sábado, 1 de noviembre de 2014

El alcance de la podredumbre / Ramón Cotarelo *

De la corrupción, de la peste de la corrupción, está indignado, harto, escandalizado todo el mundo. Hasta los corruptos. Y, desde luego, sus responsables políticos. Vaya exhibición de gestos contritos, miradas implorantes, muecas de dolor y profunda decepción de diversas líderes y lideresas en los últimos días. Todos cantando la palinodia. ¡Cuánta amarga reflexión! Cuánto "no eran dignos", "esas cosas", "pedimos perdón", "disculpas", "no se repetirán", "quién iba a decirlo", "estamos abochornados". Pero ni uno dimite.  No dimite Rajoy, ni Aguirre, ni Cospedal, esa señora que no ha mucho se daba por automáticamente dimisionaria si se demostraba que un baranda del PP tenía cuentas en Suiza.

Y no se trata de un hecho repentino, inesperado, sorprendente. Es la última manifestación, por ahora, de un proceso de podredumbre, de encanallamiento, que arranca de muy atrás, tan atrás que muchos de los delitos ya han prescrito. Un proceso con hitos como Matas, Camps, Fabra, Gürtel, Urdangarin, EREs, Bárcenas, caja B y hasta parece que C, sobresueldos, comisiones, Pujoles,  blackcards, Blesa, Rato, Acebes. Un proceso en el que están directa o indirectamente implicados todos los dirigentes del PP, especialmente su presidente. Parece obvio, ¿no?

Pero como el caso es tan colorido, pintoresco, celtibérico y animado, la atención pública se concentra en los aspectos más espectáculares, incluso circenses: los choriceos de los consejeros, sus onerosos secretillos; las declaraciones de los villanos no hace tres lunas, mostrando horror ante el fraude; Cospedal afirmando anteayer que el PP lucha sin descanso contra la corrupcion, de la que es causa y efecto y en la que ella chapotea con mantilla y peineta. Todo ello alimenta la afición de los españoles por tomarse las cosas a pitorreo. Residencian la granujería entre algunos políticos y empresarios y tienden a perder de vista la esencial.

La corrupción lo ha invadido y lo ha machacado todo. Y es bueno sacar consecuencias. Comiéncese con los medios. El PP compró Libertad digital. Literalmente. Al margen de si después alguien pilló o no pasta adicional, cosa nada de extrañar entre mangantes, el medio fue el más feroz abanderado de la teoría de la conspiración del 11M que formuló el ministerio del Interior del PP con la muy razonable pretensión de engañar al mundo entero. Es decir, cabe defender causas, ideas políticas por dinero; a tanto la mentira. Y hay gente que da crédito a esa basura. En RTVE nombran director de informativos a un hombre que procede de La Razón, un pasquín progubernamental cuya viabilidad económica es similar a la de Libertad Digital. El sistema mediático español está corrompido. Mantiene algo de integridad y salud en el ámbito digital.

Continúese con las instituciones más elevadas del Estado. El Parlamento, por ejemplo, al servicio del gobierno. En él se habla de lo que el gobierno quiere, como quiere y cuando quiere; que no quiere casi nunca. Y no solamente se resigna la cámara a no controlar nada sino que no hace ni amago de conseguirlo. En mitad de un desgobierno absoluto, con cincuenta responsables políticos en los calabozos, pueblos sin alcaldes ni funcionarios, con media cúpula del PP entrando y saliendo de los juzgados, el PP, o sea, el gobierno, impide la comparecencia del presidente a dar cuentas. Y la oposición en pleno sigue disciplinadamente sentada, legitimando la perversión de la democracia en una autocracia. No digo que ejerza el derecho al pataleo pues la cámara es lugar de respeto, pero ¿por qué no se presenta ya de una vez una moción de censura? ¿Hay que creer que la corrupción afecta también al Congreso y convierte a los diputados en cómplices al modo en que la cúpula de Caja Madrid tenía atrapados a todos los consejeros, respiraran como respiraran?

Y el gobierno mismo. Pásense por alto los últimos dislates ministeriales, protagonizados por los ministros Mato y Gallardón, que podrían considerarse episodios de ópera bufa de no ser porque provocan verdadero sufrimiento en inocentes. Váyase al ministerio de Hacienda. Según parece, ese fenómeno de la picaresca madrileña postmoderna, Granados, especie de Dr. Magoo con gomina, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro
 
 Estaba, pues, en la lista de amnistiados cuya publicación ha pedido repetidas veces la prensa, habiéndose negado siempre a ella el ministro con no muy claras razones. He aquí una de ellas: ¿no estaba obligado Montoro a comunicar al juez ese dinero que Granados quería blanquear? ¿O aquí se amnistiaban fortunas que venían en talegos, sin indicación de su procedencia? Sin embargo, ha sido preciso un chivatazo de la fiscalía suiza para que, años después, se ponga en marcha la justicia española. Entre tanto, el ministro Montoro, callado, alimentando la sospecha de que, en España, la legislación vigente se aplica solo a los catalanes y a los pobres. Y el presidente también callado o "ya tal".

Como callado está cacique delincuente Fabra, que sigue en la calle, tres o cuatro meses después de que se ordenara su ingreso en prisión, en espera de un indulto que depende de un gobierno cuyo presidente lo consideraba, un ciudadano y político ejemplar, sin duda con muy sana base de juicio y dando buena idea de su escala de valores. Una situación que no ayuda en nada a refutar las opiniones según las cuales también el poder judicial está corrompido. Bien claro debe decirse, sin embargo, que en ese poder judicial se encuentran jueces que, en condiciones sumamente adversas, con periodistas dispuestos a vilipendiarlos a cambio de dinero, honran su profesión y son acreedores al reconocimiento de los ciudadanos.

Y el sistema financiero. Bankia como ejemplo del alcance de la podredumbre. Las cifras astronómicas, las cantidades malversadas, indebidamente apropiadas, saqueadas y el espectáculo de esos pillastres fundiéndose la pasta ajena en vicios casi obscurecen la gran estafa de las preferentes, merced a la cual, esta banda de delincuentes despojó de sus ahorros de toda la vida a miles de personas, pequeños ahorradores, ancianos. Ahora parece que los abogados del 15MpaRato tienen listo un medio por el que los estafados pueden demandar a la entidad y recuperar la aportación inicial con un cuatro por ciento de interés. Genial. Ojalá lo consigan. El modo de resolver la crisis de Bankia no es hacérsela pagar a la gente, sino recuperar los miles de millones que se llevó una banda de mangantes en connivencia con los políticos del partido popular.
 
Esto no se regenera con un par de nuevas leyes aprobadas al galope por la mayoría absoluta del gobierno, con la oposición de los demás partidos e impulsadas por un presidente y una vicepresidenta acusadas ambos de haberse embolsado sobresueldos de la caja B. 
 
Hay que dimitir y convocar elecciones.
 
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

De la primavera al asalto de los cielos / Andrés Pedreño *

La Primavera de la protesta de los últimos años ha dibujado una geografía mediterránea que se extendió por el Norte de África (las llamadas 'revoluciones árabes') y el Sur de Europa. Por ello, también en España hemos podido experimentar ese devenir con el que algunos analistas han caracterizado el transcurso de las revoluciones árabes: De la primavera de las revoluciones al invierno de nuestro descontento» (afortunada frase de Bryan Palmer en la revista Sociología Histórica). Pues aquí también tuvimos nuestra Primavera: aquella inmensa ola de deseo político y de democracia que fue el 15M. Pero después vino su reverso tenebroso, el invierno de nuestro descontento: el continuum de corrupción política que, día sí día no, salpica los medios de comunicación (el penúltimo episodio, la denominada Operación Púnica).

Pudimos dejarnos arrastrar por el invierno de la descomposición del actual régimen de bipartidismo (PP y PSOE), pero afortunadamente no fue así€ La irrupción de lo imprevisible, de un acontecimiento inesperado como ha sido la emergencia de Podemos ha creado una maravillosa y fecunda línea de fuga que nos ha sacado de la larga y gélida noche de la corrupción neoliberal, para resituarnos en un escenario que nos posibilite «el asalto a los cielos» (por repetir la afortunada expresión marxiana utilizada por Pablo Iglesias en el discurso de apertura del Primer Encuentro Presencial de la Asamblea Constituyente de Podemos, el pasado 18 de octubre). De nuevo la pasión política, pero esta vez con el objetivo preciso de tomar el poder a través del ciclo electoral que se abre esta primavera del 2015.

En este país, nunca se había concebido que las discusiones propias de la Asamblea Constituyente de un movimiento político se estén realizando de la forma en que las ha realizado Podemos, esto es, con el máximo grado de apertura al espacio público, visibilidad y transparencia. De tal forma que cualquier ciudadano o ciudadana ha podido participar y discutir en la conformación ética, política y organizativa de este movimiento político que quiere ganar democráticamente las instituciones para recuperar la democracia y ponerla de nuevo al servicio de la colectividad. ¿Por qué se ha hecho así?

Podemos leyó el 15M como un acontecimiento revitalizante del espíritu de los movimientos europeos de revolución democrática desde al menos 1789. Las plazas de aquellos meses de mayo y junio de 2011 se llenaron de pasión política y entusiasmo. Podemos se propuso recrear una política de las emociones. Cualquiera que se haya acercado a las asambleas de los círculos, cualquiera que se haya asomado a ese vibrante espacio virtual de discusión colectiva que es Plaza Podemos, como cualquiera que haya querido participar en las votaciones para las Primarias Abiertas de las elecciones europeas o para votar los estatutos (ético, político y organizativo) constituyentes de Podemos, habrá podido experimentar esa política de las emociones que hace de Podemos un auténtico torrente, metáfora geofísica que quiere enfatizar lo que de imparable y arrollador tiene esa energía.

Las apuestas no han sido fáciles. En la cultura política española de los movimientos sociales siempre existió un prejuicio hacia el liderazgo político. También hubo que vencer el apego casi religioso a ciertas identidades „´ser esto o aquello´„ o inclusive a determinados esquemas analíticos. Siendo más laicos con nuestras identidades políticas, hemos conseguido evidenciar que uno no se casa con símbolos, sino con contenidos programáticos que hasta hace bien poco han formado parte de nuestras conquistas civilizatorias: la sanidad y la educación pública, los servicios municipales de agua o la fiscalidad progresiva.

Las anteojeras ideológicas siguen en muchas ocasiones actuando para no ver que Podemos es un freno de emergencia a una situación alarmante de corrupción política y de degradación de las condiciones de vida de la gente. Todos, absolutamente todos, independientemente incluso de nuestras filiaciones partidistas, estamos llamados a protagonizar esta necesaria revolución ciudadana democrática. En Podemos se están dirimiendo cuestiones de supervivencia colectiva básicas.

Vienen unas elecciones municipales. Tal y como establece su recientemente aprobado documento político (el pasado lunes 27 de octubre), y una vez se instituyan los denominados Consejos Ciudadanos, Podemos se unirá o impulsará en muchos municipios Candidaturas de Unidad Popular. Una de las fórmulas posible es la que proporciona la Ley Electoral con las llamadas Agrupaciones de Electores: es un conjunto de ciudadanos que se asocia temporalmente con el único fin de presentar una candidatura a unas determinadas elecciones, necesitando para ello presentar ante notario un número mínimo de firmas (en municipios del tamaño de Murcia o Cartagena la Ley establece al menos 5000 firmantes). 

Personalmente me resulta atractiva esta fórmula pues implica hacer del propio proceso de recogida de firmas entre la ciudadanía una forma de generar en el tejido social esa energía emocional a la que hacía referencia anteriormente y que me parece básica si queremos ganar. Participar emociona ¡y de qué manera politiza! De barrio en barrio, de pedanía en pedanía, convocaremos a la ciudadanía a que se agrupe en candidaturas de unidad popular con el fin de recuperar los ayuntamientos para la democracia. Con cada firma, refrendada ante notario, se expresará un deseo ciudadano de cambio político: cada firmante será un «no al AVE sin soterramiento», será un «no a los cortes de agua», será un «no a los desahucios», un «no a la destrucción de la huerta», un «basta de corrupción», etc.

En las elecciones autonómicas, el documento político aprobado establece que Podemos estará con sus propias siglas (aunque se contempla la posibilidad de en casos excepcionales ir en confluencias más amplias previa solicitud de un 10% de los inscritos y posterior referéndum mediante voto directo del conjunto). Seguiremos horadando transversalmente las fronteras que compartimentan a los electorados según los esquemas Derecha-Izquierda que tan funcionales les han sido al corrompido régimen bipartidista (PP-PSOE). Consideramos que la configuración del Estado español como un Estado autonómico hace necesario que Podemos, en cuanto movimiento de lucha por la democracia, esté presente tanto en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 como en las elecciones generales del otoño. En ambas escalas territoriales, la autonómica como la central, Podemos puede vertebrar una mayoría social alejada del viejo esquema Derecha-Izquierda y que se proponga usurpar el poder a la casta oligárquica (política y económica) que nos ha llevado al actual invierno de la corrupción y el desempleo de masas.

Me permito acabar con las palabras de un viejo profesor, Jesús Ibáñez, a quien estoy seguro le hubiera gustado vivir este milagroso acontecimiento social: «No se profundiza la democracia profundizando sólo su expresión (los dispositivos electorales). Pero, ¿una profundización de su expresión puede ayudar a la profundización de su contenido? Probablemente, sí. El camino que profundiza la democracia es el camino que descubre lo político que hay debajo de todas las prácticas. El mayor enemigo de la democracia es la despolitización» (en A Contracorriente, 1997).

(*) Profesor titular de Sociología de la Universidad de Murcia

viernes, 31 de octubre de 2014

Diego de Ramón lleva a Europa, a través de Interpol, la corrupción política en la Región de Murcia


LYON.- El abogado murciano Diego de Ramón pondrá el próximo lunes a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y de Europol, en La Haya, toda la documentación entregada hoy en la sede de Interpol, en Lyon, y en su Fiscalía de enlace en el Palacio de Justicia de esta ciudad francesa sede de la organización policial mundial, según fuentes de su bufete.

Esa documentación tendría que ver con ayudas del Instituto de Fomento a la cooperativa farmaceútica 'Hefame' y su componente de fondos comunitarios, así como con otras empresas murcianas emblemáticas beneficiadas desde el INFO, alguna de ellas muy encuadrada en la CROEM, cuyas actividades de formación, también con fondos comunitarios, van a ser investigadas desde el año 2010, cuando su responsable directo era el actual secretario general, José Rosique Costa, siempre según fuentes del citado bufete.
De Ramón lleva, además, meses de contactos con la OLAF (la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea) al objeto de que no cese de investigar el destino final de todos los fondos comunitarios que llegan a la Región de Murcia donde, según documentación en su poder, se pueden haber repartido bastantes con cierta arbitrariedad y laxitud, y puede que, supuestamente, hasta malversado en algunos casos concretos.
Precisamente por 'Hefame' y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Diego de Ramón lleva también meses de contactos con los máximos responsables de la 'Sepblac' como máximo organismo público especializado dedicado a la prevención  y persecución del blanqueo de capitales, con sede en el Banco de España e integrado por guardias civiles muy especializados.

Se prepara un acto de homenaje al fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador

MURCIA.- Un grupo de amigos y colegas del fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador, encabezado por Jaime Gray entre otros promotores, prepara un homenaje en su recuerdo de cara al primer aniversario de su muerte, acaecida en Aledo el pasado 23 de enero, a los 58 años, como consecuencia de un ataque al corazón.

Alumno interno del colegio de los Jesuitas, en Alicante, y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Gerardo Aguilar estuvo en sus comienzos muy ligado a Alianza Popular de la Región de Murcia, como su jefe de prensa primero y asesor luego del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, en época de Juan Ramón Calero como jefe de fila y portavoz.
Retirado hace ya algún tiempo para vivir en Aledo (muy cerca de su Totana natal y donde fue enterrado al día siguiente de fallecer, 24 de enero, festividad de San  Francisco de Sales, patrón de los periodistas) para dedicarse a la literatura, en el interregno asesoró empresas en temas de comunicación después de ejercer su profesión durante años y dedicarse luego a la exportación a países hispanoamericanos.
En Murcia trabajó en La Opinión, Radio Murcia y Radio Popular.
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia le absolvió en 1985 del delito de desacato e injurias al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, el socialista Andrés Hernández Ros, por el que le condenó el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia. Gerardo Aguilar lo comparó, en un comentario radiofónico con unos conocidos payasos de la época.

Diez años después imputan al alcalde de Caravaca y a 33 personas más por el 'caso Roblecillo'

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ha imputado finalmente a los bastantes concejales y ex concejales del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004. Entre ellos, el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y el ex concejal de Urbanismo, Amador López García; y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.

Fue el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, quien otorgó la aprobación definitiva del Plan Parcial El Roblecillo.
Las supuestas prevaricaciones que se investigan en la causa se habrían extendido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a la que el expediente fue remitido en noviembre de 2004 para su aprobación definitiva, como así acabó ocurriendo.
Todo apunta, además, a que el listado de imputados puede ir en aumento conforme siga avanzando la investigación, como ya anuncia el juez Andrés Carrillo en su auto.
Igualmente, en ese auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico El Roblecillo en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa.
Como desarrolla la resolución, también serán interrogados por estos hechos el arquitecto Oscar M.N., redactor del informe que se emite respecto al Sector UR-S16 de Caravaca de la Cruz (El Roblecillo), por la Dirección General de Vivienda. Los que fueran jefa del Servicio de Urbanismo, Margarita Ros.; jefe de Sección Administrativa de Urbanismo, Antonio A., de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como, José María Ros y Manuel Alfonso Guerrero, en aquellos momentos subdirector y director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, respectivamente, de la referida Consejería
El auto anuncia también la citación como imputado de Julián C., quien fuera ingeniero de caminos municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz; y de Jesús L., secretario general del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz a la fecha de algunos de los hechos investigados.
Además, se imputa a todos los que fueran miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 19 de octubre de 2009, los que lo fueran el 3 de septiembre de 2010 y los que lo fueran el 18 de enero de 2013.
Por último, tendrán que comparecer ante el juez que dirige la instrucción: Isabel G. y Encarnación G., ambas emisoras de informes jurídicos por la empresa ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local).
Además, el juez recibirá como testigos a tres personas "relacionadas con lo relativo al devenir del Plan Parcial El Roblecillo en el entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Esta decisión, se toma después de que el juez instructor haya analizado la abundante documentación del Informe sobre las supuestas irregularidades acaecidas en relación al Desarrollo Urbanístico El Roblecillo, promovido por Golden Sky S.L, remitido por la UCO el pasado mes de julio.
La firma promotora de El Roblecillo registró en sus cuentas 50 millones de pesetas más de los suscritos en el convenio urbanístico
Dicho informe es el resultado del examen del material incautado en los registros realizados en junio de 2013, autorizados por el juzgado que dirige la instrucción.
Para el señalamiento concreto de las fechas de las declaraciones en calidad de imputados, el titular del juzgado dejará "un tiempo prudencial" para que los interesados puedan conocer los autos, teniendo en cuenta "lo muy voluminoso de la documentación que ya consta en relación con esta pieza separada en este Juzgado".
El caso ha provocado las primeras dimisiones, como es el caso de Amador López García, exconcejal de Urbanismo y actual secretario general de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. El consejero Campos ha comunicadoya que cesará a todos los implicados en el caso.

El plazo del juez

El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción El Roblecillo, sobre la recalificación de esta finca protegida para hacerla urbanizable, ha dado hoy cuatro horas de plazo al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para entregar la nueva documentación que ha reclamado sobre el asunto.
El auto señalaba que ese plazo de cuatro horas, "como máximo", comenzaba a contar desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personasen en el consistorio para recabar la documentación requerida.
Esta, según se añade en la resolución judicial, se refiere a la copia íntegra de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2010 y de sendos informes técnico y jurídico referidos a la aprobación inicial de la modificación puntual del programa de actuación de una junta de compensación.
El Ayuntamiento dispuso solo de ese plazo tasado para hacer entrega a la Guardia Civil de la copia íntegra de todas las Juntas de Gobierno Local de la segunda quincena del mes de febrero de 2010 y de las de marzo siguiente, "con todos los informes técnicos y jurídicos".
El requerimiento se extiende también a la entrega del acta de otra sesión de la Junta, de diciembre de 2012, en la que también se analizaron cuestiones urbanísticas que pueden tener relación con el caso que se investiga.
Por otra parte, el secretario general del Ayuntamiento quedó requerido para entregar la documentación referida a las personas que votaron a favor del convenio urbanístico que permitía la urbanización de la finca para construir ocho mil viviendas y un campo de golf.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado librar sendos mandamientos a la que en el momento de los hechos era consejera de Industria y Medio Ambiente del gobierno murciano para que aporte los expedientes tramitados sobre esa recalificación.
Para ello, el juez señaló que los requeridos deberían hacer entrega de esa documentación en la misma mañana en que se personasen los agentes.
Estas diligencias se contienen en el auto en el que el Juzgado de Instrucción nº 6 imputa al alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y a otras treinta personas, que serán llamados a declarar en esa condición en los próximos días.
El juez considera que la documentación incorporada a la causa contiene indicios que, presumiblemente, apuntarían a la comisión de varios delitos que se habrían cometido con la recalificación urbanística, llevada a cabo a instancias de la empresa promotora, Sky, S.L., cuyos responsables, Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, figuran entre los imputados.

Todos los imputados



Domingo Aranda Muñoz Alcalde de Caravaca de la Cruz
Amador López García Exconcejal de Urbanismo. Actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento y Obras Públicas
Antonio Vilaplana Vivancos Es uno de los «actuantes principales» en las gestiones urbanísticas por parte de Golden Sky S. L.
Manuel Sánchez Contreras Presidente de Golden Sky S. L.
Óscar Madrid Nicolás Arquitecto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, redactor del informe de 26 de octubre de 2006 sobre la finca El Roblecillo.
Margarita Ros Mcdonnell Jefa de servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Antonio Alcázar Muñoz Jefe de Sección Administrativa de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
José María Ródenas Cañada Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Manuel Alfonso Guerrero Zamora Exdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Julián Caballero Amor Ingeniero de caminos municipal de Caravaca de la Cruz
Jesús López López Secretario general municipal (por una supuesta falsedad en documento, en un expediente no vinculado a El Roblecillo)
Gonzalo López-Agüy Torres Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
Salvador Gómez Sánchez Concejal de Empleo
Juan Pedro Sánchez Martínez Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
María Cruz Pérez Sánchez Concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo.
José Alfonso Sánchez-Guerrero Cantó Exconcejal de Obras y Servicios
Orencio Caparrós Exconcejal de Cultura y ex miembro de la comisión de Urbanismo.
María Isabel García Sánchez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
María Encarnación González Sáez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
Juan Francisco Jiménez Puerta Concejal de Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
María Teresa Romero Milanés Concejal de Sanidad
Pedro Vilchés Pacheco Concejal de Hacienda

También los 11 concejales que votaron a favor del convenio urbanístico en el pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 11 de noviembre de 2004.

Los funcionarios José María Ródenas y Margarita Ros ponen sus cargos a disposición tras su imputación

MURCIA.- José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma, y Margarita Ros McDonnell, jefa de servicio de Urbanismo, han puesto su cargo a disposición del consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, tras ser imputados en el caso de la finca El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, según confirmaron hoy  fuentes de la Consejería. El consejero decidirá en los próximos días qué hace con estos dos funcionarios públicos. 

Campos, responsable político del departamento en el que están destinados, se tomará este fin de semana para meditar si acepta o no las renuncias, aunque parece más que probable que lo haga en el caso del subdirector general por tratarse de un cargo de libre designación.
Por su parte, el secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación en el caso 'El Roblecillo', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Caravaca de la Cruz.
López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004, por la la presunta recalificación ilegal de una finca de 500 hectáreas.
Entre ellos se encuentra el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.
Igualmente, en el auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico 'El Roblecillo' en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación.
   López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004.
   Al respecto, el consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, ha aceptado la dimisión de López "con tristeza", porque confía en su inocencia, pero agradece su gesto. Así, ha anunciado que la subsecretaria general de la Consejería asumirá las funciones de forma interina.
Es criterio del Tribunal Constitucional que «la dimisión de un cargo político debe establecerse cuando existe un escrito de acusación del Ministerio Público».
Cuando se produce la acusación formal de la Fiscalía es «cuando hay unos indicios sólidos de criminalidad o de responsabilidad penal», que dan lugar a «una calificación penal y a la solicitud de la pena correspondiente, acompañada de la solicitud de juicio oral». 

La corrupción impide ahora la regeneración inmediata de la Bahía de Portmán

LA UNIÓN.- La detención de Alireza Roodsari, presidente de Aria, la empresa adjudicataria de la regeneración de Portmán, hoy en Madrid, supone una  adversidad de calado para recuperar la bahía, proyecto para el que la empresa se había comprometido a presentar un plan de ejecución antes del 5 de noviembre.

La confirmación de este estancamiento de los planes de regeneración la confirmaba esta tarde el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una rueda de prensa. El alcalde se confesó desolado por las últimas noticias acaecidas sobre Aria y su máximo responsable.
Tras contactar con el entorno de la compañía, le dejaron claro que veían prácticamente imposible poder presentar el proyecto antes de la fecha límite. Ante estas circunstancias, Bernabé manifestó que ahora lo más beneficioso para la bahía de Portmán será que la multinacional no presente su proyecto y el concurso quede desierto.
Aria fue la única empresa que se presentó al concurso abierto por el Ministerio de Agricultura para regenerar la bahía, y su proyecto incluía la regeneración integral de la zona hasta dejarla igual que antes de que comenzaran los vertidos de estériles mineros.
Según explicó Bernabé, es el Ministerio el que deberá ahora tomar todas las decisiones, y él mismo se reunirá de manera urgente el próximo lunes en Madrid con sus representantes para abordar la situación y barajar diferentes opciones. 
Fuentes del entorno de la multinacional aseguraron que previamente advirtieron al Ayuntamiento de que Aria tenía la intención de no presentar su proyecto, ya que el grupo atraviesa importantes dificultades económicas.
«Dadas las circunstancias actuales, creo que lo más beneficioso para Portmán sería que Aria no presente el proyecto, ya que de esa manera el concurso quedaría desierto. Si la empresa presenta su proyecto pero luego no tiene capacidad económica para ejecutarlo, el problema sería mucho más serio», apuntó Bernabé.
Así, si la multinacional renuncia a llevar a cabo la regeneración, el Ministerio podría abrir un nuevo concurso, y el alcalde recordó que las seis grandes constructoras españolas (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, FCC y Sacyr) también se interesaron por este proyecto y, de hecho, iban a participar en él a través de un acuerdo con la alemana.
    A pesar de recalcar, que lo ocurrido es «una mala noticia», el alcalde insistió en que la tramitación administrativa está ya muy avanzada. «Llevamos 24 años luchando por la regeneración, y tendrán que prolongarse hasta los 25, pero se llevará a cabo. No nos vamos a rendir nunca, la regeneración se hará sí o sí», sentenció.
El presidente de Aria ha sido detenido por adquirir bienes de lujo por valor de 200.000 euros con unas tarjetas de crédito de su empresa, desde agosto en suspensión de pagos.
La oposición municipal no tuvo dudas en cargar las tintas contra el alcalde Francisco Bernabé por lo ocurrido. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, calificaba de «cínicas» las declaraciones del alcalde y recordó que  «desde hace meses el Partido Socialista venía denunciando la falta de viabilidad económica y ambiental del proyecto de Aria». 
Izquierda Unida, por su parte, exigió la dimisión de Bernabé, por haber puesto la regeneración en manos de una compañía «de muy escasa fiabilidad».  Asegura IU que «las cosas no pueden salir gratis a quienes, desde la política, sustituyen el interés público por el servicio al fraude»

El comisario de Cartagena pone su cargo a disposición del Ministerio del Interior por el 'caso Cala Cortina'

CARTAGENA.-El comisario de Cartagena, Alfonso Navarro, ha puesto esta semana su cargo a disposición de la Dirección General de la Policía tras la detención de seis policías nacionales por su presunta implicación en el crimen de Cala Cortina, lo que llevó también al responsable de la Seguridad Ciudadana de Cartagena, Damián Romero, a presentar su renuncia ante el Ministerio del Interior, que aún no ha contestado si acepta las dimisiones o no.

Navarro tiene 56 años, es licenciado en Criminología y ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia. Tomó posesión en 2011 como comisario de Cartagena con el ahora candidato del PSOE a presidente del Gobierno regional, Rafael González Tovar, aún como delegado del Gobierno de Zapatero.
El responsable de Seguridad Ciudadana, Damián Romero, el inspector más veterano de la ciudad y jefe director de los agentes encarcelados también ha puesto su cargo a disposición del Ministerio del Interior a raiz de las revelaciones de la investigación del crimen de Cala Cortina.
La decisión estaría relacionada con la preocupación social y el clima enrarecido en la propia Policía a raíz de conocerse, por las escuchas realizadas por Asuntos Internos, la existencia de presuntas agresiones, detenciones ilegales y otras prácticas irregulares por parte de agentes de Seguridad Ciudadana en Cartagena.

El juez acusa al exalcalde socialista de Cartagena de cohecho y de otros cinco presuntos delitos

 MADRID.-  El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, quedó anoche libre y sin fianza tras declarar durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Eloy Velasco. Alonso está acusado de mediar y, supuestamente, cobrar comisiones por contratos de servicios.

La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.

El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.

José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.

Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.

Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública,  el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz,  pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».

«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.


 La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas


La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.
La iniciativa de UPyD presentada en el pleno municipal celebrado hoy ha salido adelante por unanimidad, por lo que no ha hecho falta proceder a la votación ni tampoco se ha producido la fotografía de la alcaldesa y el resto de concejales del PP levantando la mano a favor, tal y como deseaban los partidos de la oposición.
El apoyo se ha producido sin que la alcaldesa ni nadie del PP tomara el uso de la palabra para justificar el sentido del voto tras los turnos explicativos de UPyD, EU-IU y PSPV-PSOE.
"Así que, sin nada más que debatir, se levanta la sesión", ha indicado antes de aclarar a los presentes que la iniciativa contra los imputados no se sometía a voto por acordarse "por unanimidad".
Castedo figura como imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal, el relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan urbanístico del barrio de Rabasa, en ambos casos a beneficio, presuntamente, del constructor Enrique Ortiz.
La ausencia de votación ha enfadado a los partidos de la oposición, sobre todo al concejal que ha presentado la moción, el portavoz del partido magenta, Fernando Llopis, para quien "el PP no se atreve a levantar las manos" y a ser "inflexible" contra los imputados.
Llopis había justificado la iniciativa en que la ciudadanía pide "medidas ejemplarizantes" y mano dura contra la corrupción, y en este sentido ha recordado que en las ramas del caso Brugal hay imputados 33 políticos del PP (entre ellos Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi), seis socialistas y uno de EU-IU.

martes, 28 de octubre de 2014

Garre anuncia la dimisión de Mariola Martínez, José Fidel Saura y Reyes Samper

CARTAGENA/MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha atribuido a un acto de "generosidad" la dimisión presentada por la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, el ex concejal del PP en Cartagena y actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura y la directora del INFO, Reyes Samper, imputados en la presunta trama de corrupción, Operación Púnica.

   Garre ha asegurado este martes en la Asamblea Regional que ésta es "una decisión que favorece la confianza en el Gobierno" y no ha dudado en ningún momento de "la honestidad" de los tres. Es más, ha dicho que si resultaran absueltos "se estudiaría compensarlos de alguna manera".
   El presidente de la Comunidad Autónoma también ha recalcado que el resto de los imputados "no han podido presentar aún su dimisión" por estar arrestados.
   A preguntas sobre si piensa emprender acciones contra los dos consejeros de su gobierno que están imputados en otras tramas, Garre ha zanjado el tema diciendo que "la generosidad es algo personal".
Por otra parte,  Joaquín Ortega, el abogado de la ex directora del INFO, Reyes Samper, asegura que "no está imputada en el procedimiento penal abierto, ni pesan cargos sobre ella, o al menos no se le ha notificado la existencia de los mismos".
   En un comunicado, el abogado explica que personal de la Guardia Civil citó a Samper a una comparecencia en las dependencias de la Benemérita "para que aclarara algunos extremos referentes a las indicadas actuaciones".
   Asimismo, puntualiza que le sugirieron acudir con abogado "por el supuesto de que su declaración pudiera derivar en imputación, evitando con ello una posible nulidad de actuaciones". Sobre ello, destaca que "dio respuestas a todas las preguntas planteadas y aclaró todo lo que solicitaron respecto a las actuaciones" y concluyó la declaración "sin declaración ninguna".
   Además, ha concluido que Samper salió de las dependencias de la Guardia Civil "en libertad, como en libertad había acudido y que no puede calificarse de provisional, pues es la misma que tiene cualquier ciudadano en plenitud de derechos".

El consejero de Industria, Juan Carlos Ruíz, confía en la "honradez" de sus directores y anuncia que no cubrirá sus puestos

MURCIA.- El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado que confía en la "honradez" de Reyes Samper, Mariola Martínez y José Fidel Saura, hasta esta mañana directoras del Instituto de Fomento de la Región (Info) y del Instituto de Turismo, así como jefe de Gabinete de la Consejería, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Púnica'.

   "Son personas honradas que han hecho un gesto tremendamente generoso que no se puede olvidar", ha manifestado a los medios de comunicación congregados en la Consejería, tras lo que ha recordado que "no están imputados, están siendo investigados" y ha anunciado que no cubrirá sus puestos "hasta que un juez determine en qué situación judicial se encuentran".
   Sus puestos quedarán vacantes hasta que el juez determine si su situación procesal es o no la de imputados, ha recalcado Ruiz, al tiempo que ha indicado que la información que tiene la Consejería sobre la investigación "es limitada", se refiere a un contrato pequeño, del Instituto de Turismo de 24.000 euros, "que se acababa de firmar y no se había abonado".  
   Ruiz se ha mostrado, de tal forma, convencido de que sus tres ex altos cargos se encuentran fuera de la 'macroperación Púnica' y ha valorado, aún así, "su generosidad y compromiso con el Gobierno regional y el PP".
   Preguntado porque no se exija la dimisión de otros altos cargos imputados, el consejero del ramo no ha querido entrar a valorar, "lo que tiene que entender la gente es la generosidad de estas tres personas", ha insistido, "que ante una situación que les supera, han dimitido".
   "Cada uno tiene que ver lo que hace con su propio cargo y situación", ha apostillado, "yo solo hablo de mi Consejería y de las personas en las que he depositado mi confianza". El consejero ha asegurado, en este sentido, que no ha tenido que pensar en destituirlos, "la decisión ha sido suya".
   Sobre la situación del secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, el consejero ha asegurado desconocer su situación judicial, parece que "está incomunicado", por lo que "no podemos pensar en su cese cuando todavía no hemos podido hablar con él ni ha podido mostrar su capacidad de dimitir o no". Al hilo, ha aclarado que no es un cargo político, "es funcionarial".
   Según Juan Carlos Ruiz, esta trama no puede hacer daño a la Región y al partido porque "no hay trama".
   A la pregunta de si se ha planteado dimitir, ha afirmado que "lo haría si me afectara a mí", así como que está en el cargo "para solucionar los problemas" y si entendiera que su labor no ayuda a solucionar los problemas "que entonces se iría a su casa".
   Por su parte, el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ha resaltado la "honorabilidad" de Mariola Martínez, "quien lleva una vida transparente" y ha tachado la situación de "injusta".
   Según el primer edil, Martínez "se está comiendo un marrón, es algo que todo el mundo reconoce" pero también "entiendo que el PP debe dar ejemplo", el problema, a su juicio, "es que el ejemplo son ellos".

Dimisiones

  La directora del Instituto de Fomento de la Región (Info), Reyes Samper; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el jefe de Gabinete del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Púnica', han tachado de "tremenda injusticia" lo ocurrido, pero "queremos ser un ejemplo para todos y que no haya duda alguna sobre nuestra honorabilidad".
   Confiados en que el tiempo demostrará su inocencia, han declarado que "no tenemos nada que ver con este asunto", a día de hoy, "no estamos imputados, no hay imputación ni por parte de un juez ni del fiscal, las diligencias eran policiales, salimos igual que entramos, sin ningún tipo de cargo" y "esperamos volver pronto para decir que no hemos tenido nada que ver".
   En una multitudinaria rueda de prensa, ofrecida en la Consejería de Turismo y arropados por el propio consejero, Juan Carlos Ruiz o el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, entre otros, Reyes ha explicado que declaró "voluntariamente" ante la Comandancia de la Guardia Civil, "en ningún momento estuve detenida y a día de hoy no he recibido notificación ninguna ni estoy imputada judicialmente" tras lo que ha indicado que, ante esta situación, presenta su dimisión "por respeto" al INFO.
   Reyes, que ha asegurado que el Instituto de Fomento "sólo tiene encima de la mesa una propuesta de posicionamiento online del pasado viernes", de diez folios, con la empresa que se está investigando, Madiva, y que "no teníamos ningún tipo de relación expresa", ha agradecido el apoyo de la familia, de su equipo y "las personas que siempre han confiado en mi" y mostrado su deseo de que "en algún momento, se haga justicia sobre todos nosotros".
   Por su parte, José Fidel Saura ha insistido en que ninguno de los tres tienen imputación judicial pero, ha explicado, "presento mi dimisión porque no quiero perjudicar la imagen del partido y del Gobierno regional, que tan bien está haciendo las cosas".
   Saura, que estuvo retenido en el cuartel durante varias horas, ha defendido su inocencia, a pesar de que "no tenemos información sobre la trama", pues "jamás nos hemos beneficiado de dinero público alguno".  
   "Nunca imaginé verme en esta situación", ha declarado, por su parte, Mariola Martínez, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura antes de ponerse al frente del Instituto de Turismo hace seis meses, "no tengo nada de que esconderme, nunca me he llevado un céntimo de la Administración, nunca he participado ni tenía conocimiento de la existencia de ninguna trama y ayer colaboré con la Guardia Civil sin que se me comunicara imputación de delito alguno".
   Martínez ha defendido así su "honorabilidad" y ha destacado que, a raíz de los acontecimientos "y para que la ciudadanía no pueda plantearse dudas", abandona su cargo "a la espera de que se decrete oficialmente, y así será, que no estoy involucrada en ninguna supuesta trama".
   Los tres ex altos cargos han explicado que la decisión de dimitir la han tomado tras reunirse los tres esta mañana con el consejero Juan Carlos Ruiz porque "no podemos dañar, en ningún momento, la imagen de esta Consejería", además "no tenemos nada que esconder" y esperamos se resuelva "pronto", ha recalcado Mariola Martínez, tras indicar, al ser preguntados por cómo ven que el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ya anunciara que los iba a cesar cuando hay otros altos cargos imputados en sus puestos, "allá cada uno con lo que entienda que debe hacer".
   Nosotros, ha continuado, "entendíamos que debíamos tomar esta medida, muy injusta y dolorosa, porque estábamos metidos en un plan de trabajo muy ilusionante con ganas de poder cambiar y hacer muchas cosas con los ciudadanos de la Región". A su parecer, "hemos demostrado en poco tiempo lo que somos capaces de dar y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado durante estos meses"; un trabajo "que podemos seguir desarrollando en el Instituto".
   Al respecto, la ya ex directora general del Instituto de Turismo ha explicado que el pasado viernes se firmó un contrato "menor" de 24.000 euros con Madiva, "conforme al reglamento", para "posicionar a la Región de Murcia en el mercado británico".
   Una propuesta "bastante interesante y original", siendo la primera que trabajaban con la misma, ha asegurado Mariola Martínez, un contrato que "ni se ha pagado ni ejecutado".
 "El procedimiento fue perfecto, no tiene ningún sentido", ha enfatizado. Al hilo, Saura ha manifestado que es un contrato "ridículo cuando se está hablando de una trama de 150 millones", se trata de una empresa "que está siendo investigada y que tiene aquí un contrato y punto" pero "no sabemos más".
   Preguntados por el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, los ex altos cargos han dicho desconocer su situación, "está todo bajo secreto de sumario", no sabemos de qué se acusa a ninguno de los detenidos.
   Sobre el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, el que fuera jefe de Gabinete del consejero de Industria ha asegurado conocerlo "pero ya está, no hay más", es una persona que conozco "como a tantas otras".
   Finalmente, los ex altos cargos han mostrado su deseo de volver una vez se aclare la investigación, "eso espero de mi partido", ha declarado Martínez. "Obviamente ahora nos toca pasar un mal trago, defender nuestra inocencia y honor si llega el caso" pero "sería de justicia, si acaba como esperamos, que es bien, se restituya nuestro honor en todos los ámbitos posibles, aunque el daño ya está hecho".
   A día de hoy no estamos imputados, han concluido, "hemos hecho un gran gesto a la ciudadanía de esta Región y al partido al que representamos" y con la misma esperan que el partido "nos vuelva a llamar".
Finalmente, la empresa Madiva Soluciones aclara, en relación a la aparición de su nombre con respecto a la 'Operación Púnica' en Murcia, que su empresa no tiene nada que ver y que no se dedica a la publicidad.
   Es una empresa de tecnología y soluciones de digitalización de procesos "y no ha tenido ningún contacto o trato con ninguna administración de la Región de Murcia", explican en un comunicado de prensa.
   Por supuesto, añade la empresa en el escrito, "Madiva Soluciones no tiene nada que ver con ningún asunto relacionado con esta operación".

Podemos Murcia exige la dimisión de todos los cargos imputados en casos de corrupción en la Región de Murcia

MURCIA.- Podemos Murcia ha pedido la dimisión de los implicados en la 'Operación Púnica' y que "se sume el cese de otros cargos en activo imputados desde hace tiempo y que siguen en instituciones".

   Es el caso, añade la formación, "entre otros muchos en la Región, del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; del consejero de Educación, Empleo y Universidades, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de la Ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, todos ellos asociados judicialmente a diferentes casos", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   Al respecto, han añadido que en todo el Estado, y en la Región de Murcia en particular, se "está viviendo una situación de excepcionalidad política que empobrece sobremanera y cuestiona la calidad democrática de su espacio público, al tener a numerosos responsables institucionales imputados en graves casos de corrupción, aunque estos sean supuestos".
   En este sentido, manifiestas, "la Operación Púnica, que se cerró en la jornada de ayer con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia, es solo un ejemplo más de unas prácticas ilícitas que ya parecen instauradas como habituales en el Partido Popular, en concreto, en el grupo popular de la Región, y que también salpican a los socialistas".
   Podemos, considera que "esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción".
   Asimismo, asegura que "sería un buen ejercicio para la transparencia que dicen promover que comparecieran ante los ciudadanos para dar explicaciones y castigaran con férrea contundencia los casos citados. No se puede permitir que altos cargos de nuestras instituciones no tengan un mínimo de ética y de decencia social y política, y permanezcan en sus puestos como si no hubiese pasado nada".

El Consejo Territorial del PSRM exige el cese de todos los imputados del PP que mantienen cargos de responsabilidad

MURCIA.- El PSRM manifiesta que seguirá defendiendo "la honestidad política y la limpieza democrática" y exigiendo al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, que cese "de forma inmediata" a todos los cargos públicos del PP imputados por corrupción y que siguen en sus puestos. Así lo ha ratificado el Consejo Territorial del Partido Socialista en la Región de Murcia tras su reunión de este martes.

   Ante la creciente ola de casos de corrupción relacionados con cargos públicos del Partido Popular en la Región de Murcia, el Consejo Territorial del PSRM ha acordado, además, exigir que se celebre un debate en la Asamblea Regional en el que se aborde plenamente el problema y del que salga un compromiso real de que ninguna persona investigada por casos de corrupción mantendrá responsabilidad pública alguna.
   "Sentimos asco y vergüenza, pero también dolor, porque cada día que Garre no cesa a sus imputados, la democracia de esta región se resiente un poco más. Exigimos al presidente que deje de dar cobijo a la corrupción y que no ponga paños calientes defendiendo la expulsión de unos corruptos pero arropando a otros. Le exigimos que limpie la Administración y devuelva la decencia a la política regional", ha indicado el candidato socialista a la presidencia de la CARM, Rafael González Tovar.
   "En el Partido Socialista trabajamos desde siempre por la transparencia y la decencia democrática; y no permitimos que haya ni un solo corrupto militando en nuestro partido, sea por actividades públicas o sea por actividades privadas", ha asegurado.
   Además, ha indicado, "se debe recordar que los socialistas en esta Región llevamos una trayectoria de más de diez años combatiendo y denunciando ferozmente la generalizada corrupción en nuestra tierra, un trabajo ingrato y poco reconocido al principio que creemos que es importante destacar".
   "En una región en la que el 50% de municipios tienen problemas de corrupción, Garre es el máximo responsable, tanto por su papel de presidente del Gobierno regional, como por ser el responsable de velar por la decencia política en su partido. La Región de Murcia se merece un gobierno decente, que no permita que la corrupción sea la norma general y que asegure la honestidad en la gestión de lo público", ha concluido.

La Región de Murcia registra un déficit de 436 millones de euros hasta agosto, el 1,59% del PIB

MURCIA.- El déficit de la Región de Murcia se situó en los ocho primeros meses del año en 436 millones de euros, el 1,59 por ciento del PIB, lo que representa la segunda mayor desviación por autonomías, solo inferior a la registrada por Extremadura (2,22 por ciento), según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

   De acuerdo a los mismos datos, en el mismo periodo del año anterior la Región sumaba 375 millones de euros, que suponían el 1,39 por ciento del PIB.

lunes, 27 de octubre de 2014

El PPRM va a acordar la suspensión inmediata de militancia de los implicados en la 'Operación Púnica'

MURCIA.- El vicesecretario general de comunicación del PPRM, Francisco Bernabé, ha informado esta noche que los órganos de dirección del partido "han dispuesto la convocatoria urgente del Comité de Derechos y Garantías al objeto de acordar la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas implicadas en la operación anticorrupción que esta llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

   En este sentido, Bernabé ha añadido que "igualmente, el PPRM exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono de sus cargos".
   Finalmente, el responsable popular de comunicación ha concluido con que "el partido está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción".

BMN supera las pruebas de resistencia del BCE y la Autoridad Bancaria Europea

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN), integrado ahora sólamente por las redes comerciales de Cajamurcia, Cajagranada y la balear Sa Nostra, por hoy participado mayoritariamente y gestionado por el FROB para su posterior venta, ha superado ampliamente las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la European Banking Authority (EBA), cuyos resultados se hicieron públicos este domingo.

 De este modo, BMN se sitúa entre los bancos europeos teóricamente solventes al presentar un ratio de capital superior al 8% exigido.
El ratio de capital básico o de máximo nivel se elevaría en 2016 al 11,5 por ciento en el escenario base (más de 3,5 puntos porcentuales por encima del límite exigido de ese 8%), lo que supone un superávit de capital de más de 720 millones de euros, que puede ser ampliable a más de 1.185 millones antes de la distribución de resultados.
Por su parte, en el escenario adverso al que el Banco Central Europeo asigna una probabilidad de ocurrencia remota, la entidad alcanzaría un capital del 8,1 por ciento, superior en un 47 por ciento al umbral mínimo exigido del 5,5 por ciento. Es decir, el superávit de capital que BMN tiene en este supuesto es de 531 millones de euros.
Estos favorables resultados incorporan los obtenidos en el proceso de revisión de la calidad de activos (AQR), acometido en paralelo a los test de estrés, y que se han llevado a cabo sobre unas carteras que suponen cerca del 55 por ciento de los activos ponderados por riesgo.
De esta manera, BMN se coloca entre las entidades solventes del país como consecuencia de su capacidad de generación de resultados, la cual está prevista en 1.163 millones de euros en los tres próximos ejercicios en el escenario más adverso, de la mano de su director general, nombrado por el FROB, Francisco García Beato, inspector y auditor excedente en el Banco de España.

La banca española resulta penalizada 
con los nuevos ratios de solvencia 

A pesar de los buenos resultados obtenidos por la banca española en los exámenes realizados por el BCE, algunos analistas destacaron el lunes el hecho de que, con la nueva regulación internacional, algunas entidades mostraran unos niveles de solvencia más débiles que sus competidoras británicas y nórdicas, sobre todo en los escenarios base.
 Es cierto que con los ratios calculados en base a los denominados 'fully loaded' (que no formaban parte del ejercicio del BCE pero que la EBA ha proporcionado a título informativo) los bancos españoles salen peor, pero es porque estos nuevos ratios obligan a la banca española a deducir de forma total del capital los activos fiscales diferidos (DTAs).
A finales de diciembre pasado, la banca española consiguió que se computaran como capital de primera categoría créditos fiscales por unos 41.000 millones de euros, avalados por el Estado.
Según destacó BNP en una nota de análisis la media de los ratios de capital de la banca española baja desde un ratio de capital del 9 por ciento de Basilea III 'phase-in' o aplicación gradual (referencia utilizada para el ejercicio) en el escenario adverso a un ratio de capital del 7,7 por ciento también en el escenario adverso en términos 'fully loaded' o totalmente anticipados.
El propio subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que se volvió a mostrar el lunes satisfecho con los resultados de los bancos domésticos, reconoció que uno de los retos de la banca era un nuevo entorno regulatorio más exigente.
"La adaptación al nuevo entorno regulatorio y supervisor supondrá esfuerzos adicionales de reforzamiento de base de recursos propios de numerosas entidades en un entorno macroeconómico complejo", dijo Restoy, que se mostró, no obstante, "convencido" de que la banca española sería capaz de adaptarse a estos desafíos.
A diferencia de los ratios de capital con aplicación gradual, los ratios 'fully loaded' obligan a hacer una deducción total de algunos activos, como los activos fiscales diferidos, que penalizan es especial a la banca española y francesa.
respectivamente.
A pesar de la buena acogida inicial en bolsa a los análisis, posteriormente las entidades españoleas seguían la tendencia bajista del conjunto del mercado al persistir dudas sobre la economía mundial.

Son cuatro cosas / Ángel Montiel

Rajoy, en Murcia, sobre la corrupción: «Hay algunas cosas, pero no representan a 46 millones de españoles» Mariano Rajoy.
 
Da la impresión de que el presidente del Gobierno no está tan escandalizado con la corrupción como su pupila De Cospedal, lo cual sólo evidencia que es un poco menos cínico que la secretaria general. 

Alguna de ‘esas cosas’ con las que Rajoy resume la situación de espectacular escándalo —escándalo para los ciudadanos, no para quienes lo producen— en que se desenvuelve su gobernación y la del conjunto de las autonomías, muy singularmente la murciana, lo tienen a él por principal protagonista en su calidad de presunto cobrador de sobresueldos en B recibidos en cajas de puros, habitante de una sede central del PP rehabilitada con dinero negro, así como protector de personajes de la calidad de Cospedal, Camps, Bárcenas, Sepúlveda, Rato, Mato, Acebes… 

Un presidente que relativiza la corrupción, y más cuando ésta desborda cualquier índice previsible y afecta a todas las instituciones del Estado, es un irresponsable, un frívolo y un tipo peligroso. ¿Es este el dictado moral que deben recibir de un presidente del Gobierno los ciudadanos honestos que quieren reconstruir su país? Su mensaje es intelectualmente menesteroso, impropio de quien lidera una nación de primera.

http://blogs.laopiniondemurcia.es/angelus/

La puntilla al pepé / Joaquín Abad

Lo que le faltaba al PP de un Rajoy que ha tenido todos los votos que necesitaba para iniciar una catarsis y acabar con la corrupción y ha mirado para otro lado. Claro, porque sabía, consentía que ese tres, ese cuatro por ciento de comisión que Pascual Maragall denunció en sede parlamentaria era una práctica común en todos, todos, los partidos políticos. Si se escarba, en todos los ayuntamientos hay corruptelas. Si se investiga, si se pinchan los teléfonos de nuestros políticos, nos llevaremos miles de sorpresas. 

Ahora nos explicamos por qué Mariano Rajoy miraba para otro lado. Por qué Mariano Rajoy sigue ausente y no da un puñetazo. No puede. Nunca pudo porque quienes le informan, los fontaneros, los servicios secretos le tienen al día de los tres por ciento, de los cuatro por ciento, de las mordías y prácticas que todos los partidos, todos, han llevado a la actual situación.

Nuestro problema es que la corrupción se ha institucionalizado. Desde que llegó Felipe a la Moncloa. Se empezaron por los cafelitos de Juan Guerra, hermano de "Arfonzo", desde la propia delegación de Gobierno en Sevilla. Y luego los Falis, los envíos en bolsas y maletines de millones que llegaban a la sede de la calle Ferraz para se le facilitara el permiso correspondiente al constructor de turno.

Ahora los del pepé, los del pesoe, están de los nervios. Se ven fuera del sistema por el asqueo de los votantes que huyen, como de la peste, del bipartidismo corrupto que no parece calar entre la clase política que forma la llamada "casta". Esa "casta" que durante más de treinta años ha convertido los partidos en oficinas de colocación de sus amigos, familias, y se han dedicado a abusar con tarjetas, con coches, chóferes, y todos los robos que nos sacuden día sí y día también.

Porque la redada donde han caído alcaldes, concejales, empresarios y demás gentuza no ha sido precisamente a iniciativa de la fiscalía, sino como consecuencia de una petición de información de las autoridades judiciales de Suiza, que detectaron que Granados y su amigo David Marjaliza blanqueaban millones. Y comunicaron sus sospechas a las autoridades españolas que no tuvieron más remedio que tirar de la manta. Pero en todos los ayuntamientos, todos, en todas las administraciones, en todas, hay corrupción. Si, porque a estas alturas, la corrupción está institucionalizada. Y el bipartidismo ha cooperado, y mucho, en ese estado general de podredumbre.

Garre dice que echará a detenidos o imputados en la 'operación Púnica' si estos no dimiten antes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, aseguró este lunes que "si hay algún miembro de mi Gobierno detenido o imputado (en el marco de la Operación Púnica) no durará ni un minuto en el cargo público. Esta decisión del Gobierno está consensuada con el Partido Popular".

De esta manera, "queremos que se resuelvan con la mayor prontitud los temas judiciales", agregó el jefe del Ejecutivo, quien insistió en que "si algún cargo del Gobierno es imputado o detenido, deberá presentar su dimisión o será cesado".
Garre entiende que "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".
Lo primero que ha hecho Garre es encargar una investigación interna al consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, para que depure responsabilidades, si las hubiera, en su departamento, al que pertenecen los detenidos en Murcia.
La directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, y el exconcejal de Cartagena José Fidel Saura, actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia, han informado fuentes cercanas al caso.
Martínez y Saura, junto al secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, también exgerente del Centro de Cualificación Turística (CCT) de la Región de Murcia, fueron arrestados hoy por su presunta implicación en la operación Púnica contra la corrupción; sólo los dos primeros han abandonado con cargos las dependencias de la Guardia Civil minutos antes de las 20,00 horas tras prestar declaración ante los agentes, mientras el tercero pasará la noche en el calabozo y previsiblemente será trasladado mañana martes por la mañana a la Audiencia Nacional, en Madrid..
Hasta la Comandancia de Murcia se han acercado esta tarde abogados de los despachos Valdés Albistur y Manzano y Muñiz, así como la directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper, que llegó a pie y con asistencia letrada a la sede del instituto armado a petición de la Benemérita y la abandonó, también con cargos, minutos después en el interior de un taxi.
En este organismo, el INFO, dependiente de la Consejería de Empresa y Turismo, la Guardia Civil ha requerido hoy documentación sin llegar a detener a Samper.
El ex alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso, ha sido arrestado en su domicilio de Madrid por actividades posteriores a su paso por la alcaldía.
Alonso es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en Cartagena. Marjaliza, constructor de Valdemoro, también ha sido arrestado. Y junto con Alejandro de Pedro Llorca, otro hombre de negocios, eran los dos conseguidores de la red presuntamente delictiva.
José Fidel Saura, del PP, fue concejal de Turismo y Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, desde 1999 a 2007, mientras que Mariola Martínez fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tovar (PSRM) le pide a Garre que cese a todos los imputados del PP que están en instituciones regionales

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha pedido a Alberto Garre, a raíz de que este anunciara que destituirá, si antes no han dimitido ellos, a los cargos públicos del Gobierno regional detenidos o imputados en la 'Operación Púnica', que "destituya también al resto de cargos imputados del PP en la Región si de verdad", como el propio presidente regional ha dicho, "la sociedad murciana no puede tener duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Gobierno".

   De lo contrario, ha afirmado González Tovar, Garre demostrará que "tiene dos varas de medir, una para los intocables, como son el alcalde de Murcia -que lleva 825 días imputado por graves delitos-, el delegado del Gobierno -125 días imputado-, o los consejeros de Agricultura y Educación, entre otros, y otra para los detenidos este lunes, que deben ser para el presidente de segunda categoría, porque les exige algo que no le pide al resto", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   "Le exigimos a Garre que mida a todos con el mismo rasero, a los imputados VIP, y a los de este lunes: el jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, José Fidel Saura, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el secretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo. Si no lo hace, dejará claro una vez más que el PP no conoce las palabras limpieza democrática", ha añadido Tovar.
   "Los socialistas de la Región de Murcia reclamamos desde hace mucho tiempo esa limpieza democrática, y lo vamos a seguir haciendo con contundencia", ha puntualizado.

Pujante (IU-V) pide explicaciones al consejero Ruiz y lamenta que la corrupción del PP "no tenga techo"

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha exigido este lunes al consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, que explique de manera "urgente" el papel que "han jugado" Mariola Martínez, José Fidel Saura y Jesús Norberto Galindo en las contrataciones de ese departamento, y ha lamentado que la corrupción "no tiene techo" para el Partido Popular.

    Pujante ha indicado que, tras las detenciones de Martínez, Saura y Galindo, todos responsables en la consejería de Turismo, y del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, en el marco de la 'Operación Púnica', "habría que cambiar el logotipo de la sonrisa de la marca 'Costa Cálida' por una cara triste y construir el parque temático de la corrupción en la Región".
    "En materia de corrupción, el PP no tiene altura, nunca deja de sorprender", ha manifestado Pujante, para quien resultaba "extraño" que en una trama de corrupción en varias comunidades de España no estuviera implicada la Región de Murcia, "una autonomía que, por desgracia, es puntera en esa materia gracias a los gobernantes que hay".
    Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU-Verdes en Cartagena, Cayetano Jaime, ha expresado su respeto por la actuación judicial y ha adelantado que pedirá una comisión de investigación si surgen temas que atañen directamente a la ciudad portuaria, teniendo en cuenta que Saura, exconcejal de Urbanismo del PP, está entre los detenidos.

También UPyD exige

La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, tras las detenciones de este lunes en el ámbito de la 'Operación Púnica', ha exigido al PP que "reaccione, depure responsabilidades y se ponga al frente para atajar la degradación política y de la vida pública por la que atraviesa la Región".
   Para la responsable regional, la falta de credibilidad y de autoridad moral del PP en la Región, "están alcanzando cotas intolerables, no es posible que quien nos gobierna sea quien más casos de corrupción genere, y que además permanezca impasible ante esta situación".
   Máximo ha denunciado que "nos encontramos en un momento de enorme gravedad, ante una corrupción institucionalizada que ya afecta de pleno a toda la Administración regional". En ese sentido, ha pedido el cese inmediato en sus funciones de los tres cargos públicos detenidos hoy, la directora general de Turismo, Mariola Martínez, el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura y del secretario del Instituto de Turismo, Jesús Galindo.
   Para Fuensanta Máximo, la Región de Murcia no puede permitirse dar la imagen de corrupción que está ofreciendo por culpa de sus dirigentes, "ya que, junto al delegado del Gobierno, el Ejecutivo regional cuenta con dos consejeros imputados, y hoy se suman los casos conocidos dentro de la Consejería de Turismo, "que ya son la gota que colma el vaso".
   La dirigente regional ha recalcado que "es imprescindible y vital que las instituciones, cumplan con su obligación ética de ejemplo ante los ciudadanos, "si no querremos que el desprestigio de esas instituciones y de la propia democracia no se sigan deteriorando de manera irreparable", ha concluido.

Trabajadores católicos españoles acuden al encuentro del Papa con movimientos populares, Joaquín Sánchez entre ellos

MADRID.- La copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), Charo Castelló, Maria del Carmen Picón, en representación de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y Joaquín Sánchez, consiliario de la HOAC de Murcia y miembro del colectivo 'En el nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar a las familias', han viajado a Roma para participar junto a otras cien personas en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares convocado por el Consejo Justicia y Paz del Vaticano, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles y cuenta con el apoyo del papa Francisco.

   Para Charo Castelló, esta convocatoria "posibilita hacer oír la voz y dar visibilidad a millones de personas que están siendo excluidas en una realidad, la del trabajo humano, cada vez más empobrecida y deshumanizada".
   Por ello, considera que este encuentro "marcará un hito en el proceso de articulación de los movimientos" y "empoderará a los sectores más empobrecidos, visibilizando su punto de vista en torno a los graves problemas que atraviesa la humanidad".
   "Le agradecemos profundamente al papa Francisco esta posibilidad, una nueva muestra de su permanente acompañamiento y cercanía no sólo hacia los que sufrimos la injusticia sino también hacia los que, organizados, luchamos contra ella, como movimientos de la Iglesia", ha subrayado. Los representantes de los movimientos se encontrarán con el pontífice este martes.
   Las organizaciones participantes en este encuentro representan a trabajadores en situación de precariedad, temporales, migrantes; sin protección legal, ni reconocimiento sindical o de sus derechos laborales; campesinas y campesinos sin tierra; pueblos indígenas o personas en riesgo de ser expulsadas del campo a causa de la especulación agrícola y la violencia; personas que viven en barrios excluidos, suburbios y asentamientos informales, sin infraestructura urbana adecuada; los marginados y los olvidados.

El Gobierno regional asegura que aquellos que hayan actuado fuera de la ley serán "castigados contundentemente"

MURCIA.- El Gobierno regional asegura que "no va a tolerar ninguna conducta que suponga la infracción de la ley", es decir, "que si fruto de la investigación iniciada desde el Ejecutivo regional o fruto de las actuaciones judiciales se deriva que alguna persona ha actuado fuera de la ley, será castigada contundentemente en el ámbito político y esa contundencia no es otra que la destitución".

   Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia y Empleo y portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, quien ha matizado que "en política y en la Administración regional no caben sino personas honestas e íntegras que vengan a dar lo mejor de sí mismos para atender el interés general".
   Ruiz respondía así al ser preguntado por las detenciones producidas en Murcia dentro de la 'Operación Púnica'.
   En esta línea, ha asegurado que el Gobierno murciano se muestra "indignado" con cualquier conducta "que suponga la vulneración de la ley y el derecho". Así como que la información que se tiene sobre la operación es "escasa" y como Comunidad y Gobierno regional "no hemos recibido ninguna notificación al respecto".
   Tras lo que ha confirmado que, a lo largo de la mañana, miembros de la Policía Judicial se han personado en dos sedes de la Administración autonómica, que son el Instituto de Fomento y el Instituto de Turismo.
   En este sentido, ha declarado que desde el Gobierno regional, "como hemos hecho siempre", estamos "colaborando al máximo con la Administración de Justicia", para que la operación "se pueda esclarecer lo antes posible".

IU-V critica el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier y expresa su negativa al cierre

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha criticado este lunes el "abandono deliberado" del aeropuerto de San Javier por parte del Gobierno autonómico, y ha expresado su negativa al cierre de esta infraestructura.

   Pujante ha pronunciado estas palabras tras reunirse con el presidente de la Plataforma en defensa del Aeropuerto Público de San Javier, Santiago Pina, y los vocales de esta organización Juan José Lozano y José Andrés Gómez.
   Ha dicho que su formación coincide "plenamente" con los objetivos de la citada Plataforma, entre los que se encuentran el mantenimiento de los servicios y los puestos de trabajo del aeropuerto de San Javier.
   Además ha recordado que IU-Verdes "siempre ha defendido" este aeropuerto e incluso ha apostado por su potenciación, frente a la "aventura" del aeropuerto privado de Corvera, que "nos está costando un riñón a la ciudadanía de la Región de Murcia".
   En concreto, ha recordado que la Comunidad Autónoma paga casi 22.000 euros en intereses por un aeropuerto cerrado. "En lugar de invertir en el de San Javier, el Gobierno Regional ha defendido los intereses de una empresa privada -Aeromur-, destinando para ello dinero público", ha apostillado.
   Para Pujante, una muestra del "abandono" del aeropuerto de San Javier es, por ejemplo, la inexistencia de un punto de información, de un cartel de bienvenida y de una línea de autobús que conecte con los municipios de San Javier y Murcia.
   Por su parte, el presidente de la Plataforma ha explicado que la pretensión de la misma es defender a los trabajadores del aeropuerto de San Javier y a las empresas que trabajan allí, y luchar porque se mantenga abierto y no se supriman los puestos de trabajo.
   Pina ha insistido en que esta infraestructura es rentable y, su cierre, además de suponer el despido de unos 1.200 trabajadores, entre directos e indirectos, conllevaría perjuicios para el sector turístico y hostelero de aquella zona.