MURCIA.- Los trabajadores sociales murcianos han remitido a la
Fiscalía un informe técnico del Colegio donde se denuncian "numerosas
ilegalidades cometidas por el Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS)". El objetivo es que "se valore si procede iniciar un
procedimiento de oficio".
Dicho informe ha sido presentado ante el responsable del IMAS,
Fernando Mateo, remitiendo copia y solicitando reunión a la consejera de
Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios. También será remitido,
según informa el Colegio, a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a
la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y al
presidente Ramón Luis Valcárcel.
Asimismo, se está estudiando la posibilidad de remitirlo al
Consejo General del Trabajo Social de España para que "lo ponga en
conocimiento de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato".
La Junta de Gobierno del Colegio ha acordado todas estas
actuaciones ante "la falta de medidas por parte de la Administración
regional a datos como que una de cada tres personas que tienen
reconocido el derecho a los servicios y prestaciones no reciben ningún
tipo de respuesta por parte de la Administración (14.000 personas".
Así como, expone, "el reiterado incumplimiento en los plazos
máximos de resolución, la modificación de la Ley para que en los casos
en que el IMAS incumpla plazos y la persona fallezca no deban de abonar
las prestaciones a las que tenía derecho o la falta de servicios, como
los inexistentes servicios de ayuda a domicilio, del servicio que
facilita el acceso al empleo de las personas en situación de dependencia
(Asistencia Personal) o el de atención temprana a los menores de hasta
seis años, han motivado un riguroso informe que analiza la aplicación de
la Ley que está realizando la Región de Murcia".
En esta línea, los trabajadores ponen de manifiesto que "si ya
estaba tocada la Ley desde el Gobierno de España, los incumplimientos
del Instituto Murciano de Acción Social de la Ley 39/2006 vulneran los
derechos de uno de los colectivos que más difícil tienen hacer valer sus
derechos por sí mismos, las personas en situación de dependencia".
Según el análisis de los datos, mes a mes, ofrecidos por el IMAS
en la web de la Comunidad Autónoma, de febrero a marzo de 2013
"descendió el número de beneficiarios en 674, una velocidad que en poco
más de tres años habría dejado sin atención a todas las personas que
actualmente reciben prestación o servicio".
Sin embargo, "más de 50 dudas son las que se desprenden del
estudio de los datos, sobre las que no se puede concluir taxativamente
sin que sea el propio IMAS el que aporte los datos".
Y es que, lamentan, "se han agotado los esfuerzos de negociación
con la Comunidad, viéndose vulnerados los derechos legales de las
personas más vulnerables".
Del análisis estadístico de los datos disponibles del IMAS desde
diciembre de 2008 hasta el 1 de abril de 2013, se han seleccionado los
dos últimos años por ser los que recogen "los datos activos".
Los datos anteriores "se corresponden a cifras acumuladas sin
discriminar las activas". Igualmente, se han tenido en cuenta los
estudios realizados por la Consejería competente en octubre de 2012 y en
abril de 2011.
Se deduce que "un total de 50.716 personas tienen valorada su
situación de dependencia (Dictamen); las solicitudes se han reducido un
77,5 por ciento en los dos últimos años; y 42.498 personas valoradas
tienen derecho a servicios o prestaciones, de las que sólo 28.606
reciben el servicio o prestación que le corresponde".
De igual modo, "8.218 personas en situación de dependencia no
tienen derecho a servicios o prestaciones; 13.892 personas no reciben el
servicio o prestación que les corresponde por Ley; la implantación de
tasas y las bajas expectativas han reducido casi un 80 por ciento el
número de solicitudes; y las tasas no contemplan excepciones a personas
sin recursos económicos".
"Las solicitudes no se resuelven dentro del plazo legal previsto
por la Ley; y si las valoraciones no se resuelven, las resoluciones de
prestaciones y servicios tardan más aún; además de que el IMAS aplica
los plazos máximos y los excede, en lugar de buscar cumplir la Ley e
incluso agilizar".
En este informe se concluye que el IMAS "ha modificado la Ley para
que en caso de incumplir los plazos, no tenga que pagar atrasos si la
persona fallece, propiciando que se retrasen los plazos por el ahorro
que supone el fallecimiento; de forma que ninguna persona se beneficia
de su derecho legal al Servicio de Ayuda a Domicilio; y cada dos
beneficiarios grandes dependientes, el servicio de Ayuda a Domicilio
crearía al menos un puesto de trabajo directo".
"El número de beneficiarios de teleasistencia ha disminuido desde
enero de 2012 en casi 1.500; el de beneficiarios de la prestación
económica de cuidados en el entorno en más de 2.000 beneficiarios desde
julio de 2012; y la Prestación Económica de Asistencia Personal que
pretende facilitar el acceso a la educación y al empleo cuenta con cero
beneficiarios", subraya.
Continúa exponiendo que "ocho de los diez municipios con mayor
tasa de personas en situación de dependencia tienen menos de 5.000
habitantes; y no existe fraude generalizado en las prestaciones
económicas de cuidados en el entorno familiar, ya que tan sólo un 7 por
ciento requieren de un seguimiento que garantice y facilite un cuidado
adecuado".
Finalmente, deduce que "el 78,5 por ciento de las personas en
situación de dependencia tienen más de 65 años y el 43,5 por ciento 80 y
más años".
Por todo ello, destaca que "la falta de transparencia y de detalle
en los datos obliga a formular más de 50 preguntas al IMAS, en muchos
casos, además se trata de preguntas múltiples; y de febrero a marzo de
2013 perdieron el servicio/prestación 674 personas, de forma que a ese
ritmo en tres años y medio no quedaría ningún usuario con derecho a
prestación".
