lunes, 1 de mayo de 2017

El PP acelera su oficina contra la corrupción tras el ‘caso González’ y la moción de censura a PAS en la Asamblea

MADRID.- El PP ha decidido acelerar la creación de una oficina para luchar contra la corrupción, impulsada en los estatutos en el congreso nacional y que se aprobará en la próxima ejecutiva, ante los fallos constatados en el caso de las denuncias internas contra Ignacio González, el expresidente madrileño hoy en prisión, según adelanta El País.  

Al PP le llegaron varios avisos, por distintas vías, sobre cuentas en Suiza de González y su enriquecimiento, pero no hizo nada, excepto apartarle de la candidatura para repetir en la Comunidad. La oficina anticorrupción del PP podrá investigar este tipo de asuntos incluso de oficio.
“No somos la policía ni somos jueces para poder juzgar a nadie ni para llevar a nadie ante los tribunales cuando no existen pruebas y cuando además la persona (Ignacio González) y la organización, en este caso el PP de Madrid, lo desmienten con rotundidad”. 
Así contestó esta misma semana en una entrevista el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, cuando se le preguntó por qué el partido no había hecho prácticamente nada cuando le llegaron por varias y diversas vías las sospechas de irregularidades y cuentas ocultas en Suiza sobre el expresidente madrileño.
Fue casi idéntica a la justificación que ofrecieron, también la pasada semana y en público, su antecesor en ese cargo de vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano, y el secretario ejecutivo de Organización del PP, Juan Carlos Vera, cuando se les demandó explicaciones sobre su actuación al recibir en distintas ocasiones advertencias del exalcalde de Leganés Jesús Gómez, del mismo partido, sobre las actividades sospechosas del presidente madrileño. El PP se escudó en que citó a González, le preguntaron sobre esas cuestiones y él las negó. “¿Qué más podíamos hacer si no somos la policía, ni la fiscalía ni contratamos detectives privados?”, repitieron para parapetarse.
El PP celebró entre el pasado 10 y 12 de febrero en Madrid su 17º congreso nacional, tras cinco años sin convocarlo, con varios asuntos otra vez relacionados con la corrupción sin resolver. Una de las iniciativas promovidas por los organizadores del cónclave consistió en proponer (artículo 50.3 de los remozados estatutos) la creación “en el seno del comité nacional de derechos y garantías de una subcomisión que, con carácter permanente, velará de manera especial por el cumplimiento de las normas y compromisos a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos del partido”.

Abogados e independientes

En la primera idea para su formación se apostó por seleccionar dos o tres vocales del comité ejecutivo nacional del PP, bajo la presidencia del ya existente comité de derechos y garantías. Es decir, muy integrada y controlada por la cúpula del partido y su presidente, Mariano Rajoy.
El caso González y los errores cometidos han ayudado a perfilar mejor esa nueva oficina anticorrupción, que ahora quieren que la compongan entre dos y cinco militantes independientes, es decir, que no ostenten ya cargos orgánicos o institucionales y que sean abogados o vinculados al mundo del derecho, y que puedan actuar sobre cualquier ámbito, por intermediación de terceros o de oficio y sin denuncia previa. Ese grupo solo dependería, para elevar sus conclusiones, del comité de derechos y garantías, que propondría las respectivas sanciones o expulsiones.
Las competencias de esa nueva oficina previstas en los estatutos incluyen desde “garantizar el cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los cargos públicos del partido”, a redactar “el proyecto de declaración de bienes y actividades de los cargos públicos del partido, que habrá de someterse a la aprobación de la junta directiva nacional”. También “velar por el cumplimiento de los compromisos que, como garantía del respeto al programa electoral, asuman voluntariamente los candidatos y cargos” y custodiar las declaraciones y documentos citados.
La dirección del PP se ha basado para confeccionar las normas con las que funcionará esa oficina interna en lo redactado y expuesto ya en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en la primavera de 2015, y que se integró en el denominado Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno de Rajoy impulsó para contrarrestar su imagen de inactividad ante la corrupción. El objetivo con la ley de los altos cargos, y ahora con la figura del Compliance Officer en el PP, es fijar principios más rigurosos de prevención y gestión de los conflictos de intereses tanto para responsables del Ejecutivo como del partido. Este tipo de oficinas se han impuesto en los últimos tiempos en la mayoría de las grandes empresas privadas y su debate se discute también para su implantación en las diversas Administraciones.
El PP de Valencia, una de las organizaciones territoriales más afectadas por escándalos de sus cargos junto a la territorial madrileña, también propugnó en su congreso regional la composición de una oficina semejante, que está ahora por ultimar.
La dirección nacional del PP quiere acelerar ahora su puesta en marcha coincidiendo con este rebrote de la corrupción que ha surgido tras el caso de la moción de censura contra el expresidente de Murcia, las derivadas de Gürtel, las ramificaciones de Púnica y, sobre todo, el caso González. La orden dada por Rajoy a su partido, en esta ocasión, ha consistido en pedir que se dé la cara, que se ayude en las investigaciones judiciales y parlamentarias y que se comparezca lo máximo posible ante los medios de comunicación para desterrar la imagen de acorralamiento.
Los populares están a la espera para su aprobación definitiva de que se convoque, en las próximas semanas, un comité ejecutivo nacional o incluso una junta directiva nacional, el máximo órgano entre congresos, pero aún no han cerrado la fecha.

'Compliance', responsabilidad penal o disolución de un partido

En la reforma del Código Penal aprobada ya en el Congreso por impulso del Gobierno de Mariano Rajoy se introdujo la figura del Compliance Officer, que llegó primero por el mundo empresarial anglosajón.
Muchas empresas y multinacionales, tras la brutal crisis de Lehman Brothers en 2008, asumieron la necesidad de un director de Cumplimiento Normativo como un árbitro de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos.
El propio juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la semana pasada en su participación en un seminario de la Deusto Business School sobre Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance, alertó de que esa reforma penal podría permitir, incluso, disolver todo tipo de empresas o partidos políticos (salvo el Estado) si sus dirigentes incurren en determinados delitos.
Eloy Velasco recordó que ahora esos planes de prevención de delitos o compliance son voluntarios aunque se premia al que los hace al eximirles de acciones penales y al suavizar las multas en caso de responsabilidad.

Escasa participación en las manifestaciones por el 1º de Mayo en Murcia y Cartagena, en torno al millar en ambas


MURCIA/CARTAGENA.- Alrededor de mil personas - 5.000 según los organizadores - se manifestaron esta mañana por el centro de Murcia y otro tanto en Cartagena este lunes, convocados por los sindicatos UGT, CCOO y USO, con motivo del Primero de Mayo.

Cuarenta años después de su legalización, los sindicatos vuelven a salir el Día del Trabajo a la calle para exigir a la patronal un pacto salarial y al Gobierno la derogación de las reformas laborales, que permitan tener salarios y empleos dignos.
Bajo el lema "No hay excusas. A la calle", los manifestantes han salido a la calle en Murcia, al igual que otras 73 ciudades del país, incluida Cartagena, para reivindicar empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social.
Los manifestantes, que han partido de la plaza de la Fuensanta, de Murcia, pasadas las 11.30 horas, portaban pancartas en la que se podía leer "Ni reformas del FMI, ni recortes de Berlín", "contra la esclavitud salarial. Sí se puede", "En defensa del sistema público de pensiones", "Hay un futuro para la clase obrera" o "fuera ladrones de las instituciones".
Tras recorrer la Gran Vía de Murcia, los convocados, que también clamaban consignas como "los corruptos se quedan con nuestras pensiones", se han dirigido al Paseo del Malecón, donde se ha leído un manifiesto.
Además de los líderes sindicales, en la marcha han participado el el diputado socialista Emilio Ivars, quien ha afirmado que la Región necesita "políticas de progreso que acaben con la precariedad y el paro, que sigue siendo de los más altos de España", y el secretario regional de Podemos, Oscar Urralburu.
Los secretarios generales en la Región de los sindicatos UGT, Antonio Jiménez, de CCOO, Santiago Navarro, y de USO, José Sáez, organizaciones convocantes de la manifestación, han partido a las 11.30 horas de la plaza Fuensanta de Murcia y ha recorrido la Gran Vía para desembocar finalmente en el Malecón, donde han leído un discurso con las principales reivindicaciones.
La manifestación, que ha contado con el respaldo y la participación de representantes de formaciones políticas como el PSRM y Podemos, ha recorrido el centro de Murcia tras una pancarta principal en la que se podía leer el lema 'Empleo Estable, Salarios Justos, Pensiones Dignas y Más Protección Social. No hay excusas'.
El secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha recordado la historia del movimiento obrero y el 131 aniversario del 1º de mayo, que comenzó a celebrarse para rememorar la muerte de unos sindicalistas que defendían la jornada laboral de ocho horas. Así, ha puesto en valor "las historias duras de represión, de exilio y de no pocas vidas perdidas para consolidar los derechos sociales y laborales que tenemos los trabajadores en estos momentos".
"Es momento de historia pero también de futuro, y de poder decir a nuestros hijos que se tienen los derechos que se defienden", según Jiménez, quien ha reivindicado los derechos que se han perdido durante los últimos años de crisis como consecuencia de las políticas de "austeridad absolutamente injustas y que han pagado, básicamente, los trabajadores y sus familias".
En su opinión, una vez que se está produciendo crecimiento económico, "es el momento de recuperar esos derechos que se han perdido y que se reparta equitativamente la riqueza de una manera equilibrada".
Por ejemplo, ha reclamado la mejora de los salarios, que es "absolutamente justo y necesario para que se soporte adecuadamente este crecimiento económico". Asimismo, ha reivindicado unas pensiones "dignas" y que se garantice el sustento básico a las personas que no tienen ningún recurso.
En la Región de Murcia, ha criticado que "estamos siempre a la cola de temporalidad, de salarios, de pensiones, de la exclusión social y de la economía sumergida". Además, Jiménez ha lamentado que la Comunidad tiene la negociación colectiva "bloqueada por la obcecación de los empresarios, que no quieren trasladar ni un euro de la recuperación al bolsillo de los murcianos".
En este sentido, ha pedido al nuevo Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras, que "ponga en marcha políticas de empleo de calidad, de empleo con derechos, de incrementos salariales en la misma Administración regional, que tiene más de 50.000 empleados públicos a los que ha recortado en derechos salariales y sociales, así como puestos de trabajo y plazas".
El secretario general de CCOO Región de Murcia, Santiago Navarro, ha suscrito las reivindicaciones y ha considerado "necesario" acabar con la reforma laboral, aunque se ha mostrado convencido de que "no lo va a hacer ningún gobierno de turno, sino que lo vamos a tener que hacer los trabajadores saliendo a la calle ".
En lo que respecta a la Región, ha pedido al nuevo Ejecutivo autonómico "que cambie las políticas en materia social, que apueste por el I+D+i y por cambiar la idea de que la mejora de la productividad tiene que ser a cuenta de los salarios de los trabajadores". En definitiva, espera que el nuevo Gobierno "no sea continuista, sino que apueste por la creación de empleo estable y a tiempo completo".
Por otro lado, ha criticado que la negociación colectiva está "paralizada" en la Región por culpa de la patronal, a la que "le viene bien, al amparo de la reforma laboral, no negociar los convenios para no tener que plantear incrementos salariales". En concreto, ha indicado que hay paralizados 38 de 51 convenios, que afectan a más de 250.000 trabajadores de la Comunidad.
Finalmente, el secretario general de USO, José Sáez, ha señalado que "hoy más que nunca, los trabajadores tenemos que salir a la calle para recuperar la pérdida de derechos a la que nos ha sometido el Estado en función de las premisas que les han ido marcando los mercados".
"No hay otra solución, los trabajadores tenemos que pisar la calle nuevamente para recuperar lo perdido por esta reforma laboral, que nos ha dejado sin negociación colectiva, con unos salarios y un empleo precario", según Sáez.
Por su parte, el secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, ha asegurado que la Región de Murcia "necesita políticas reformistas que acaben con la precariedad y el paro, que sigue siendo de los más altos de España".
Ivars ha recordado que la última Encuesta de Población Activa (EPA) muestra unos datos que evidencian la necesidad de políticas de empleo progresistas. "Los más de 6.400 nuevos parados que hay en la Región son fruto de una inexistente política real de empleo", ha aseverado.
El dirigente socialista ha explicado que apoyan esta manifestación "para lograr unas pensiones dignas para nuestros mayores, pero también para el futuro de todos los murcianos y murcianas, que dependerá de la calidad de empleo actual".
Asimismo, ha insistido en la necesidad de abolir la reforma laboral del PP, que "solo ha traído precariedad y pobreza a los trabajadores y trabajadoras y únicamente ha servido para que el PP se vanaglorie de un crecimiento inexistente, puesto que los trabajadores son cada vez más pobres y los puestos de trabajo más precarios e inestables".
Y es que, añade, "si hay algo de recuperación económica, ha llegado a los empresarios, que ya están recuperando los beneficios previos a la crisis, pero eso no se traslada de ninguna manera a la clase media y trabajadora de este país". El PSOE, ha dicho, "ha trabajado, trabaja y trabajará por unos empleos de calidad, políticas de formación y por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".
Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región y portavoz de esta formación en la Asamblea, Óscar Urralburu, ha remarcado que el crecimiento económico "se está acumulando ahora mismo en el capital" y la clase trabajadora "no está recibiendo claramente ningún tipo de desborde económico".
"Tenemos casi un 50 por ciento de la masa salarial por debajo de los mil euros y, encima, se están vulnerando todos los convenios antiguos y se está superando con creces las ocho horas laborales en la mayor parte de los puestos de trabajo", ha lamentado Urralburu.
El líder de Podemos ha criticado que "estamos hablando de una pauperización social que se está extendiendo y que afecta al 70 por ciento de las familias de la Región de Murcia, y a cerca del 50 por ciento del conjunto del país".
A nivel regional, Urralburu ha reprochado que los principales problemas son "la fragmentación del empleo y la precarización". A su parecer, "no cabe la menor duda de que hoy día, no se puede tener un proyecto de vida con estos salarios de miseria y con esta precariedad, sobre todo entre los jóvenes. Por tanto, ha apostado por "hacer valer este primero de mayo ahora más que nunca", con el fin de "dotar de cierta estabilidad al empleo y, por tanto, derogar la reforma laboral".

En Cartagena, según un comunicado de CTSSP (Podemos), "el alcalde que dice ser el alcalde de todos y de todas, desmonta a última hora la megafonía que había preparada para la llegada de la manifestación del 1º de Mayo, Día internacional del trabajo, teniendo que utilizar el coche de la Policía local, que amablemente se ha ofrecido a dar voz a los  manifestantes y a los sindicatos.  El alcalde una vez más saca su otra bandera: la censura".

CTSSP-Podemos presentará una pregunta al próximo pleno municipal para que José López (MC), al que califica de alcalde populista que se ha retratado ante toda la ciudadanía, dé explicaciones sobre esta situación.
Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron hoy la "parálisis industrial" que atraviesa Cartagena durante la manifestación del 1 de mayo. Critican que hace años que no se hacen inversiones importantes en la comarca.
Los sindicatos reclaman la llegada del AVE y la creación en el municipio de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Ambos consideran que estas infraestructuras servirán para impulsar el empleo. 

Aceite de palma: así se ha convertido en el nuevo supervillano de la alimentación


MADRID.- Después del capítulo de "la guerra contra el azúcar" que, por supuesto, aun sigue vigente, nos encontramos en el punto de mira con otro de los ingredientes poco deseables que contienen muchos de los productos procesados: el aceite de palma, relata https://m.magnet.xataka.com.

El consumidor informado se ha alzado en armas en los últimos meses contra este ingrediente consiguiendo, por lo menos, que algunas cadenas de supermercados como Súper Sano en primer lugar y otros como Eroski, Dia, Alcampo y Mercadona siguiendo su estela, retiren el aceite de palma de sus productos de marca blanca.
Pero, ¿qué es lo que provoca el aceite de palma en nuestro organismo? ¿Qué necesitamos saber sobre este ingrediente? 
El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que proviene de la palma aceitera. Si echamos un vistazo a su composición podemos ver que el aceite de palma contiene aproximadamente un 50% de grasas saturadas, una cantidad bastante por encima de lo que suelen contener otros aceites vegetales que sí se consideran saludables, como el aceite de oliva (14% de grasas saturadas). Un consumo excesivo de este tipo de grasas está directamente relacionado con problemas de salud como enfermedades cardiovasculares.
La Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones nos indica que, como máximo, el 30% de las calorías de nuestra dieta diaria pueden provenir de las grasas, y que debemos priorizar las grasas insaturadas sobre las saturadas. No habla de una cantidad concreta diaria de aceite de palma (como sí lo hace con el azúcar), sino que en sus recomendaciones engloba todas las grasas que podemos encontrar en la alimentación.
Controlar cuánto aceite de palma ingerimos a lo largo del día no es tan sencillo como controlar las cantidades de azúcares añadidos, ya que los fabricantes no están obligados a declarar la cantidad de aceite de palma que contienen sus productos. Debemos acudir a la lista de ingredientes en la etiqueta para comprobar si aparece el aceite de palma entre los diferentes ingredientes (puede aparecer como aceite de palma, palmoleina o aceite de palmiste, entre otros), pero no sabremos la cantidad total.

¿Es siempre perjudicial el aceite de palma?
No siempre, como explica José María Puya del blog Alimentología Cruda en este vídeo para el canal de PowerExplosiveTeam. Podemos distinguir dos tipos de aceites de palma muy diferentes entre sí: por un lado tenemos el que procede de la carne del fruto de la palma aceitera y que es un aceite de palma virgen, con muchos beneficios para nuestra salud como la vitamina A; por otro tenemos el aceite de palma refinado o aceite de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado), que se obtiene de la semilla del fruto de la palma aceitera y que es el que se emplea ampliamente en la industria alimenticia.
El problema del aceite de palma refinado es doble: en primer lugar debemos saber que durante el proceso de refinado se crean sustancias que han sido consideradas como carcinogénicas, y en segundo que es empleado masivamente por la industria, sobre todo como conservante y para añadir palatabilidad a los productos: es barato y da muy buenos resultados en cuanto a sabor y textura.
De este modo, debemos ser conscientes de que si consumimos una gran cantidad de productos procesados y ultraprocesados en nuestra dieta es altamente probable que estemos consumiendo también una cantidad elevada de aceite de palma que puede acarrearnos problemas a largo plazo.
El tercer problema es el de la deforestación: dado que la industria tanto alimenticia como de los cosméticos (porque este tipo de aceite también se encuentra en otros productos como champús o jabones) está abusando de este ingrediente, también ha tenido que aumentarse considerablemente su producción. Así, se atribuye al cultivo masivo de palma aceitera para la producción de aceite de palma el ser el mayor responsable de la deforestación de las selvas tropicales, sobre todo en las zonas de Malasia e Indonesia.


¿Es el aceite de palma el responsable de la obesidad o de otras enfermedades?
Hemos llegado al punto de que, cada poco tiempo, encontramos un alimento o un producto contra el que luchar, como es el caso actual del azúcar y del aceite de palma. Estos, sin embargo, no pueden ser reconocidos como responsables únicos de la epidemia de obesidad y sobrepeso que se está dando durante los últimos años.
El problema de "echar la culpa" a un solo ingrediente de entre todos los que contienen los productos procesados y ultraprocesados es que la industria responde eliminando ese ingrediente del listado y cambiándolo por otro, pero esto no nos garantiza que un producto pase de ser no saludable a ser sano.
Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de algunos productos procesados que han retirado el azúcar que contienen, creando una versión "cero". Uno de los casos más significativos es el del "Bollycao zero % azúcares añadidos": según su propia etiqueta se han retirado todos los azúcares añadidos. Sin embargo, sigue conteniendo otros ingredientes poco recomendables para una alimentación saludable como la harina de trigo refinada (no integral, se entiende), el maltitol (para conservar el dulzor), aceite de palma (no podía faltar) y otros aditivos. No tiene azúcar, pero ¿es un producto saludable? No: su consumo es seguro, pero no es saludable.
La clave se encuentra, como siempre, en analizar el producto en su conjunto: que no lleve azúcar o que no lleve aceite de palma no quiere decir que ese ultraprocesado que tenemos ante nosotros tenga cabida dentro de una buena alimentación.
Como siempre, si queremos realizar una compra más saludable lo mejor que podemos hacer es acudir a la materia prima y comprar alimentos en lugar de productos.

Así lavará su cara el aceite de palma en España

BARCELONA.- El aceite de palma, usado en los motores de los coches, llegó a nuestra dieta como el sustituto, a priori ideal, a las denostadas grasas trans, demostradas nocivas para la salud. Además, su bajo coste y el hecho de que a temperatura ambiente es sólido, lo que permite trabajarlo, lo convirtió en el favorito de la industria, revela hoy http://www.economiadigital.es.

Está en todas partes. Todo el mundo lo relaciona con la bollería industrial, pero también se encuentra en platos precocinados, patatas fritas y snacks, gominolas, cereales, pizzas congeladas, así como en cremas y productos de limpieza. Su idoneidad para la salud ya estaba en duda cuando, a finales de 2016, un estudio publicado por la revista Nature lo relacionó con las células causantes de la metástasis.
Dicho estudio provocó una reacción social en contra del aceite de palma, a la que la industria alimentaria busca respuesta. De hecho, ya la buscaba antes, pero en los últimos meses ha acelerado. A nivel europeo ya cuenta con un lobby de defensa de los beneficios de dicho aceite, y el sector trabaja para replicar este grupo de presión en España.
El lobby español de defensa del aceite de palma se encuentra todavía en una fase embrionaria, pero ya va definiendo su forma. Según han explicado fuentes del sector a Economía Digital, se constituirá como una fundación y su principal objetivo declarado será promover el uso de aceite de palma sostenible.
Lógicamente, también perseguirá hacer llegar a la sociedad la sostenibilidad de dicho aceite, así como sus beneficios y los perjuicios de sus alternativas. Al fin y al cabo, tenga la forma que tenga, será un lobby.
Su impulsor es Horacio González Alemán, exdirector general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal del sector. Tras ser despedido en 2014 por cuestionar la reelección del presidente de FIAB, Pedro Astals, González Alemán montó una asesoría para la industria, y ahora está intentando unir a las marcas más conocidas usuarias de aceite de palma para defenderlo a nivel español.
No lo está teniendo fácil. Pese a que las marcas defienden que el aceite de palma no es más perjudicial que sus alternativas, y se sienten legitimadas para seguir usándolo, les cuesta posicionarse públicamente. El estigma contra este aceite crece, lo que supone un reto para la imagen de muchas multinacionales.

Las marcas se esconden… por ahora

González Alemán ha ido a picar la puerta de marcas como Ferrero, Nestlé o Bimbo. Preguntadas por este medio, estas compañías dicen no formar parte de ningún lobby ni conocer la iniciativa, pero coinciden en un discurso que será el de la futura fundación: subrayar que usan aceite de palma sostenible.
¿En qué consiste el aceite de palma sostenible? Bimbo lo explica: “No formamos parte de ningún lobby. Por otro lado, grupo Bimbo tiene el compromiso de contar con un suministro responsable y transparente de aceita de palma, basado en los principios de no deforestación, no explotación y no desarrollo de plantaciones en turberas”.
En cambio desde Ferrero no esconden su disposición a formar parte del lobby. “Todo lo que sirva para promover un aceite de palma respetuoso con el medio ambiente, así como que el consumidor conozca más el producto y su origen, contará con nuestro apoyo”, aseguraron fuentes de Ferrero, que no obstante negaron estar detrás de la creación de la fundación.
El hecho de que el lobby, para mejorar su imagen, defienda el uso de aceite de palma sostenible está retrasando su nacimiento. Algunas compañías o no lo utilizan o desconocen si sus proveedores del producto lo consiguen de forma sostenible o no. Además de marcas conocidas, proveedores y productores de aceite también se sumarán al lobby.
Pero la sostenibilidad del aceite de palma no es el objetivo del lobby. Al menos, no por sí mismo. La fundación quiere usar este enfoque para mejorar la imagen del producto y, de paso, defender que no es nocivo… o al menos, no más nocivo que otras grasas que se podrían utilizar como sustitutivos.
Fuentes de la industria aseguraron que se ha abierto un falso debate, ya que aceites como el de girasol, oliva u otros no pueden utilizarse como sustitutos del de palma. La razón es que no son líquidos a temperatura ambiente. Para convertirlos en grasas sólidas hay que hidrogenarlos, un proceso químico que también se ha demostrado como nocivo, porque se modifican sus cualidades y se convierten en grasas saturadas.
La guerra está abierta. Está claro que la industria alimentaria no está dispuesta a dejar de utilizar aceite de palma. Es más barato que el de girasol y tiene unas características que lo convierten en el más sencillo de manipular a nivel industrial. Por ello van a defender donde haga falta que es saludable.

Eloy Velasco: el juez de las urgencias, entre fuego amigo


MADRID.- «Lo importante no es el árbitro, sino el partido». Es una frase muy reciente del juez Eloy Velasco (Bilbao, 1963), sometido al vaivén de días convulsos. Su nombre aparece en un titular cada 24 horas desde que encarceló al expresidente de Madrid. El interlocutor le preguntaba, en privado, por las supuestas presiones que está sufriendo como instructor de la operación Lezo. Velasco se escurrió, sin negarlo, a base de metáfora futbolera y eso que quienes trabajan con él no le han visto inclinación excesiva por ligas y champions, recoge hoy Abc

Mientras lidia con otra macrotrama, con escuchas indecentes y con una rumorología incesante sobre llamadas de atención políticas y judiciales, él espera con ansia una respuesta a lo suyo: ha solicitado la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional; dejar la instrucción, el día a día.
«Está muy nervioso. Le han insinuado que no le van dar la plaza y algo que en este mundillo se sabe lo que significa: que va a ser el próximo Garzón o que se está “garzonizando”. Claro que está viviendo presiones: enormes, pero no puede admitirlo en público». Quien habla le conoce bien, sobre todo en su faceta laboral. Como el resto de las cinco fuentes consultadas para este perfil prefiere que no demos su nombre.
«Le han pedido que quite escuchas de unos y otros del sumario y le han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Lo siguiente será una querella». Pero Velasco, con todo, no rehúye las apariciones públicas. El mismo día que la UCO detuvo a Ignacio González, asistió a una conferencia sobre el libro que ha escrito con su mujer, la abogada Beatriz Saura «Cuestiones prácticas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance».
Esta semana ha participado en el II Congreso de la Abogacía madrileña donde le intentaron sonsacar de nuevo. «¿Me puedo acoger a la quinta enmienda?», respondió echando mano de ironía ante el moderador, el exfiscal Ignacio Gordillo. "El que calla, otorga", le replicó este. «Es egoísta y ególatra, pero muy intuitivo», dice de él un fiscal. «Es fácil trabajar con él por su sentido práctico. Resuelve y las causas tiran hacia delante, algo que ya es mucho en la Audiencia Nacional», añade un guardia civil de la UCO. «Es cierto que facilita los temas porque se fía, deja trabajar, otra cosa es que sea él el que se remangue», critica un tercero.

El yoísmo se lo critican todos. «Es muy sobrado, el trato no es fácil salvo que seas un igual. Claro que la humildad es una palabra que no ha entrado en la Audiencia Nacional», analiza un comisario. «No es lo mismo que vaya a verle yo a que lo haga un subordinado. Recuerda que es magistrado de la Audiencia Nacional», insiste. Los "iguales" no comparten ese trazo. «Es un cachondo, muy divertido y sagaz. El primero que antes de un interrogatorio que se preste suelta el mejor chiste. Luego se pone la toga y sus autos están magníficamente fundamentados».
Los investigadores resaltan una cualidad de él por encima de todas: su implicación. «Con Lezo y antes con Púnica le hemos llamado a las dos de la madrugada a su móvil, en fines de semana, en vacaciones. Jamás nos ha puesto una mala cara o se ha quejado. Hay una urgencia de una escucha, de un auto que necesitamos, lo que sea y él lo hace. No es fácil encontrar esa actitud», recalcan desde la UCO.
Él se define como claro y combativo. Tanto que, según algunos, eso le costó su salida de la política (aunque tuvo más bien un perfil técnico) en Valencia. Juez desde 1988, ha pasado por juzgados de lo Civil y lo Penal salvo entre 1995 y 2003 cuando fue el director de Justicia con Eduardo Zaplana hasta que su enfrentamiento abierto con Fernando de Rosa, que luego sería vicepresidente del CGPJ le costó el puesto. Volvió a la judicatura y tras pasar por un juzgado de instrucción en Madrid, en 2008 sustituyó a Juan del Olmo, el instructor del 11-M, al frente del Central 6 de la Audiencia Nacional.
«Así no puedo hacer bien mi trabajo», ha confesado en una entrevista reciente a El Mundo. La falta de medios y personal la ha sufrido en carne propia. Le pusieron un juez de refuerzo con Púnica que le quitaron poco después.
Es un asiduo a las charlas y conferencias de todo tipo. «Le encanta el dinero, lo ve como un elemento de prestigio social, pero no se entiende muy bien por qué esa crítica tan desaforada cuando él no se esconde», apunta otro fiscal. "Le obsesiona igualmente recuperar el dinero público. Tal vez sea su motor. Y eso equivale a tener alto concepto de su función".
Hay un detalle que da idea de su implicación en las causas. Los fiscales y los investigadores italianos pidieron que Velasco fuera «el juez antimafia español». La razón: asiste a las reuniones internacionales, atiende a sus colegas y a los fiscales que necesitan cualquier gestión. Algo que parece simple y que otros colegas se niegan a hacer. «Es el juez internacional de la Audiencia».
Nadie quiere pronunciarse si Velasco aguantará el tirón de Lezo o habrá pretextos. La escalada de llamadas y recados sigue. Callada, de puertas para adentro.

La huida de cargos obliga a Rivera a rescatar el pacto antitránsfugas


MADRID.- Una expansión exprés a nivel nacional, una vorágine de citas electorales, pactos de gobernabilidad y un cambio de ideario. Son circunstancias que han acompañado la implantación de Ciudadanos por toda España, con éxitos y logros en reformas políticas, pero también con fugas y dimisiones de cargos, publica El Mundo. 

Del total de los 1.527 concejales que logró en las elecciones municipales de 2015, en torno a 140 habrían abandonado la formación para pasar a ser no adscritos. Mantienen su cargo público, pero salieron de C's. Esta circunstancia ha llevado al partido de Albert Rivera a transmitir al Gobierno su interés en reactivar el Pacto Antitransfuguismo y participar de él.
Los próximos 5 y 6 de mayo, en Valladolid, se producirá una cita inédita en la política española: la convención nacional de concejales no adscritos de Ciudadanos. Allí se darán cita en torno a 80 cargos públicos que se dieron de baja en la formación naranja pero no entregaron su acta. 
Este goteo de salidas, que imposibilita que Ciudadanos reponga a aquellos que se marchan, ha obligado al partido a pedir al Ejecutivo la reactivación de un pacto contra el transfuguismo político cuya comisión de seguimiento no se reúne desde el 27 de diciembre de 2010.
Los concejales no adscritos de Ciudadanos son, contabilizados a mes de abril, 139. No obstante, la cifra puede ser mayor. Este dato supone una sangría del 9% de los cargos municipales, a los que según las fuentes consultadas, habría que sumar otros ocho diputados autonómicos. El mayor número de no adscritos de Ciudadanos está en Castilla y León (33), seguido de Valencia (32); Andalucía (17) y Castilla la Mancha (16), una comunidad donde esta circunstancia se ha agravado en los últimos meses.
Ciudadanos les exigió el acta, pero se negaron a entregarla. La dirección nacional se ampara en la carta ética que firmaron todos sus cargos, que recoge la exigencia de «abandonar el cargo público para el que fue elegido en listas de Cs, y los demás cargos públicos que en su caso pueda ostentar por designación de Cs, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa».
«Pasé a no adscrito y estoy encantado. Recibí presiones para dejar el acta, pero son ellos, por ejemplo, quienes impusieron un nuevo ideario», explica Javier López, concejal no adscrito de Ames, que ahora está afiliado a Vía Centrum.
Abandonó Cs hace un año, con el cambio impuesto por la dirección del candidato de A Coruña al Congreso. Rivera llegó a referirse a él como el concejal «más díscolo». Su salida fue anterior al cambio de ideario -de socialdemócrata a liberal- impuesto en la Asamblea General. Tras él, hubo un goteo de marchas.
«En Ciudadanos no caben ni tránsfugas ni corruptos, que se vayan los que no quieran estar en este proyecto», dijo recientemente Rivera durante una visita a Castilla la Mancha, donde este problema golpea de manera especial al partido. Especialmente sonado fue el caso de Yolanda Ramírez, diputada provincial de Guadalajara con sueldo de 50.000 euros, que pasó a no adscrita y que permite que el PP gobierne esta institución.
«Vamos a luchar contra los partidos que compran tránsfugas; los votantes son dueños de nuestros cargos», señaló Rivera, para quien cuando «uno se compromete con un programa electoral y va en una lista escogido por los militantes, se compromete con ellos».
 «Para mí, los escaños y las actas de concejal, políticamente, pertenecen a los votantes y a los militantes», afirma. Pero el acta es personal, según la ley, y no pertenece al partido, por lo que la renuncia a la misma es una decisión que toma el afectado sin que la formación política pueda intervenir.
Rivera está decidido a que Ciudadanos se sume al pacto contra estas prácticas suscrito entre PSOE y PP, «precisamente para que nadie pueda sacar tajada y acabar con la corrupción». «Espero, si se celebra ese pacto, tomar medidas más contundentes para quienes quieren robarle a los ciudadanos un acta», señala.
En Cs, en cambio, no consideran casos de transfuguismo aquellos cargos que militaban en UPyD y se pasaron a sus filas (por ejemplo Ignacio Prendes o Toni Cantó), pues argumentan que para afiliarse había que dejar todo cargo público previo.
En mayo de 2015, el Gobierno ya se mostró abierto a renovar y actualizar el pacto contra el transfuguismo suscrito en 1998 para incorporar a Podemos y Ciudadanos.

El poder y la gloria / Juan Redondo *

Faltaban escasos minutos para las once y media de la mañana, cuando se produjo la ´fumata blanca´. La presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, anunció la elección de Fernando López Miras como nuevo presidente del Gobierno regional. Y se desbordó la euforia contenida de los populares murcianos.

Han sido más de dos meses de una dura crisis política con negativas repercusiones nacionales y también de incertidumbre y un sinvivir para algunos centenares de familias preocupadas por algo tan prosaico como su economía doméstica. El joven político lorquino acababa de alcanzar la gloría a la edad de la crucifixión de Cristo, un sueño impensable incluso para el propio protagonista hace cuatro telediarios. Y en esa salva de aplausos recibía su primera felicitación en un expresivo abrazo de Pedro Antonio Sánchez.

-­Si gana fulano usted será el primero en felicitarle, le comentaban los periodistas a un veterano político de la Segunda República.
-Posiblemente no ocurra, porque se adelantará un pelota.

En esta ocasión se ha respetado el protocolo. Pedro Antonio Sánchez se siente feliz y liberado, a pesar de sus asuntos pendientes con la Justicia. Ayer se mostraba feliz y sonriente, marcando los tiempos y los espacios. ´El poder y la gloria´, utilizando el título de la novela de Graham Greene, ocupaban escaños adosados.

El pleno de la segunda vuelta en el Debate de Investidura se ajustó al guión previsto. Al celebrarse en la mañana de un sábado con dos días siguientes festivos aceleró la entrada y aligeró la salida de la Asamblea Regional. El día gris y desagradable, con el sol escondido tras los nubarrones, tampoco contribuyó. La climatología de estos tres días parece haber sido diseñada por un director de cine, como telón de fondo, a las intervenciones en los debates poco brillantes. La oratoria no es sinónimo de hablar en público, pero tampoco se trata ahora de entrar en disquisiciones estéticas.

Los populares eran amplia mayoría en las sillas de invitados. Diputados y senadores nacionales de tres partidos: populares, socialistas y ciudadanos. Una tercera parte de los alcaldes de la Región, populares por supuesto, el Delegado del Gobierno, la Autoridad Portuaria y sobre todo amigos y familiares del nuevo presidente. En primera fila los padres, con la novia yeclana del nuevo presidente, en medio. Un detalle de protocolo por la «circunstancial separación» de los progenitores.

El nuevo presidente no tuvo tiempo material para atender a los medios de comunicación, algo lógico, ya que durante casi una hora tuvo que atender a los invitados que deseaban felicitarle y hacerse una foto con él. La cola, según comentaba un asistente, fue más larga que el Besapié del Cristo del Perdón de la Iglesia de San Antolín el Lunes Santo por la mañana. «Habré hecho más de doscientas fotos», comentaba un funcionario adscrito a San Esteban. Cerrada la Investidura, se abren las quinielas para los nombramientos del nuevo Consejo de Gobierno. La discreción y el cuidado en no denotar el menor gesto significativo fue la tónica del Ejecutivo en funciones.

Por si acaso, la última foto de la larga cola de los abrazos y besos fue con las consejeras en funciones. Las titulares de Sanidad, Educación, Cultura y Familia hicieron piña hasta el final. «Esta gente se deja los bolsos en cualquier lado», comentaba el alcalde de Los Alcázares a un compañero de partido. Ya se sabe, la foto es la foto, y si hace falta hasta el diputado nacional Juan María Vázquez se ofrece para apretar el botón de la cámara.

El pleno también, al margen de los rifirrafes reiterativos entre populares, socialistas y podemitas y de los piropos y guiños del PP hacia Ciudadanos, «con los que coincidimos en ideas y proyectos y que hoy han dado un ejemplo de responsabilidad». También dejó sus perlas en el argot político por parte de Ciudadanos. No contentos con ser pioneros a nivel nacional en imponer el camino contra los aforamientos, han acuñado un nuevo término: la abstención técnica, que se suma a de ´por imperativo´ de la diputada socialista María González Veracruz en la investidura de Rajoy.

La expresión de la voluntad a través de una votación se supone que es un acto político responsable, sin necesidad de calificativos.

Pronostican los meteorólogos que a partir de hoy cambiará el tiempo, que subirán las temperaturas, desaparecerán los nubarrones y lucirá el sol. Serán los días de toma de posesiones, reparto de segundos premios y pedreas. La primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno será a mediados de semana. Los plazos son los plazos y legalmente no se puede hacer de hoy para mañana como ofertaba López Miras a Ciudadanos el pasado jueves para salir elegido en primera votación.

Sábado, 29 de abril, Fernando López Miras fue elegido nuevo presidente de la Comunidad. El día Internacional de la Danza, en Argentina se celebra el Día del Animal y en Perú el Día del Vendedor. El día que nació la Infanta Sofía y que murió Alfred Hitchcock, el director de Los Pájaros, el gran maestro del cine de suspense. Una fecha para la historia.

(*) Periodista



http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/04/30/gloria/825585.html 

Los paraísos fiscales, una zanahoria para la corrupción / José María Vera *

Tras taparse la nariz, póngase usted en la piel de un corrupto, o de un corruptor, que tanto da. Y sienta qué vida tan dificultosa tiene, caramba. Si la cosa se limita a un sobre por aquí y otro por allá, con unos pocos billetes para alegrar el fin de semana, pues basta con tender la mano, sucia eso sí. Sin embargo la avaricia, cuando se excita, no conoce límites. Así, del "complemento salarial" se aspira pronto al millón, la mansión y a ese cuadro único que solo usted puede colgar en su pared.

Ay, entonces la cosa se lía. Usted está muy atareado, debe dirigir la economía de un país o presidir una de sus comunidades autónomas, un trabajo a tiempo completo, de interés general. Y aunque parezca fácil por lo cotidiano que se ha vuelto, no es sencillo blanquear cantidades mayores de dinero, ni vender una filial por un monto significativamente diferente de su valor real, ni realizar otras prácticas que alteran el valor de las cosas, eluden tributos y minan el bien público. Robar mucho es bien complicado. Y usted necesita ayuda, muletas, en fin alguien que le entienda antes del ron añejo y que luego se lo tome a la salud de los perdedores.


Aquí aparecen los paraísos fiscales. Al igual que las islas caribeñas de antaño, reductos protectores para piratas y corsarios, los paraísos permiten tributar poco o nada por actividad económica realizada en otros lugares. Esto a través de filiales de mucha facturación y escaso personal y de empresas pantalla que solo son papeles para ocultar dinero. Al tiempo estos territorios offshore suelen ser jurisdicciones opacas donde impera el secreto protector de cualquier blanqueo, más o menos criminal. Y es que el mejor incentivo del mal es la impunidad: da mucha seguridad al ladrón.

¡Genial! La cosa mejora, duerma tranquilo. Ya es factible su actividad de corrupto a gran escala, suficiente para un ático y una finca. Y si tiene dudas, si le parece que estas Islas Caribeñas, algunas tan frías como europeas, están muy lejos, le presentarán abogados y agentes bancarios que se lo explicarán todo tan a su gusto, se lo pondrán fácil y además le convencerán de que todo lo que usted hace es legal, bueno casi legal, está bien "alegal". Y es que "la legislación internacional es tan enrevesada y confusa". No se preocupe, nosotros lo arreglamos, usted solo asegure el flujo de dinero.

Se estima que los paraísos fiscales drenan de las flacas haciendas de los países pobres 170.000 millones de dólares al año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en 90.000 millones de euros el coste global de la corrupción en España

Según Transparencia Internacional,  el 75 % de los casos de corrupción en la arena internacional se perpetra a través de empresas en paraísos fiscales. No hay que repasar hemerotecas,  en los casos aflorados en el lodazal de estos días aparecen los paraísos fiscales como lo que son, habilitadores de la corrupción.  

Los paraísos fiscales son la zanahoria para los corruptos, el incentivo, la luz verde que azuza, que anima, que ante la duda manda la señal necesaria: No tema usted, es posible, nosotros lo arreglamos.

Desde luego acabar con los paraísos fiscales es un desafío global. Sin embargo el Gobierno puede hacer mucho para endurecer la legislación y la persecución. Empezando por revisar la lista oficial de paraísos fiscales de donde se han caído, ¿milagrosamente?, territorios famosos por su opacidad y laxitud fiscal.

Ninguna palabra, pacto, o ley contra la corrupción será creíble mientras no lleve aparejado un compromiso firme y decidido para impedir la actividad desde España en esas islas de piratas, unido a una posición contundente en foros internacionales para cerrar su actividad financiera.  

Así, se lo pondremos a usted más difícil, amigo corrupto, amigo corruptor.


(*) Director general de Oxfam Intermón


La juez Alaya y la eterna nostalgia de la Ley / Federico Jiménez Losantos *

La juez Alaya ha vuelto a la actualidad casi clandestinamente. Pocos medios han prestado interés a su discurso en Valencia, pese a que en esta misma semana su saboteada y finalmente interrumpida instrucción del caso de los ERE ha sentado en el banquillo a dos presidentes de la Junta, Griñán y Chaves, padre y abuelo político respectivamente de la presidenta actual, Susana Díaz, que antes de un mes puede ser proclamada lideresa del PSOE y candidata a la Moncloa. ¿Nadie tiene ya interés en saber lo que dice la juez de los ERE justo ahora? ¿O es que lo que dice no le conviene a nadie?

La juez Alaya fue fervorosamente defendida por el PP y los medios de centro-derecha cuando, por empeñarse en instruir en serio el mayor caso de corrupción de toda la era democrática: 840 millones de euros de fondos para el paro, desviados desde la Junta a las cuentas de todos los partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, IU, UGT, CCOO) que mandan en la mayor y más poblada región de España desde las elecciones de 1977 y 1979. 

La juez padeció una feroz campaña de difamación, personal y profesional, que fue acaudillada por 'Mienmano' Guerra y, lo más grave, respaldada por el CGPJ. O sea, por el PSOE y el PP, porque, según Valencia Plaza, dijo que "no le permitieron seguir con el caso ERE con el voto unánime del PP y del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Y ante las preguntas del auditorio, acaso perplejo, ratificó:

"Mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme; porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". 
 
Un linchamiento político, sindical y judicial

Además de Guerra, Chaves, Griñán y demás 'famiglia' sociata, cabe recordar que en la vanguardia del linchamiento de la juez estuvieron IU de Andalucía (hoy Podemos) llamándola "ultra, pija y católica", y sobre todo los sindicatos, que al llegar la instrucción a la mangancia de los cursos de formación, llegaron a cercar su juzgado con más trescientos "liberados" e "imputados", obligando a la policía a sacar a la jueza por la puerta de atrás.

 Pero la verdadera y finalmente exitosa conspiración contra Alaya la protagonizaron el consejero de Justicia e Interior, Emilio Llera, el TSJA que denuncia la jueza y, finalmente, el Consejo del Poder Judicial, que respaldó la decisión del TSJA, criatura sociata, que le quitó el caso a la juez Alaya y puso a trocearlo a la juez Bolaños, que pareció disfrutar con la charcutería porcina y el embutido rojo-pimentón de la chorizada judicial.

Pero entonces los medios simpatizantes del PP y UPyD -Ciudadanos no se había convertido todavía en partido estatal- defendíamos a Mercedes Alaya. ¿Qué ha pasado para que aquella señora imponente, popularísima en la Derecha y en la Izquierda decente tras plantar cara a la corrupción en su más extenso solar, se haya convertido en un "juguete roto" informativo?

Pues que, efectivamente, ese CGPJ, donde ahora están representados y mangonean todos los partidos -sólo UPyD rechazó su vocalito; IU lo aceptó de mil amores- siempre con el PSOE y/o el PP al frente, certificó el cierre del caso de los ERE. Y lo que critica Alaya es el empeño del PP hoy, del PSOE ayer, en que sean los fiscales los encargados de instruir los casos. Ahí ha estado implacable. Y tiene sobradas razones, objetivas y subjetivas.

La clave de su expulsión del encausamiento de la corrupción en Andalucía está en la carrera fiscal de ciertos políticos y en la carrera política de ciertos fiscales. Fiscal dizque en excedencia es el Vichinsky de la Junta, Emilio Llera; y fiscal de carrera es Gallardón, cuyo hombre fuerte en el aparato judicial es Carlos Lesmes, que a su vez promovió a Díez-Picazo para la Sala 3 del Supremo por donde pasaría lo que más preocupaba de la juez Alaya: reunir en un solo caso los ERE, los cursos de formación y el grupo IDEA que los pastoreaba, unión que afectaba a Braulio Medel, gran cajero del PSOE andaluz desde hace décadas. Fue Medel el que recurrió a los tribunales para separar los ERE y los Cursos de los administradores en IDEA. Y para despiezar el sumario, que se refería a una misma trama de corrupción que actuaba en tres áreas de trinque quitaron a Alaya y pusieron a la Juez Bolaños, amiga de Llera.

Hace casi dos años, Jesús Cacho lo denunciaba con toda claridad:

"El miércoles, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió por 12 votos contra 8 al magistrado Luis María Díez-Picazo nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). El ganador, de brillante currículum, es gran amigo del presidente del TS, Carlos Lesmes, el mandamás de la cosa, que ha logrado así salirse con la suya. El perdedor, que durante 5 años dirigió satisfactoriamente la Sala y que se presentaba a la reelección, se llama José Manuel Sieira, pero ha tenido la desgracia de haberse enfrentado a Lesmes en el asunto del indulto concedido al kamikaze -remember Gallardón, siempre Gallardón- que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista AP-7 (un escándalo que Vozpopuli destapó en su día) y desde entonces Lesmes le había puesto la proa". (Vozpópuli, 26-7-2015)

Probablemente, la única razón de que Gallardón no se ha sentado en el banquillo del caso Urdangarín y no haya sido encausado hasta ahora en la Operación Lezo, a pesar de que la trama exterior del Canal de Isabel II es suya desde el primer y escandaloso pelotazo de 85 millones de euros, es la fuerza que conserva en los estrados fiscales y judiciales. Por ahora, digo. 

Porque lo primero que hizo Ignacio González fue tapar ese pelotazo de Gallardón, su enemigo político, por el bien del PP. Y no existe razón para que el juez Velasco respete a un respetado que no merece respeto alguno. Salvo alguna otra conexión que desconocemos, y que tal vez es a lo que se refiere Alaya cuando carga contra la Fiscalía Anticorrupción, engendro que creó Felipe González exclusivamente para tapar la corrupción del PSOE. 

La corrupción de la Fiscalía Anticorrupción

Ha dicho la briosa jueza sevillana que "el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación". Dado que el Gobierno elige al fiscal general del Estado, y éste a los de Anticorrupción, el Gobierno está presente en todos los casos de corrupción"; que "no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido", y que "no se puede usar a los fiscales como lacayos".

Querrá decir que no se debe, porque poder, lo que se dice poder, vaya si pueden. Y como sucede con los jueces, que no pueden hacen carrera sin la protección de un partido político y ya no se sabe quién corrompe a quién, también los fiscales en los últimos casos de corrupción, de Madrid o Barcelona, o sea, de Pujolandia, han quedado a la altura de los jueces de los altos tribunales y de ese tribunal especial -y especialmente prescindible- llamado Audiencia Nacional, donde los profesionales íntegros se pierden en la pasarela publicitaria de jueces sin escrúpulos, a lo Garzón.

Volver a leer algo sobre la juez Alaya me devuelve con melancolía a aquellos tiempos en que jueces como Barbero o Gómez de Liaño podían convertirse en enemigos de la casta del 'PRISOE', pero tenían la atención y el apoyo de la ciudadanía a través de muchos medios de comunicación. El gran cambio a peor, desde entonces, está en los medios, enfeudados a los grandes multimedia, y a la costumbre del PP y el PSOE de dominar jueces y fiscales para ahorrarse problemas con la Justicia, sin apenas oposición mediática. 

Politización de la Justicia, judicialización de la política

No siempre lo logran, claro está, pero la estructura podrida sigue ahí. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 -el sepulcro de Montesquieu-, a la traición y rebatiña del CGPJ por Gallardón, pasando por el pacto Michavila-López Aguilar en tiempos de Aznar, todo lo que han hecho el PSOE, que lo anunciaba, y el PP, que lo negaba en la Oposición y lo pactaba con el PSOE en el Gobierno, es la politización de la Justicia, que los partidos compensan con una permanente judicialización de la política.

El resultado es que, según una encuesta reciente, los españoles son, de todos los europeos, los que menos confianza tienen en la Justicia. Y con razón. No sé de dónde sacaremos fuerzas para volver a tener esperanza en que éste, que es el problema capital de España, tenga atisbos de remedio. Pero hemos de encontrarlas. La reaparición de la juez Alaya nos devuelve un sentimiento que no deberíamos olvidar: la incurable nostalgia de la Ley. 


(*) Columnista



"Lezogate". Una historia de gangsters / Ramón Cotarelo *

Según arrecian las revelaciones, todo, hasta los episodios más rocambolescos, va tomando sentido. La famosa “gestapillo”; las curiosas imágenes de Ignacio González, creo, y un su amigo en algún lugar del Caribe, portadores de sendas bolsas de plástico en las que, según ellos, había toallas; el enrevesado asunto del ático evanescente de González; el octogenario padre de este, despachando en el Senado.

Realmente, el gobierno de Madrid, y de España entera, en los últimos años ha sido una muestra de la picaresca hispana de todos los tiempos, desde los primitivos de llevarse unos dineros extras mensualmente en forma de sobresueldos o enchufar al padre, la madre, los primos, los allegados, hasta los más ultramodernos de encriptar mensajes y camuflar los latrocinios por métodos telemáticos.

Según parece, Aguirre era sistemáticamente espiada en su propio despacho y, según parece también, González, su mano derecha, sabía todo sobre la cabeza en tanto que esta, la cabeza, no sabía nada de su mano derecha. Vaya cabeza. Aguirre pasa de ser una política audaz y que habla alto a convertirse en un ser ridículo, un fantoche de cuya vanidad se aprovechan unos truhanes para perpetrar sus fechorías.

La señora es ya una mojama política. La cazatalentos, vaya, que ha resultado ser la más tonta de la cuadrilla. El personaje que esta penúltima curva del laberinto de la corrupción ha revelado a nueva luz es el inenarrable expresidente de la CA de Madrid. La historia de las complicadas fechorías que se le imputan, su capacidad de organización, su manejo de los hilos del poder, sus tratos con otros gobernantes, sus presuntos vínculos con las otras tramas delictivas del PP y su supuesta práctica de interferir en los procedimientos judiciales dibujan un personaje insólito, uno que, a diferencia de la lideresa, ha pasado de ser una especie de fiel y oscuro mandado a resultar una especie de genio de la maquinación, un artista de la doble vida: gobernante de día/ladrón de noche. Alguien a quien faltaría tiempo para dedicarse a la gobernación, es decir, lo suyo.

No contento con lo anterior, el personaje intentó hacerse con Caja Madrid, para lo que contó con el apoyo cerrado de la necia vanidosa a la que espiaba y manipulaba. Con la Caja en la mano, este pillastre hubiera comprado no el Brasil, sino la China entera. Por desgracia para ellos, otro presunto delincuente, Rodrigo Rato, contaba con apoyos superiores: Rajoy y Zapatero. También en el trinque hay escalafón, sobre todo entre profesionales.

Puede parecer algo exagerado, pero no lo es. El personaje está tallado en roca granítica. Tras abandonar el gobierno de la CA de Madrid ha realizado diversas actividades. Una de ellas, escribir dos artículos por semana para La Razón, al precio de más de quinientos pavos la pieza, como si fueran reflexiones de Churchill. Así el periódico devuelve en parte al exgobernante la pasta que este le adjudicó arbitrariamente en subvenciones, que otorgaba en razón inversamente proporcional a la difusión. Porque el gobierno del PP es literalmente el gobierno del hampa: las promociones se acuerdan según enchufes y parentescos; las subvenciones, según afinidades delictivas.

Y, por si alguna duda quedara, ahora asoma otra aventura insólita del héroe, que estaba al parecer negociando un proyecto para privatizar la sanidad pública de Egipto utilizando para ello fondos de la cooperación. Cree tener experiencia porque ya intentó hacerlo en el gobierno de Aguirre y, al final, no pudo pues se lo impidió el Tribunal Constitucional. "Privatizar" llama este pájaro a apandar con todo lo público para metérselo en el bolsillo o en el algún jeque amigo a cambio de la correspondiente mordida. De la nueva jugada nos hemos enterado por grabaciones de la policía. El espía, espiado.

No se me negará que de la banda de ladrones del PP  salen tipos novelescos, a la par que patibularios: Bárcenas, Camps, Mato, Matas, Barberá, Fabra, Granados, González... una galería de hampones digna de una película de cine negro.

No se sabe cuánto tiempo tendrá la conexión árabe entretenida a la opinión pública, pero se le echa encima otro escandalazo de típica corrupción pepera con los parques eólicos de Castilla y León. Es injusto que se mezcle en esto al pobre Eolo. Estos parques de Castilla y León debieran llamarse “parques herméticos”, de Hermes, el dios de los ladrones. Y desfalco, expolio de lo público a lo grande, para hacer más grande aun lo privado, lo de los bolsillos privados, las fincas, las cuadras, las piscinas. Comisiones para arriba y para abajo, licitaciones fraudulentas, amaños, adjudicaciones ilegales, malversación, en fin…el estilo de la casa. Doce o catorce imputados. El saqueo de lo público.

Abrumado por la avalancha de corrupción y las tarascadas de la izquierda que pide su dimisión o una moción de censura, Rajoy ha dado luz verde a la formación de una comisión interna del PP para luchar la corrupción, como si esta fuera algo ajeno al PP, algo venido del ultraespacio. La idea y el momento son tan chuscos que invitan al comentario festivo. Sabido es que, cuando no se quiere resolver un problema, se nombra una comisión. Pero esta en concreto tiene más gracia. ¿A quién van a nombrar para presidirla y componerla? ¿Qué quiere decir "luchar" en el PP? Y ¿qué competencias tiene? ¿Puede investigar o tiene que empezar por investigarse a sí misma? Su función última ¿será descubrir y denunciar la corrupción o encubrirla?
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Los batallones de Mauricio / Pedro J. Ramírez *

Hay hitos que no sólo suponen un punto de no retorno sino que marcan un gozne entre dos eras. Pero, cuidado, que no es casualidad que la semana en que ha quedado acreditado que ya no hay ningún diario de información general que declare vender más de cien mil ejemplares en los quioscos de un país de 47 millones de habitantes, sea también aquella en la que la letrina de la corrupción ha rezumado una de sus más fétidas oleadas de estiércol.

Para quien como yo puso su firma durante treinta y cinco años en más de tres mil millones de ejemplares impresos, debería ser especialmente impactante este desmoronamiento irremisible de un modelo no ya de negocio sino de sociabilidad democrática. Sin embargo me encojo de hombros y veo las caídas de El País a los 96.000 ejemplares, de El Mundo a los 62.000 -menos de lo que no ha tanto vendíamos sólo en Madrid-, del ABC a los 58.000 y de La Razón a los 43.000 con la imperturbabilidad de quien contempla las lluvias anunciadas por el servicio meteorológico.

Lo que algunos advertimos que iba a suceder, está sucediendo. No será por no haberlo avisado, pero ya es tarde para el remedio. Los cien mil ejemplares de venta media eran una especie de Cabo de las Tormentas que todo recién llegado debía doblar en un plazo máximo de un par de años para poder navegar en el mar de la viabilidad. Lo conseguimos en 1980 con Diario 16 y en 1989 con El Mundo. Por debajo de tal cota no había salvación.

Mantener ahora con esas escuchimizadas cifras declaradas a la OJD -que incluyen ventas conjuntas y trampillas diversas- plantillas de centenares de personas con muchos trienios de antigüedad es sencillamente imposible. A menos que se incurra en todo tipo de rendiciones al poder, con tal de que sus comisarios políticos puedan seguir pagando la rampante nómina propia, junto a las menguantes nóminas ajenas.

Es cierto que las tres primeras cabeceras de esos legacy media tienen también potentes ediciones electrónicas, pero cuantos estamos en el sector sabemos la desproporción que existe aún entre los ingresos asociados a la actividad tradicional y los de origen digital. Por eso el ejemplo más puro es el de La Razón, que con una difusión minúscula mantiene una recaudación notable, asociada -como antes o después tenía que descubrirse- a prácticas de corrupción política.

De hecho, según las propias cuentas anuales de los tres grandes grupos de la prensa española, la disminución de sus ingresos publicitarios está siendo mucho más tenue que la de sus ventas de ejemplares. Detrás de este desfase late un intento a la desesperada del poder político y económico de mantener vallado un campo inexorablemente abierto por la tecnología.

Pocos ejercicios de pereza intelectual e hipocresía colectiva resultan tan patéticos como los resúmenes matinales en los que -con muy contadas excepciones- las radios y televisiones se limitan a recoger los titulares de las ediciones impresas durante la noche anterior, que las más frescas versiones electrónicas han dejado ya obsoletos. Cuando esa práctica coincide con una jornada electoral o acontecimientos imprevistos, el ridículo alcanza a menudo dimensiones cósmicas.

Ese ninguneo a medios nativos como El Confidencial, EL ESPAÑOL o eldiario, que no sólo tenemos audiencias millonarias de dos dígitos, sino que desvelamos la mayor parte de las exclusivas relevantes y representamos a segmentos decisivos de la opinión, tiene como objetivo seguir protegiendo la última trinchera de la prensa impresa: la de su influencia imaginaria. Es la fantasía a la que se aferran los que siguen arrastrando los pies ante las urgencias del cambio. Así como internet es el cauce adecuado para la información inmediata -dicen quienes se baten de esta forma en retirada-, el "papel" sigue siendo idóneo para la publicación de artículos extensos que requieren una lectura reposada.

Nadie que tenga la experiencia de leer reportajes, entrevistas o piezas de opinión como esta en dispositivos móviles, con pantallas de alta resolución, que ni se arrugan ni entintan los dedos, corroborará ese aserto. Por algo los batacazos de los medios tradicionales son aún mayores los fines de semana. Pero ese clavo ardiendo sirve de coartada a dirigentes políticos y empresariales para retrasar el momento de rendirse a la evidencia de que las élites lectoras -y con ellas la influencia- también se han trasladado masivamente a la prensa digital.

Vivimos un momento de transición en el que la falta de coordinación de los medios nativos a la hora de afrontar asuntos clave como el IVA digital, la publicidad institucional o la urgencia de aportar credibilidad y rigor a los sistemas de medición de audiencias, es también un factor retardatario de la nueva edad de oro del pluralismo informativo que se avecina. Y sucede que en ese escenario de crisis en el que lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer, es la televisión la que está adquiriendo un papel preponderante que nunca tuvo, a la hora de encauzar el debate político y fijar la agenda.

El modelo vigente durante las últimas cuatro décadas implicaba que era en las redacciones de los periódicos, suficientemente nutridas y cualificadas para la elaboración intelectual, donde se gestaban las distintas miradas sobre la realidad, mientras que los medios audiovisuales servían de caja de resonancia o lente de aumento. Ahora, con la prensa tradicional al borde de la quiebra y la nativa aún en fase de crisálida, la inversión de los términos trae consigo la dictadura de la trivialización. Hasta el extremo de que hay buenos periodistas -yo conozco algunos- que, según el principio de que hay que comer mucho caviar para poder llevar una simple hamburguesa a casa, dedican arduas jornadas a asuntos trascendentes y complejos con el objetivo primordial de trasladarlos al plató, de forma más que esquemática, esquelética, cual efímeras bengalas que se diluyen en el éter. Así no se controla al poder, así nada sirve para nada.

Viene a cuento la analogía con la comida basura porque no es difícil de entender el tipo de liderazgos y referencias que genera una cultura informativa en la que una noticia debe despacharse en treinta segundos y un argumento en quince. Y el hecho de que esa actividad se ejerza en régimen de concesión administrativa, es decir, en connivencia intrínseca con el poder, explica el papel central que puede llegar a desempeñar alguien de las características del llamado Príncipe de las Tinieblas.

Si combinamos la neutralización de la televisión pública como amorfo órgano gubernamental, sin inteligencia, recursos, ni proyecto, con la implantación de un duopolio en el que Mediaset se aferra a la muy rentable explotación del entretenimiento, es fácil entender la hegemonía del teatro de marionetas de Mauricio Casals. El secreto de su éxito consiste en manejar a la vez los títeres de cachiporra del poder y la oposición, de forma que la virtud del buen Mariano siempre salga triunfante ante la perfidia del malote Pablo. Cuando su mentor, José Manuel Lara, fue capaz de editar al mismo tiempo La Razón y el Avui, Casals tomó sin duda buena nota. Utilizar a la vez a Ferreras y a Marhuenda es, comparado con eso, coser y cantar.

El Principado de Tinieblas ha sucedido a Polancolandia como régimen de concentración mediática, con el agravante de que si bien el grupo Prisa complementó el éxito indiscutible de El País con concesiones como la de Canal Plus o las de las emisoras añadidas a la SER, en el caso de Atresmedia todo viene del favor público. No estamos hablando de guerras mediáticas o querellas triviales de periodistas. El duopolio ha sumado el año pasado 300 millones de beneficios, en medio de la ruina ajena, y aun no hay un solo partido que se atreva a pedir la anulación de las fusiones autorizadas por Zapatero y Rajoy. El control social del poder a través del pluralismo informativo es el colágeno que da elasticidad a la musculatura de una democracia y esta misma semana hemos comprobado cómo la acumulación de tantos resortes en unas solas manos produce atrofias muy dañinas.

Baste imaginar lo que se hubiera dicho en programas como Espejo Público, Al Rojo Vivo o las tertulias de Onda Cero si los protagonistas de las conversaciones grabadas a Edmundo Rodríguez Sobrino con Casals y Marhuenda hubieran pertenecido a un partido político. Pero en esos foros a nadie pareció llamarle la atención ni que el consejero delegado de La Razón -como tal figura en el Registro Mercantil- manejara a la vez el dinero del Canal de Isabel II; ni que la fiscalía se creyera las burdas explicaciones de que la minuciosa estrategia de amenazas a Cifuentes -entreverada con visitas a su despacho- era en realidad un "placebo" trenzado de "mentiras piadosas", a modo de "estafa no patrimonial a un amigo"; ni que el juez Velasco archivara a uña de caballo lo que se percibía como "organización criminal" para ejercer la "obstrucción a la justicia", no fuera a ser que nuevas partes personadas en el procedimiento solicitaran diligencias que ahondaran en las relaciones entre el Canal, Ignacio González -ese que tan "bien escribe"- y el propio Tinieblas.

Por no llamarles nada la atención, ni siquiera la sorprendente felicidad con que el propio Edmundo celebró ante el juez haber sido "engañado" por sus amigos Mauricio y Paco cuando le prometieron "dejarse los cojones" por él, hizo arquear las cejas a uno solo de entre tantos tertulianos. Pendientes ya de jalear la estrafalaria moción de censura podemita, que enseguida vino a aliviar la situación-límite en la que se encuentra el PP, ninguno pareció reparar en que así es como se comportan los "soldados", en que por eso le denominaban "uno de los nuestros".

"¿Cuántas divisiones tiene el Papa?", preguntó socarronamente Stalin a Pierre Laval cuando el ministro de Exteriores francés, que siempre llevaba corbata blanca y terminaría fusilado por colaboracionista, le instó a mejorar sus relaciones con el Vaticano. Cómo si no entendiera, precisamente él, que hay armas mucho más peligrosas que las de fuego.

Pues bien, gracias al Departamento de Comunicación de Atresmedia, que el otro día diseminó grotescas imputaciones tildando a EL ESPAÑOL de "homosexualista y cristófobo", nosotros ya sabemos cuántos batallones tiene Mauricio Casals. Porque al batallón de Antena 3, al batallón de La Sexta, al batallón de Onda Cero, al batallón de Editorial Planeta y al batallón de La Razón, hay que sumar también el batallón de los quintacolumnistas que en muy diversos medios -a veces sus propios directores- actúan como embajadores del grupo a cuyos programas acuden, el batallón de los aspirantes a adquirir un día ese rango y remuneración y el batallón de las criaturas de la noche que, desde covachuelas de toda índole, se prestan a disparar cualquier munición, por rancia que sea, contra quien se atreva a incomodar al Príncipe que alimenta sus fauces con las migajas de su mesa. Por algo he advertido a nuestros accionistas y suscriptores que viene una primavera muy lluviosa y convendrá tener permanentemente a mano el chubasquero.



(*) Periodista y editor de El Español