MURCIA.- El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha afirmado que el Gobierno regional está a la espera de recibir la respuesta de la Comisión Europea sobre el estudio del préstamo participativo solicitado para hacer viable la apertura del aeropuerto de Corvera por parte de la anterior concesionaria, Aeromur. En caso de ser compatible, no le cabe "ninguna duda" de que el aeródromo abriría el 18 de septiembre de 2014.
Campos asegura que esta opción "se puede hacer, sin ninguna duda,
es en lo que estamos trabajando", según ha hecho saber en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comparecido junto
al vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía y
Hacienda, Juan Bernal, y el portavoz de la Administración regional y
consejero de Industria, Empresa e Innovación, José Ballesta.
El préstamo participativo, ha aclarado, "lo concede la Comunidad
Autónoma por tramos, con un interés fijo y variable, que cubre el
déficit de caja, tan solo, en los diez primeros años y que, a partir del
décimo año, nos permitiría la recuperación del importe de esa cantidad
que puede rondar los 170 millones de euros y que sería devuelta entre el
año 2024 y 2051 con una cantidad total de unos 195 millones".
En caso de salir adelante el préstamo participativo, Campos ha
insistido en que la concesionaria podría obtener esos 182 millones para
proceder a la cancelación de la garantía que ha cubierto la Comunidad en
virtud de la exigencia del aval.
A continuación, a través de la ayuda del préstamo participativo,
durante los diez primeros años se podría atender "al déficit de caja o,
en su caso, la puesta en funcionamiento del aeropuerto, que son las
distintas hipótesis que admite la Comisión Europea".
No obstante, en caso de que la Comisión diga que el préstamo
participativo no es compatible, Campos señala que hay otras opciones y
la Comunidad va a estudiar las ayudas al turismo, al empleo y a escuchar
propuestas de la otra parte.
El consejero de Presidencia ha recordado que tanto la Consejería
de Obras Públicas como la concesionaria presentaron recientemente sendos
escritos a la Sala en los mismos términos, pidiendo la suspensión del
procedimiento del que deriva la pieza de medidas cautelares, con el fin
de posibilitar el trabajo conjunto y cerrar el 20 por ciento de los
trámites que quedan para la apertura del aeropuerto.
Al mismo tiempo, recuerda que el 14 de enero, varios miembros del
Gobierno regional mantuvieron una reunión en Bruselas con el comisario
de la Competencia, en cuya virtud se planteó la posibilidad de que el
Gobierno regional solicitara información sobre la compatibilidad de un
préstamo participativo con la legislación europea.
Los responsables del Gobierno regional expusieron al comisario que
el aval había sido ejecutado, que la Comunidad había pagado los 182
millones y que, en todo caso, el préstamo participativo "debía de
conectarse al aval que se había concedido por ley de la Comunidad
autónoma".
Ha señalado que hay dos opciones: que el préstamo participativo se
considere ayuda de Estado o que sí se considere como tal, un supuesto
en el que sería "totalmente compatible" con que Aeromur retome los
trabajos. En este sentido, el Gobierno regional expuso a los
responsables de la Comisión Europea su interés en buscar "una solución
pactada".
El director general de la Competencia trasladó su visión inicial y
solicitó una documentación que actualmente se está preparando y que, en
breve, será remitida por el consejero de Obras Públicas, lo que
permitirá conocer por anticipado la visión de la Comisión Europea sobre
la compatibilidad de ese crédito participativo.
Este préstamo participativo "permitiría que la concesionaria
obtuviera un crédito de 200 millones de euros de otras entidades y
pudiera verificar el pago de 182 millones de euros que, de momento, ha
adelantado la Comunidad en virtud del aval", según ha detallado Campos.
En caso de que el préstamo sea declarado compatible, Campos ha
señalado que se abriría una fase en la que la concesionaria liberaría a
la Comunidad del crédito que ha hecho efectivo en su condición de
avalista. A continuación, el Gobierno regional llevaría al Consejo de
Gobierno la solicitud de autorización para llevar a cabo un acuerdo
transaccional con la concesionaria.
El consejero de Presidencia ha avanzado que la Comunidad tendría
que elaborar entonces el documento de transacción, solicitaría el
informe de los servicios jurídicos de las consejerías competentes y,
finalmente, del Consejo Jurídico, para cerrar el tema "con un acuerdo
del Consejo de Gobierno que, en todo caso, sería llevado a la Sala de lo
contencioso-adminsitrativo y validaría el conjunto de las actuaciones".
Por otro lado, Bernal ha admitido que la Comunidad reclamó este
jueves a la concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, el pago de
los 200 millones de euros que debe a la Administración autonómica
porque "está obligada a hacerlo" por ley, al igual que procede con el
resto de contribuyentes.
En este sentido, Bernal ha señalado que esta reclamación no es "un
obstáculo" para las negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante con
Aeromur. De hecho, ha señalado que la estrategia que ha emprendido el
Gobierno regional "es absolutamente compatible con el hecho de que una
deuda tributaria tiene que ser reclamada", ya que "no existe ninguna
otra posibilidad", y "no puede haber contribuyentes de primera y de
segunda categoría".
Bernal ha asegurado que el Gobierno actuó de forma "coordinada" y
que, de hecho, este mismo jueves por la mañana, varios miembros del
Ejecutivo celebraron una reunión para estudiar la estrategia a seguir.
El vicepresidente ha explicado que la orden se dio este jueves
"ante una petición de Aeromur de suspensión del procedimiento del cobro
de la deuda y que fuera sin garantías". La Consejería de Economía y
Hacienda, una vez estudiada la petición, llegó a la conclusión de que la
normativa "no permite de ninguna forma esta posibilidad".
En concreto, el Gobierno regional accede a la suspensión de la
deuda, pero "condicionada a que se presente una garantía", tal y como
establece la normativa y estatal. Por tanto, ha insistido en que la
decisión tomada por el Ejecutivo "era la única posible" y, por tanto,
"no hubo más remedio que tomarla".
Por otra parte, Campos ha destacado que la providencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
de Murcia "pude ser un auto" si se hubieran proveído, al mismo tiempo,
los escritos de la concesionaria y del director de los servicios
jurídicos de la Comunidad".
Sin embargo, ha aclarado que el consejero de Obras Públicas
trasladó a los servicios jurídicos el contenido de un acuerdo en virtud
del cual se iban a llevar estas negociaciones al director de los
servicios jurídicos y creyó, en consecuencia con la actuación procesal
de la Comunidad, primero aportar esos documentos para que obren en poder
de la Sala y, luego, responder jurídicamente con la posición del
Gobierno".
Ha advertido que, si se sacara un concurso para elegir una nueva
concesionaria, "lo primero que haría la parte demandante sería solicitar
la suspensión y, puesto que los perjuicios serían irreparables, se
acordaría".
