Otro Plan General de Urbanismo, Sí Se Puede / Marcela Crespo *

Dicen que rectificar es de personas sabias, y que honra a quien lo hace.

No es el caso del, por ahora, Alcalde de Totana, que persiste en el obstinado planteamiento de sacar adelante un Plan General producto de la especulación y la corrupción urbanística, aderezado con algunos Convenios Urbanísticos, paseos por calabozos y prisión de personal funcionario y anteriores alcaldes. Un Plan que suscitó (y sigue suscitando) una gran malestar social en forma de movilizaciones y miles de alegaciones, desde 2005 hasta la fecha.

El pasado 28 de julio de 2016, asistimos al lamentable espectáculo de “Junts pel Sí” (PP, Ciudadanos y Ganar Totana-IU) a éste Plan General. Recientemente, tras el varapalo de la Consejería de Fomento (como era razonablemente previsible) hemos pasado a “Junts pel Ridiculet”.

Se niega cínicamente por el Alcalde y quienes lo secundan acríticamente, lo nefasto de la rebaja de las alturas de los edificios “dentro de Ordenación”, que puede suponer un impacto social impresionante en caso de cobro de seguros por afección en seismos, o simplemente a la hora de transacciones de compra-venta, al no poder justificar su legalidad. Incluso el simple hecho de reformas para mantenimiento o mejora de nuestras viviendas. Todo ello se hace por mantener el volumen total de edificabilidad sin “tocar” la edificabilidad de los 29 Convenios Urbanísticos vigentes.

Es suficientemente conocido el daño que supone para muchas viviendas la ilegalización de derechos adquiridos, si se aprueba esta “rebaja de alturas” que convertiría en ilegales “fuera de norma urbanística”, de la segunda planta hacia arriba en muchos barrios de Totana ( Tirol Camilleri, Frailes, Casas Baratas, San José, Era Alta,…). 

Todo esto nos llama poderosamente la atención y nos parece inaudito, increíble y , por supuesto, nos da mucho que pensar. Especialmente en el caso de la Alcaldía y de Ganar Totana-IU que buscan extraños aliados para una Triple Alianza Contra Natura, introduciendo importantes tensiones y factores de riesgo en el Equipo de Gobierno con el PSOE. 

Menos entendible es todavía en un municipio que ha pasado de impulsar Presupuestos Participativos y estar en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa a gobernarse desde la Alcaldía con práctica cuestionables y dudosas. ¿Todo para el Pueblo, pero sin el Pueblo? ¿Cómo sabemos lo que conviene al Pueblo, sin preguntarle, sin debate social abierto, transparente, con información entendible y con plazos de tiempo razonables para garantizar que sabemos qué es lo que necesitamos? ¿No sería prudente y de sentido común buscar el máximo consenso de todas las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, agrarias, del pequeño comercio, asociaciones, ONGs,…y de la ciudadanía afectada, en general? ¿No serían buenos cimientos para un Plan Consensuado y, por tanto, con vocación de perdurar en el tiempo? ¿Qué tal someter el Plan Consensuado a una Consulta Ciudadana final? 

¿A qué se deben las prisas? ¿No parece esto raro, raro, raro? 

Lo dijimos y lo repetimos: éste Plan acabará cayendo gracias a las acciones ciudadanas desde la coordinación colaborativa en los terrenos judicial, social y político. Y en su caída arrastrará a quienes por motivos e intereses inconcebibles e inconfesados le han dado su apoyo. La Historia NO los absolverá.

La inteligencia colectiva, la sabiduría de la gente, puede aportar soluciones creativas y de sentido común para dotar a Totana de equipamientos y zonas verdes en el casco urbano, como ahora se reclama desde la Comunidad Autónoma. Sí Se Puede, con la gente, desde la gente.

(*) Consejera Ciudadana de Podemos Región de Murcia

Resumen de Confidenciales

Viernes con expectación en todos los medios por una u otra razón ante la inminente sentencia del Caso Nóos, que dará la vuelta al mundo; y con saturación de titulares en portadas y grandes titulares sobre la zona oscuro de fiscales, policías, funcionarios, políticos...

Una tostada para el desayuno en dos versiones. En El Periódico: 'Sobornos en el AVE: cuatro constructoras compraron a directivos de Adif con viajes y coches, según la Guardia Civil; el ex tesorero de CDC Andreu Viloca es uno de los destinatarios de regalos de la empresas' (J.G. Albalat). Y en El País: 'La red de sobornos en obras del AVE se extiende a toda España: un informe de la Guardia Civil incorporado al caso Adif revela sobornos en Castilla y León, Galicia, Euskadi y Asturias' (Jesús García).

Y otro fallo del TC que es un mazazo, aunque en este caso no a los bancos, sino a los ayuntamientos, según avanza María Peral en El Español: ‘El TC tumba el impuesto de plusvalía porque las casas no siempre se revalorizan: la resolución supone un revés a los ayuntamientos porque el gravamen es una gran fuente de sus ingresos’.

INFORMACIÓN NACIONAL

El País: España busca su lugar en el mapamundi de Trump: Rajoy fue el quinto líder europeo al que llamó el nuevo inquilino de la Casa Blanca y al que menos tiempo dedicó (Miguel González). ABC: Cospedal negociará mayor presencia de la OTAN en España: reitera ante la Alianza Atlántica el compromiso de dedicar a Defensa el 2% del PIB (Esteban Villarejo). El Mundo: El PSOE y el PSC esperan cerrar hoy la crisis entre ambos partidos (Luis Ángel Sanz). Otro titular: Entrevista a Landelino Lavilla: 'Ha vuelto el rupturismo que quedó marginado en la Transición' (Emilia Landaluce). Público: Congreso socialista: El PSOE se enclaustra en Ferraz en busca de un 'proyecto político socialista distinto' (Manuel Sánchez).

El Confidencial: Iglesias creará un Gobierno en la sombra con Bescansa, Navarro, Monereo y el ex Jemad: el líder de Podemos está diseñando un gabinete paralelo, con sus correspondientes carteras, que se presentará y aprobará este sábado en la reunión del consejo ciudadano estatal (Iván Gil). La Razón: Irene Montero será la portavoz de Podemos en la próxima sesión de control en lugar de Errejón. El Economista: Entrevista a Juan Carlos Monedero: ‘Que Errejón pida un trozo de Podemos es de señor feudal’; ‘El PP está regalando el Gobierno a Ciudadanos y PSOE’ (Esther Esteban).

CATALUÑA

El País: Mas afirma en Madrid que hay alternativa a la independencia (Miquel Alberola). Economía Digital: Mas reta a Rajoy a que intervenga ya la Generalitat (Manel Manchón). Otro titular: Los alcaldes independentistas están a un paso de la malversación (Josep Maria Casas). La Vanguardia: El TC ve imposible el referéndum pactado sin reformar la Constitución (Quico Sallés). Otro titular: La mayoría de la Mesa responde al TC que ‘no serán censores’ al servicio de Rajoy. Otro titular: Mas acusa a Rajoy de preparar el 'caldo de cultivo' para 'intervenir' en Catalunya (Leonor Mayor Ortega). Otro titular: Albiol: 'Algunos desean que Ejército entre por la Diagonal, pero no ocurrirá'. El Periódico: La Generalitat pacta con el Banco de España mantener la cuota catalana (Olga Grau). ABC: Barcelona exigirá que las maniobras del Ejército sean sin armas.

ECONOMÍA

El País: El Gobierno se aferra al PNV para sacar adelante los Presupuestos: Rajoy trata de salvar los primeros trámites parlamentarios con el apoyo del partido vasco, Ciudadanos y Coalición Canarias, mientras espera al nuevo líder socialista (J. Sérvulo González). Otro titular: Competencia inicia una ofensiva contra el sector de la estiba: la CNMC ha detectado indicios de conductas anticompetitivas de sindicatos y empresas (Hugo Gutiérrez). Otro titular: Bruselas presiona a España para que cumpla la sentencia sobre la estiba. ABC: Rajoy negociará los Presupuestos con el futuro líder del PSOE. Otro titular: Bruselas recuerda a España que la norma de la estiba debe respetar los tratados de la UE. Vozpopuli: Susana Díaz se alía con los estibadores y mantiene el bloqueo del decreto.

El Economista: Los estibadores diseñan un Plan B para blindar su monopolio: validar la formación (África Semprún). Cinco Días: Así se jubilan los españoles: la edad media real de retiro está en 64,1 años; las medidas del Gobierno no logran retrasarla (Raquel Pascual). Otro titular: Competencia irrumpe en la crisis de la estiba con una investigación en Vigo. Expansión: Más de 900.000 personas faltan al trabajo todo el año. Europa Press: Fitch advierte de que el acceso a la vivienda en España empeorará gradualmente como consecuencia de las dificultades a las que se enfrenta el mercado laboral. Esdiario: Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, ofrece empleos a 5 míseros euros la hora: y luego su marido culpa a Rajoy de la precarización (A.I.M.).

EMPRESAS

Capital Madrid: Fomento se convierte en la 'cámara de los horrores' de los empresarios: el recorte del presupuesto pone contra las cuerdas al ministro De la Serna con conflictos sobre puertos, Corredor del Mediterráneo, radiales en quiebra, líneas de AVE sin cerrar... (Julián González). Vozpopuli: Slim rescata a FCC en Panamá al apoyar la financiación de la línea 2 del metro (Raúl Pozo). Otro titular: Nadal acepta regular a los Airbnb tras las reuniones de Asian con el sector (Mario Moratalla). Expansión: Renfe puja por el AVE de California. El Economista: La lusa EDP pone a la venta Naturgas por 2.000 millones (Rubén Esteller y Araceli Muñoz). Otro titular: Intu levantará en Madrid el mayor centro comercial de España (Alba Brualla y Rubén Esteller). Otro titular: Se despeja el negocio gasista de Gas Natural en Argentina (Tomás Díaz). Cinco Días: Nissan pone sobre la mesa el cierre de la factoría de Ávila.

SECTOR FINANCIERO

Europa Press: BBVA vende casi toda su participación en el chino CNCB por 554 millones con plusvalías de 177 millones. Capital Madrid: FG trata de reponerse del mal trago chino con un café turco: desligada de Garanti, la zona de Euroasia tan sólo supone el 3,5% del beneficio, cuando hasta hace poco el presidente del BBVA aún presumía de su posición relevante en China (José Luis Marco). El Mundo: Rebelión interna en el Banco de España por el apoyo a los imputados (Carlos Segovia). El País: Los sindicatos del Banco de España rechazan la recogida de firmas a favor de los imputados (Antonio Maqueda). EFE: La Audiencia Nacional quiere que se investigue a Miguel Blesa por fraude fiscal.

Expansión: Los fondos reclamarán a los bancos por las cláusulas suelo. Otro titular: Fernando Eguidazu coordina el libro blanco del Banco de España. Otro titular: BBVA sale de China tras 10 años. Cinco Días: Las compras y fusiones se aceleran en España este año: las operaciones alcanzan los 6.000 millones de euros desde enero; la estabilidad política española propulsa los movimientos empresariales en 2017. Otro titular: Las consultoras inmobiliarias preparan un plan Brexit para España: plan conjunto para atraer empresas que salgan de Londres (Ángeles Gonzalo Alconada). Confidencial Digital: PP y PSOE pactan salvar a Zapatero de una condena por Bankia: los socialistas han ofrecido a cambio la cabeza de Elena Salgado.

OTROS TITULARES DESTACADOS

OKdiario: El preso Urdangarin tendrá derecho a un vis a vis al mes con su mujer y a gastar 100 euros a la semana (M.A. Ruiz Coll). El País: La fiscalía evitó que se investigara a Villarejo por blanqueo: dos informes oficiales señalaban a las empresas del policía (Javier Ayuso). La Razón: Manuel Moix contará con la mayoría del Consejo Fiscal para dirigir Anticorrupción. Público: El director de Método 3 denuncia a Pino, dos comisarios y un inspector por 5 delitos (Carlos Enrique Bayo). Otro titular Del 'pendrive' al dossier secreto de Pujol: las versiones de Pino que han enojado al juez (Patricia López).

El Mundo: Gobierno y PP cuestionan la imparcialidad de los fiscales: Catalá dice que ‘lo anómalo es que no acaten el criterio de sus superiores’ y Rafael Hernando afirma que ‘inventan delitos’ (M. Cruz, M. Recuero, M. Marraco y J. Manso). Otro titular: Los informes de El Faisán y el 11-M han sido borrados de los ordenadores de la Policía (Fernando Lázaro). Otro titular: La Fiscalía pedirá prisión inmediata para Urdangarin si es condenado a más de seis años (Eduardo Colom y Esteban Urreiztieta). ABC: Carmen Thyssen: ‘Tendré que vender un cuadro para lograr liquidez’; XXV años de arte y polémica en el Thyssen. El Confidencial: La baronesa Thyssen presiona a Hacienda: encuentra comprador para el 'Mata Mua' (A.S). Otro titular: Liechtenstein bloquea el rastreo de las comisiones que FCC pagó al clan Pujol (José María Olmo).

Estrella Digital: La guerra de los comisarios: Las dietas de la 'Policía patriótica' (Joaquín Vidal). El Periódico: La guerra entre policías enreda la investigación del Caso Pujol. Otro titular: Una nueva terapia frena el virus del sida durante un tiempo récord (Ángels Gallardo). La Vanguardia: La primera vacuna que frena el virus del sida: una investigación en tres centros catalanes logra que cinco pacientes controlen el VIH (Josep Corbella). Eldiario: El Gobierno precariza los contratos de miles de investigadores sin avisar y con efecto retroactivo (Sofía Pérez Mendoza).

OPINIONES

Editorial en El Mundo: '60.000 millones justifican una comisión de investigación: lo que iba a ser una comisión de investigación parlamentaria sobre la salida a Bolsa de Bankia en 2011 puede degenerar en un juicio político al sector financiero español desde el año 2000'. Jorge Zuloaga en Vozpopuli: 'La encrucijada de Linde en la reconstrucción del Banco de España'. Editorial en Cinco Días: ‘Una normativa que respalde el futuro para implantar con éxito la tecnología de telefonía móvil 5G’. Otro editorial: ‘Más fusiones y adquisiciones’. José Antonio Vega en el mismo diario: ‘Linde quiere gente como él, que se jubile a los 73 años’.

Editorial en ABC: ‘El coste de una buena Defensa’. Editorial en El País: ‘Seguridad hipotecaria’. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en el el mismo diario: 'El muro independentista: quienes levantan barreras pueden acabar lamentando no haber pactado algo razonable'. José Apezarena en Confidencial Digital: 'En España tenemos Gobierno de concentración (en la sombra)'. Editorial en El Español: 'Respiro para el ciudadano, revés para los alcaldes'.

Editorial en El Periódico: ‘La ciencia catalana, pionera contra el sida’. Otro editorial: ‘La Operación Cataluña y la justicia: intolerable que el Caso Pujol pueda quedar en nada porque hay pruebas que son fruto de la guerra sucia’. Editorial en La Vanguardia: ‘Comisiones de investigación’. Otro editorial: ‘Polémica sobre la edad de jubilación’. Mariángel Alcázar en el mismo diario: 'Entre la condena y la pena: la infanta Cristina se librará hoy seguramente de una pena de cárcel, pero no del remordimiento de haber contribuido al desprestigio temporal de una institución que bajó del cielo a los infiernos'.

A. R. Mendizabal

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2256 

La Unión Progresista de Fiscales exige la dimisión de Catalá por su «intromisión intolerable» como ministro de Justicia

MADRID.- La Unión Progresista de Fiscales, a través de su cuenta de Twitter, ha exigido hoy la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus críticas a las fiscales del 'caso Púnica' en la Audiencia Nacional, en lo que consideran una "intromisión intolerable" al trabajo de los fiscales y "un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal".

La citada asociación esgrime que el ministro debe dimitir "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, el trabajo de nuestras compañeras y por amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior".

Catalá declaró este jueves que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia "sea de conocimiento público".

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)", añadió. En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá remarcó que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen".

Además, se refirió al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

"Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remarcó.

Por otra parte, el ministro de Justicia ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.
Al presidente Sánchez se le vio hablando en un aparte con el ministro de Justicia en el pasado congreso del PP, cuando el juez Velasco ya había firmado su auto.

En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.

"El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto", ha asegurado Catalá en esa entrevista en la Cadena Ser.

Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo. 

La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. "La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes", ha afirmado Catalá en la entrevista.

El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien "tiene el problema" son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. " Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha dicho.   

Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen". Por contra, ha añadido: "Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.

Maza explicará en el Congreso por qué no acusó a Pedro Antonio Sánchez y Pedro Sanz la Fiscalía

MADRID.- Poco más de dos meses después de tomar posesión del cargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que acudir al Congreso a dar explicaciones sobre la primera gran polémica a la que se enfrenta: su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica'.

El PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han pedido la comparecencia urgente de Maza para que explique si ha recibido instrucciones políticas para oponerse a que sean investigados tanto Sánchez como el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

Respecto al primero de ellos, en contra del criterio de las fiscales del caso, la Fiscalía General consideró que no hubo responsabilidad penal de Sánchez por intentar contratar los servicios de la trama para mejorar su reputación, dado que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

Maza, que se ha declarado "encantado" de ir al Congreso de los Diputados a dar las explicaciones oportunas, ha negado de forma tajante haber recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia.

Ha explicado que adoptó su decisión "con toda honestidad" y respaldado por informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y por la opinión de los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.

Y ha encontrado el respaldo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha negado injerencias del Ejecutivo en el trabajo de la Fiscalía y ha recordado a las fiscales del caso, que en caso criterios discordantes, el que impera es el de sus superiores.

Las críticas de Catalá a las fiscales han sido interpretadas como una "amenaza" por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha pedido por ello la dimisión del ministro.

El escrito en el que la Fiscalía pedía al juez no acusar a Pedro Antonio Sánchez lo firmó la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por Maza y en contra de la posición de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez.

Éstas, en el escrito relativo a la otra aforada, la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que sí que acusan, señalan que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.

Según las fiscales, ese plan, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas, en concreto a las de la Consejería de Educación, de 2.100 euros mensuales en el caso de Barreiro y de 4.600 en el de Sánchez, siempre por trabajos "personales" o "particulares".

Toda esta polémica ha surgido a escasas fechas de que, el próximo día 22, el Consejo Fiscal afronte la renovación de 35 fiscalías, entre ellas Anticorrupción para la que se presentan seis miembros de esa fiscalía especial y un fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Moix.

Al menos dos de las aspirantes a dirigir esa Fiscalía se han visto involucradas en el asunto de 'Púnica': la actual teniente fiscal y una de las que lleva la investigación a la familia Pujol, Belén Suárez, quien firmó el escrito dirigido al juez Eloy Velasco en el que se oponía a acusar a Pedro Antonio Sánchez, y Teresa Gálvez, una de las fiscales del caso que sí era partidaria de la acusación.

Y otro, Alejandro Luzón, fiscal del caso Bankia, es teniente fiscal de la Secretaría Técnica, cuyo informe, según ha dicho Maza, avaló que no se acusara al presidente de Murcia.

Tovar califica de "vergonzoso, bochornoso e inadmisible el cambalache del Ministerio y la Fiscalía para salvar a PAS de su situación judicial"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Rafael González Tovar, mostró su estupefacción ante las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que dice "que entiende que los informes en el Ministerio pasan por tantas manos, que es difícil evitar que se filtren". 

Una cuestión que el PSOE preguntará en el Congreso de los Diputados para esclarecer por qué el presidente de la Comunidad, pero sobre todo el ciudadano, Pedro Antonio Sánchez, tiene información privilegiada de la Fiscalía sobre la actitud que tienen determinados fiscales en torno a un tema que le afecta judicialmente.

González Tovar calificó de "vergonzoso, bochornoso y un auténtico escándalo todo este asunto, en el que conforme dan explicaciones se evidencia más que estamos ante "un cambalache indigno de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática, en la que todos somos iguales ante la Ley".

El portavoz socialista agregó que por muy aforado que esté un cargo público, "no debe tener información privilegiada y menos disponer de un Ministerio que trabaje para librarle del peso de la Ley. Digo esto con profundo dolor y porque desde el PSOE no entendemos qué está pasando".

González Tovar aseguró que tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea Regional se trabajará para que este tema se clarifique políticamente, "porque judicialmente tendrán que ser los jueces quienes emitan sentencia".

Al hilo de esto, aprovechó para exigir respeto por el trabajo de los jueces, "porque es inadmisible que un cargo público del PP afirme que el juez Velasco miente; eso es lo más contrario que hay a decir que se respeta la justicia, un estribillo que no han parado de repetir desde que se conoció este tema".

Rafael González Tovar apostilló que estamos ante un momento complicado en el que se está dirimiendo la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia, "y con eso no se juega; más allá de la pésima imagen que el PP está trasladando y un presidente que se acoraza en el Gobierno regional para salvarse y dirimir sus problemas judiciales de otras etapas, cuando fue consejero de Educación y como alcalde en Puerto Lumbreras, donde hizo una mala gestión, como se evidencia".

Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos por Murcia, pide en el Congreso la comparecencia del Fiscal General

MADRID.- El diputado de Unidos Podemos por Murcia, Javier Sánchez Serna, ha presentado esta solicitud para que, José Manuel Maza, explique por qué la Fiscalía General ha emitido órdenes para paralizar las investigaciones relativas a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Región de Murcia. 

Sánchez Serna ha recordado que las instituciones judiciales están como "los fiscales no están para proteger a los presuntos corruptos sino para perseguir delitos. Si la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con las investigaciones de los presidentes de Murcia y La Rioja creemos que debe comparecer en la sede de la soberanía popular para explicar su decisión".

El diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia ha incidido en que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, tiene la "responsabilidad de explicar qué ha pasado, por qué el presidente regional tenía además información privilegiada sobre su caso, algo que ningún ciudadano que se enfrenta a un proceso como el suyo podría disfrutar".

Respecto a las declaraciones del Ministro de Justicia, Sánchez Serna ha dicho que "lo anómalo" es que el Partido Popular "instrumentalice a estamentos del Estado para sacar a sus cargos de procesos penales y mantener a un presidente, como Pedro Antonio Sánchez, en su sillón a costa de la imagen de la Región de Murcia".

Tovar: "El presidente, acorralado por la corrupción, se enroca y niega la evidencia de sus problemas judiciales"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael González Tovar, ha preguntado esta tarde en la Asamblea al presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, si consideraba que los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos, de los cuales los jueces y la Fiscalía han encontrado indicios de responsabilidad penal en algunas de sus actuaciones, ¿son errores administrativos?

González Tovar reprochó a Sánchez que con menos de dos años como presidente ya va por dos causas judiciales abiertas (como alcalde y como consejero) en las que pesan sobre su persona cinco posibles delitos de corrupción, algunos por partida doble; un hecho que sostienen informes de la Policía y de la Guardia Civil, además de diversas resoluciones judiciales. Aún así, "el presidente, acorralado por la corrupción, se enroca y niega la evidencia".

El portavoz socialista afirmó que la situación de Pedro Antonio Sánchez es insostenible, y "como presidente está empañando el buen nombre de esta Región, arrastrándonos a un escenario de inestabilidad institucional y utilizando su cargo como trinchera de defensa personal. Pedro Antonio Sánchez está usando las instituciones públicas, a su gobierno, y hasta a la Fiscalía para lavar su imagen".

Al hilo de esto, recriminó a Pedro Antonio Sánchez que se vaya de la Asamblea sin aclarar por qué tenía información privilegiada de la Fiscalía y sin asumir su responsabilidad como político. 

González Tovar exigió a Pedro Antonio Sánchez que aclare quién le ha filtrado esa información de la Fiscalía y diga "si ha sido el propio ministro, el fiscal jefe o Martínez Pujalte, que parece que tiene mano en la Fiscalía desde hace tiempo y parece que no la ha perdido".

Para el portavoz socialista, "por desgracia, la agenda política de esta Región la marcan los problemas judiciales de Pedro Antonio Sánchez, y la Región de Murcia tiene que estar por encima de esta situación. Necesitamos un presidente ejemplar". 

Por ello, le exigió que se ladee y ejercite su derecho de defensa desde el ámbito personal. "Abandone la presidencia para no dañar más a los murcianos y a la Región y defienda su inocencia sin la coraza del aforamiento y el parapeto del gobierno".

Además, le pidió que se defienda sin mentir diciendo que son errores administrativos, pues la Ley de enjuiciamiento criminal, el Código Penal, la doctrina del Consejo General del Poder Judicial y nuestra ley de Transparencia dejan muy claro que la prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos por los que le investigan son graves delitos de corrupción.

"No demore las decisiones y no huya hacia adelante, afronte la realidad de cara, porque todos sus caminos llevan al Tribunal Superior de Justicia y el verdadero error administrativo es continuar al frente de la presidencia", concluyó.

López Bernal no parece que vaya a renovar como fiscal-jefe del TSJ en pleno escándalo por PAS en la Fiscalía General

MURCIA.- El fiscal-jefe del TSJ de la Región de Murcia, Manuel López Bernal no renovará presumiblemente en el cargo. El Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, se reunirá el próximo miércoles día 23 para pronunciarse sobre las candidaturas para cubrir 35 vacantes en las principales fiscalías del país, una decisión que en último término compete al fiscal general del Estado, el hoy ya muy polemico José Manuel Maza por el escándalo a cuenta de salvar a PAS.

López Bernal aspira a repetir, en competencia con otros dos candidatos, el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, y el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga. Pero por si acaso no lo consigue ha solicitado otros dos destinos profesionales, ambos en Madrid, donde mantiene una vivienda en propiedad.

López Bernal ha llevado personalmente el peso de la querella contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio' en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras impulsar otras numerosas causas de corrupción en la Región Murcia, extremo bien conocido en Madrid, tanto en la Fiscalía General como en Moncloa y en Génova 13.

De ser finalmente relevado en el cargo por el fiscal general del Estado, las causas de los casos 'Auditorio' y 'Púnica', en el más que probable supuesto de que esta sea remitida por el juez Velasco al TSJ de Murcia, serían impulsados por Díaz Manzanera o por Sánchez Lucerga, según La Verdad.

Por contra, si López Bernal no es renovado en su actual cargo, la decisión última sobre las pesquisas a Pedro Antonio Sánchez recaería en el nuevo fiscal superior regional que nombre José Manuel Maza, dice http://www.infolibre.es

Manuel López Bernal accedió a la jefatura de la Fiscalía de Murcia en 2006, con el PSOE en el Gobierno, pero fue renovado cinco años después, ya con el PP al frente del Estado. Durante su etapa, López Bernal se ha caracterizado por abrir numerosas causas relacionadas con la corrupción, que en su mayoría han afectado a cargos del Partido Popular. Esto le ha valido la antipatía por parte de este partido, que lo ha llegado a relacionar con el PSOE.  

López Bernal es el fiscal que presentó la querella contra el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por la adjudicación, construcción y recepción del auditorio de Puerto Lumbreras.

Maza baraja no renovar a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas citadas ya en diciembre por http://www.publico.es 

Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lorca.

Muy caro va a salir a López Bernal el haberse convertido en el azote de la corrupción en Murcia -donde ha abierto varias investigaciones que salpican a dirigentes populares-, de prosperar la decisión política de cesarlo, según asegura el mismo diario digital.

Al tiempo que López Bernal cercaba la corrupción, se sucedieron noticias de una supuesta vinculación con grupos de izquierda, como Podemos.

Ahora llega su caída, aseguran las mismas fuentes. López Bernal fue nombrado en el cargo en el año 2006 por cinco años, y fue renovado por Consuelo Madrigal, la antecesora de Maza.

IU-V promueve en el pleno de Lorca la recuperación de las pagas extras que "roban" a los mayores en las residencias

LORCA.- Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a la política local, serán protagonistas de uno de los puntos del orden del día del próximo Pleno Municipal gracias a una moción que defenderá la concejala de IU-V, Adoración Peñas.

Dos asuntos, distintos pero muy relacionados, son los que aborda la moción de IU-V. De un lado exigir la recuperación de las pagas extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la tercera edad, y de otro implicar a Lorca en la demanda que exigen los colectivos de mayores de toda España para garantizar constitucionalmente el poder adquisitivo de las pensiones.

Adoración Peñas recuerda que en el año 2012 el Gobierno Regional, desde su lógica política e ideológica, adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica entre las que destacó, por su importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM. Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas. 

Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina su aportación mensual a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año.

Toda vez que en las últimas semanas los funcionarios afectados por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este ingreso, IU-V pretende que la recuperación de derechos que por fin ha llegado a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores (públicas o concertadas).

Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50 dispone que: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.". 

Cabe recordar que este "robo continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

A partir de entonces, recuerda Dori Peñas, se estableció un "agravio comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan.

Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario.

La concejal de IU-V espera que ante el agravio social y territorial expuesto, el Ayuntamiento de Lorca sea receptivo a esta iniciativa que pretende instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente, y, además que esa recuperación de derechos tenga efectos retroactivos y se devuelva a los mayores residentes lo que nunca se les debió quitar.

En otro orden de cosas muy relacionado con lo anterior, IU-V también planteará en esa moción al Pleno instar al Gobierno de España a que promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

"El PP obstaculiza las comisiones de investigación en el ayuntamiento de Alcantarilla", denuncia el PSRM

ALCANTARILLA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla denuncia que el gobierno municipal del PP intenta ralentizar la marcha fluida de las diferentes Comisiones de Investigación, que fueron creadas para esclarecer aspectos poco claros de diversos temas relacionados con la gestión municipal del PP durante los últimos años.

Gabriel Esturillo, portavoz municipal del Grupo Socialista, señala que dichas Comisiones de Investigación han de ser convocadas, obligatoriamente, con una periodicidad que va, según el caso, de dos a tres meses.

"Alguna de esas comisiones, como es el caso de la que investiga todo el proceso de concesión y condiciones pactadas del Parking de Entrevías, y la que investiga la gestión de gastos de los conciertos de las Fiestas de Mayo, llevan sin reunirse desde el mes de julio de 2016, vulnerando los acuerdos fijados. Es evidente la nula voluntad del Equipo de Gobierno del PP de compartir información sobre temas delicados que, tal vez, podrían cuestionar la gestión correcta del PP en todos estos pasados años".

Esturillo destaca que "ha sido necesario que este grupo municipal socialista solicitara por Registro, el pasado lunes 13 de febrero, las Actas de las últimas reuniones de todas las diferentes Comisiones, que tampoco habían sido enviadas hasta el momento, para que, apresuradamente, el gobierno municipal se haya visto obligado a convocarla todas, asumiendo la gravedad del asunto".

Esturillo concluye afirmando que "la imagen de pretendida transparencia que busca dar el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcantarilla choca con la auténtica realidad. El gobierno municipal del señor Buendía, tras esa fachada, sigue intentando ocultar y tapar las posibles miserias de gestión de su partido durante todos estos últimos años".

Una diputada regional del PSRM deja con el culo al aire al ínclito Bernabé con la A-33

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Yolanda Fernández, denuncia la manipulación informativa realizada por el diputado popular en el Congreso de los Diputados, Francisco Bernabé, por afirmar que la Comisión de Fomento del Congreso dio luz verde a una propuesta del PP murciano para que el Ministerio construya un enlace entre la autovía del Altiplano y la carretera del Carche. 

"El señor Bernabé miente y esta iniciativa es fruto de una enmienda formulada por el Partido Socialista".

Yolanda Fernández recordó que toda la iniciativa institucional sobre esta cuestión la ha llevado el PSOE. "Tanto desde el Ayuntamiento socialista de Jumilla como desde la Asamblea Regional hemos debatido iniciativas en este sentido". De hecho, el pasado mes de noviembre se aprobó por unanimidad en la Cámara una moción socialista en la que se reclamaba esta salida desde la A-33 a la carretera del Carche.

En la Proposición no de Ley del Partido Popular se planteaba exclusivamente la necesidad de continuar impulsando la autovía A-33, culminar la finalización de los tramos que se encuentran en ejecución e iniciar y desarrollar las obras de los tramos cuyos proyectos han sido aprobados.

Yolanda Fernández acusó a Bernabé de obviar intencionadamente que la citada Comisión aprobó una enmienda de modificación del PSOE, en la que se pedía textualmente que se redacte el proyecto y se acometa la ejecución para habilitar una salida desde la A-33 hacia la RM-15 carretera del Carche.

Además, la enmienda socialista recogía que "no se demoren los plazos de ejecución y se realice la adecuada consignación presupuestaria para cumplir dichos plazos".

Asimismo, exigía que se ejecute el cien por cien de lo consignado, sin perjuicio de que se pudieran aumentar las partidas oportunas si fuera necesario.

Por ello, la diputada socialista exige a Bernabé que "deje de decir medias verdades para engañar a la ciudadanía y de apropiarse de iniciativas del PSOE. Lo que tienen que hacer es gestionar, porque llevan muchos años gobernando en la Región de Murcia y hay proyectos como este que llevan años esperando ser desbloqueados".

Yolanda Fernández añadió que en cualquier caso, "desdel el PSOE esperamos que esta cuestión no quede solo en una moción aprobada más, sino que esta autovía y la salida a la carretera del Carche se acabe por fin".

"Se aprueban las propuestas realizadas por C's para la moratoria del desarrollo urbanístico del Mar Menor", dice Miguel Sánchez

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado hoy una enmienda de modificación de Ciudadanos que contempla la moratoria urbanística en el Mar Menor.

Miguel Sánchez, portavoz regional de la formación naranja, ha manifestado que “el texto inicial carecía de algunos aspectos básicos como la falta de seguridad jurídica que es fundamental en un Estado de derecho, y con la que protegemos y salvaguardamos los legítimos derechos de los ciudadanos”.

Sánchez ha aclarado que la propuesta de Ciudadanos “solicita la suspensión cautelar de todos los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor con dos excepciones: la ampliación natural de los cascos urbanos consolidados y aquellos desarrollos que cumplan la legalidad vigente en materia urbanística y medio ambiental, respetando los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares y los planes aprobados o en trámite”.

“Exigiremos el riguroso cumplimiento de las normas de protección medio ambiental, con respeto a la legalidad vigente, hasta que se promulgue la Ley de Protección del Mar Menor que esperamos que sea la mayor brevedad posible”, ha finalizado el portavoz de Cs.

Podemos defiende en el Congeso el Corredor Mediterráneo y critica su "instrumentalización" por parte del PP

MADRID.- Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos en el Congreso, ha afirmado que la moción presentada por el PP esta semana estaba destinada a "cumplir" con Europa de cara a "justificar los gastos y no acabar una infraestructura que es una prioridad para el crecimiento económico de las regiones de Levante y que representa el futuro de nuestro país".

Sánchez Serna ha señalado que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura "estratégica y necesaria" para la vertebración económico de la región euro-mediterránea y "sin duda es vital para Murcia, una región con una base exportadora muy importante".

Si bien, el Partido Popular, ha subrayado "en vez de tomarse en serio el tema y luchar por ello, persigue como único objetivo lavar su imagen ante una sociedad que de Almería a Valencia pasando por Murcia está abandonada".

Javier Sánchez Serna ha recordado que lo único hecho hasta ahora es un modelo del corredor "con tramos inconexos, como el reciente de Pulpí a Cuevas de Almanzora, que como única finalidad tiene la de justificar las inversiones a Europa mientras se impide la puesta en marcha del corredor, lo que es un despilfarro de dinero público".

Por ello, el diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia ha culpado al PP de "traicionar a la gente de la Región e hipotecar su futuro". 

La propuesta de Podemos en el Congreso y que también presentará el diputado regional, Andrés Pedreño, en la Asamblea Regional es que los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Andalucía reclamen ante el Gobierno de España la inversión necesaria y definitiva respecto al Tramo Sur del Corredor Mediterráneo, exigiéndole que lo priorice en su totalidad como infraestructura imprescindible para el desarrollo económico de dichas regiones mediterráneas".

Martínez-Cachá apela al derecho a la presunción de inocencia ante el 'caso Guardería'

MURCIA.- La consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, ha pedido que se respete el derecho a la presunción de inocencia que asiste a todos los ciudadanos al ser preguntada por su citación como investigada por el magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) el llamado 'caso Guardería'. 

El 24 de febrero, a las 10.30 horas, dará «todas las explicaciones» en relación a este asunto, en el que se investigan los acuerdos que adoptó en 2007 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para el traslado y demolición de la escuela infantil del barrio de La Paz, en la etapa en la que Martínez-Cachá era concejal.

 «Espero que se aclare cuanto antes, que dejemos trabajar a la justicia y que (esta) sea rápida», zanjó. El resto de exediles imputados y el exalcalde Miguel Ángel Cámara ya declararon.

Ángeles Micol: "Lo que Roque Ortiz intentó con la rehabilitación de San Esteban fue colar un proyecto de Urbamusa"

MURCIA.- Ahora Murcia señala que lo que el PP y Roque Ortiz intentaron cuando se aprobó la dotación para actuar sobre el yacimiento de San Esteban "fue colar al Ayuntamiento un proyecto de varios millones de euros de Urbamusa, sin haber dado los pasos legales exigidos". 

Angeles Micol recuerda que lo presentado por el PP en el Pleno de octubre de 2015 "no contaba con un Plan Especial, pese a que a ello obliga la Ley de Patrimonio Cultural, ni con el informe favorable preceptivo de la Dirección General de Cultura. Es decir, no se cumplían los requisitos legales obligados".

Micol afirma que "Roque Ortiz intentó que se dotara de presupuesto una actuación sin cumplir el artículo 44 de la Ley de Patrimonio, que exige la redacción de un Plan Especial; eso es lo que Ahora Murcia puso sobre la mesa, por lo que votamos en contra, al igual que hicieron C's y Cambiemos, mientras que PSOE presentó una enmienda, que fue lo que se aprobó, para que la dotación fuera de 900.000 euros en lugar de los casi cinco millones que inicialmente quería el PP. Todo esto puede comprobarse en el acta de ese Pleno, visitable en la web 'www.murcia.es".

La edil recuerda que Ortiz, quien ha sido durante años gerente de la empresa Urbamusa, "parece que no entiende que ahora es concejal del Ayuntamiento de Murcia y defiende otros intereses". 

Destaca, además, que "la memoria presentada por Urbamusa consistía en sepultar el yacimiento bajo una losa de hormigón y medio centenar de columnas, lo cual va directamente en contra de la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) de este yacimiento".

La concejala señala que "en estos 20 meses de legislatura el Gobierno municipal no ha sido capaz siquiera de realizar algo tan urgente y tan sencillo como cambiar el geotextil que cubre el yacimiento, que debería haberse sustituido hace más de seis años. 

Así que si no han realizado la medida de protección más básica, nos preguntamos por el alcance que tienen esas 200 intervenciones de conservación y protección que dice el PP que ha hecho en el yacimiento desde 2009 y que ha presentado a Fiscalía a raíz de nuestra denuncia".

"C's permite al gobierno del PP continuar con el “desgobierno urbanístico” en la prevención de riadas", dice Podemos

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha señalado que Ciudadanos deja la puerta abierta a que se siga construyendo de manera ilegal en ramblas y cauces, como han hecho en la última década en la que el PP ha amparado la construcción de 5.000 viviendas ilegales en la Región.

Pedreño ha afirmado que el desgobierno urbanístico ha gobernado la Región de Murcia durante décadas, el PP ha amparado “la depredación inmobiliaria por todo nuestro territorio”. Si bien, ha añadido, ante la posibilidad de que se imponga la planificación y la ordenación territorial para evitar los desastres provocados por las inundaciones, “como pedimos desde Podemos, Ciudadanos ha optado por legitimar al Partido Popular en no poner límite alguno a su negocio inmobiliario, que también es corrupción”.

El diputado de Podemos ha recordado que es la administración del Partido Popular la que ha generado “el desastre del Mar Menor, ha venido permitiendo que se construya en ramblas y otras zonas inundables de todos los municipios costeros, y de otros muchos municipios del interior, pese a la peligrosidad manifiesta, una tendencia que alcanzó proporciones delirantes en la época del 'boom' inmobiliario”.

Especialmente grave es según el parlamentario regional, la situación en los municipios más afectados por las inundaciones en torno al Mar Menor, Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco-, los cuales reúnen “ciertas coincidencias, alcaldes, concejales y técnicos que han pasado por la cárcel y están imputados pendientes de procesamiento. No disponen de PGOU adaptados a ley del suelo del 2001 y posteriores y funcionan con Normas Subsidiarias de planeamiento muy antiguas que son modificadas puntualmente para reclasificar suelo con el consentimiento de la CARM”.

Para Andrés Pedreño, a Ciudadanos “poco le ha importado” que en las consejerías de Ordenación del Territorio se practique “la desordenación del territorio” y que la falta de planificación, la desconsideración por la legalidad urbanística sean los principales causantes de la “catástrofe” del Mar Menor.

Como siempre, ha dicho Pedreño, al Partido Popular no le interesa “y parece que a Ciudadanos, tampoco el cumplimiento de la ley. Esperemos que luego puedan explicar en los municipios por qué no se incorporan medidas de gestión de riesgos de inundaciones en las directrices del litoral, a la vez que proliferan viviendas ilegales en ramblas y cauces”.

El PSRM pide se desarrolle completamente la delimitación de zonas inundables y deslindes de los cauces

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Alfonso Martínez Baños, ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción del Grupo Parlamentario Podemos sobre estudio y toma en consideración de medidas para elaboración de unas directrices y Plan de Ordenación Territorial para la gestión del riesgo de inundación.

El diputado socialista precisó que es competencia del Estado regular todos estos aspectos y con esta enmienda a la totalidad se trata de incorporar todo lo que está hecho por el Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica del Segura a las directrices y planes de Ordenación del Territorio aprobadas en la Región.

Martínez Baños pide que se desarrolle completamente la delimitación física de las zonas inundables y de los deslindes de los cauces dentro de la Demarcación del Segura. También que se incorporen los mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones en Áreas de Riegos Potencial Significativo (ARPSI), así como en general, la delimitación de los cauces públicos y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente, la delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en el caso que difiera de aquella y su zona de servidumbre de protección, integradas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, así como el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Demarcación del Segura 2015-2021, aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero de 2016.

Por otro lado, reclama que se incorporen estos instrumentos de prevención a las Directrices y Planes de Ordenación Territorial, aprobadas inicialmente, de Rio Mula, Vega Alta y Oriental; Noroeste y Altiplano y a las que están aprobadas definitivamente (Industrial y Litoral).

Por último, como novedad propone en la enmienda a la totalidad algo que ya se ha experimentado en otras CCAA como Valencia, como es una Cartografía de Infraestructura Verde de la Región de Murcia, para la incorporación a la Estrategia del Paisaje de las áreas críticas del territorio con restricciones para la urbanización, como puedan ser zonas inundables, áreas con elevado riesgo de erosión, zonas de recarga de acuíferos, etc, que sirva también a los ayuntamientos a la hora de reactualizar sus planes generales de ordenación urbana.

MC propondrá la declaración de la Vela Latina como Bien de Interés Cultural Inmaterial

CARTAGENA.- El Grupo municipal MC, a través del edil Ricardo Segado, propondrá, el próximo jueves 23 de febrero, que el Pleno del Ayuntamiento inste a la dirección general de Bienes Culturales de la CARM a la declaración de la Vela Latina en la costa cartagenera como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Segado ha rememorado que "si bien no podemos determinar con precisión el origen verdadero de la vela latina, todos los datos históricos parecen apuntar a que estas embarcaciones surcaban el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Índico mucho antes de sus primeras representaciones. Hasta bien entrado el siglo XVIII era el tipo de vela que se utilizaba en el transporte de cabotaje por el Mediterráneo, resistiendo hasta mediados del siglo XIX en los barcos que se utilizaban para la pesca".

El concejal de MC ha continuado afirmando que "fueron pescadores, durante ese siglo, quienes mostraron su pericia a lo largo de la costa de Cartagena en regatas con botes de 42 palmos y, desde entonces, la imagen de la vela latina surcando nuestras aguas ha sido constante. Una larga temporada, que abarca desde mayo a octubre, dónde los participantes miden sus fuerzas para ser los mejores en el agua a bordo de barcos de 21, 33 y 42 palmos. Su pericia en el difícil arte de la vela latina es premiada con trofeos como la Carabela de Plata y otros".

Del mismo modo, Ricardo Segado ha recordado que "en 2016 tuvo lugar, en el barrio de Santa Lucía, el proyecto 'Cartagena, la tradición del mar', enmarcado en el programa municipal Tiempo Libre Alternativo, que permitió a dieciocho jóvenes de once comunidades autónomas conocer el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, la navegación y la pesca en la zona, colaborando incluso en la restauración de un velero".

Segado ha reconocido "la labor de diversas entidades como la Asociación Club de Amigos de la Vela Latina y clubes náuticos como el de Santa Lucía, Los Nietos o La Puntica en su lucha por mantener viva la vela latina, patrimonio de la cultura mediterránea". 

"Fruto de su esfuerzo e implicación en la recuperación de una tradición ancestral, disfrutamos en la actualidad de una flota muy importante, que se ve incrementada cada año, de barcos de 42 palmos. La restauración y recuperación de estos veleros que, poco a poco, van incorporándose a la flota y el número de participantes en las regatas, en aumento cada año, demuestra la importancia que el mantenimiento de estos barcos y esta tradición tienen para el patrimonio de la Región", ha asegurado.

Cabe recordar que la Generalitat Valenciana declaró en 2016 Bien de Interés Cultural como patrimonio inmaterial la pesca artesanal y la navegación a vela latina de la Albufera, al considerarse ésta una zona de especial protección y requerirse el apoyo de la administración para la preservación de realidades culturales amenazadas. 

Asimismo, el Gobierno de Canarias declaró Bien de Interés Cultural la vela latina como parte del patrimonio etnográfico del archipiélago, por su indudable valor inmaterial asociado a técnicas y conocimientos de navegación enraizadas en la cultura tradicional del pueblo canario.

En este sentido, ha asegurado Ricardo Segado, "en la protección de la vela latina en nuestras costas confluyen los requisitos argumentados por ambas comunidades autónomas para instar a su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial".

Segado ha finalizado enumerado como valedores de esta propuesta de MC "el necesario apoyo de la Comunidad Autónoma para preservar esta realidad cultural; el hecho de que el Mar Menor, dónde se desarrollan gran parte de las regatas de vela latina, esté incluido en la zona de protección 'ZEPA'; la cantidad de acontecimientos relacionados con la cultura alrededor de estos eventos, como por ejemplo los concursos de fotografía, pintura y calderos en la Semana Náutica del Mar Menor en Los Urrutias; el esfuerzo de los ciudadanos en su preservación y difusión haciendo de las regatas uno de los mayores eventos culturales de la temporada estival y, por qué no decirlo, la inspiración en nuestros antiguos molinos de viento, testigos mudos del abandono administrativo, que desplegaron cuatro velas latinas en sus ocho varas".

El PSOE reclama que el PP aclare todos los puestos de trabajo del Ayto. de Murcia en situación de cesión ilegal

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista reclama en una moción, que defenderá en el próximo Pleno, que el equipo de Gobierno, del PP, presente una relación de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Murcia que pudieran estar en situación de cesión ilegal con el fin de que grupos políticos y sindicatos "tengan información clara y exacta, y puedan intervenir en el proceso de regulación de estos trabajadores, que están realizando una tarea fuera de la ley".

Así lo explica el concejal Juan Vicente Larrosa, quien añade que "a estas alturas desconocemos cuántos contratos de autónomos y empresas pueden estar en situación de cesión ilegal en el Consistorio y en sus entidades públicas".

Por tanto, en la moción solicita al equipo de Gobierno que, tras la negociación sindical oportuna, se establezca un procedimiento de regulación de dicho personal que deberá aprobarse en pleno antes del 30 de junio de 2017. Además, antes de que finalice marzo y en cumplimento de la recomendación del Tribunal de Cuentas debe presentar las instrucciones pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.

Al respecto, Larrosa advierte de que el Tribunal de Cuentas ha indicado repetidamente que la cesión ilegal de trabajadores es uno de los riesgos más significativos reconocidos por los propios gestores públicos, provocando reiterados informes instando a eliminar, o al menos minimizar, los riesgos de esta práctica. Ello ha dado lugar a que en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, garantice la estabilidad presupuestaria y la competitividad con medidas para evitar actos que pudieran considerarse determinantes para el reconocimiento de una relación laboral entre el personal de la empresa contratada y el Ayuntamiento, el cual, "de momento, no ha movido ficha y se le agotan los plazos", precisa el concejal.

Asimismo, afirma que "todo esto no es más que la consecuencia de un largo y temerario proceso de externalización de servicios, que ha supuesto un déficit estructural de empleadas y empleados públicos en la prestación de servicios municipales, poniendo en precario puestos de trabajo que debían haber estado en una estructura que garantizara los derechos laborales y la prestación del servicio en condiciones de legalidad y calidad".

El edil recuerda que el Grupo Municipal Socialista ha denunciado repetidamente el déficit estructural de personal en áreas concretas y en algunos servicios y dependencias se continúan contratando externamente cuando se dispone de personal propio para la prestación del servicio.

También, denuncia que "hace unos años el Ayuntamiento de Murcia tuvo que regularizar la situación de más de cuatrocientos trabajadores en colaboración social; hace unos meses la inspección de trabajo ya advirtió de la situación de cesión ilegal respecto a trabajadores del servicio de estadística y hace unos días el patronato de la Fundación del Museo Ramón Gaya tuvo que autorizar la subrogación de las trabajadoras que prestan sus servicios en el Museo al haberse cumplido el contrato externalizado, por lo que la situación es insostenible".

El concejal socialista avisa de que "estos servicios no se pueden convertir en una puerta trasera para entrar en la Administración, ya que se saltan a la torera los principios de igualdad, mérito y capacidad, que debe imperar en el acceso del funcionario público, e insistimos en que el Ayuntamiento debe ser siempre un ejemplo de legalidad y justicia para todos los ciudadanos".

Juan Guillamón (PP): 'El PSOE puede parar los desarrollos urbanísticos en el Mar Menor desde el ayuntamiento de Cartagena'

CARTAGENA.- Los únicos desarrollos urbanísticos previstos en todo el perímetro del Mar Menor que pueden tener un efecto negativo están en el municipio de Cartagena, y por tanto, son los socialistas quienes desde el ayuntamiento pueden paralizarlos, ha afirmado el diputado popular Juan Guillamón, para recodar seguidamente, que las competencias en materia de Urbanismo residen en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma tiene una función exclusivamente de tutela.

El Partido Popular apoyará todas aquellas medidas y actuaciones que contribuyan a la preservación del Mar Menor. Ya lo está haciendo el Gobierno regional de una forma seria y rigurosa, un trabajo cuyos resultados ya han empezado a ser palpables en el estado de la laguna, ha explicado el diputado popular, pero no vamos a respaldar ocurrencias de los socialistas con las que tratan de utilizar a la Asamblea Regional como un instrumento para solucionar sus problemas de gobierno en el ayuntamiento de Cartagena, ha añadido.

Juan Guillamón ha recordado que los socialistas simplemente tienen que denegar la licencia o cambiar el planeamiento si quieren paralizar los proyectos de Cala Reona, Huerta calesa y San Ginés de la Jara, el problema es que su socio de gobierno, José López no quiere hacerlo, ha dicho.

El diputado del PP en la Asamblea Regional ha recordado que los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar se han manifestado claramente en contra de la moratoria, porque la consideran una injerencia clara en las competencias municipales. Y apunta que se crea una inseguridad jurídica que lo único que hace es ahuyentar a los inversores y perjudicar a cientos de pequeños propietarios. En esta línea ha recordado los efectos negativos que tuvo en Barcelona la suspensión de licencias hoteleras que aprobó la alcaldesa, Ada Colau.

Guillamón no ha dejado pasar la oportunidad para recordar al Partido Socialista la política urbanística que desarrolló en Los Alcázares con decenas de urbanizaciones fantasma que provocaron numerosos vertidos al Mar Menor ante la inexistencia de infraestructuras necesarias como las depuradoras.

El diputadoregional popular ha advertido que una moratoria como la que pide el PSOE pone en peligro incluso la ejecución de la ITI cuya inversión es de 45 millones de euros. Y ha afirmado que la Comunidad Autónoma dispone de los instrumentos legales suficientes para vigilar e impedir que ningún ayuntamiento se exceda en sus competencias y tome decisiones de carácter urbanístico que puedan perjudicar al Mar Menor.

Para Guillamón, el ladrillo no es hoy la principal amenaza para el Mar Menor, existen otros condicionantes que afectan más a la laguna como la navegación o la agricultura.

Podemos respalda la moratoria urbanística en el Mar Menor

CARTAGENA.- El diputado regional, Andrés Pedreño, ha señalado que la situación urbanística “irregular” de los municipios ribereños del Mar Menor “amparada y tolerada por la CARM” la que justifica plenamente la moratoria, al menos en lo que se refiere a recalificaciones y modificaciones del planeamiento urbanístico.

 Pedreño ha afirmado que Podemos está a favor de la moratoria por “motivos más que justificados, ya que hay que penalizar a los ayuntamientos insumisos que no han adaptados sus planeamientos urbanísticos a las leyes pertinentes”.

Por ello, la enmienda de adición que ha presentado Podemos ha añadido que en dicha moratoria deben establecerse los términos de su ámbito de aplicación, tanto para modificar como para reclasificar suelo. Debe aplicarse a los desarrollos urbanísticos ya aprobados que no se hayan ejecutado o no hayan cumplido sus planes y programas, incluso aquellas licencias de obra que supongan un significativo hormigonado o enlosamiento del solar o parcela.

Además, Podemos exige que el gobierno regional oblige a los  municipios ribereños del Mar Menor, Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, a que adapten sus planeamientos urbanísticos a las leyes urbanísticas vigentes en un plazo inmediato y razonable.

También, como ha explicado Andrés Pedreño, la enmienda de adición de Podemos recomienda la redacción de unas Normas Complementarias de urbanización, aplicables a todos los municipios señalados, en el sentido de compactar la ciudad, es decir agrupar edificaciones y espacios libres, reducir la superficie urbanizada, calles, aceras y aparcamiento, y en resumen aplicar criterios de sostenibilidad.

'Cambiemos' y 'Ahora Murcia' denuncian que el PP bloquea el control de las grandes contratas municipales

MURCIA.- Cambiemos y Ahora Murcia denuncian que el PP evita la transparencia al bloquear la comisión que los concejales de Ahora Murcia, Luis Bermejo, y de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, han denunciado hoy el "bloqueo" del PP a instrumentos que fomentan la transparencia municipal como es el caso de la comisión creada para vigilar el cumplimiento de las grandes contratas del Ayuntamiento, que no ha sido convocada desde hace once meses.

Los concejales han explicado que las empresas objeto de control por parte de la citada comisión, entre las que se encuentran Cespa, La Generala-Terra Natura, Ayuda a Domicilio, Electromur, S.T.V. Gestión, y Tribugest Gestión de tributos, la Sociedad Concesionaria del Tranvía y Electromur, reciben más de 100 millones de euros al año de las arcas municipales.

La comisión contaba con un plan de trabajo que dio comienzo en febrero de 2016 y cuya finalización, según las cuentas del propio equipo de Gobierno, estaba prevista para mayo de ese mismo año. Sin embargo, el último encuentro se produjo el 18 de marzo y solo dio tiempo a analizar el cumplimiento del contrato de Ayuda a Domicilio.

Precisamente, gracias al trabajo de los grupos municipales sobre esa empresa, que acumula sucesivos impagos a los trabajadores y a día de hoy no ha abonado las mensualidades de noviembre, diciembre y enero, ni las dos últimas pagas extraordinarias, el Ayuntamiento le impuso una multa por infringir los acuerdos incluidos en el pliego de condiciones.

Las reuniones dejaron de convocarse cuando se estaba analizando a Tribugest, la segunda empresa, y ahora, pasado casi un año y después de que tanto Cambiemos Murcia como Ahora Murcia hayan solicitado en más de una ocasión la convocatoria de la comisión, el encargado de hacerlo, Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Hacienda y Contratación, "no hace nada".

Bermejo y Ramos han insistido en la importancia de que el PP "no muestre el mínimo interés" en activar una comisión que ha servido para vigilar a un grupo de empresas que se lleva alrededor del 25 por ciento del presupuesto. "Quizás creían que iba a ser una organismo florero y cuando se han dado cuenta de que no dan marcha atrás", han comentado.

Asimismo, han criticado que el PP "intente enarbolar la bandera de la transparencia cuando los hechos demuestran que nada más lejos de la realidad".

Los ediles de Cambiemos y Ahora Murcia han comentado que si no se convoca "en un tiempo razonable" a los integrantes de la comisión para continuar con los trabajos, solicitarán un Pleno extraordinario con el fin de seguir analizando las grandes contratas del Ayuntamiento.

El PGMO de Totana es el más claro ejemplo de las batallas internas que tiene el Equipo de Gobierno, dice el PP

TOTANA.- "Como pudimos comprobar en el pleno extraordinario de esta semana las posturas entre los socios del Equipo de Gobierno en cuanto a la aprobación del Plan General son muy distantes e irreconciliables. Este distanciamiento y problemas de entendimiento entre el PSOE e IU-Ganar Totana están perjudicando muy seriamente la tramitación del documento y los intereses generales de los vecinos", dice el PP de Totana en un comunicado.

"El PP de Totana siempre ha mantenido desde la pasada legislatura un mismo planteamiento que permitiera agilizar el Plan que tan necesario es para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo, anteponiendo los intereses generales a los particulares de unos pocos.

El PSOE debería explicar bien alto y claro los cambios que ha tenido con mil vaivenes y excusas en el tema del Plan General y el daño que está ocasionando para su avance. Además el PP exige al PSOE que deje de engañar y crear alarma social a los vecinos, ya que están presentando este documento como algo apocalíptico cuando realmente es un documento vivo y necesario para el desarrollo del pueblo de Totana.

El Sr. Alcalde y su Equipo Municipal se muestra incapaz de convencer a su socio de Gobierno de lo que de verdad interesa a los vecinos de Totana y está atado de pies y manos en este tema ante la parálisis que pretende el PSOE.

A esto se une la parálisis que tiene la Concejalía de Urbanismo desde hace tiempo, cuyos técnicos no saben a quien obedecer, si a los Concejales del PSOE o al Sr. Alcalde e IU-Ganar Totana.

Lo único que están viendo los vecinos de Totana son los constantes rifirrafes en redes sociales entre un Equipo de Gobierno que no es capaz de sentarse para marcar una hoja de ruta, ya no solo en el PGMO sino en todos los demás temas que hacen que un pueblo avance o se estanque como le está pasando a Totana", concluye.

Por su parte, desde el PSOE, lamentan que una vez más el PP mienta descaradamente a la ciudadanía. El hecho de que el PP sacaran otra nota de prensa demuestra que no tienen el mas mínimo pudor en mentir, al mas puro estilo de los años de las corruptelas del PP totanero.

El PSOE, ha dejado claro que fue, únicamente, el Grupo Municipal Socialista el que presentó una enmienda a la propuesta de Alcaldía, para que, entre otras cosas, se abriera un proceso de trabajo para buscar acuerdos y conseguir el mayor consenso posible.

Recuerdan que esa enmienda fue rechazada por el voto en contra del PP, Ciudadanos e IU, y por lo tanto fueron esos tres grupos políticos los que rechazaron cualquier posibilidad de búsqueda de acuerdo.

Si el PP quería tender una mano a la negociación, hubiese sido tremendamente sencillo conseguirla, simplemente hubiese bastado con haber votado a favor de la enmienda, aceptando el ofrecimiento de negociación que se había realizado desde el PSOE al resto de grupos.

Desde el PSOE, invitan al Grupo Municipal Popular, que lean el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Totana y que así puedan aprender que la enmienda “in voce” a la que hacen alusión sirve únicamente para “subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones” y no para cambiar el sentido de la moción o enmienda. Incluso aunque hubiese sido posible la enmienda “in voce”, el portavoz del Grupo Socialista en ese debate no rechazó la propuesta y simplemente la matizó.

Serán ellos, el PP, Ciudadanos e IU, aseguran desde el PSOE, los que tengan que explicar por qué después de 13 años de tramitación de este Plan tienen tanta urgencia y secretismo en aprobarlo, perjudicando a gran número de ciudadanos, sin escuchar a todos los grupos políticos, ni tan siquiera a los colectivos que participaron en la mesa de trabajo que se creó en esta legislatura, ni al Consejo Sectorial de Urbanismo.

A pesar de todo, en el PSOE sigue mostrándose dispuesto a reunirse con el resto de grupos y colectivos para buscar consensos y conseguir un Plan General que sea positivo para el futuro de Totana.

El PP de Águilas denuncia que la alcaldesa socialista utiliza el convenio de 'Cáritas' como agencia de colocación a su antojo

ÁGUILAS.- El PP  de Águilas denuncia que la alcaldesa socialista de Águilas "utiliza el convenio de 'Cáritas' como agencia de colocación a su antojo porque el convenio actual convierte al ayuntamiento en agencia de colocación para facilitar trabajo a quiénes se les antoje, quizás pagando favores electorales". 

El Grupo Municipal Popular ha realizado estas declaraciones tras estudiar la redacción del nuevo convenio con Cáritas para el año 2.017, donde han contemplado visibles diferencias con respecto a los convenios de otros años que les han sorprendido negativamente.

En primer lugar la duración de los contratos y la jornada de los mismos. Anteriormente los contratos eran de media jornada de una duración máxima de 3 meses improrrogables, con esto se pretendía llegar al máximo número de personas y familias en riesgo de exclusión social. Este año se ha modificado esto y los contratos serán de tres meses, prorrogables por otros tres más, siempre que haya un informe favorable de que han cumplido en su trabajo o que hayan participado en una acción formativa, que también será financiada a través del convenio sin saber ni tener constancia de quien o quienes impartirán dicha formación.

Además el nuevo convenio establece que se podrán hacer contratos de 6 meses prorrogables por otros seis más a ciertas personas que actuarán como jefes de grupo de una manera entendemos que arbitraria, y esos contratos tendrán una jornada laboral de 2/3, cuando anteriormente todos los contratos tenían una duración de tres meses de máximo sin excepción.

También han eliminado la obligatoriedad que existía que las personas que accedían a dichos puestos de trabajo no podían percibir ninguna prestación de ningún tipo. Se pretendía que accediesen al convenio aquellas personas realmente necesitadas, ahora puede darse el caso que una persona trabaje durante seis meses o un año al mismo tiempo que están cobrando una prestación, ya sea por jubilación o por desempleo y compaginar los dos sueldos. No incluyen que la misma persona no puede beneficiarse del convenio en años consecutivos, podría darse el caso que una persona encadenase contrato tras contrato durante años.

Desconocemos si Cáritas conoce las variaciones incluidas en el convenio aprobado de este año, pero si es así que ponga los medios para no ser cómplice de este tejemaneje en el que muchas familias necesitadas de Águilas no podrán acceder al mismo.

En convenios anteriores desde que el equipo de gobierno implantó esta subvención, cerca de 100 personas se pudieron beneficiar de la misma anualmente. Con las modificaciones podría darse el caso que menos de la mitad de personas pudieran acceder a uno de los puestos de trabajo ofertados.

El espíritu de la subvención y el convenio es que el mayor número de personas y familias puedan tener acceso a un puesto de trabajo temporal que alivie la situación económica y social por la que atraviesan. Evidentemente esto queda muy lejos del actual convenio firmado por la alcaldesa socialista y Cáritas.

El Ayuntamiento de Águilas y Cáritas Parroquial de San José han renovado el convenio de colaboración existente entre la organización sin ánimo de lucro y el consistorio; un convenio que posibilita la contratación eventual de parados en riesgo de exclusión social y para el que el Ayuntamiento aporta la cuantía de 200.000 euros.
La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el presidente de Cáritas, Manuel Amatriaín, eran los encargados de rubricar este documento que incluye novedades encaminadas a mejorar el ya existente y que han surgido fruto de numerosas reuniones mantenidas entre responsables de Cáritas, Servicios Sociales y el Ayuntamiento.
"El objetivo de las modificaciones recogidas en el convenio que hemos firmado es el de buscar la profesionalización de las personas beneficiarias. Por ello- puntualizaba Moreno- hemos considerado oportuno que la actividad laboral se complemente con acciones formativas. Esto- continuaba Moreno- permitirá que una vez finalizado el periodo laboral cuenten con los requisitos formativos básicos que se requieren en los principales sectores de actividad económica de nuestro municipio".
En lo que respecta a la duración de los contratos, estos serán inicialmente de tres meses pudiendo prorrogarse otros tres más siempre y cuando existan informes favorables de las tareas desarrolladas, informes favorables de seguimiento de inserción sociolaboral y de asistencia a las acciones formativas.

C's exige cuentas más claras en el Ayuntamiento de Lorca respecto a la Semana Santa 2016

LORCA.- El concejal-portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, exige al equipo de gobierno que explique con toda claridad las cuentas de la venta de las tribunas de Semana Santa de los días Viernes de Dolores y Domingo de Ramos de 2016, gestionados por una empresa privada.

Los datos que dispone este grupo municipal son los siguientes:

Ingresos: 54.345 euros

Gastos. 19.119,88 euros

Pago a Contenedores José: 10.960 euros, por la reparación de los palcos ordenado por el Concejal de Cultura D. Agustín Llamas.

Ingreso al Paso Blanco : 13.000 euros

Diferencia pendiente de justificar: 11.265,12 euros

Meca nos explica: "Queremos explicaciones acerca de las siguientes cuestiones:

¿Por qué se le ingresaron 13.000 euros al Paso Blanco y no al Paso Azul, por los beneficios de la venta de las tribunas de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos?

¿Por qué ordenó el Concejal de Cultura D. Agustín Llamas a la empresa privada que gestionó la venta de los palcos, el pago de 10.960 euros a Contenedores José sin contar con las Cofradías, teniendo en cuenta que estas reparaciones en 2015 las había pagado el Ayuntamiento?

¿En qué se ha aplicado la diferencia resultante de 11.225,12 euros?

De todas estas cuestiones queremos explicaciones, documentos y facturas".

Ciudadanos ha registrado en el día de ayer un escrito solicitando al Sr. Alcalde los documentos y facturas que aclaren todas estas dudas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lorca, "ante las críticas y falsedades vertidas esta mañana por parte del edil Antonio Meca ratifica que son los Pasos Blanco y Azul quienes se encargan de la gestión de la venta de sillas para las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, además de las de Jueves y Viernes Santo.
Para ello, como es sabido, ambas Cofradías establecieron años atrás un contrato con una empresa lorquina, destinando el dinero obtenido al pago de los acuerdos establecidos entre sus respectivas entidades.
El Ayuntamiento tiene conocimiento del contenido de este contrato únicamente para disponer y coordinar el dispositivo de seguridad ciudadana habitual".
Fuentes municipales han calificado de “irresponsables y especialmente desafortunados” los reiterados ataques de Antonio Meca contra la Semana Santa lorquina.

Los agricultores del Campo de Cartagena quieren pinchar el acuífero mientras se dan rendimientos del 94% en la desnitrificación

MURCIA.- El presidente de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha alertado este jueves que necesitan agua, porque la que tienen "no es suficiente para sacar los cultivos adelante". Por ello, ha resaltado la necesidad de que se les deje utilizar el agua del acuífero con los tratamientos "oportunos", evitando "la intrusión del acuífero en el Mar Menor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos".

A su juicio, "lo que no pueden pretender ahora es poner en marcha todas las desaladoras para darnos agua a los cultivos del Campo de Cartagena, porque los costos se disparan de precio, además de que el agua no vale y no es suficiente".
Momentos antes de asistir a la reunión de representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Fecoam, Asaja, Upa, Proexport y regantes del campo de Cartagena con la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha dejado claro que el vertido cero "no es la rambla del Albujón y ahora se ve la intrusión de agua subterránea en el acuífero".
"Estamos regando con nada, el canal del trasvase está todavía seco, porque está a falta de limpiar y gracias a las últimas lluvias que han venido regamos, pero el agua de los pozos es de muy mala calidad".
Por su parte, la consejera ha asegurado que el Gobierno regional "quiere estar al lado del Campo de Cartagena, pudiendo contribuir con ellos en la búsqueda de soluciones a un problema complejo".
La opción que se baraja en El Mojón, ha explicado, es que se instale una estación para "desnitrificar y para ello contará con el apoyo y asistencia técnica del Gobierno regional, a través de la entidad de saneamiento que lleva meses haciendo pruebas con salmueras procedentes de los agricultores".
Se ha informado que la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares está teniendo un rendimiento del 94,1 por ciento.
Martínez-Cachá ha dicho que estos resultados "ponen de manifiesto la viabilidad de este sistema, con el que las comunidades de regantes del Campo de Cartagena podrán seguir avanzando en medidas para desarrollar su actividad agrícola, siendo compatible con la recuperación ambiental del Mar Menor".
"El Gobierno regional está junto a los agricultores del Campo de Cartagena para seguir buscando soluciones a un problema que es complejo para el sector", ha dicho la consejera.
Los trabajos se están realizando en la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares, y está tratando el agua de rechazo de la ósmosis de la desalobradora del Mojón, ya que este emplazamiento es el que se baraja para su puesta en marcha.
Desde el organismo de cuenca su presidente, Miguel Ángel Ródenas,
ha afirmado que "por parte de los agricultores y usuarios aún no se ha presentado el documento de evaluación ambiental y en cuanto lo presenten se hará el estudio".
No obstante, ha reconocido que abrir 200 pozos en la orilla del Mar Menor es un asunto que hay que evaluar "muy bien", para después precisar que "no se hará daño al Mar Menor, ni los humedales".
La CHS adelantó que están a la espera de que la Mancomunidad de Canales del Taibilla les informe de las condiciones técnicas y económicas para poder llevar a cabo el suministro hídrico desde las desalinizadoras San Pedro I y II.

Rendimientos del 94% en la desnitrificación

También se ha informado que la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares está teniendo un rendimiento del 94,1 por ciento.
La consejera Adela Martínez-Cachá dijo que estos resultados ponen de manifiesto "la viabilidad de este sistema, con el que las comunidades de regantes del Campo de Cartagena podrán seguir avanzando en medidas para desarrollar su actividad agrícola, siendo compatible con la recuperación ambiental del Mar Menor".
"El Gobierno regional está junto a los agricultores del Campo de Cartagena para seguir buscando soluciones a un problema que es complejo para el sector", dijo la consejera
En la reunión se han ofrecido todos los destalles sobre los trabajos de desnitrifación que la Consejería, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Agua Residuales de la Región de Murcia (Esamur), ha estado llevando a cabo en una experiencia piloto.
Los trabajos se están realizando en la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares, y está tratando el agua de rechazo de la ósmosis de la desalobradora del Mojón, ya que este emplazamiento es el que se baraja para su puesta en marcha.
La consejera también apuntó que "cumpliendo el compromiso mantenido en la última reunión con el sector, hemos invitado a la Confederación a mantener una reunión de trabajo con el fin de informar sobre los avances en algunos trámites que se están llevando para poner recursos hídricos a disposición de nuestros regantes".