Ha pasado tiempo desde que se acuñó, por las empresas productoras y distribuidoras de energía, la ya aceptada y manida frase "déficit de tarifa".
Se asumió y sigue utilizándose sin que el ciudadano, consumidor de un
bien necesario e imprescindible, comprenda el verdadero y profundo
significado de una frase que pretende justificar la continua e
inaceptable subida del costo final de la factura de su consumo
eléctrico.
Es
sin duda, el esfuerzo de dar a conocer y no ocultar hechos y errores
que obligan al encarecimiento progresivo de la energía, que
desestabiliza presupuestos en los hogares, y coloca a la producción
empresarial fuera de competencia, en especial con los mercados
exteriores.
Por
eso, se reclama transparencia de una actividad excesivamente controlada
y utilizada, en buena parte, para incorporar en sus facturas conceptos
que nada tienen que ver con la generación y distribución de la energía.
Gran parte de estos conceptos, no incluidos en donde debieran
integrarse, los soportan los consumidores porque su recaudación es más
sencilla y aparentemente encubierta.
Las
empresas eléctricas, con independencia de sus costos de producción y
distribución, se ven obligadas a incorporar también otros componentes,
tales como: la moratoria nuclear, el impuesto de electricidad, las
primas a las renovables, la producción extrapeninsular, las primas a la
producción nacional del carbón y los planes de ahorro y eficiencia
energética; a los que habrá que sumar, desde ahora, las anualidades e
intereses del propio déficit contable, ya que el costo final de tarifa
está controlado por la reciente Ley 24/2013 de Diciembre, del Sector
Eléctrico; es una ley esencialmente económico-financiera, que, como su
propio nombre indica, pretende resolver el llamado "déficit de tarifa"
en lo referente a rendimientos y cobertura de obligaciones de pago de
las compañías eléctricas, sin que se observe que haya acometido las
soluciones de los verdaderos problemas del sector, ni haya aportado
soluciones definitivas inmediatas ni para medio ni para largo plazo. La
incertidumbre permanece, sin que el esquema triangular
Economía-Hacienda-Empresas eléctricas haya minorado el problema, ni los
costos se hayan podido reducir para que sean asumibles y competitivos.
Resulta
sorprendente y, desde luego inaceptable, que la cobertura de los
conceptos mencionados anteriormente, hayan de ser financiados con el
incremento de la factura energética a cargo del consumidor. No debe
olvidarse que son impuestos, subvenciones, aplicaciones a la necesaria
política ambiental, y financiación obligatoria a la investigación y
desarrollo de las energías renovables, que en conjunto, sus importes,
ajenos a la producción eléctrica, constituyen casi el 60% de la
facturación final. Al no recibir las empresas de distribución la
financiación compensatoria de lo recaudado por cuenta del Estado, se ha
llegado a producir el " déficit de tarifa ", cuya estimación se aproxima a 30.000 millones de €, equivalente al 3% del PIB.
Dentro
de los conceptos mencionados anteriormente, ajenos a los costos de
producción y distribución, las subvenciones a las energías renovables
inciden en la factura alrededor del 21%. La UE tomó la decisión de que
la producción energética alcanzase en el año 2.020 el 20% procedente de
las fuentes renovables, porque de esta forma se mejoraría en igual
porcentaje la eficiencia del servicio. España se lanzó a fomentar de
forma masiva las instalaciones fotovoltaicas, dando lugar a que creciera
el coste de las primas de forma desproporcionada, que al ser soportado
por los recibos de la luz, ocasionaron por primera vez "resultados negativos"
en las cuentas de resultados. La factura de los hogares españoles se
elevó desde el 2.008 a 2013 un 46%, sólo superado en un punto porcentual
por Lituania, mientras en Italia solo asciende a un envidiable 3%. La
UE, probablemente convencida de su error, recientemente ha demorado la
consecución de sus objetivos hasta el 2.030.
En
la partida de las subvenciones a la energía solar, técnica aún en vía
de perfección y desarrollo, los resultados han sido deplorables; su
erróneo y prematuro lanzamiento produjo el desajuste más importante
hasta ahora soportado. En España se instalaron más paneles solares en el
2.008 que en el resto del mundo, habiendo caído el precio de los mismos
a niveles ridículos; razón por la cual y ante el inevitable
desequilibrio presupuestario, se haya promulgado la Ley 24/2.013,
ordenando la asunción del mismo por las Compañías Eléctricas, por los
perceptores de primas, y en una parte residual el propio Estado.
Se
da la paradoja de que con la crisis iniciada a finales de 2007, que aún
sufrimos, con la disminución del tejido empresarial industrial y el
control del consumo, la producción de energía eléctrica supera a la
demanda. Sin embargo los precios suben de manera continuada y es lógico
comprender que el ciudadano no entienda el embrollo de la situación.
A
mayor abundamiento, en los años de crecimiento económico y las
incontroladas facilidades financieras, se promovieron y pusieron en
marcha nuevas plantas de "ciclo combinado", hoy prácticamente
paradas. Nuestro potencial eléctrico instalado en España entre todos los
sectores, es de más de 100.000 MW, potencia capaz de satisfacer al
doble de la actual demanda.
Este
es un lamentable error más, consecuencia de la falta de previsión
económica, de la carencia de estudios profundos previos al lanzamiento y
ejecución de unas estructuras faraónicas, que siempre suelen terminar
sin rentabilidad y con un endeudamiento insoportable. Algo similar ha
ocurrido con las desalinizadoras de aguas del mar, pensadas para cubrir
necesidades hídricas con destino a la agricultura y el consumo humano.
No son potables, y arruinan los cultivos al no poderse eliminar ni el
boro ni el sodio. En California y Oriente Medio se eliminan por nocivas;
aquí invertimos en ellas, aumentamos nuestro endeudamiento, pero su
costo final es inasumible, carecen de demanda en el mercado y como
consecuencia, la mayoría se encuentran inactivas.
La solución a este estado de cosas pasa por asumir la verdad. El “déficit de tarifa” es
déficit del sector público y solo el objetivo contable de que éste no
sobrepase un cierto nivel, impide reconocer la realidad y está
presionando sobre la renta disponible de las familias y los costes
empresariales.
(*) Economista y empresario
