MURCIA.- Murcia gastó 58 euros en actuaciones de protección y promoción social en
2013, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes,
infancia, mayores, minusválidos o fomento del empleo, lo que la sitúa
por debajo de la media nacional, ya que la mayoría de ciudades dedicaron
entre 60 y 100 euros per cápita.
Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste efectivo en 2013 de
los servicios que prestan todas las entidades locales del país, según
las liquidaciones de sus presupuestos.
San Sebastián, Barcelona,
Madrid, Tarragona y Granada son las cinco capitales de provincia que más
gastan por habitante en servicios municipales básicos, como la limpieza
viaria, el saneamiento, el agua o las basuras. En el otro extremo se
encuentran Ávila, Valladolid, Cuenca, Mérida y Zaragoza.
De la
lista faltan los municipios vascos y navarros, con la excepción de la
capital guipuzcoana; siguen otro cauce de información a Hacienda por el
régimen foral, pero sus datos aparecerán también en el futuro.
La
reforma local obliga a los municipios a calcular el coste de los
servicios que prestan. Este mes se ha dado a conocer la primera oleada,
aunque la información no está detallada sino distribuida en grandes
capítulos de gasto. Todos los datos serán publicados anualmente por
Hacienda para que los vecinos puedan consultar los de sus ayuntamientos.
Uno
de ellos, es el que recoge el gasto en los servicios propios de los
ayuntamientos, es decir, el saneamiento, la luz, la gestión de residuos y
basuras, vivienda y urbanismo o la limpieza viaria.
Distribuido
este coste por habitante, la capital guipuzcoana es la que más dinero
dedicó a estos servicios según los datos de 2013, 854 euros por vecino
(128 millones de euros). Son 20 millones más de lo que gastó en estos
mismos capítulos Zaragoza, con medio millón más de habitantes y un gasto
per cápita de 158 euros, la cifra más baja del país.
La segunda
capital de provincia que más dedica a estos servicios básicos por vecino
es Barcelona (674 euros anuales en 2013), seguida de Madrid (592
euros), Tarragona (574), Granada (561), Córdoba (516) y Málaga (507).
Justo
por encima de Zaragoza se sitúan Mérida (187 euros por habitante),
Cuenca (278 euros), Valladolid (285) y Ávila (295). Casi la mitad de las
capitales gastan entre 300 y 400 euros, 26 de ellas en total, y otras
once invierten entre 400 y 500 euros per cápita al año.
La
información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el
gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción
social, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes,
infancia, mayores, minusválidos o fomento del empleo.
En este
ranking, y también calculando el gasto por habitante según las cifras de
2013, Sevilla es la primera capital de provincia (191 euros por
vecino), seguida por Lérida (185), Ávila (177 euros), Lugo (157),
Logroño (151) y Soria (150 euros por habitante).
La mayoría de
ciudades dedica entre 60 y 100 euros per cápita y por debajo de estas
cifras se sitúan solo Murcia (58 euros), Santiago de Compostela y
Badajoz (55 euros cada una), Alicante (52) y Toledo (50) y cierran la
lista Teruel y Pontevedra (48 euros por habitante, respectivamente).
También
ha incluido el Ministerio la información de la deuda pública de las
entidades locales. Madrid ocupa el primer lugar en deuda por habitante
(414 euros) y Badajoz, el último (35 euros).
Además de estos tres
grandes grupos, Hacienda incluye otros tres. El denominado 'producción
de bienes públicos de carácter preferente' se incluyen capítulos de
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como tiempo libre, ocio,
cultura o deporte.
Como actuaciones de carácter económico
Hacienda considera los gastos en desarrollo de actividad económica, como
agricultura, ganadería o pesca, inversión en infraestructuras básicas y
transportes, comunicaciones o I+D+I.
Por último, en el capítulo
de actuaciones generales se incluyen los gastos en constitución y
funcionamiento de los órganos de gobierno, servicios información,
participación ciudadana o administración.