MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha
asegurado hoy en la apertura del Año Judicial que "el frente judicial
contra la corrupción empieza a rendir frutos", pero ha reclamado más
medios para combatirla ya que la respuesta de la justicia es "en exceso
lenta y a veces desigual".
Por ello, la lucha contra la
corrupción, ha dicho Torres-Dulce, exige "profundas reformas" en la
Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos
y del sistema financiero.
En su discurso, Torres-Dulce ha destacado que la corrupción pública "daña seriamente la imagen en la función pública y su erario", pero la corrupción política "mina la credibilidad del sistema democrático".
También
se ha referido a la corrupción privada, que en el terreno financiero
"compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la
riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían
desigualdades intolerables", ha señalado.
"Si el sistema judicial", ha dicho el Fiscal General, "no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente".
Y
es que la respuesta de la justicia penal a la corrupción, ha añadido,
es "en exceso lenta y a veces desigual", razón por la que hay que
demandar "los medios que cambien ese rumbo, así como modificar aquellos
hábitos procesales y organizativos propios que lastran" la eficiencia
judicial.
No obstante, "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos, de lo que es buena muestra el porcentaje de condenas logradas", ha afirmado.
En
la introducción de la Memoria Fiscal del Año 2013, el Fiscal General ha
ido más allá de este discurso, al mantener que aunque la lucha contra
la corrupción empieza a dar resultados, los casos "son muchos y
desbordan los recursos de las fiscalías y juzgados" y hay que atajarlos
antes de que nazcan.
La actuación de la justicia contra la corrupción, sostiene Torres-Dulce en el documento, solo alcanza a proporcionar "respuestas puntuales y ejemplarizantes", pero en ningún modo "son suficientes para abarcar la totalidad del problema".
Por
ello, ha reclamado una reflexión sobre el alcance de esta "lacra" y la
necesidad de articular "mecanismos de prevención que aborden el problema
en sus orígenes", por lo que ha abogado por el establecimiento en las
instituciones, partidos y sindicatos de mecanismos de "alerta temprana"
que los atajen antes de que nazcan.
Y ello se debe a que, en su opinión, uno de los grandes problemas que se afronta en la lucha contra la corrupción es
"el retorno a la sociedad de los capitales defraudados", ya que "las
medidas cautelares y de ejecución patrimonial no siempre alcanzan su
objetivo".
Torres-Dulce ha detallado que se ha incrementado el
número de diligencias de investigación incoadas y los procedimientos
judiciales, al abrirse 55 nuevas causas en 2013 frente a las 41 del año
anterior.
El fiscal general ha subrayado el "satisfactorio grado de conformidad" de
las sentencias pronunciadas en estos procesos con las acusaciones
formuladas por la Fiscalía, ya que los 18 fallos registrados han sido
condenatorios, total o parcialmente.
También ha afirmado que los
casos "son muchos y desbordan los recursos de fiscalías y juzgados, que
alcanzan a proporcionar respuestas puntuales y ejemplarizantes, pero de
ningún modo suficientes para abarcar la totalidad del problema".
Ante los "grandes problemas" que supone el retorno a la sociedad de
los capitales defraudados en los casos de corrupción se impone, según
Torres-Dulce, la necesidad "de articular mecanismos de prevención, que
aborden el problema en sus orígenes, que lo atajen antes de que nazca".
Para
ello, ha defendido, "se deben crear mecanismos de alerta temprana en el
seno de las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos,
empresas, fundaciones y demás entes involucrados en la gestión de la
cosa común".
Ha apostado además por reforzar los sistemas de control actualmente existentes,
como el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, "así como
desarrollar en el plano social una intensa campaña de concienciación
ciudadana que podría empezar en las escuelas".
