MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver,
ha celebrado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, haya reculado y echado para atrás el Real Decreto que
pretendía reducir el envío del agua de 38 a 32 hectómetros cúbicos por
mes en el denominado 'tramo 2', lo que hubiera supuesto perder hasta 72
hectómetros cúbicos anuales.
En una rueda de prensa, Claver ha valorado positivamente que se
haya modificado esta reducción, pero ha lamentado que "es muy duro estar
siempre en el alambre, porque en una de esas nos podemos caer". Así, ha
mostrado su esperanza en que esta decisión "cierre de una vez todo el
proceso" y que se consiga un marco de explotación estable del trasvase"
en base a la seguridad jurídica que deriva de la aprobación de la ley y
de estos reales decretos.
Claver admite que el hecho de contar con este marco de explotación
estable no quiere decir que los regantes del trasvase vayan a disponer
siempre de agua, porque es un marco jurídico, pero "no hidráulico, en el
sentido de que no hace llover; agua hay la que hay mientras el Plan
Hidrológico Nacional venga a contemplar una aportación complementaria de
recursos que permita disponer de los 600 hectómetros cúbicos" de
déficit de la cuenca del Segura.
El presidente del Sindicato ha recordado que se planteó
inicialmente una posible modificación en el nivel 2 de 30 hectómetros
cúbicos, lo que suponía disminuir las aportaciones seis hectómetros
cúbicos mensuales con arreglo a los 38 hectómetros cúbicos que
actualmente hay vigentes, y que están contemplados expresamente en la
Ley de impacto ambiental.
Ha criticado que esta decisión suponía perder 72 hectómetros
cúbicos de agua en un año completo de normalidad. Además, ha aseverado
que esta pérdida sería soportada íntegramente por los regadíos, con lo
que la situación "era muy peligrosa para los regantes".
Como consecuencia de los "sucesivos recortes" registrados en el
nivel 2, Claver ha explicado que el recorte podía haber supuesto que las
comunidades de regantes del trasvase dispusieran de un 60 por ciento
menos de su dotación, de acuerdo a lo establecido en la ley original del
trasvase.
Por tanto, suponía "disminuir el trasvase casi a la mitad" como
consecuencia de esa posible modificación de los 38 hectómetros cúbicos".
A su juicio, "no tenía ningún sentido proceder a esa modificación, ya
que la ley solo exige que de forma imperativa se modifique el nivel 3".
Para el nivel 1 y el nivel 2, aclara, se abre "una posibilidad que
en su día se dejó abierta para que no se dejara "petrificado en una
ley", si en el futuro "se consideraba que era conveniente hacer algún
tipo de ajuste", sino que fuera "más factible modificarlo a través de un
Real Decreto".
Sin embargo, Claver critica que "lo que en modo alguno se podía
contemplar es que se realizara una modificación tan trascendente como la
que se pretendía realizar, solo a los tres meses de aprobarse la ley y
cuando no ha sido aplicada nunca por cuento que la primera vez que se va
a aplicar será en la próxima Central de Explotación".
Por tanto, cuando el Sindicato Central de Regantes descubrió esta
intención, puso "toda la carne en el asador" y estuvo tres días
abordando el asunto al máximo nivel en el Ministerio, fundamentalmente
con el secretario de Estado, con la directora general y con el propio
ministro, Miguel Arias Cañete".
De hecho, reconoce que fue el propio ministro el que desbloqueó la
negociación, y finalmente "se han conseguido los 38 hectómetros
cúbicos".
