La CARM acondiciona los accesos a los baños de lodo del Parque Regional de San Pedro del Pinatar

MURCIA.- La Dirección General de Medio

Ambiente de la Consejería de Presidencia ha llevado a cabo la adecuación y acondicionamiento de los accesos a los espacios destinados a los baños de lodo del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

   Se trata de garantizar la accesibilidad y la seguridad de los visitantes que acceden al estanque salinero en busca del tratamiento de alto valor terapéutico, al tiempo que incrementar la afluencia de ciudadanos a esta afamada charca, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Los trabajos han consistido en la fijación de estructuras de adecuado acceso a las charcas de lodos y en la instalación de un mirador, junto al Molino de Quintín, para proporcionar un espacio destinado a la observación de aves. Además, se ha garantizado la estabilidad de taludes y laderas, el desmantelamiento de estructuras inapropiadas y la eliminación de sogas y elementos punzantes.

   Con estas actuaciones, se fomenta la conservación de los baños de lodo, así como el desarrollo sostenible y la apuesta por un turismo de calidad para la comarca del Mar Menor.

   Y es que, la formación de los lodos del Parque Regional Salinas de San Pedro comienza con el trasvase de agua desde el Mar Menor al Charco Grande (charca salinera), donde bajo unas condiciones determinadas se forman los limos y arcillas, que constituyen los verdaderos artífices de las propiedades atribuidas a los lodos para mantener un buen estado de salud.

   El resultado es un barro con gran valor terapéutico famoso por sus propiedades curativas y embellecedoras, razones que han llevado a la llamada 'charca de los lodos' a ser el punto más visitado del Parque Regional.

   Finalmente, el elevado número de visitantes que recibe este enclave ha hecho necesaria la instalación de plataformas, solarium y rampas de acceso para los visitantes.

La Comunidad Autónoma renueva el convenio con la empresa de transporte para abaratar el traslado a Cartagena de los universitarios

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación ha firmado un nuevo convenio con la empresa de transporte Líneas y Autocares, S.A., concesionaria oficial del transporte regular de viajeros entre Cartagena y Murcia, con la finalidad de mejorar el servicio durante este año. 

   De este modo, el acuerdo supone una reducción del precio del billete para los alumnos universitarios que se desplazan cada día desde Murcia a los campus de la Universidad Politécnica de Cartagena, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Con tal fin, la  Consejería concede una subvención de 36.000 euros a la citada empresa. El director general de Universidades y Política Científica, Eduardo Osuna, explicó que "la Comunidad desea fomentar el uso del transporte público entre los estudiantes de la Politécnica que se desplazan desde Murcia y, para ello, los alumnos podrán adquirir bonos de 20 viajes a un precio reducido de 45 euros, lo que supone un ahorro de un 44 por ciento con respecto al precio del viaje, que es de cuatro euros".

   Este convenio supone, según Osuna, "una apuesta decidida por el transporte público como medio para desplazar a los alumnos desde su lugar de origen a los distintos campus de la Región y la Comunidad extiende esta acción desde hace varios años a los estudiantes que se desplazan regularmente desde Murcia a la Universidad Politécnica de Cartagena". A diario realizan este trayecto alrededor de 400 alumnos.

   Asimismo, el director general señaló que la utilización del transporte colectivo conlleva una optimización de recursos, igualdad de oportunidades, ahorro energético, seguridad en los desplazamientos y la preservación del medio ambiente con la reducción de la contaminación, entre otros beneficios, "a la vez que hace menos gravosa para las economías familiares este gasto complementario y necesario que destinan a la formación de sus hijos".

El PSOE-CLM no encuentra "justificación" al trasvase y dice que "no sabe a qué juega Cospedal con el agua"

GUADALAJARA.- El PSOE de Castilla-La Mancha no encuentra "justificación" al nuevo trasvase de un máximo de 228 hectómetros cúbicos de agua autorizado este viernes y asegura "no saber a qué juega" la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "con el tema del agua".

   Así ha reaccionado el secretario general del PSOE de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, en declaraciones los medios en Sacedón durante una reunión con alcaldes del municipio, después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya autorizado 228 hectómetros para los meses comprendidos entre mayo y octubre.

   "Menos mal que Cospedal ha dicho esta mañana que podíamos estar tranquilos con el trasvase, cuando a mediodía nos han aprobado un trasvase de 228 hectómetros", ha condenado.

   Así, ha criticado que los embalses del Segura estén a más del 70 por ciento de su capacidad y "aún así tengan que llevar desde el Tajo toda la acumulación de las lluvias de estos días a la cabecera de este río".

   En este sentido, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado que Cospedal "no debería consentir" que se firme el Memorándum de Entendimiento del Tajo-Segura entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el Ministerio Agricultura y "menos declaraciones del Levante", en referencia a las manifestaciones del Gobierno de Valencia que asegura que Castilla-La Mancha no firmará este documento "porque no tiene competencia".

   "Hay gente que se piensa que la cabecera del Tajo es un afluente del Segura. Las aguas tienen que volver a su cauce que es el del Tajo, hay que trabajar mucho para que se de marcha atrás y para que no se firme el memorándum. Puede ser la hipoteca perpetua y definitiva para el río", ha advertido.

Su crisis, nuestro exilio / Javier Sánchez Serna

Dice un chiste -que viene circulando estos días por la Red- que en España, una vez acabada la carrera, tienes tres salidas: por tierra, mar y aire. Y es que la emigración ha dejado de ser un recuerdo pretérito de padres y abuelos, para convertirse en una realidad cada vez más presente en nuestras vidas: bien por la marcha de un familiar o amigo, o porque nosotros mismos nos la planteamos como opción. 

Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero, casi 400.000 españoles han emigrado en busca de trabajo desde el inicio de la crisis. Se trata, en su mayoría, de jóvenes con estudios superiores que eligen como destino Europa y Latinoamérica.

Aunque algunos pretendan justificar estas cifras invocando al 'espíritu aventurero' de la juventud, lo cierto es que la generación mejor preparada de la historia de este país se va porque no le queda otra, porque no tiene la posibilidad de progresar aquí.

Hasta ahora, la nueva emigración ha crecido silenciosamente en forma de ilusiones rotas, despedidas en el aeropuerto y familias separadas. Pero, al igual que ha sucedido con otras manifestaciones de esta crisis, tales como los desahucios y los recortes sociales, quizá vaya siendo hora de visibilizar el problema y, sobre todo, de 'desnaturalizarlo'. Porque el exilio laboral no es una mera decisión personal, sino una salida casi obligada para cada vez más jóvenes que no pueden encontrar un empleo digno. Y, más importante aún, porque este exilio es resultado de unas determinadas políticas que están arruinando el país y robándonos el futuro.

En un contexto marcado por un 57% de paro juvenil y una tasa de temporalidad del 61%, las sucesivas reformas laborales no han hecho más que empeorar nuestra situación. Desde agosto de 2010 -como es sabido-, es posible encadenar contratos temporales consecutivamente. Y desde el pasado 19 de noviembre --día en que entró en vigor el 'contrato' de aprendiz- los menores de 25 años pueden trabajar a jornada completa por 423 euros. Además, el abaratamiento del despido, el fortalecimiento del poder empresarial y el chantaje del paro, nos obliga a aceptar condiciones de trabajo claramente abusivas y sueldos de subsistencia (y a veces ni eso). 

Por otra parte, las políticas de austeridad, auspiciadas por la Troika comunitaria y aplicadas a pies juntillas por los sucesivos Gobiernos, están deteriorando gravemente nuestro sistema educativo y sanitario, empeorando no sólo nuestras condiciones de vida, sino también las expectativas laborales de los jóvenes investigadores, médicos y profesores. Lo que, dicho sea de paso, supone un evidente desperdicio de la inversión educativa realizada en los miles de profesionales que ahora se ven obligados a emigrar, así como un 'golpe de suerte' para terceros países, como reconocía hace unas semanas la ministra alemana de Trabajo.

El problema, sin embargo, no se acaba con la decisión de abandonar el país, porque esta Europa de la austeridad no es precisamente un paraíso de los derechos laborales. La precariedad se da de igual forma en Alemania, Inglaterra o Bélgica, que en España. Algunos analistas nos advierten, incluso, de que se está aprovechando la llegada masiva de mano de obra del sur y el este de Europa para bajar los salarios en los países receptores. 

Deberíamos desmitificar, por tanto, algunos aspectos de la nueva emigración. Todos tenemos amigos y conocidos que se han marchado, y que nos cuentan que las condiciones de trabajo no son siempre las mejores. Generalmente, estos jóvenes emigrantes se encuentran con jornadas laborales maratonianas y sueldos muy bajos, que tampoco les permiten construir un proyecto de vida digno. Además, llegar a un país con un idioma diferente, buscar un trabajo, dejar atrás a la pareja o los amigos, no es nada fácil y no responde a un 'espíritu de aventura'.

Pero el drama derivado del exilio no sólo atañe al individuo empujado a irse fuera, sino que también afecta a las familias y al conjunto del país. Sin duda, resulta injusto que el gran esfuerzo hecho por las familias para que estudiemos y tengamos un trabajo digno, se tire, de la noche a la mañana, a la basura. Y resulta injusto que la sociedad tenga que perder a sus jóvenes trabajadores, médicos, científicos o profesores, mientras se le obliga a salvar a los banqueros y hacerse cargo de su deuda privada.

Paro, precariedad y exilio aparecen, pues, como las tres únicas opciones de toda una generación. No era eso, sin embargo, lo que nos prometieron, ni para lo que estudiamos, ni para lo que la sociedad y nuestras familias nos prepararon. Y es, precisamente, esa distancia entre las expectativas generales de futuro (trabajo, bienestar, derechos) y un presente sin oportunidades, la que explica fenómenos como el 15-M y, en general, las movilizaciones de la juventud por todo el Mediterráneo, desde Túnez a Atenas.

Un régimen político y económico que no puede responder a las más esenciales demandas de su población (dación en pago, paralización de los recortes, creación de empleo), y que nos empuja al exilio, es un régimen crecientemente agotado. Así, puestos a irnos nosotros, tal vez haya llegado el momento de echarlos a ellos. Quizá no estemos condenados a ser la 'generación perdida', quizá todavía podamos ser la generación que reconquistó su futuro y recuperó su país.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/04/06/crisis-exilio/462039.html

Profesor de la UMU, Fernando Jiménez: «El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos»

OVIEDO.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es actualmente profesor titular de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Murcia (anteriormente, durante diez años, fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela). Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro del Instituto «Juan March» de Estudios e Investigaciones y evaluador del denominado Programa GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Invitado por la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, pronunció, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una conferencia titulada «¿Por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?». Lo entrevistó el diario asturiano 'La Nueva España'.

-La actualidad manda. ¿Con la imputación judicial de la Infanta Cristina en el «caso Nóos» podemos entender que España vive en un estado generalizado de corrupción?

-Sería una exageración afirmar que vivimos en un estado generalizado de corrupción, aunque es verdad que hay determinados sectores donde la corrupción ha sido muy alta. Fundamentalmente destacaría tres grandes sectores: la contratación pública, aunque para el volumen de contratación pública la cantidad de casos sospechosos no es tampoco tan alta, pero es uno de los campos más problemáticos. Un segundo sector ha sido el urbanismo, aunque ahora ya no al no existir actividad urbanística, pero en los años del «boom» inmobiliario ha sido tremendo y la mayor parte de los casos en el ámbito local. Y el tercer sector más problemático es el de la financiación de los partidos. Comparado con otros países la situación española tampoco es desesperada ni mucho menos, aquí no hace falta pagarle a un funcionario para obtener un pasaporte o a un médico para que te atienda en un hospital... Un tipo de corrupción que es frecuente y no hace falta pensar en África o en América Latina, incluso en países de la Europa del Este como Rumanía o Bulgaria. Aquí estamos lejos de una situación como esa. Tenemos una corrupción que es más de élites, más política que administrativa, pero sí es verdad que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es galopante al tratarse de casos muy llamativos y que afectan a personajes que tienen una popularidad muy grande, como la Infanta Cristina.

-¿No podemos hablar de que la corrupción es el sistema?

-Podemos decir que hay problemas serios más o menos localizados; sobre todo en corrupción política más que en administrativa.

-¿Cómo se puede entender, entonces, que políticos condenados por corrupción o por acoso sexual vuelvan a ser elegidos en una elecciones?

-Es verdad que sucede y hemos tenidos muchos casos, uno de los más destacados fue Jesús Gil, quien encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la propia cultura política de los españoles, es decir, o con las percepciones o las expectativas que se tienen de como funciona el sistema político. Las sospechas de las españoles sobre el funcionamiento del sistema político son enormes, la gente recela muchísimo y piensa que la corrupción está muy generalizada, y por tanto es muy fácil descontar la información negativa de la corrupción, o sea, cuando la corrupción afecta a tu candidato favorito hay muchas maneras de descontar esa información pensando que, en realidad, todos son iguales y por tanto sigo votando a quien está más cercano a mí. Esta es la parte problemática, de manera que ya imputada la Infanta Cristina lo que suceda, lo mismo que lo que suceda con el resto de los imputados ilustres, es muy importante.

-¿En qué sentido?

-Podemos contribuir a que estos recelos sigan creciendo o por primera vez empecemos a frenarlos. Si realmente la justicia trata con total indepencencia e imparcialidad el caso de la Infanta Cristina o quien sea, se contribuirá a frenar los recelos de los ciudadanos.

-Los dos grandes partidos políticos, que son las columnas sobre las que se sustenta el sistema nacido en la Transición, tienen encima, cada uno, formidables casos de corrupción. ¿Hay ya la percepción de final de ciclo, por qué fracasan tan a menudo las políticas anticorrupción?

-Es la gran pregunta. Los partidos, especialmente los dos grandes, pero, en general, los tradicionales del sistema democrático español, todos están salpicados por grandes casos de corrupción y su reacción hasta el momento ha sido, en gran medida, mirar hacia otro lado y dejar que los casos se pudran y poner los mínimos cortafuegos. No se han tomado suficientemente en serio poner en marcha medidas que hagan que lo que llevó a que surgieran ese tipo de casos no pueda volver a suceder. Los partidos tradicionales han basado la construcción de un apoyo social en un intercambio de tipo clientelar, es decir, en España se distribuyó empleo público, contratos con la Administración, etcétera a cambio de apoyo tanto financiero como en votos al partido, y esto hace mucho daño. A los partidos les cuesta muchísimo salir de ahí.

-Pero desde la Transición no sólo los partidos han estado jugando así, también los grandes sindicatos y las organizaciones patronales se financian del Estado, como en una especie de democracia orgánica...

-Es más o menos lo que sucede en otros países, lo que pasa es que en otros el tema es la rendición de cuentas que ofrecen este tipo de actores. Es sintomático que nosotros no tengamos todavía una ley de transparencia y somos el único país grande en toda la Unión Europea que sigue sin ella. Luego, el proyecto de ley que presentó el Gobierno tenía muchísimos defectos, es muy tímido ese proyecto. Pero este tipo de cosas sí que están cambiando. La ciudadanía española ya expresó con el movimiento del 15-M su rechazo y dio un puñetazo encima de la mesa para decir que está harta de jugar con estas reglas y que quiere unas administraciones públicas y unos partidos transparentes y que no quieren seguir jugando con este clientelismo de los últimos treinta años. El reto es si los partidos van a coger el toro de la corrupción por los cuernos, y deberían hacerlo si no quieren contribuir a que la brecha entre los ciudadanos y los políticos siga creciendo.

-¿Qué opina de los «escraches»?

-Tiene una parte negativa, en el sentido de meter a las familias por medio; es una presión social que recuerda a épocas pasadas que no merece mucho la pena recordar. Ahora, de momento, simplemente recordar a los políticos que están sufriendo la presión debido a que hay muchos ciudadanos que están sufriendo una presión que es muy injusta por la persecución para que paguen sus hipotecas, es comprensible.

-¿Desde el punto de vista sociológico es una válvula de escape a la presión de la olla social?

-Sí, por supuesto, es una protesta comprensible. Con la crisis y con la acumulación de escándalos la gente llega a un punto de indignación que ya le da igual y lo que quiere es salir a la calle y decirles a los políticos que reaccionen.

-¿Perseguir policialmente las protestas puede conducir a una violencia más soterrada?

-Creo que no puede prohibirse así. Sin violencia de por medio, es decir, si queda simplemente en señalar al político afectado, la policía no puede pararlo, no se está cometiendo ningún delito, salvo que se dé un paso hacia lo que iba la «kale borroka» o la persecución de los judios en la Alemania nazi. Si vamos a una violencia mayor, evidentemente que la policía no puede permitirlo y el propio movimiento perderá apoyos.

-Desde el análisis de la ciencia política, ¿España camina hacia el modelo italiano?

-No creo que estemos tan cercanos al punto italiano. Hay que ver un poco como han llegado los italianos a la situación presente. La situación española actual se parece más a la de 1994 en Italia, a la de todo el rescoldo del movimiento «Manos limpias». El problema de Italia es que después de «Manos limpias» se produjo una revolución enorme en el sistema político, pero se hizo muy en falso: desaparecieron los partidos tradicionales, se cambió el sistema electoral de manera radical, hubo muchísimas reformas institucionales importantes, muchas de ellas de lucha contra la corrupción que, en realidad, no tuvieron los efectos que la gente pretendía. Tuvieron los efectos que los políticos quisieron que tuvieran esas reformas...

-¿Otra vez Lampedusa y el cambiarlo todo para que nada cambie?

-Exactamente. Una de las reformas más interesantes fue lo que ocurrió con el sistema de financiación de los partidos. Hubo un movimiento ciudadano que pidió en un referéndum que se eliminara la financiación pública de la actividad ordinaria de los partidos, que sólo quedara la compensación por las campañas electorales. El referéndum lo ganaron sus convocantes, pero lo que ocurrió fue que los políticos pasaron olímpicamente y construyeron un sistema de compensación de gastos electorales que no miraba en absoluto el gasto electoral y directamente se decretaron una serie de fondos públicos en función de cada tipo de elección y a partir de la representación que cada partido obtenía en las elecciones se repartían ese fondo. La conclusión fue que los partidos italianos están obteniendo ahora más dinero público que antes sumando la financiación ordinaria y la electoral. Es decir, defraudaron por completo a los ciudadanos. La conclusión italiana es que hubo ya una reacción en contra de lo que hacían los políticos muy fuerte, se introdujeron reformas institucionales, pero fallidas y controladas por los partidos. El resultado es la ingobernabilidad del país y la aparición de fuerzas que están en otra onda por completo.

-Insisto, ¿vamos en ese camino?

-Si fallamos ante la petición tan sólida de la ciudadanía española de que hay que renunciar al clientelismo, tener una Administración mucho más profesionalizada y más transparente, tener una Administración de justicia que sea mucho más rápida y eficiente y restaurar la confianza que han perdido los ciudadanos en el sistema político, entonces iremos a la italiana, efectivamente, en el plazo de unos años, cuando veamos que seguimos por el camino de Lampedusa. Ahora mismo tenemos el reto de no acabar como los italianos. Veremos si los partidos han aprendido la lección y toman las medidas oportunas.

El Gobierno regional descarta reprobar a su vicepresidente por no publicar su renta y bienes

MURCIA.- El portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, ha descartado que el Gobierno regional vaya a reprobar a su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, por negarse a publicar su declaración de bienes, renta y retribuciones en la página web de la Asamblea Regional, tal y como estaba estipulado en el acuerdo alcanzado por la Mesa del parlamento autonómico y ratificado por la Junta de Portavoces.

   "No en absoluto", ha respondido Ballesta al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno si el Ejecutivo tenía intención de reprobar al vicepresidente por su decisión.

   Cabe recordar que Bernal es el único de los 45 diputado regionales que no ha hecho pública la declaración de declaraciones de bienes, rentas y retribuciones, tal y como estaba acordado para "contribuir a incrementar la transparencia y fiabilidad respecto de las actuaciones de los diputados".

   Esta decisión ha sido criticada por los grupos parlamentarios de PSOE e IU-Verdes, e incluso el PP consideró que Bernal debería haber publicado su declaración al igual que los otros 44 diputados regionales del parlamento. Ballesta ya consideró en su momento que es la Asamblea Regional la que debe decidir cuál es el mecanismo a seguir ante la negativa de Bernal.

   Al ser preguntado por la posibilidad de que los miembros del Gobierno regional sigan el ejemplo de los parlamentarios regionales y publiquen sus declaraciones, Ballesta ha contestado que se trata de una decisión "colegiada" que, en cualquier caso, no ha sido abordada en la reunión del Consejo de Gobierno.

   De todas formas, ha anunciado que si esta decisión fuera adoptada por el Ejecutivo autonómico, se comunicaría "convenientemente".

El PSOE pide en la Asamblea que la publicación de la declaración patrimonial se haga extensiva a altos cargos y directivos

CARTAGENA.- El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide que el Gobierno regional haga pública la declaración de bienes e intereses de los altos cargos de la Comunidad Autónoma.

   De este modo, explica que la Ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto Regional de la Actividad Política, indica que deben hacer pública su declaración el presidente del Gobierno Regional, el vicepresidente y los Consejeros, los secretarios y directores generales, miembros del Gabinete del presidente y la Vicepresidencia, directores de los Gabinetes Técnicos, presidentes, directores y asimilados de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas Regionales y los directores de los Entes Públicos.

   Por otro lado, insta a la Mesa de la Cámara a que, a tenor del artículo 15 de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad Política, se proceda a publicar la declaración de patrimonio de todos los diputados regionales, incluido Juan Bernal, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Asimismo, reclama a la Comisión Parlamentaria del Estatuto de Autonomía que haga públicas las declaraciones iniciales y complementarias formuladas por los altos cargos de la Comunidad Autónoma, que debe tener recepcionadas en cumplimiento del artículo 17 de la ley 5/1994 de 1 de agosto del Estatuto de la Actividad Política.

   Navarro indica que dicha medida se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y en casi todos los parlamentos autónomos. En 1994 se aprobó la ley 5/1994 de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política.

   Esta ley desarrolló en su exposición de motivos varias consideraciones con las que el Grupo Parlamentario Socialista está plenamente de acuerdo y que adquieren hoy su máxima actualidad y vigencia.

   Así, los diputados de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista van a pedir el acceso a la declaración de bienes del diputado Juan Bernal, acogiéndose a la regulación legal de acceso al registro público de diputados que establece la ley.

   Navarro aludió al preámbulo de la Ley de la Actividad Política de 1994, en el que se recoge que. "Ni las instituciones ni los políticos han de ocultar nada a la opinión pública, no sólo de su gestión estrictamente pública, sino también de aquellos aspectos de su vida privada que de alguna manera pudieran relacionarse con el deber general de lealtad a los intereses de la sociedad".

   "El Grupo Parlamentario Socialista hace suya esta máxima y, por tanto, considera necesario el conocimiento de los bienes e intereses del sector público regional: diputados regionales, gobierno regional y altos cargos y asimilados de la Administración regional, por motivos de confianza entre los electores y elegidos y basándose en una permanente atención y cuidado de la transparencia", concluye.

La ministra de Fomento recurrirá a la ley si detecta responsabilidades en el rescate de autopistas

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que aplicará el ordenamiento jurídico si entiende que se deben pedir responsabilidades respecto a la situación de riesgo de quiebra que actualmente presentan una decena de autopistas de peaje.

   "Me he encontrado un Ministerio con problemas gravísimos y cuando entienda que hay responsabilidades, aplicaremos el ordenamiento jurídico", declaró la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Pastor recordó que, de hecho, así lo ha hecho en el caso de un contrato de compra trenes por parte de la extinta Feve que, según la ministra, no tenían vías por las que circular. Según reiteró, en este caso ha solicitado al Consejo de Estado que determine si la contratación es lesiva para el Estado, y actualmente están a la espera de la respuesta.

   En cuanto a las autopistas, Pastor insistió en que actualmente trabaja con el sector para solventar la situación de las vías de peaje y garantizar el sistema concesional español con "una solución de futuro y no un parche".

   En concreto, Fomento ultima la constitución de una sociedad pública y dependiente de su Departamento que se quede con las vías en riesgo de quiebra y su deuda, que suma unos 3.500 millones de euros.

   En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que apoyó el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación presentado por su Departamento, Pastor recordó que la situación de las autopistas es fruto de la caída de los tráficos y del sobrecoste de las expropiaciones.

   Según detalló, el volumen de tráfico de estas vías se ha reducido en un 25% y las expropiaciones de los terrenos se han casi triplicado respecto a los importes inicialmente estimados.

    De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros, seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.

La CHS facilita a los regantes la captación excepcional de agua para rebajar los caudales de la cuenca del Segura

MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está facilitando a los usuarios de la cuenca del Segura (regantes y abastecimiento) que lo soliciten el aprovechamiento de los caudales extraordinarios circulantes por el río e infraestructuras de la cuenca, ajustándose a las condiciones que en cada caso establezca la Comisaría de Aguas de la CHS.

   De  tal forma, la Confederación mantiene el actual régimen de desembalses desde la cabecera de la cuenca a la vista de la previsión de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

   El seguimiento de las precipitaciones y su efecto sobre los embalses y caudales en el río se realiza en tiempo real desde el Centro de Control del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la CHS.

   En estos momentos el caudal conjunto que están aliviando los embalses del Cenajo y de Camarillas (cabecera del río Segura y Mundo, respectivamente) es de unos 100 m3/s. Este caudal a su paso por Murcia es de unos 50 m3/s y en Orihuela en torno a 30 m3/s.

   En concreto, el pantano de la Fuensanta cuenta con 210 hectómetros cúbicos almacenados, por lo que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad total; mientras que el pantano del Cenajo cuenta con 395 hectómetros cúbicos de los 437 hm3 que permite almacenar, por lo que se encuentra al 90 por ciento de su capacidad total.

   En el río Mundo, el pantano del Talave cuenta con 30 hectómetros cúbicos de 35 de capacidad, por lo que se encuentra al 89 por ciento; y el pantano de Camarillas dispone de 32 hm3 de los 36 hm3 que tiene de capacidad (89 por ciento).

Los regantes piden suprimir las empresas públicas en la gestión de obras hidráulicas por encarecer los costes

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regante (FENACORE), Andrés del Campo, ha propuesto que se supriman las empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras hidráulicas ejecutadas "bajo el paraguas" de los planes hidrológicos de cuenca y del último Plan Nacional de Regadíos (Horizonte 2008), porque, en su opinión, encarecen "innecesariamente" los costes de gestión del agua a los usuarios.

   Durante su participación en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre sostenibilidad económica, Del Campo ha manifestado que "una vez cumplido" el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon "carece de sentido perpetuarse en el tiempo", sobre todo cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.

   Por ello, FENACORE recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas "las únicas" que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, "evitando así duplicidades competenciales".

   En general, Del Campo considera que en muchos casos estas empresas públicas se escudan en la explotación de las obras en las que se han intervenido para actuar ahora como compañías de servicios y gestión de estas infraestructuras hidráulicas, financiándose a través de un incremento de los cánones que deben soportar los propios usuarios.

   Concretamente, ha puesto de ejemplo los embalses de Breña y Arenoso, de los que ha dicho que "si fueran gestionados, como correspondería, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lugar de por la empresa Acusur/Acuaes, evitaría a los regantes un sobrecoste anual de alrededor de 1,5 millones de euros".

   "Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones", ha insistido el presidente de los regantes.

   En este contexto, Del Campo ha mostrado también su preocupación por el "mal ejemplo" de Portugal, que plantea traspasar la gestión de los regantes y otros usuarios que se abastecen de Alqueva, la mayor presa de Europa, a una empresa pública. A su juicio, esto supondría no solo encarecer innecesariamente los costes de explotación de los agricultores y, por tanto, reducir su competitividad, sino desautorizar a las comunidades de regantes que llevan en este país más de 60 años auto-regulándose y auto-gestionando eficazmente los recursos hídricos.

   Finalmente, ha dicho que confía en que Portugal recapacite y no tome una "decisión en falso que pueda ir a contracorriente", ya que la iniciativa supone un "claro paso atrás" al adoptar la tendencia contraria a lo que se está siguiendo en Europa y a nivel mundial, de corresponsabilidad entre administraciones y usuarios en la gestión de los recursos y que se inspira en el modelo de comunidades de regantes para alcanzar una mejor administración del agua de riego.

La Comisión de Explotación del Tajo-Segura autoriza un trasvase de 228 hectómetros cúbicos para los próximos seis meses

TOLEDO.-   La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado este viernes un nuevo trasvase de 228 hectómetros cúbicos para los próximos seis meses, según han informado fuentes de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

   De esta cantidad, 146 serán para regadío y 82 hectómetros contribuirán a cubrir las necesidades de abastecimiento. En estos últimos 82 se incluye un hectómetro para las pruebas del inicio de la tubería de la Llanura manchega, "obra muy importante para Castilla-La Mancha".

   Según estas mismas fuentes, lo aprobado cumple "perfectamente" los criterios de explotación del trasvase y han detallado que se ha decidido aprobar esta derivación al semestre debido a la buena situación hídrica actual, algo que también contempla la norma.
 
Cospedal: el memorándum "no debe preocupar a nadie"

  La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la firma del Memorándum de Entendimiento del Tajo-Segura entre la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no debe preocupar a nadie" porque se trata de la realización de estudios sobre el río y lo que debe de ser su aprovechamiento.
   Cospedal, que ha hecho estas declaraciones en Talavera de la Reina, ha añadido que a ella lo que le preocuparía es que el borrador del Plan de la Cuenca del Tajo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no apareciera Talavera y no apareciera la reserva mínima estratégica de 400 hectómetros cúbicos en cabecera para Castilla-La Mancha, que "casi duplica la que había antes".
   "En 30 años nadie hizo aquí nada para garantizar en la región el agua, aunque se insultó mucho, se hizo bastante política, demagogia, campañas electorales, pero nada se hizo, aunque ahora hemos hablado menos y hemos trabajado más con este resultado", ha sentenciado.
   Asimismo, ha dejado claro que el Plan de Cuenca "tiene la vocación de tener un rango que está por encima de cualquier otra cosa", si bien se incluirá dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que llevará a cabo el Gobierno de España, para garantizar el agua en el país y por primera vez en Castilla-La Mancha.
   Finalmente, Cospedal ha lamentado que cuando se conoció el borrador hubiera "algunas voces" que lo calificaron de "algo histórico" y luego lo criticaran por el hecho de que sea un logro de un Gobierno del PP, por eso le gustaría que otros partidos que no están gobernando se den cuenta de la importancia del agua para los usos agrícolas e industriales para el desarrollo de la región.

El Colegio de Geólogos insiste en la importancia de aplicar una geología preventiva para evitar inundaciones

MADRID.- El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) recuerda, ante la oleada de inundaciones que está afectando a todo el país, que existen mecanismos de prevención y de reducción de los daños ocasionados por este fenómeno, por lo que sugiere adecuar la ordenación del territorio a los mapas de riesgo de inundaciones. 

   Esto implica no construir sobre zonas con riesgo de inundación en función del periodo de retorno de las zonas inundables próximas a los ríos, pues "si un mapa de riesgos de inundación establece que un territorio se inunda cada cinco años, implica que no puede ser ubicada una urbanización", ha declarado el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Suárez.

   Por ello, la segunda acción es, según el Colegio, aplicar la ley. Y es que desde 2008, en que se promulgó la Ley del Suelo, existe la obligatoriedad de realizar un mapa de riesgos naturales como paso previo a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), así lo reconoce el artículo 15 del Texto Refundido de dicha Ley, que establece que "el informe de sostenibilidad ambiental previo a la ordenación del territorio deberá incluir obligatoriamente un mapa de riesgos naturales".

   En consecuencia, los ciudadanos afectados, amparándose en la ley vigente, pueden exigir a las administraciones responsabilidades penales y civiles.

   Para construcciones y viviendas asentadas sobre zonas inundables la única opción es adoptar una política de seguros que responda al riesgo real, añade el Colegio en comunicado.

   Por último, para casos anteriores a la Ley del Suelo señala que "no queda más remedio que invertir grandes cantidades económicas en estructuras de control de inundaciones", como pueden ser las presas de laminación de avenidas o las canalizaciones.

   En todo caso, aunque estas medidas estén disponibles para todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Geólogos hace hincapié en que la mejor solución es la prevención, por lo que instan a los poderes públicos a su responsabilidad para cumplir escrupulosamente con la ley y evitar daños personales y las pérdidas económicas producidas por las inundaciones.

El Ministerio de Agricultura explica a COAG que la tramitación de la planificación ambiental de la Comunidad de Murcia es "correcta"

MURCIA.- El presidente de COAG Murcia, Miguel Padilla, ha insistido en pedir a la Comunidad Autónoma una tramitación "más lógica y razonable" del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natural 2000, y que se ejecute un único plan de gestión en vez de los 14 propuestos, aunque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha confirmado que la forma de proceder del Gobierno murciano es "correcta".

  Padilla defiende que una cosa es que un trámite sea "correcto" y otra que haya otros proyectos "igual de correctos pero más razonables". Por ello, considera que se puede aprobar otra planificación "también correcta" pero menos perjudicial.

   Padilla ha considerado que es "más lógico" desarrollar un único plan de gestión ambiental para toda la Comunidad Autónoma, en vez de 14, lo que "ahorraría trámites, tiempo y problemas, ya que llegaríamos a un consenso seguro". El objetivo es, afirma, evitar que se produzca un "exceso de protección", todo ello, cumpliendo con la normativa europea.

   Padilla ha confirmado que COAG ha mantenido dos reuniones en Madrid con técnicos de la Subdirección General de Medio Ambiente del Ministerio, con el objetivo de conocer la actuación de otras comunidades en materia de planificación ambiental.

   Y es que los agricultores señalan que otras comunidades pluriprovinciales "están llevando a cabo un sólo plan de gestión", mientras que la Región de Murcia, uniprovincial, "pretende llevar a cabo 14 planes diferentes por zonas".

   El Ministerio de Agricultura ha transmitido a los agricultores que la tramitación que está llevando a cabo la Comunidad de Murcia es "correcta", pero Padilla insiste en que se puede hacer otra tramitación "igual de correcta y más razonable".

   Padilla recuerda que el primer borrador presentado por la Consejería de Presidencia cuenta "con 1.200 páginas", y la plataforma formada por CROEM, la Cámara de Comercio de Murcia, Fecoam, COAG y la Federación de Asociaciones de Propietarios en Espacios Naturales de Murcia ya presentó más de 5.000 alegaciones.

   Este viernes, la plataforma de empresarios, agricultores y propietarios han vuelto a presentar 6.327 nuevas alegaciones, incluyendo cuestiones que han ido "aprendiendo" a lo largo de este tiempo, porque la documentación es "muy farragosa y complicada".

   De todas formas, los integrantes de la plataforma no saben todavía si estas alegaciones han sido aceptadas o no, y desconocen el contenido del segundo borrador resultante, a pesar de que el documento será sometido la semana que viene por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

   Por todo ello, COAG pide conocer ese segundo borrador, y que haya "un plan de gestión, en vez de 14". Asimismo, solicitan que la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Región quede aplazada hasta que las partes conozcan el contenido del documento.

   En los últimos días, COAG ha realizado numerosas asambleas por todo el Noroeste de la Región con el fin de informar a los agricultores y ganaderos de las posibles consecuencias del plan, y decidir la forma de actuar.

El Gobierno murciano atenderá más del 90% de las alegaciones presentadas a la planificación ambiental del Noroeste

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, ha explicado que el consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha anunciado que se van a "atender más del 90 por ciento" de las alegaciones presentadas al Plan de Gestión ambiental del Noroeste.

   Ballesta ha explicado que el compromiso del presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y de todo el Ejecutivo es "atender el máximo número de alegaciones que han sido presentadas, incluso, algunas fuera de los plazos establecidos, y no hay ningún conveniente en analizarlas y estudiarlas".

   El portavoz ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por las 6.327 nuevas alegaciones presentadas al plan por CROEM, la Cámara de Comercio de Murcia, Fecoam, COAG y la Federación de Asociaciones de Propietarios en Espacios Naturales de Murcia, que se suman a las más de 5.000 que ya fueron presentadas por estas organizaciones hace semanas.

   Ballesta ha explicado que el plan se va a llevar a cabo "con el consenso y el acuerdo de todos los elementos que participan en este proceso". En todo caso, ha señalado que el objetivo es que "se alcance el máximo acuerdo entre todas las partes".

El Gobierno autónomo autoriza investigar la existencia de hidrocarburos en el noroeste de la Región

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, ha otorgado permiso a la empresa 'Oil and Gas Capital, S.L' para investigar la posible existencia de hidrocarburos en los términos municipales de Cehegín, Calasparra y Moratalla por un período de seis años.

   Como paso previo a la concesión de esta autorización, la Dirección General de Medio Ambiente, dependiente de la Consejería de Presidencia, concluyó que, en lo que compete a su departamento, no había inconveniente alguno para el otorgamiento del mencionado permiso.

   Tras el estudio del expediente, el Ejecutivo regional considera que la empresa solicitante posee la capacidad legal, técnica y financiera necesaria para la realización del programa de trabajos de investigación de hidrocarburos propuesto.

Convocatoria por el cambio de la Región de Murcia, la democracia real y los bienes comunes

Convocatoria por el Cambio es un Manifiesto promovido por personas que están comprometidas en la lucha por la democracia real y los bienes comunes. Nuestro propósito es realizar una convocatoria para constituir una alternativa política capaz de desalojar al Partido Popular y las políticas neoliberales del Gobierno de la Región de Murcia. No somos una organización política, ni pretendemos serlo. Nuestro propósito es ayudar a crear las condiciones para que las organizaciones sociales y políticas que comparten las reivindicaciones de la ciudadanía, puedan confluir en un proyecto político común. Pensamos que la democracia participativa y la defensa de los bienes comunes deben ser las señas de identidad de este nuevo proyecto. Próximamente, convocaremos una jornada de reflexión pública sobre esta iniciativa, para la que esperamos contar con la asistencia de todas las personas que apoyen nuestro Manifiesto.

¿COMO PUEDO PARTICIPAR?

La mañana del sábado 11 de mayo realizaremos en el Centro Social de Las Balsas de Molina de Segura una jornada abierta a la ciudadanía para debatir nuevas propuestas en torno a los objetivos del Manifiesto. Puedes colaborar asistiendo a esta jornada, subscribiendo el Manifiesto, o sumándote a nuestros espacios de discusión en la red. También puedes participar en los foros locales y temáticos que convocaremos antes del 11 de mayo. Puedes encontrar toda la información de estos eventos en nuestra página de facebook y nuestra página web.

¿QUÉ SON LOS FOROS LOCALES Y TEMÁTICOS?

Los foros locales y temáticos son un espacio de discusión y propuestas en torno a los objetivos del Manifiesto que serán convocados antes de la jornada del 11 de mayo. Las condiciones y normas para su celebración son las siguientes: [1] El objetivo de los foros es debatir sobre la situación social y política de la Región de Murcia y realizar propuestas en la línea de los objetivos que plantea el Manifiesto. [2] La dinámica de los foros debe ser horizontal y participativa. No se trata de un congreso, ni de una conferencia. [3] En este sentido, el debate se dividirá en dos puntos: “análisis” y “propuestas”. [4] Al principio de la reunión, se elegirá a dos personas, para que actúen como moderador/a (presenta y dinamiza la reunión) y facilitador/a (toma los turnos de palabra y controla el tiempo de intervenciones). Al final de la reunión, se elegirá a un relator/a para trasladar las conclusiones del debate a la Jornada del 11 de mayo (no se trata de un/a representante, sino de una persona que relatará las conclusiones y propuestas). [5] La participación en los foros y las jornadas es a título personal, no en representación de organizaciones y colectivos.

MANIFIESTO

La privatización de los bienes comunes El Gobierno del Partido Popular, a la deriva La Región de Murcia se encuentra en una situación sin precedentes. Durante casi veinte años, una pequeña pero poderosa oligarquía ha conseguido imponerse al resto de la sociedad mediante una estrategia desarrollista basada en la depredación del territorio, la especulación económica, la explotación laboral y una dominación política clientelar que ha sumido a la región en el mayor ciclo de corrupción política de su historia democrática.  Ahora, cuando la fiebre del oro ha pasado, estas quimeras económicas y políticas sólo han dejado tras de sí deudas, pobreza y corrupción. El tejido productivo ha sido gravemente desmantelado. Las posibilidades para desarrollar un nuevo modelo económico están ahora cubiertas de hormigón. El malestar contra la baja calidad de nuestro sistema democrático es colosal. El futuro de la región nunca ha sido más oscuro. Con una tasa de paro en torno al 30%, con salarios y pensiones entre los más bajos del país, un tercio de la población en riesgo de pobreza y exclusión,  uno de los promedios de desahucios más altos, y la mayor desigualdad social interna, la Región de Murcia está sufriendo un amargo despertar. Hoy, el proyecto político del Partido Popular no sólo está agotado, sino que amenaza con condenar a la Región a una situación estructural de atraso, pobreza, frustración y  desigualdad.  Además, en su caída al vacío quiere arrastrar a la mayoría social a través de una salvaje estrategia de recortes sociales. La sanidad, la educación, la cultura, las políticas sociales, los servicios públicos, son las víctimas propiciatorias de un Gobierno a la deriva.

La alternativa política de la ciudadanía La Región de Murcia en la encrucijada El apoyo decidido que la ciudadanía ha prestado a las reivindicaciones del 15-M y la movilización social de amplios sectores son un síntoma claro de que las expectativas del Partido Popular han quedado reducidas a cenizas. Sin embargo, este afloramiento de la conciencia cívica es aún frágil e incipiente, y corre el riesgo de ser conducido o bien hacia la desafección política, o bien hacia propuestas políticas populistas y reaccionarias.  Ambas alternativas son las que convienen al reducido grupo de especuladores que detentan la verdadera responsabilidad de lo ocurrido. La nueva consigna del PP es apuntar hacia otro lado. Los causantes de la crisis no son los bancos, ni los promotores sin escrúpulos que inflaron la burbuja inmobiliaria, ni los políticos  incompetentes y corruptos que han gobernado la Región durante todos estos años: son los funcionarios que parasitan la hacienda pública, los inmigrantes, que nos roban los puestos de trabajo, y la sociedad en su conjunto, que ha vivido por encima de sus posibilidades. Que este discurso vaya a instalarse o no en la conciencia de la ciudadanía, es algo que depende de muchos factores. Pero sin duda el más importante guarda relación con la capacidad de la propia ciudadanía para organizar una alternativa política.

El cambio es posible La sociedad busca una alternativa Como un gigante con los pies de barro, el inmenso poder político -la última burbuja de este periodo ominoso- del Partido Popular está a un paso de ser derribado.  Lo único que le separa del desastre es un clima de opinión que se muestra escéptico con la posibilidad de realizar un cambio verdadero. Se trata de una secuela del sistema bipartidista que durante tres décadas ha reducido la agenda política a la alternancia entre dos grandes partidos sistémicos.  Sin embargo, el desprestigio ha calado tan hondo en ellos que ya ni siquiera la inercia social puede impedir su caída libre en las encuestas. La sociedad ha retirado su apoyo al bipartidismo y a los partidos que han apoyado la política neoliberal de recortes sociales. Hay una política alternativa a la de los recortes y el reduccionismo autoritario de la democracia, pero necesita de su cristalización política en un nuevo sujeto político. Otras experiencias (en América latina, en Islandia, en Grecia) nos indican que esto es posible.

Convocatoria por el cambio La apertura de un nuevo horizonte político Por esta razón, la construcción de esta alternativa es una prioridad que no puede permitirse excusas ni demoras, y que debería suscitar, en todas las organizaciones y redes de la indignación, un apoyo decidido y un compromiso claro en este paso necesario para la recuperación de nuestro futuro. Es el momento de decir las cosas claras. Si no desalojamos democráticamente del poder al Partido Popular, ninguna manifestación, ningún encierro, ninguna huelga, será suficiente para el cambio que la Región necesita. La resistencia debe materializarse en una alternativa política con capacidad para gobernar, y que el nuevo gobierno se caracterice por una democratización radical de las instituciones que garantice, a través de procesos de participación popular, que nunca más puedan ser gobernadas a espaldas de la ciudadanía y pueda desarrollar políticas contrarias a los intereses de la mayoría. La apertura de un nuevo horizonte político requiere lucidez, compromiso y amplitud de miras. Esto implica muchas cosas. Pero quizás la más importante en este momento sea la disposición para sumar voluntades en torno a un proyecto común. No podemos permitirnos reproducir las viejas maneras. La lucha por cuotas de poder, la endogamia, la estrechez de miras son un lastre para el futuro. Lo que debemos construir es un espacio político para la convergencia sin jerarquías, abierto a la integración de personas, colectivos sociales y organizaciones políticas, y definido por un programa de mínimos y una estrategia de toma de decisiones y asignación de responsabilidades a través de procedimientos asamblearios y democrático-participativos. Llamamos a la ciudadanía a la constitución sin demora en la región de esta convergencia social y política amplia y alternativa. No permitamos que nadie nos arrebate esta esperanza.

La recuperación del futuro Por la democracia real y los bienes comunes La indignación debe dar paso a la rebeldía y a la construcción de una alternativa política. Ser rebelde es la capacidad de poner en juego esta indignación para producir cambios reales, y eso requiere de la movilización social pero también de instrumentos políticos. Hoy,  la estaca a la que las personas estamos atados colectivamente es una Escuela de Mandarines que tenemos que dejar atrás. Si queremos derribar esta estaca, es necesario que colaboremos para empujar. La política no es el problema. El problema es haber dejado la política en manos de los banqueros y de políticos corruptos. Están utilizando las instituciones públicas para expropiar a la ciudadanía de los bienes comunes y degradar la vida pública hasta extremos insoportables.  Estas instituciones no son su propiedad. Pertenecen a la ciudadanía, y por tanto, es la ciudadanía la que debe reapropiarse de lo público para ponerlo al servicio de la comunidad. La democracia no es una palabra vacía. Es este movimiento de la gente común para derribar la tiranía de los mercados y de las oligarquías antidemocráticas, y reapropiarse así de su futuro. Se puede. Sí, se puede.

¡Apoya la Convocatoria!

Puedes apoyar la convocatoria y firmar nuestro manifiesto, pinchando aquí. Si quieres apoyar la convocatoria, pero no quieres que tu apoyo sea público, puedes hacerlo pinchando aquí. Si deseas aparecer entre los firmantes del Manifiesto, debes indicarnos tu nombre, apellidos, y la información que consideres apropiado añadir a tu firma. Para cualquier otro comentario o aportación, también puedes dirigirte a nuestro correo electrónico: convocatoriaporelcambiomurcia@gmail.com, o visitar nuestro espacio de facebook o nuestra página web. ¡Muchas gracias!

La ministra Ana Pastor trabaja para evitar una eventual quiebra de las autopistas

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que con la eventual sociedad pública que su Departamento baraja para asumir las autopistas en problemas se busca evitar que estas vías quiebren y su deuda compute en el déficit.

   "El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit", detalló Pastor.

   "Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y una salida razonable para todos", añadió la ministra en declaraciones a la Cadena Ser.

   Así, la titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra y su correspondiente deuda, un total de unos 3.500 millones de euros.

   "Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas (al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa", aseguró la ministra, que reconoció que las dos líneas de ayudas que se habían articulado para las vías, los créditos participativos y las cuentas de compensación, constituyen "un parche para hoy, pero no la solución al problema".

   Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones. "Algunos tribunales decidieron que un metro cuadrado de esos terrenos valía lo mismo que un metro cuadrado en la Gran Vía", apuntó al respecto.

   De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros, seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de tres radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas

   Por contra, la ministra Fomento rechazó que el Gobierno sopese imponer peaje en las autovías actualmente libres de pago directo para el usuario. "Tenemos un sector de transporte, con muchos pequeños transportistas, en una situación que, en caso de imponer ese servicio (peaje), les llevaría a cerrar la empresa", argumentó.

Voluntarios de ANSE comienzan a trabajar en Isla Grosa

CARTAGENA.- Durante casi dos meses, varios voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) trabajarán permanentemente en Isla Grosa al objeto de estudiar el fenómeno de la migración de las aves en el Mar Mediterráneo.

   Desde el pasado 26 de marzo tres investigadores de ANSE se encuentran en la isla realizando una campaña de anillamiento científico de pequeñas aves paseriformes a su paso por la isla, y está previsto que permanezcan allí hasta mediados de mayo.

   Las aves que se capturan son en su mayoría pequeñas aves migradoras que viajan desde sus cuarteles de invernada en África hasta sus lugares de cría en Europa. A todas las aves capturadas se les aplicará una anilla metálica con remite del Ministerio de Medio Ambiente antes de volver a ser liberadas.

   Por su situación geográfica, Isla Grosa posee un gran potencial para estudiar el fenómeno migratorio. Su situación estratégica en las proximidades de Cabo de Palos hace que lleguen numerosas aves que abandonan África desde un amplio sector de la costa argelina y marroquí.

   Las pequeñas aves paseriformes, después de cruzar el desierto se enfrentan a otra gran barrera geográfica que es el Mar Mediterráneo, según informa ANSE.

   Para superarla deberán volar largas distancias sobre el mar de cientos de kilómetros y es entonces cuando las islas adquieren un papel fundamental como lugar de parada, siendo probablemente los mejores sitios donde estudiar el fenómeno migratorio.

   ANSE lleva estudiando la migración en esta isla desde 2007, siendo esta la sexta campaña que se realiza en primavera, quinta de forma consecutiva. En las campañas anteriores se han capturado un total de 10.573 aves de 68 especies distintas.

   Se han recuperado aves anilladas en lugares tan lejanos como Bélgica, Suecia, Reino Unido, Noruega y hasta de Rusia mientras que otras anilladas en Isla Grosa han sido recuperadas sitios como en Alemania, Escocia o Suecia.

   Los resultados son incluidos dentro del 'Proyecto Piccole Isole' de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, en el que participan numerosas estaciones de anillamiento de diversos países ribereños y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.

   Isla Grosa tiene además un gran valor por sus colonias de aves marinas reproductoras. La presencia de miembros en ANSE contribuye a que se conserven estas poblaciones evitando las posibles molestias humanas que podría causar la llegada incontrolada de embarcaciones a la isla. La Isla Grosa está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y cuenta con un Plan de Gestión aprobado en el otoño de 2010, aunque apenas ha sido desarrollado.

   Los trabajos en Isla Grosa se realizan por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria, y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, así como de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Murcia es la sexta ciudad de España con más atascos

MADRID.-   Murcia es la sexta ciudad que registró unos mayores niveles de congestión de tráfico durante el pasado ejercicio en España, sólo por detrás de Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Las Palmas y Sevilla, según un informe elaborado por el proveedor de productos y servicios de navegación y localización TomTom.

   Este documento pone de manifiesto que Barcelona repite como la ciudad más congestionada de España y se sitúa en el puesto 42 de la clasificación europea. El ránking mundial de la ciudad con más tráfico en 2012 estuvo encabezado por Moscú.

   Por detrás de Barcelona como ciudades más congestionadas de España se situaron Palma de Mallorca (15,8%), Madrid (14,1%), Las Palmas (13,5%), Sevilla (12,6%), Murcia (11,5%), así como Valencia (11,4%), Bilbao (10,4%), Málaga (9,9%) y Zaragoza (9,2%).

   Los trayectos en Barcelona son un 19,2% más largos en comparación con los momentos en los que la circulación fluye libremente. Los días de mayores retenciones son los jueves a primera hora de la mañana y los viernes por la tarde, con retrasos de 25 minutos por hora de media.

   De esta forma, un conductor que realiza trayectos de unos 30 minutos para llegar a su puesto de trabajo cada día en la capital catalana pudo acumular durante el pasado año hasta 67 horas de atascos.

   En cuanto a las ciudades con más atascos del mundo, el ránking de 2012 estuvo liderado por Moscú, con un 66%, por delante de Estambul (55%), Varsovia (42%), Marsella (40%), Palermo (39%). Por detrás se situaron Los Ángeles (33%), Sydney (33%), Stuttgart (33%), París (33%) y Roma (33%).

   Ante estos resultados, el director general de TomTom España, Ángel Sevillano, afirmó que este informe ofrece una visión precisa de las ciudades más congestionadas del mundo. "Este conocimiento detallado de toda la red de carreteras ayuda a empresas y gobiernos a tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar y evitar la congestión de tráfico", añadió.

AIDMUR quiere participar en la negociación del acuerdo de interinos y las movilizaciones

MURCIA.- La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha anunciado su intención de estar presente en la negociación del nuevo acuerdo de interinos, y pretende coordinarse con todas las organizaciones sindicales para emprender nuevas movilizaciones y llevarlas "hasta el punto que sea necesario", tras el encierro que protagonizaron la semana pasada en la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

   Así lo ha hecho saber en rueda de prensa el presidente de AIDMUR, Ángel Luis Hernández, acompañado por el vicepresidente de esta organización, Raúl Alguacil, tras reunirse con el coordinador regional de IU-Verdes en la Región, José Antonio Pujante, y con la portavoz de la Presidencia de esta formación política, Esther Herguedas.

   En este sentido, Pujante ha anunciado que va a pedir la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, para que explique su pretensión de no prorrogar el acuerdo de interinos y desarrolle las "líneas maestras" de lo que piensa hacer.

   A ser posible, Pujante quiere que Sotoca explique su propuesta "antes de que se cierre el acuerdo" con el fin de que exista "algún margen de maniobra o la posibilidad de introducir alguna reconsideración sobre las posiciones más duras que se han podido escuchar hasta ahora".

   Hernández ha explicado que AIDMUR está en contacto con los sindicatos, que son los que "están cualificados y los que deben negociar y firmar los acuerdos con la Administración". De hecho, la Asociación pretende estar presente en los encuentros si algún sindicato se lo permite, "por lo menos, para escuchar las valoraciones de la Consejería".

   El presidente de AIDMUR ha expresado su preocupación por la "falta de diálogo" por parte de la Consejería. Al respecto, recuerda que el consejero se comprometió en 2012 a reunirse con los interinos si pensaba modificar sus condiciones de trabajo.

   Aunque los interinos le han solicitado esa reunión "en reiteradas ocasiones", Sotoca "ni ha respondido". De hecho, recuerda que prefirió mandar la semana pasada a 40 policías nacionales para que sacaran de la Consejería a los interinos que estaban allí encerrados, "antes que hablar con ellos".

   En este sentido, Hernández recuerda que el acuerdo de interinos "ha permitido la estabilidad laboral de los docentes desde hace muchos años en la Región, y ha sido valorado positivamente por el propio Gobierno regional durante los últimos ocho años".

   Sin embargo, ahora que han "despedido" a 2.200 docentes, "no les es válido", lamenta Hernández, quien atribuye esta decisión a una "estrategia política para dividir a parte del colectivo al que ellos han atacado brutalmente".

   El presidente de AIDMUR asevera que, al "atacar a los docentes", la Consejería "ataca a la calidad de la Educación", ya que son los profesores "quienes imparten la docencia en las aulas, son profesorado al que la Comunidad ha pagado su formación".

   Ahora, la Consejería "no sólo quiere darle la vuelta a todo, sino que los minusvaloran y los desprecian", cuando es un colectivo que "ha salvado durante muchos años la Educación, llegando a constituir el 20 por ciento del total de la plantilla de la Región".

   Hasta ahora, recuerda que la lista de interinos funcionaba "como cualquier empresa", ya que el docente presentaba su currículum, que era "una buena nota de oposición", y a medida que la Comunidad empezaba a necesitarle "empezaba a trabajar, obteniendo mejor puesto y retribuciones".

   El problema, a su juicio, lo ha producido la Consejería "con la no cobertura de las sustituciones, con el despido masivo del profesorado, y con lo que quieren implantar con la posibilidad de jubilarse a los 60 años", lo que "obliga a que 2.700 docentes se queden en la calle e imposibilita la entrada a nuevos profesores".

   Hernández achaca a esta situación que la Consejería se niegue a prolongar el acuerdo de interinos. No obstante, dice no saber a qué órdenes obedece esta decisión, o si "simplemente es un criterio de la arbitrariedad".

En el encuentro, el coordinador de la formación de izquierdas ha podido constatar el "deterioro" de la educación pública, que tiene "una repercusión negativa en la prestación del servicio, en las familias y alumnos y en el conjunto de la sociedad, que ve de esta manera disminuida su capacidad productiva y de aprendizaje".

   En este sentido, Pujante se ha mostrado preocupado por los "recortes" en la calidad del sistema educativo como, por ejemplo, la ampliación de los horarios de trabajo a los docentes o el hecho de que las bajas por enfermedad o licencia por matrimonio de los docentes no sea cubierta hasta que pasan 15 o 20 días.

   En concreto, Pujante se ha mostrado preocupado por la pretensión del Gobierno regional de no prorrogar el acuerdo de interinos, que era valorado positivamente por la Consejería hasta este mismo año, y que "sigue siendo valorado positivamente por el conjunto de los sindicatos, sin excepción".

   En consecuencia, IU-Verdes no entiende el "cambio de posición" de la Consejería, que achaca "a la aplicación de medidas como el incremento de la jornada lectiva del profesorado, la eliminación de la reducción de horario lectivo al profesorado de más de 55 años, y que ha supuesto la pérdida de unos 1.200 profesores en Primaria y Secundaria".

   Teniendo en cuenta la "no amortización de las plazas por jubilación", Pujante calcula que la reducción global de la plantilla docente en Primaria y Secundaria se elevaría a "2.700 profesores en toda la Región de Murcia", lo que supone que el resto del profesorado "asuma una carga significativa de carga lectiva y de incremento de alumnos".

   Todo esto se traduce "inevitablemente", a su juicio, en un "perjuicio en la calidad de la propia enseñanza, al margen de las condiciones laborales, que también se ven inevitablemente afectadas".

   Por el contrario, Pujante lamenta que el Gobierno regional mantiene las subvenciones a los colegios privados y, particularmente, los colegios Nelva y Monteagudo, que "siguen recibiendo generosas subvenciones tanto en 2011 como en 2012".

   En su opinión, el Gobierno regional "debe de cambiar de manera inmediata y cambiar "la posición inflexible y de cerrazón que tiene respecto al Acuerdo de interinos, para sentarse a negociar, no sólo con los sindicatos que son los interlocutores, sino también con los afectados y representantes legítimos, como AIDMUR".

   Pujante ha reafirmado "la importancia que tiene considerar la antigüedad y la experiencia en la Educación como un elemento fundamental" porque, por encima de cualquier cosa, se trata de algo que "se tiene en cuenta en todas las actividades humanas y no es algo a lo que se pueda renunciar".

   Por otra parte, Hernández ha confirmado que la Policía identificó a todos los interinos que estaban encerrados la semana pasada, y desconoce si la Consejería va a emprender acciones legales. En cualquier caso, confirma que hubo una orden de desalojo del Juzgado de Instrucción nº 9.

   "Nos parece vergonzoso que al director general de Recursos Humanos, que estaba en la quinta planta de la Consejería, le resulte más fácil llamar al juzgado y mandar a 40 antidisturbios, para que vayan diciendo a los interinos uno por uno que salieran, en vez de reunirse con los representantes de la Asociación", añade.