Banco Sabadell dispara la artillería legal para esquivar la fianza de la CAM

BARCELONA.- El Banco Sabadell ha reaccionado con celeridad a la petición de fianza de la Audiencia Nacional por el caso de la CAM. No es para menos, el tiempo apremia y la cantidad haría temblar las cuentas del banco que preside Josep Oliu. La jueza ha pedido una fianza de 1.592 millones de euros a ocho directivos de la caja y, si como es previsible, no los depositan este jueves, irá a por los responsables civiles subsidiarios, entre los que se encuentra el Sabadell, recoge hoy http://www.economiadigital.es.  

El banco catalán ha puesto en marcha su maquinaria legal para evitar el pago de la fianza y ganar tiempo. Después de estudiar el auto, el mismo miércoles por la tarde, el Sabadell ha presentado ante la Audiencia Nacional una petición de escrito aclaratorio del auto, según han explicado fuentes del banco. Esta petición tiene un doble objetivo: saber por qué se le considera responsable civil subsidiario y aclarar la cantidad de la fianza, que no entienden y ven desproporcionada.  

Perjudicados 

Desde el Sabadell consideran que la entidad no debería ser considerada responsable civil subsidiaria, ya que no tenía ninguna responsabilidad en la administración supuestamente fraudulenta de la CAM. Al contrario, se ven como perjudicados en este asunto. Además, no entienden por qué se recurre al Sabadell ya que la pieza por la que ellos estaban en la causa, la de las cuotas participativas, se separó del caso.

El Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2011. El Banco de España la adjudicó a la entidad presidida por Josep Oliu por un euro y le inyectó 5.249 millones de euros para tapar su agujero, además de comprometerse a cubrir el 80% de las pérdidas derivadas por sus activos tóxicos durante diez años.
 
Apertura del juicio oral

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto la fianza de casi 1.600 millones de euros. Tienen 24 horas desde este miércoles por la mañana y, si no hacen frente a ella, la Audiencia podrá ir hacia el resto de responsables: Caser como responsable civil directo y la Fundación CAM como responsable civil subsidiaria, junto con el Sabadell. 

De todos los actores en este acto, el único con capacidad financiera se adivina el Sabadell. Caser ha perdido más de la mitad de sus ingresos en cuatro años, aunque consiguió cerrar 2015 con un beneficio de 71 millones y una facturación de 1.477 millones de euros. Por lo tanto, ni con sus ingresos de todo un año podría pagar la fianza. La Fundación CAM es poco más que un muerto viviente desde que se desvinculó de la caja, y no tiene fondos para hacer frente al pago.

El Sabadell es el único que tiene músculo financiero pero la fianza lo podría poner contra las cuerdas. Los 1.600 millones son más del doble que sus beneficios de 2015, cuando ganó 708,5 millones de euros. La fianza se comería la mitad de su margen de intereses, que el año pasado fue de 3.200 millones.

Numerosos delitos

El ex presidente de la CAM, Modesto Crespo, y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de cinco ex directivos más, se enfrentan a un juicio por numerosos delitos: estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011. Además, algunos de los directivos se enfrentan a otros delitos.

El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, formado por todos los bancos y que ejerce la acusación, le atribuye al ex presidente y a los dos ex directores generales los delitos de estafa a inversores y manipulaciones informativas. Por ello les pide nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros. La acusación particular pide 16 años de prisión para todos los acusados, además de una indemnización de 19,1 millones de euros a los demandantes.

Cuentas falseadas

La investigación se inició tras la intervención de la CAM en 2011, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmó en sus informes las irregularidades que habían cometido los gestores de la caja, tanto en su actividad crediticia como con la concesión de pensiones vitalicias a sus directivos.

El caso investiga si los ex directivos escondieron la situación real de la entidad para poder cobrar retribuciones por valor de 47,3 millones. Los resultados presentados por la caja en marzo de 2011 arrojaban unas ganancias de 39 millones, posteriormente desmentidas con pérdidas superiores a los mil millones.

BMN queda a los piés de los caballos tras dos sentencias condenatorias por cláusula suelo abusiva

MADRID.- Cuando una cláusula es abusiva, es abusiva, sea o no el afectado una persona con formación jurídica o empresarial. Así lo ha determinado la Justicia a través de sendas sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, que han anulado los ‘suelos’ de dos préstamos hipotecarios firmados con Banco Mare Nostrum (BMN), informa hoy www.capitalmadrid.com.

Ambos fa­llos con­denan al banco a la eli­mi­na­ción de las cláu­sulas suelo y a la de­vo­lu­ción de las can­ti­dades co­bradas a los usua­rios desde el 9 de mayo de 2013, más los in­tereses le­gales y todas las can­ti­dades pa­gadas de más du­rante el pro­ceso.
En uno de los casos la de­man­dante era ad­mi­nis­tra­dora de una so­cie­dad, y su padre había sido di­rector de pre­ci­sa­mente una ofi­cina de BMN. En el se­gundo caso, el afec­tado es li­cen­ciado en Derecho. Sin em­bargo, la for­ma­ción de los usua­rios no ha sido óbice para que el juz­gado pro­ce­diese a tomar las me­didas ne­ce­sa­rias para de­clarar la nu­lidad de las cláu­sulas suelo.
En el pri­mero de los dos prés­ta­mos, la cláu­sula suelo era del 3,75, y en el otro, del 3,5%, siendo techo del 14% en ambos ca­sos.
Un de­le­gado de una aso­cia­ción de abo­gados en Granada ha sub­ra­yado la re­le­vancia de sendos fa­llos, ya que la Justicia ha cons­ta­tado que el nivel edu­ca­tivo de los de­man­dantes no cambia el ca­rácter abu­sivo de esta fi­gura con­trac­tual.
“La con­di­ción de una de las de­man­dantes de ad­mi­nis­tra­dora de una so­ciedad y el hecho de que su padre hu­biese sido toda su vida di­rector de una ofi­cina de BMN, o la con­di­ción de li­cen­ciado en Derecho del otro de­man­dante, no im­plican que la cláu­sula sea repu­tada como trans­pa­ren­te”, ha dicho el in­ter­fecto.
Asimismo, el de­le­gado gra­nadino ha ex­pli­cado que “BMN tiene la obli­ga­ción de in­formar de­bi­da­mente, in­de­pen­dien­te­mente de los co­no­ci­mientos con­cretos del con­su­mi­dor, sobre el fun­cio­na­miento de las cláu­sulas im­puestas y las con­se­cuen­cias eco­nó­micas que se de­rivan de las mismas al con­tra­tar­las".
Además, los pro­blemas se acu­mulan para las en­ti­dades que aún in­cluyen cláu­sulas suelo en sus prés­tamos por vi­vienda: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) re­sol­verá el pró­ximo 26 de abril una cues­tión pre­ju­di­cial, plan­teada por el propio Juzgado Mercantil nº 1 de Granada, sobre la re­tro­ac­ti­vidad par­cial de la de­vo­lu­ción de las can­ti­dades in­de­bi­da­mente pa­gadas por los ‘suelos’.

Banco Sabadell recurrirá para defender la transparencia de sus cláusulas suelo

BARCELONA.- El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha anunciado que la entidad recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid que anulalas cláusulas suelo no transparentes de 40 bancos y cajas --entre ellos el Sabadell-- al asegurar que las suyas sí lo eran y se explicaban a los clientes. 

Guardiola ha explicado que era una sentencia esperada y que "ratifica, no rectifica, la sentencia del Supremo en el sentido de que las cláusulas suelo son lícitas y legales, pero que pueden ser nulas si no son transparentes".

Ha argumentado que las del Sabadell son transparentes porque "el cliente era consciente del alcance de estas cláusulas", que estaban colocadas en la parte central del documento de préstamo hipotecario en negrita y los notarios las leían antes de la firma. 

"El banco hará recurso para conseguir que se le dé la razón", ha aseverado, defendiendo que su actuación ha sido rigurosa y siguiendo buenas prácticas bancarias, en sus palabras, fruto del diálogo con los clientes.

Ha explicado que Banco Sabadell no ha realizado una provisión específica por si se anulasen todas las cláusulas suelo porque cree que 'no ha lugar', pero ha añadido que sí tiene "un nivel de dotaciones genéricas suficiente para cubrir ese impacto" si se produjese.

El Ayuntamiento muestra su malestar por el cierre de la oficina de registro del IMAS en Cartagena

CARTAGENA.- La viecalcaldesa, Ana Belén Castejón, junto a la concejala de Servicios Sociales, Carmen Martín, y representantes de Comisiones Obreras, concretamente el coordinador de Administración Autonómica de Murcia, Francisco Saura, y el secretario comarcal, Juan Pedro Martínez, han comparecido en rueda de prensa para denunciar el cierre de la ventanilla única del IMAS en la ciudad de Cartagena por parte de la Comunidad Autónoma.

Según Castejón, la supresión decretada por el gobierno regional del servicio de registro especializado en la oficina de la Alameda de Santa Antón, donde se encuentra la Unidad de Valoración y Orientación del Instituto Murciano de Acción Social, va a suponer que los usuarios solo puedan presentar documentación en el registro general del Edificio Foro, y mientras que antes, dicha documentación una vez registrada pasaba directamente a la citada unidad para su tramitación, ahora los papeles una vez presentados se mandan a Murcia, y desde allí se vuelven a enviar a la oficina de Cartagena, con la consiguiente pérdida de tiempo y eficiencia.

Se trata de una medida que consideramos injusta y que evidencia la desproporción con respecto al municipio de Murcia, aseguraba la vicealcaldesa, el maltrato a Cartagena es evidente si tenemos en cuenta el número de habitantes y dos datos concretos, Cartagena tiene una oficia general de atención al ciudadano (en el Edificio Foro) frente a las nueve que hay en Murcia, y tres oficinas de registro especializadas (dos de Sanidad, en el Rosell y el Santa Lucía, y una de empleo, en el SEF) mientras que la capital cuenta con veinte.

Por su parte, la edil de Servicios Sociales recordaba el gran problema que este cierre supone para los usuarios de los Servicios Sociales de la ciudad y de toda la comarca, ya que la oficina atendía también a los habitantes de otros municipios del Campo de Cartagena (Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión), lo que implica a miles de personas al año que registraban allí toda la documentación necesaria para realizar los trámites relacionados con la discapacidad y la ley de dependencia.

Un cierre que, además, empeora el servicio que se presta a estos ciudadanos al quedarse como única oficina de registro la del Edificio Foro, en el centro de la ciudad, con los consiguientes problemas de accesibilidad y donde el personal que atiende a estas personas no está especializado y se les sobrecarga de trabajo, algo que han denunciado los representantes de Comisiones Obreras, expresando su malestar y rechazo.

En la actualidad hay tres Unidades de Valoración y Orientación del IMAS en la Región de Murcia, la de Cartagena, una en Murcia y otra en Lorca, y la única que ha visto suprimida el servicio de registro asociado es la de Cartagena. Ante esto, la vicealcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, se dirigirá al gobierno regional para pedir explicaciones y exigir una solución.

'Ciudadanos' hace un llamamiento a la ciudadanía para asistir al Pleno monográfico sobre 'Aguas de Lorca'

LORCA.- Representantes de la empresa 'Aguas de Lorca' obligaron en 2012 a facturar su servicio a través de una empresa pantalla perteneciente al grupo privado. Esta empresa sería luego quien le facturaría a 'Aguas de Lorca S.A.'. 

El grupo Ciudadanos considera que, presuntamente, se chantajeó a esta empresa lorquina para que accediera a esa maquinación para presuntamente estafar con sobrecostes o facturas infladas a los lorquinos.

Hasta esa fecha, estos trabajos habían sido facturados directamente a la empresa 'Aguas de Lorca', de hecho, actualmente quien encarga esos trabajos y firma los partes, sigue siendo 'Aguas de Lorca'.

Antonio Meca, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, quiere invitar a todos los lorquinos a una concentración el lunes 11 de abril, a las 11.30 horas en la Plaza de España.

A las 12 horas del próximo lunes, y a propuesta de Ciudadanos, se va a celebrar un Pleno monográfico sobre la gestión del agua potable en Lorca, y desde la formación naranja quieren convocar a la ciudadanía de Lorca a concentrarse a modo de protesta. 

"Los lorquinos queremos saber qué ha pasado en la gestión del agua potable y quiénes son sus responsables".

C's anima a los lorquinos/as a seguir en persona el Pleno extraordinario desde la tribuna y a concentrarnos en la Plaza de España mientras tiene lugar, "para que el equipo de gobierno vea que es un problema que afecta a todos los lorquinos, que existe alarma social, y que queremos que se depuren todo tipo de responsabilidades".

El PSRM saca adelante en la Asamblea la puesta en funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y zona sanitaria

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Consuelo Cano, ha conseguido el apoyo de los grupos de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional para que se apruebe una moción socialista en la que pide la puesta en funcionamiento de los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica de Salud, como órganos para hacer efectiva la participación comunitaria en los Servicios Sanitarios Públicos de la Región de Murcia.

Cano argumenta que la participación social y comunitaria en los servicios públicos de salud es fundamental para que los ciudadanos y usuarios de la sanidad conozcan de primera mano la planificación sanitaria, aporten ideas y sugerencias, controlen los programas sanitarios que les afectan y se sientan protagonistas, ya que los pacientes son el centro sobre el que pivota la sanidad pública y las políticas sanitarias.

Durante su intervención, la diputada señaló que tanto la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril), como la Ley de Salud de la Región de Murcia (Ley 4/1994 de 26 de julio) reconocen en sus principios generales la participación comunitaria en los Servicios Públicos de Salud, de cara a la formulación de la política sanitaria y en el control de la ejecución de la misma.

La Ley de Salud de la Región de Murcia dispone como órganos de participación comunitaria los llamados Consejos de Salud, tanto a nivel regional (el Consejo Regional de Salud), como los Consejos de Salud de Área y de Zona básica de Salud. Sus funciones y composición vienen determinadas en la citada norma, con la característica importantísima de ser fundamentales para la participación social, sobretodo, de las corporaciones locales, organizaciones sociales, económicas, profesionales, asociaciones vecinales, de usuarios, de enfermos crónicos, etc.

La diputada indicó que a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada Ley, en la Región de Murcia sólo viene funcionando con cierta regularidad el Consejo Regional de Salud. "Ni los Consejos de Salud de Área ni los Consejos de Salud de Zona se han puesto en funcionamiento".

Consuelo Cano señaló que solo hubo "un tímido intento" en el año 2012 de un Proyecto de Decreto por el que se regulaba la composición y funcionamiento de los órganos de participación ciudadana del sistema sanitario público de la Región de Murcia.

En esta Asamblea Regional han sido numerosas las iniciativas, tanto en forma de mociones o de enmiendas a los presupuestos, tendentes a conseguir que la participación comunitaria sea de una vez real y efectiva a todos los niveles organizativos y territoriales dentro de la estructura del Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia. "De hecho, han existido compromisos políticos y promesas que no se han hecho realidad", declaró.

'Podemos' pide que el derecho a la salud no pague las consecuencias del déficit económico

MURCIA.- La Secretaria de Políticas Públicas e Igualdad de Podemos RM, María Marín, ha afirmado que es el tiempo de reivindicar el derecho a la salud en este momento en que se está vulnerando tanto a nivel local como a nivel global "Observamos cómo se vulnera el derecho a la salud en las personas refugiadas de forma sistemática , en campos que no cumplen con los mínimos estándares de salubridad , y en nuestro país hemos visto como se han externalizado muchos servicios sanitarios, y como se ha intentado privar de este derecho a los inmigrantes en situación irregular y a los jóvenes que han tenido que irse a buscar un futuro fuera de nuestro país".

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, desde Podemos Región de Murcia reivindicamos la defensa del derecho a la salud y por lo tanto a una sanidad universal y gratuita, y que este no se vea vulnerado a consecuencia de los malos datos económicos.

Según datos del Ministerio de Sanidad, la Región de Murcia es la 3ª comunidad con menos camas en funcionamiento por cada 1000 habitantes (2,04, frente al 2,41 nacional), además el número de médicos y enfermeros también se sitúa por debajo de la media: un 1,77 por cada 1.000 habitantes vs 1,88 para médicos y un 2,89 vs 3,08 para enfermeros y donde ha aumentado el gasto en la sanidad concertada en un 206% en 10 años (2002-2012) con 10 millones de euros en contratos opacos durante este último año.

La Secretaria de Políticas Públicas e Igualdad de Podemos ha recordado que el Sindicato Médico de la Región (CESM) ha emitido un duro comunicado en el que culpa a la falta de planificación del Servicio Murciano de Salud "del colapso" que se está viviendo estos días en los hospitales, centros de salud y Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la comunidad.

Así, la propia consejería de Sanidad ha reconocido que los grandes hospitales están al cien por cien de ocupación de sus camas y en las urgencias los pacientes tienen que esperar durante horas a que se den altas y se queden camas libres. Esta situación ha hecho que incluso lleguen a suspenderse operaciones en el Hospital Morales Meseguer.

Debido a este contexto María Marín, ha expresado su preocupación ante posibles recortes dentro del sistema sanitario regional ante los datos de incumplimiento del déficit, ya que el propio ministro Montero, argumentó que los malos datos se debían al incumplimiento de las Comunidades autónomas y el gasto en Sanidad. "ante la situación de asfixia de la economía regional, y un previsible plan de choque, por parte del gobierno regional, tememos que repercuta en la sanidad murciana y se recorte, en última instancia en derechos" ha declarado.

Por último ha añadido que "es necesario, exigir y trabajar por una sanidad universal, con una gestión donde la población tenga la capacidad real de influencia y donde sus trabajadores sean tratados no como recursos sino como valiosos profesionales".

'Podemos' considera que el plan de la consejera de Sanidad es una "huida hacia delante en la calamitosa situación" del SMS

CARTAGENA.- La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha afirmado que "no espera muchas sorpresas" con el plan presentado por Guillén puesto que "no va a entrar en el fondo de la pésima gestión que ha llevado al Tribunal de Cuentas y a la Intervención a subrayar el descontrol que reina en el SMS".

García Navarro ha remarcado que el déficit es el "verdadero agujero negro" del Sistema Murciano de Salud y que las soluciones aportadas por la consejería hasta ahora han sido "externalizaciones y peonadas que aumentan el gasto". Asimismo, la diputada de Podemos ha señalado que el gobierno está "ahondando en el paulatino desmantelamiento de nuestro sistema público sanitario. Las consecuencias: aumento del desempleo en los profesionales de la sanidad, deterioro de los servicios sanitarios, incremento de las listas de espera, cierre de centros de salud y puertas de urgencias".

En la intervención en el Pleno de la Consejera de Sanidad, Encarga Guillén, la parlamentaria del Grupo Podemos ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha cuestionado la sostenibilidad financiera del SMS debido a que "el déficit no ha dejado de crecer y no se está ejerciendo un control efectivo y velando por los recursos públicos".

María Ángeles García Navarro ha afirmado que la Intervención señala que las externalizaciones encarecen un 23% la factura y demuestra que derivar a pacientes a clínicas concertadas es más caro que tratarlos con los medios públicos y en jornada ordinaria y realmente lo que han supuesto estas medidas son la cronificación de las listas de espera y un encarecimiento de la prestación sanitaria.

Además, ha aseverado que "Y seguimos sin tener los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de la concertación de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, sin que exista una planificación del propio Sistema murciano de Salud y siendo el criterio del Jefe de Servicio de cada área el que decide las derivaciones de las pruebas".

La Asamblea Regional apuesta por una nueva regulación de las franquicias sanitarias

CARTAGENA.- El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa impulsada por el Partido Popular con la que persigue establecer una nueva regulación de las franquicias sanitarias que refuerce los mecanismos de control y se eviten los fraudes.

La diputada del PP ponente de la moción, Patricia Fernández ha modificado la propuesta inicial de su grupo con el fin de conseguir la adhesión del resto de fuerzas políticas y que la iniciativa saliera adelante con la unanimidad de toda la Cámara.

El texto aprobado insta al Gobierno de la Nación a elaborar un nuevo marco normativo que regule las franquicias sanitarias y su publicidad para evitar anuncios engañosos que supediten la saludad de las personas al puro interés económico.

Asimismo se hace hincapié en que sean socios profesionales quienes estén al mando de las clínicas sanitarias lo que ayudará a que el servicio se preste bajo el conocimiento, la buena praxis y la aplicación de principios éticos.

Dado que en los últimos meses se han conocido incidencias en el sector de las franquicias relacionadas con la salud bucodental, el pleno de la Asamblea considera necesario que se desarrolle un plan de salud dental en España, para lo que debe contarse con las comunidades autónomas y en colaboración con las organizaciones profesiones y de pacientes.

Un plan que, según ha explicado, Patricia Fernández conlleve la elaboración de un protocolo que permita desarrollar normas eficaces para acreditar y garantizar la calidad asistencial para todos los pacientes y ciudadanos. Y por otro lado, asegure que la situación laboral de los profesionales que trabajan en las clínicas y franquicias dedicadas a la salud dental se desarrolla con total respeto a sus derechos laborales y que no se condiciona la calidad asistencial para los pacientes.

La diputada popular ha defendido la necesidad de que se haga un estudio en cuanto a la oferta y a la demanda de todas las salidas profesionales del ámbito sanitario en función de las necesidades reales de la población española.

El Partido Popular ha apoyado la moción presentada por el grupo Podemos para la eliminación de las tasas judiciales a las pymes y ONG. Un apoyo que se ha materializado una vez corregido el error que presentaba la iniciativa ya que se solicitaba al Gobierno que destinara el dinero de las tasas ingresadas durante los años 2013 y 2014 a la Comunidad, sin tener en cuenta que en la Región de Murcia no se han transferido las competencias en materia de Justicia. Y por tanto, se ha eliminado la confusión y acordado que el dinero se destine a cubrir los gastos de la justicia gratuita.

Concluida la moción, los diputados del PP, Francisco Jódar e Isabel M.ª Soler se han fotografiado con el Decano del Colegio de Abogados, José Muelas, presente en el hemiciclo.

El PSRM afirma que mala gestión, despilfarro y permisividad definen el estado de la situación económico-financiera del SMS

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, señaló que "mala gestión, despilfarro y permisividad definen el estado de la situación económico-financiera de la sanidad pública regional".

Ivars hizo estas declaraciones con motivo de la comparecencia en la Asamblea Regional de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, quien ha hablado sobre el Plan de Actuaciones de Control interno del Servicio Murciano de Salud.

El diputado socialista preguntó a la consejera qué soluciones piensa adoptar para subsanar las irregularidades detectadas en multitud de informes y si piensa pedir responsabilidades políticas de lo ocurrido a los cargos que tomaron las decisiones perjudiciales para el interés general.

Emilio Ivars mostró preocupación por el déficit acumulado que tiene el Servicio Murciano de Salud e hizo alusión al Informe del Tribunal de Cuentas, de 31 de marzo, donde se destacan las pérdidas del SMS, que ascendieron a 1.936 millones de euros.

"Consideramos que durante años ha existido demasiado despilfarro en el SMS, se ha abusado de los conciertos sin necesidad; fruto de ello muchos Ayuntamientos no podrán cumplir las enmiendas a los presupuestos aprobadas en la Asamblea, porque no hay fondos, como ocurre en Campos del Río, donde dicen no podrán poner un pediatra".

El Partido Socialista también coincide con lo que reflejan los informes de la Intervención de la CARM, que afirman que no ha habido un control adecuado. Dichos informes de la Intervención revelan arbitrariedad con los contratos, infinidad de incumplimientos de contratos de servicios, tampoco se ha cumplido con la planificación de personal, solo hay que ver cómo se ha tramitado la bolsa de trabajo y las denuncias que existen al respecto, "lo que también es despilfarro".

Por último, Emilio Ivars reprochó que ha habido excesiva permisividad por parte de los gestores de la sanidad pública. "Han adolecido de la necesaria capacidad de reacción política cuando algo no funcionaba o cuando se estaba haciendo de forma irregular". El diputado ha preguntado a la consejera cuántas recomendaciones de la Intervención se han llevado a cabo y cuántas no.

"El Partido Socialista tenderá la mano a la consejera siempre que se cumpla la legalidad y solucione todos los problemas detectados". Igualmente, le pide que "todo lo que tenga que ver con el personal del SMS se tramite como Proyecto de Ley del Gobierno y no como Proposición de Ley desde su grupo parlamentario".

IU-Verdes exige la comparecencia de la consejera de Educación en la Asamblea para dar explicaciones de los recortes en Educación de Adultos

MURCIA.- Los grupos municipales de IU-Verdes en los respectivos ayuntamientos han exigido la comparecencia de la Consejera de Educación en la Asamblea Regional, para dar explicaciones sobre el plan de recortes que su consejería planificó en los Centros de Educación de Personas Adultas.

La formación de izquierdas ha presentado mociones que han sido aprobadas en su mayoría, en los distintos ayuntamientos donde gobierna o tiene representación, con el apoyo del resto de formaciones políticas, excepto el PP, aunque en algunos ayuntamientos también se unió a la moción presentada, siendo aprobada por unanimidad.

A pesar de que la consejera asegura que el plan previsto era solo un documento de trabajo y que se ha retirado, es necesario que dé explicaciones públicas y se someta al debate en sede parlamentaria y aclare los planes de futuro para esta enseñanza. No hay que olvidar que todavía pende de manera muy clara sobre los servicios públicos de la Región de Murcia la amenaza de nuevos recortes por las presiones de Bruselas y el gobierno central por no haber cumplido los objetivos de reducción del déficit público.

Hay que recordar que el recorte planteado por la Consejería, según sus propios datos, planteaba, entre otras cosas, que la oferta final se vería reducida en un 27% respecto al número total de alumnado actualmente matriculado, suprimiendo el 100% de cursos de Tecnología de la Información, idiomas o los curso del Proyecto Mentor, además de dejar numerosos municipios sin programa de ESO para adultos en la modalidad presencial cuando ahora si la tenían.

Sanidad diseña un nuevo sistema de control para los conciertos y derivaciones del Servicio Murciano de Salud

CARTAGENA.- La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, explicó hoy, durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea Regional, que el nuevo Plan de Control Interno del Servicio Murciano (SMS) cuenta con un nuevo sistema de control para los conciertos y derivaciones. Guillén indicó que se trata de una nueva hoja de ruta para introducir "novedades sustanciales" en el capítulo de conciertos sanitarios, facturación, recursos humanos, subvenciones, inventarios y acuerdos de gestión.

El objetivo del nuevo Plan de Control Interno es, según aseguró, "optimizar las tareas para garantizar la solvencia del SMS con estrategias integrales e integradoras que fortalezcan la identidad de todos los gestores y profesionales que trabajan por la salud de los murcianos".

El Plan de Control Interno incluye medidas para armonizar los precios de los conciertos en las distintas Áreas de Salud, así como los criterios para determinar si hay en el SMS alternativas de gestión más económicas.

Para lograrlo, se crearán comisiones de seguimiento encargadas de analizar la actividad concertada y se pondrá en marcha una herramienta de gestión para evaluar los servicios derivados, la necesidad de derivar y una fórmula orientada a lograr la homogeneización de este procedimiento en todas las Áreas de Salud.

Asimismo, contempla una serie de medidas para la preparación de informes jurídicos, acerca de costes a través de contabilidad analítica, sobre necesidades de plantilla y sobre posibles líneas de actuación para futuros acuerdos de gestión con las Áreas de Salud.

Otras novedades

En el capítulo de facturación se contará con un protocolo de coordinación entre el departamento de facturación a terceros y los responsables de asistencia sanitaria para establecer un flujo constante con los centros y su registro informático. La consejera destacó que "los profesionales son el gran valor del sistema", por lo que también se llevará a cabo un estudio sobre las necesidades actuales con el cometido de limar posibles diferencias entre los servicios de las nueve áreas.

También se plantean mejoras en la bolsa de trabajo y en el control sobre la realización de horas de atención continuada y prolongaciones de jornada así como su retribución. Esto se realizará en base a un proceso de informatización y control automatizado.

En materia de subvenciones "el control será constante", por lo que se hará un plan de comprobación y evaluación del correspondiente informe de seguimiento de dicha actividad. El Inventario de Activos es otro de los puntos del Plan de Control Interno. Así se realizará una regularización contable en función del inventario para hacer un seguimiento y contabilizar los bienes cedidos, adscritos y donados.

Nuevo modelo de acuerdo gestión

Finalmente, en el nuevo Plan de Control Interno se favorece la dirección por objetivos, el control de resultados de los centros y, además, se definen las líneas de actuación e indicadores. En este sentido, la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, puntualizó que se han redefinido todos los objetivos para darle más peso al cumplimiento presupuestario y a la sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad".

Destacó que "se incluye el aumento de la eficiencia del bloque quirúrgico de las áreas para continuar descendiendo la lista de espera de las intervenciones programadas". Guillén concluyó que con el nuevo Plan de Control Interno "se vela por la sostenibilidad del SMS, un ente que gestiona 11 hospitales y a más de 260 centros de Atención Primaria, en el que trabajan más de 20.000 profesionales sanitarios y no sanitarios".

El PSOE exige que se facilite la participación de la sociedad murciana en la elaboración del Reglamento Municipal de Transparencia

MURCIA.- Los concejales Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa, representantes del Grupo Socialista en la Comisión de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, exigirán que el equipo de Gobierno municipal facilite "la mayor participación de la sociedad murciana en la elaboración del reglamento de Transparencia". Así lo han puesto de manifiesto esta tarde en la reunión de la Comisión de Estudio de Transparencia y Participación Ciudadana.

Para los socialistas, es importante el Reglamento de Transparencia que se elabore por los grupos municipales, pero también conseguir la máxima participación de los murcianos y murcianas interesados en su elaboración y garantizar su estricto cumplimiento. "En cuestiones como la transparencia, tan importante como el qué elaboremos es el cómo lo hacemos y cómo aseguramos su cumplimento", ha señalado Enrique Ayuso.

Los ediles del PSOE insisten en la necesidad de implicar al máximo número de murcianos y murcianas en su elaboración. Para ello, van a pedir que se ponga en funcionamiento una aplicación informática que permita a todos los interesados conocer el borrador del reglamento de Transparencia y hacer todas las aportaciones al mismo. Posteriormente, que una comisión plural estudie todas estas iniciativas.

También han expresado la necesidad de que los órganos de participación municipal existentes como las Juntas de Barrios y Pedanías participen en su elaboración. Del mismo modo, que la Comisión municipal invite a expertos universitarios y al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para realizar más aportaciones.

A este respecto, el Grupo Municipal Socialista va a proponer que el Consejo de la Transparencia regional sea el órgano que decida sobre las reclamaciones que se presenten frente a incumplimientos del Ayuntamiento.

Finalmente, los concejales socialistas han expresado que su objetivo es promover en el Ayuntamiento de Murcia los principios del "gobierno abierto". Por eso, han insistido en la necesidad de que la transparencia se apoye en dejar los datos municipales abiertos y que sean accesibles de forma sencilla, involucrar a todos los vecinos y vecinas en la participación y en la colaboración con lo público y la rendición de cuentas permanente. "Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no debe estar legitimado ante el mismo", ha concluido Ayuso.

La cesión de 30 hm3 del regadío tradicional al trasvase Tajo-Segura "se está ultimando"

MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y el director general de Agua, Andrés Martínez, se reunieron esta mañana con el presidente del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura (SCRATS), José Manuel Claver.

Durante el encuentro, Martínez-Cachá anunció que "se está ultimando la cesión de los 30 hm3 de agua por parte del regadío tradicional a los regantes del trasvase" gracias a la labor de mediación que ha llevado a cabo el Gobierno regional.

Asimismo, la consejera recordó que el acuerdo de cesión implica "agua por agua", en el sentido de que los regantes del trasvase Tajo-Segura tendrán que devolver esta cantidad una vez que se recupere la cuenca del Tajo y alcance un nivel 2.

En la reunión se hizo balance del estado actual de la Cuenca del Segura y se informó del estado de la cabecera del Tajo, que se ha recuperado y los embalses disponen en estos momentos de 509 hm3 de agua.

La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente aseguró que "la actual situación de incertidumbre está retrasando el gran pacto nacional del agua que reivindicamos desde el Gobierno regional". Al respecto, apuntó que "vamos a seguir trabajando para conseguirlo y necesitamos que se afronte el tema del agua con carácter nacional".

Multarán a partir de septiembre a los ciclistas que circulen por las aceras en Murcia

MURCIA.- La concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, mantuvo una reunión con representantes de la Oficina de la Bicicleta y Policía Local con el fin de poner en marcha iniciativas que faciliten la convivencia entre ciclistas y peatones.

Así, se pondrá en marcha una campaña informativa para recordar a los ciclistas que no pueden circular por las aceras y que tienen que respetar las normas de circulación tal y como establece la Dirección General de Tráfico.

De esta forma, se recuerda que no pueden hacer uso del teléfono móvil en la bicicleta, no pueden circular en sentido contrario a la marcha, tienen que respetar los semáforos y respetar la prioridad de paso como cualquier vehículo.

Esta campaña se llevará a cabo mediante el reparto de folletos, la colocación de un vinilo en los aparcabicis cerrados con las normas y la instalación de mupis.

Según la concejal Lola Sánchez, "en esta primera fase buscamos concienciar y hacer ver a los ciclistas que está prohibido circular por zonas peatonales, ya sean aceras, plazas o jardines, y que el no cumplir las normas pueden suponer un riesgo para ellos".

Esta campaña se desarrollará hasta septiembre, mes en el que se creará un dispositivo especial de Policía Local que comenzará a sancionar las distintas acciones indebidas de los ciclistas.

Igualmente se sancionará a aquellos que no hagan buen uso de las bicicletas de MUyBICI como utilizar una tarjeta de otro usuario, montarse dos personas en una misma bici o no utilizarlas adecuadamente.

Las multas serán las que establece el Código de Circulación Vial y las normas de uso del sistema público de alquiler de bicicleta MUyBICI.

La concejal de Tráfico y Seguridad explicó que "durante el tiempo que Murcia ha ostentado la presidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta hemos pedido a otras ciudades que nos cuenten su experiencia sobre esta problemática y hemos concluido que esta iniciativa es la más conveniente para solucionarla".

Murcia es «un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española», según 'Funcas'

MURCIA.- La economía de Murcia se comporta como un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española, según el último número de Papeles de Economía Española, editado por Funcas, que en el caso de la Región fue elaborado por Máximo Camacho y Jorge-Eduardo Martínez.

Añaden ambos que durante la crisis aumentó la especialización del sector industrial, pero con el cambio de tendencia se volvió a la especialización en agricultura y construcción.

"Con ello se mantiene una elevada tasa de ocupación respecto de la media nacional, pero en empleos de baja cualificación que lastran hacia una baja productividad", explicaron.

A su juicio, el principal desafío al que se enfrenta la economía murciana pasa por impulsar una transformación de su modelo productivo y las bases de su crecimiento económico.

Por ello, los autores abogan por aumentar el capital humano y potenciar la reindustrialización conectada con el sector agroalimentario.

PSRM y 'Podemos' califican de "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" la desalinizadora de Escombreras

CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos en la Asamblea Regional afirmaron este jueves que la desalinizadora de Escombreras es un "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" por parte de las empresas que participan en la construcción y gestión de la planta.

Ambos partidos reaccionaron así minutos antes de comenzar el pleno matinal tras conocer un vídeo que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción del TSJ de la Región de Murcia y en el que se ve, presuntamente, a un proveedor abonando 4.500 euros a un empleado de la empresa de mantenimiento de la planta, cuya producción está arrendada al Gobierno regional.

Al parecer, el objeto de la mordida sería acelerar el cobro de una facturas que se le adeudaban supuestamente al proveedor que realiza el pago.

El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, señaló que el vídeo evidencia que esta planta es un "foco de corrupción", al tiempo que mostró su deseo de que se "llegue al fondo" de estas irregularidades en la comisión especial de investigación del proyecto y puesta en marcha de la planta, que se está desarrollando en la Cámara Autonómica.

Por su parte, el diputado de Podemos Ángel Urbina, que es representante de su formación en la citada comisión, calificó de "insoportables" los niveles de "mezquindad" a los que llegan las empresas "buscando arañar dinero de las arcas públicas".

Urbina consideró importante saber la fecha de grabación del mismo, puesto que, en caso de ser posterior a 2013, cuando la Comunidad Autónoma destinó 22 millones de euros con cargo al Fondo de Pago a Proveedores para pagar por el arrendamiento de la planta, se demostraría que Tedagua "regateaba a proveedores mientras recibía dinero público para pagarles".

"Es un asalto a las arcas públicas y al tejido empresarial", sentenció el diputado, que ironizó con que el vídeo ha incorporado la palabra "propinilla" al "vocabulario de la corrupción".

Urbina indicó que la planta costó 111 millones de euros más el 3 por ciento, "cifra que tiene las connotaciones que tiene en España", que suma el crédito de 114 millones dado por Banesto, y calculó que, con los 15 millones de euros que abonará en el plazo de este año la Consejería de Agua, la infraestructura "estaría prácticamente pagada".

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, adelantó que, en caso de que se pruebe la certeza del vídeo, la comisión de investigación, que preside, "se haría eco" de la grabación.

Miguel Sánchez lamentó esta situación "porque se trata de una nueva evidencia de que la desalinizadora se ha convertido en un mal negocio para los murcianos, pero en un negocio redondo para personas sin escrúpulos".

Sánchez afirmó que según recoge la propia denuncia "no se trata de un caso aislado y sí de una práctica habitual en una instalación, que tal y como reconoció ayer Fuentes Zorita, era innecesaria".

Por último, el portavoz de Ciudadanos anunció que la Comisión de Investigación que preside va a incorporar el video a la documentación recabada para analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes.

La corrupción también brota de la desalinizadora de Escombreras

MADRID.- Se llama “la propinilla”. Y fue el peaje que supuestamente pagaron algunos proveedores de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) para agilizar el cobro de sus trabajos en esta planta para producir agua que simbolizó uno de los proyectos estrella del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). La infraestructura ya ha costado 90 millones de euros de dinero público, según revela hoy el diario 'El País'.

El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS.

La mordida perseguía acelerar el cobro de sus facturas por valor de 150.000 euros. El receptor del dinero fue presuntamente el jefe de administración de la desalinizadora, Joaquín Peña, según un vídeo al que ha tenido acceso El País y que forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Las imágenes muestran a Peña contando 4.500 euros en la garita de vigilancia de la desalinizadora. La escena se desarrolla en un clima distendido después de que el proveedor descubra que todavía no ha cobrado porque “Madrid”, donde se encuentra la sede central de Tedagua, no ha autorizado el abono. “¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!”, ironiza el donante. La becaria del departamento de administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena, según la denuncia ante Anticorrupción.

El hombre que paga la mordida es el gerente de una firma de pinturas con cuatro trabajadores. Este empresario sostiene que otros cinco proveedores de la desalinizadora de Escombreras desembolsaron también durante años “la propinilla”. “Si pagabas, en tres días te ingresaban el dinero. De lo contrario, podías tardar hasta seis meses en cobrar. Me tuve que bajar los pantalones. Pensé en las familias de mis empleados. Y nunca inflé el precio para recuperar la comisión”, justifica este pintor, que sostiene que la desalinizadora le adeuda desde 2013 trabajos por valor de 18.000 euros. Según su relato, la rúbrica de Peña resultaba imprescindible para cobrar. Y, de no abonar el peaje, “los futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte”.

La “propinilla” se sustanció también en cestas navideñas, jamones, invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el denunciante.

El presunto receptor del dinero, que ayer atendía el teléfono que figura en la web oficial de la desalinizadora, colgó en tres ocasiones a este periódico tras ser preguntado por el vídeo. La empresa encargada del mantenimiento de la planta, Tedagua, ha indicado que, en caso de confirmarse la actuación irregular de Peña, "actuará en consecuencia". 

"Nos desmarcamos totalmente de estos comportamientos", explica un portavoz de la filial de ACS. Tedagua ya despidió hace dos años a los jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos similares.

El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.

La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y el uso industrial. La Región de Murcia ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.

Dinero público al servicio de una obra bajo sospecha judicial

Inaugurada en vísperas de las elecciones que revalidaron en 2007 la mayoría absoluta del PP en Murcia, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) nació acompañada de polémica. La planta arrancó sin permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni declaración de impacto ambiental. Y fue una apuesta del Ejecutivo del popular Ramón Luis Valcárcel para abastecer de agua a Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.

Sus detractores -la oposición al PP y grupos ecologistas- vieron en el proyecto la excusa perfecta para desatascar grandes planes urbanísticos en plena orgia inmobiliaria. La instalación se levantó sobre unos terrenos cedidos por la Región de Murcia. Y pronto concentró las reticencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo desaconsejó en 2008 captar agua de una dársena repleta de suciedad donde atracaban buques metaneros. Greenpeace fue más allá al señalar el peligro de los vertidos en la zona.

La desalinizadora es propiedad de la filial de ACS Hydromanagement. Una sociedad que alquila la planta a la Región de Murcia. El contrato obliga a la comunidad a pagar al grupo de Florentino Pérez cerca de 600 millones de euros si rescinde el acuerdo antes de su finalización, en 2034.

La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude en las subvenciones. De Ramón, que sostiene que el proyecto se ideó para justificar la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, también ha remitido un escrito al comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Karmenu Vella. El documento pide la inspección de todos los productos agrícolas regados con agua procedente de la desalinizadora de Escombreras. 

“El agua se capta dentro de la dársena del puerto de Cartagena, donde entran petroleros, metaneros, buques de carga y cruceros. Se trata de embarcaciones que contienen metales pesados y otras sustancias no aptas para el consumo humano”.

Según el portavoz del PSOE en la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, Jesús Navarro, el proyecto “no fue necesario y se desarrolló para hacer viables iniciativas urbanísticas. Un entramado societario ha permitido que una obra que podía costar 85 millones suponga un desembolso de 600”.

El TSJ condena al Ayto. de Cartagena a pagar 200.000 euros a la empresa de mantenimiento de los restos arqueológicos

CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento presentó contra el auto de un juzgado que lo condenó al pago inmediato de 200.000 euros a la empresa que se ocupaba del mantenimiento de las zonas arqueológicas.

La sentencia señala que el juzgado estimó la medida cautelar instada por Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL, y condenó al consistorio al pago de cinco facturas. Éstas fueron bloqueadas por el Gobierno local (del Partido Popular) en 2014, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre anomalías en el contrato firmado por el Consistorio, con una empresa propiedad del expresidente de la Junta Municipal de La Puebla-La Aparecida Carlos Rosique, vocal del PP.

Según la sala, el Ayuntamiento cumplió el contrato que lo unía a la compañía hasta 2014, cuando, en octubre de este año, los servicios municipales devolvieron cinco facturas «que se habían presentado al cobro debidamente autorizadas y aprobadas por el técnico municipal y por el concejal delegado del ramo». Al ver rechazada su solicitud de pago, la mercantil presentó un pleito y solicitó como medida cautelar el abono.

El TSJ, que condena en costas al Ayuntamiento, respalda la resolución judicial sin perjuicio de lo que resuelva cuando entre en el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que la Justicia resuelva que no cabe pagar nada a la empresa, porque el Tribunal de Cuentas detectó anomalías en las condiciones económicas del contrato.

'Huermur' se suma a la petición de declarar BIC las Salinas Reales de Sangonera la Seca

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) solicitó este jueves ante la Consejería de Cultura su personación en el expediente iniciado a instancia de la Guardia Civil para la declaración BIC del paraje de las Salinas Reales de Sangonera.

Así, presentó un escrito ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura para comunicar su personación en los expedientes iniciados a instancia de la Guardia Civil, que solicitó el inicio de los mismos con el fin de asegurar la protección y conservación de las Salinas Reales de Sangonera que datan del siglo XIII, instando a su declaración como Bien de interés Cultural con la categoría de lugar de interés etnográfico.

De la misma forma, la asociación conservacionista aportó al procedimiento junto con la solicitud de personación, numerosa documentación referente a los valores históricos de las Salinas Reales de Sangonera, en el término de la pedanía murciana de Sangonera la Seca.

Tras lo que destacó en comunicado de prensa la importancia de los bienes culturales que integran estas salinas de interior, y su importancia en la contribución a la historia de Murcia.

Desde Huermur apoyan esta iniciativa de la Guardia Civil y felicitan a sus miembros y agentes destacados en diversos cuarteles y puestos de la Guardia Civil, "que día a día velan por la protección del patrimonio y además, potencian su reconocimiento legal por parte de las administraciones".

La Audiencia Nacional rebaja la fianza a la cúpula de la CAM de 1.600 a 26 millones

MADRID.- La Audiencia Nacional ha rebajado a 25,6 millones de euros la fianza impuesta a Banco Sabadell como responsable subsidiario de los delitos societarios imputados a la cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), tras subsanar un error por el que se solicitaban 1.592 millones.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso presentado ayer por la entidad financiera y corrige la cifra inicialmente establecida por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, que imponía una fianza millonaria por responsabilidad civil subsidiaria.

El escrito conocido hoy también modifica la fianza al ex director de Información Financiera Salvador Ochoa, que queda ahora fijada en 387,1 millones, al no ejercer el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acusación contra él.

Fuentes jurídicas próximas al proceso aseguraron que el Sabadell tiene la convicción de que no debería ser considerado responsable de esta pieza general en la que se investiga a la cúpula de la antigua CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo, por varios delitos societarios.

Todos ellos se sentarán en el banquillo después de que Lamela decretase la apertura de un juicio en el que los acusados se enfrentan a penas de hasta 16 años de prisión.

Además de al Sabadell, que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro, la juez había señalado a la Fundación CAM como responsables civil subsidiario, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

Los acusados son, además de Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Los ocho están acusados de estafa continuada agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil entre 2010 y 2011, aunque tanto el Fiscal como el resto de acusaciones añaden otros delitos en función del papel desempeñado por cada uno de ellos.

La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre las 13.03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.

Condenan a 'Polaris' a pagar un millón de euros por defectos en una urbanización

MURCIA.- Las empresas Polaris World Servicios Turísticos y Polaris Desarrollo, junto con tres arquitectos y un aparejador, deberán abonar casi un millón de euros a la Comunidad General de Propietarios del macroproyecto urbanístico de Torre Pacheco por los defectos que presentan las viviendas que construyó.

Así lo dispone una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que estima el recurso de los propietarios y anula la que dictó el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de esta misma ciudad, que rechazó su demanda al considerar que carecían de legitimación para plantearla.

El tribunal condena a Polaris World Servicios Turísticos a pagar 64.600 euros, y, de forma solidaria con la otra sociedad y con los cuatro técnicos que intervinieron en las obras, a pagar 931.700 euros.

Dice la sala que las empresas demandadas proyectaron un complejo residencial en Torre Pacheco que contemplaba la construcción de 2.680 viviendas, 1.700 plazas de garaje, 20 locales comerciales, piscinas, zonas de ocio y restauración y un hotel, entre otras instalaciones.

El letrado de la Comunidad General, José Montoya del Moral, presentó su demanda para reclamar una indemnización por la reparación de los desperfectos constructivos existentes tanto en los edificios como en la urbanización privada y en la pública, que también estaban incluidas en el macroproyecto.

La demanda la dirigió contra Polaris World Servicios Turísticos como empresa promotora, contra la segunda sociedad como constructora, y contra los tres arquitectos y el aparejador que intervinieron en el complejo urbanístico.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que reconoce la legitimitad de la Comunidad General de Propietarios para demandar, señala que el total de los daños en las edificaciones y en la urbanización interior -a los que aquella limita ahora su reclamación- se eleva a 931.700 euros, según el informe elaborado por el perito judicial.

El tribunal comenta también que ha tenido que acudir a la condena solidaria de los demandados al no ser posible la individualización de las responsabilidades de cada uno de ellos.

Ello es debido, comenta, "a la generalización de defectos, el hecho de que no haya existido un mínimo control en las direcciones facultativas, que existan defectos derivados de la no realización de obras previstas en el proyecto, de la elección de materiales inadecuados, de la ejecución de las obras y del incumplimiento de las normas de accesibilidad o la construcción de obras no proyectadas".

Este es el segundo revés que Polaris sufre en los tribunales de Murcia en las últimas semanas, ya que recientemente un Juzgado de Primera Instancia la condenó a pagar indemnizaciones a más de doscientos compradores de viviendas del proyecto construido en la pedanía murciana de Baños y Mendigo.

En este caso, las indemnizaciones que deberá abonar por no realizar todas las obras que se incluían en los folletos publicitarios de la promoción podrán llegar hasta el quince por ciento de lo invertido por los compradores.

La política del robo y el robo de la política / Ramón Cotarelo *

Nadie ignora que la Xª Legislatura, el gobierno de Rajoy al frente del PP, ha sido la época de más desaforado latrocinio de la historia de España. La era del expolio, del robo a mansalva, del trinque sin miramiento. Los años de los ladrones sin escrúpulos que, desde las más altas a las más bajas instituciones del Estado han saqueado los fondos públicos, los han malversado, han estafado, engañado a la gente y se han llenado los bolsillos sin tasa ni tino, con una codicia que casi parece legendaria.

En la Casa Real y sus aledaños hay dos o tres presuntos ladrones que son el pasmo del mundo entero porque ¿qué necesidad sentían estos pájaros de cometer tropelías si tenían todo garantizado gracias a la necia generosidad del pueblo?

El presidente del gobierno lleva cuatro años acusado de haber cobrado dineros en B y de haber dejado que una trama de sinvergüenzas y ladrones le pagara sus ternos y sus viajes y no ha hecho ni ademán de dimitir. Es más, reconoció los sobresueldos y reconoció haber enviado SMSs de apoyo a un supuesto chorizo encarcelado como si fuera de la misma mafia y ahí sigue, como si fuera presidente democrático y legítimo del gobierno. Que no lo es pues, no pasa de ser un okupa en rebeldía.

El partido del gobierno tiene a casi todos sus tesoreros procesados por presuntos mangantes. El propio partido como persona jurídica está acusado de robar. Varios presidentes de Comunidades Autónomas (los de Madrid, el de Valencia, el de Baleares, por cierto en el trullo) están acusados de relaciones directas o indirectas con una amplia gama de delitos en relación con la propiedad (ajena) y los caudales públicos. Alcaldes (y alcaldesas, como Botella en Madrid), consejeros, concejales, diputados del partido del gobierno a lo largo y ancho del país, todos robando o permitiendo que otros -siempre los suyos, claro- roben sin tino ni tasa.

En España, la política de la derecha es puro robo.

Y no solo eso: quienes practican con fruición la política del robo también están empeñados en robar la política, hacerla desaparecer, que no haya política, esto es, debate, negociación, acuerdo, conflicto, discusión. Solo anhelan el silencio de quienes se resignan a ver cómo una banda de ladrones que se constituye en partido político, controla todos los mecanismos del Estado e instala una cleptocracia con la bendición de los curas. Es el clero uno de los estamentos más beneficiados o quizá el más beneficiado por esta política de ladrones, esto es, una mezcla de cleptocracia y hierocracia o gobierno de ladrones y curas.

Este robo de la política, este intento de suprimir toda crítica, toda interpelación, participación y control de los poderosos fue evidente desde el primer momento del gobierno de la derecha en 2011. Por entonces quedó claro que el presidente de los Sobresueldos no estaba dispuesto a dar cuenta de sus actos, ni explicación alguna, ni a comparecer en ruedas de prensa ni a admitir preguntas y que pretendía limitarse a aparecer en pantallas de plasma, como si fuera el Gran Hermano.

Esa actitud refractaria a todo talante democrático, a toda política de entendimiento y negociación se vio claramente en la entrevista de Évole al Sobresueldos hace una fechas. Difícil encontrar un ejemplo más claro, evidente, palmario y en primer plano de lo que es un caradura, esto es, alguien que no escucha lo que no quiere oír, que miente con absoluto desparpajo, falta al respeto al auditorio y cree que este es imbécil y se le puede colocar cualquier patraña. Dos o tres perlas de este ejemplo de robo literal de la política y escamoteo del derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que sus gobernantes hacen con sus votos y, sobre todo, con sus dineros:

Rajoy se equivocó en los SMSs a Bárcenas. Pero no hay consecuencias de su equivocación.

Él no es responsable de que haya un montón de corruptos y ladrones en todos los puestos del PP, a pesar de ser el presidente del gobierno y el del partido. 

Él no es responsable de que el independentismo catalán se haya multiplicado por dos, a pesar de haberse mostrado radicalmente catalanófobo desde su primer momento, un provocador y un absoluto incompetente en las relaciones entre Cataluña y España.

No le consta que en España haya más de 110.000 personas asesinadas por los fascistas de Franco (su antecedente ideológico) y enterradas en fosas comunes.

Su gobierno en funciones no tiene por qué ser controlado por el Parlamento porque, según la ratita hacendosa que funge como vicepresidenta y tiene una visión del mundo de eso, de ratita hacendosa, al tratarse de un Parlamento nuevo no ha lugar justo cuando más lugar hay.

Su empeño es que no pueda formarse gobierno a los efectos de ver si, con unas nuevas elecciones y una mayor abstención es posible una nueva mayoría absoluta del PP que permita ambas cosas:

1) una política de robo a la ciudadanía; 

2) un robo de la política a la ciudadanía. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Jueves con choques directos Congreso-Gobierno y Pablo Iglesias-Albert Rivera antes de la reunión a tres bandas esta tarde a las 16:30 y que parece ya vista para sentencia salvo imprevistos. Portadas y grandes titulares compartidos: el proceso de investidura en un ambiente caldeado de precampaña electoral; nuevos nombres en los Papeles de Panamá; presunta financiación ilegal de Podemos; el aviso de la AIReF de que el déficit se irá este año al 4% en vez del 2,8%; emisión de bonos de Telefónica; y el juicio a la ex cúpula de CAM.

PAPELES DE PANAMÁ

La Razón: Doña Pilar reconoce que tenía una offshore, pero que pagó sus impuestos. El Mundo: El bufete panameño dice que el ático fue siempre de González (Manuel Marraco). Otro titular: Hacienda mantiene la investigación a Pilar de Borbón pese a su ‘confesión’ (Carlos Segovia y Carmen Remírez de Ganuza). Cinco Días: A Panamá vía Andorra: la filtración sobre el bufete Mossack Fonseca revela lazos con el BPA. El Economista: El fisco devuelve a Almodóvar 259.052 euros en dos años: el cineasta, con una firma opaca en Panamá, tiene unos activos de 45,2 millones. El Confidencial: El patriarca de los Carceller tejió su trama fiscal desde Panamá durante 20 años (Ruth Ugalde).

PAPELES DE VENEZUELA

El Español: El jefe de la UDEF llamó a jueces del Supremo para impulsar la querella contra Pablo Iglesias: el comisario Manuel Vázquez se ofreció para exponer los pormenores del llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) estando pendiente la decisión sobre la apertura de una causa penal (María Peral). ABC: PP y C’s exigen explicaciones a Podemos tras probar ABC los pagos de Chávez. Libertad Digital: Errejón niega la financiación del chavismo y reta a ir al juez (Míriam Muro). OKdiario: La contabilidad iraní demuestra que 360 Global también financió a un terrorista íntimo de Iglesias (Miguel Ángel Pérez). La Razón: El ‘pitufeo’ de Podemos: personas sin recursos donan 5.000 euros al partido; la Udef investiga si blanquearon dinero de Venezuela, Irán o Qatar a través de ‘crowdfunding’ (J.M. Zuloaga).

20-D+109

Público: Una reunión 'a tres' con todas las posibilidades para poder formar Gobierno bloqueadas salvo cesiones sorprendentes o nuevas fórmulas (Manuel Sánchez). El Plural: El acuerdo PSOE-Podemos y la abstención de los independentistas, más cerca de lo que parece (Angélica Rubio). Libertad Digital: La CUP propone a Otegi un frente común para dinamitar España (Pablo Planas). Otro titular: PSOE, C’s y Podemos, a la gresca en el Congreso (Ketty Garat, Míriam Muro y Mariano Alonso). El País: El diálogo a tres se abre entre reproches y desconfianza: la reunión secreta de Sánchez y Junqueras desata recelos en Ciudadanos; Iglesias y Rivera cruzan duras acusaciones desde la tribuna del Parlamento (Maiol Roger y Anabel Diez). Otro titular: El Congreso vota a favor de llevar al Gobierno al Constitucional (Fernando Garea). Vozpopuli: El referéndum catalán es el último escollo para que PSOE y Podemos desalojen a Rajoy de La Moncloa (Federico Castaño).

El Confidencial: La cita de Sánchez y Junqueras tensa al PSOE por temor a un pacto con Iglesias y separatistas (Juanma Romero e Isabel Morillo). La Vanguardia: La cita entre Sánchez y Junqueras tensa al PSOE y al Govern: Puigdemont no sabía nada (Isabel Garcia Pagan y Juan Carlos Merino). Otro titular: El Congreso lleva al Gobierno de Rajoy al Constitucional por ‘despreciar la soberanía popular’ (Fernando García). Esdiario: El paripé de Sánchez contado paso a paso por un miembro de su equipo negociador (Juan de Dios Colmenero). El Periódico: PSOE, Podemos y Cs intentan el desbloqueo: recta final de las negociaciones tras el 20-D; Sánchez propondrá una mesa económica y social, y otra para asuntos territoriales y reformas. La Razón: C´s avisa: ‘No habrá más cesiones a la izquierda’; bronca en el Congreso: Rivera acusa de financiación ilegal a Iglesias, que le llama ‘cuñado’ del PP.

ABC: Rivera e Iglesias pasan al ataque personal antes de la reunión de hoy; Mariano Rajoy alertó ayer en el Congreso contra los ‘mesías’ y pidió unidad en políticas de Estado. Otro titular: Alberto Núñez Feijóo: ‘Comparados con Sánchez, Rubalcaba y Zapatero eran unos patriotas’; ‘Nunca he visto tanta frivolidad en los responsables del PSOE’. El Mundo: El rifirrafe entre Iglesias y Rivera anticipa el talante de la reunión a tres. El Español: El choque entre Iglesias y Rivera hace (casi) imposible el ‘ménage à trois’. InfoLibre: Rivera llama ‘cuñado’ a Rivera y éste le acusa de ‘colocar a los amigos y a las novias’ (Yolanda González). Eldiario: El Congreso se rebela contra el Gobierno (Irene Castro). Otro titular: Encuesta: El aumento de la abstención dejaría a PP y Ciudadanos al borde de la mayoría absoluta (Gonzalo Cortizo).

CATALUÑA

El Periódico: La reunión de Junqueras con Sánchez enerva a CDC (Fidel Masreal y Xabier Barrena). El País: Sánchez sondeó a Junqueras sobre su apoyo a la investidura: el secretario general del PSOE preguntó al presidente de ERC qué pedía a cambio de apoyar su investidura; cuando Junqueras le dijo que quería un referéndum, el sondeo se zanjó de inmediato (Maiol Roger y Anabel Díez). ABC: Sánchez pacta el apoyo de Convergència a cambio de alivio fiscal para Cataluña: CDC dio a elegir al candidato socialista entre la abstención o el voto a favor, llevado por la asfixia económica y el temor a ser fagocitado por ERC. El Mundo: Los críticos de Sánchez temen que pacte con el separatismo (Luis Ángel Sanz y Marisa Cruz).

ECONOMÍA

Expansión: Entrevista a Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos: ‘Bruselas prepara una eurolista de paraísos fiscales’; 'Si no actuamos tras lo de Panamá la gente creerá que todo está podrido' (Miquel Roig). Otro titular: La Seguridad Social tiene un déficit 'oculto' de 17.000 millones: informe del Pacto de Toledo (M. Valverde). Otro titular: Ultimátum de Montoro a las CCAA incumplidoras con el déficit en 2015: el ministro comparece hoy en el Congreso (Calixto Rivero). El País: El Supremo anula el reparto del déficit a las comunidades de 2013: el tribunal admite los recursos de Andalucía y Cataluña contra el acuerdo del Consejo de Ministros que fijó la deuda de las autonomías (Reyes Rincón). Otro titular: La Autoridad Fiscal prevé un déficit del 4% frente al 2,8% del Gobierno (Íñigo de Barrón). El Mundo: Hacienda busca en webs inmobiliarias alquileres en negro (Francisco Núñez).

El Economista: Las autonomías del PSOE se rebelan contra la intervención de Montoro: frente común de Aragón, Andalucía y Asturias. Vozpopuli: Facebook saca los colores a Gobierno y patronal: 'España ha caído en innovación estos años' (Mario Moratalla). Otro titular: Sigue la guerra Hacienda-AIReF: Montoro no le facilita datos pese al recurso en la AN (Teresa Lázaro). Cinco Días: La AIReF no ve posible cumplir el déficit en 2016: alerta de la ‘infrafinanciación’ de la Seguridad Social (Jaume Viñas Coll). Otro titular: Los directores técnicos de la CNMC niegan su respaldo al presidente. Otro titular: Hacienda detecta a quien alquila pisos en portados de internet (Gabriele Ferluga).

EMPRESAS

El Confidencial: Fernando Almansa, ex jefe de la Casa del Rey, deja también Telefónica: el relevo de César Alierta al frente de la presidencia de Telefónica va a suponer este viernes un más que importante 'lavado de cara' dentro del consejo de administración de la primera multinacional española (José Antonio Navas). Capital Madrid: Telefónica reabre el mercado de deuda con los analistas a favor: empieza a parar el golpe en Bolsa mientras rebaja el coste de la deuda, y la presión vendedora empieza a remitir en el parquet con la acción aguantando en el soporte de los 9 euros (Quesada Vargas). Cinco Días: Telefónica vuelve al mercado de deuda con una emisión de 2.750 millones (S. Millán).

Expansión: Telefónica lanza una emisión histórica de bonos. Otro titular: Cinven compra Tinsa, líder en tasación inmobiliaria (M. Ponce de León). El Economista: La china HNA se aleja de Globalia en plena renovación de la flota. Vozpopuli: Galán se postula como sustituto de Alierta en el lobby empresarial del Ibex (Baltasar Montaño). Otro titular: ACS quiso ganar 8 millones con el Castor maquillando gastos e inflando contratos (Baltasar Montaño). Otro titular: El ‘pelotazo’ del fondo TCI con AENA: gana 1.100 millones en sólo 14 meses (Raúl Pozo).

SECTOR FINANCIERO

Economía Digital: El Sabadell dispara la artillería legal para esquivar la fianza de la CAM: el banco que preside Josep Oliu presenta una petición de escrito aclaratorio del auto a la Audiencia y considera que no fue responsable de la mala gestión de la caja (Xavier Alegret). El País: La juez abre juicio a la cúpula de la CAM por falsear las cuentas: la magistrada de la Audiencia Nacional impone a los ex tesoreros de la caja alicntina una fianza civil de 1.592 millones (Fernando J. Pérez). Cinco Días: La cúpula de la CAM irá a juicio oral y afronta 1.592 millones de fianza. Otro titular: Santander indemnizará con 300.000 euros a los nuevos prejubilados.

Capital Madrid: Telepizza y Parques Reunidos arrastran al resto de OPVs bloqueadas: las salidas a Bolsa han pasado de 4.680 millones del primer trimestre de 2015 a 1,9 millones en 2016, y el volumen de negocio del primer trimestre de la bolsa española ha cadído el 24% (Jaime Carmona). Expansión: Santander ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años. Europa Press: Catalana Occidente compra Grupo Previsora Bilbaína, con seguros valorados en 74 millones.

OTROS TITULARES DESTACADOS

Cinco Días: Pisos de lujo en las Torres de Colón: Madrid autoriza el cambio de uso a residencial y hotelero del emblemático complejo de la antigua Rumasa. El Economista: La política de Colau hunde el 67% la inversión hotelera en Barcelona: en el primer trimestre, Madrid la multiplica por más de 10, hasta 261 millones (Alba Brualla y Eva Díaz). Economía Digital: Carmena paga a 122 enchufados sin estudios 40.000 euros anuales (David Placer). El Mundo: Abraham, el universitario que pide suspender para tener beca: su caso ha provocado la disculpa de Méndez de Vigo y que se cambie la ley.

OPINIONES

Editorial en El Mundo: ‘Pedro Sánchez, al final de la escapada; se halla ante un dilema infernal: sólo puede conseguir ser investido si traiciona todo lo que ha defendido en los últimos meses y también su pacto con Ciudadanos, que él mismo calificó de estable’. Iván Redondo en el mismo diario: ‘El ‘efecto Mariposa’ o cómo Podemos + IU serían segundos el 26-J’. Editorial en El País: ‘Límites del pacto; aceptar acuerdos peligrosos para la investidura haría imposible gobernar’. Antonio Arroyo Gil en el mismo diario: 'Un referéndum antidemocrático'. Editorial en El Periódico: ‘Una difícil cita a tres bandas: hoy puede ser un día importante en este largo viacrucis de la formación de Gobierno’. Joan Tapia en el mismo diario: ‘El momento Rivera: la reunión no pinta bien, lo único posible es que no consagre la ruptura total'.

Editorial en ABC: ‘Sánchez corteja al separatismo: salvo sorpresas de última hora, la reunión a tres que hoy mantendrán PSOE, Ciudadanos y Podemos en busca de un acuerdo de investidura nace viciada y sin expectativas de éxito’. Editorial en La Vanguardia: ‘Campaña de la renta con fondo panameño’. Enric Juliana en el mismo diario: 'El momento de la ciaboga: Ciudadanos y Podemos reman en direcciones contrarias para obligar al PSOE a escoger'. Editorial en Cinco Días: ‘Hacienda apunta al alquiler online’. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Sánchez negocia la abstención de los secesionistas catalanes: ha supeditado el interés general, incluso el del PSOE, a su interés personal’. Ramon Vilaró en Capital Madrid: ‘Puigdemont recibe pero no almuerza: Pedro Sánchez, que come con Junqueras, precede a Pablo Iglesias y Albert Rivera; así es de fría la política. Unos reciben. Otros almuerzan. Y otros se ignoran’.

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Urbina: "La impaciencia hizo que la CARM aceptase el proyecto de Escombreras para desarrollos urbanísticos"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, ha asegurado que el Plan Agua y las desaladoras ya construidas en el año 2003 resolvían el problema del agua para consumo humano y que la "única justificación de la construcción de Escombreras es para poder avalar mediante convenios los desarrollos urbanísticos previstos en multitud de ayuntamientos".

Tras la comparecencia de Fuentes Zorita, Urbina ha señalado que en el año 2003 la Confederación Hidrográfica del Segura no daba concesiones a planes de desarrollo urbanístico, "puesto que se estaba resolviendo el problema de la escasez de agua para consumo humano y para agricultura" y por ello, "la impaciencia de impulsar el negocio del ladrillo, lleva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a poner en marcha el entramado de Escombreras".

En este sentido, el diputado de Podemos ha afirmado que "no había demanda que justificase una nueva desaladora, pero la impaciencia del gobierno regional es tan grande a la hora de construir, que les lleva a comprar el proyecto de Escombreras". Un proyecto que según Antonio Urbina "ya se intentó vender anteriormente a la CHS, como ha subrayado Zorita, y también a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla".

En ambos casos, ha incidido Urbina, "la debilidad del proyecto, porque no se apreciaba una demanda clara para el agua a producir, se acaba rechazando el proyecto". Si bien, la Comunidad Autónoma "después del mercado previo con la CHS y la MCT lo compra, y esto desemboca en el enorme peso financiero para las cuentas públicas regionales que tiene ahora la desaladora, que es en definitiva, un lastre para todos los murcianos y murcianas".

Apoyo de IU a la Fiscalía sobre las recalificaciones urbanísticas amparadas en el agua de Escombreras

MURCIA.- José Manuel López, responsable de Organización de miembro de IU-V-RM, ha manifestado hoy el apoyo de su formación política a la tesis que sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre "prevaricación de las recalificaciones no autorizadas por la CHS". Un informe que, sostiene López, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a las denuncias públicas que durante años realizó IU tanto en la Asamblea Regional como en muchos de los ayuntamientos que firmaron acuerdos con la desaladora de Escombreras.

Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes negativos que entonces emitía la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos cada vez que algún Ayuntamiento intentaba revisar un Plan General o firmar un convenio urbanístico, los alcaldes del PP comenzaron a utilizar, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval que les daba el Ente Público del Agua. Así, se firmaron decenas de acuerdos entre los ayuntamientos murcianos y la EPA certificando la disponibilidad de agua procedente de Escombreras. Con esos acuerdos, ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Murcia, se pasaban por alto los informes que emitía la CHS y se daba rienda suelta al "urbanismo a la carta" que ha presidido la política regional y municipal durante más de una década.

Han sido decenas los planes generales revisados en la Región y los convenios urbanísticos firmados en muchos municipios que han estado amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU denunció en solitario en su día, y que hoy está suponiendo una ruina para muchos ayuntamientos a los que se les están anulando planes y convenios y a quienes se obliga a devolver grandes cantidades de dinero a promotores y especuladores de diverso pelaje.

Esa bancarrota municipal tiene, en opinión de López, unos responsables claros. Decenas de alcaldes del PP y dirigentes regionales de este partido. A todos ellos se debe exigir además de las responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de entonces.

Hay que recordar que muchos de esos alcaldes, algunos con bastón de mando y otros sin él, siguen sentándose hoy en los plenos de los ayuntamientos de la Región, y lo menos que tenían que hacer es dimitir por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones públicas del urbanismo, por imponer un urbanismo a la carta y de maletín que fue el mejor caldo de cultivo para corrupción y por la ruina económica que finalmente han generado en sus municipios.

La Consejería de Agua elabora un estudio técnico sobre las inundaciones en la ribera sur del Mar Menor

CARTAGENA.- El director general del Agua, Andrés Martínez, se reunió esta mañana con técnicos del Ayuntamiento de Cartagena para tratar, entre otros aspectos, el informe que ha elaborado su departamento sobre las inundaciones en el Mar Menor, en poblaciones como Los Nietos y Mar de Cristal, pertenecientes al término municipal de Cartagena.

La Comunidad no tiene competencias para el encauzamiento de aguas pluviales en zonas no urbanas, no obstante, destacó Andrés Martínez, "la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente reconoce la necesidad de dar respuesta a un problema con amplia repercusión social, más allá de las competencias de las administraciones presentes en el territorio y, por ello, ha elaborado un estudio técnico cuyas conclusiones se han expuesto ya a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ayuntamiento de Cartagena".

"El siguiente paso será exponer dicho estudio a los vecinos de las urbanizaciones afectadas y a los propietarios de los predios donde se generan las escorrentías", añadió el director general.

Dicho estudio evalúa la escorrentía de fenómenos torrenciales en cauces no marcados, complementando así los análisis desarrollados en el 'Plan de gestión ante el riesgo de inundaciones', elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura para aquellos cauces bien definidos en los que se pueden producir daños por inundaciones.

Se han evaluado las afecciones que se producen con precipitaciones para períodos de retorno de 500 años, de acuerdo con la reglamentación para análisis de inundabilidad en zonas costeras, y cómo mejoran las circunstancias realizando 'infraestructuras blandas' en el entorno de las urbanizaciones. Dichas 'infraestructuras blandas' serían canalizaciones en tierras o embalses de laminación y regulación también en tierras y con vegetación.