Parece ser el primer capítulo de una serie, donde las evidencias irán emergiendo como pruebas con destino a la Fiscalía, y donde toda España se ha podido enterar hoy de algunas prácticas políticas rayanas en lo presuntamente criminal en la gran recta final del mandato de Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma, con la escasez de agua como pretexto para fuertes inversiones públicas, innecesarias e ilegales como ahora parece a tenor de lo que se escribe en 'Interviú'.
Hace diez años, siempre según la revista, Valcárcel y los suyos quisieron obviar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como órgano competente del Estado para fiscalizar el control del agua en el planeamiento urbanístico de la Región de Murcia. Y ahí empieza todo lo que señala al ex presidente de la Comunidad Autónoma como "cabeza de una trama piramidal de recalificaciones ilegales" a tenor de diversas denuncias documentadas en la Fiscalía y los tribunales de justicia. Concretamente el Supremo, se escribe en 'Interviú', está tumbando ahora los planes urbanísticos de media región allí donde en los PGOU no existe el informe preceptivo de la CHS.
De manera supuestamente ilegal Valcárcel "impuso su propia norma a la Ley de Aguas nacional" que obliga a que sea la CHS la que autorice o prohíba desarrollos urbanísticos en función de los recursos hídricos disponibles y sostenibles, de lo que se beneficiaron municipios como Aledo, Puerto Lumbreras y la propia Murcia.
Una querella criminal presentada días atrás en los juzgados de Murcia le puede salir cara pues a Valcárcel y a algunos de sus consejeros desde 1995 a 2014. Esa querella, presentada por el abogado gallego Manuel Núñez, según revela 'Interviú', sitúa al ex presidente en la cúspide de esa llamada 'trama piramidal', que desarrolló a sabiendas un sistema paralelo de planeamiento urbanístico basado en agua desalada producida por la desalinizadora de Escombreras. Ese ingenio se proyectó y construyó mediante un entramado societario que produjo en torno a 2.500 millones de euros de beneficio a sus accionistas a costa del perjuicio grave al erario público murciano, que debe costear 13 millones de euros anuales de pérdidas en relación con el déficit de explotación de las citadas instalaciones.
Núñez dice haber descubiero que todo "era un entramado para financiar al PPRM y a sus ayuntamientos" y acusa a Valcárcel, a doce de sus consejeros y altos funcionarios del Gobierno autónomo de presuntas estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos societarios y contra la ordenación del territorio. Entre ellos se menciona en la citada revista a Bascuñana, Cerdá, Marqués, De la Cierva, Bernabé y Ballesta, actual alcalde de Murcia.
Ante la suspensión del trasvase del Ebro al Segura por parte del Gobierno socialista de Zapatero, desde Murcia se esbozó el término de 'independencia hídrica' y el primer paso fue la firma de un contrato 'leonino' con la constructora ACS para contar y explotar una desaladora propia que, según 'Interviú', se inauguró días antes de la campaña electoral de 2007 sin siquiera tener permiso del Ministerio de Medio Ambiente para la conexión con el mar ni para la captación de caudales marinos.
La cadena de supuestas irregularidades suma pronto la creación del Ente Público del Agua de la Región de Murcia -recientemente suprimido ante la cascada de sentencias en contra de sus acciones- y los convenios que firma con 26 municipios (22 del PP y 4 del PSOE) a los que niega autorizaciones la CHS por falta de agua para sus repectivos desarrollos urbanísticos y que se dice asegurar con la producción de la desalinizadora de Escombreras incluso para poblaciones a más de cien kilómetros tierra adentro.
De esta manera, dice 'Interviú', se recalificaron 180 millones de m2 con un beneficio para los consistorios firmantes que ronda los 2.500 millones de euros y que fueron adelantados por promotores y propietarios de los terrenos recalificados, ahora difíciles de recuperar porque desde 2009 se desinfló la burbuja inmobiliaria, los planes urbanísticos se quedaron en el aire y, por tanto, la demanda de agua prevista no llegó a existir. La desalinizadora está ahora al 20% de su capacidad gracias a que abastece a las áreas metropolitanas de Cartagena y Murcia.
Un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, al que dice haber tenido acceso 'Interviú', confirma que la actual situación financiera (pérdida de 54 millones de euros desde 2011 y una deuda de otros 600 exigidos por ACS por la rescisión del contrato de explotación) tiene su origen en el "diseño inicial de la operación de 2006 a través (...) de contratos que implicaban unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que se podía lograr".
La querella del abogado Manuel Núñez describe una fina ingeniería empresarial en torno a la desaladora "para evitar la fiscalización de los fondos públicos invertidos en la operación". Y añade que "el grupo ACS fue creando empresas propias ad hoc que más tarde se autocontrataron, con precios del agua prohibitivos, conscientes de que al final el Gobierno murciano se haría cargo de todo".
Desde el año 2013 la Fiscalía Superior del TSJ conoce el entramado societario y el fiasco de la desaladora porque el célebre abogado murciano Diego de Ramón lo denunció y obligó a que incoase unas diligencias previas. Ahora el citado letrado ha ampliado esa denuncia, siempre según la revista, para que los 26 ayuntamientos que firmaron convenios con el Ente Público del Agua devuelvan el dinero recibido por los convenios urbanísticos que él considera son ilegales por carecer del preceptivo informe de la CHS y cuyo montante se estima en unos 3.000 millones de euros sumando intereses y gastos judiciales.
Mientras el abogado Manuel Núñez pide al juzgado que investigue el destino del dinero que obtivieron esos 26 ayuntamientos con los planeamientos urbanísticos ilegales, el letrado De Ramón, según 'Interviú', aconseja a los afectados reclamar daños y perjuicios, aparte de revelar la creación de una plataforma para que promotores y propietarios de suelo puedan reclamar la devolución del IBI y plusvalías cobrados 'indebidamente al recalificar terrenos irregularmente".
Esos ayuntamientos conveniados con el ya suprimido Ente Público del Agua que, a su vez contrata con la empresa 'Desaladora de Escombreras S.A.', son Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Caravaca, Moratalla, Aledo, Cieza, Albudeite, Totana, Librilla, Alhama, Fuente Álamo, Cartagena, Murcia, Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Villanueva, Ulea, Blanca, Abarán, Abanilla, Fortuna, Molina, Santomera y Beniel.
De manera supuestamente ilegal Valcárcel "impuso su propia norma a la Ley de Aguas nacional" que obliga a que sea la CHS la que autorice o prohíba desarrollos urbanísticos en función de los recursos hídricos disponibles y sostenibles, de lo que se beneficiaron municipios como Aledo, Puerto Lumbreras y la propia Murcia.
Una querella criminal presentada días atrás en los juzgados de Murcia le puede salir cara pues a Valcárcel y a algunos de sus consejeros desde 1995 a 2014. Esa querella, presentada por el abogado gallego Manuel Núñez, según revela 'Interviú', sitúa al ex presidente en la cúspide de esa llamada 'trama piramidal', que desarrolló a sabiendas un sistema paralelo de planeamiento urbanístico basado en agua desalada producida por la desalinizadora de Escombreras. Ese ingenio se proyectó y construyó mediante un entramado societario que produjo en torno a 2.500 millones de euros de beneficio a sus accionistas a costa del perjuicio grave al erario público murciano, que debe costear 13 millones de euros anuales de pérdidas en relación con el déficit de explotación de las citadas instalaciones.
Núñez dice haber descubiero que todo "era un entramado para financiar al PPRM y a sus ayuntamientos" y acusa a Valcárcel, a doce de sus consejeros y altos funcionarios del Gobierno autónomo de presuntas estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos societarios y contra la ordenación del territorio. Entre ellos se menciona en la citada revista a Bascuñana, Cerdá, Marqués, De la Cierva, Bernabé y Ballesta, actual alcalde de Murcia.
Ante la suspensión del trasvase del Ebro al Segura por parte del Gobierno socialista de Zapatero, desde Murcia se esbozó el término de 'independencia hídrica' y el primer paso fue la firma de un contrato 'leonino' con la constructora ACS para contar y explotar una desaladora propia que, según 'Interviú', se inauguró días antes de la campaña electoral de 2007 sin siquiera tener permiso del Ministerio de Medio Ambiente para la conexión con el mar ni para la captación de caudales marinos.
La cadena de supuestas irregularidades suma pronto la creación del Ente Público del Agua de la Región de Murcia -recientemente suprimido ante la cascada de sentencias en contra de sus acciones- y los convenios que firma con 26 municipios (22 del PP y 4 del PSOE) a los que niega autorizaciones la CHS por falta de agua para sus repectivos desarrollos urbanísticos y que se dice asegurar con la producción de la desalinizadora de Escombreras incluso para poblaciones a más de cien kilómetros tierra adentro.
De esta manera, dice 'Interviú', se recalificaron 180 millones de m2 con un beneficio para los consistorios firmantes que ronda los 2.500 millones de euros y que fueron adelantados por promotores y propietarios de los terrenos recalificados, ahora difíciles de recuperar porque desde 2009 se desinfló la burbuja inmobiliaria, los planes urbanísticos se quedaron en el aire y, por tanto, la demanda de agua prevista no llegó a existir. La desalinizadora está ahora al 20% de su capacidad gracias a que abastece a las áreas metropolitanas de Cartagena y Murcia.
Un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, al que dice haber tenido acceso 'Interviú', confirma que la actual situación financiera (pérdida de 54 millones de euros desde 2011 y una deuda de otros 600 exigidos por ACS por la rescisión del contrato de explotación) tiene su origen en el "diseño inicial de la operación de 2006 a través (...) de contratos que implicaban unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que se podía lograr".
La querella del abogado Manuel Núñez describe una fina ingeniería empresarial en torno a la desaladora "para evitar la fiscalización de los fondos públicos invertidos en la operación". Y añade que "el grupo ACS fue creando empresas propias ad hoc que más tarde se autocontrataron, con precios del agua prohibitivos, conscientes de que al final el Gobierno murciano se haría cargo de todo".
Desde el año 2013 la Fiscalía Superior del TSJ conoce el entramado societario y el fiasco de la desaladora porque el célebre abogado murciano Diego de Ramón lo denunció y obligó a que incoase unas diligencias previas. Ahora el citado letrado ha ampliado esa denuncia, siempre según la revista, para que los 26 ayuntamientos que firmaron convenios con el Ente Público del Agua devuelvan el dinero recibido por los convenios urbanísticos que él considera son ilegales por carecer del preceptivo informe de la CHS y cuyo montante se estima en unos 3.000 millones de euros sumando intereses y gastos judiciales.
Mientras el abogado Manuel Núñez pide al juzgado que investigue el destino del dinero que obtivieron esos 26 ayuntamientos con los planeamientos urbanísticos ilegales, el letrado De Ramón, según 'Interviú', aconseja a los afectados reclamar daños y perjuicios, aparte de revelar la creación de una plataforma para que promotores y propietarios de suelo puedan reclamar la devolución del IBI y plusvalías cobrados 'indebidamente al recalificar terrenos irregularmente".
Esos ayuntamientos conveniados con el ya suprimido Ente Público del Agua que, a su vez contrata con la empresa 'Desaladora de Escombreras S.A.', son Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Caravaca, Moratalla, Aledo, Cieza, Albudeite, Totana, Librilla, Alhama, Fuente Álamo, Cartagena, Murcia, Alcantarilla, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Villanueva, Ulea, Blanca, Abarán, Abanilla, Fortuna, Molina, Santomera y Beniel.
