MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado
cuatro años de prisión para el exdirector de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad por la comisión de un delito de
apropiación indebida y dos años y seis meses para el expresidente de la
Comisión de Control de la Caja, el murciano Juan Ramón Avilés, al que imputa un
delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
En un escrito de acusación remitido al juez de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, Anticorrupción pide, además, la imposición de una
indemnización de 1.494.029 que deberá abonarse al Banco Sabadell, que
adquirió la Caja por el precio simbólico de un euro.
La
Fiscalía pide que esta cantidad sea aportada de forma solidaria por
López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y
Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, y a los
que acusa de cobrar dietas irregulares de entre 9.000 y 308.000 euros.
El Ministerio Público solicita que se imponga una multa de 90.000 euros
al exdirector.
La CAM ha
solicitado este miércoles, a través del Fondo de Restructuración
Ordenado Bancario (FROB) una pena de seis años para López Abad y de 10
para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 y el
pago una indemnización de cinco millones de euros que quedaría
depositada en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El
escrito de acusación de Anticorrupción especifica que a partir del año
2005, el acusado López Abad, que había sido nombrado director en 2001,
"buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y
posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de cercenar los
límites económicos establecidos por los estatutos de la caja, López Abad
dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora de Inversiones y
Participaciones (TI) y que debía funcionar como Comisión de Control de
todas las empresas participadas por la Caja.
En opinión de la
Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López
Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM
"cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho
conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de
CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que
justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI,
reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores
retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una 'dieta'
de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja
hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800. Un año después
ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos
internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la
anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el
presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés,
40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales
para el resto de los miembros.
En septiembre de 2011 la
Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus
miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de
CAM designados por el FROB.
Anticorrupción destaca en su
escrito que la Comisión se reunió en 16 ocasiones y dice que en todos
estos encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer
algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus
miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones
facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de
las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que
los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y
control de la sociedad".
Según especifica el escrito, Avilés
llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. Él y
otros 21 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi
1,5 millones de euros.
El escrito también recoge la
participación de ambos imputados en una simulación de venta de acciones
de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones
inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a
través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido
ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida de 4,91
millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de
ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos
concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de
Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco
Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de
2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron
refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25
de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas
irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en
condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.
