CARTAGENA.- El alcalde populista de Cartagena, José López, viene presumiblemente ocultando desde hace varios meses el dictámen experto de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Jesús González Pérez, abogado especializado desde 1947, a favor de la idoneidad del bilbaino Fernando Urruticoechea Basozábal, licenciado en Derecho por la Universidad Comercial de Deusto y funcionario de habilitación nacional, como interventor municipal, según han confirmado fuentes próximas al interesado.
El informe fantasma ha permanecido oculto en los despachos del Ayuntamiento de Cartagena sin que nadie sepa como se gestó. Desconociéndose también quién ha sido el probo funcionario que lo ha puesto posteriormente en circulación.
En la conclusión, en el citado documento, este prestigioso catedrático dice textualmente:
"No existe duda alguna respecto a la previsión reglamentaria sobre la obligatoriedad de adjudicar la vacante de Interventor municipal siempre que exista un solicitante que cumpla con los requisitos establecidos por la convocatoria que, en este caso, eran los fijados por la base tercera aludida en este informe, sin que pueda negarse en este caso que el candidato no reunía los requisitos al amparo de unas informaciones ajenas a los mismos y que, no contando con las garantías mínimas de veracidad, han sido además ocultadas al interesado antes de declararse desierta la convocatoria."
El informe completo es contundente respecto a la ilegalidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena de fecha 14 de marzo de 2014 y de la procedencia del nombramiento a favor de Urruticoechea. Lo que ahora procede, es un acuerdo de revocación y nombramiento al amparo del artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, por parte de la Junta de Gobierno Local.
El informe fantasma ha permanecido oculto en los despachos del Ayuntamiento de Cartagena sin que nadie sepa como se gestó. Desconociéndose también quién ha sido el probo funcionario que lo ha puesto posteriormente en circulación.
En la conclusión, en el citado documento, este prestigioso catedrático dice textualmente:
"No existe duda alguna respecto a la previsión reglamentaria sobre la obligatoriedad de adjudicar la vacante de Interventor municipal siempre que exista un solicitante que cumpla con los requisitos establecidos por la convocatoria que, en este caso, eran los fijados por la base tercera aludida en este informe, sin que pueda negarse en este caso que el candidato no reunía los requisitos al amparo de unas informaciones ajenas a los mismos y que, no contando con las garantías mínimas de veracidad, han sido además ocultadas al interesado antes de declararse desierta la convocatoria."
El informe completo es contundente respecto a la ilegalidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena de fecha 14 de marzo de 2014 y de la procedencia del nombramiento a favor de Urruticoechea. Lo que ahora procede, es un acuerdo de revocación y nombramiento al amparo del artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, por parte de la Junta de Gobierno Local.
Urruticoechea, actualmente ocupando el mismo cargo en el Ayuntamiento de Orihuela, presumiblemente dará a conocer todos los pormenores del citado dictámen en una rueda de prensa en Cartagena a celebrar la próxima semana, siempre según las mismas fuentes.
Sin embargo, y mientras tanto, varias son las cuestiones ahora en el aire:
Sin embargo, y mientras tanto, varias son las cuestiones ahora en el aire:
1) Quién lanzó la
idea de solicitar un informe y con qué intención.
2) Qué grupos
politicos conocían esta iniciativa y la aceptaron.
3) En qué instancia
se tomó el acuerdo y en qué apartado
de los presupuestos se consignó.
4)
Si la consulta es taxativa en la defensa de las pretensiones del Sr. Urruticoechea, que razón llevó al alcalde, y a la futura alcaldesa, a
ocultarlo y a
desobedecer la legalidad.
5)
Tuvieron conocimientos las organizaciones políticas a nivel regional del
contenido de dicho informe y cuál fue su actitud.
6) Cómo
se explica que en un sistema, que se llama democrático, se niegue la
obtención de una plaza pública a una persona por motivos
estrictamente personales y no por la condicion de idoneidad,
capacidad y mérito.
Tampoco se sabe el coste del dictámen de once folios aunque sí la fecha de su emisión: 15 de septiembre de 2015.
Un grupo de ilustres ciudadanos de Cartagena se ha dirigido ya por escrito al Ayuntamiento solicitando se les facilite copia del dictámen experto, copia del contrato de encargo al citado catedrático e información de la existencia de cualquier otro informe de carácter jurídico por el cual se solicite asesoramiento externo por este equipo de gobierno y que haya sido abonado con cargo a los presupuestos municipales, sobre la base de que ningún ayuntamiento puede patrimonializar los estudios que encarga con dinero de los ciudadanos.
En base a los argumentos de su escrito queda claro que estos ilustres ciudadanos han tenido acceso completo al citado dictámen puesto que afirman que "habida cuenta que hasta la fecha no se ha procedido al nombramiento del nuevo Interventor municipal, parece evidente que el mencionado informe ha devenido inútil, bien por no tener la suficiente consistencia jurídica -lo que parece improbable dada la categoría profesional del autor del mismo -, bien por considerarlo así las autoridades políticas municipales".
Tampoco se sabe el coste del dictámen de once folios aunque sí la fecha de su emisión: 15 de septiembre de 2015.
Un grupo de ilustres ciudadanos de Cartagena se ha dirigido ya por escrito al Ayuntamiento solicitando se les facilite copia del dictámen experto, copia del contrato de encargo al citado catedrático e información de la existencia de cualquier otro informe de carácter jurídico por el cual se solicite asesoramiento externo por este equipo de gobierno y que haya sido abonado con cargo a los presupuestos municipales, sobre la base de que ningún ayuntamiento puede patrimonializar los estudios que encarga con dinero de los ciudadanos.
En base a los argumentos de su escrito queda claro que estos ilustres ciudadanos han tenido acceso completo al citado dictámen puesto que afirman que "habida cuenta que hasta la fecha no se ha procedido al nombramiento del nuevo Interventor municipal, parece evidente que el mencionado informe ha devenido inútil, bien por no tener la suficiente consistencia jurídica -lo que parece improbable dada la categoría profesional del autor del mismo -, bien por considerarlo así las autoridades políticas municipales".
