lunes, 3 de abril de 2017

La Región lidera la exportación nacional de zumos al extranjero


CEHEGÍN.- La Región de Murcia lidera las exportaciones de la industria de zumos a nivel nacional, con un volumen de ventas al extranjero de 189,24 millones de euros durante el pasado año. Esta cifra, que supone un incremento del 9,58% con respecto al año anterior, sitúa a la Región por delante de Valencia (104,22 millones de euros), Alicante (74,49 millones de euros), Lérida (43,47 millones de euros) o Ciudad Real (39,58 millones de euros). 

El director del Instituto de Fomento, Javier Celdrán, destacó la evolución de esta industria durante su visita a Cofrutos, una de las empresas líderes de este sector a nivel regional y nacional. 
''La industria de los zumos, uno de los pilares del sector agroalimentario regional, se ha reinventado en los últimos años para mantener su hegemonía y sus buenos resultados. Ante la saturación del mercado nacional, las empresas han buscado nuevos mercados en los que vender sus productos, lo que ha hecho, por ejemplo, que las exportaciones a Reino Unido se dupliquen en el último año o que se tripliquen las ventas a Japón'', señaló Javier Celdrán.
En concreto, el liderazgo regional en las exportaciones de zumos se ha sostenido en el crecimiento en mercados emergentes, como los asiáticos y árabes, y en el repunte de algunos mercados europeos como el de Reino Unido, donde las ventas pasaron de 30,22 millones de euros en 2015 a 45,06 millones de euros el pasado año. El mercado británico, de hecho, es el principal destino de las exportaciones regionales, seguido de Francia (39,08 millones de euros) y Portugal (13,56 millones de euros).
Les siguen en esa lista Japón, que en apenas dos años ha triplicado sus exportaciones hasta llegar a 8,75 millones de euros; Países Bajos, con un volumen de ventas de 7,93 millones de euros; Arabia Saudita (6,55 millones de euros) y Alemania, donde las exportaciones alcanzaron los 6,33 millones de euros. 
En cuanto al número de empresas, el pasado año hubo 46 empresas exportadoras que realizaron un total de 9.637 operaciones comerciales en los mercados internacionales.
Una de estas empresas es Cofrutos, una compañía con más de 50 años de experiencia en este mercado y que exporta sus productos a más de una decena de países de los continentes europeo, americano, africano y asiático. 
Entre los países de destino de las exportaciones de esta empresa figuran Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Guinea ,Angola, Singapur, China, Estados Unidos o Finlandia.
''La industria regional de los zumos ha incrementado sus ingresos gracias, entre otras razones, a la calidad y variedad de sus productos, a una acertada estrategia de diversificación de mercados y a su apuesta por la innovación. 
Es el caso de Cofrutos, una empresa con gran tradición en este mercado que desde sus inicios ha sabido aplicar la innovación tanto a sus productos como a sus procesos, introduciendo constantes mejoras en sus procesos de envasado o en los propios formatos de envase para mantenerse como una de las empresas líderes de este sector'', concluyó el director del Info.

El TSJ de Murcia confirma el archivo del caso 'Guardería'

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), actuando como Sala de lo Penal, acordó desestimar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal.

Así como la representación procesal de la asociación 'Nuevo Barrio, Asociación de Residentes y Propietarios del Barrio de La Paz de Murcia', el sindicato de la enseñanza 'La Intersindical Región de Murcia', el 'Foro Social Región de Murcia', y la 'Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Infantil La Paz', personados como acusación particular, confirmando íntegramente el auto recurrido, dictado por el magistrado instructor en fecha 8 de marzo.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, instructor del denominado caso 'Guardería', Enrique Quiñonero, decretó el pasado 8 de marzo el sobreseimiento libre y archivó las diligencias que investigaban si existió un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia. Unas diligencias por las que fue llamada a declarar, en calidad de investigada, hace unos días la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá.
El instructor no advirtió la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación, porque, como explica en su fundamento quinto, "sin hacer una valoración definitiva, que aquí no procede, acerca de si los acuerdos respetaron formalmente la legalidad administrativa, no puede afirmarse que con su adopción pusieran los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege y que lo hiciera con la gravedad propia de una conducta, que pueda ser calificada de injusta y arbitraria".
Recuerda en los antecedentes de hecho de la resolución que, durante la instrucción de este procedimiento, la magistrada del Juzgado nº 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015.
Centrada la investigación en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la resolución desgrana si concurren en su adopción los elementos del delito de prevaricación administrativa.
Los cuales, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, concreta en cinco: resolución dictada por autoridad o funcionario; objetivamente contraria al Derecho; falta absoluta de competencia u omisión de tramites esenciales; un resultado materialmente injusto; y una voluntad particular consciente de actuar contra derecho.
"El derecho administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora y no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos administración que puedan estar, o de hecho estén, en contradicción con la Ley", señala recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo.
Así, en la resolución se analizan las dos vertientes de ilegalidad penal que se imputan a los acuerdos de la Junta de Gobierno para concluir en el primero que, siendo competente la Junta de Gobierno, la falta de inclusión en el orden del día no implicaría una omisión de trámites esenciales del procedimiento administrativo, sin que sea tampoco exacto que no existieran informes o trámites administrativos previos a la toma en consideración de las cuestiones que fueron objeto de los acuerdos.
Y, en segundo lugar, por lo que hace a la arbitrariedad, con grave daño para los intereses públicos, la resolución señala que "mas allá de especulaciones e hipótesis sin sustento probatorio alguno tras una larga instrucción, la cronología de los hechos resultantes de la instrucción no evidencia otra finalidad que la de acelerar los tiempos y solventar los obstáculos al inicio de un proyecto que había sido asumido por el Ayuntamiento, por considerar que tenía un evidente interés público".
Según el magistrado, "el fracaso o paralización posterior del proyecto de rehabilitación de barrio debido a la sobrevenida crisis económica no puede servirnos de criterio enjuiciador de la arbitrariedad o injusticia material de aquellos actos; mucho menos de su transcendencia y alcance penal".

El socialista Hernando hace responsable a Rivera si Sánchez no sale del Gobierno


MADRID.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, considera que la "pelota está en el tejado" de Ciudadanos y responsabilizó a su líder, Albert Rivera, si el presidente del Murcia, Pedro Antonio Sánchez, continúa al frente del Ejecutivo después de la moción de censura que se debate esta semana.

"Que cada palo aguante su vela. Los que quieran seguir apoyando a Pedro Antonio Sánchez tendrán que dar muchas explicaciones", alertó Hernando.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del PSOE ha insistido en que es Rivera quien tiene "la pelota en su tejado" y quien tiene la "presión" de los ciudadanos para que vote a favor de la moción de censura y permita un cambio político en Murcia.
"Ya no hay motivos para que Pedro Antonio Sánchez siga al frente de la Región de Murcia. El 'Murcia a tope' le ha pasado factura y ahora quien tiene que estar 'a tope' es Ciudadanos con esa moción de censura", ha insistido.
Preguntado si el PSOE está dispuesto a que haya elecciones en otoño como reclama Ciudadanos, Hernando ha reiterado que lo importante ahora es que salga adelante la moción de censura y para ello se necesita el voto a favor del partido de Rivera.
Sobre la actitud que pueda tener el PP en relación con el futuro de Pedro Antonio Sánchez, Hernando cree que no habrá cambiado de candidato porque tiene "mucha información", y ha pedido que la moción de censura no dependa de las "maniobras de Génova".
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su participación en la trama Púnica, en contra del criterio de Anticorrupción.

Urralburu: «Si el jueves C's no apoya el cambio será culpable de mantener a Sánchez»

MURCIA.- El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Oscar Urralburu, dijo este lunes en un comunicado, tras conocer la decisión del juez Velasco de imputar a Pedro Antonio Sánchez, que si el jueves Ciudadanos no apoya el cambio será culpable de mantenerlo.

"Si el jueves no apuesta de verdad por un gobierno de cambio y progresista en la Región podemos decir que solo habrá un culpable de mantenerlo", aseveró.
"Si alguien quería tener alguna razón más para apartar al presidente Sánchez y al propio PP del Gobierno de la Región, el juez Velasco dio una rotunda exposición razonada del 'caso Púnica' que evidencia que la corrupción en la Región no solo va a terminar apartando a Pedro Antonio Sánchez, sino que es una corrupción sistemática y estructural que afecta al conjunto del partido", agregó.
A su juicio, Ciudadanos "lo sabe y lo sabía hace dos años y en aquel momento se equivocó en la investidura del presidente a Pedro Antonio Sánchez, y ahora tiene que enmendar su error".
Urralburu ha explicado que tras conocerse el envío de la exposición razonada al TSJ por el Juez Velasco del Presidente del Gobierno Regional, Pedro Antonio Sánchez, "es el momento de regenerar la política y apartar no solo al Presidente sino a la corrupción endémica del PP en la Región".
Óscar Urralburu ha calificado de "autentico escándalo" la noticia de la petición de investigación, por parte del juez Eloy Velasco al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por delitos dentro de la trama Púnica.
Así Urralburu ha explicado que en estos momentos urge "expulsar a la corrupción del gobierno regional y de las instituciones públicas" ya que "la trama de corrupción en la Región de Murcia por parte del Partido Popular es una cuestión endémica"
En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, ha reiterado que "Ciudadanos tiene decidir entre seguir apoyando a la corrupción del PP o la conformación de un gobierno de cambio y progresista" por lo que puede ahora enmendar el error que cometió en 2015 prestando su apoyo a un gobierno "con miembros bajo sospecha judicial"

Presen López (PSRM): «Esto es insostenible y lo veníamos advirtiendo»

MURCIA.- La secretaria de Organización del PSRM, Presén López, dijo este lunes tras conocer el auto del juez Eloy Velasco que pidió al TSJM que impute a Pedro Antonio Sánchez por cohecho, fraude y revelación de información que esto es "insostenible" y lo venían advirtiendo.

"Sentimos vergüenza y tristeza de la situación a la que ha llevado a la Nación el Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez", añadió en un comunicado de prensa tras conocer la noticia. "Pedimos a Ciudadanos que reacciones porque no hay mas prórrogas y estamos en el minuto final", agregó López.
Advirtió a C's que "o amparan al Partido Popular y sus prácticas de protección de la corrupción o apoyan la moción para que haya un gobierno limpio y honesto del PSRM que dé estabilidad a la Región en los próximos dos años".
Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de la Región, Rafael González Tovar, dijo en un twitter que "Murcia no puede seguir siendo noticia por las corruptelas del PP. Hace falta mas que nunca la regeneración y honradez".

Sigue en valores de emergencia la cabecera del Tajo y toda la cuenca del Segura, en principio, hasta septiembre


MADRID.-Los embalses españoles se encuentran al 59,1 % de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península, cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), en las primeras semanas de la primavera, la reserva actual de agua es de 33.064 hectómetros cúbicos (59,1 %), un porcentaje muy alejado de la media de los últimos 5 años (73,5 %) y de los últimos 10 años (69,7 %).
Según datos de Medio Ambiente, el agua almacenada actualmente en los pantanos hidroeléctricos es de 11.112 hectómetros cúbicos (64,2 por ciento), cifra que también se sitúa muy por debajo del valor del último año (83,8 %) y de los últimos 5 años (77,4 %).
Durante los últimos días, el agua acumulada en los hidroeléctricos ha descendido 258 hectómetros cúbicos (el 1,5 % de la capacidad total), especialmente en los ubicados en la cuenca del Tajo, donde la pérdida constatada ha sido de 125 hectómetros cúbicos.
Los embalses de uso consuntivo (el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado) contienen 21.952 hectómetros cúbicos, el 56,8 por ciento del total, cifra por debajo de la media del último año (61,3 %) y del quinquenio (71,7 %).
La reserva de agua de estos embalses ha aumentado en 148 hectómetros cúbicos (el 0,4 %), con variaciones entre -3 hectómetros cúbicos en Guadalete-Barbate y 42 hectómetros en la cuenca del Duero.

Problemas en las cuencas del Júcar y el Segura
Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el valor medio de las precipitaciones desde el 1 de octubre hasta el 28 de marzo de 2017 ha sido de 381 litros por metro cuadrado, un 4 por ciento menos que el valor normal de dicho periodo, cifrado en 397 litros por metro cuadrado.
Las cantidades acumuladas no superan los valores normales en gran parte del noroeste peninsular, zonas del País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, provincia de Guadalajara y en diversas áreas del sur de Castilla-La Mancha, mitad occidental de Andalucía, Canarias occidental y en Gran Canaria.
Mientras que en Galicia, Asturias, la mayor parte de Cantabria y en la zona norte de Castilla y León el porcentaje de precipitación acumulada se mantiene por debajo del 75 por ciento del valor normal.
El último informe del Observatorio Nacional de la Sequía, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en diciembre de 2016, con datos de noviembre de 2016, refleja que la situación más comprometida respecto a la sequía hidrológica es en el Júcar.
En esa demarcación, las comarcas de la Marina Alta, Marina Baja y Serpis se encuentran en valores de emergencia y, al igual que en la demarcación del Segura, se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2017 la situación de sequía, lo que permite adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
En el caso del Segura, el indicador de la demarcación permanece en alerta, condicionado principalmente por su subsistema trasvase, dependiente de la situación de la cabecera del Tajo, que a finales de septiembre, entró en valores de emergencia. En las restantes demarcaciones no se detectan problemas importantes relacionados con la sequía hidrológica.

El PP nacional dice seguir apoyando a PAS porque su situación "no ha cambiado"

MADRID.-El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha señalado esta mañana que la dirección nacional del partido mantiene su misma posición de apoyo al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque su situación procesal no ha cambiado, y ha defendido ir "paso a paso" en este asunto. 

Sus declaraciones han tenido lugar tras conocerse que el juez Velasco ha hecho un auto en el que pide que el TSJ investigue al presidente murciano por tres delitos. 
"Si hay algún cambio en relación a la situación procesal del presidente de Murcia podremos cambiar nuestra opinión, pero hoy por hoy sigue siendo la misma", ha dicho Casado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y en la que no se ha tratado el caso del presidente de la Región de Murcia, según ha afirmado.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su participación en la trama Púnica, en contra del criterio de Anticorrupción.

Pedro Antonio Sánchez se prepara para el debate de la moción de censura


MURCIA.-El portavoz del PP, Víctor Martínez, ha asegurado este lunes que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, está preparando el debate de la moción de censura, y ha emplazado a C's a que elija "bien" entre esperar a que se resuelva la instrucción del caso Auditorio o apoyar un Gobierno alternativo sustentado por Podemos.

En rueda de prensa posterior al comité de Dirección del PP regional presidido por Sánchez, Martínez ha señalado que la reunión ha servido para "reafirmar" la defensa del presidente murciano, y ha declarado que el partido seguirá esta línea hasta el final del debate de la moción, previsto para este miércoles y jueves, porque la "coherencia nos da la credibilidad".
El portavoz de los populares ha apuntado que la ausencia de Sánchez en la reunión convocada por el PP nacional, programada para que asistan los presidentes regionales del partido de los congresos autonómicos, obedece a que la "prioridad es Murcia".
En este sentido, ha remarcado que el partido y Sánchez están preparando un debate en el que defenderán la necesidad que tiene la Región de "estabilidad".
Por ello, ha pedido a Ciudadanos que pregunte a sus militantes "si quieren defender lo justo y esperar a que se pronuncie la justicia" o bien "precipitarse y condenar preventivamente" a Sánchez.
Asimismo, ha añadido que "parece" que Ciudadanos en la Región ha decidido dar su voto a un presidente socialista en unión con los votos de Podemos".
"Confiamos en que Ciudadanos elija bien", ha aseverado el portavoz popular antes de negar que la defensa que está haciendo el partido de Sánchez esté generando desgaste al PP.
"Defender lo justo nunca debe provocar un desgaste a un partido que es coherente. Eso nos distingue del resto", ha concluido Martínez.

PSOE, Podemos y Ciudadanos impulsarán una auditoría del Gobierno de Murcia

MADRID.- La crisis institucional de Murcia afronta una semana decisiva. Este miércoles y jueves se debate en la Asamblea la moción de censura contra el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el caso Auditorio. PSOE y Ciudadanos mantendrán contactos esta semana para tratar de limar su discrepancia: los socialistas quieren gobernar dos años, los naranjas quieren un gobierno técnico para seis meses y elecciones. En lo que sí están de acuerdo, también Podemos, es en impulsar una auditoría de la situación financiera de la Comunidad, publica hoy 'El Mundo'. 

Se trata de un punto clave del acuerdo que puede alcanzar la oposición en su propósito de derribar a Pedro Antonio Sánchez, si mantiene su pulso de no dimitir, y que ha pasado un tanto desapercibido. Sin embargo, tanto PSOE, como Podemos y Ciudadanos lo sitúan como una prioridad, pues consideran que una «auditoría a fondo» puede debilitar la fuerza del PP en la Región o, al menos, concederles munición política.
El objetivo de esta auditoría, según las fuentes consultadas, es cercar al PP, poner sobre la mesa de la actualidad casos polémicos e investigados por las autoridades como el de la desaladora de Escombreras, que podría llegar a suponer un agujero de 600 millones de euros de deuda, o el del propio auditorio de Puerto Lumbreras, caso por el que está imputado el actual presidente.
La oposición aún no ha decidido hasta cuándo remontarse en la auditoría, pero sí tiene claro que debe abarcar estos dos casos. La desaladora se construyó entre los años 2006 y 2007. El objetivo es intentar desgastar al PP, buscando desacreditar su gestión y erosionar su imagen ante la posibilidad de unas nuevas elecciones. Persiguen que si hay comicios adelantados, como quiere C's, la campaña esté marcada por escándalos de supuesta corrupción del PP. Así, entienden, contrarrestarían, además, una hipotética desimputación de Pedro Antonio Sánchez.
«Queremos una auditoría, que se levanten las alfombras. Después de 20 años de gobiernos del PP entendemos que hay que abrir los cajones», explica Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia. «Hemos convenido en la necesidad de hacer una auditoría de las finanzas y la situación de la Comunidad para abrir ventanas del Gobierno regional desde la transparencia y la honradez que necesita la Región», dijo esta semana Rafael González Tovar, secretario general del PSOE Murcia. La necesidad de esta auditoría también es compartida por Podemos.
Su ejecución se enmarcaría dentro del cometido del «gobierno técnico» de seis meses que C's ha propuesto al PSOE, aunque los socialistas también la plantean en su programa de gobierno los próximos dos años. En caso de caer el Gobierno del PP, sería una de las medidas que se pondría en marcha, haya o no elecciones. Queda por discernir si en el caso de que los populares mantengan el poder, la impulsarán desde la oposición, pues cuentan con 23 votos, frente a los 22 del PP.

España, en el furgón de cola de las inversiones en infraestructuras


MADRID.- El sector de la cons­truc­ción no es­pera grandes cosas de los pre­su­puestos de 2017, es más, piensan que irán a peor que en los dos úl­timos ejer­ci­cios. Los 4.200 mi­llones de euros anun­ciados por el pre­si­dente Mariano Rajoy que se in­ver­tirán en in­fra­es­truc­turas en Cataluña los pró­ximos cuatro años con­si­deran que están bien pero las em­presas piden que el resto de las au­to­no­mías sean com­pen­sadas con obra civil nueva y que se apueste nue­va­mente por las in­fra­es­truc­turas en todo el país, según concluye hoy https://www.capitalmadrid.com

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no quiso desvelar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el paquete de inversiones que se llevarán las infraestructuras pero hay cierta sensación de pesimismo sobre que el Gobierno vaya a abrir la mano y que el Ministerio de Fomento vuelva a salir maltrecho en los Presupuestos de 2017.

La patronal de la construcción Seopan acaba de hacer públicas las cifras de 2016 sobre inversión en obra pública y no pueden ser más desalentadoras. La contratación de obras para el sector ha caído un 32% respecto a 2015, la licitación en obra civil un 4% mientras que las concesiones lo han hecho en un 74%. Seopan califica la situación de “agravamiento sin precedentes de la recesión en el sector de la obra pública”. El ejercicio pasado la licitación pública ascendió a 9.333 millones de euros, de los cuales 3.268 millones se destinaron a edificación y 6.066 millones a obra civil.

Caída de un 12% en 2017
Sobre las expectativas de 2017, la patronal de la construcción subraya que las previsiones de actividad para la obra civil se mantendrán negativas, en el entorno del -12%. Prevé, por el contrario, que haya un incremento de la tasa de crecimiento de la actividad residencial privada.

La asociación hace una evaluación de la situación actual y sobre las previsiones para 2017 y 2018. En este sentido, destaca como aspectos positivos el impulso que está registrando la edificación residencial iniciado en 2015 así como el crecimiento del tráfico que están registrando las autopistas de peaje desde 2014. El crecimiento del tráfico en autopistas de peaje fue de un 5,6% y se prevé para este año un aumento similar o incluso mayor.

En cambio, la patronal subraya que se ha producido un “agravamiento de la recesión en el volumen de contratación de la obra pública” y una “inexistencia del modelo concesional en la contratación de nuevos proyectos”. Seopan no culpa solo al Estado sino también a las comunidades autónomas con caídas en máximos históricos.

Un 60% inferior a los cuatro grandes de Europa
Su presidente, Julián Núñez, destaca que la inversión pública en España tiene un déficit de un 60% respecto a la media de los cuatro mayores economías europeas como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Nuestro país no figura entre el top ten de los diez mayores países del mundo que más invierten en infraestructuras.

El primero de la lista es Reino Unido con 122.000 millones de dólares, le siguen Canadá con 63.390 millones y Estados Unidos con 45.200 millones. A continuación están, Indonesia 41.700 millones, China (41.118 millones), Japón (37.000 millones), Singapur (28.300 millones), Francia (28.050 millones), Australia (25.400 millones) e India (23.454 millones).

Según la consultora norteamericana CG-LA Infraestructure, actualmente hay localizados en todo el mundo grandes proyectos de inversión por valor de 701.300 millones de dólares. La única obra prevista que aparece relacionada con España es el Corredor del Mediterráneo, con 5.000 millones de dólares presupuestados. Después, no figura ningún otro proyecto porque tampoco hay prevista ninguna macroinversión para los próximos años.

Europa, en cambio, es líder en planificación de infraestructuras con un presupuesto global de 211.800 millones de dólares. El mayor de los proyectos es el High Speed Two (HS2), de Reino Unido, con una inversión prevista de 70.000 millones de dólares, que se destinarán a modernizar toda la red ferroviaria del país tanto en cercanías como larga distancia y en potenciar la red de alta velocidad.

El grueso de las inversiones a nivel mundial se la llevan las infraestructuras y el transporte, que acaparan 69,3% con un total de 485.700 millones de dólares; la energía es la segunda con un 24,3% (170.400 millones), y la tercera es el agua con sólo un 6% (45.200 millones). Como se ve, los proyectos de agua siguen estando a la cola de los grandes proyectos mundiales cuando debería ser de lo más prioritario en la mayoría de los países mundiales.

Las autonomías vuelven con fuerza al mercado y cuestionan la utilidad del FLA


MADRID.- El Gobierno ha autorizado operaciones de deuda por valor de 16.500 millones en solo tres meses. Los expertos creen que sin tutela del Estado las autonomías serían más cuidadosas con el gasto. ¿Quién será el principal acreedor de las comunidades autónomas en 2017? Si nada lo remedia, el Estado volverá a ejercer por sexto año consecutivo de máximo prestamista de los gobiernos autonómicos. Ante esta posibilidad hay quienes reclaman una vuelta a la normalidad financiera en los territorios, al entender que la situación ha mejorado y que las comunidades podrían obtener ya esos recursos por sus propios medios, según publica hoy http://www.eleconomista.es.


Un dato avala esta tesis: solo entre enero y marzo el Gobierno ha autorizado operaciones de endeudamiento por valor de 16.500 millones de euros, más del doble que el año pasado por estas mismas fechas. Las autonomías vuelven con fuerza al mercado y demuestran que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya no es necesario.
El Ministerio de Hacienda prorrogará este año la vigencia de los mecanismos extraordinarios de liquidez para comunidades autónomas, pese a que una mayoría de ellas (trece de las diecisiete) han recibido autorización para captar deuda en los mercados. Es la demostración palpable de que ahora que se ha iniciado la recuperación económica, las regiones pueden financiarse sin la tutela del Estado y asumir la diferencia de coste que esta opción represente con los préstamos que obtienen de manos del Fondo FLA y de la Facilidad Financiera, habilitada para las regiones que habitualmente cumplen el déficit.

Cambio en la gestión autonómica

Los expertos creen, además, que si los gobiernos autonómicos tuvieran que responsabilizarse de su propio endeudamiento, serían mucho más cuidadosos con sus ingresos y sus gastos. Es la opinión que expresa a elEconomista uno de los sabios propuestos por el Ministerio de Hacienda que conforman la comisión de expertos sobre la Financiación Autonómica.
Ángel de la Fuente considera que "habría que empezar a pensar en cómo ir retirando poco a poco los mecanismos de liquidez". El también director de Fedea entiende que la disciplina del mercado sería muy sana para ayudar a disciplinar mejor a las comunidades autónomas.
"La mutualización sistemática de los desequilibrios en la financiación es síntoma de una más que deficiente gobernanza que, a la postre, distribuye de forma muy poco equitativa el coste para los ciudadanos", sostiene Luis Caramés Viéitez, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, que defiende abiertamente la idea de que las comunidades autónomas deben acudir a los mercados en busca de liquidez en cuanto esté lista la reforma de la financiación autonómica. El principal motivo es que estos -los mercados- "suelen disciplinar con más objetividad", sentencia.

La AIReF reclamó desmantelarlos

También ha sido muy claro en este sentido el mensaje de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya desde hace unos meses recomendaba ir desmantelando los mecanismos especiales de liquidez poco a poco, para reducir la dependencia autonómica del Estado.
"Necesitamos combinar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con las de otras Administraciones y eliminar progresivamente los mecanismos de financiación extraordinaria" aseguraba el presidente del organismo fiscalizador, José Luis Escrivá recientemente. Hay que recordar, además, que la AIReF apoya también los objetivos de déficit asimétricos, al creer que algunas comunidades relajan sus políticas de gasto en cuanto saben que disponen del mismo límite que regiones con peores datos.
De momento, solo entre enero y marzo el Consejo de Ministros ha autorizado a las autonomías a financiarse por valor de casi 16.500 millones de euros, más del doble de los 8.200 millones de euros que les permitió en los tres primeros meses del 2016.
Un total de trece regiones (todas a excepción de Canarias, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha) están acudiendo ya a las entidades financieras o a los mercados de capitales para lograr financiación con la que cubrir su déficit, pagar a proveedores y atender vencimientos. Asturias, aun así, saldó operaciones de deuda muy jugosas justo un mes antes, en diciembre, por lo que no ha debido hacer petición expresa para nuevas subastas en este primer tramo de ejercicio 2017.

En busca de liquidez

En esa lista no solo hay comunidades saneadas, que en principio tendrían menos dificultades para recibir el respaldo de los prestatarios. También las hay en serias dificultades, como Cataluña (bono basura para las agencias de calificación), que el 3 de febrero recibió permiso para endeudarse por 1.378 millones de euros; la Comunidad Valenciana, que obtuvo el visto bueno el 27 de enero para lograr 2.422 millones de euros; o Extremadura, que quiere hacerse con 528 millones de euros.
El actual momento de tipos históricamente bajos, incluso negativos en plazos de hasta tres años en el caso de las subastas del Tesoro español, se ha trasladado también al ámbito autonómico, que abona más intereses pero sin que su deuda se torne insostenible. Madrid y Castilla y León se financiaron ya en el año 2016 a largo plazo con intereses inferiores al 2%, algo que hace solo unos años hubiera resultado un suieño para el propio Estado (que sacó subastas a diez años con tipos inferiores al 1%).

Moneda de cambio para el nuevo modelo

Ya hace un año que el catedrático Juan José Rubio pronosticó que el FLA, hoy prorrogado, sería una herramienta que el Gobierno utilizaría como moneda de cambio en la reforma de la financiación autonómica. "Habrá quitas parciales o totales", aseveró este experto, tras recordar que el nuevo sistema no incorporaría muchos más fondos que el de 2009 por los deberes de reducción del déficit público. Así, perdonar deuda serviría para acallar a numerosos gobiernos regionales, ávidos de más financiación para capear el temporal.
"Podemos estar en puertas de una quita, que seguramente se cubrirá con un eufemismo tipo reestructuración", añade en este sentido Caramés. Desde su punto de vista y, pese a haber creado una comisión de expertos para estudiar tanto este asunto en particular, como la financiación regional en general, el Gobierno "ya tiene pensado qué hacer en este terreno, incluido el asunto de la condonación".

El principal soporte financiero

Para entender hasta qué punto el Estado ha ejercido de soporte financiero de los territorios desde el año 2012 solo hay que acudir a las estadísticas del Banco de España. Más de la mitad de la deuda autonómica en circulación ha sido financiada por el Gobierno Central.
De los 271.980 millones de euros a los que ascendía la deuda viva regional, los territorios habían percibido 137.970 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico o de la Facilidad Financiera, en función de si se trataba de regiones cumplidoras o no de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Cabe precisar a este respecto que el total de mecanismos extraordinarios (se incluye aquí el dinero destinado al pago a proveedores) ha prestado a las regiones algo más de 174.000 millones de euros en esos cinco años y medio.
De este modo, los préstamos del Estado suponen el 50,7% del pasivo regional, algo que no había sucedido desde que el Ministerio que capitanea Cristóbal Montoro creó los instrumentos de financiación hace ya cinco años. Hay incluso ocho comunidades autónomas que superan ese nivel.
Son, en concreto, Comunidad Valenciana y Murcia, a las que el Ejecutivo Central ha financiado hasta un 73% de su pasivo; Andalucía (el 67% de su deuda tiene el aval de Hacienda); Castilla-la Mancha (66% de su deuda avalada por el Estado); Cataluña (63%); Baleares (62%); y Canarias y Cantabria, con un 61% de su deuda financiada por el Estado.
Los últimos cinco años, el Estado emitió deuda por valor de 84.990 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB español, para atender al pago de facturas a los proveedores autonómicos. En ese mismo periodo, los Ejecutivos regionales pudieron atender a vencimientos de deuda por valor de 77.697 millones de euros.

Importantes retos a futuro

Un estudio publicado este mismo año por la agencia de rating Standar and Poor's (S&P) se hacía eco de estos datos y planteaba como retos e incógnitas de futuro para los ejecutivos regionales la reforma de la Financiación Autonómica, la continuidad de los esfuerzos de consolidación fiscal, el control del gasto sanitario y el envejecimiento de población, la presión existente sobre el gasto educativo, la asimetría en la posición financiera de las propias autonomías así como el retorno a la financiación en los mercados.
El propio Cristóbal Montoro reconoció que la reforma de la financiación regional deberá plantearse hasta qué punto este tipo de mecanismos tienen que seguir estando operativos. El otoño lo dirá.


Lío en Murcia / Luis Herrero *

El lío de Murcia llega a su desenlace. Hasta hace poco parecía una refriega arrabalera entre PP y Ciudadanos que iba a acabar de malos modos. Ahora se ha convertido en mucho más.

Cisma en Génova: el presidente autonómico que está en la picota le ha dicho a la autoridad nacional de su partido que no piensa dimitir ni aunque lo ordene Rajoy.

Follón en Ferraz: hay socialistas que quieren aceptar las condiciones que impone Albert Rivera para apoyar la moción de censura y hay quienes dicen que por encima de su cadáver.

Jaleo en Zurita (cuartel general de Podemos, en pleno barrio de Lavapiés): a todos se les llena la boca diciendo que hay que echar a la derecha del poder a cualquier precio, pero no todos -en Murcia- lo dicen en serio.

La patata caliente causará estragos en los tres partidos

La relación bilateral entre Rajoy y Rivera ha cambiado mucho en poco tiempo. No porque uno y otro se hayan amigado de repente y ahora estén en el "contigo, pan y cebolla", sino porque el presidente del Gobierno ha decidido dejar de forcejear con el presidente de Ciudadanos, por mucho que le duela en su orgullo, para no hacer más difícil la estabilidad parlamentaria.

El cambio de actitud ha sido patente en la última semana. Los del PP han votado contra sí mismos, para contentar a sus socios de investidura, en el sistema de elección del director general de Televisión Española, que ahora se llama de otra forma más pomposa, y en la creación de la comisión de investigación sobre la caja B de su partido.

Hemos pasado del "son ustedes una veleta que cambia de dirección según sopla el viento", que le dijo Rafael Hernando a Albert Rivera hace sólo dos semanas, al "verlas venir, dejarlas pasar y si te mean decir que llueve" que ha impuesto Rajoy como pauta de conducta.

Ya llegará el momento del ajuste de cuentas. Rajoy ni olvida ni perdona. Pero de momento ha decidido vestirse de saco, untar ceniza en su frente, hacer una cura de humildad y caminar por la vía pedregosa de la renuncia a la egolatría. Todo muy cuaresmal, como manda la época en que estamos.

Por eso le toca las narices que un tal Pedro Antonio Sánchez, un procónsul de la periferia, ponga en riesgo su nueva estrategia negándose a dimitir. Si se rebela, que se atenga a las consecuencias. La nueva orden es que hay que darle a Ciudadanos lo que pide. De lo contrario la calamidad será doble: se perderá el poder regional y se dañarán las relaciones con el socio preferente.

Lo cierto es que hasta ahora nadie pensaba que PSOE y Ciudadanos pudieran ponerse de acuerdo para sacar adelante la moción de censura. Ciudadanos quería que fuera instrumental, sólo como mecanismo para convocar elecciones, y que en el entretiempo no hubiera rastro de podemitas en el nuevo Gobierno.

El PSOE estaba muy lejos de aceptarlo. Quería un Gobierno tan longevo como fuera posible, con el pretexto de no favorecer más períodos de inestabilidad, y manos libres para pagarle a Podemos el precio de su colaboración imprescindible. Sin su voto, las cuentas no cuadran.

En el PP se las prometían muy felices. Estaban seguros de que sus opositores no alcanzarían un acuerdo y que la moción de censura se caería por su propio peso. El plan era que Ciudadanos se cabreara mucho, que la justicia acabara dándole la razón a Pedro Antonio Sánchez y que el tiempo curara las heridas.

Pero va a ser que no. En un inesperado "ni para ti ni para mí", PSOE y Ciudadanos parecen haberse puesto de acuerdo en un gobierno de seis meses que antes de convocar elecciones audite la gestión del PP. Si no hay dimisión en el último segundo, lo que habrá es alternancia en el poder y mucho llanto y crujir de dientes.

El problema es que el socialismo murciano es mayoritariamente sanchista. Le gusta la idea de mandar al PP a las tinieblas exteriores pero le disgusta tener que hacerlo acercándose más a Ciudadanos que a Podemos. Ese debate interno, por lo que sé, aún no está cerrado y aún podría depararle un giro inesperado a esta historia en el último capítulo del culebrón.

Tampoco le gusta al sector errejonista, mayoritario en Murcia, quedar excluido de un Gobierno presidido por el PSOE sólo por complacer a Rivera. Eso va radicalmente en contra de su evangelio de crear ámbitos de colaboración de las izquierdas.

Así que pase lo que pase esta semana, una cosa es segura: cuando baje el telón se habrán amontonado los cadáveres. La emoción y la sangre están aseguradas. 


(*) Periodista


El juez de la 'trama Púnica' pide al TSJ de Murcia que investigue a Pedro Antonio Sánchez por tres delitos


MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, en el marco del procedimiento por el caso Púnica.

Eloy Velasco, ha pedido este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que impute al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, por tres delitos: fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada. 

El magistrado considera que el político popular, al que sostiene Ciudadanos en el Gobierno de Murcia, enmascaró trabajos de reputación en internet de carácter privado (para el beneficio de su carrera política) en supuestos servicios a la Consejería de Educación de Murcia, según han informado fuentes jurídicas.

Sánchez está acusado de planear con una de las empresas del caso Púnica un contrato para mejorar su imagen con dinero público cuando era consejero de Educación.
 
El juez de la Audiencia Nacional no tiene competencia para imputar a Sánchez al estar aforado como presidente regional, razón por la que se lo pide al TSJ de Murcia, el competente.


En su exposición razonada, de 32 páginas, el magistrado detalla todos los indicios de la presunta concertación del aforado Pedro Antonio Sánchez con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en Internet, con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, "lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares".

Velasco explica que en la fecha de los hechos, junio de 2014, Pedro Antonio Sánchez era el consejero de Educación y se concertó con De Pedro para limpiar la "inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad" dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública, todo ello con el objetivo de presentarse a presidir el Gobierno regional, "como finalmente consiguió".

Según el juez, "no lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente", sino que lo empezó a conseguir a través de los trabajos de empleados de las empresas de De Pedro: EICO/Madiva.

Dichos trabajos, continúa el juez, se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación "hinchada" en contratos públicos de formación que aquel adjudicaría a empresas vinculadas a De Pedro y a su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación de carácter personal, y que durarían 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar, explica Eloy Velasco, ni la "formación" se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En su exposición razonada, el juez va detallando todos los indicios hallados a lo largo de la investigación contra Pedro Antonio Sánchez, entre ellos los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o los intercambios de whatsapp. También diversos informes sobre los trabajos de reputación online, así como la agenda de una empleada en la que fijaba la fecha de 3 de noviembre de 2014, lunes, como la de inicio de dichas trabajos.

Después de detallar todos los indicios recabados en esta investigación, el juez en su exposición motivada, argumenta porqué los hechos investigados encajan dentro de los delitos de fraude, del art 436 del C.P., el delito de cohecho, del artículo 419 del mismo código, y de revelación de información reservada del art 417.

Fraude
El magistrado distingue entre el delito de malversación, que es un delito de resultado, y el de fraude del art 436, que se consuma con el "mero acuerdo o concertación" con un interesado en algún contrato público, afectando los intereses de la Administración y la libre concurrencia, en tanto que otros posibles futuros licitadores no han tenido el mismo privilegio de poder optar en las mismas condiciones.

El magistrado recuerda que, de consumarse una malversación, ésta podría absorber el delito de fraude porque éste es un delito más leve. Pero de no existir la malversación porque no se llegó a realizar el pago, como ha ocurrido en el presente caso, el delito de fraude subsiste, como explica el TS en sentencia de 28 de enero de 2014. El alto tribunal califica el delito de fraude como "netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude".

El magistrado cita varias sentencias del TS donde se distingue entre el concierto para defraudar (delito de fraude) y el efectivo perjuicio patrimonial (malversación) cuya sanción viene a realizar lo que el Supremo denomina "una progresión intensificadora del injusto" que, en conclusión, viene a corroborar que el delito de fraude es un delito de mera actividad, "que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar".

No se exige el efectivo perjuicio porque el bien jurídico que predomina es "la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos". Si existiera perjuicio, entraría en juego el otro bien jurídico lesionado, el de la malversación.

Revelación de información
En su exposición razonada, Velasco explica que el delito de revelación de información reservada en el momento en el que se aporta a extraños a la Administración, documentos y sobre todo intenciones de contratar, "desconocidos por el resto de posibles futuros postulantes, sobre los que recae el deber de reserva, pues no deben ser divulgadas, que es lo realmente atacado, y la acción la ejecutan no sólo quien los desvela efectivamente, cuanto más quien ordena y señala cómo y en qué medida y a quién se envían los documentos y se revelan las informaciones que desconocen los demás administrados".

Velasco hace constar que fraude y revelación de información privilegiada no concurren en concurso de normas puesto que se pueden cometer de forma independiente, el uno sin el otro. El magistrado menciona también doctrina del TS que viene a corroborar que el delito se comete al filtrar información de lo que se pretende y cómo después se van aportando informaciones para "facilitar la confección de normas por las que había de regirse el concurso".

Cohecho
El magistrado argumenta que el delito de cohecho del 419 del CP se comete cuando se produce soborno y corrupción en el hecho de recibir servicios personales y valuables en dinero -asesoramiento, reputación en internet, infraestructura en estrategias comunicativas no públicas- a cambio de realizar una actuación administrativa propia en materia de concursos y contratación pública, "atacando la venalidad de la función pública, el respeto a la neutralidad, probidad e imparcialidad de la misma". Es un delito cuya persecución protege el prestigio y la eficacia de la Administración Pública mediante la garantía de "la probidad e imparcialidad de sus funcionarios".

De Guindos: 'Sólo hubo una oferta por BMN'

MADRID.- "Hubo una oferta por BMN", ha confirmado hoy en 'Cinco Días' el ministro de Economía y ex consejero de BMN, Luis de Guindos, sin concretar quien la hizo.

"Era una oferta por entre 1.000 y 1.300 millones, en función del negocio de seguros, y era una oferta sólida. Una oferta muy sólida. ¿Qué es lo que ocurre? 
Se hizo un análisis y se vio que el 65% de 1.300 millones eran unos 800, y se vio qué valor se generaba con la fusión con Bankia. 
Si se vendía a un tercero, las sinergias se las llevaba el tercero; si se fusionaba con Bankia, el 65% de las sinergias se las lleva el FROB. 
Y el valor de BMN más el 65% de las sinergias tras la fusión era 400 millones más alto que la oferta.

El Gobierno prepara un plan para salvar 'Navantia' ante su envejecida plantilla


MADRID.- El Ejecutivo prepara un plan estratégico para reforzar la "eficiencia y sostenibilidad" de Navantia, según ha comunicado en los últimos días la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) propietaria del 100% del astillero. El plan, aún en negociaciones, propone, entre otras medidas, nuevas contrataciones ante la necesidad de rejuvenecer la plantilla de la compañía, avanza hoy el diario 'El Economista'.

El senador socialista, Ángel Manuel Mato, explica a elEconomista que hay envejecimiento en todos los centros de la empresa y que en algunos de ellos, los trabajadores rondan los 60 años. 
Del mismo modo, Yolanda Díaz, diputada de En Marea, viene a confirmar los datos asegurando que en el astillero de Fene, en la Ría de Ferrol, hay una plantilla de unas 300 personas de las que aproximadamente 260 superan los 60 años de edad.
Mato asegura que en los próximos años va a hacer falta incorporar nuevos perfiles de puestos de trabajo, más técnicos, y urge a que la transición se haga de acuerdo con los trabajadores para que no se pierda el conocimiento ya adquirido por la actual plantilla. Desde Navantia confirman que el plan de la Sepi pasa, además de por el rejuvenecimiento de la plantilla que cumpla las exigencias de las nuevas tecnologías, por la modernización de las instalaciones y la digitalización 4.0.
La situación económica del astillero pasa por uno de sus momentos más críticos después de cerrar 2015 con unas pérdidas netas de 166,2 millones de euros, y con una previsión de aumentar los números rojos para 2016, a falta de que se cierren las cuentas de éste ejercicio, según confirman las mismas fuentes de la empresa. El senador Ángel Manuel Mato se atreve incluso a estimar las pérdidas a cierre de 2016 en unos 200 millones.
La Sepi tuvo que salir al rescate de Navantia en 2015, último ejercicio del que hay cuentas presentadas hasta la fecha. El grupo astillero cerró el año con un patrimonio neto negativo de 90,4 millones de euros, situándola en causa de disolución, según la ley mercantil. Para restablecer el equilibrio financiero de Navantia, la Sepi transformó los préstamos que le había concedido "para desarrollos tecnológicos militares" en préstamos participativos, según reflejan las cuentas de 2015.
De este modo, la entidad pública transformó dos préstamos destinados a la investigación para tecnología militar por valor de 207,7 millones en préstamos participativos, y además le concedió un tercero de otros 60 millones de euros. En total, la Sepi inyectó en Navantia 267,7 millones de euros a devolver en 2020.
La operación, que garantizaba así la viabilidad del astillero, también se hizo, según el grupo, con el objetivo de "reforzar la capacidad financiera para afrontar los nuevos contratos destinados a la defensa nacional y a los compromisos internacionales, así como para mantener las capacidades industriales de construcción naval definidas como estratégicas".
El plan industrial para el grupo pone el foco en la necesidad del desarrollo tecnológico de la compañía. Para el senador Mato es imprescindible que Navantia se diferencia en la materia para competir en valor añadido y por tanto tener un mayor rendimiento económico en la producción de los barcos.
La diputada Yolanda Díaz, por su parte, urge a la necesidad de adaptar los astilleros a los nuevos tiempos en infraestructuras y digitalización.

Las marionetas se revelan y se rebelan / Apunte de Argárico *

Una banda de ladrones desalmados / Ramón Cotarelo *

España lleva años gobernada por un partido imputado en procesos penales por tratarse de una presunta asociación para delinquir, según los jueces; esto es, en corto, gobernada por una banda de ladrones. 

Después de la catarata de episodios de corrupción que anegan los medios del país, las televisiones, las radios, la pensa; después de los casos Gürtel, Púnica, Urdangarin, Matas, Mato, Cajamadrid, Blesa, Rato, Fabra, Camps, Trillo, Barberá, Granados, González, Bárcenas, Correa, los sobresueldos, el padre de Rajoy, etc., etc., nadie puede negar un hecho tan notorio: que un país europeo del siglo XXI, una "gran nación", según su presidente del gobierno, responsable político de este latrocinio generalizado, está gobernado por lo que parece ser una banda de ladrones, un grupo de presuntos criminales .

Se trata de un verdadero fenómeno psicosociológico que probablemente se estudiará en los años venideros, quizá como un ejemplo de trastorno psicótico colectivo. Sobre todo porque no será posible aducir ignorancia o descuido. Son de recordar aquellas declaraciones de Aznar hacia 2010 o 2011 el sentido de que el PP es "incompatible con la corrupción". Todo el mundo sabía que se trataba de una mentira dicha por quien había invitado a la inenarrable boda de su hija a lo que resultó ser la mayor concentración de granujas del momento. Es decir, el PP solo es compatible con la corrupción. 

Como de recordar son los cientos de declaraciones absurdas y descaradas de los principales dirigentes de esta supuesta banda de mangantes en el sentido de que el PP era el partido de la honradez, el de los trabajadores, el que más ha luchado contra la corrupción, etc., cuando lleva años falsificando el proceso político y ganando elecciones ilegalmente que habría que anular.

Es uno de los inexplicables rasgos de esta asombrosa circunstancia. Como lo es el hecho de que los cargos imputados jamás dimiten, ni siquiera cuando los pillan con las manos en la masa. Al contrario: organizan espectáculos alucinantes para disimular sus tropelías, para embadurnarlo todo, para mentir y engañar: ese pollo de la Guardia Civil al que han pillado en el asunto de un piso de lujo por el morro, el del otro -tambièn relacionado con la guardia civil- que, sin tener capacitación ninguna está colocado por enchufe en un eléctrica con un salario de cine, el ex-ministro Soria, el ex-diputado Pujalte y decenas de casos más debidamente documentados. Un partido de parásitos desvergonzados.

Todavía más inexplicable: cuando la presunta banda de ladrones (todos ellos de misa y comunión diaria, cómplices de los curas a cuya organización eclesiástica tienen también reservada una suculenta porción de la pasta trincada) se presentan a las elecciones, es frecuente que las ganen con mayorías abrumadoras. Es decir, por lo que se ve, a los españoles no solo no les molesta estar gobernados por una banda de ladrones sin más principios que el enriquecimiento personal por los procedimientos que sean, sino que los aplauden y los votan para que sigan robándoles.

Que un tipo que estuvo años cobrando sobresueldos con cargo a la caja B de su partido pueda ser presidente del gobierno y, a pesar de no saber ni hablar, no se le ocurra dimitir es suficiente muestra para causar pasmo y asombro en el mundo civilizado. Porque fuera de España, cuando a un político lo pillan empleando en el cuidado de su padre los dineros públicos que niega al resto de dependientes, la dimisión es inmediata. Aquí no solo no hay dimisión; ni siquiera una somera explicación de los hechos.

Los españoles están a ver cómo les roban y les saquean y no abren el pico.

El padre del rey actual tiene, según informaciones de la revista Forbes una fortuna personal de 1.800 millones de euros que nadie se explica de dónde haya salido, aunque todo el mundo barrunta el origen. Nadie, sin embargo, ha intentado siquiera aclararla. Es más, cuando hay una petición parlamentaria de hacerlo, los partidos dinásticos, el PP, el PSOE, C's acuden con sus votos parlamentarios a impedirlo. Nada de investigar las supuestas cuentas en Suiza del ex-jefe del Estado. Aquí, a dejarse robar y a callar.

Es alucinante y no se puede explicar si no es tomando en consideración la función de complicidad y encubrimiento de los medios vendidos a la banda de facinerosos.

Y no acaba ahí la cosa. El país no solo está gobernado por una banda de chorizos sin ideología política que no sea el expolio de lo colectivo, sino también por gente -la misma- que, aparte de robar, se mofa de sus víctimas, las humilla, hace negocios con ellas y, si puede, sigue robándoles.

Auténticos granujas que muestran su pelaje cada vez que produce una catástrofe, una desgracia, normalmente imputables a su fabulosa incompetencia. Cuando sobreviene algún tipo de desastre, las reacciones de los responsables oscilan entre las muestras de imbecilidad congénita o granujería sin más. Normalmente se trata de ocultar las responsabilidades; después, de culpabilizar a las víctimas; luego de reírse de ellas; y, si nos descuidamos, de volver a robarlas. Porque esta gente no tiene escrúpulos. Ahí van algunas muestras de un elenco que puede seguir completándose y quizá merezca la pena hacerlo:
  • Cuando la catástrofe del Prestige, el de los sobresueldos, hoy al mando, dijo lo de los "hilillos de plastilina".
  • Las víctimas del accidente del metro de Valencia han tenido que esperar once años para ser tomadas en consideración y, entre tanto, soportar humillaciones sin cuento.
  • Los presuntos ladrones aprovecharon el asesinato de Miguel Ángel Blanco, uno de los suyos, para blanquear dinero.
  • También blanquearon dinero el día de los atentados de Atocha, al tiempo que escarnecían -y siguen haciéndolo- a las víctimas.
  • Cuando el accidente del "Palma Arena" en tiempos del prodigio de incompetencia de Ana Botella en Madrid, la alcaldesa se fue a un "spa" a relajarse, sin ocuparse de las víctimas.
  • Las 62 víctimas del Yak 42 sufrieron el escarnio postrero de ser mal identificadas para que su caso no fastidiara la carrera del entonces ministro Trillo, miembro del Opus, sin un solo adarme de escrúpulo o respeto por sus semejantes en caso de muerte.
  • Las decenas de miles de asesinados por los franquistas y enterrados de cualquier forma en las cunetas en España ahí siguen y sus allegados y la opinión en general hemos de soportar los comentarios inhumanos y crueles de gente que más parecen matones sin escrúpulos como Rafael Hernando o simples majaderos con serrín en la cabeza como Pablo Casado.

Me dejo otros casos. Sirvan estos para iniciar un recordatorio de forma que, según se aclara cómo los integrantes de la banda de ladrones lleva años saqueando el país, pueda verse también, con qué desprecio tratan a las víctimas.

A esta gente es a la que el PSOE de los golpistas y la caudilla Díaz ha entregado de nuevo el gobierno de España y, si pudieran, volverían a hacerlo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

¿De nuevo la trampa del voto útil? / Serge Halimi *

Entramos en una era política en la que muchas frases que comienzan por “Sería la primera vez que...” parecen anunciar el cumplimiento de una eventualidad hasta ahora inconcebible. En esta primavera de 2017, las elecciones presidenciales francesas marcan así la primera vez que ya no nos preguntamos por la presencia del Frente Nacional (FN) en la segunda vuelta: se plantea la hipótesis, aún muy improbable, de su victoria.

La primera vez que nadie defiende el balance de un quinquenio incluso aunque dos ex ministros del presidente saliente, Benoît Hamon (Partido Socialista, PS) y Emmanuel Macron (En Marche!, ¡En Marcha!), participan en el escrutinio. Se trata también de la primera vez que los candidatos del PS y de la derecha, que han gobernado Francia de forma ininterrumpida desde el inicio de la V República, podrían ser eliminados conjuntamente desde la primera vuelta.

También se buscarían, en vano, precedentes de una campaña tan parasitada por la información continua, los casos judiciales, la incapacidad general para fijar la atención más de 24 horas en una cuestión esencial. Y, ciertamente, no se encuentra ningún caso anterior de que se hayan emprendido medidas judiciales contra algún candidato importante al poder supremo por desvío de fondos públicos a pesar de haber proclamado, desde hace diez años, que Francia se encuentra en quiebra.

Con la renuncia del Presidente saliente a aspirar a un segundo mandato se corre el riesgo de disimular el punto de partida de todos estos desajustes. El quinquenio que finaliza ha visto como François Hollande se convertía en el jefe de Estado más impopular de la V República, y esto justo después de que su predecesor, Nicolas Sarkozy, ya hubiera sido repudiado. Ahora bien, el propio Presidente socialista admitió que ha “vivido cinco años de poder relativamente absoluto” (1). En junio de 2012, por primera vez en su historia, el PS controlaba, en efecto, la presidencia de la República, el Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado, 21 de las 22 regiones metropolitanas, 56 de los 96 departamentos y 27 de las 39 ciudades de más de 100.000 habitantes.

De ese poder, Hollande hizo un uso tan discrecional como solitario. Fue él quien decidió instaurar el estado de excepción, involucró a Francia en varios conflictos exteriores, autorizó el asesinato de simples sospechosos a través de drones. También fue quien modificó el Código Laboral, obligando a su mayoría parlamentaria a realizar una reforma que se negaba a asumir (recurso al artículo 49-3 de la Constitución francesa) y para la cual ninguno de los dos había recibido el mandato del pueblo. Sin olvidar la reestructuración del mapa de las regiones francesas, el cual fue reconfigurado por el Jefe de Estado desde su despacho del Palacio del Elíseo.

Todo esto plantea con agudeza la cuestión de las instituciones de la V República, que Hamon y Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, Francia Insumisa) se han comprometido a poner en tela de juicio, pero a la que François Fillon (Los Republicanos) y Macron se adaptan, al igual que Marine Le Pen. Ninguna otra democracia occidental conoce semejante concentración de poder en manos de una persona. Más allá del peligro, muy real, de que algún día un jefe de Estado menos benévolo que el que finaliza su mandato disponga de éste, las proclamaciones altisonantes sobre la democracia francesa, la República, chocan con una constatación que la presidencia de Hollande ha convertido en aplastante: el ejercicio en solitario del poder refuerza la facultad ilimitada de pisotear los compromisos de una campaña que, sin embargo, debería legitimar el mandato del pueblo soberano.

Hollande se comprometía a defender la siderurgia francesa, pero confirmó el cierre de los altos hornos de Florange; debía renegociar el pacto de estabilidad europeo, pero renunció a ello desde el primer día de su mandato; prometía “invertir la curva del desempleo” antes de que acabara el año 2013, pero continuó aumentando tres años más. Sin embargo, si se ancló rápidamente en los espíritus cierta sensación de traición, se debe sin duda a una frase que marcó su campaña de 2012 y que todo el mundo ha vuelto a escuchar cien veces desde entonces: “Mi único adversario es el mundo de las finanzas”. Ahora bien, Hollande no tardó en elegir a un ex banquero de Rothschild como asesor en el Palacio del Elíseo, antes de confiarle las llaves del Ministerio de Economía.

El actual favor del que parece beneficiarse Macron entre la opinión pública es tanto más desconcertante cuanto que puede propulsar hacia el poder supremo al digno heredero, incluso parricida, de este Presidente saliente con una impopularidad inigualada. “Emmanuel Macron soy yo –dejó escapar un día Hollande–, sabe lo que me debe”. En efecto, Macron no es socialista, pero Hollande tampoco. Uno lo proclama, el otro se anda con rodeos. Las declaraciones del primero le dan la espalda a una tradición de la izquierda que criticaba “el dinero” o “las finanzas”, pero eso corresponde a las convicciones que el segundo expresaba ya en 1985 en un libro, La gauche bouge (“La izquierda se mueve”), que también tenía como autores al actual Ministro de Defensa y al Secretario General del Elíseo (2).

En esta publicación ya se veía la idea apreciada por Macron, aunque en el caso de éste se haya enterrado bajo montones de palabras algodonosas y vacías, de una nueva alianza social entre las clases medias cultivadas y la patronal liberal, unidas por la voluntad conjunta de desplegarse en un mercado mundial. “Emprendimiento” en vez de “asistencia”, beneficios en vez de rentas, reformistas y modernistas contra extremistas y nostálgicos del pasado, rechazo de la añoranza “de los camelleros y los aguadores”: oír a Macron es como volver a escuchar lo que proclamaban William Clinton en 1990, y Anthony Blair y Gerhard Schröder algunos años más tarde (3). Y seguirle significaría involucrarse de forma aún más impudente que Hollande en la “tercera vía” del progresismo neoliberal. La que atrajo al Partido Demócrata estadounidense y a la socialdemocracia europea, precipitándolos al fondo del barranco en el que yacen en este momento.

“Mundialistas” y “partido de Bruselas” contra “patriotas”: Le Pen se alegraría de que el enfrentamiento se limitara a esta dialéctica. Parece que Richard Ferrand, diputado por el PS y pilar de la campaña de Macron, se anticipa a sus deseos: “Existen –considera–, por una parte, los neonacionalistas reaccionarios e identitarios; y, por la otra, los progresistas que piensan que Europa es necesaria” (4). Semejante estructuración del debate ideológico no es inocente. Se trata, en ambos casos, de sumergir la cuestión de los intereses de clase alimentando, para unos, terrores “identitarios” y vituperando, para los otros, pulsiones “reaccionarias”.

Pero, aunque no les guste a todos los progresistas favorables al mercado, aquellos que “piensan que Europa es necesaria” están bien situados socialmente. Los “trabajadores desplazados”, creados por una directiva bruselense de 1996 y cuyo número se ha decuplicado estos últimos diez años, son más a menudo obreros del sector de la construcción o asalariados agrícolas que cirujanos o anticuarios. Ahora bien, lo que “piensan” las víctimas de este dispositivo es también, y en primer lugar, el producto de lo que temen, es decir, un dumping salarial que amenaza sus condiciones de existencia. Para ellos, Europa no se limita al programa Erasmus y a la Oda a la Alegría.

Stephen Bannon, estratega político de Donald Trump, comprendió el partido que podía sacar la derecha nacionalista del desclasamiento social que acompaña casi siempre a las alabanzas de la aldea global. “El centro de aquello en lo que creemos –explica– es que somos una nación con una economía, y no una economía en cualquier mercado mundial con las fronteras abiertas. Los trabajadores del mundo están hartos de verse sometidos al partido de Davos. Los neoyorquinos se siente actualmente más cerca de los habitantes de Londres o de Berlín que de los de Kansas o de Colorado, y comparten con los primeros la mentalidad de una elite que pretende dictar a todos la forma según la cual será gobernado el mundo” (5). Si, en sus reuniones públicas salpicadas con banderas europeas, Macron exalta la movilidad, reclama la “reactivación desde las empresas” y se compromete a suprimir las prestaciones por desempleo si se rechaza por segunda vez una “oferta de empleo decente” (6), ¿cómo distinguir sus proposiciones de los intereses de los oligarcas del dinero y del saber que forman el “partido de Davos”? Nos podemos hacer una idea de los daños democráticos que conllevarían un posible cara a cara entre éste y Le Pen, el mismo que los medios de comunicación se afanar por instaurar.

Desde hace más de veinte años, abogar por el “voto útil” remite a presentar a los dos partidos dominantes como murallas contra una extrema derecha cuyas decisiones sucesivas y concordantes han favorecido su ascenso. “Hoy en día –considera Hamon–, el proyecto de Emmanuel Macron es el estribo del Frente Nacional” (7). Pero, recíprocamente, el poder del FN ha reforzado el monopolio del poder de sus adversarios, incluyendo a los socialistas (8). En 1981, François Mitterrand preveía que una extrema derecha poderosa obligaría a la derecha a establecer una alianza con ella, a riesgo de pasar a ser inelegible (9). La maniobra se invirtió en abril de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen se enfrentó a Jacques Chirac durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde entonces, la derecha sólo tiene que adelantar al PS en cualquier escrutinio, nacional o local, para convertirse rápidamente a ojos de casi toda la izquierda en el arcángel de la democracia, de la cultura, de la República.

Instituciones monárquicas que permiten cualquier artería, cualquier negación; una vida política bloqueada por el miedo a lo peor; medios de comunicación que se adaptan a las primeras a la vez que se alimentan de la segunda; y luego está... Europa. La mayoría de las políticas económicas y financieras de Francia se ven estrechamente subordinadas a ésta, lo que no impide que la parte esencial de la campaña se desarrolle como si el próximo presidente fuera a poder actuar con toda libertad.

Una victoria de Le Pen podría firmar el fin de la Unión Europea –ha advertido: “No seré la vicecanciller de Merkel”–. No obstante, en el caso hipotético de que uno de los favoritos del escrutinio –y de Angela Merkel–, es decir Fillon o Macron, se instale en el Palacio del Elíseo, se aseguraría la continuidad con respecto a los presidentes a los que han servido respectivamente, se preservaría la coherencia con las orientaciones de la Comisión y se confirmarían la hegemonía alemana y el ordoliberalismo, actuando una como la puntillosa guardiana del otro. La cuestión se plantearía de otra forma en el caso de Hamon o de Mélenchon. Si se dejan a un lado las tentaciones federalistas del primero y su apoyo a la idea de un ámbito de la defensa europeo, sus objetivos pueden parecer cercanos. Pero sus medios para alcanzarlos difieren por completo, hasta el punto de que sus dos candidaturas compiten entre ellas y hacen que ambos corran el riesgo de ser eliminados.

Con Hamon es difícil no experimentar una sensación de déjà-vu. El candidato socialista, que pretende conciliar su apego por la Unión Europea y su deseo de ver como ésta pone fin a la austeridad para implementar una política más favorable al empleo y al medio ambiente y menos despiadada con Estados como Grecia –aplastados por su nivel de endeudamiento–, debe persuadirse de que la reorientación a la que aspira es posible, incluyendo en el marco de las instituciones actuales; es concebible “obtener resultados tangibles sin poner en su contra a toda Europa”. Y basa su esperanza en la recuperación de la influencia por parte de la izquierda europea, alemana en particular.

Sin embargo, se trata exactamente de la hipótesis que ofreció Hollande hace cinco años. El 12 de marzo de 2012, comprometiéndose “solemnemente” ante sus compañeros europeos reunidos en París a “renegociar el tratado presupuestario” firmado por Merkel y Sarkozy, precisaba: “No estoy solo, ya que cuento con el movimiento progresista en Europa. No estaré solo, contaré con el voto del pueblo francés que me otorgará el mandato”.

Cécile Duflot, que se convirtió en su ministra de Vivienda, nos recuerda lo que sucedió después: “Todo el mundo esperaba que [Hollande] comenzara un pulso con Angela Merkel. (…) Finalmente íbamos a darle la espalda al Merkozy. (…) El italiano Mario Monti, aun siendo tan liberal y rígido como es, contaba con Francia para invertir la tendencia. El muy conservador Mariano Rajoy veía en la elección de François Hollande la posibilidad de disminuir la presión que pesaba sobre España. Por su parte, Grecia y Portugal estaban dispuestos a seguir a cualquier salvador para evitar la ruina” (10). Ya se sabe lo que ocurrió.

En el fondo, nada distinto de lo que ya se había producido quince años antes (11). Entonces, Hollande lideraba el PS, y Lionel Jospin, el Gobierno. Como preludio a la moneda única, se acababa de negociar un “pacto de estabilidad y de crecimiento” que preveía un conjunto de disciplinas presupuestarias, entre ellas sanciones en caso de déficits excesivos. Jospin, líder de la oposición, no dejó de denunciar en el pacto un “súper-Maastricht”, “absurdamente concedido a los alemanes”. Sin embargo, convertido en Primer Ministro en junio de 1997, aceptó todos sus términos en el Consejo Europeo de Ámsterdam unos días más tarde. A cambio de su consentimiento, afirmaba Pierre Moscovici –entonces ministro de Asuntos Europeos–, habría logrado obtener “la primera resolución del Consejo Europeo dedicada al crecimiento y al empleo”. Una resolución con un impacto fulminante como todo el mundo ha podido comprobar desde entonces.

Hamon y Mélenchon pretenden, por su parte, renegociar los tratados europeos. ¿Se dotan esta vez de los medios necesarios para ello? Hamon no cuestiona la independencia del Banco Central Europeo, pero espera “hacer que sus estatutos evolucionen”. Acepta la norma del 3% de déficit público, pero “desea políticas de reactivación” compatibles con sus ambiciones ecologistas. Propone “la constitución de una asamblea democrática de la zona euro”, pero precisa con rapidez: “Aceptaría que se discutiera al respecto, por supuesto. No iré a Berlín o a otra parte diciendo: ‘Es esto o nada’, no tiene sentido”.

Algunas de estas reformas exigen el acuerdo unánime de los miembros de la Unión Europea y ninguna de ellas puede valerse actualmente del aval de Berlín. Por lo tanto, Hamon pretende modificar la situación gracias a un “arco de alianza de las izquierdas europeas”. Y recusa el precedente, poco alentador, de 2012: “Creo que los alemanes son más abiertos hoy que cuando Hollande llegó al poder”. El temor a un desmembramiento de la Unión Europea, por un lado, y la perspectiva de una alternancia política en Alemania, por el otro, habrían barajado de nuevo las cartas a su favor. Pese a todo, admite: “Soy del partido de la esperanza”.

Por su parte, la esperanza de Mélenchon ha cambiado desde 2012. Puesto que “no es posible [implementar] ninguna política progresista” en una Unión Europea tal y como existe actualmente y a falta de una “salida concertada de los tratados europeos” o de su refundación (plan A), no excluye una “salida unilateral” (plan B). Como no cree demasiado en un ascenso en poco tiempo y simultáneo de las fuerzas de izquierdas, las cuales habrían tendido más bien a retroceder estos últimos años, Francia, la segunda potencia de la Unión Europea, se convierte a sus ojos en el “elemento clave de la batalla europea”. Jacques Généreux, coordinador de la redacción de su programa presidencial, resume así la ecuación: “La salida forzada de Francia significaría el fin del euro y el fin de la Unión Europea, así de simple. A nadie le interesa asumir ese riesgo. Y, sobre todo, tampoco a Alemania”. Por consiguiente, a la vez que se niega a plegarse a las normas europeas que someten sus prioridades económicas, “Francia, sin temor y si así lo quiere, puede permanecer en el euro tanto tiempo como desee” (12).

La Unión Europea se había vuelto indiferente con respecto a las decisiones democráticas de sus pueblos, segura de que las orientaciones fundamentales de los Estados miembros estaban bloqueadas por tratados. Desde la votación del brexit y la victoria de Trump, la política se toma la revancha. Una Unión Europea actualmente febril observa cada escrutinio nacional como si se jugara el pellejo en cada uno de ellos. Ni siquiera la victoria de uno de los candidatos franceses a los que ha respaldado la tranquilizaría durante mucho tiempo.

Entramos en una era política en la que muchas frases que comienzan por “Sería la primera vez que...” parecen anunciar el cumplimiento de una eventualidad hasta ahora inconcebible. En esta primavera de 2017, las elecciones presidenciales francesas marcan así la primera vez que ya no nos preguntamos por la presencia del Frente Nacional (FN) en la segunda vuelta: se plantea la hipótesis, aún muy improbable, de su victoria.

La primera vez que nadie defiende el balance de un quinquenio incluso aunque dos ex ministros del presidente saliente, Benoît Hamon (Partido Socialista, PS) y Emmanuel Macron (En Marche!, ¡En Marcha!), participan en el escrutinio. Se trata también de la primera vez que los candidatos del PS y de la derecha, que han gobernado Francia de forma ininterrumpida desde el inicio de la V República, podrían ser eliminados conjuntamente desde la primera vuelta.

También se buscarían, en vano, precedentes de una campaña tan parasitada por la información continua, los casos judiciales, la incapacidad general para fijar la atención más de 24 horas en una cuestión esencial. Y, ciertamente, no se encuentra ningún caso anterior de que se hayan emprendido medidas judiciales contra algún candidato importante al poder supremo por desvío de fondos públicos a pesar de haber proclamado, desde hace diez años, que Francia se encuentra en quiebra.

Con la renuncia del Presidente saliente a aspirar a un segundo mandato se corre el riesgo de disimular el punto de partida de todos estos desajustes. El quinquenio que finaliza ha visto como François Hollande se convertía en el jefe de Estado más impopular de la V República, y esto justo después de que su predecesor, Nicolas Sarkozy, ya hubiera sido repudiado. Ahora bien, el propio Presidente socialista admitió que ha “vivido cinco años de poder relativamente absoluto” (1). En junio de 2012, por primera vez en su historia, el PS controlaba, en efecto, la presidencia de la República, el Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado, 21 de las 22 regiones metropolitanas, 56 de los 96 departamentos y 27 de las 39 ciudades de más de 100.000 habitantes.

De ese poder, Hollande hizo un uso tan discrecional como solitario. Fue él quien decidió instaurar el estado de excepción, involucró a Francia en varios conflictos exteriores, autorizó el asesinato de simples sospechosos a través de drones. También fue quien modificó el Código Laboral, obligando a su mayoría parlamentaria a realizar una reforma que se negaba a asumir (recurso al artículo 49-3 de la Constitución francesa) y para la cual ninguno de los dos había recibido el mandato del pueblo. Sin olvidar la reestructuración del mapa de las regiones francesas, el cual fue reconfigurado por el Jefe de Estado desde su despacho del Palacio del Elíseo.

Todo esto plantea con agudeza la cuestión de las instituciones de la V República, que Hamon y Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, Francia Insumisa) se han comprometido a poner en tela de juicio, pero a la que François Fillon (Los Republicanos) y Macron se adaptan, al igual que Marine Le Pen. Ninguna otra democracia occidental conoce semejante concentración de poder en manos de una persona. Más allá del peligro, muy real, de que algún día un jefe de Estado menos benévolo que el que finaliza su mandato disponga de éste, las proclamaciones altisonantes sobre la democracia francesa, la República, chocan con una constatación que la presidencia de Hollande ha convertido en aplastante: el ejercicio en solitario del poder refuerza la facultad ilimitada de pisotear los compromisos de una campaña que, sin embargo, debería legitimar el mandato del pueblo soberano.

Hollande se comprometía a defender la siderurgia francesa, pero confirmó el cierre de los altos hornos de Florange; debía renegociar el pacto de estabilidad europeo, pero renunció a ello desde el primer día de su mandato; prometía “invertir la curva del desempleo” antes de que acabara el año 2013, pero continuó aumentando tres años más. Sin embargo, si se ancló rápidamente en los espíritus cierta sensación de traición, se debe sin duda a una frase que marcó su campaña de 2012 y que todo el mundo ha vuelto a escuchar cien veces desde entonces: “Mi único adversario es el mundo de las finanzas”. Ahora bien, Hollande no tardó en elegir a un ex banquero de Rothschild como asesor en el Palacio del Elíseo, antes de confiarle las llaves del Ministerio de Economía.

El actual favor del que parece beneficiarse Macron entre la opinión pública es tanto más desconcertante cuanto que puede propulsar hacia el poder supremo al digno heredero, incluso parricida, de este Presidente saliente con una impopularidad inigualada. “Emmanuel Macron soy yo –dejó escapar un día Hollande–, sabe lo que me debe”. En efecto, Macron no es socialista, pero Hollande tampoco. Uno lo proclama, el otro se anda con rodeos. Las declaraciones del primero le dan la espalda a una tradición de la izquierda que criticaba “el dinero” o “las finanzas”, pero eso corresponde a las convicciones que el segundo expresaba ya en 1985 en un libro, La gauche bouge (“La izquierda se mueve”), que también tenía como autores al actual Ministro de Defensa y al Secretario General del Elíseo (2).

En esta publicación ya se veía la idea apreciada por Macron, aunque en el caso de éste se haya enterrado bajo montones de palabras algodonosas y vacías, de una nueva alianza social entre las clases medias cultivadas y la patronal liberal, unidas por la voluntad conjunta de desplegarse en un mercado mundial. “Emprendimiento” en vez de “asistencia”, beneficios en vez de rentas, reformistas y modernistas contra extremistas y nostálgicos del pasado, rechazo de la añoranza “de los camelleros y los aguadores”: oír a Macron es como volver a escuchar lo que proclamaban William Clinton en 1990, y Anthony Blair y Gerhard Schröder algunos años más tarde (3). Y seguirle significaría involucrarse de forma aún más impudente que Hollande en la “tercera vía” del progresismo neoliberal. La que atrajo al Partido Demócrata estadounidense y a la socialdemocracia europea, precipitándolos al fondo del barranco en el que yacen en este momento.

“Mundialistas” y “partido de Bruselas” contra “patriotas”: Le Pen se alegraría de que el enfrentamiento se limitara a esta dialéctica. Parece que Richard Ferrand, diputado por el PS y pilar de la campaña de Macron, se anticipa a sus deseos: “Existen –considera–, por una parte, los neonacionalistas reaccionarios e identitarios; y, por la otra, los progresistas que piensan que Europa es necesaria” (4). Semejante estructuración del debate ideológico no es inocente. Se trata, en ambos casos, de sumergir la cuestión de los intereses de clase alimentando, para unos, terrores “identitarios” y vituperando, para los otros, pulsiones “reaccionarias”.

Pero, aunque no les guste a todos los progresistas favorables al mercado, aquellos que “piensan que Europa es necesaria” están bien situados socialmente. Los “trabajadores desplazados”, creados por una directiva bruselense de 1996 y cuyo número se ha decuplicado estos últimos diez años, son más a menudo obreros del sector de la construcción o asalariados agrícolas que cirujanos o anticuarios. Ahora bien, lo que “piensan” las víctimas de este dispositivo es también, y en primer lugar, el producto de lo que temen, es decir, un dumping salarial que amenaza sus condiciones de existencia. Para ellos, Europa no se limita al programa Erasmus y a la Oda a la Alegría.

Stephen Bannon, estratega político de Donald Trump, comprendió el partido que podía sacar la derecha nacionalista del desclasamiento social que acompaña casi siempre a las alabanzas de la aldea global. “El centro de aquello en lo que creemos –explica– es que somos una nación con una economía, y no una economía en cualquier mercado mundial con las fronteras abiertas. Los trabajadores del mundo están hartos de verse sometidos al partido de Davos. Los neoyorquinos se siente actualmente más cerca de los habitantes de Londres o de Berlín que de los de Kansas o de Colorado, y comparten con los primeros la mentalidad de una elite que pretende dictar a todos la forma según la cual será gobernado el mundo” (5). Si, en sus reuniones públicas salpicadas con banderas europeas, Macron exalta la movilidad, reclama la “reactivación desde las empresas” y se compromete a suprimir las prestaciones por desempleo si se rechaza por segunda vez una “oferta de empleo decente” (6), ¿cómo distinguir sus proposiciones de los intereses de los oligarcas del dinero y del saber que forman el “partido de Davos”? Nos podemos hacer una idea de los daños democráticos que conllevarían un posible cara a cara entre éste y Le Pen, el mismo que los medios de comunicación se afanar por instaurar.

Desde hace más de veinte años, abogar por el “voto útil” remite a presentar a los dos partidos dominantes como murallas contra una extrema derecha cuyas decisiones sucesivas y concordantes han favorecido su ascenso. “Hoy en día –considera Hamon–, el proyecto de Emmanuel Macron es el estribo del Frente Nacional” (7). Pero, recíprocamente, el poder del FN ha reforzado el monopolio del poder de sus adversarios, incluyendo a los socialistas (8). En 1981, François Mitterrand preveía que una extrema derecha poderosa obligaría a la derecha a establecer una alianza con ella, a riesgo de pasar a ser inelegible (9). La maniobra se invirtió en abril de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen se enfrentó a Jacques Chirac durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde entonces, la derecha sólo tiene que adelantar al PS en cualquier escrutinio, nacional o local, para convertirse rápidamente a ojos de casi toda la izquierda en el arcángel de la democracia, de la cultura, de la República.

Instituciones monárquicas que permiten cualquier artería, cualquier negación; una vida política bloqueada por el miedo a lo peor; medios de comunicación que se adaptan a las primeras a la vez que se alimentan de la segunda; y luego está... Europa. La mayoría de las políticas económicas y financieras de Francia se ven estrechamente subordinadas a ésta, lo que no impide que la parte esencial de la campaña se desarrolle como si el próximo presidente fuera a poder actuar con toda libertad.

Una victoria de Le Pen podría firmar el fin de la Unión Europea –ha advertido: “No seré la vicecanciller de Merkel”–. No obstante, en el caso hipotético de que uno de los favoritos del escrutinio –y de Angela Merkel–, es decir Fillon o Macron, se instale en el Palacio del Elíseo, se aseguraría la continuidad con respecto a los presidentes a los que han servido respectivamente, se preservaría la coherencia con las orientaciones de la Comisión y se confirmarían la hegemonía alemana y el ordoliberalismo, actuando una como la puntillosa guardiana del otro. La cuestión se plantearía de otra forma en el caso de Hamon o de Mélenchon. Si se dejan a un lado las tentaciones federalistas del primero y su apoyo a la idea de un ámbito de la defensa europeo, sus objetivos pueden parecer cercanos. Pero sus medios para alcanzarlos difieren por completo, hasta el punto de que sus dos candidaturas compiten entre ellas y hacen que ambos corran el riesgo de ser eliminados.

Con Hamon es difícil no experimentar una sensación de déjà-vu. El candidato socialista, que pretende conciliar su apego por la Unión Europea y su deseo de ver como ésta pone fin a la austeridad para implementar una política más favorable al empleo y al medio ambiente y menos despiadada con Estados como Grecia –aplastados por su nivel de endeudamiento–, debe persuadirse de que la reorientación a la que aspira es posible, incluyendo en el marco de las instituciones actuales; es concebible “obtener resultados tangibles sin poner en su contra a toda Europa”. Y basa su esperanza en la recuperación de la influencia por parte de la izquierda europea, alemana en particular.

Sin embargo, se trata exactamente de la hipótesis que ofreció Hollande hace cinco años. El 12 de marzo de 2012, comprometiéndose “solemnemente” ante sus compañeros europeos reunidos en París a “renegociar el tratado presupuestario” firmado por Merkel y Sarkozy, precisaba: “No estoy solo, ya que cuento con el movimiento progresista en Europa. No estaré solo, contaré con el voto del pueblo francés que me otorgará el mandato”.

Cécile Duflot, que se convirtió en su ministra de Vivienda, nos recuerda lo que sucedió después: “Todo el mundo esperaba que [Hollande] comenzara un pulso con Angela Merkel. (…) Finalmente íbamos a darle la espalda al Merkozy. (…) El italiano Mario Monti, aun siendo tan liberal y rígido como es, contaba con Francia para invertir la tendencia. El muy conservador Mariano Rajoy veía en la elección de François Hollande la posibilidad de disminuir la presión que pesaba sobre España. Por su parte, Grecia y Portugal estaban dispuestos a seguir a cualquier salvador para evitar la ruina” (10). Ya se sabe lo que ocurrió.

En el fondo, nada distinto de lo que ya se había producido quince años antes (11). Entonces, Hollande lideraba el PS, y Lionel Jospin, el Gobierno. Como preludio a la moneda única, se acababa de negociar un “pacto de estabilidad y de crecimiento” que preveía un conjunto de disciplinas presupuestarias, entre ellas sanciones en caso de déficits excesivos. Jospin, líder de la oposición, no dejó de denunciar en el pacto un “súper-Maastricht”, “absurdamente concedido a los alemanes”. Sin embargo, convertido en Primer Ministro en junio de 1997, aceptó todos sus términos en el Consejo Europeo de Ámsterdam unos días más tarde. A cambio de su consentimiento, afirmaba Pierre Moscovici –entonces ministro de Asuntos Europeos–, habría logrado obtener “la primera resolución del Consejo Europeo dedicada al crecimiento y al empleo”. Una resolución con un impacto fulminante como todo el mundo ha podido comprobar desde entonces.

Hamon y Mélenchon pretenden, por su parte, renegociar los tratados europeos. ¿Se dotan esta vez de los medios necesarios para ello? Hamon no cuestiona la independencia del Banco Central Europeo, pero espera “hacer que sus estatutos evolucionen”. Acepta la norma del 3% de déficit público, pero “desea políticas de reactivación” compatibles con sus ambiciones ecologistas. Propone “la constitución de una asamblea democrática de la zona euro”, pero precisa con rapidez: “Aceptaría que se discutiera al respecto, por supuesto. No iré a Berlín o a otra parte diciendo: ‘Es esto o nada’, no tiene sentido”.

Algunas de estas reformas exigen el acuerdo unánime de los miembros de la Unión Europea y ninguna de ellas puede valerse actualmente del aval de Berlín. Por lo tanto, Hamon pretende modificar la situación gracias a un “arco de alianza de las izquierdas europeas”. Y recusa el precedente, poco alentador, de 2012: “Creo que los alemanes son más abiertos hoy que cuando Hollande llegó al poder”. El temor a un desmembramiento de la Unión Europea, por un lado, y la perspectiva de una alternancia política en Alemania, por el otro, habrían barajado de nuevo las cartas a su favor. Pese a todo, admite: “Soy del partido de la esperanza”.

Por su parte, la esperanza de Mélenchon ha cambiado desde 2012. Puesto que “no es posible [implementar] ninguna política progresista” en una Unión Europea tal y como existe actualmente y a falta de una “salida concertada de los tratados europeos” o de su refundación (plan A), no excluye una “salida unilateral” (plan B). Como no cree demasiado en un ascenso en poco tiempo y simultáneo de las fuerzas de izquierdas, las cuales habrían tendido más bien a retroceder estos últimos años, Francia, la segunda potencia de la Unión Europea, se convierte a sus ojos en el “elemento clave de la batalla europea”. Jacques Généreux, coordinador de la redacción de su programa presidencial, resume así la ecuación: “La salida forzada de Francia significaría el fin del euro y el fin de la Unión Europea, así de simple. A nadie le interesa asumir ese riesgo. Y, sobre todo, tampoco a Alemania”. Por consiguiente, a la vez que se niega a plegarse a las normas europeas que someten sus prioridades económicas, “Francia, sin temor y si así lo quiere, puede permanecer en el euro tanto tiempo como desee” (12).

La Unión Europea se había vuelto indiferente con respecto a las decisiones democráticas de sus pueblos, segura de que las orientaciones fundamentales de los Estados miembros estaban bloqueadas por tratados. Desde la votación del brexit y la victoria de Trump, la política se toma la revancha. Una Unión Europea actualmente febril observa cada escrutinio nacional como si se jugara el pellejo en cada uno de ellos. Ni siquiera la victoria de uno de los candidatos franceses a los que ha respaldado la tranquilizaría durante mucho tiempo. 
(*) Periodista y director de  'Le Monde diplomatique'




(1) Gérard Davet y Fabrice Lhomme, “Un président ne devrait pas dire ça...”. Les secrets d’un quinquennat, Stock, París, 2016.
(2) Un colectivo oculto detrás del pseudónimo de Jean-François Trans. Pierre Rimbert, “¿En círculos o en línea recta?”, Le Monde diplomatique en español, septiembre de 2014.
(3) Cf. Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Agone, Marsella, 2012.
(4) Le Journal du dimanche, París, 12 de marzo de 2017.
(5) Citado por William Galston, “Steve Bannon and the ‘Global Tea Party’”, The Wall Street Journal, Nueva York, 1 de marzo de 2017.
(6) Es decir, por un salario que no sería “inferior en más del 20%-25%” con respecto a su antiguo puesto.
(7) France 2, 9 de marzo de 2017.
(8) Véase “El Frente Nacional bloquea el orden social en Francia”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2016.
(9) Cf. Emmanuel Faux, Thomas Legrand y Gilles Perez, La Main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et l’extrême droite, Seuil, París, 1994.
(10) Cécile Duflot, De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion, Fayard, París, 2014.
(11) Véase “La izquierda renuncia al nombre de Europa” y “Audacia o atascadero”, Le Monde diplomatique en español, respectivamente junio de 2005 y abril de 2012.
(12) Jacques Généreux, Les Bonnes Raisons de voter Mélenchon, Les Liens qui libèrent, París, 2017.