Cáritas Región de Murcia atiende a casi 115.000 personas durante 2013, y no espera que baje de los 100.000 en 2014

MURCIA.- El presidente diocesano de Cáritas, José Luis Leante, ha afirmado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación que Cáritas Diócesis de Cartagena no ha visto indicios de cambio en su actividad ni en el número de personas que ha acudido a la entidad en 2013 con respecto a 2014, y que, "por cómo está yendo este primer semestre de 2014, no esperamos grandes cambios en este año tampoco".

   Así, ha afirmado que el número de personas atendidas en 2013, que quedó "rozando" las 115.000 personas, es "prácticamente el mismo" que en 2012, y en 2014 "se moverá por estos niveles, sobrepasando los 100.000 atendidos". De este modo, "se está estableciendo una cronicidad de la pobreza", algo que, en palabras de Leante, "es peligroso y preocupante".

    Leante ha abogado por una recuperación del empleo, "que es lo que da dignidad a la persona" para que los resultados "puedan verse realmente", puesto que "nosotros somos la cola del látigo, hasta que llegue a nosotros esa mejoría, va a pasar tiempo".

   "Hasta que tanto la entidad pública como la empresa privada tomen conciencia de que el trabajo es un derecho de la persona y que deben hacer un esfuerzo para que las personas puedan tener un trabajo, a las instituciones como Cáritas no nos faltará trabajo", ha declarado el presidente de Cáritas Región de Murcia, que ha recordado que "Murcia es una de las Comunidades Autónomas más pobres de España, nos movemos entre los tres primeros puestos".

   En este sentido, el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha indicado que "esta situación es difícil de arreglar, pero no imposible", y ha valorado la labor de los voluntarios y personas que trabajan en Cáritas Región de Murcia, en la que ayudan unas 3.000 personas actualmente.

   "En un país con una tradición y una cultura cristiana de tantos años, tenemos más razón para cumplir 'el libro de ruta' que es el Evangelio, ayudar a los más necesitados y abrir puertas a la esperanza", ha matizado el obispo.

   Lorca Planes ha declarado que "en un mundo difícil como el que tenemos ahora, para mucha gente, el tema de la esperanza es una palabra demasiado desconocida" ya que, según ha afirmado el obispo, "están tan metido en los problemas que le hacen sufrir, que no puede pensar que eso se puede acabar pronto".

   Así, ha afirmado que, desde la Diócesis, "no luchamos contra nada", ya que "de lo que se trata no es de luchar, sino de dar respuesta a una situación".

   "La caridad no puede ser una lucha, sino que debe ir en la línea del amor", ha señalado el obispo, que ha agradecido el trabajo de las personas que trabajan "día a día, de forma totalmente gratuita" en Cáritas Región de Murcia por "ayudar a las personas que lo están pasando mal".

La Región de Murcia registra en mayo un aumento de 8.691 afiliados a la Seguridad Social respecto a abril, un 1,75% más

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, ha explicado que los datos de afiliación a la Seguridad Social a fecha del 31 de mayo reflejan un aumento de 8.691 afiliaciones con respecto al mes de abril, lo que supone un aumento del 1,75 por ciento.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ruiz ha señalado que, con estos datos, la Región dobla la media de afiliaciones del conjunto de España y pone de manifiesto que la recuperación del mercado de trabajo y de la economía regional es ya "todo un hecho".

  En este sentido, los datos reflejan un aumento de casi 20.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social respecto al mes de mayo del año pasado, es decir, "20.000 personas más que trabajan y cotizan".

   Por ello, ha celebrado que los "esfuerzos que está realizando el Gobierno regional y la sociedad en su conjunto, los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores, están dando resultados y empieza a verse que esta recuperación es una realidad en la Región".

   Así, remarca que "no se trata de datos aislados y puntuales, sino que son datos estructurales". La recuperación, ha añadido, "ya no se queda en bajadas de prima de riesgo o reducción de déficit público, sino que son las familias las que ya están percibiendo esta recuperación económica en términos de trabajo".

   Aunque ha reconocido que estas cifras son "buenas", ha matizado que para el Gobierno regional "no son satisfactorias" y queda todavía "mucho trabajo por realizar mientras siga existiendo un solo desempleado en la Región de Murcia".

El PSRM insta a los responsables del PP murciano imputados por corrupción a que dimitan de sus cargos

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz, ha instado a todos los miembros del Partido Popular que han sido imputados o condenados por la Justicia por casos de corrupción "a hacer un ejercicio de responsabilidad y dimitir de sus cargos", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Para Muñoz "es intolerable e inasumible" el apoyo que el actual presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, está ofreciendo a las personas señaladas por la Justicia como imputadas. "Y aún es más grave, si cabe, que ofrezca este apoyo a personas ya condenadas, como es el caso de la actual alcaldesa de Pliego, condenada por prevaricación, y como lo fue el del ex alcalde de Fortuna que, ya condenado por delito electoral, seguía recibiendo el apoyo de Valcárcel".

El responsable socialista afirmó que "la calidad democrática de esta Región se pone en entredicho cada vez que un cargo del PP imputado se aferra al sillón, o, para despistar, se mueve a otro sillón". "Los ciudadanos no se merecen a estos políticos que anteponen sus intereses personales a los de todos los murcianos", añadió.

   Muñoz también se ha referido al informe emitido por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que apunta a Bascuñana como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago, que actualmente está bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.

   En este sentido, Muñoz señala que "cada vez que se pronuncian los estamentos judiciales en el transcurso de una investigación es para solicitar que sean imputados por presunta corrupción más miembros del  PP que ocupaban cargos públicos en el pasado y/o los ocupan ahora,  imputaciones siempre relacionadas entre sí, como es el caso  del también ex consejero y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués, del actual consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, o de la alcaldesa de Cartagena que todo parece apuntar que será imputada en breve a petición del Ministerio Público".

   "Es intolerable, es tremendamente dañino para la imagen de la Región, que la nuestra sea la Comunidad menos transparente de España y la de peor gestión. Es incomprensible que nadie asuma responsabilidades políticas, que la corrupción campe a sus anchas en las filas del PP, cuando debería haber tolerancia cero con ella, cuando deberían estar cesados todos los cargos que estén bajo sospecha", finalizó.

IU-Verdes sugiere a Rajoy que comience a redactar el decreto de cese de Bascuñana

MURCIA.- IU-Verdes de la Región de Murcia ha sugerido este jueves al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, que "comience a redactar" el decreto de cese del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La formación de izquierdas ha reaccionado así tras conocer que el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha emitido un informe que apunta a Bascuñana como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago, que actualmente está bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.

   Para la portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, Esther Herguedas, uno de los aspectos más destacables del informe es la "unidad de actuación" para la comisión de presuntos delitos entre los máximos responsables del Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías implicadas.

   En este sentido, ha indicado que a estos actores habría que sumar un tercero, las entidades financieras, en concreto a la empresa inmobiliaria Hansa Urbana, relacionada con la extinta CAM y promotora de 'Novo Carthago', "sin cuyo concurso difícilmente se hubiesen podido idear los pelotazos urbanísticos".

  Además, ha asegurado que el escrito de la Fiscalía trae causa de "la más que deficiente tramitación" de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

   "Unos PORN que el Gobierno Regional tendría que haber finalizado hace muchos años, empezando por los espacios que así se declararon en la ley de Protección y Ordenación del Territorio aprobada hace 22 años".

   Herguedas ha opinado que esa "deficiencia" en la tramitación "pone de manifiesto la nula conciencia ambiental del PP y su rechazo a una norma en la que nunca creyó y que pretendió cargarse mediante la ley regional del Suelo, que afortunadamente fue anulada en su disposición adicional octava por el Tribunal Constitucional".

   A su juicio, la dilación del Gobierno autonómico para establecer un ordenamiento jurídico ambiental "en condiciones" ha servido de "caldo de cultivo" para la "delincuencia ambiental y económica" en varios municipios de la Región de Murcia.

   Asimismo, IU-Verdes ha manifestado su deseo de que Rajoy en esta legislatura, que espera "sea la última por el bien de la ciudadanía murciana", "no vuelva a nombrar a otro político de su partido que acabe imputado, aunque en nuestra Región, y dados los precedentes el índice de probabilidad de nombrar a un político del PP inmaculado es bastante bajo".

Fallece Domingo López Marín, canónigo de la catedral de Murcia y ex vicario de Cartagena

MURCIA.- El actual párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, de Murcia, vicario Episcopal para la Vida Religiosa y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Domingo López Marín, falleció este jueves, Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a la edad de 77 años, según informa el Obispado de Cartagena en un comunicado.

El párroco llevaba más de un mes hospitalizado en la 'Arrixaca' tras presentársele una enfermedad casi irreversible a comienzos del pasado mes de mayo, según fuentes familiares.

Domingo López nació en Beniaján el 7 de marzo de 1937 y fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista el 3 de noviembre de 1939. Realizó sus estudios de Bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas, de Murcia. A los 17 años, en 1954, ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena para cursar el primer curso de Filosofía. 

Posteriormente, y como seminarista de la Diócesis de Cartagena, residió en el Seminario de San Torcuato, de la Diócesis de Guadix, para realizar los estudios correspondientes en la Facultad de Teología de la Cartuja, en Granada. 

Fue ordenado presbítero en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Murcia, por Monseñor Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena, el día 11 de junio de 1961, por lo que ayer miércoles se cumplieron sus 53 años como sacerdote.

Después de su ordenación sacerdotal había estado, por este orden, en los siguientes destinos:

• Coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción, de Molina de Segura, desde 1961 a 1963.
• En 1963 marcha a Ecuador y allí trabaja en el Seminario de San León, de la ciudad de Cuenca desde 1963 a 1967. Posteriormente trabaja en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la ciudad de Quito, de 1967 a 1969.
• De vuelta a Murcia pasa a ser cura ecónomo a las parroquias de San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol, de Mazarrón, donde permanece desde 1969 a 1973. A la misma vez atiende como encargado las parroquias de Ntra. Sra. del Carmen, de Leiva, y La Purísima, de Majada.
• En 1973 pasa a ser cura ecónomo de la parroquia de Santiago Apóstol, de Totana, donde permanece hasta 1984. Durante ese periodo también ejerce de profesor del Instituto de Totana, y es nombrado Arcipreste del Bajo Guadalentín (1973-1984) y miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Cartagena (1973-1976). También colaboró con el Rector del Seminario Mayor de San Fulgencio, en aquellos momentos en la ciudad de Granada.
• En diciembre de 1984 es nombrado Canónigo Numerario de la Santa Iglesia Catedral de Murcia.
• En el año 1984 ya había sido nombrado Vicario Episcopal para la Zona Pastoral de Cartagena por Monseñor Javier Azagra Labiano, Obispo de Cartagena. Permanece en este cargo hasta 2002. Por su condición de Vicario Episcopal, durante este periodo es miembro del Consejo Presbiteral y en diversos periodos es nombrado miembro del Colegio de Consultores.
• Al dejar la Vicaría Episcopal de Cartagena pasa a ser párroco de San Pedro Apóstol, de Murcia.
• En el año 2003 de nuevo son reclamados sus servicios en el Consejo Episcopal, en este caso como Vicario Episcopal para la Vida Religiosa, cargo que, junto con el de párroco de San Pedro Apóstol, de Murcia, desempeñaba en la actualidad.
• También desempeñaba el cargo de Consiliario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas, en Murcia (ACDP).

La capilla ardiente ha quedado instalada y abierta en el Tanatorio de Jesús, en Murcia, mientras que la Misa Exequial,  presidida y oficiada por el Obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, tendrá lugar mañana viernes, a las 17.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral, de Murcia.

El entierro se efectuará posteriormente, en la más estricta intimidad familiar, en el cementerio de la pedanía murciana de Beniaján.

El nombramiento del ex consejero Sevilla como presidente de la Autoridad Portuaria puede destapar una financiación atípica del PP regional

MURCIA.- La propuesta del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Fomento para que el ex consejero Antonio Sevilla sea el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena puede destapar, o finalmente no, un nuevo escándalo de supuesta financiación atípica del PP regional murciano, según fuentes policiales.

Al parecer, se relaciona a alguno de los apoyos externos a Sevilla para su nombramiento, como en su día para ser consejero con Valcárcel, con un foco de presunta financiación atípica del PP procedente de un sector regional del Transporte, tan señalado por la patronal comarcal del Campo de Cartagena, 'Atranscar', en su día, al menos como sospechoso de dudosas actividades investigadas actualmente por la Policía de tres grandes países de la Unión Europea.

El especial interés de algunos sectores del PP murciano por forzar la salida de Adrián Ángel Viudes de su actual cargo, tendría que ver, pues, siempre según esas fuentes, al parecer, con las fuertes presiones ejercidas sobre la voluntad del presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, y que no terminan de explicarse ahora proveniendo él de un municipio, como el de Torre-Pacheco, donde precisamente radica 'Atranscar' y Garre ha sido concejal.
De hecho, en la biografía del madrileño Antonio Sevilla, distribuida hoy por la Comunidad Autónoma, se oculta -¿intencionadamente?- algún aspecto clave.
No se descarta que el Ministerio de Fomento se incline, al final, por hacer una contrapropuesta con algunas de las personas sugeridas desde el PP de Cartagena para sustituir a Viudes y no dejar en su lugar a Sevilla para no sucumbir así a presiones de supuestos financiadores, indeseables en este momento, aunque el entorno de Garre relacionado con el Opus Dei también apoye, por su parte, a Sevilla comenzando por el diputado Martínez Pujalte, cuñado del imputado Antonio Cerdá, y el actual consejero de Economía, Francisco Martínez Asensio.
Conforme a la Ley de Puertos, una nueva propuesta tiene que ser comunicada al Ministerio de Fomento para proceder a su publicación conjunta, tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
   Para que la sustitución se haga efectiva hay que esperar a la publicación oficial del nombramiento.

Bascuñana y Barreiro a punto de caer en las redes de la justicia por 'Novo Carthago'

MURCIA.- El actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, está muy cerca de convertirse en el tercer consejero de un Gobierno Valcárcel imputado por el proyecto urbanístico 'Novo Carthago' a instancias del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, según ha trascendido en las últimas horas a diversos medios de comunicación.

Un informe de 77 páginas elaborado y remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta directamente al actual delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, como la persona que dio «el beneplácito final» al proyecto urbanístico, ya que era consejero de Obras Públicas en las fechas en las que se realizaron los trámites administrativos cuya legalidad se investiga. entre 2003 y 2005.

En concreto, está bajo sospecha la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Cartagena que permitió la recalificación de un espacio natural situado en el entorno del Mar Menor.

El fiscal, quien no pide expresamente la imputación de Bascuñana (debe ser el juez el que decida), sí considera que el hecho de la aprobación definitiva del proyecto, que se produjo por orden expresa del entonces consejero de Obras Públicas, «pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación».

De ser así, fuentes de Interior aseguraban hoy mismo que el actual delegado sería cesado a continuación por un Consejo de Ministros en su actual cargo, al que accedió en su día sin el conocimiento preciso del ministro, Jorge Fernández Díaz, sobre su situación ante los tribunales por el riesgo objetivo ya entónces de llegar a ser imputado.

El PP de la Región de Murcia propuso a Bascuñana para el citado cargo ocultando al ministro que estaba siendo investigado por su presunta implicación en un turbio asunto de recalificación urbanística en zona ambientalmente protegida y para la que se proyectó en su día la polémica -por sus sobrecostes- desalinizadora de Escombreras a cargo de las arcas autonómicas.

También la alcaldesa de Cartagena y actual diputada a Cortes por el PP, Pilar Barreiro, puede terminar siendo imputada en este mismo caso, según trasciende de la propia investigación criminal y de la actitud de fiscal y juez instructor en los últimos días, en el sentido de darle la oportunidad de que sea ella quien dé un primer paso antes de una casi segura dirección instructora que eleve el asunto al Tribunal Supremo al tratarse de una persona aforada sobre la que habrá que solicitar el correspondiente suplicatorio al presidente del Congreso, según afirma 'La Opinión'.


Juan Pablo Lozano considera en su escrito, al que ha tenido acceso esta Redacción, que «es en sede de la Comunidad donde se realizaron los actos que permitieron tal despropósito urbanístico de Novo Carthago», señalando también que las decisiones últimas sobre el proyecto «escapan a la simple voluntad municipal por espuria que pudiera ser» y que requirieron de «una unidad de actuación que solo se puede imponer desde la responsabilidad de alguno o varios consejeros del Gobierno murciano».

«Esta clase de decisiones de alto nivel sólo se podían tomar por el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama del Gobierno de Murcia para hacerlo: primero, el consejero Cerdá, verdadero artífice y responsable directo de ofrecer el aparente anclaje jurídico del proyecto; seguido del consejero Francisco Marqués (también imputado), como sucesor en la consejería de Medio Ambiente, y finalmente con el beneplácito final del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana», apunta el informe del representante del ministerio público.

Y es que Lozano resalta en su informe «el constante peloteo» entre los entonces directores generales de Calidad Ambiental (Antonio Alvarado), Ordenación del Territorio (José María Bernabé) y Urbanismo (José María Ródenas) «para, entre ellos, obtener los informes de complaciencia necesarios para ir solventando los trámites legales con ánimo de favorecer Novo Carthago».

De esta forma, y aunque en ningún momento solicita expresamente la imputación del delegado del Gobierno, el fiscal sí llama la atención sobre que «no se ha profundizado respecto a otras responsabilidades penales que pudiera haber en el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable ni respecto a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena», que se hizo por orden del entonces consejero Bascuñana.


Versión de Fiscalía

Los supuestos delitos de prevaricación que -sumados a otros adyacentes, como el de cohecho- se investigan en el 'Novo Carthago' «son delitos de tracto sucesivo -expone el fiscal a 'La Verdad'-, donde los distintos intervinientes van aportando el informe y cumpliendo el trámite necesario, en sí mismos insuficientes para consumar el propósito delictivo último, pero facilitando su posterior consumación. Y en donde la primera decisión, por delictiva que fuese, se debe ir asumiendo en cada una de las fases posteriores».

De esta manera resume el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la coordinación y la unión de voluntades que supuestamente se produjo entre el Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías dirigidas por Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana para conseguir que un megaproyecto urbanístico como 'Novo Carthago', que preveía levantar unas 10.000 viviendas junto al Mar Menor, además de hoteles y otras instalaciones, fuera superando todos los trámites hasta su aprobación definitiva. Y ello a pesar del cúmulo de presuntas ilegalidades que hubieron de cometerse para llegar a ese fin.

Entre los hechos supuestamente irregulares e indicios delictivos que reseña el Ministerio Público en su informe destacan algunos tan llamativos como el hecho de que Hansa Urbana, la promotora de 'Novo Carthago', adquiriera en julio de 2002 los primeros terrenos, que eran precisamente los calificados como protegidos. Se gastó en ellos 15 millones de euros. «Tan seguro estaba Rafael Galea (máximo responsable de la compañía) de que el proyecto estaba consensuado en conversaciones previas», advierte el fiscal.

Relata igualmente que luego se produjeron algunas supuestas llamadas desde el Ayuntamiento de Cartagena al consejero Antonio Cerdá para que impulsara el proyecto, aunque el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, aseguró en su declaración en el juzgado que él en ningún momento mantuvo conversaciones con responsables de la Comunidad Autónoma.

Unas llamadas, en cualquier caso, que acabaron dando lugar a reuniones entre representantes de Hansa Urbana, el propio consejero, directores generales y técnicos de la Consejería, que ya en ese momento expusieron que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor no permitía poner un campo de golf en el espacio protegido. «Ante la negativa del Servicio de Protección competente a modificar el PORN, se modificó utilizando el conocimiento jurídico de una asesora del consejero Cerdá, María Antonieta Fernández», según relata el informe.

No menos relevante es el hecho, según el fiscal, de que los planos del proyecto 'Novo Carthago', presentados en el Ayuntamiento de Cartagena, ya incluyeran en mayo de 2003 la zona protegida, cuando todavía no se había reiniciado ni la tramitación del nuevo PORN.

Otro dato a tener en cuenta es que la macrourbanización se presentó públicamente el 12 de junio de 2003, justo el mismo día en que se reiniciaba el PORN, lo cual apunta a que Hansa Urbana tenía conocimiento detallado de los trámites que iba a ir superando el proyecto.

Curiosamente, este PORN del 2003 es el único -destaca Lozano- que se ha hecho en la Región sin la intervención del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, que es el órgano competente para ello. Además, el aprovechamiento urbanístico correspondiente al espacio natural se traspasó al proyecto 'Novo Carthago', considerándolo sistema general, pese a que la ley que permitía ese 'traspaso' no se aprobó hasta un año después.

En agosto de 2004, el proyecto se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de Cartagena, sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este informe no estuvo listo hasta el 20 de enero de 2005, después de haberse rechazado otro que era desfavorable a los intereses de Hansa Urbana.

Y en mayo de 2005 se reinició de nuevo el PORN del Mar Menor -que ya se había reiniciado a su vez en junio de 2003-, siendo entonces cuando por fin se abre un proceso de información pública y presentación de alegaciones.

Así, de supuesta ilegalidad en ilegalidad, hasta la aprobación final, siempre según recoge 'La Verdad'.

El Parque Natural de Calblanque, candidato por la Región al Mejor Rincón 2014 de la Guía Repsol

MADRID.- El Parque Natural de Calblanque, en Cartagena, ha sido elegido por la Guía Repsol como representante de la Región de Murcia para optar a ser 'El Mejor Rincón 2014', junto con otros 16 enclaves repartidos por la geografía española.

   En el caso de Murcia han sido 19 los enclaves naturales o patrimoniales sugeridos por los viajeros para representar a esta comunidad. Entre todos ellos ha destacado el Parque de Calblanque "por sus calas vírgenes, dunas fósiles, acantilados y largas playas doradas", según informaron fuentes de la Guía en un comunicado.

   Sólo cuatro kilómetros al sur de las urbanizaciones de La Manga, se extiende este litoral intacto de afiladas puntas de pizarra, bosques de pinos carrascos y sabinas moras, dunas y grandes playas. Por no haber, no hay ni casas a la vista y las calas recogidas "ofrecen la intimidad perfecta para desconectar".

   "Es como si, al doblar el cabo de Palos, se viajara por un túnel del tiempo a la ribera que vio Asdrúbal el Bello, fundador de Cartagena", añaden las mismas fuentes, que precisan que "otra joya del Parque Natural de Calblanque son sus salinas, donde habita el fartet, un pececillo carnívoro en peligro de extinción y tan difícil de hallar como la soledad en la costa mediterránea".

   El 16 de septiembre se proclamará el rincón ganador, el lugar que más apoyo haya recibido por parte de los usuarios. El emplazamiento que se alce con la victoria recibirá el reconocimiento de la Guía Repsol.

   Se hará entrega de una placa conmemorativa al alcalde del municipio, que lo acreditará como 'El Mejor Rincón 2014'.

La Fundación 'Jesús Abandonado' realizó 69.691 servicios en 2013

MURCIA.- La Fundación-Patronato Jesús Abandonado realizó en 2013 un total de 69.691 servicios entre los desayunos del centro de acogida y las comidas y cenas del comedor social. El comedor social atiende aproximadamente a 500 personas diarias, y en el año 2013 fueron atendidas más de 14.000 personas en el servicio de ropería.

   Desde hace más de 28 años, Jesús Abandonado, a través de una estructura muy sólida ofrece en Murcia alimentos y techo a los más necesitados y ha participado en la puesta en marcha de la mayor parte de los comedores sociales, economatos y almacenes de alimentos que se distribuyen por la geografía murciana.

   La Comunidad destina en torno a un millón de euros a esta fundación cada año, ya que aporta más de 300.000 euros a gastos generales, a los que hay que sumar el coste de las 54 plazas del albergue, por las que se pagan 40 euros diarios, conforme a la ocupación.

   La Comunidad, que junto a otras administraciones aporta el 50 por ciento de los fondos, está prácticamente al día con las aportaciones que realiza y compromete con esta organización.

   El objetivo de Jesús Abandonado es el de satisfacer las necesidades y demandas de las personas en situación de exclusión social y facilitar una atención integral y específica, según cada persona. Esta fundación da atención e intervención social personalizada desde el equipo de Trabajo Social, a través de la Oficina de Atención y Acogida de Personas sin Hogar, cubriendo necesidades de ropa o salud, en la ropería o enfermería; y cubriendo necesidades básicas de alojamiento y comida en el centro de acogida y el comedor social.

   El centro de acogida dispone de 142 camas para la atención de transeúntes, y cuenta con tres pisos de acogida destinados a residentes de larga duración. Ofrece acogida a unas 2.762 personas, un total de 39.186 estancias. En 2013, en el centro de acogida se sirvieron 50.044 desayunos a personas que pernoctaron por carecer de hogar, y 46.609 desayunos a residentes.

   Además, en el comedor social, entre comidas y cenas, se ofrecieron 173.078 servicios. Los meses de octubre y noviembre de 2013 fueron en los que más comidas y cenas se ofrecieron, con 16.007 y 17.227 servicios respectivamente. El resto de los meses el número de beneficiados rondó los 14.000.

   Además, la fundación cuenta con servicio de lavandería, tanto para personas en media estancia como en larga, peluquería de hombres y de mujeres, voluntariado en todos los servicios, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, seguimiento de pautas médicas, programas de búsqueda de empleo, departamento de comunicación y equipo de atención espiritual.

IU-Verdes de Murcia pide al Ayuntamiento de Murcia que explique "de dónde ha salido" el dinero para ampliar Cañada Hermosa

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha reclamado nuevamente al Consistorio que facilite la información sobre el proyecto de ampliación de la planta de residuos de Cañada Hermosa y que explique, entre otras cosas, "de dónde han salido" los 30 millones de euros que han servido para costear las obras.

   En concreto, Tornel ha dicho desconocer la procedencia de esos 30 millones de euros, y ha preguntado si es la empresa concesionaria de la gestión de residuos, CESPA, la que ha puesto ese dinero o si se enmarca en los más de mil millones que alcanza la contrata que le concedió el Ayuntamiento, "la mayor contrata municipal de toda la historia de Murcia".

   A juicio de Tornel, "no sería descabellado" que el proyecto de ampliación de Cañada Hermosa se contemplase como mejora de contrato, una modalidad que implicaría que la empresa se hiciera cargo del costo, ya que supone un coste de 30 millones "frente a los mil millones de que el Ayuntamiento le va a pagar".

   En una rueda de prensa, Tornel ha criticado que no sabe cómo va el proyecto más allá de lo que informan los propios medios de comunicación, y el Grupo municipal de IU-Verdes está a la espera todavía de que el concejal de Limpieza Viaria, José Ros, "cumpla con su palabra dada y dé toda la información precisa sobre este proceso, tal y como prometió".

   Recuerda que en el último debate sobre los presupuestos municipales, en noviembre de 2013, Ros se comprometió por primera vez con IU-Verdes a dar toda la información y la documentación de tipo económico sobre este proyecto de ampliación de la planta de Cañada Hermosa. Incluso, recuerda que el edil se volvió a comprometer a hacerlo una segunda vez.

   Sin embargo, Tornel lamenta que aún a día de hoy, después de meses y tras haberse inaugurado incluso la ampliación el pasado viernes, "seguimos esperando esa información y la documentación prometida". IU-Verdes ha puesto esta situación en conocimiento de la Comisión de Asuntos Generales del pasado 26 de mayo, a la que no asistió Ros, para que quedara constancia de esta "falta de información".

   El concejal de IU-Verdes, que lamenta que esta falta de información "es algo habitual, sobre todo en los grandes proyectos" del municipio, asevera que la ampliación de Cañada Hermosa "entra dentro de la mayor contrata municipal de toda la historia de Murcia, con CESPA, que alcanza los mil millones de euros".

   Asimismo, Tornel pide al Ayuntamiento que aclare cuál es el tipo de control económico y financiero que ejerce sobre este contrato, ya que tiene dudas de que el contrato "haya pasado por la Concejalía de Economía y Hacienda".

   Igualmente, el concejal de IU-Verdes dice tener dudas de si la intervención municipal ha actuado o no en la gestión de este contrato, "al igual que pasó con Emuasa", cuyas cuentas de 2013 se negó a firmar IU-Verdes, "porque no había una fiscalización adecuada a nuestro modo de ver".

   Con ello, Tornel cree que "queda en el aire nuevamente" la aplicación de las normas que vienen inscritas en la Ley reguladora de Haciendas Locales en cuanto a control financiero y de la eficiencia.

   El edil de IU-Verdes considera que "no puede ser" que un contrato de estas dimensiones "no pase por ningún tipo de filtro municipal", y cree que hay "una total falta de transparencia y comunicación en la gestión de este contrato".

   "Es la enésima vez que ocurre y no puede ser cuestión de azar; tenemos la impresión de que hay una falta de transparencia motivada por intereses que no podemos calificar porque no conocemos, pero que no nos despiertan ningún tipo de confianza", ha subrayado.

   Tornel también ha puesto en cuestión el número de puestos de trabajo que va a crear el proyecto, y que ha sido uno de los "principales acicates" que siempre se han mencionado para defender la ampliación de la planta.

   En principio, Tornel recuerda que "siempre se nos habló de 350 puestos de trabajo", pero luego "hemos sabido que esos empleos se referían exclusivamente a las obras de construcción de la planta. Yo creo que en la construcción de la Torre Eiffel se emplearon menos trabajadores, pero es posible que hayan hecho falta", ha ironizado.

   En cambio, ha aclarado que los puestos de trabajo reales, según trascendió el pasado 6 de junio, "resultan de incrementar en un 25 por ciento el total de la plantilla, que está compuesta por 65 trabajadores". Por tanto, este aumento "real" será de "15 o 16 empleos".

   Tornel ha considerado que una inversión de 30 millones de euros para crear 16 puestos de trabajo "dista mucho de los 350 que siempre ha sido el 'leitmotiv' que siempre nos han presentado para justificar esa inversión". A su juicio, "se ha actuado no de muy buena fe, queriendo dar la impresión de que se crean 350 puestos de trabajo".

La Región de Murcia cuenta hoy con más de 153 mercados ambulantes y 13.000 puntos de venta

CARTAGENA.- El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha presentado este miércoles la primera Ley de Venta Ambulante de la Región de Murcia, que pretende regular la actividad de la venta ambulante. En ella se ha introducido una de las principales demandas del sector para que las licencias de actividad que se concedan sea de un mínimo de ocho años y un máximo de doce, que se podrían prorrogar otros doce años más, con lo que los mercadilleros podrían tener licencia de actividad 24 años seguidos.

   La Asamblea Regional ha acogido este miércoles el debate de totalidad del proyecto de Ley de Venta Ambulante, en el que los grupos de la oposición, PSOE e IU-Verdes han incidido en algunos cambios que deberían introducirse en el documento. Por ejemplo, el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha señalado  que las licencias deberían otorgarse por 15 años prorrogables a otros 15 años, "como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Lo lógico sería homologar la normativa a otras comunidades".

   El texto incluye la simplificación del procedimiento para obtener la licencia de actividad. "Se ha establecido una declaración responsable, que permitirá agilizar el inicio de la actividad, aunque las administraciones también tendrán que inspeccionar los puntos de venta", ha señalado Ruiz.

   La ley también contempla que sean los Ayuntamientos los que se encarguen de otorgar las licencias de inicio de actividad. En este punto es donde los socialistas han solicitado que se establezca una normativa común de aplicación en todos los consistorios de la Región. "Queda pendiente establecer una ordenanza tipo para todos los ayuntamientos de la Región que armonice los baremos para otorgar puestos, debería haber unos principios comunes a todos los municipios", ha incidido la diputada del PSOE, Esther Clavero.

   La ley obligará a los ayuntamientos y a la Comunidad Autónoma a tener un registro del número de comerciantes, en el que se conste de sus datos personales y comerciales a fin de prevenir la competencia desleal "que les hace mucho daño", ha señalado la popular Ana María Aquilino.

   Además, el documento del proyecto de ley refleja que la venta ambulante se pueda realizar también en suelos privados. Según ha explicado el consejero, esto requerirá la autorización administrativa previa y la exigencia de cumplir los requisitos que impongan los ayuntamientos.

   Por otro lado, la diputado del PSOE, Esther Clavero, ha recordado que la futura ley "no incluye la adopción de nuevos servicios en la Región" y que ha quedado pendiente establecer mecanismos para afrontar problemas a la hora de pagar impuestos y recibir los pagos atrasados.

   La Región cuenta con más de 153 mercados ambulantes no sedentarios y 13.000 puntos de venta. Este tipo de actividad genera, según los datos aportados desde la consejería de Industria, más de 8.000 puestos de trabajo.

   El proyecto de Ley de Venta Ambulante de la Región de Murcia permitirá que los vendedores renueven sus licencias de actividad con un máximo de 12 años, prorrogables otros 12 y no anualmente, como se contempla en la directiva europea Bolkestein. El origen de la ley viene por el revuelo que causó en el año 2006 la aprobación de dicha directiva.

   Esta normativa plantea que la antigüedad no era un requisito para mantener la licencia de venta ambulante, por lo que anualmente se revocaban las que se habían otorgado y los ayuntamientos sacaban a concurso esos puestos.

Moody's prevé que las autonomías tendrán pleno acceso al mercado de deuda en 2017

MADRID.- La agencia de calificación de riesgos Moody's prevé que las comunidades autónomas podrán acceder completamente a los mercados de deuda en un periodo de dos o tres años. En un informe difundido hoy, Moody's basa su pronóstico en la premisa de que el crecimiento económico en España "no defraude" y que las regiones españolas alcancen el equilibrio presupuestario para 2017.

Aunque es probable, afirma la agencia, que el Gobierno continúe aportando a las comunidades autónomas apoyo en su liquidez durante los próximos ejercicios, la previsible mejora en sus déficit y la percepción de los inversores del crédito español hará que la composición de la deuda regional se desplace hacia un mayor nivel de deuda procedente de los mercados.

Si bien reconoce que las cifras de déficit autonómico han mejorado, Moody's asegura que las regiones con economías más robustas ya se han beneficiado en los últimos meses de un mejor acceso a los mercados, en los que han obtenido tipos de interés más bajos y plazos de financiación más prolongados. Asimismo, la agencia indica que las regiones que no han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tienen cubiertas cerca del 80% de sus necesidades de financiación para 2014.

En el caso de España, apunta que, aunque los niveles de déficit han mejorado, las comunidades autónomas aún tienen que enfrentarse a necesidades de financiación de 34.000 millones de euros en 2014, 29.000 millones en 2015 y 24.000 millones en 2016.

Por todo ello, Moody's considera que el Gobierno español mantendrá el FLA para aquellas regiones que continúen tratando de alcanzar los niveles de déficit establecidos. La agencia detalla que, en adelante, las autonomías obtendrán su financiación mediante un "reformado" FLA, que la desliga de cualquier condicionalidad, y a través de los mercados o entidades financieras. Así, concluye Moody's, es probable que las regiones tengan más deuda de mercado, pero la financiación estatal persistirá.

El Tribunal de Cuentas cuestiona los presupuestos de las CCAA

MADRID.- El Tribunal de Cuentas cuestiona en un informe los presupuestos de las comunidades autónomas en materia sanitaria, pues detecta una "permanente insuficiencia estructural" para dar cobertura a los gastos de cada ejercicio a pesar de conocer el gasto real de los años anteriores.

Esta advertencia consta en el informe de fiscalización del sector público autonómico en los años 2010 y 2011 realizado por el Tribunal del Cuentas, que aprecia un "paulatino incremento" de la consignación de compromisos de gasto con cargo a años futuros, lo que podría "distorsionar la sostenibilidad" del sistema sanitario.

El órgano auditor critica que las comunidades no sólo presupuesten de forma insuficiente, sino que además recurran de forma periódica a generar gasto que excede lo consignado en los presupuestos.

Esta forma de presupuestar ocasionó un problema de tesorería "de tal magnitud" que a finales de 2011 el Gobierno central tuvo que poner en marcha el mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

El informe del Tribunal de Cuentas analiza la evolución de las entidades públicas autonómicas, que entre 2009 y 2011 se redujeron en 86.

En concreto, las empresas públicas pasaron de 637 en 2009 a 602 en 2011, mientras que los organismos autónomos y los entes públicos de derecho administrativo descendieron de 250 a 236.

El informe escruta la evolución financiera de las regiones en los dos años fiscalizados, en los que todas terminaron con déficit y en las que su endeudamiento pasó de 70.000 millones de euros a 1 de enero de 2010 a 119.000 millones a finales de 2011.

También destaca el notable incremento de la deuda con acreedores de las comunidades autónomas, que era de 139.000 millones en 2010 y de 173.000 millones en 2011, más de una cuarta parte de ellos correspondientes a Cataluña.

El Tribunal de Cuentas cuestiona además determinados mecanismos de contratación de las autonomías, en concreto la "tendencia cada vez más generalizada" a la utilización de encomiendas de gestión a entidades instrumentales para la prestación de servicios que normalmente se llevaban a cabo mediante contratos públicos.

El auditor apunta que las empresas públicas a las que se realizan las encomiendas carecen de medios para realizarlas, de modo que terminan por contratar con terceros y se limitan a hacer actuaciones de carácter jurídico, como la contratación.

Para el Tribunal de Cuentas, con esa práctica se produce una degradación de los requisitos exigibles para la prestación de servicios públicos.

Por ello, considera "cuestionable" la procedencia de esas encomiendas de gestión, convertidas "en meros instrumentos de financiación de la gestión de servicios públicos y de la realización de las obras, suministros y servicios necesarios para el ejercicio de sus competencias por las administraciones públicas".

En materia de contratación, el Tribunal subraya que la justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público "no se especifica con un mínimo de concreción razonable" ni se acreditan las necesidades.

Aprecia irregularidades en varios de los expedientes analizados y plantea que en los casos de fraccionamiento de gasto mediante contratos menores se ha puesto de manifiesto la coincidencia en el objeto de las contrataciones, con un importe superior a lo permitido por la ley.

La desbandada del voto urbano puede catapultar a Podemos y Ciudadanos en el municipio de Murcia

MURCIA.- Atrapar el voto urbano va a ser el desafío de los partidos aspirantes a los próximos comicios municipales de 2015. El reparto de concejales en el Pleno del Ayuntamiento dependerá del número de papeletas conseguidas en la ciudad, donde está empadronada el 39,1% de la población con derecho a voto residente en el municipio; el 59,9% restante corresponde a las pedanías, según recoge hoy 'La Verdad'.

En las pasadas europeas, el PP ha caído notablemente si se comparan los resultados del 25-M con los de 2009: un 27,25% en los barrios y un 27,2% en pedanías. Pero, a pesar del batacazo, sigue imbatible en todos los colegios electorales. El PSOE no se puso por delante del PP ni siquiera en las dos pedanías donde preside la Junta Municipal en esta legislatura: Sucina y Javalí Viejo. El PP mantiene su hegemonía total, con mayoría absoluta en cuatro barrios -San Bartolomé, San Miguel, La Fama y Santa Catalina-, y está muy de cerca de lograrla en otros 5 con porcentajes superiores al 40%: Catedral, La Purísima-Barriomar, San Lorenzo, San Nicolás y San Pedro.

La segunda fuerza mejor posicionada en barrios es el PSOE, aunque tiene un balance realmente sonrojante en siete barrios donde no llega ni al 10% de votos: Catedral, La Fama, San Bartolomé, San Lorenzo, San Miguel, San Pedro y Santa Catalina. En San Bartolomé los socialistas no rebasan ni siquiera el 6%. El partido de la rosa ha caído en el municipio de Murcia un 27,2%; en barrios pasan del 22,97% de las europeas de 2009 al 13,10% en 2014.

Los mejores resultados en Murcia ciudad los obtienen en San Basilio (17,20%), Buenos Aires (16,52%), Santiago El Mayor (15,98%) y San Pío X (15,85%). El PSOE es superado por partidos minoritarios en ciertos distritos hasta convertirse en la cuarta fuerza en número de votos. Este es el caso de San Lorenzo, Catedral y San Miguel, donde Vox, la formación del popular Alejo Vidal-Quadras, salta sobre PSOE, UPyD, IU-Verdes, Podemos y Ciudadanos.

UPyD es el segundo partido más votado en Santa Catalina, San Pedro, Vistalegre y La Flota, y obtiene similares resultados al PSOE en El Carmen, Infante Juan Manuel, San Pío X y Santiago El Mayor, donde apenas hay dos puntos de diferencia. En este caso, parece clave el trabajo realizado por los ediles de UPyD en los barrios afectados por el corredor ferroviario, donde suben en apoyos. De hecho, por ejemplo, en Santiago el Mayor, UPyD está a solo 12 puntos de igualar el peor resultado en barrios del PP: un 27,62%. La Flota es otro barrio donde el PP no logra ni el 30%; UPyD rebasa allí con 14,3% al PSOE, que se queda en 13%.

Izquierda Unida cosecha en Santiago El Mayor uno de sus mejores resultados en barrios, con un 13,21%, por su apoyo a la lucha del soterramiento. En general, la coalición es la cuarta fuerza más votada en los distritos de Murcia, con un balance que oscila entre el 14,32% de La Paz -el máximo- y el 3,82% en San Miguel -el más bajo-. En total, en la ciudad IU obtiene un 8,75% de votos, pero supera el 10% en Buenos Aires, El Carmen, Infante, La Purísima, San Andrés, San Basilio, San Pío, Vistalegre y Vistabella. Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, irrumpe con fuerza en ciertos vecindarios, con porcentaje de voto superior al 10%: Buenos Aires, La Flota, Santa Eulalia y Vistabella. Y roza el 10% en Espinardo, Infante y San Basilio -donde por cierto el PP aventaja al PSOE en 12 puntos-.

Ciudadanos no consigue superar la barrera del 10% en ningún barrio, aunque obtiene sus mejores cosechas de votos en San Bartolomé, donde llega al 9,3%; y en Vistalegre, con un 8,80%. Pero sería suficiente para que el partido de Albert Rivera tuviera dos ediles de repetirse esta foto en las municipales de 2015; en las europeas obtiene un 6,4% de votos en ciudad y 3,5% en pedanías.

Estos resultados denotan la pujanza de los partidos pequeños en la ciudad a costa de la caída del PP, que con estos resultados seguiría manteniendo presidentes en todas sus juntas municipales, aunque el reparto de vocales sería multicolor.

En el caso de pedanías, el PP obtiene su techo en Barqueros-Cañada Hermosa, con un 64,6%, y en el Campo de Murcia, en concreto en Los Martínez del Puerto y Valladolises-Lo Jurado, donde roza el 62%. Mayorías absolutas sigue acaparando en Alquerías, Baños y Mendigo, Cañadas de San Pedro y Jerónimo y Avileses. El PP alcanza sus resultados más bajos en La Alberca, donde apenas mantiene 11% de diferencia con el PSOE y 15 con Izquierda Unida; en Algezares, donde hay 14 puntos de ventaja del PP al PSOE y 18 con IU. Menos de un 15% de diferencia con otras fuerzas tiene el PP en Churra, Guadalupe, Cobatillas, El Esparragal, Nonduermas, El Palmar, El Puntal, San José de la Vega, Santiago y Zaraiche, Santo Ángel y Zeneta. El PSOE tiene en otras porcentajes superiores al 30% de votos como en Javalí Viejo -su mejor resultado-, Jerónimo y Avileses y Zeneta, rozando ese porcentaje en Los Ramos y Gea y Truyols. En cambio, donde peor clasificación tienen es en Baños y Mendigo, Santa Cruz, Monteagudo, Santiago y Zaraiche, Santo Ángel, Zarandona, El Esparragal y Patiño, donde no llega ni al 15%.

UPyD supera al PSOE en pedanías como Patiño y Zarandona. En general, UPyD ha obtenido en estos comicios más votos en extrarradio que en ciudad, y su comportamiento es positivo superando su 11,51% de porcentaje total en pedanías en La Alberca, Aljucer, Beniaján, Cabezo de Torres, Churra, Era Alta, Llano de Brujas, El Palmar, Puente Tocinos...

Podemos consigue en el municipio 7,92% de votos, y en ciertas pedanías sorprende a sus adversarios superando el 10% en La Alberca, Churra, Garres y Lages, Santo Ángel y Zarandona. Este movimiento que no tenía hasta ahora presencia política acapara resultados óptimos en Patiño, El Puntal, El Esparragal, Casillas, La Arboleja, Aljucer y Algezares. Ciudadanos sería la fuerza minoritaria en el Pleno, de calcarse estos resultados en 2015. Su granero está en la ciudad. Su mejor resultado es en Santiago y Zaraiche, con un 9%. En pedanías no saca más del 4%.

El nuevo rector de la UMU reclama a la Comunidad ocho millones adicionales de fondos FEDER para terminar el aulario del Campus de la Salud

MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela, ha reclamado al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, que la partida de los fondos FEDER de la Unión Europea destinada a construir el aulario y los laboratorios del Campus de la Salud junto al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca se eleve de 4 a 12 millones de euros.

   Orihuela ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa tras ser recibido por primera vez por Garre en un encuentro que el rector ha calificado como una "primera toma de contacto" en la que han puesto sobre la mesa los asuntos que tienen que ver con la UMU, consejería por consejería.

   El rector ha dicho seguir apostando por la edificación de un aulario y unos laboratorios de prácticas para el alumnado en el Campus de Ciencias de la Salud. Recuerda que la construcción "quedó paralizada por la crisis" pero ha mostrado su disposición de continuar con el proyecto "de manera inmediata".

   A su juicio, los 4,7 millones de euros que el Gobierno regional ha contemplado de fondos FEDER a tal efecto "es poco" en comparación con lo que cuesta su construcción, por lo que ha transmitido al presidente de la Comunidad su "importante inquietud", porque hay que cerrar ya el proceso de solicitud de los fondos europeos.

   En concreto, Orihuela ha explicado que los fondos FEDER que se tienen que cerrar "en los próximos días", y ha pedido a Garre que se incluyan esos ocho millones adicionales.

   Orihuela aclara que este aulario debe servir para todas las ramas de las ciencias de la Salud, no solo para la Facultad de Medicina, sino también para Enfermería, Fisioterapia o Farmacia, es decir, "todas las especialidades médicas". Su coste, advierte, sería de 12 millones de euros, por lo que "habría que conseguir subir la asignación que se ha hecho".

   En caso de que no se consiga aumentar esa asignación, Orihuela aspira "por lo menos" a que se reconozcan el destino de los cuatro millones a "una primera fase", para tener acceso posteriormente a una fase posterior "con más financiación". En esta primera fase, Orihuela ha señalado que "al menos" serían trasladados los estudios de Medicina, aunque ha vuelto a insistir en que "se deben de trasladar todas las enseñanzas".

   "Los profesores se van a trasladar y van a estar dando clase en un campus y en otro, lo que va a provocar una distorsión que no creo que se haya planificado adecuadamente y nos toca a nosotros resolver este problema", ha indicado el rector.

   Garre ha recogido esta petición y, de hecho, Orihuela ha indicado que se están coordinando las consejerías de Hacienda, Sanidad y Educación, para ver si se puede revertir esa cantidad y si se puede consignar algo más de dinero".

   El rector también ha mantenido este mismo martes una reunión con la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, y con los responsables de auditar el Instituto Murciano de Investigación Biomédicas (IMIB) antes de alcanzar la consideración de instituto. De momento, el Instituto Carlos III tiene que dar su refrendo para que el IMIB pueda canalizar "gran cantidad" de proyectos de investigación de cara al futuro, ha precisado el rector.

   Orihuela ha acudido al encuentro con los auditores de la mano de Lorenzo, con el fin de que vean que, efectivamente, el IMIB es "una apuesta importante, tanto del equipo humano de la Consejería como del Rectorado, porque hemos apostado por ello y lo vamos a defender".

   El rector ha calificado como "positivo" y "muy gratificante" este primer encuentro con Garre desde el punto de vista de lo que "nosotros esperamos que el Gobierno regional pueda aportar al buen funcionamiento de la institución", y ha anunciado que se mantendrán encuentros de manera regular con las diferentes consejerías y con Presidencia para "tratar los diferentes asuntos que tienen que ver con la universidad".

   Garre y Orihuela también han tratado en el encuentro la financiación de la institución docente, y el rector considera que el presidente de la Comunidad "ha tenido una recepción positiva de este tema". Lo que ocurre, ha puntualizado, es que "hay que tomárselas con mucha precaución".

   "No puede ser que lleguen un rector y un presidente y digan que van a hacer un plan plurianual de financiación, sino que tienen que contrastar que es posible y que se puede hacer", según Orihuela. En cualquier caso, ha garantizado que "hay intención de no tener que estar discutiendo todos los años lo mismo".

   Por otro lado, ha estimado que el presidente de la Comunidad coincide con él en que los salarios de los funcionarios públicos "los debe asumir esa subvención nominativa, y debe de dar suficiente para todos". Por tanto, cree que cualquier desviación que haya en este sentido "se va a tratar de resolver".

   Orihuela ha mostrado su deseo de no volver al pasado, cuando "hubo una subvención que no cubría los salarios". Ahora mismo, aclara, después de los ajustes que se han hecho, la subvención "puede cubrir el salario, y si hay alguna desviación en 2014 se va a tratar de atender".

   Respecto a los horarios de los profesores, Orihuela ha recordado que él, como catedrático, tiene que impartir ocho horas de clase a la semana, además de dar seis horas de tutorías y destinar un tercio de su tiempo a la investigación.

   "Si nosotros computamos lo que requiere dar esas ocho horas de clase a la semana para preparar los contenidos, tener la página web preparada para que el alumno encuentre los materiales, eso lo hacen los profesores y lleva tiempo", destaca.

   Ha recordado que la Ley que habla de las horas docentes que hay que impartir a la semana "es la más clara de todas, porque el resto son créditos ECTS, que nadie ha dicho todavía lo que realmente valen, porque son algo más que diez horas de clase solamente".

UPyD califica como "dato muy negativo" que la Región sea una de las CCAA donde se disuelven más sociedades mercantiles

MURCIA.- La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, ha calificado como "dato muy negativo" que la Región de Murcia "sea una de las dos comunidades donde aumenta el número de sociedades mercantiles disueltas con un 9,5 por ciento anual, sólo superada por la Rioja", según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, la portavoz de la formación magenta ha declarado que estos datos regionales "contrastan con los estatales, donde la disolución de sociedades mercantiles se ha contraído un 26,9 por ciento, representando una diferencia demasiado grande como para ser optimista".

   En relación a la creación de sociedades mercantiles, Máximo ha subrayado usando un símil futbolístico que "estamos en posiciones de descenso de categoría, puesto que mientras la media nacional ha disminuido un -5,7 por ciento, en la Región de Murcia caemos a un ritmo de -13,8 por ciento, siendo la tercera peor comunidad, sólo por detrás de Canarias y Aragón".

   Tal y como explica Fuensanta Máximo, "todas estas cifras negativas revelan la incapacidad del Ejecutivo regional para solventar problemas estructurales de la economía de la Región para salir de la crisis económica, lo que contrasta con el optimismo ingenuo expresado por el presidente de la Comunidad, Alberto Garre".

Las sociedades mercantiles disueltas en la Región en abril suben un 9,5%

MURCIA.- La Región de Murcia contabilizó durante el pasado mes de abril la creación de 225 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un 13,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2013.

   Atendiendo a las sociedades disueltas, ascendieron a 23, un 9,5 por ciento más que en abril del año anterior, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Para la constitución de las 225 empresas creadas en abril se suscribieron 13,9 millones de euros. Dos de ellas fueron sociedades anónimas, con un capital suscrito de 6,1 millones de euros, y las 223 restantes fueron limitadas, con un capital suscrito de 7,7 millones de euros.

   En concreto, en abril se disolvieron 23 sociedades mercantiles, 6 voluntarias y 17 por otras vías; esto supone el segundo mayor aumento porcentual por comunidades con respecto al mismo mes del año anterior.

El descenso registrado por la Región fue el tercero mayor por comunidades, con un 13,8 por ciento.

Tribunal de Cuentas detecta "irregularidades" en la contratación pública de las universidades de Murcia y Cartagena

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha detectado "deficiencias e irregularidades" en la gestión de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena en materia de contratación, y, especialmente, ha hecho hincapié en que se han observado "diversas irregularidades" en la adjudicación de contratos públicos de la institución, durante los ejercicios 2010 y 2011.

   El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de la Universidad de Murcia de los años 2010 y 2011 así como el de la Universidad Politécnica de Cartagena.

   A raíz de los informes de fiscalización, aprobados por el Pleno de la Cámara de Cuentas el pasado 28 de noviembre, el Tribunal de Cuentas señala que las justificaciones de la necesidad para el servicio público en materia de contratación se limitan a describir o mencionar las prestaciones constitutivas del objeto o son excesivamente genéricas e imprecisas.

   Asimismo, el Tribunal de Cuentas establece en el informe presentado en la Comisión Mixta que en la mayoría de los contratos de servicios que se han examinado se aprecia "una regulación contradictoria y confusa" sobre la revisión de precios. De igual modo, señala la falta de transparencia de las instituciones ya que en muchos de los contratos no se estableció "la forma o método de valoración ni de asignación de los criterios susceptibles de valoración subjetiva" ni se determinaron con precisión los plazos de ejecución.

   Por otro lado, Álvarez de Miranda ha destacado que el Gobierno de Murcia remitió las cuentas de las universidades de acuerdo con los plazos legales. Eso sí, ha puesto de manifiesto que estas dos universidades no han implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados.

   En concreto, respecto a la Universidad de Murcia, en el informe de la Cámara de Cuentas se advierten problemas de control debido a que el procedimiento de aprobación y rendición de las cuentas de las Entidades dependientes ha sido conjunto con las cuentas anuales de dicha universidad. En este sentido, la Cámara considera "más adecuado" individualizar ambos procedimientos.

   El informe señala que los Presupuestos de ambas universidades han sido aprobados y publicados de acuerdo con la normativa aplicable, aunque no se cumplió con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades al no incluir en el estado de gastos corrientes la relación de puestos de trabajo del personal de las Universidad y sus costes.

   Asimismo, Álvarez de Miranda ha enfatizado el "elevado grado" de modificación de los presupuestos iniciales que consecuentemente alteraron los créditos concedidos inicialmente, lo que, según ha dicho, es "contrario a las prescripciones y exigencias" derivadas de la estabilidad presupuestaria y a la regla del gasto máximo.

   En el caso de la Universidad de Murcia las modificaciones suponían un 27 por ciento en 2010 (lo que provocó un aumento del crédito de 227 millones a un total de 289 millones), y un 36 por ciento en 2011 (lo que alteró el crédito inicial de 211 millones de euros a 288 millones).

   En la Universidad Politécnica de Cartagena, en 2010 se pasó de unos créditos iniciales de 62 millones de euros a unos créditos finales de 89 millones de euros, mientras que en el año 2011 se pasó de 60 millones de euros a la misma cantidad de 89 millones de euros.

   En cuanto a los recursos humanos de que disponen estas dos universidades, se destaca el "incremento" en el periodo 2007 y 2011 de una media del 13 por ciento en la de Murcia, y del 6,2 por ciento en la Politécnica de Cartagena. Este aumento corresponde principalmente al personal docente investigador laboral, según el informe presentado.

   Además, se subraya la reducción de alumnos de nuevo ingreso de un 8 por ciento en la Universidad de Murcia en los últimos cinco cursos, mientras que destaca el "aumento" en la misma proporción de la de Cartagena. Esto sucede, señala el informe, a pesar de que la plazas ofertadas por la Universidad de Murcia para nuevo ingreso presentaban un incremento de 7 por ciento, y en la Politécnica de Cartagena disminuyeron en un 44 por ciento.

   En este sentido, la satisfacción de la oferta en el curso 2011-2012, es decir, el porcentaje de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas, en la Universidad de Murcia supuso un 86 por ciento de media, y en la Universidad de Cartagena un 63 por ciento.

   Respecto a la evolución de los créditos matriculados e impartidos en los último cinco años, en la Universidad de Murcia existe una tendencia creciente. En el caso de la Politécnica de Cartagena la evolución sólo aumenta en el porcentaje de créditos impartidos y no en el de los créditos matriculados, que disminuye un 5 por ciento.

   Asimismo, el número de alumnos graduados ha aumentado en ambas universidades en los últimos cinco años (un 33 por ciento en Murcia y un 41 en Cartagena), según queda recogido en el informe del Tribunal de Cuentas.

   Sobre los costes de personal, el informe indica que no se cumplió con el objetivo de reducir la masa salarial ni con los límites legales establecidos, y además, observa la existencia de "diferencias de tratamiento de los premios de jubilación" en ambas instituciones.

   De igual forma, el informe advierte de que el procedimiento de funcionarización que las universidades han aplicado respecto a hacer posible que el personal docente e investigador laboral pueda solicitar que se le cree una plaza de funcionario, "resulta contrario a los principios de organización y planificación" y al régimen jurídico del funcionariado público.

PP, PSOE e IU-Verdes presentan resoluciones sobre cuentas de la Comunidad de 2010 y 2011

CARTAGENA.- PP, PSOE e IU-Verdes presentarán la próxima semana en la ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto las resoluciones a las que han llegado tras estudiar el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

   El diputado del PP, Domingo Segado, ha explicado que entre esta semana y la que viene "intentaremos ponernos de acuerdo en las resoluciones para que antes de que acabe el mes llevarlas a pleno y aprobarlas". Previsiblemente será en el pleno del 25 de junio cuando se debatan las resoluciones planteadas por los grupos.

   Desde el PP se ha justificado que el consejero de Economía y Hacienda, Francisco Martínez, no comparezca en la comisión para hablar sobre el informe del Tribunal de Cuentas porque "ya está programada una comparecencia suya para el día 23 y ahí los grupos si lo desean pueden preguntarle también sobre este tema".

   Por parte de IU-Verdes, se ha manifestado que "nos damos por satisfechos con que venga el consejero y queremos saber qué compromisos por parte del Gobierno hay y cómo se materializarán en los próximos presupuestos", ha informado el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante.

   Por otro lado, el 'popular' Domingo Segado ha advertido que el informe del Tribunal de Cuentas corresponde a los años 2010 y 2011. "El tribunal de cuentas dice cosas que a día de hoy ya no tienen sentido", ha asegurado. Ha ejemplificado esta afirmación con el tema de la desaladora de Escombreras, "hay un acuerdo extrajudicial con la empresa y tampoco tiene sentido lo que se dice del aeropuerto ni de la insostenibilidad del Servicio Murciano de Salud".

Los directivos de la Región de Murcia muestran perspectivas positivas de contratación para el tercer trimestre

MURCIA.- Los directivos de todas las regiones de España muestran perspectivas positivas de contratación para el tercer trimestre de este año, salvo los del Noroeste, que muestran una perspectiva negativa, y los del Noreste, que no esperan cambios en sus plantillas, según el estudio Manpower 'Proyección de empleo' para el periodo julio-septiembre.

   Los de la región Sur son los que registran las mejores perspectivas, seguidos de los directivos de las zonas Centro, Este y Norte.

   Cabe recordar que el estudio divide a España en seis regiones: Centro (Castilla-la Mancha y Madrid); Este (Comunidad Valenciana y Murcia); Noreste (Baleares y Cataluña); Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia); Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco); y Sur (Andalucía, Canarias y Extremadura).

   La economía española volverá a crear empleo neto en el tercer trimestre del año y logrará encadenar así dos trimestres seguidos en positivo después de casi seis años destruyendo puestos de trabajo.

   La compañía resalta que desde principios de 2008 no se recogían datos "tan alentadores" en lo que se refiere a las expectativas de contratación. En este sentido, las previsiones para el tercer trimestre se mantienen relativamente estables respecto al trimestre anterior y mejoran ocho puntos en relación al año anterior.

   De acuerdo con este estudio, el 14% de los directivos españoles espera aumentar la contratación en el tercer trimestre, frente al 77% que no prevé cambios y el 9% que estima que reducirá personal en sus empresas.

   El director general del grupo Manpower en España, Raúl Grijalba, ha destacado que estos datos evidencian que el mercado laboral español está registrando "un cambio de tendencia" y que la economía española es capaz de crear empleo con un crecimiento del PIB cercano al 1%.

   Los directivos de 37 de los 42 países encuestados por Manpower esperan aumentar su plantilla en diversos grados durante el tercer trimestre. Los directivos de India, Taiwán, Turquía y Singapur son los que anuncian planes de contratación más favorables para el tercer trimestre, mientras que los de Italia, Bélgica, Francia y Países Bajos son los únicos que presentan previsiones de contratación negativas.

   Por sectores, agricultura y caza es el que presenta una mayor previsión de contratación de cara al tercer trimestre del año, seguido de la hostelería y del comercio. Por el contrario, se espera una menor contratación en la minería y las industrias extractivas; en el sector energético y en la construcción, entre otros.

   Por primera vez, desde el inicio del estudio en el tercer trimestre de 2003, esta edición incorpora los resultados de las intenciones de contratación de los directivos españoles según el tamaño de la empresa. Las medianas empresas registran las previsiones de contratación más altas para el tercer trimestre, seguidas de las pequeñas empresas. Las miniempresas (menos de 10 trabajadores) mantendrán estables sus plantillas y las grandes empresas recortarán empleo.

El PSRM plantea que el presupuesto para la Autovía del Noroeste no aparezca en la partida para entidades sin ánimo de lucro

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista planteará en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, que actualmente estudia el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 2010 y 2011, que el presupuesto destinado a pagar la autovía del Noroeste no aparezca en una partida denominada 'financiación para entidades sin ánimo de lucro'.

   Ésta es una de las consideraciones que ya prepara el PSOE para el informe que tendrá que redactar en las próximas semanas dicha comisión. Entre otras destacará que en la contratación administrativa se haga una distinción entre los pliegos de condiciones correspondientes a los objetivos públicos o "plantearse en igualdad con lo que pueden ser las ofertas que hacen las empresas", ha explicado el diputado Alfonso Navarro. A su vez, propondrán que los procedimientos de contratación de personal "se atengan a criterios de objetividad, transparencia e igualdad".

   En este sentido, el PSOE ha advertido de que el informe que elaborarán desde la ponencia "será muy amplio porque hay muchas cuestiones que replantearse". Los socialistas han recordado que en el informe que emitió el tribunal de cuentas aparecen 113 conclusiones y que en el documento que se preparará reflejarán cuestiones como la contratación pública, el control de la Administración y del dinero público, las subvenciones, cuestiones referentes a la transparencia y la garantía de publicidad de los contratos públicos, entre otros.

   Durante la reunión de este martes, el grupo socialista también ha pedido que compareciera el consejero de Economía y Hacienda en la comisión para dar cuenta del informe y de cómo se han subsanado las indicaciones que realizaba el Tribunal de Cuentas en él. Sin embargo, desde el PP han rechazado esta propuesta "porque el consejero va a venir a final de mes a dar cuenta de su departamento, aprovecharemos esa comparecencia para plantearle estas cuestiones", ha afirmado Alfonso Navarro.

   Una vez se consensúe en la comisión unas conclusiones sobre el informe de las cuentas generales de los años 2010 y 2011, este documento se debatirá en pleno.

El PP comienza a hundirse electoralmente en la Región, hasta perder la mayoría absoluta para poder gobernar

MURCIA.- El PP volvería a ganar las elecciones autonómicas en la Región de Murcia si se celebrasen mañana, pero no con mayoría absoluta al perder casi 20 puntos porcentuales sobre su registro de mayo de 2011, pasando del 60 por ciento de los votos obtenidos en esas pasadas elecciones al 40,9 por ciento que obtendría ahora, según el Barómetro de la Región correspondiente a la primavera de 2014 elaborado por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP).

Por su parte, el Partido Socialista de la Región de Murcia vería mermado su rendimiento electoral de 2011, descendiendo en algo más de cuatro puntos porcentuales su votación, al pasar del 24,4 por ciento al 20,1 por ciento de los votos, según dicho barómetro.

Los grandes beneficiados tanto de la caída de la votación popular como del ligero retroceso socialista serían los partidos que están compitiendo en los nichos ideológicos de los grandes partidos; así, Izquierda Unida incrementaría su votación en más de 6 puntos porcentuales, pasando del 8 por ciento a más del 14 por ciento, y Unión Progreso y Democracia entraría en la Asamblea Regional triplicando casi sus apoyos de 2011 y obteniendo cerca del 12 por ciento de los apoyos populares.

Por su parte, "otros" partidos pasarían de sumar el 2,9 por ciento de los votos en las anteriores elecciones autonómicas a representar el 12,7 por ciento del total.

Lo "más significativo" del Barómetro en cuanto a la distribución del voto, según el CEMOP, sería el exponencial crecimiento de fuerzas minoritarias que hasta el momento no habían tenido presencia en la política regional.

El conjunto de estas fuerzas suma casi el 13 por ciento de los votos a candidaturas, casi diez puntos más que en la anterior elección. La cercanía con la elección al Parlamento Europeo donde estas fuerzas sumaron uno de cada cinco apoyos en la Región explica su presencia actual en las preferencias de los ciudadanos de cara al 2015, según las mismas fuentes.

"Todo ello en un contexto de alta desafección que se plasma en un nivel de participación estimado de casi cinco puntos porcentuales más bajo que el de 2011", al pasar del 65,3 por ciento del censo al 60,9 por ciento, añade el CEMOP.

Así se desprende del barómetro del CEMOP, que fue elaborado del 12 al 16 de mayo de 2014 mediante encuesta telefónica en la Región de Murcia a personas de 18 y más años, empadronadas en el ámbito de estudio. En concreto, el tamaño de la muestra fue de 700 personas, repartidas de forma proporcional por estratos de población.

Según la encuesta, uno de cada diez murcianos considera como buena o muy buena la situación política de la Región. En relación con el Barómetro de 2013 se observa un pequeño repunte en las valoraciones positivas y una pequeña caída de las percepciones negativas, aunque siguen siendo éstas las expresadas por más de la mitad de los murcianos.

Cuando se les pide que valoren la situación política actual de la Región, el 10,4% de los entrevistados consideró que es "buena" o "muy buena", casi cinco puntos porcentuales más que en enero de 2013, frente al 52,0% que la considera "mala" o "muy mala" (ocho puntos porcentuales menos que en 2013). Como es lógico, son los votantes del PP, o los que no votaron, los que mejor valoran la situación política, mientras que los votantes de IU y del PSOE son los que la aprecian más negativamente.

No obstante, el CEMOP precisa que sigue existiendo, como sucedía en anteriores Barómetros, bastante contraste entre la valoración de la situación política de la Región y la que realiza el conjunto de los españoles sobre el país.

Y es que los murcianos valoran de forma más positiva el escenario político de la Región que la percepción que tiene el conjunto de los españoles sobre la situación política de España, donde un 79,5% de los entrevistados sostienen que la situación política general de España es "mala" o "muy mala", 27,5 puntos porcentuales más de los que lo hacen en la Región de Murcia y, por el contrario, sólo un 2,3% la consideran como "buena" o "muy buena", ocho puntos porcentuales menos de los que lo hacen a nivel regional.

En la Región de Murcia, son las mujeres, los de entre 25 y 44 años, los universitarios, los que están trabajando o parados y los votantes del PSOE, IU o UPyD los que valoran más negativamente la situación política.

Por otro lado, como hace un año, cuando se trata de valorar la percepción que se tiene sobre la situación política dentro de un año, la mayoría de los murcianos considera que estará "igual", un 15,6% que estará "peor" y sólo uno de cada cuatro consideran que la situación política mejorará dentro de un año. También en este caso, la percepción de los murcianos es mucho más optimista que la del conjunto de los españoles.

Los que perciben la situación política futura con mayor optimismo son los más mayores en edad (65 años y más), los que se sitúan en la escala ideológica más a la derecha, los votantes del PP, los que no tienen estudios pero saben leer y escribir o sólo tienen estudios primarios y los que están jubilados o son pensionistas.

Al valorar la situación económica actual de la Región de Murcia, el 5,4% de los entrevistados señala que ésta es "buena" o "muy buena", frente al 60,3% que la considera "mala" o "muy mala". Ante la misma pregunta en 2013 (Barómetro del CEMOP), el 2,2% de los encuestados consideraba la situación económica de la Región como "buena" o "muy buena", frente al 70,7% que la percibía como "mala" o "muy mala".

Esta evolución implica un descenso en el último año de 10,4 puntos porcentuales en la percepción negativa de los murcianos sobre la situación económica de la Región que, aunque se sigue mayoritariamente percibiendo de forma negativa, viene a significar un menor grado de pesimismo.

En el mismo sentido, si se comparan estos datos con la percepción del conjunto de los españoles sobre la situación económica del país, el CEMOP explica que se observa que el pesimismo en la valoración de la situación económica es mucho mayor en el conjunto de España que entre los ciudadanos de la Región de Murcia, que ofrecen una valoración mucho más positiva.

Así, el saldo de percepción negativa en España es de menos 84,0 puntos porcentuales, ya que un 1,2% calificaba la situación económica como "buena" o "muy buena", frente al 85,2% que la calificaba como "mala" o "muy mala"; mientras que en la Región de Murcia este saldo es de menos 54,9 puntos porcentuales, puesto que el 5,4% califica la situación económica como "buena" o "muy buena", frente al 60,3% que la califica como "mala" o "muy mala".

Por otro lado, y aunque la valoración de los ciudadanos de la Región es similar entre todos los segmentos considerados, los que peor valoran la situación económica son los que están parados, ya que el 2,8% califica la situación económica como "buena" o "muy buena", frente al 76,0% que la califica como "mala" o "muy mala" y los que están trabajando en la actualidad (desempleo potencial), con un 3,0% que califica la situación económica como "buena" o "muy buena", frente al 61,3% que la califica como "mala" o "muy mala".

Según la edad, los que peor valoran la situación económica son los que tienen edades situadas entre los 25 y los 34 años y por nivel de estudios los que tienen estudios universitarios. Según el voto en las últimas elecciones autonómicas de 2011, los que votaron PP son los que, en mayor porcentaje, valoran como "regular", "buena" o "muy buena" la situación económica, mientras que los que votaron otras opciones (PSOE, IU y UPyD) consideran muy mayoritariamente que la situación económica es "mala" o "muy mala".

Alrededor de de 11.000 personas están esperando en la Región las ayudas de la Dependencia

MURCIA.- Un total de 11.338 personas de la Región de Murcia con estatus de personas dependientes reconocido están a la espera de percibir las ayudas o servicios que establece la Ley de la Dependencia, lo que representa un cuarto del total de 38.181 personas que hay en la Comunidad con este derecho adquirido. 

 

Su tiempo de espera llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo legal es de seis meses. Así lo hizo saber Lorenzo Gutiérrez Díez, coordinador del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, un organismo que aglutina a cerca de 800 profesionales, una parte de los cuales están atendiendo a las personas con dependencia en los diferentes ayuntamientos y asociaciones que se encargan de esta materia en la Región.

Gutiérrez explicó que la cifra de personas con dependencia que está a la espera de recibir las ayudas llegó a alcanzar los 14.000 de octubre de 2011 a mayo de 2012, pero ha ido descendiendo en los últimos años. Sin embargo, argumentó que esta bajada no se debe a que se hayan incorporado a los servicios, ya que la cifra de beneficiarios actual es inferior al número de beneficiarios que había en junio de 2011, sino que ha descendido porque los beneficiarios han ido falleciendo o porque están desistiendo dado que se están reduciendo los servicios y prestaciones económicas, así como por falta de recursos suficientes para afrontar los elevados copagos impuestos en los últimos años.

No obstante, destacó que la lista de espera está «prácticamente paralizada» desde julio de 2012. Estas personas llevan esperando uno, dos y hasta tres años desde el momento en el que los técnicos reconocieron su dependencia y, en muchos casos, han tenido incluso la propuesta de resolución hecha, a la espera solo de la firma del director general de la Comunidad y del director gerente, según Gutiérrez. Por tanto, el coordinador del Colegio advirtió que no se trata de un problema de recursos humanos y técnicos que evalúen la dependencia, sino que es un problema que tiene que definir la Comunidad Autónoma.

En concreto, lamentó que la Administración suele esgrimir que existe un «problema económico», y que cumplirá cuando la situación económica mejore. Sin embargo, Gutiérrez recordó que este problema existe en la Región desde el 1 de enero de 2007, cuando la Ley entró en vigor, ya que «no ha existido desde el primer momento una voluntad de poner en marcha las medidas que implica».

Cajamar negocia con Apollo y Cerberus la venta de su gestora inmobiliaria

MADRID.- Cajamar ha preseleccionado a las fondos de inversión Apollo y Cerberus como posibles adquirentes de la gestión de su plataforma inmobiliaria en una operación que podría cerrarse esta semana, dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones.

"Esta semana es posible que se cierre la venta de la plataforma inmobiliaria porque las negociaciones ya están muy avanzadas y la preselección ha recaído de momento en Apollo y en Cerberus", explicó la fuente, que no aportó datos sobre el importe de la venta.
El diario Cinco Días cifra el importe de la venta de la gestión plataforma inmobiliaria de Cajamar en algo más de 200 millones de euros.
Ni Cajamar, ni Apollo, ni Cerberus hicieron comentarios a la información.
La primera cooperativa crédito, que tiene unos activos de unos 42.000 millones de euros, llevaba meses negociando la venta de la gestión de su plataforma inmobiliaria de Cimenta2, que tiene unos activos de aproximadamente 7.000 millones de euros.
En la actualidad, la cabecera bancaria del grupo Cajamar busca captar entre 300 millones y 350 millones de euros de capital dando entrada a inversores extranjeros y compañías de capital riesgo con el objetivo de aprovechar oportunidades de crecimiento y reforzar su balance antes de enfrentarse a las pruebas de estrés en Europa, dijo recientemente su presidente en una entrevista.
La banca española está siendo muy proactiva en el traspaso de sus gestoras inmobiliarias a fondos de inversión extranjeros y subcontrata sus servicios para que les ayuden a gestionar la venta de estos activos en un intento de conseguir capital sin ceder la propiedad de los inmuebles adjudicados.
Además, la banca suele anotarse plusvalías por la ventas de la gestión de este tipo de carteras gracias a las fuertes provisiones o coberturas realizadas para este tipo de negocios.
Entre las entidades que han realizado operaciones similares figuran Santander -- con la venta de su plataforma inmobiliaria Altamira a Apollo --, Banco Popular, Caixabank, Bankia y Catalunya Banc.
El traspaso de estas unidades de negocio se ha acelerado ante la caída de los precios inmobiliarios que, según algunos, permiten vislumbrar que el mercado inmobiliario estaría más cerca de tocar suelo. Desde el pinchazo de la burbuja del ladrillo entre finales de 2007 y principios de 2008, los precios de las viviendas en España han caído en torno al 40 por ciento.
La venta de la gestión del ladrillo permite a las entidades centrarse en su negocio bancario al tiempo que le libera de la pesada digestión del ladrillo que, a la postre, fue la responsable de que España acabara utilizando unos 41.300 millones de euros de una línea de crédito europea de 100.000 millones de euros para sanear el balance de sus entidades.

El puerto de Cartagena conoció en 1614 la expulsión de los últimos moriscos del Reino de Murcia

MURCIA.- El Archivo General de la Región de Murcia inaugura mañana una muestra que conmemora el IV centenario de la expulsión de los moriscos antiguos del Reino de Murcia, los últimos obligados a abandonar España y que se produjo durante el primer semestre de 1614. 

Cartagena fue el puerto por el que fueron expulsados el mayor número de moriscos de toda España y la ciudad fue un auténtico hervidero durante los cinco años que duraron los embarques, de 1610 a 1614.

En el caso de Cartagena, su puerto vio multiplicarse su actividad a lo largo de esos cinco años, con las ventajas (económicas) e inconvenientes (básicamente sanitarios) derivados de este proceso.

Los documentos por su parte nos muestran, además de la situación de Cartagena y su puerto en aquellos momentos, las escrituras de donación de bienes, sobre todo para las hijas que se prometían con cristianos viejos para poder permanecer en su tierra, cartas del rey y otras autoridades relacionadas con la expulsión, medidas adoptadas por los comisarios en la villas de moriscos, etc.

También se señalan los principales hitos y protagonistas del proceso de expulsión, los lugares de destino de los moriscos antiguos del Reino de Murcia y las consecuencias de la medida.

Desde la dirección general de Bienes Culturales y Enseñanzas Artísticas, se indica que, "a través de documentos de la época y de paneles explicativos, la exposición pretende divulgar y hacer reflexionar sobre los aspectos fundamentales de una actuación tan dramática y contundente. Se plantea la, en parte fallida, integración de los moriscos como un largo proceso de pérdida de su identidad cultural y se abordan las razones que llevaron a que fueran finalmente expelidos, al tiempo que se informa del número de moriscos que residían en la Región, y en su enclave fundamental: el Valle de Ricote". 

La ausencia de registros sobre el número de personas expulsadas desde los puertos de Andalucía y Murcia ha complicado el estudio y valoración del destierro morisco y generado diversas hipótesis de trabajo en los últimos años.

Un reciente estudio monográfico de Manuel Lomas Cortes trata de reconstruir el embarque de los moriscos en el puerto de Cartagena y reflexionar sobre la cifra final de expulsados por este enclave a partir de las noticias recogidas por el comisario Diego Hurtado de Mendoza entre 1614 y 1616.

Reseña histórica

La medida más importante del reinado de Felipe III fue la expulsión de los moriscos de España. Los moriscos eran antiguos musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo en el reinado de los Reyes Católicos. A principios del siglo XVII, España contaba con 325.000 moriscos (4%) sobre un total de ocho millones de habitantes de población. En el Reino de Murcia había 15.000 moriscos, de los cuales 13.500 vivían en el Valle de Ricote.

Los representantes del reino de Murcia en las Cortes reivindicaron la permanencia de los moriscos en España, debido a su integración religiosa y social. El monarca hispánico realizó en 1610 una excepción temporal con los moriscos murcianos, "por haberse dicho que estaban muy emparentados y unidos con los cristianos viejos y vivían como tales católicos ejemplarmente".

     Felipe III envió al fraile dominico Juan de Pereda al Reino de Murcia para la elaboración de un informe final sobre la conversión de los moriscos, con la finalidad de decidir su expulsión o permanencia definitiva en España. Juan de Pereda consultó la opinión de informantes independientes y de la Iglesia.

     La Santa Inquisición mostró su apoyo a los moriscos del Reino de Murcia. "No han sido castigados de 40 años a esta parte. No así los moriscos valencianos y granadinos". El obispo de Cartagena, Sancho de Ávila, también declaró su respaldo a los moriscos. "De entre los moriscos se han ordenado de 25 a 30 clérigos; hay mujeres que han realizado el voto de castidad y hay un niño mártir de la fe cristiana en tierra de moros. Ninguno vestía a lo morisco, bebían vino y comían tocino. No hablan arábigo ni lo entienden".

     El informe final de fray Juan de Pereda era partidario de la permanencia de los moriscos en el Reino de Murcia. "Si no están probado por infieles no parece justo la expulsión en gente de quien hay tantos fundamentos para diferenciarlos de granadinos y valencianos. Únicamente los viejos no habían acabado de despegar de las costumbres bárbaras de sus antepasados. A mi parecer hay bastantísimos testimonios para darlos por buenos cristianos y fieles vasallos de Su Majestad".

     Sin embargo, otros informadores acusaban a los moriscos murcianos de falsedad en su conversión al cristianismo y de la práctica a escondidas de la religión islámica. El Consejo de Estado decidió en 1612 el aplazamiento 'sine die' de la resolución sobre la permanencia o expulsión de los moriscos.

  El monarca Felipe III optó definitivamente por la expulsión de los moriscos del Reino de Murcia, excepto los menores de ocho años y los ancianos enfermos, mediante la resolución del 4 de marzo de 1613. "Que sean expelidos todos los moriscos mudéjares, así hombres como mujeres que viven y residen en el Valle de Ricote. He tenido informaciones muy ciertas que estos moriscos proceden en todo con mucho escándalo y para expelerlos hay las mismas causas que hubo para echar a los demás".

Felipe III concedió a los moriscos un plazo de diez días para la cesión temporal o la venta de sus propiedades antes de su expulsión definitiva. Algunos moriscos escaparon de la expulsión al extranjero. "Unos se quedaron camuflados en la sierra y protegidos por señores y convecinos y otros profesando la fe en conventos deprisa y corriendo".

     La monarquía encargó a Bernardino de Velasco, conde de Salazar, la expulsión de los moriscos murcianos. Los tercios se encargaron de garantizar la seguridad durante el traslado de los moriscos del Reino de Murcia al puerto de Cartagena, y la Armada Real transportó a los expulsados hacia el Norte de África, Francia e Italia entre diciembre de 1613 y enero de 1614. Los principales puntos de destino fueron Orán, Génova, Liorna y Nápoles.

     Las consecuencias de la expulsión de los moriscos fueron: la disminución de la población, la falta de mano de obra en el campo y la huerta, los cambios en la titularidad de las propiedades, la eliminación de una posible quinta columna en caso de invasión otomana y la culminación del proceso de unificación religiosa. En el Reino de Murcia, la mayoría de los moriscos regresaron a sus hogares.

"Hay tantos que parece que no se ha hecho la expulsión. Se han vuelto cuantos moriscos de él salieron por la buena voluntad con que los reciben los naturales y los encubren los justicias", afirmó el conde de Salazar.

 El rey Felipe III reaccionó mediante el envío de una orden al conde de Salazar para el apresamiento de los moriscos. La monarquía condenó a los moriscos a galeras o a la esclavitud en las minas, según el relato de Antonio Gómez-Guillamón Buendía.