre todo,  en la Fiscalía Anticorrupción de Manuel Moix, cuyo cese, junto con el de Maza,  han pedido casi la totalidad de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, que además, ha terminado por reprobar al ministro de Justicia Rafael Catalá… Todo ese clima, es el que este miércoles, se podía palpar de la salida, dentro de dos semanas, del Juzgado Central  número 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Eloy Velasco.

Velasco, antiguo director general de Justicia de la Generalitat valenciana durante la Presidencia de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps, es el magistrado que  más odia el Gobierno, y está investigando los dos grandes casos de corrupción del PP en Madrid: el ”caso de la Púnica” y el “caso Lezo”, dos de los mayores casos de corrupción en el gobierno madrileño en el que hay de todo: organización de banda criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos,  blanqueo de capitales, fraude, falsificación de documentos,  financiación ilegal del partido en el poder, corrupción en los negocios y un largo etcétera.

Especialmente grave y escandaloso, es el caso que ha sido bautizado como “Operación Lezo”, que cada día que pasa, tiene repercusiones más sorprendentes e inesperadas, en casi un centenar de posibles implicados,  teniendo en cuenta que siguen las investigaciones y las sospechas de personajes que durante muchos  años han estado a la sombra de Aguirre, González y Granados. Por otra parte, la aparición en las grabaciones de personalidades sorprendentes, con mucho poder, con mucha capacidad de influencia y con muchas posibilidades de desviar, a través de muchos vericuetos, el camino de las investigaciones, y de los investigados, dan al caso un morbo especial.

Por eso, la marcha el día 1 de Junio del juez Velasco del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (un Juzgado en el que estaba destinado Manuel García Castellón)  para pasar a ser miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, elegido junto con Enrique López, por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha producido tanta alegría en muchos, aunque, de hecho,  puede complicar y mucho, los dos principales casos de corrupción que se siguen investigando.

Hay que recordar que hace solo unos días, en una entrevista concedida a Carlos Segovia en El Mundo, Velasco anunciaba que había pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. “No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso”, matizaba añadiendo que no había nada imprescindible cuando le preguntaban por lo que suponía dejar casos importantes empantanados.

“Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor. Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo lo grande como podrían ser”. En el fondo, insinuaba que había pedido un cambio de destino por falta de medios en su Juzgado. Aunque su paso por la Sala de Apelaciones es un paso importante para llegar a Magistrado del Supremo, una de sus legítimas aspiraciones profesionales.


(*) Periodista y economista


Ojo con la trituradora anti corrupción / Melchor Miralles *

Asistimos a un vendaval de investigaciones judiciales sobre casos de corrupción. Afectan al PP en diferentes Comunidades, al PSOE en Andalucía, a los convergentes y colegas en Cataluña. Lo que viene siendo a los que gobiernan. Es un tsunami, porque durante años ha habido barra libre, y se lo han llevado crudo a braga quitada, que escribiría Umbral, no ha habido pudor, han sido impúdicos e insaciables, y el personal se ha cansado, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Justicia se han puesto manos a la obra, y esto es un no parar, un sin vivir.

Está bien que policías, guardias civiles, jueces y fiscales sean implacables. Pero ojito que la cosa se va a veces de madre, y en un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos los ciudadanos, sin excepción, al margen de que hayan podido cometer delitos horribles, tienen derecho a un juicio justo, lo cual conlleva una investigación previa atinada. Y aquí, como en otros sitios, a veces se le da carácter de hecho probado a informes policiales porque sí, y las FCSE se pueden equivocar, y se equivocan, como nos sucede a todos, y entre ellos, como en todos los oficios, también hay corruptos, y negligentes al servicio de intereses inconfesables.

El último episodio, la investigación o imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la inmediata reacción del órgano jurisdiccional competente aclarando que no hay imputación alguna y que solo existe un informe de la Guardia Civil que no contiene suficientes elementos inculpatorios es una advertencia más para todos respecto al cuidado que hay que llevar en este terreno. En las horas que pasaron desde que se hizo público el informe de la UCO hasta que el juez advirtió que no había pruebas para abrir una investigación contra la presidenta madrileña se puso en marcha el ventilador y el personal, político y civil, se lanzó a degüello. No me habría gustado estar en su pellejo.

Cuesta un minuto destrozar una reputación y puede que no de una vida para restituirla. Y no es solo Cristina Cifuentes, hay más casos, en estos asuntos de corrupción a mansalva y en muchos otros. Y las FCSE y la Justicia no pueden envolverse en la causa necesaria de la lucha contra la corrupción para convertirse en una trituradora indiscriminada y que valga todo. Es esencial respetar las normas del Estado de Derecho.

No hay duda de que el PP ha hecho muy mal las cosas, y hay un cúmulo de pruebas que acreditan que se ha financiado al margen de la ley, y que muchos dirigentes del partido han actuado de modo inaceptable y se han enriquecido y han posibilitado el enriquecimiento de los amiguetes, a costa en buena medida de dinero del erario, o sea, de todos. Como hay pruebas respecto al PSOE con los ERE en Andalucía y respecto a los convergentes y el 3% o mucho más en Cataluña. Pero ello no justifica la barra libre, la trituradora a destajo.


(*) Periodista


Atraco perfecto a la Comunidad de Madrid / Pablo Sebastián *

Hay que reconocer que lo de Valencia en tiempos de Camps y Barberá no estuvo nada mal pero lo ocurrido bajo la presidencia de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Comunidad de Madrid ha sido el atraco perfecto, una obra de arte de la delincuencia organizada contra bienes públicos. Una parte en beneficio de las fraudulentas campañas electorales del PP de Madrid pero la parte del león, o de las insaciables ranas de la ciénaga madrileña, para los bolsillos de los jefes de la banda, sus compinches y allegados de todo tipo y calaña.

No han dejado títere con cabeza ni palo del flamenco sin tocar en este gran butrón que comenzó con el Tamayazo -la compra de dos diputados para que Aguirre llegara en calesa a la Puerta del Sol- y que se extendió por todos los campos de la gestión del gobierno autónomo, empresas públicas y pueblos madrileños.

Y conste que las operaciones Lezo, Púnica y Gürtel son solo parte de un todo completo que se esconde en los concursos públicos que duermen reflejados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (el BOCAM) bajo cuyas alfombras figuran las empresas concesionarias de contratos públicos de los últimos años en los que se hicieron trampas y pagaron comisiones a los políticos corruptos e intermediarios encartados, a los que écheles usted ahora un galgo.

Mucho ha ido saliendo. Desde el Canal de Isabel II, buque insignia de la flota de fantasmales empresas latinoamericanas pagadas a precio del oro, hasta Bankia (con la inestimable ayuda de los Blesa y Rato), Telemadrid, la Plaza de Toros de las Ventas, el Palacio de Deportes con sillas y videomarcadores (y lo que habrá caído a los amplios bolsillos de los estadios de Bernabéu y Manzanares) y empresas como Arpegio, Avalmadrid, etcétera, etcétera.

Y luego las obras públicas del famoso tren de Navalcarnero que nunca llegó a su destino y las obras del Metro, autovías, carreteras comarcales, tranvías locales, pisos de protección oficial, terrenos públicos y servicios de Sanidad, Educación, limpieza, seguridad y otro gran etcétera, en el que hay que incluir licencias y dineros a los medios de comunicación que estaban al servicio de Aguirre, sus andanzas y empeño en derribar a Mariano Rajoy del liderazgo del PP nacional.

Porque, por simplificar, lo de Bankia les parecía poco y ellos querían tocar poder nacional para ir a por el Banco de España, y puede que más adelante y sin complejos a por la Reserva Federal de los EE.UU., el banco central USA con sede en Fort Nox. De ahí que guionistas de Hollywood deberían estudiar una producción titulada ‘De Madrid al Cielo’ si es que Almodóvar y Segura no se atreven a plantearse una coproducción o una serie televisiva de los Soprano de Madrid.

Y ella, la lideresa liberal Esperanza Aguirre nunca supo nada del Tamayazo ni de las aventuras de González, Granados, López Viejo y demás artistas de su gobierno y partido en esta extraordinaria función del ladroneo regional.

Y si la ‘pobre’ Aguirre no sabía nada de la bacanal que se celebraba a su alrededor pues imagínense el hoy asombrado Mariano Rajoy quien puede que conociera el Tamayazo desde su entonces despacho de vicepresidente del Gobierno de Aznar. Como en 2007 fue informado del asalto al tren de Navalcarnero en un tiempo en el que se le oyó decir: ‘todo lo que usted me cuente de Ignacio González me va a parecer poco’.

Y así fue y así les va a todos ellos mientras decenas de ranas de la ciénaga de Aguirre, como si de una plaga bíblica se tratara, inundan los medios y la vida política nacional y se enseñorean en el Congreso de los Diputados donde le cantan coplas de ciego a los ministros de Justicia e Interior, Zoido y Catalá, que tan contentos están.


(*) Periodista


Los réprobos / Ramón Cotarelo *

Lo que le faltaba al gobierno y a su partido es juntar a las partidas de corruptos, delincuentes y presuntos delincuentes, incompetentes y meapilas, ahora una de réprobos. Y ya la tiene: un ministro, un fiscal general y uno anticorrupción reprobados por todo el Parlamento a excepción, claro, de ellos mismos. 
 
La reprobación es una figura política, moral, carece de efectos jurídicos y los réprobos conservan sus cargos porque cumplen el requisito legal esencial de contar con la confianza de su superior. Enseguida se ha formado la jerarquía del mando: el anticorrupción cuenta con la confianza del general, que cuenta con la del ministro, que tiene la de Rajoy. Y Rajoy cuenta con la confianza ¿de quién? Curiosamente de ese mismo Parlamento que ahora reprueba a su ministro (y sus subalternos) y que, si quiere ser coherente consigo mismo, tendrá que reprobar también al propio Rajoy.

En esa reprobación se encuentra la izquierda. Si gana las primarias Sánchez, el PSOE parlamentario pasará a pedir la dimisión, o sea, la reprobación de Rajoy. Esa reprobación, votada por toda la oposición menos C's se impondría y Rajoy no tendría más salida que dimitir o convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esto no sería así si ganara las primarias Susana Díaz o si, perdiéndolas, el grupo parlamentario socialista se rompiera con una cantidad de diputados negándose a la moción de censura; y según cuántos fueran. Si esto sucediera, pasar a la moción de censura tendría un valor político y simbólico, pero tampoco jurídico, al no alcanzar la mayoría absoluta.

La izquierda no puede seguir cediendo terreno porque, al final, aquí se reimplanta un régimen autoritario. Gobierna el país un político bajo sospecha que lo gobernó casi autocráticamente con mayoría absoluta en la Xª legislatura, que se negó a someterse al control parlamentario durante el año que estuvo en funciones y ahora sostiene que le asiste un poder de veto sobre la legislación del Parlamento que, a su juicio, altere el presupuesto. 
 
Como es patente, a un gobierno así le parece anecdótico tener un ministro y dos fiscales superiores reprobados por el Parlamento. La idea de la responsabilidad política para la derecha es como la del maligno. Aquí no dimite nadie que se haya calzado un puesto de poder desde el que manipular, favorecer los intereses del grupo, enriquecerse, hacer sus chanchullos, porque entonces padece la seguridad jurídica de la empresa. La empresa de un partido político, presunta asociación de malhechores, que se ha infiltrado en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus ilícitos fines.

El contenido de las grabaciones de Ignacio González, figura de comic, en las que reconoce que algún día lo trincarán con una flema casi estoica revelan el espíritu de esta mafia: la responsabilidad política es una quimera; solo se dimite cuando te llevan ya esposado. Cosa difícil porque en este reino del hampa, los fiscales están para proteger a los delincuentes e impedir que se los procese; los abogados del Estado para defenderlos contra ese mismo Estado y los jueces para hacer y decir lo que interesa a los que mandan, quienes han llegado a mandar por robar y para robar.

La única posibilidad de que los réprobos comprendan que una justicia de réprobos solo puede ser reprobable es apelar a su conciencia. Un ministro de Justicia no puede mandar un mensaje privado de ánimo a un presunto delincuente. Un fiscal no puede tomar decisiones que se revelen como entorpecedoras de la recta justicia. O ¿sí, pueden? Eso depende de su conciencia, y cuando esta es tan ancha para sí misma como estrecha para sus adversarios, en verdad, no cabe contar con ella.

Un gobierno compuesto por ministros cuestionados o reprobados y un presidente bajo sospecha, ¿con qué autoridad se enfrenta y trata de resolver el conflicto catalán? Y todavía peor si quien ha de enfrentarse al tramo final de la hoja de ruta independentista es ese mismo gobierno, pero en funciones. 

Esto es lo que se llama visión política. 

La de una izquierda enzarzada en su cainismo que no ha comprendido el meollo de la cuestión: la derecha va a la confrontación y la polarización porque no cree en la democracia como solución pactada de conflictos; cualquier apoyo que se le preste en ese sentido, aunque sea invocando intereses sublimes, como el de la nación (o quizá por ello) será un paso hacia la destrucción de la democracia. De esa democracia de la que depende la izquierda y que esta debiera fortalecer mediante su unidad de acción por encima de intereses y dogmas. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales / A. R. Mendizabal *


Miércoles de subasta de re­no­va­bles y de inicio de aná­lisis de ofertas por Banco Popular, que se lleva las por­tadas de la prensa eco­nó­mica, mien­tras la ge­ne­ra­lista le da todo tipo de vueltas al in­tento fre­nado por el juez de cazar a Cristina Cifuentes en la co­rrup­ción del PP ma­dri­leño, que pro­duce to­ne­ladas de ti­tu­la­res. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: el aviso del Gobierno a Atlantia de que ne­ce­sita au­to­ri­za­ción para la opa de Abertis en lo que res­pecta a au­to­pistas y a Hispasat; Euskaltel compra Telecable y se con­vierte en gi­gante del norte; el Govern ca­talán se in­clina por el 1 de oc­tubre para su re­fe­rén­dum; los can­di­datos a pri­ma­rias del PSOE si­guen su cam­paña tras la trau­má­tica ca­tarse del de­bate, y Susana pre­senta este miér­coles su pro­grama a cuatro días de ur­nas. 

Las go­teras en la pre­si­dencia de Trump au­men­tan, y cada nueva fil­tra­ción es peor que la an­te­rior. Otra noche caó­tica en EEUU sin poder res­pirar tras la re­ve­la­ción de la in­for­ma­ción clai­si­fi­cada sobre te­rro­rismo pa­sada por Trump a Rusia. The New York Times ha vuelto sobre el caso de la des­ti­tu­ción del di­rector del FBI James Comey: es­cribió un me­mo­rándum tras en­tre­vis­tarse con el pre­si­dente en fe­brero y anotó que le pidió que ce­rrara el caso del asesor de se­gu­ridad Michael Flynn que había te­nido que di­mitir por ocultar sus vínculos con el Kremlin: Espero que lo dejes es­tar’. 

Y no sólo eso: Trump le pidió tam­bién a Comey que es­tu­diara la ma­nera de en­car­celar a pe­rio­distas que pu­bli­caran in­for­ma­ción cla­si­fi­cada. Ya cir­cula con cierta sol­tura en la prensa y entre con­gre­sis­tas, y no sólo de­mó­cra­tas, la pa­labra fa­tí­dica: ‘impeachment’. Editorial en The Wall Street Journal, to­davía sobre lo de ayer: ‘La lengua suelta hunde pre­si­den­cias: el caso del pase de in­for­ma­ción cla­si­fi­cada a los rusos muestra el precio de la pér­dida de cre­di­bi­lidad de Trump’. Editorial en The New York Times sobre lo de hoy: ‘¿Ha in­cu­rrido Trump en obs­truc­ción de la Justicia?’. 

Así re­cibe la prensa bri­tá­nica el ma­ni­fiesto con el pro­grama la­bo­rista para las elec­ciones del 8 de ju­nio. Daily Mail: ‘El plan de Corbyn para llevar al Reino Unido a la quie­bra’. The I: ‘El fuerte giro a la iz­quierda de Corbyn: el ma­ni­fiesto más ra­dical de los la­bo­ristas desde los años 80 con pro­mesas de más im­puestos para gastar 48.000 mi­llones de li­bras’. The Times: ‘El subidón de im­puestos de los la­bo­ris­tas, en rui­nas: el plan se que­dará miles de mi­llones más corto que lo que se pre­ten­de’. 

Financial Times: ‘Los la­bo­ristas pro­meten un au­mento de im­puestos de 49.000 mi­llones de li­bras para fi­nan­ciar un enorme im­pulso de gas­to’. The Daily Telegraph: ‘Impuestos, deuda, gasto: Corbyn es Hugo Chávez do­pado con es­te­roi­des; el ma­ni­fiesto la­bo­rista ‘llevaría a Gran Bretaña a la quie­bra’ con una deuda de 250.000 mi­llones de li­bras y la mayor carga fiscal desde los años 50’. The Independent: ‘Los la­bo­ristas ad­miten que con­ge­larán los be­ne­fi­cios so­ciales de los con­ser­va­do­res’. 

CORRUPCIÓN
El País: Cifuentes ve mo­tivos po­lí­ticos en la acu­sa­ción de co­rrup­ción: el juez Velasco des­carta imputar a la pre­si­denta tras el in­forme de la Guardia Civil sobre una con­ce­sión en la Asamblea de Madrid (F.J. Pérez, Ó. López-Fonseca y J.J. Gálvez). ABC: Varapalo del juez y la fis­calía a la UCO al des­au­to­rizar sus acu­sa­ciones a Cifuentes (Luis P. Arechederra y J. Chicote). La Razón: La UCO pide imputar a Cifuentes en la Púnica y el juez lo re­chaza. Otro ti­tu­lar: Cifuentes: ‘Actué con­forme a la le­ga­li­dad’: ase­gura que el in­forme de la Guardia Civil ‘son una re­la­ción de jui­cios de valor sin ningún fun­da­mente ju­rí­di­co’. Otro ti­tu­lar: La opo­si­ción en bloque re­prueba a Catalá, Maza y Moix. Estrella Digital: De OHL a Cifuentes, cerco sobre Madrid: Púnica, Lezo, todos los casos con­cu­rren en la fi­nan­cia­ción del PP (Domingo Labrador). 

El Mundo: El Congreso re­prueba a Catalá y a la cú­pula fiscal (Marisa Cruz). Otro ti­tu­lar: La UCO pide in­ves­tigar a Cifuentes y el juez lo re­chaza: la Guardia Civil sos­pecha que la pre­si­denta be­ne­fició a Arturo Fernández a cambio de fi­nan­ciar al PP; Velasco cree que no par­ti­cipó en los he­chos (Pablo Herraiz, Quico Alsedo y Roberto Bécares). Otro ti­tu­lar: El PP de Madrid tuvo una ‘contabilidad so­te­rrada’ (Esteban Urreiztieta). Otro ti­tu­lar: Imputados Villar Mir y a la mujer de Ignacio González en 'Lezo' (Marisa Recuero). El Plural: Los ri­vales de Arturo Fernández des­velan ma­ni­pu­la­ciones en la ad­ju­di­ca­ción de la ca­fe­tería de la Asamblea (Natalia Castro). Esdiario: El in­forme de la UCO contra Cifuentes se filtró des­pués de que el juez lo re­cha­zara (Ana Isabel Martín). El Confidencial: Púnica: Cifuentes planta cara a la Guardia Civil tras re­cabar el apoyo de juez y Fiscalía (David Fernández). 

Vozpopuli: UCO dice que González era 'partícipe di­recto' en la Caja B del PP de Madrid (Ángela Martialay y Diego Molpeceres). Otro ti­tu­lar: El PP de Aguirre pagó más de un mi­llón en negro a pro­vee­dores en la cam­paña de 2007. El Español: Cifuentes contra las cuerdas por la sos­pecha de que pagó los fa­vores que Arturo Fernández hizo a González y Aguirre (Daniel Montero, Carlota Guindal y Alejandro Requeijo). El Independiente: González desvió 400.000 euros de la Comunidad para cam­pañas del PP (Margarita Batallas). Otro ti­tu­lar: El em­pre­sario Daniel Mercado, en el eje de la trama que 'enmascaraba' los gastos ile­gales del PP (José Luis Sevillano). Otro ti­tu­lar: El en­torno de Cifuentes no des­carta 'fuego ami­go': ‘Es todo muy raro’ (Cristina de la Hoz). Libertad Digital: La di­rec­ción del PP usa el in­forme de la UCO para dar un toque de aten­ción a Cifuentes (P. Montesinos). Otro ti­tu­lar: Cifuentes: ‘Soy una per­sona hon­rada, que nadie se deje in­to­xi­car’. 

INFORMACIÓN NACIONAL
Público: Observatorio con­tinuo de JM&A: La co­rrup­ción hunde la marca del PP en toda España y le arre­bata 1,64 mi­llones de votos (Carlos Enrique Bayo). Otro ti­tu­lar: Entrevista con Pedro Sánchez: 'El 21-M se elige entre el mo­delo de Díaz, que tiene dos can­di­da­tu­ras, y el mo­delo de la mi­li­tancia que li­dero yo’ (Manuel Sánchez). El País: Entrevista con Patxi López: ‘Somos la al­ter­na­tiva al PP, no te­nemos que pactar con Podemos’; 'No hay riesgo de es­ci­sión pero sí de caer en la irre­le­van­cia' (A. Díez y R. de Miguel). Otro ti­tu­lar: Antonio Banderas aban­dona su pro­yecto cul­tural en Málaga por el 'trato hu­mi­llante' re­ci­bido (Esperanza Codina). El Mundo: Ruta con los fieles de Pedro Sánchez: ‘Susana Díaz es una puña­lada, le gusta a mis amigas del PP’ (Rodrigo Terrasa y Alberto di Lolli). Otro ti­tu­lar: Más de 1.000 sin­di­ca­listas firman un ma­ni­fiesto de apoyo a Sánchez (Luis Ángel Sanz). Esdiario: El boicot de Podemos a Antonio Banderas le cuesta a Málaga mi­llones de eu­ros. 

CATALUÑA
La Vanguardia: El 1 de oc­tu­bre, la fecha más pro­bable para el re­fe­réndum de in­de­pen­den­cia: Puigdemont tiene pre­visto anun­ciar la pró­xima se­mana el día de la con­sulta des­pués del acto de Madrid (Josep M. Calvet). Otro ti­tu­lar: El Gobierno pide pa­ciencia por los co­lapsos de El Prat: el de­le­gado atri­buye el pro­blema al au­mento de pa­sa­jeros y a la se­gu­ri­dad. Otro ti­tu­lar: Puigdemont y Junqueras acuerdan no acusar a CDC en el caso Palau. Otro ti­tu­lar: La que­rella contra Borràs por dar pasos para com­prar urnas para el re­fe­réndum in­cluye pri­sión. Economía Digital: El Banco Europeo de Inversiones sale en au­xilio de Colau: el BEI con­cede un cré­dito de 125 mi­llones de eu­ros, con los cuales se podrá le­vantar una cuarta parte de las pisos de al­quiler so­cial que pro­metió la al­cal­desa (Josep Maria Casas). Expansión: Guindos ase­gura que ningún in­versor in­ter­na­cional ve fac­tible la se­ce­sión (J. Orihuel y D. Casals). 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
El País: El Gobierno ana­li­zará la opa de Abertis para de­cidir si veta la venta de Hispasat (Camilo S. Baquero). Otro ti­tu­lar: Euskaltel compra Telecable por 686 mi­llones de euros en plena di­ges­tión de la ga­llega R (Pedro Gorospe). El Correo: Euskaltel cierra la compra de la as­tu­riana Telecable por 686 mi­llones de euros (Manu Álvarez). Otro ti­tu­lar: 11% más de in­gresos fis­cales en Euskadi: re­ca­cu­dados de enero a abril 403 mi­llones más que en 2016. El Economista: La ley de Transición, la úl­tima oca­sión de España para li­derar de nuevo la energía verde. Otro ti­tu­lar: Las firmas re­do­blan la in­ver­sión en se­gu­ridad tras el ci­be­ra­ta­que: las com­pañías de an­ti­virus gana 7.200 mi­llones en Bolsa en 3 días. Otro ti­tu­lar: Los ana­listas es­peran que Atlantia eleve su oferta por Abertes. Otro ti­tu­lar: Zegona, se­gundo ac­cio­nista de Euskaltel tras vender Telecable: se des­prende de esta firma por 701 mi­llo­nes. 

Vozpopuli: Atlantia no ha ha­blado con el Gobierno es­pañol por la OPA de Abertis ni tiene pre­visto ha­cerlo (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: La guerra de la fi­bra: Vodafone es­pera llegar a 24 mi­llones de ho­gares en 2020, casi igual que Telefónica (Rubén Arranz). Otro ti­tu­lar: Una hor­miga es­pañola pro­tege a Hollywood de los pi­ratas en Internet: 3ants (Liliana Ochoa). Cinco Días: La compra de Telecable por Euskaltel ace­lera la con­so­li­da­ción del sec­tor. Otro ti­tu­lar: Acciona, única grande que se des­cuelga de la subasta de re­no­va­bles (Carmen Monforte). El Confidencial: El cupo vasco y la crea­ción de un IVA au­to­nó­mico rompen la co­mi­sión de ex­pertos sobre fi­nan­cia­ción de las CCAA (Carlos Sánchez). ABC: El Ejecutivo lanza una ad­ver­tencia a Atlantia tras la opa sobre Abertis; el mer­cado re­cibe con ti­bieza la oferta plan­teada por la ita­liana. OKdiario: Los ac­cio­nistas de re­fe­rencia de Telefónica dan un ul­ti­mátum a Pallete: ‘Tienes un año’ (Borja Jiménez). 

SECTOR FINANCIERO
Expansión: Santander, BBVA y Bankia, in­tere­sados en Popular (S. Arancibia y R. Lander). Otro ti­tu­lar: Unicaja fija el 15 de julio como fecha lí­mite para salir a Bolsa. El Mundo: Guindos lanza a Bankia a la puja por Banco Popular (César Urrutia). El Confidencial: BBVA, Santander y Bankia acuden a la cita de Guindos para com­prar el Popular (Agustín Marco). El Economista: La gran banca, in­tere­sada en una ope­ra­ción con el Popular. Cinco Días: Bankia y BBVA, en los puestos de ca­beza para com­prar Popular (Á. Gonzalo). Otro ti­tu­lar: Linde ex­pe­dienta a cuatro bancos por opacos pero oculta su iden­tidad (Juande Portillo). Otro ti­tu­lar: La Finca de­bu­tará como so­cimi en el MAB en sep­tiem­bre. La Vanguardia: Guindos irrumpe en la subasta del Popular con la op­ción de Bankia (Lalo Agustina). ABC: BBVA, fa­vo­rito para ab­sorber Popular en la puja con el Santander y Bankia (María Jesús Pérez y Moncho Veloso). 

Capital Madrid: DIA, Cellnex, Técnicas Reunidas, Acerinox y los ban­cos, ob­je­tivo de la es­pe­cu­la­ción ba­jista: los ‘hedge funds’ aprietan en el Ibex 35 tras el asalto a los 11.000 pun­tos., y el in­versor par­ti­cu­lar, in­de­fenso, no con­sigue re­cu­perar sus aho­rros más pre­ciados (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: El Popular de Saracho des­pierta más cu­rio­sidad que in­terés en el sec­tor: CaixaBank, por BPI, y Sabadell, por TSB, man­tienen las dis­tan­cias ante la ope­ra­ción (José Luis Marco). Vozpopuli: Los fi­na­listas de la puja por Popular fi­chan a Deutsche Bank, BofA y Morgan (Jorge Zuloaga). El Español: Bankia se cae, por ahora, de la puja que arranca por el Banco Popular. Bolsamanía: Fainé li­bera 4.000 mi­llones de Criteria a tiempo para la subasta de Popular (Rubén J. Lapetra). 

OPINIÓN
Editorial en El País: ‘Catalá, re­pro­bado: el Gobierno no puede per­mitir que se cues­tione la in­de­pen­dencia de la fis­ca­lía’. Berna González Harbour en el mismo dia­rio: ‘¿Y si rompen una foto de Irene Montero?’. Josep María Castellà Andreu: ‘Los re­fe­rendos y la Comisión de Venecia: el uso de con­sultas di­rectas debe ser per­mi­tido sólo donde está pre­visto por la Constitución o una ley en con­for­midad con ella’. Otro edi­to­rial: ‘Crímenes contra la prensa: la es­piral de vio­lencia con­vierte a América Latina en una de las re­giones más pe­li­grosas para los pe­rio­dis­tas’. Editorial en El Mundo: ‘Dos de­nun­cias que avalan el tra­bajo de Football Leaks’. Otro edi­to­rial: ‘La co­ne­xión rusa pone a Trump en el pre­ci­pi­cio’. Editorial en ABC: ‘Reprobaciones ar­bi­tra­rias’. Otro edi­to­rial: ‘La UCO tiene que dar ex­pli­ca­cio­nes’. 

Editorial en El Español: ‘La co­rrup­ción per­sigue a Cifuentes’. Juan Carlos Bermejo en Vozpopuli: ‘Ni par­tido, ni so­cia­lista, ni obrero, ni es­pañol’. Juanma Lamet en Expansión: ‘Tres mo­delos eco­nó­micos para un mismo par­ti­do’. Ángel Solano-García en Nada Es Gratis: '¿Una re­forma para sal­varnos de re­petir elec­cio­ne­s?'. Luis Aparicio en Invertia: 'Un Estado de Bienestar de mi­lagro con los que tra­ba­jan: re­sulta casi mi­la­groso cómo man­te­nemos nuestro ac­tual Estado del Bienestar y cómo mu­chos creen que es po­sible au­men­tarlo hasta el in­fi­ni­to'. Editorial en La Razón: ‘Los errores de Trump salen ca­ros’. Otro edi­to­rial: ‘Seguridad Vial: tra­ta­miento para los re­in­ci­den­tes’. Editorial en La Vanguardia: ‘Preocupación por la Guardia Urbana’. Otro edi­to­rial: ‘Otro nuevo y grave tro­piezo de Trump’. Editorial en Cinco Días: ‘La in­tensa agi­ta­ción cor­po­ra­tiva en las te­le­cos’. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2331 

martes, 16 de mayo de 2017

Entre 30 y 50 bandas criminales organizadas operan en la Región de Murcia, según el Ministerio del Interior


MURCIA.- Entre 30 y 50 bandas criminales organizadas operan en la Región de Murcia, igual que en Sevilla y Tarragona, según el Ministerio del Interior. En la colindante provincia de Alicante esa cifra aumenta a entre 50 y 100, al igual que en Valencia, pero en Almería sería entre 20 y 30 al igual que en Albacete.

Según los datos de Interior, 444 grupos organizados se encontraban activos en el país el pasado año.  La mayor parte de ellos se dedican al narcotráfico, según el informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) difundido la pasada semana por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Durante una comparecencia en el Congreso, el representante del Ministerio apuntó que 115 de estas organizaciones mueven cocaína; 103, hachís; 40, marihuana; y 25, heroína.
Se detectaron 52 bandas especializadas en los robos con fuerza; 39, en las estafas; 30, en los robos con violencia; 24, en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y 16, en el blanqueo de capitales.
Un primer esbozo del mapa del crimen organizado de España apunta a las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) y a las zonas turísticas (Málaga, Cádiz y Alicante, por ejemplo) como los grandes puntos de concentración de estos grupos porque se camuflan mejor, según El País.
Así, y según el mapa adjunto, ese crimen organizado se concentra en Madrid y Barcelona junto a todo el arco mediterráneo aunque más aliviado en Baleares, Gerona y algo menos en Huelva, Granada, Almería y Castellón.
La Galicia interior, Castilla-León, Asturias, Álava, Guipuzcoa, Alto y Bajo Aragón así como la Cataluña interior son las zonas españolas donde, como máximo, existen por lugar un máximo de diez bandas criminales organizadas al igual que Cuenca, Jaén y Extremadura.
Por contra, la Galicia occidental, Vizcaya, Cantabria, La Rioja, Navarra y Zaragoza tienen de veinte a treinta grupos al igual que  Toledo, Ciudad Real, Córdoba y las islas Canarias.

El estado del Mar Menor hace disparar la demanda de alquiler en otras playas como La Manga y Campoamor


CARTAGENA.- El lamentable estado del Mar Menor con la consiguiente retirada de las banderas azules de todas sus playas en los términos municipales de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar ha provocado ya el éxodo de potenciales veraneantes murcianos hacia otras playas mediterráneas cercanas como La Manga, Cabo Palos, El Mojón, Torre de la Horadada, Dehesa de Campoamor, La Zenia y Torrevieja y, en menor medida, Mazarrón y Águilas.

Ese estado penoso del Mar Menor ha hecho disparar la demanda de alquiler en esas otras playas. Concretamente en la Dehesa de Campoamor esa demanda ha aumentado un 100% y prácticamente desde Semana Santa es casi imposible poder alquilar un apartamento aunque todavía no se ha agotado la oferta en cuanto a chalés.
Algo parecido se ha notado en La Manga aunque la mayor oferta impide hablar de agotamiento de apartamentos pero el incremento de solicitantes de alojamiento percibido ha sido muy notable respecto a años anteriores.
Seguirían en preferencias alternativas Torre de la Horadada y El Mojón, donde se han cerrado ya muchos tratos de alquiler, con entrega de cantidades de reserva incluso, con veraneantes que este año optan por el mar Mayor después de su experiencia del último verano en el mar Menor y las evidecias de que la situación no es mucho mejor este año.
El episodio trascendido de Los Alcázares donde decenas de personas que se bañaron en la laguna sufrieron afecciones en la piel parece haber quedado en la memoria colectiva de cara a un proceso de decisiones que ha ido cristalizando en el momento del año que se decide las fechas y el lugar de vacaciones veraniegas.

El estado de la Contraparada deja muy en evidencia al alcalde Ballesta, según 'Ahora Murcia'

MURCIA.- Ahora Murcia ha destacado hoy la corresponsabilidad del Gobierno municipal del PP en el "penoso estado de la Contraparada". La formación municipal ha realizado esta afirmación tras conocerse que Fiscalía va a investigar el estado de este emblemático espacio del municipio de Murcia.

La portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, ha recordado que "al poco de comenzar la legislatura, el alcalde Ballesta anunció a bombo y platillo el Plan de la Huerta. Un proyecto al que no paran de hacer referencia Ballesta y el concejal de Urbanismo y Huerta, Navarro Corchón, pero del que no vemos ningún fruto dos años después".
La concejala señala que "supuestamente el citado Plan de la Huerta comenzaba con numerosas actuaciones en la Contraparada, pero la única realidad es, al cabo de dos años, que su estado es aún peor. Una situación insostenible que ahora vive un nuevo y lamentable episodio con la investigación de la Fiscalía".