La tormenta judicial sobre Pedro Antonio Sánchez arreciaba en Murcia,
pero ahora descarga también en Madrid. Una indiscreción del presidente y
una torpe actuación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha
derivado en un problema que ahora le estalla al Gobierno de Rajoy,
acusado por la oposición de intervenir, a través de la Fiscalía General
del Estado, para evitar la imputación de un presidente autonómico del
PP.
El auto del juez Velasco, que atribuye a PAS tres presuntos delitos,
era una auténtica bomba judicial, aunque su espoleta fue inactivada por
un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a su acusación. En
días o semanas, el juez remitirá una exposición razonada al TSJ
pidiendo que se investigue a PAS por una prolija relación de indicios,
pero cualquiera que sea entonces el fiscal jefe (López Bernal, Díaz
Manzanera o Sánchez Lucerga), el principio acusatorio del Ministerio
Público quedó desactivado el lunes porque prevalecerá el criterio de los
superiores jerárquicos. Aunque haya acusación particular, el ‘caso
Púnica’ pierde fuelle jurídico para PAS. No así para el resto de los no
aforados, después de que el juez Velasco procesara el viernes a todos,
con un auto de procedimiento abreviado que le permite retener la causa y
rebatir los argumentos jurídicos de la Fiscalía Anticorrupción.
Entrar a valorar el dictamen de Anticorrupción, avalado por cuatro
fiscales del Supremo, o los razonamientos del juez Velasco sería absurdo
por mi parte. Son cuestiones jurídicas que están al alcance de expertos
cualificados en derecho y dudar de la competencia de unos u otros
profesionales sería caer en el mismo reprobable comportamiento del
portavoz popular Rafael Hernando, que, de nuevo para pasmo general,
espetó este viernes que «hay fiscales que se inventan los delitos».
La polémica no hubiera ido a más, momentáneamente, si el propio
presidente murciano no hubiera cometido el grave error de desvelar en
una radio que cuatro fiscales del Supremo avalaron el dictamen, una
interioridad del proceso que no debía conocer. Ahora quien tiene un
problema político es el ministro, que deberá explicar en el Congreso
cómo y por qué se gestó el dictamen sobre PAS, contrario al criterio de
las fiscales que desde 2014 impulsaron la investigación del ‘caso
Púnica’ en la Audiencia Nacional.
No hay que ser un lince para intuir
quién le dijo al presidente el lunes que cuatro fiscales del Supremo
avalaron ese informe de la Fiscalía Anticorrupción. Ni tampoco de qué
asuntos podrían estar hablando el día anterior el ministro de Justicia y
el presidente cuando en Madrid tuvieron una conversación a solas en el
congreso nacional del PP.
Que la Fiscalía General del Estado pida un dictamen no es un hecho
excepcional en los procedimientos penales que afectan a aforados. Y
entra, además, en el ámbito de sus competencias. Lo anómalo es que se
filtren las interioridades de un proceso realizado en un órgano
constitucional que tiene autonomía funcional, que el propio beneficiado
del dictamen dé detalles a posteriori en un medio de comunicación, que
la Fiscalía Anticorrupción saque una nota de prensa comunicando su
decisión y que el ministro de Justicia arremeta contras las dos fiscales
de ‘Púnica’, alentando un expediente sancionador, porque ambas, pese a
que acatan la orden y no piden que se investigue a PAS, no firman un
dictamen de su superior que en 12 líneas se adapta más al relato público
del posible investigado que al que ambas hilvanaron tras años de
pesquisas. Lo que realmente piensan las dos fiscales, para gran malestar
del ministro, lo dejaron plasmado en su escrito de acusación sobre
Barreiro, al afirmar que la senadora y Sánchez concertaron un «plan
criminal» para que los trabajos de reputación personal fueran pagados
con fondos públicos de la Consejería de Educación.
Como todo el proceso derivó efectivamente en anómalo, no es de
extrañar que las asociaciones de fiscales, desde las conservadoras a las
progresistas, hayan condenado las arremetidas del ministro contra unas
fiscales que no han tenido posibilidad de calificar los supuestos
indicios delictivos que investigaron durante dos años. Y le han
recordado a Catalá que el principio de jerarquía, en el ámbito de la
autonomía fiscal, está asociado al de unidad de acción para garantizar
un criterio común y preservar así la seguridad jurídica.
Así lo
entendieron siempre los anteriores fiscales generales del Estado en esta
etapa ministerial de Catalá, Torres Dulce, que dimitió, y Consuelo
Madrigal, que no renovó en el cargo. Ambos, por lo visto, demasiado
blandengues para el concepto de jerarquía exhibido por el ministro.
Mal
momento escogió el titular de Justicia para verbalizarlo, ahora que debe
impulsar la reforma para que los fiscales, y no los jueces, instruyan
las investigaciones penales. Y justo cuando el Consejo Fiscal procederá a
renovar la Fiscalía Anticorrupción, varias especiales y muchas
fiscalías superiores, entre ellas la de Murcia. Si el deseo del Gobierno
es relevar a López Bernal en el TSJ, como reclama el PP regional desde
hace años, lo están haciendo de la peor manera posible: echando material
inflamable a ese colectivo y en un momento donde esa renovación tendrá
polémica garantizada.
Lo peor de este episodio es que lejos de garantizar la confianza de
los ciudadanos en la independencia de jueces y la autonomía de los
fiscales no ha hecho más que empeorarla, acentuando la percepción de que
la justicia está politizada y de que hay dos tipos de justiciables: los
aforados y el resto de ciudadanos, cuyas cuitas en los tribunales se
solventan con muchas menos garantías procesales.
Tan cierto como que PAS
lleva dos años en el ojo público con un demoledor desgaste político y
personal lo es que goza de privilegiadas garantías judiciales al ser
aforado. Ni la juez de Lorca ni el juez Velasco le han podido investigar
de forma directa, pudiendo, sin estar acusado, haberse personado en el
‘caso Auditorio’ para pedir pruebas y formular recursos. Y el número de
fiscales que han analizado los indicios incriminatorios contra él, solo
para decidir si se le puede investigar, alcanza la decena. Tiene todo el
apoyo de su Gobierno y de su partido, que le respaldará incluso si es
llamado a declarar como investigado. La vida pública en Murcia gira hoy
en torno a su suerte judicial. Porque las investigaciones judiciales
siguen abiertas y la oposición no está dispuesta a soltar a su presa. Lo
inaudito es que también sea por sus propios errores.
(*) Periodista y director de La Verdad
