MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, decidió levantar ayer el secreto que pesaba sobre parte de las diligencias instruidas en el caso Umbra, centradas en la investigación del patrimonio de uno de los imputados, el alcalde Miguel Ángel Cámara.
En los más de ochocientos folios de los que consta esta pieza del caso, en el que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con convenios urbanísticos de la zona norte del municipio, destaca especialmente la atención que ponen los investigadores en el patrimonio de dos personas que hasta ahora habían pasado desapercibidas en las diligencias: los suegros de Cámara, según revela hoy 'La Opinión'.
Según
fuentes cercanas a la investigación, de las averiguaciones practicadas,
entre las que se encuentran varios informes de Hacienda, no se
desprende un enriquecimiento llamativo o desmedido en el patrimonio
personal del alcalde, del Partido Popular. Sí ha
llamado la atención, sin embargo, la transferencia de alguna partida de
dinero por parte del regidor municipal hacia los padres de su esposa, la conocida familia Meroño, de Los Martínez del Puerto.
Asimismo,
tampoco se pasó por alto en las diligencias el hecho de que los suegros
del edil imputado cerraran la venta de unos terrenos de su propiedad
situados en la pedanía de Baños y Mendigo, en el Campo de Murcia (imagen), con
sociedades que han resultado implicadas precisamente en la supuesta
trama urbanística que se investiga en el caso Umbra,
según las mismas fuentes consultadas por la Redacción del matunino murciano.
Aunque dichas
fuentes no precisaron el importe obtenido por la venta de los terrenos,
sí que se refieron a «una cantidad importante». De este modo, las
sospechas parecen apuntar a un posible desvío de dinero por parte del
primer edil hacia su familia política, para así no tener que dar cuenta
del mismo, según explicaron las fuentes consultadas.
El juez ha
decidido ahora hacer público a las partes personadas en el caso el
contenido de estas diligencias después de cerca de un año de secreto,
justificado por el hecho de no entorpecer las investigaciones.
El propio Castillejos
también ha justificado en más de una ocasión la lentitud con la que
avanzaban las pesquisas por la falta de medios de que dispone en su
juzgado para una investigación de tal calado, en la que hay una veintena
de imputados, entre ellos políticos en activo, como Cámara, ex
concejales como Fernando Berberena, abogados (Higinio Pérez) o empresarios (Jesús Samper o Renato del Noce, entre otros).
Sin embargo, pese a la decisión de levantar el secreto del sumario sobre los resultados de estas investigaciones, que incluyen varios informes de la Fiscalía así como de la Hacienda Pública, ni el auto ni esos informes estuvieron ayer en manos de los abogados personados en el caso. Tendrán que esperar hasta el próximo lunes para acceder a la información.
Sin embargo, pese a la decisión de levantar el secreto del sumario sobre los resultados de estas investigaciones, que incluyen varios informes de la Fiscalía así como de la Hacienda Pública, ni el auto ni esos informes estuvieron ayer en manos de los abogados personados en el caso. Tendrán que esperar hasta el próximo lunes para acceder a la información.
Desde que comenzaron las investigaciones en esta
pieza separada se han ido conociendo detalles de la misma. Así, al
parecer, el alcalde tuvo que aportar justificantes de una entidad
bancaria, a la que pertenecía a través de su consejo de administración,
al llamarle la atención al juzgado de que en tres años no hubiera movido
dinero de cuentas bancarias.
El alcalde pudo haberlo justificado
por los 1.800 euros al mes en metálico que habría recibido como
consejero de esa caja de ahorros durante ese periodo de tiempo.
El
levantamiento del secreto del sumario de ayer llega a dos días de la
celebración de los Santos Inocentes (28 de diciembre), tras casi un año
de espera. La defensa de la autoridad municipal ha indicado en otras
ocasiones que el primer edil se encontraba ya cansado por esta
situación, que estaba dando lugar a todo tipo de rumores, y que provocan
indefensión en una persona pública como el alcalde de la primera ciudad
de la Región.
Según la defensa, Miguel Ángel Cámara,
que accedió a la Alcaldía de Murcia en 1995 y está imputado por
prevaricación administrativa en el caso Umbra, se está viendo
perjudicado por esos rumores que, a su juicio, son infundados porque «él
sabe lo que tiene y sabe que su patrimonio es público a través de su
renta».
Por otra parte, Miguel Ángel Cámara, también secretario
general del PP regional, fue el primer cargo público del PP murciano al
que se le abrió expediente informativo por su imputación. Fue en mayo de
2012.
El caso de presunta corrupción urbanística estalló en octubre de 2010 e investiga la legalidad de seis convenios firmados entre el Ayuntamiento y diversos promotores y empresarios, como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, con quien se rubricó el acuerdo de Nueva Condomina en 2001. Presuntamente se permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener plusvalías a cambio de contraprestaciones.
El caso de presunta corrupción urbanística estalló en octubre de 2010 e investiga la legalidad de seis convenios firmados entre el Ayuntamiento y diversos promotores y empresarios, como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, con quien se rubricó el acuerdo de Nueva Condomina en 2001. Presuntamente se permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener plusvalías a cambio de contraprestaciones.
