MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto limitar los aforamientos a los 2.000 cargos políticos que en la actualidad disfrutan de esa condición, prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción y regular la actividad de los lobbies ante el "vacío" legal que existe hoy en día.
Catalá se ha referido así durante su comparecencia
ante la Comisión de Justicia del Congreso para exponer la 'hoja de ruta'
de su departamento en esta legislatura, entre ellas, las propuestas
normativas en materia de lucha contra la corrupción.
Sobre los aforamientos, el ministro ha explicado que la limitación "podría" alcanzar a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados.
Eso
sí, ha confesado las "implicaciones de técnica legislativa ciertamente
complejas" que tendría este proyecto, por cuanto afecta a la
Constitución y a los propios Estatutos de Autonomía.
Con la misma "firmeza", ha propuesto articular una ley que recoja la prohibición de indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".
"Lo que planteo, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica: no conceder indultos a condenados por corrupción", ha precisado el titular de Justicia.
Catalá ha cerrado su propuesta en esta materia con un llamamiento a los grupos parlamentarios para regular la actividad de los lobbies en todo el país de manera que se termine con el "vacío" normativo que existe en España; al tiempo que les ha planteado una mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción.
Con la misma "firmeza", ha propuesto articular una ley que recoja la prohibición de indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".
"Lo que planteo, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica: no conceder indultos a condenados por corrupción", ha precisado el titular de Justicia.
Catalá ha cerrado su propuesta en esta materia con un llamamiento a los grupos parlamentarios para regular la actividad de los lobbies en todo el país de manera que se termine con el "vacío" normativo que existe en España; al tiempo que les ha planteado una mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción.
Los fiscales relevarán al juez instructor
Catalá también ha anunciado hoy una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, reducir
"trámites innecesarios" y que no se den hasta tres investigaciones.
En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.
El fiscal, ha dicho, contaría con un juez de garantías que "aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales".
"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha opinado.
Para llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a abordar.
Esto daría, a su juicio, agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado.
"La celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico", ha apuntado.
Según Catalá, también habría que llevar a cabo un recorte en los trámites judiciales para que no se dé el caso, como ocurre ahora, de que "hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio".
Otra de las fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".
En la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Este cambio, ha dicho Catalá, no es fácil, "pero sí necesario para proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo XXI".
En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.
El fiscal, ha dicho, contaría con un juez de garantías que "aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales".
"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha opinado.
Para llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual, ha dicho, el Gobierno está dispuesto a abordar.
Esto daría, a su juicio, agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado.
"La celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico", ha apuntado.
Según Catalá, también habría que llevar a cabo un recorte en los trámites judiciales para que no se dé el caso, como ocurre ahora, de que "hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio".
Otra de las fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".
En la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.
Este cambio, ha dicho Catalá, no es fácil, "pero sí necesario para proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo XXI".
Dispuesto a revisar el Supremo
El ministro de Justicia ha afirmado que está dispuesto a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los elijan directamente los jueces y ha propuesto cambiar el proceso para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS).En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las líneas de la legislatura, Catalá ha asegurado que no tiene "el menor inconveniente" en que se otorgue a los jueces "el máximo protagonismo", un punto "controvertido" en el que, ha destacado, "parece que hay consenso pleno" en este sentido.
"Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada", ha asegurado.
También ha propuesto revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo y ha abogado por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial y se suprima la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de justicia.
Su objetivo, ha dicho, es que reduzca "al límite" la discrecionalidad en el sistema de nombramientos, lo que se haría "introduciendo criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos en su valoración, o bien objetivizando aún más el sistema de valoración de méritos en las plazas que se cubren por concurso".
Dentro de esta reforma, también ha propuesto "regular las denominadas 'puertas giratorias' entre la justicia y la política" para cambiar la legislación actual, que permite que jueces y magistrados alternen su labor jurisdiccional con cargos políticos.
Estas medidas darían una mayor independencia al poder judicial en España, que ya cuenta "con una de las judicaturas más independientes del mundo, hasta tal punto que son las propias asociaciones judiciales las más activas a la hora de proponer líneas de mejora, refuerzo y blindaje", ha dicho.
Para el ministro, también habría que "desjudicializar la política", ya que "la política no se ejerce en los juzgados". "Los tribunales están para otra cosa, para resolver conflictos jurídicos, no disputas ideológicas", ha opinado.
En este sentido, ha propuesto regular la acusación popular, una línea de actuación que "hasta el partido socialista" defendió en su última legislatura de gobierno, ha destacado.
"Estoy seguro de que podremos llegar a un modelo de concertación, de manera que la acusación popular sea lo que de verdad nuestra Constitución quiso que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, no un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales".
Revisará la ley de Tasas Judiciales
Rafael Catalá se ha comprometido a revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula por su excesiva cuantía las que deben pagar las personas jurídicas.
En
concreto, ha explicado que estudiará la exención a otros colectivos
como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios,
todas ellas consideradas 'líneas rojas' por la oposición parlamentaria
para sentarse a negociar.
A su juicio, se trata de un "asunto que está en el debate social y político", por lo que ha apelado al consenso para cumplir la sentencia del Constitucional.
Catalá ha destacado que abordará la reforma del Registro Civil,
que será gestionado por "un determinado cuerpo de empleados públicos",
probablemente el de Letrados de la Administración de Justicia, y cuya
negociación estará abierta a los sindicatos.
Ésta será una de sus
prioridades a corto plazo toda vez que él mismo aparcó la reforma hasta
junio de 2017, fecha en la que está prevista que entre en vigor la ley
aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
Asimismo,
ha propuesto revisar el proceso civil tal y como reclaman los
tribunales de Justicia de las comunidad autónomas, para mejorar la
ejecución de las sentencias y agilizar los trámites y notificaciones; al
tiempo que ha apostado por reforzar la mediación y el arbitraje como
herramientas para reducir la litigiosidad.
Igualmente, ha asegurado que impulsará la Oficina Judicial y Fiscal,
un proyecto que irá acompañado de un plan de redistribución de cargas
de trabajo y de especialización de los juzgados, con la vista puesta en
la creación de una fiscalía especializada para combatir la piratería y
el ciberdelito cultural.
Una carrera judicial y fiscal
profesionalizada y especializada así como un nuevo Estatuto del
Ministerio Fiscal serán otras de los prioridades del Ministerio de
Justicia, que confía en desarrollar la transformación digital que
reclaman los trabajadores.
Catalá ha subrayado que todo ello solo será posible "escuchando a todos, dialogando con todos
y construyendo con todos", consciente de que para sacar adelante sus
reformas necesita del apoyo de los grupos, con la vista puesta en
Ciudadanos y PSOE.
