Desde luego, los mandatarios extranjeros
han resultado unos fofos, indecisos y miedosos. Ni Merkel, ni Cameron
ni Obama han sido capaces de defender la unidad de España con la
decisión y claridad que esta nación merece por ser la más antigua que
vieron los siglos, ya implantada en el paleolítico, de donde algunos
dicen que no ha salido. Estos extranjeros cobardicas sin duda piensan
que la secesión catalana es un asunto interno español, lo cual carece de
lógica porque, si es secesión, por fuerza no puede ser interno sino que
se convertirá en externo. Un lío.
Por
fortuna, la Vicepresidenta del gobierno, primer escalón de este en que
empieza la vida racional pues no parece haberla en el superior, es clara
y rotunda. Ya pueden todos los catalanes, sin faltar ni uno, ni los que
estén de baja, votar por la independencia de su tierra. Por encima de
su voluntad está la ley que la impide. Punto. No hay más que hablar: la
secesión es ilegal y el gobierno hará cumplir la ley. ¿Cómo? Pues
enviando a los magistrados del Tribunal Constitucional, convertidos en
corchetes por obra de una reforma exprés de la norma que regula este
alto órgano, votada únicamente por la mayoría absoluta de diputados del
PP, un partido al que el juez tiene en el banquillo porque más parece
una banda de ladrones. Y sin consenso alguno en el Parlamento. Ni falta
que hace. Ni el consenso ni el Parlamento.
Si
los civiles, como suele suceder, no resultan convincentes porque son
blandengues, aquí están los militares, dispuestos a cumplir con su deber
de garantizar lo que dice el artículo 8 de la CE sobre la "integridad
territorial" de la patria. Y, con los militares, una manga de
energúmenos en las redes, ofreciendo forrar a hostias a todos los
catalufos y polacos, obstinados en no apreciar el amor que los españoles
les profesan y en querer gobernarse por su cuenta, en lugar de seguir
disfrutando de las ventajas tradicionales de los esclarecidos y eficaces
gobiernos de España que han llevado al país a las cotas de bienestar,
prosperidad, justicia, igualdad y cultura que ha alcanzado y no
solamente en Tordesillas.
Pero
no todo en España es duro, arriscado, chocarrero, insultante,
amenazador, hacia los catalanes. También cuenta el estamento pensante.
Los intelectuales que, hasta ahora, parecían mudos como la esfinge de
Gizeh. Un grupo de ellos, gentes de erudición y reflexión pertenecientes
a la Fundación Alternativas, ha dado a luz un sesudo documento titulado
Cataluña ante la Unión Europea. Las consecuencias jurídicas de la independencia en
donde, sin necesidad de amenazar e insultar, se prueba fehacientemente
que la independencia catalana es imposible.
Ojo, no es un ex-abrupto
como los de la sinsorga de la vicepresidenta, sino un estudio riguroso y
estrictamente jurídico. Siempre que se dice eso, se quieren
poner las conclusiones por encima de toda sospecha de parcialidad o
partidismo, presentarlas como verdades apodícticas, no sesgadas por
cochinos intereses. Se quiere sentar plaza de infalibilidad y yugular
todo debate y/o discrepancia. Que la Fundación Alternativas sea del PSOE
y esté repleta de cargos y paniaguados de este partido es puramente
circunstancial e irrelevante. El estudio es técnico, no ideológico y nada partidista. En absoluto. Así lo presenta El País, otro prodigio de periodismo objetivo sobre todo en asuntos catalanes.
¿Y
qué dice el tal estudio? Lo primero, que la secesión es imposible,
porque es inconstitucional. O sea, lo mismo que dicen la hacendosa
vicepresidenta y los gallardos militares. Pero suavemente, con buena
educación porque estos son intelectuales con criterio propio e
independencia de juicio: la secesión catalana es imposible porque es
inconstitucional. Lógicamente, el estudio debiera acabar aquí. La
Constitución es ley de leyes y nada que vaya en contra de ella puede
prevalecer, so pena de destruir el Estado de derecho. Fin. El informe de
estas lumbreras constaría de un folio.
Pero
no. Tiene muchos más. Los siguientes están dedicados a probar que una
Cataluña independiente sería una paria internacional, una vagabunda
colectiva, una nave de apestados con quien nadie querría tratos.
Pero
si, aun siendo inconstitucional, la secesión de Cataluña se produce,
eso quiere decir que el Estado español no tiene el monopolio de la
violencia ni es soberano porque no puede hacer cumplir las leyes en su
territorio. España es un Estado fallido. No sé si los autores del
informe consideran que quizá este punto matice el resto de sus muy
objetivas conclusiones, pero no es una bagatela sobre todo en un mundo
en el que la Realpolitik tiene más vigencia que nunca.
Como
Palinuro profesa poco respeto por las mistificaciones de los
funcionarios ideológicos, no se entretendrá en sus ergotismos, bastando a
su juicio con algún reparo a la conclusión más notoria del estudio en
su esencia teórica, esto es, si Cataluña se independiza, será un nuevo
Estado y su esencia práctica, pues, al ser nuevo Estado, saldrá de todos
los organismos internacionales de los que España sea parte. Es
jurídicamente diáfano, dicen los autores. Pues sí: Cataluña será un
nuevo Estado... y España también. Habrá que renegociar los tratados.
Claro. Igualmente para España. Por ejemplo, lo más obvio: habrá que
recalcular la cantidad de eurodiputados españoles.
¿Y
la vertiente práctica? Cataluña fuera de todos los organismos
internacionales. Fuera de la OMS, por ejemplo, o de la Unión Postal o de
la OMPI, o de la OIT. Pero, señores, ¿están ustedes en sus cabales?
De
todos modos, catalanes, ya veis: un verdadero lío. Así que no seáis
necios. Es mucho mejor quedarse en España, en donde un juez, al que
pillan conduciendo beodo perdido y que no sabe escribir, pretende
entender en un asunto penal en el que aparecen acusadas gentes de un
partido que lo ha amparado, protegido y, quizá, a través de su Fundación
FAES, pagado. Un juez que, hasta hace poco, era magistrado de
un Tribunal Constitucional, presidido por exmilitante del partido del
gobierno, que ocultó este dato a la comisión parlamentaria que examinaba
su idoneidad para el cargo.
Sí,
es mucho mejor que os quedéis en un país en el que un partido que
presuntamente lleva financiándose ilegalmente durante veinte años, gana
las elecciones mintiendo sobre su programa de arriba abajo, del derecho y
del revés, de la cruz a la fecha y, luego tiene el morro de anunciar en
Twitter que ha cumplido el 92,5% del programa sin que nadie,
absolutamente nadie, pregunte si se trata del falso o del otro. Un país
gobernado por un personaje capaz de mentir en sede parlamentaria y que
también ha estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante
los veinte años que, al parecer, "no son nada".
Es
mucho mejor que os quedéis en un país en el que un sujeto quiere
"españolizar" a vuestros niños y, no consiguiéndolo, se marcha a París
con su señora, ambos a vivir a cuenta vuestra y de todos, tras haber
entregado de nuevo la educación a la Iglesia católica. Un país cuyo
Estado no tiene confesión pero en el que esta Iglesia es un Estado
dentro del Estado y, en muchas cosas, por encima del Estado a base de
privilegios; en el que los ministros fían las políticas públicas a la
intercesión de diversas vírgenes (debe de ser lo que se llama la "nueva
gestión pública") a las que, llegado el caso, se condecora por sus
méritos celestiales con el dinero de los contribuyentes y en el que se
emplean quinientos millones de esos fondos en subvencionar unos
espectáculos crueles y sangrientos definidos por las autoridades como
"patrimonio cultural" o cualquier otra memez.
Un
país en el que el gobierno roba los fondos de las pensiones de los
jubilados, explota innoblemente a los trabajadores, los mantiene en el
paro o los obliga emigrar, que no garantiza el futuro de los jóvenes, ni
atiende a la población dependiente, ni hace justicia a las víctimas de
la anterior dictadura genocida con la que los gobernntes actuales tienen
muchos vínculos ideológicos y de interés. Un país en el que el gobierno
destruye a conciencia el Estado del bienestar, el sistema público de
salud y el de la educación también pública, al tiempo que cuenta con
una legión de esbirros en los medios dedicados a mentir y decir lo
contrario, pagados también con los dineros de los contribuyentes, que
somos todos menos la Iglesia, la banca y los ricos.
Esta gran nación,
incapaz de recuperar un peñón en el Sur (lo que, al parecer, no afecta a
la integridad territorial en cuyo nombre los militares están dispuestos
a lo que sea), os respeta y os quiere y, porque os quiere, no os deja
decidir por vuestra cuenta lo que más os conviene.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
