Durante los últimos meses hemos asistido a una revolución en el
ámbito político con la aparición de un nuevo partido, Podemos. Los
fundamentos de su aparición y rápida difusión entre la opinión pública
son muchos. La profunda crisis económica, ninguneada en sus inicios
desde el Gobierno y fortalecida posteriormente por su tardía respuesta,
provocó la necesidad de la implementación de medidas muy poco populares
por parte del actual Gobierno (subida del IRPF y del IVA, por ejemplo)
que evitaron, sin lugar a dudas, graves problemas en el sistema
financiero y la intervención oficial por parte de las autoridades
europeas.
Las consecuencias de todo ello han provocado un inicio de la
recuperación económica más tardía de lo que muchas familias podían
soportar. No olvidemos que, en el primer trimestre de 2013, las cifras
oficiales de paro que facilita trimestralmente el INE se situaron en el
27%. Por si todo esto fuera poco, los casos de corrupción se suceden
cada día. La consecuencia, la irrupción de un nuevo partido político,
cuya bandera es la lucha contra los fundamentos que han sostenido el
sistema actual.
A finales de noviembre su líder, Pablo Iglesias, presentó el programa
económico que pretende implementar para dar un vuelco a la situación
actual. Dicho programa se fundamenta en la redistribución de renta como
eje para solventar los problemas económicos del país y alcanzar un
crecimiento sostenible. Las políticas de austeridad, según afirman los
autores de dicho programa, no funcionan. A cambio proponen políticas
expansivas de gasto público, una restructuración del sistema basado en
políticas keynesianas. Esto es, realicemos un esfuerzo presupuestario
(mayor gasto) para contrarrestar la caída de la economía que
recuperaremos posteriormente mediante crecimientos futuros.
Desde una óptica estrictamente económica, los fundamentos de base,
bajo mi punto de vista, son erróneos. No es cierto que las políticas de
austeridad no funcionen. Es más, los inicios de la actual crisis
económica se vieron acompañados por grandes esfuerzos de gasto por parte
de las principales economías desarrolladas.
En el caso español, el
Gobierno socialista, sin ir más lejos, implementó medidas de impulso de
la demanda con el objeto paliar la caída de la producción. El famoso
Plan E es un buen ejemplo. Los resultados de estas políticas expansivas
de gasto público nos llevaron posteriormente a una crisis de deuda como
consecuencia de la esterilidad de las medidas empleadas. El déficit
público en nuestra economía en los primeros años de la crisis osciló
alrededor del 10% del PIB. Y aún este año 2014 continuamos, después de
muchos esfuerzos por parte de todos –empresas y personas– claramente por
encima del 5%.
Las políticas de austeridad realmente implementadas en nuestra
economía tienen su inicio en el año 2010 con la famosa medida de
reducción del sueldo del 5% de los funcionarios y empleados públicos.
Desde entonces, hemos reducido el gasto, y con ello el déficit. Sin
embargo, esta política de austeridad no se ha visto acompañada, al menos
en sus inicios, de una política económica de fomento del empleo y la
competitividad de las empresas.
No olvidemos que el déficit se calcula sobre el PIB, es decir, sobre
lo que toda la economía produce en un año. Sin embargo, lo que realmente
deberíamos hacer para conocer nuestra situación es calcularlo en
términos de los ingresos públicos. Si hacemos esta operación, el gasto
del Estado excede a los ingresos en cantidades muy superiores al 5%.
Concretamente alrededor del 20%.
Cuando hemos aplicado medidas de austeridad económica acompañadas de
reformas estructurales, como la reforma laboral o la reforma fiscal, los
efectos sobre la economía se empiezan a percibir. En términos
económicos, este año cerraremos claramente por encima del 1% de
crecimiento real y el próximo lo haremos en el 2% (2,4% según FUNCAS).
En términos del mercado laboral, las últimas predicciones sitúan la tasa
de paro para el próximo año entre el 22 y 23%.
Sin duda, son tasas
extraordinariamente elevadas que precisan del máximo esfuerzo por parte
de quienes tienen en su mano implementar medidas de fomento del empleo,
pero en la economía la magia no existe. Solo esfuerzo continuado y el
análisis y ejecución de las medidas adecuadas dan sus frutos.
Naturalmente que a todos nos gustaría que hubiese una renta básica para
todos los ciudadanos y jubilarnos a la edad de 60 años. Pero,
sencillamente, no es posible. No al menos en las circunstancias
económicas actuales y en un mundo capitalista globalizado donde la
distancia no existe y todo se transmite económica y socialmente al
instante.
Lo que este país necesita es profundizar en la restructuración del
modelo productivo. Motivar, incentivar y ayudar a las empresas a
invertir en innovación y a los trabajadores para que sean más
productivos, a producir más en menos tiempo y con el mismo esfuerzo.
Como hacen la mayoría de socios europeos. Solo de esta forma
conseguiremos mayor bienestar social sostenible y compatible con un
mundo cada vez más competitivo y cambiante. Solo así conseguiremos que
nuestra economía pueda ser capaz de competir en igualdad de condiciones y
con un mercado laboral más ajeno a las fluctuaciones de las grandes
cifras macroeconómicas.
(*) Profesor del departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos.
