MURCIA.- El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 8
de Murcia, David Castillejos (en la imagen), ha dictado una providencia en virtud de
la cual se suspenden las diligencias previstas para este lunes al objeto
de conocer el estado en el que se encuentra una querella criminal
contra él y el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
La querella, que ha presentado el letrado José Muñoz Clares en representación
del ex jefe de Planeamiento del Consistorio, Joaquín Peñalver, imputado
en esta pieza de presunta corrupción urbanística en el municipio de
Murcia, ha entrado este lunes a la Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
La decisión de suspensión de diligencias del magistrado viene
motivada para estudiar la situación en la que se encuentra esta querella
por si pudiera estar incurso en alguna causa de abstención. De esta
forma, el TSJ deberá ahora dirigirse al fiscal superior de la Comunidad Autónoma,
Manuel López Bernal, para que decida si se abstiene o no de informar de
una querella que va contra uno de sus subordinados.
En el supuesto de que López Bernal se abstenga de informar de la
misma, se tendrá que nombrar a un fiscal jefe de otro tribunal superior
de justicia al objeto de que informe si se debe o no admitir a trámite.
El TSJ de Murcia dictará entonces una resolución sobre si admite o no la
querella.
En concreto, el querellante critica la "nula instrucción" a cargo
del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso y como ejemplo
de ello plantea un paralelismo entre las imputaciones de hechos
contenidas en esta querella y las que sostiene la fiscalía de Madrid en
la causa contra el juez Elpidio José Silva. El motivo de este
paralelismo es para "forzar" al TSJ de Murcia a que "entre a deliberar
en este asunto".
Según la querella, "la
instrucción del atentado de Madrid del 11M de 2004, sus modos
arbitrarios alejados en ocasiones de la más elemental legalidad, ajenos a
la igualdad de partes y amparados básicamente en el secreto de las
actuaciones mantenido contra toda racionalidad, se han reproducido en la
instrucción de la operación Umbra".
Entre los motivos que justifican esta querella, critica que el
secreto de sumario se haya prorrogado cinco años "al margen de toda
racionalidad y contra los intereses del querellante".
Y es que, expone, "fueron voluntariamente ocultados a las partes
para entorpecer aún más su defensa, como ocurrió, por otra parte, con
determinadas fotografías incautadas junto con el ordenador de uno de los
imputados, que fueron ocultadas para filtrarlas a la prensa en un
momento, entre junio y julio de 2013, en que el caso Umbra se había ido
desmontando y amenazaba ruina. Esa ocultación hubiera sido imposible si
el secreto se hubiera alzado a su debido tiempo o, mejor, no se
hubiera".
Entiende el letrado que todo ello obedece a "un plan trazado desde
la opacidad del secreto con la finalidad de eliminar la defensa que
pudiera provenir de los imputados, a los que hasta el momento de
levantar el secreto se oculta documentación destinada a reforzar el peso
de las imputaciones, documentación que de haber sido incorporada a
tiempo habría sido conocida al levantarse parcialmente el secreto en
diversas ocasiones".
Del mismo modo, el querellante entiende que "se han acreditado
violaciones conscientes y sistemáticas de la práctica procesal
legalmente establecida, tanto en lo relativo a la declaración de secreto
como en lo referente a sus sucesivas prórrogas, así como la existencia
de documentos que, al amparo del secreto, se mantenían como durmientes y
han ido apareciendo misteriosamente una vez que el forzado alzamiento
del secreto ha impedido a los querellados seguir actuando a su antojo en
una instrucción dirigida conscientemente a producir la más radical
indefensión de los imputados".
"La instrucción se ha apartado clamorosamente de las reglas de
procedimiento en actitud sostenida y voluntarista dirigida directamente a
impedir el ejercicio de la defensa por parte del querellante Peñalver",
indica.
Interesa la parte querellante que "mientras dure la pendencia de
este procedimiento se aparte cautelarmente a los querellados de la
instrucción del caso Umbra, ello si no procediere un apartamiento más
amplio de las tareas de servir en un Juzgado Instructor en su cualidad
respectiva de magistrado-juez y de fiscal adscrito".
