MADRID.- El PP ha decidido desoír las
advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la insostenibilidad
financiera del AVE, y fiar el futuro de las cuentas de Adif Alta
Velocidad a su Plan de Empresa, que pasa por completar la red en
ejecución y conseguir un incremento "significativo" de viajeros que, a
su vez, "asegurará la sostenibilidad a largo plazo" de la compañía
pública.
En su 'Informe de fiscalización de la financiación de las
infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013', el organismo que
preside Ramón Álvarez de Miranda cifra en 9.142 millones de euros la
deuda a devolver a partir de 2017, cantidad que se incrementará en los
siguientes ejercicios al concluir los periodos de carencia de los
préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Esta abultada cartera de créditos, junto con unos cánones por
uso de las infraestructuras que apenas cubren la mitad de los costes,
hacen temer al Tribunal por la sostenibilidad de las cuentas de Adif, ya
que los ingresos previstos son "insuficientes" para cubrir el
mantenimiento, lo que no se solucionará con la futura liberalización, ya
que en principio no se tiene en cuenta incluir en la balanza los gastos
financieros y de amortización.
Por eso, Álvarez de Miranda recomienda al Ministerio de
Fomento y a Adif revisar la política de cánones ferroviarios, introducir
el "principio de racionalidad" en la ejecución de gastos, limitar las
inversiones "altamente deficitarias" y ajustar "mejor" los proyectos a
realizar a las perspectivas de financiación, "priorizando la evaluación
socioeconómica" de cada iniciativa, dado que aún quedan 28.396 millones
de euros para completar la red de alta velocidad.
Sin embargo, el PP sólo ha presentado una propuesta de
resolución a este informe --que será la que salga adelante dada la
mayoría absoluta de la que goza en el Parlamento--, con el objetivo de
pedir a Adif que "continúe desarrollando el plan de negocio en marcha en
alta velocidad" y que "aplique soluciones técnicas ajustadas a la
demanda, asegurando la sostenibilidad económico-financiera de Adif Alta
Velocidad a largo plazo".
Es decir, seguir el camino marcado esta legislatura por el
Plan de Empresa del administrador de infraestructuras ferroviarias. De
hecho, en sendas respuestas a los diputados Josep Pérez Moya, de la
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y Pere Macias, de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC), el Ejecutivo sostiene la misma opinión.
En esos textos, el Ejecutivo insiste
en que el Plan de Negocio de Adif Alta Velocidad "apuesta por completar
la red que se encuentra en ejecución", lo que permitirá "incrementar
significativamente el número de viajeros" y de circulaciones por la red,
lo que conllevará un "incremento significativo de ingresos" para la
empresa pública.
Además, se recuerda que al inicio de la legislatura "lo
primero que se hizo fue revisar la planificación y ajustarla a las
necesidades reales", con lo que las inversiones ya están "ajustadas a
las necesidades de la demanda", de modo que la planificación
económico-financiera de Adif "asegura su sostenibilidad a largo plazo".
En cualquier caso, Fomento recuerda que el cierre del mallado
de alta velocidad también generará "nuevas relaciones comerciales" entre
tramos ya en servicio, y que las expectativas de crecimiento "son
mayores considerando el proceso de liberalización" puesto en marcha con
el Corredor del Levante. Junto a eso, España pretende "aprovechar al
máximo" los fondos europeos destinados a este tipo de infraestructuras.
Sin embargo, los grupos de la oposición en las Cortes no están
de acuerdo con este diagnóstico, tal y como queda patente en su
propuesta de resolución al informe de fiscalización, que recoge Europa
Press y que serán debatidas mañana martes en la Comisión Mixta
(Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Convergència es el más tajante al respecto, ya que exige al
Gobierno que suspenda la construcción de toda nueva línea de alta
velocidad que no esté ya en servicio "mientras no se demuestre su
sostenibilidad" y que el dinero que debía ir a esos proyectos se dedique
a "infraestructuras ferroviarias que permitan mejorar la competitividad
del tejido productivo o el bienestar social", como el Corredor
Mediterráneo o las Cercanías de Barcelona.
Los nacionalistas catalanes quieren, además, que las Cortes
respalden que la política de infraestructuras ferroviarias se ha basado
en la construcción de líneas "no sostenibles financieramente" por una
"concepción política del Estado que prioriza la centralización" y que,
por tanto, sólo ha supuesto un "derroche" de recursos públicos que "no
servirá para mejorar la productividad de la economía ni el bienestar de
la sociedad en su conjunto".
Asimismo, CDC quiere que se manifieste ante el Ejecutivo que
"la red de alta velocidad no es sostenible por sí misma" y que el modelo
de financiación de las inversiones "lleva aparejado una importante
incertidumbre para su sostenibilidad económica a largo plazo".
En parecido sentido, UPyD quiere que el Gobierno reconozca la
"insostenibilidad económica" del modelo AVE y que "detenga las
inversiones altamente deficitarias", aplicando el principio de
racionalidad a los proyectos. Llega incluso a reclamar un mecanismo de
penalización a Adif por incrementar su deuda "por encima de los máximos
autorizados" cada año y un límite a los casos en los que el Gobierno
puede aumentar ese tope mediante decreto ley.
Además, la formación magenta quiere que se revise el sistema
de fijación de cánones, que se elabore un plan de sostenibilidad para el
"adecuado mantenimiento" de la red convencional, que se evalúe de forma
global la gestión de la explotación de la red ferroviaria y que se
impida al gestor ferroviario superar los plazos de pago a proveedores,
pagando indemnizaciones cuando no se consiga.
Finalmente, se pide al Tribunal de Cuentas que apunte
responsabilidades por los reiterados incumplimientos de sus
recomendaciones, que informe a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal
Independiente (AIReF) sobre los riesgos potenciales para las cuentas
públicas y el objetivo de déficit que suponen las inversiones de Adif y
que señale qué normas deberían ser revisadas o derogadas por su
ineficacia o sus efectos negativos.
Los socialistas, por su parte, piden fijar unos cánones que
garanticen la sostenibilidad de la alta velocidad y la red convencional a
lo largo del tiempo, así como un análisis de demanda y un estudio de
viabilidad y sostenibilidad antes de ejecutar cualquier inversión
importante.
Además, creen que las previsiones presupuestarias de
construcción y explotación de infraestructuras deben ajustarse "en mayor
medida" a la situación económico-financiera y a la capacidad de
ejecución y financiación de cada entidad, y reclaman más fondos cada año
para mejorar la red convencional de ferrocarril y un nuevo sistema de
evaluación de la explotación de la red y la aportación de los cánones.
Finalmente, la Izquierda Plural pide también una moratoria en
la construcción de nuevas líneas y una mejora en la financiación de la
red convencional, que se dé marcha atrás en la fragmentación de Renfe y
Adif en varias empresas, y que se redefina el Plan de Racionalización de
servicios de transporte de viajeros de media distancia, incluyendo
además los Cercanías no transferidos en la clasificación de interés
general y obligaciones de servicio público.
