MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha
acordado un paquete de medidas de refuerzo dirigidas a mejorar la
respuesta de los órganos judiciales del orden penal de la Región y, de
forma específica, de aquellos juzgados y tribunales en los que se siguen
causas por corrupción.
Un compromiso que fue asumido como prioridad por el presidente,
Miguel Pasqual del Riquelme, en su discurso de toma de posesión el
pasado 4 de marzo, con el objetivo de que la tramitación sea más ágil y
eficaz, "especialmente en aquellos temas que más ocupan y preocupan a
nuestros ciudadanos, que ponen en riesgo nuestra convivencia y la
normalidad institucional".
Así lo ha recordado en una reunión
informativa para la presentación de la Unidad de Apoyo para Causas por
Corrupción (UACC), puesta en marcha por el Consejo General del Poder
Judicial, en la que han participado los magistrados decanos de todos los
partidos judiciales de la Región y a la que también han sido convocados
los titulares que tramitan procedimientos complejos o de corrupción.
Entre
las medidas acordadas por el Tribunal Superior de Justicia destacan la
inmediata adscripción de dos magistradas a cada una de las secciones
Penales de la Audiencia Provincial de Murcia -Sección 2 y Sección 3-
para reducir los tiempos de respuesta.
Esta ampliación de
plantilla se suma a las dos nuevas plazas creadas, lo que supone un
incremento de plantilla del 57 por ciento, al pasar de 7 a 11 el número
total de magistrados destinados a dichas secciones.
Además del
refuerzo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Lorca, con un Juez de Adscripción Territorial (JAT), como apoyo a su
titular, tras haber correspondido por turno de reparto el conocimiento
del conocido como caso Auditorio; y la prórroga del refuerzo del Juzgado
de Instrucción nº 8 de Murcia con un JAT y liberación de su titular
para su dedicación al conocido como caso Umbra.
En este sentido,
el presidente ha explicado los recursos que pone el CGPJ a su
disposición a través de la UACC, unidad de carácter técnico al servicio
de los jueces y magistrados integrada en la Secretaría General,
"encargada de detectar los problemas en los órganos judiciales que
lleven causas por complejas/corrupción y formular a la Comisión
Permanente las propuestas para su solución".
Destacan las medidas
de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales; recabar de las
Administraciones Públicas especialistas en economía, contabilidad,
informática y otras materias; propuestas de modificaciones normativas;
puesta en marcha de foros para fijar protocolos de actuación; asistencia
técnica de otros miembros de la Carrera Judicial; y formación en
técnicas de investigación y localización de activos provenientes del
delito, creando equipos volantes y una red apoyo al instructor integrada
por jueces y magistrados.
Así como auxilio en los requerimientos
de información a la administración pública, pudiendo llegar a requerir a
los Poderes Públicos la inmediata remisión de lo solicitado por el
juez; apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y promoción de la
utilización de los servicios de Eurojust y Rejue; e iniciativas
dirigidas a garantizar la independencia judicial.
Por último, en
dicha reunión se ha acordado la Constitución de Grupo de Trabajo sobre
buenas prácticas en la tramitación de causas complejas integrado por
cuatro magistrados, cuatro secretarios judiciales y la directora de
comunicación del TSJ.
En esta materia, el Tribunal Superior de
Justicia sigue las líneas de actuación marcadas por el Consejo,
"consciente de que la dilación entre la infracción y la sanción reduce
drásticamente el efecto de prevención de la norma penal, quiere
contribuir a lograr una mayor eficacia de los jueces y magistrados en la
resolución de las causas por complejas, mejorando tanto el
funcionamiento de la Justicia como la percepción que de ella tiene la
sociedad".
