MURCIA.- El juez instructor del caso Novo Carthago, que investiga un presunto
caso de corrupción urbanística en el proyecto de construcción de 10.000
viviendas y campos de golf que afectaban a terrenos protegidos, ha
abierto una investigación para descubrir el nombre del yate en el que se
ve al exconsejero de Obras Públicas y delegado del Gobierno, Joaquín
Bascuñana.
Bascuñana figura entre los imputados en la causa, por
ser quien aprobó, en su condición de consejero del Gobierno murciano, la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que
hacía viable la ejecución del proyecto.
La nueva investigación
emprendida por el juez es consecuencia de un escrito presentado por la
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación
en esta causa, en el que le comunicaba la aparición de dos fotografías
en un periódico digital regional en las que figuran políticos
murcianos y empresarios a bordo de un yate.
El magistrado ha
requerido al fotógrafo que captó las imágenes, en una de las cuales se
ve a Bascuñana, "para que aporte a esta causa, si existen, aquellas
donde aparezca el nombre del yate, para conocer quién es el titular del
mismo", para lo que le da un plazo de diez días.
En la misma
providencia el juez instructor ordena unir a
las diligencias, "a los efectos oportunos", la certificación del
Tribunal Supremo acreditativa de la condición de diputada en el Congreso
de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
Así mismo, tiene
por interpuesto el recurso que, en nombre de Barreiro, presentaron sus
abogados, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, contra una
providencia del juez del pasado uno de julio.
En la misma, el
magistrado no accedió a la petición hecha por los letrados para que se
suspendieran unos señalamientos, al no haber tenido tiempo suficiente
para acceder al contenido de la causa por su reciente personación en las
diligencias.
Para los abogados, que han pedido amparo a la Junta
de Gobierno de su colegio profesional, la decisión del instructor
supone "una vulneración arbitraria del plazo interesado y concedido por
él mismo para ejercitar adecuadamente el derecho de defensa".
Para los letrados, la denegación de solicitud de suspensión supuso una
vulneración de los derechos constitucionales de Barreiro.
La 'fortuna' de Marqués
El exconsejero del Gobierno murciano
Francisco Marqués, imputado en el caso Novo Carthago sobre presunta
corrupción urbanística, efectuó entre los años 2003 y 2010 distintas
imposiciones en varias cuentas a plazo fijo de Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) por un valor total de 9,3 millones de euros.
Estos datos se contienen en el informe que Banco Sabadell, entidad que
absorbió a la CAM, ha entregado al juez instructor del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia que instruye el caso, en el que también están
imputados el exconsejero autonómico y delegado del gobierno, Joaquín
Bascuñana, y el titular de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.
El
informe señala que Marqués aparecía, en
estos depósitos a plazo fijo, como autorizado y que todas las cuentas en
las que hizo estos movimientos están actualmente canceladas.
También recoge que en el año 2006 hizo una imposición en una de estas
cuentas de depósitos por valor de 1,4 millones de euros, mientras que en
2007 ingresó 1,1 millones y al año siguiente 864.000 euros.
En
los años posteriores continuó sus imposiciones, siendo las de mayor
volumen las realizadas en 2010, año en el que ingresó -en dos
operaciones- un total de 2,5 millones de euros.
Algunas de esas imposiciones, según el informe, las canceló pasado un año y en alguna otra transcurridos unos meses.
El Banco Sabadell ha informado también al juez instructor que Marqués
estaba autorizado en una decena de cuentas a la vista, mientras que su
mujer, María Jesús Giménez, no aparece como titular de ninguna cuenta
abierta en dicha entidad bancaria.
Como ocurre con los depósitos a
plazo fijo, las cuentas a la vista del que fuera consejero de Medio
Ambiente y delegado del Gobierno también están canceladas a día de hoy.
Sin embargo, las cuentas bien pudieran ser propiedad de la
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), empresa de la que era
directivo el exconsejero y exdelegado del Gobierno.
Eso es al menos lo que afirman fuentes cercanas a la defensa del exconsejero, que
figura como autorizado en las cuentas a plazo fijo, que ya han sido
canceladas, y que añaden que esas operaciones corresponden a fondos de
Hefame, y no a patrimonio de Marqués.
Para las fuentes, aunque el
Banco no detalla el nombre del titular de esas cuentas, se trata de
dinero propio de la actividad de Hefame y no del exconsejero y directivo
imputado por el juez
El informe del banco, que atiende al requerimiento en solicitud de
información que le hizo el juez, se refiere también a las cuentas que
tenía en el Banco Sabadell, antes CAM, la empresa Hansa Urbana,
promotora del proyecto de urbanización que afectaba a terrenos
protegidos junto al Mar Menor.
El escrito señala que debido a la
antigüedad de la cuenta por la que se interesó el instructor, del año
2001, y a la absorción de la entidad por Banco Sabadell, no se le puede
facilitar en el formato que había pedido, pero que le adjunta un
informativo histórico de los movimientos de la cuenta que considera
pueden ser igualmente de interés para las investigaciones.
El
informe añade que, debido al gran volumen de documentos que ocupa la
información solicitada por el magistrado, con independencia de los datos
que ya le adelanta, y que quedan recogidos antes, serán entregados
personalmente en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia.