viernes, 15 de marzo de 2013

IU-Verdes cree que "ya es hora" de que el alcalde Cámara deje de apoyar al presidente de la Junta de Hacendados

MURCIA.-   La portavoz de IU-Verdes-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha manifestado este viernes que "ya es hora" de que el alcalde, Miguel Ángel Cámara, deje de prestar su apoyo al presidente de la Junta de Hacendados y "haga valer su condición y el papel que en esta institución juega el regidor municipal para propiciar un cambio en el órgano".

   Según Herguedas, "el Ayuntamiento de Murcia no puede permanecer impasible ante la decadencia de una institución tradicional que ostenta el título de Patrimonio de la Unesco y ante la opacidad de su gestión y las dudas sobre su doble contabilidad".
   La edil ha señalado que el consistorio "no puede mirar hacia otro lado ante el abandono, cuando no destrucción del patrimonio común, y mientras se amenaza con el embargo a miles de regantes".
   "No puede seguir subvencionando obligaciones de mantenimiento de acequias que son sistemáticamente incumplidas, y no sobre todo no debe de justificar ni proteger las irregularidades urbanísticas por la ejecución de obras en el sistema de regadío", ha añadido.
    A su juicio, "es hora que el ayuntamiento plasme ese distanciamiento expresado en los últimos juntamentos a los que ya no asiste ni el alcalde ni ningún representante del equipo de gobierno y actúe ante una dirección cuestionada, ante un presidente quemado y pendiente de un proceso penal por su gestión".
    Y ha agregado que "es importante que actúe porque de lo contrario esta institución, de la huerta y de los murcianos, seguirá perdiendo a pasos agigantados, como está sucediendo ahora lo más importante que tiene y que constituye la base misma de su existencia, los regantes".

Aprobados los criterios generales para la celebración de las oposiciones al Cuerpo de Maestros

MURCIA.- El Ejecutivo regional ha aprobado el acuerdo por el que se fijan los criterios generales en materia de acceso a la Función Pública Docente en los procedimientos selectivos para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros, así como los relativos a la composición de las listas de interinidad para el curso 2013-2014. 

   En concreto, la Consejería de Educación, Formación y Empleo determina, entre otros aspectos, la composición de los tribunales, el orden de celebración de las pruebas para las 200 plazas que se convocan y su ponderación y los criterios para las habilitaciones solicitadas por los interinos.
   Así como la adquisición de nuevas especialidades, y el baremo establecido para la fase de concurso, según ha explicado por el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, quien ha apuntado que las oposiciones, a falta de cerrar la fecha, se celebrarían "probablemente" a final de junio.
   Una vez aprobados estos criterios por parte del Gobierno regional, la Consejería publicará en los próximos días la orden que contiene la disposición general reguladora del procedimiento selectivo, así como la regulación de la composición de las listas de interinidad para el próximo curso escolar. Además, a partir de este viernes, los ciudadanos interesados pueden consultar, a través de Internet, el texto de la orden en 'www.educarm.es' y en 'www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/'.
   La Región de Murcia va a ser la primera autonomía que publique esta orden reguladora de entre todas las comunidades que celebrarán oposiciones en el año 2013, lo que pone de manifiesto, según Ballesta, "el interés del Gobierno regional por facilitar a los ciudadanos, cuanto antes, toda la información relativa al proceso selectivo que regula las especialidades del Cuerpo de Maestros".
   Una de las novedades más significativas del procedimiento es el peso de los méritos que podrán presentar los opositores en la fase de concurso, y que se repartirá de la siguiente manera: un máximo de 4 puntos por la experiencia docente, un máximo de 4 puntos en la formación académica y un máximo de 2 puntos en el apartado de otros méritos, ha señalado el consejero del ramo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado esta semana en San Javier.
   En cuanto a las listas de interinos para el próximo curso escolar, la Consejería mantendrá su configuración tal y como establece el actual Acuerdo de Interinos, cuya vigencia finaliza el 31 de agosto de 2013, ha explicado Ballesta.

El precio de la vivienda en Murcia baja un 11,5% en el cuarto trimestre

MURCIA.- Los precios de la vivienda en la Región de Murcia bajaron un 11,5 por ciento en el cuarto trimestre de 2012 con respeto al mismo trimestre de 2011, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El precio de la vivienda disminuyó en todas las comunidades autónomas, y la bajada en la Región de Murcia fue la quinta menor por CCAA, junto con Andalucía y detrás de Baleares (-11,4%), Castilla La-Mancha (-11,2%), Navarra (-11%) y Extremadura (-8,6%), y por debajo de la media nacional, que experimentó un descenso del 13,7 por ciento.
   Por tipo de vivienda, en la Región de Murcia el precio de la vivienda nueva disminuyó un 10,5 por ciento en el cuarto trimestre de 2012 respecto al mismo trimestre del año anterior, y el precio de la vivienda de segunda mano bajó un 13 por ciento en el mismo periodo.
   En tasa intertrimestral (segundo trimestre de 2012 sobre primer trimestre de 2012), el precio de la vivienda libre descendió un 2 por ciento.
   En concreto, el precio de la vivienda nueva en la Región de Murcia descendió 3,6 por ciento en el cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior, y el precio de la vivienda de segunda mano bajó un 3,5 por ciento en ese mismo periodo.
   En el conjunto de España, los precios de la vivienda libre bajaron una media del 13,7% en 2012 respecto al año anterior, registrando así quinta caída anual consecutiva y la mayor desde el estallido de la crisis.
   Durante los últimos cinco ejercicios, el precio de la vivienda libre ha venido registrando descensos año tras año: del 1,5% en 2008, del 6,7% en 2009, del 2% en 2010, del 7,4% en 2011 y del 13,7% en 2012. Sólo en 2007, cuando comenzó a elaborarse este índice, el precio de la vivienda libre experimentó una tasa positiva, en concreto, del 9,8%.
   Por tipo de vivienda, 2012 también ha traído consigo caídas récord en la vivienda nueva y en la vivienda usada. El precio medio de la primera descendió un 12,3% en 2012, con lo que encadena ya cuatro años en negativo, siendo el del año pasado el mayor descenso hasta la fecha. En el caso de las viviendas de segunda mano, su precio retrocedió un 14,8% en 2012, su mayor disminución desde 2008 y también su quinta caída anual consecutiva.
   En el cuarto trimestre de 2012, el precio de la vivienda libre registró un descenso del 12,8% en relación al mismo trimestre de 2011, moderando en casi dos puntos y medio la caída interanual del tercer trimestre (-15,2%).
   En tasa intertrimestral (cuarto trimestre de 2012 sobre tercer trimestre del mismo año), el precio de la vivienda libre se contrajo un 1,4%, su menor descenso desde el segundo trimestre de 2011.
   El IPV que publica Estadística es compatible con las exigencias de Eurostat y complementa al que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento. Entre sus objetivos se encuentra el de servir de elemento de comparación entre los Estados miembros en lo referente a los precios de la vivienda.

El coste laboral en la Región de Murcia baja un 6,4% en el cuarto trimestre de 2012

MURCIA.- El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.327,08 euros en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   Este descenso del 6,4 por ciento es el cuarto crecimiento más alto por comunidades autónomas, por detrás de Andalucía (-8,3%), Extremadura (-7,6%) y Galicia (-6,6%) y frente al descenso del 3,2 por ciento de la media nacional.
   Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.720,82 euros, lo que supone un descenso del 7,1 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2011.
   Por su parte, los otros costes laborales (que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social) ascendieron a 606,26 euros, un 4,4 por ciento menos con respecto al mismo cuarto del año anterior.
   Según los datos del INE, los costes laborales por hora de trabajo efectiva descendieron un 5,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2012, hasta situarse en 18,16 euros.
   Mientras que el coste salarial por hora efectiva decreció un 6,3 por ciento, hasta los 13,43 euros y los otros costes por hora efectiva bajaron un 3,7 por ciento (4,73 euros).
   En el conjunto del país, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.598,69 euros en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
   Este descenso, con el que se encadenan tres trimestres consecutivos de caídas interanuales, es el más pronunciado desde que comenzó a elaborarse esta encuesta, en el año 2000.
   Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.946,91 euros de media, un 3,6% menos que en el cuarto trimestre de 2011, mientras que los otros costes bajaron un 1,8%, hasta los 651,78 euros.
   Dentro de los otros costes, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social descendieron un 0,6% en tasa interanual, mientras que las percepciones no salariales retrocedieron un 15,6% debido a la bajada de las indemnizaciones por despido.
   La jornada de trabajo se redujo un 1% en el cuarto trimestre del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2011. Entre octubre y diciembre de 2012, la jornada semanal pactada disminuyó en 5,1 horas de media, de las cuales más del 70% son por vacaciones y fiestas disfrutadas.

jueves, 14 de marzo de 2013

Carlos Egea considera "excesivo" calificar la ley hipotecaria española de "abusiva"

MURCIA.- El presidente, nominal y no ejecutivo, del grupo BMN, Carlos Egea, ha declarado que hay que respetar las sentencias de los tribunales y señalado este jueves que tachar de "abusiva" la ley hipotecaria española "es excesivo", aunque ha reconocido que, en una crisis como la que vivimos actualmente, esta ley necesita unos retoques "para poner en su justa medida el tema de los desahucios y las ejecuciones".

   Así ha contestado al ser preguntado por el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que señala que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   Egea considera que la ley hipotecaria en España, "que tiene más de un siglo", ha funcionado "perfectamente", lo que ha dado "una garantía jurídica" a las personas propietarias de viviendas y también ha permitido "una financiación de la vivienda que en otros países en mucho más complicado" aunque "es verdad que, en los últimos años, esto ha derivado a otros problemas".

   Pero "no olvidemos que esta ley da una garantía jurídica excepcional a los propietarios de viviendas" y ha permitido la financiación de esas viviendas "además de lo que llamamos financiación soberana porque gracias a las cédulas y a las titularizaciones hipotecarias, cuya garantía es una vivienda, se ha podido obtener 300.000 millones de Europa".

   Desde luego, ha concluido, "eso se ha vivido por la garantía y el rigor de la ley hipotecaria", en cualquier caso "hay que hacer modificaciones sobre ella y retoques para facilitar y ayudar a los ciudadanos".

Alegría de la PAH

Por contra, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia se ha felicitado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, y cree que obliga al Gobierno central a introducir "una serie de cambios en la legislación".
   Precisamente, afirma que la PAH ya le ha hecho este trabajo de cambios legislativos al Gobierno central con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está en trámite parlamentario, y que propone la dación el pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la modificación de la ley hipotecaria para evitar los abusos.
   El portavoz de la PAH murciana señala que esta ILP recoge "gran parte de lo que ahora mismo exige Europa al Gobierno central", por lo que pide al Ejecutivo "que apruebe de inmediato esa ILP que, además, fue avalada por 1,5 millones de personas, que sea democrático y que se atenga a las consecuencias de una decisión contraria".
   Y ha explicado que los integrantes de la Plataforma están "muy contentos" ya que la sentencia les "da en gran parte la razón" a todas las propuestas que han reivindicado desde su nacimiento en 2010".
   En este sentido, recuerda que, en la legislación españoila, el juez es "un mero tramitador, y actúa como si fuera un departamento de la adminsitración", de forma que la persona a la que se le ejecuta la hipoteca "está absolutamente indefensa y se le vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".
   El juez, como "mero tramitador", lo único que hace es "comunicar al afectado la ejecución hipotecaria y darle un plazo de 30 días para que, en ese periodo, pague la totalidad de la deuda pendiente y las costas del procedimeinto".
   "No hay ninguna posibilidad de que el juez paralice nada ni examine nada", lamenta Morote, quien se refiere en concreto "a las cláusulas abusivas que contienen la inmensa mayoría de las hipotecas que se firman en España, y que no son objeto de análisis por parte de los magistrados".
   Critica que el banco lo que hace es "resolver un contrato por la vía de la fuerza, y hay una parte que está absolutamente indefensa y el juez no examina la validez de ese contrato". Por ejemplo, explica que hay muchas "cláusulas suelo que tienen muchos bancos puestas en las hipotecas, o intereses de demora abusivos, o excesos en las costas judiciales".
   En este sentido, asevera que el juez "no revisa estos aspectos y simplemente da traslado al afectado de lo que dice el banco". La única posibilidad que tendría el juez de paralizar el desahucio es que el afectado recurra y diga que el banco se ha equivocado y que él ha pagado, pero es algo "que no pasa".
   A partir de ahora, cree que los jueces tendrán que "revisar esos contratos", y apuesta por introducir en la nueva ley "mecanismos de defensa de los afectados, y se tendrán que revisar las cláusulas que contienen esas hipotecas, y eliminar de esas hipotecas las cláusulas abusivas y sus consecuencias".
   Por ejemplo, explica que si una persona está pagando intereses de más al banco como consecuencia de tener una cláusula abusiva, el juez "se verá obligado a determinar la cuantía de ese cobro de más y obligar al banco a que lo devuelva, bien reduciendo la cantidad de la deuda que se reclama o abonándoselo".
   El portavoz de la PAH reclama que esto sea de aplicación no sólo a los afectados por los desahucios, sino para cualquier persona que tenga una hipoteca, aunque no tenga problema para hacerle frente. Todo ciudadano podrá así revisar las cláusulas abusivas de su contrato y "pedir que se suspendan de inmediato".
   Y explica que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) también habla de retroactividad. "Todas las personas están en su derecho ahora de reclamar, con carácter retroactivo la nulidad de los procedimientos y las indemnizaciones que procedan", apunta Morote, quien afirma incluso que podría darse el caso de ciudadanos que recuperaran su vivienda, aunque habría que examinar cada caso "individualmente".
   Recuerda que se han desahuciado más de 400.000 familias en España desde el comienzo de la crisis, y en los tres primeros trimestres del 2012 se desahuciaron a 865 familias en la Región de Murcia. Pues bien, puntualiza que toda esta gente "han sido víctimas de un procedimiento arbitrario injusto, por lo que podrían pedir la nulidad de los mismos".
   "La sentencia hace referencia hace referencia a normas que están en vigor a nivel europeo desde 1995, es decir, normas que ya estaban en vigor cuando los afectados firmaron sus hipotecas con los bancos, pero los procedimientos no se han atenido a esas circunstancias", concluye.

Cortan la vía férrea en Nonduermas para que se cumplan los acuerdos para soterrar el AVE a su paso por Murcia


MURCIA.- Alrededor de un centenar de personas han cortado esta tarde la vía férrea Murcia-Alcantarilla, durante dos horas a la altura de Nonduermas, en protesta porque no se respeten los acuerdos institucionales para soterrar el AVE a su paso por la Huerta y ciudad de Murcia, según fuentes de los organizadores de la protesta.

Según las mismas fuentes, ante el fuerte malestar vecinal y el comportamiento impúdico de los políticos murcianos por no exigir el cumplimiento de los acuerdos para ese soterramiento, miembros de la Plataforma Pro Soterramiento cortarán las vías férreas durante un tiempo indeterminado todos los jueves en algun punto del trazado entre Los Dolores y Nonduermas.

En la Región de Murcia las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron un 670,2% durante la crisis

SANTIAGO.- Las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron en un 484,7 por ciento en España si se comparan los años de la crisis (entre su comienzo 2008 y el 2012) con el quinquenio anterior de 'boom inmobiliario' (entre 2003 y 2007).

   En concreto, se ha pasado de las 33.882 ejecuciones hipotecarias en curso en el intervalo 2003-2007 a las 198.116 contabilizadas desde que estalló la burbuja inmobiliaria.
   Además, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a nivel nacional, las ejecuciones hipotecarias ingresadas aumentaron un 371,7 por ciento en los últimos cuatro años respecto al periodo 2003-2007, pasando de las 88.066 a las 415.437.
   Por su lado, las ejecuciones hipotecarias resueltas en el periodo 2003-2007 ascendieron a 83.652, mientras que entre 2008 y 2012 supusieron 252.826, lo que significa que se incrementaron en un 202,2 por ciento.
   La comunidad con mayor incremento de ejecuciones hipotecarias en trámite entre los mencionados periodos ha sido Murcia, con una subida del 670,2 por ciento; seguida de Cataluña (610,8%); Castilla-La Mancha (603,7%); Andalucía (592,6%) y Navarra (585,5%).
   En cuanto al índice de ejecuciones hipotecarias ingresadas, la comunidad con mayor índice de subida fue la de Murcia, con un 540,4 por ciento de incremento; seguida de Castilla-La Mancha, con 441 por ciento; Cataluña, con 434,8 por cientos; Madrid, con 413,7 por ciento, y Andalucía, con 413,2 por ciento.
   Finalmente, La Rioja, con un 335,1 por ciento, encabeza el listado de incremento en las ejecuciones resueltas; seguida de Murcia, con 287,8 por ciento; Aragón, con una subida del 274,7 por ciento; y Canarias, con un 262,9 por ciento de incremento en este índice durante el periodo 2008-2012 frente a los cinco años anteriores.

El fiscal recurre para impedir que Bermúdez cite a los supuestos donantes del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe investigando la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, según los papeles atribuidos al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, habrían hecho donaciones irregulares a esta formación. 

   En un recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, al considerar que son "innecesarias y desproporcionadas" y no resultan pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida".
   Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado lunes una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó de que el competente para asumir esta investigación era el juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que había abierto una pieza separada tras encontrar tres conexiones entre las dos causas.
   En su escrito, el Ministerio Público recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es el competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, a fin de evitar una "doble instrucción sobre los hechos".
   "Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (...) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción nº 5", señala el escrito.
   En concreto, la Fiscalía pide que se "dejen sin efecto" las declaraciones de los 12 imputados que Gómez Bermúdez ordenó realizar entre los días 25 y 27 de este mes y la entrega de documentación sobre todos ellos que el juez pidió al Partido Popular (PP), la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario 'El País', al que reclamó los denominados 'papeles de Bárcenas' que publicó el pasado 31 de enero.
   La Fiscalía también cuestiona por qué Gómez Bermúdez dio "credibilidad, al menos indiciariamente" a los hechos expuestos en la querella en lo relativo a "supuestos pagos de empresas y empresarios" y consideraba que existía "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo" sobre los sobresueldos que habrían cobrado dirigentes del PP.
   "Si revisamos tanto la querella como la documentación con ella aportada, comprobamos que la fuente de unos hechos y otros son las anotaciones que se reflejan en los denominados 'papeles de Bárcenas', de suerte que la diferencia no está en elemento objetivo alguno ajeno a los mismos ni en el relato de hechos que se contiene en la querella, sino en la interpretación a nuestro entender no justificada del instructor", señala el fiscal.
   Esta convicción llevó a Gómez Bermúdez a citar como imputados a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; al presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy)  Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones  y Contratas), Antonio Vilella (Construcciones Rubau) y Adolfo Sánchez.
   Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 dejó fuera de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo.
   El informe fiscal, que no va firmado por ningún representante del Ministerio Público, también muestra su sorpresa por el hecho de que Gómez Bermúdez alegara que, antes de pronunciarse sobre su inhibición, era necesario escuchar a los querellantes y darles traslado de los dos autos en los que Ruz consideraba que la Fiscalía era competente para investigar los hechos en el marco de las diligencias informativas que abrió el pasado 24 de enero.
   "Nos sorprende, bajo el argumento que se establece, pues en modo alguno han sido alegados ni tenidos en cuenta por el Ministerio Fiscal para instar la inhibición", recalca la acusación pública antes de recordar que el 8 de marzo ya entregó al juez el auto por el que Ruz abría una pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP. "Con la entrega del citado auto a la parte querellante ya dispone de los mismos documentos que ha tenido el Ministerio Fiscal para emitir su informe", añade.
   A todos los querellados se les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
 
Bermúdez interrogará a los supuestos donantes del PP

El juez Gómez Bermúdez interrogará a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes de esta formación entre los días 25 y 27 de marzo si la Sala de lo Penal no estudia con urgencia el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
   Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han señalado que, si se cumplen los plazos habituales para la tramitación de los recursos de apelación, que en la Sala de lo Penal suelen durar en torno a un mes, el juez Gómez Bermúdez podrá realizar estas diligencias antes de que se determine si es competente para investigar la supuesta contabilidad B de los 'populares'.
   El artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) establece que los recursos de reforma y apelación presentados contra una decisión de un juez instructor "no suspenderán el curso del procedimiento", lo que avala la posibilidad de que Gómez Bermúdez lleve a cabo las diligencias que ha acordado.
   Después de que el juez Gómez Bermúdez reciba en su juzgado el recurso de apelación de la Fiscalía, presentado este jueves, dará traslado a los querellantes --Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales-- para que en un plazo de cinco días puedan "alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones".
   En los dos días siguientes a la finalización de este plazo, el juez "remitirá testimonio de los particulares señalados" a la Sala de lo Penal que, "sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes". Este plazo, establecido en la LECRIM, no suele cumplirse a rajatabla, según las fuentes jurídicas consultadas.
   Excepcionalmente, además, la Audiencia correspondiente podrá "reclamar las actuaciones para su consulta siempre que con ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas". En estos casos, según señala la legislación, deberán devolverse las actuaciones al juez "en el plazo máximo de tres días".

Se hunde en la Región de Murcia el pequeño comercio

MURCIA.- Las ventas del comercio al por menor en la Región de Murcia registraron una caída del 9,4 por ciento durante el mes de enero, en relación al mismo mes del año anterior, el sexto mayor descenso por comunidades, por detrás de Cataluña (-11,2%), Galicia (-11%), Castilla y León (-10,6%), Valencia (-10,5%), y Asturias (-10,1%) y superior a la media nacional, con un descenso del 9 por ciento, según se desprende de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   La estadística refleja que la Región de Murcia experimentó en enero una caída del empleo en el sector del comercio al por menor del 1,6 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, siete décimas inferior a la caída experimentada en el conjunto nacional, lo que supone la sexta menor caída por comunidades autónomas, junto a Castilla La-Mancha.
   Respecto a la media en lo que va de año, la ocupación bajó un 1,6 por ciento en la Región de Murcia, también la sexta menor caída por comunidades, junto a Castilla La-Mancha y por detrás de Aragón, Baleares, Valencia y País Vasco, según la estadística.
   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor retrocedieron un 9% en enero en comparación con el mismo mes de 2012, moderando en casi dos puntos la caída interanual que se registró en diciembre (-10,9%), con lo que ya encadenan 31 meses de descensos interanuales consecutivos.
   Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 10,2% en el primer mes del año, frente al descenso del 11,4% experimentado en diciembre de 2012.
   Por modos de distribución, todos ellos redujeron sus ventas en enero, especialmente las empresas unilocalizadas, donde disminuyeron un 12,9%. En las grandes superficies las ventas bajaron un 11,1% en tasa interanual, mientras que en las pequeñas cadenas el descenso de las ventas fue del 9,8% y en las grandes cadenas, del 1,7%.
   El empleo en el sector del comercio minorista disminuyó un 2,3% en el primer mes de 2013, con retrocesos en todos los modos de distribución, salvo en las grandes cadenas, que elevaron la ocupación un 0,6% respecto a enero de 2012. Los mayores descensos se los anotaron las pequeñas cadenas y las grandes superficies, donde el empleo se contrajo un 5,7% y un 3,7%, respectivamente.
   En tasa mensual (enero de 2013 sobre diciembre de 2012), las ventas del comercio minorista, corregida la estacionalidad y el efecto calendario, aumentaron un 0,9%, frente al descenso mensual del 2% experimentado en diciembre del año pasado.

El sábado por la tarde, habrá Marcha de las Mareas por las calles de Murcia

MURCIA.- El próximo sábado, día 16, hay prevista una convocatoria ciudadana de amplia protesta, llamada Marcha de las Mareas, en Defensa de los Derechos Sociales y contra la privatización de los Servicios Públicos, a partir de las 18.00h., en las calles de Murcia.

Las distintas Mareas discurrirían por los itinerarios que a continuación se detallan.
 
MAREA BLANCA: Manifestación en Defensa de la Sanidad Pública. Se concentrará desde las 18 horas, para salir desde el Hospital Reina Sofía en la Avda Intendente Palacios. Seguirá por el Paseo de Garay, Plaza Cruz Roja, Avda Teniente Floresta hasta la calle Ceballos, donde confluirá con la Marea Negra.

MAREA NEGRA: Manifestación en Defensa de los Servicios Públicos y de los derechos laborales del Personal Empleado Público
. Se concentrará en las puertas del Ayuntamiento de Murcia, en la Glorieta de España desde las 18 horas. Saldrá por la Avda. Teniente Flomesta, hasta la calle Ceballos, por donde seguirá con la Marea Blanca.

Seguirán por las calles Pintor Villacís, Isidoro de la Cierva y Alejandro Seiquer, hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se unirán a la Marea Verde.

MAREA VERDE: Manifestación en Defensa de la Enseñanza Pública. Se concentrará, desde las 18 horas, en las puertas de la Consejería de Educación, en la Avda. de La Fama. Saldrá por las calles Melilla, Puerta de Orihuela, Mariano Vergara, Obispo Frutos, Plaza de Universidad, Santo Cristo, La Merced, hasta Santo Domingo.

A partir de ahí, junto a la manifestación de las Mareas Negra y Blanca, seguirá por la calles Santa Clara y Maestro Alonso, hasta la Gran Vía hasta Escultor Francisco Salzillo, donde se reunirán con la Marea Roja.

MAREA ROJA Y MAREA NARANJA: Manifestación por el Derecho a la Vivienda, el Trabajo Digno y la Renta Básica. Se concentrará en la puerta del Banco de España, en la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, a las 18 horas. Saldrá por la Avenida hacia la salida de la calle Maestro Alonso en cuyo cruce se unirá a la manifestación de las otras Mareas. Desde allí, todas juntas, continuarán hacia la Avda. de la Constitución, hasta llegar a la Plaza Circular (La Rotonda).

En La Rotonda, se dará lectura, ante las personas allí concentradas, a los manifiestos de las distintas Mareas, tras lo cual se finalizará el acto.

Murcia, paradigma de la corrupción: 45 municipios y 40 causas abiertas

MADRID.- El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.

Un juzgado de Cieza acordó recientemente, a petición de la Fiscalía regional, sobreseer la causa que se seguía contra el alcalde del PP, Antonio Tamayo, por prevaricación y delito contra el medio ambiente denunciado por el PSOE. El partido del edil aprovechó la ocasión para resaltar, por boca de su portavoz parlamentario regional, Juan Carlos Ruiz, que este es el caso número 64 en que han sido desestimadas denuncias de otros partidos contra ediles populares.

Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto que solamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.

De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato  de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.

Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.

En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el alcalde, Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española-  no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.

Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.

Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.

También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.

Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son los cinco que restan para totalizar los 40.

De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá -que tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio al autorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.

BMN tiene directivos con salarios fuera de la ley

MADRID.- BMN debe adaptar su sistema de retribuciones para cumplir con la nueva normativa que limita los sueldos en las entidades con fondos públicos. La banca rescatada ha trabajado a marchas forzadas para adaptar su sistema de remuneraciones a los nuevos límites fijados por el Banco de España para su personal de alta dirección y ejecutivos. Sin embargo, las entidades que recibieron ayudas en diciembre de 2012 (BMN, Banco CEISS, Liberbank y Cajatres), en la segunda vuelta del plan de recapitalización, tienen pendiente todavía rebajar el sueldo de gran parte de sus ejecutivos, en línea con la directiva marcada por el supervisor bancario, pactada a su vez con Bruselas.

Según los datos recopilados por el Banco de España en un informe que remitió el 7 de marzo al Congreso y al que ha tenido acceso eldiario.es, estos cuatro bancos tendrán que recortar el sueldo a al menos 21 consejeros o directivos para cumplir con los nuevos criterios. Un consejero no ejecutivo de BMN que cobraba más de 100.000 euros al año, optó por cesar en noviembre de 2012. Además, tendrán que reducir la indemnización por despido pactada con 19 directivos, 13 de ellos del Banco Cajatres.
El Banco de España les ha puesto a estas entidades como fecha límite el 15 de marzo para informarle de las medidas y decisiones adoptadas para ajustar las condiciones retributivas de cada directivo. 
Así, el Banco de España dice que BMN (Banco Mare Nostrum que es el resultado de la fusión de Caja Murcia, Penedés, CajaGranada y Sa Nostra), tendrá que "ajustar la retribución de un directivo y de ocho consejeros no ejecutivos". De estos ocho, cinco trabajan en las cajas de ahorro que forman el conglomerado financiero y tres en la estructura central (que se conoce como Sistema Institucional de Protección, SIP).
BMN había recibido ayudas en un primer momento, pero tras la revisión del plan de capitalización en diciembre ha pasado a tener el control mayoritario del FROB. Los límites salariales impuestos a las entidades participadas o con control total del Estado son diferentes, por lo que la entidad tiene que seguir ajustando la nómina. Por ejemplo, en una entidad solo participada, un consejero ejecutivo puede ganar hasta 500.000 euros, cifra que se rebaja a 300.000 euros si la nacionalización es mayoritaria. En el caso de los consejeros no ejecutivos, el límite en una entidad con control mayoritario del estado es de 50.000 euros anuales.

Caja Murcia cede y acepta en Bullas una dación en pago

BULLAS.- Caja Murcia BMN se ha comprometido a aceptar las demandas de Antonio y su familia, que tras quedarse en paro no pudo hacer frente a la hipoteca de su casa. De tal forma que Antonio y su madre, que fue quién lo avaló, quedan libres de las obligaciones que el préstamo hipotecario con esta entidad, según 'La Referencia'.

Según el director de esta sucursal bancaria, el alcalde de Bullas, Pedro Chico, días atrás ejercía de mediador entre los afectados con Caja Murcia, consiguiendo el compromiso de estos últimos, llegando a esta solución favorable para Antonio y su familia.
La concentración que estaba convocada en la plaza de España de Bullas quedó descombocada a petición de la familia afectada debido a que Caja Murcia BMN se ha comprometido a aceptar la demanda de Antonio (la persona afectada).
Esta demanda eran la dación en pago de su vivienda, así Antonio y su madre (avalista) quedarán libres de las obligaciones que Caja Murcia BMN les imponía.
Esto a sido posible gracias a la lucha de esta familia, el apoyo de la PAH de Bullas y PAH Noroeste Rio Mula, así como en última instancia la mediación del Ayuntamiento de Bullas.
En el comunicado oficial de Ayuntamiento no se ha mencionado en ningún momento todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto desde las diferentes PAH, como Joaquín “el cura” como mediador de la PAH y la presión social de la ciudadanía de Bullas que, aún nevando, consiguieron reunir a 300 personas apoyando a esta familia en la última movilización.
La PAH de Bullas ha llevado a cabo durante este último mes una gran presión social contando con el apoyo de Joaquín Sánchez entre otros muchos vecinos de la localidad y fuera de ella.

BMN queda bajo control del Estado tras recibir 1.645 millones de capital público

MADRID.- El Estado se hizo con el control hegemónico del Banco Mare Nostrum (BNM), la entidad liderada por Caja Murcia y de la que forman parte la balear Sa Nostra y Caja Granada. El banco BMN fue incluido en octubre por la Unión Europea, en razón a su nivel de solvencia, en el llamado «Grupo 2».

BMN recibió la segunda inyección de capital en dos meses del fondo estatal FROB, que ha pasado a ser así el accionista mayoritario y dominante del banco que encabeza Caja Murcia y del que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue vocal de su consejo de administración y presidente de su comisión de auditoría hasta su entrada en el Gobierno, en diciembre de 2011. La Comisión Europea determinó un año después que BMN precisaba 2.208 millones de capital.

BMN, entidad que preside Carlos Egea, recibió una aportación de capital del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de 730 millones de euros. Antes, el 18 de febrero, el FROB ya había convertido en capital de BMN, mediante su canje en acciones de este banco, un importe de 915 millones de euros que el fondo estatal había otorgado a esta entidad en diciembre de 2010 como ayuda pública respaldada por una emisión de participaciones preferentes convertibles de BMN.

Con ambas aportaciones de capital, el Estado ha inyectado al banco un total de 1.645 millones de euros, equivalentes al 74% de las necesidades de detectadas por la llamada «Troika» (UE, BCE y FMI) en diciembre pasado tras la prueba de esfuerzo encomendada a la consultora Oliver Wyman. La entidad se ha comprometido a generar el resto de los recursos por otras vías antes del 30 de junio. Así, el 13 de noviembre último, BMN llegó a un acuerdo con el Banco Sabadell para venderle la red de oficinas en Cataluña y Aragón de Caixa Penedés, que había sido socia fundadora de Mare Nostrum.

Según las dos comunicaciones realizadas por BMN a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 19 de febrero y de nuevo el Estado, a través del FROB, asumió hace un mes 323.756.409 nuevas acciones ordinarias de BMN mediante una ampliación de capital y se hizo, mediante otra nueva ampliación de capital, con otras 725.554.629 nuevas acciones de BMN. Esto supone la titularidad por el sector público de 1.049,31 millones de acciones del Mare Nostrunm, equivalente al 75,86% de las 1.383,1 millones de acciones en que ha quedado configurado el capital resultante de la entidad.

Un consejero curtido en la CAM y CajaSur, nuevo representante del FROB en BMN

MADRID.- BMN ha nombrado a Tomás González Peña consejero de la entidad en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según anunció ayer por la noche la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además de este nombramiento acordado por el consejo de administración, la entidad, surgida de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, ha acordado designar a Manuel Lagares Calvo como miembro de la comisión ejecutiva, a la que también se incorpora González Peña.

Tomás González Peña cuenta con amplia experiencia en el sector bancario y ha participado en la gestión de la CAM y CajaSur tras su intervención, además de haber ejercido como director de banca corporativa para España y Portugal del Banco Santander Central Hispano.

Entre las muchas ocupaciones de Manuel Lagares Calvo han destacado el ejercicio de la cátedra de Hacienda Pública e inspector de Finanzas del Estado.

Una singular lección de Capitalismo de Estado / Juan J. Gutiérrez Alonso *

La expresión «Capitalismo de Estado» ya saben ustedes que no es ninguna novedad y que ha sido tratada desde antaño por numerosos autores y pensadores. El término sintetiza y define, con gran acierto, el régimen económico y político que impera en la inmensa mayoría de las economías occidentales. Y a pesar de que abundantes académicos, «expertos» y opinadores varios, sugieran o insistan en modelos diferentes, su vigencia y actualidad está fuera de toda duda. Téngase en cuenta, además, que la mayoría de las tesis económicas que pretenden poner en entredicho esa formulación, casi siempre se hacen sobre la base de teorías de marcado sesgo ideológico de escasa consistencia o bajo la influencia de aquel principio universal de Honoré de Balzac: «Lo que otro tiene en su bolsillo estaría mucho mejor en el mío». Un principio que, recordemos, tiene una dimensión individual, pero también colectiva o asociativa, de ámbito público o privado.
 
En los últimos años, como consecuencia del desastre económico que afrontamos, resulta igualmente frecuente oír hablar de la «muerte del capitalismo» o la aparición de un nuevo sistema económico, pero el planteamiento de corte sarkoziano era y es igualmente equivocado. La realidad histórica, como ya debería resultar evidente a estas alturas, nos demuestra que el Estado y los operadores económico-financieros han existido siempre en una relación simbiótica bajo un singular marco de convivencia. Y si bien no podemos detenernos a analizar aquí este hábitat con la extensión y profundidad que nos gustaría - porque nos llevaría a exceder los límites normales y razonables para un artículo de estas características -, hoy nos proponemos una breve referencia explicativa sobre la tesis, a cuenta de uno de mis chiringuitos financieros favoritos: Banco Mare Nostrum, en adelante BMN.

El grupo BMN, por si alguien no lo sabe, es el resultado de la unión de otros chiringuitos que han sido administrados y sobreexplotados durante décadas por políticos o pseudo-políticos de todo signo y color hasta que un día, sin que nadie supiera exactamente la razón, se enteraron que estaban en quiebra. Los protagonistas de este particular Frankenstein son Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada. Todos ellos dieron lugar en 2010 al nacimiento BMN, con el patrocinio del Gobierno, de BdE y también ese nuevo brazo financiero-administrativo que es el FROB. Esta última entidad le inyectó una primera ayuda de más de 900 millones de euros a cuenta de todos nosotros, para darle la bienvenida e intentar así apuntalar su supervivencia.

Desde entonces, las noticias que hemos tenido del engendro han sido más bien escasas. Algo que se explica, en parte porque otros engendros por ahí esparcidos han llamado y siguen llamando más la atención de la opinión pública e informadores; y en parte también, porque desde BMN parece haberse desarrollado una hábil estrategia de comunicación y bajo perfil que les permite pasar un tanto inadvertidos. En el desarrollo de esa estrategia, en el nacimiento mismo de BMN, llegaron a recabar incluso la ayuda propagandística de un popular gurú, economista observador de otro chiringuito financiero-ideológico. Un gurú de esos que nunca nos dicen en qué invierte sus ahorros para que el resto de los mortales sepamos de su verdadero conocimiento y fiabilidad económica.

Una larga secuencia de episodios tenebrosos

En los prolegómenos de la integración, entre otras cosas, supimos de la situación de quiebra sin paliativos de Caja Murcia, pero quienes habían llevado a la quiebra a esta entidad eran del partido que eran, y sabían de las perspectivas electorales. Por su parte, Caixa Penedés, a su quiebra total y absoluta, le sumaba varios directivos imputados por saquear la entidad vía planes de pensiones; mientras que en Sa Nostra se intentaba ocultar con urgencia el entramado societario que algunos directivos habían desarrollado paralelamente a la entidad para realizar sus negocios por medio mundo. De Caja Granada se podrían contar muchas cosas también, pero lo más importante tal vez sería destacar a ese magnífico oftalmólogo de carnet que estuvo al mando de la entidad durante una década y que dilapidó, literalmente, centenares de millones con sus decisiones. Basta recordar la aventura de la entidad en SOS Cuétara o la toma de participación en Vueling a precios que ya nunca volverán. Esa gran figura financiera que fue Antonio María Claret García, estaba convencido de su «buena vista» en estos movimientos, pero lo realmente seductor, como en muchos otros casos, eran los suntuosos consejos de administración en varias ciudades españolas y europeas. Como premio a su magnífica gestión en la dirección de Caja Granada, en Moncloa le nombraron Delegado del Gobierno en Melilla.

En el entreacto que nos lleva desde los precedentes y prolegómenos de la irrupción de BMN en nuestras vidas, hasta las últimas novedades que seguidamente comentaremos, en esta entidad han sucedido otras cosas que ameritarían de un especial tratamiento y cuyos detalles apenas se conocen. Desde el cabreo del actual Presidente de Caja Granada ante el BdE, amenazando la integración, porque Caja Murcia les había engañado en las cuentas, hasta las infructíferas negociaciones con ciertos «fondos buitre» que salieron disparados, o la interlocución de los gerentes de BMN con los funcionarios del BdE antes de su intervención. Por no mencionar, claro está, los entresijos con Deloitte, empresa auditora del grupo. Los pasajes en esta cloaca financiera son innumerables, pero si tenemos que destacar un episodio de mayor relevancia explicativa respecto de nuestro «Capitalismo de Estado», seguramente debamos quedarnos con la filtración, hace más de un año, de un informe de los inspectores del BdE sobre la entidad al diario El Economista.

En aquel informe se ponía en duda la viabilidad de BMN y se reconocía abiertamente que era imposible que pudiera devolver las ayudas que iba a recibir del Estado. En el documento, que curiosamente se escapó a los mecanismos de control del «aparato» - y que hemos de agradecerlo -, se indicaba que, efectivamente, no era factible el cumplimiento del plan de integración y la devolución del apoyo financiero ofrecido por parte de FROB, por lo que la decisión de seguir adelante con el experimento ya se pueden ustedes imaginar de qué naturaleza era. Sobre todo a la luz de los precedentes previa y muy someramente descritos más arriba.

Los meses han pasado desde el «incidente informativo» y nada ha cambiado sustancialmente. Hasta que esta semana hemos conocido que BMN ha realizado una ampliación de capital por importe de unos 730 millones de euros. Una ampliación que, como no podía ser de otro modo, ha sido suscrita íntegramente por el FROB y que se ha visto acompañada de algunos cambios en el Consejo de Administración. Habría resultado escandaloso que no se realizara un solo cambio en el órgano de administración, claro. En concreto, se ha procedido a colocar a dos miembros designados por el FROB en el órgano colegiado de administración de la entidad, previa aceptación de la renuncia de otros dos consejeros que pasan al olvido o vaya usted a saber dónde le recolocan. Eso sí, paralelamente a este movimiento, BMN ha endosado la friolera de 5.817 millones de euros de activos tóxicos al SAREB, según un reciente comunicado de la CNMV. Pero no queda aquí todo.

Toda conmoción financiera debe producir víctimas

Desde que comencé a escribir en VOZPOPULI hace ya tiempo, no he parado de insistir en esta idea. Porque como bien apunta N. Ferguson en sus trabajos, un desastre económico-financiero como el que estamos viviendo, produce inevitablemente nuevas normas y regulaciones, la creación también de nuevos organismos, pero esas disposiciones y entidades de nueva creación deben estar encaminadas a proteger a los ciudadanos y también a dar ejemplo.

En el caso de referencia, como en otros muchos, era de esperar que la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de BMN y las entidades que la conforman terminara, como mínimo, en la calle; pero como estamos viendo, el BdE, el FROB, el Ministerio de Economía y los partidos políticos que subyacen al chiringuito, por las razones que ellos considerarán oportunas, han optado por mantener una estructura básicamente igual. De hecho, a pesar de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, el Presidente del Consejo de Administración parece que se queda al mando, mientras que el Vicepresidente y Presidente de Caja Granada, en un acto de generosidad sin precedentes que seguramente debemos agradecer todos, ha renunciado a su cargo de Vicepresidente del Consejo de BMN, pero se queda como Consejero. Ni que decir tiene que permanece ostentando la Presidencia de Caja Granada.

Pero no queda ahí la cosa, el comité de dirección de BMN, integrado por personas que han demostrado sobrada competencia para llevar entidades a la ruina, seguirá gestionando ahora el dinero que le transfiere el Estado por medio del FROB. Sin olvidar, claro está, que Deloitte, la empresa que les audita las cuentas, es la misma que les gestiona los comités de dirección y la que contratan para otros servicios varios a cambio de millones de euros al año. Nada ha cambiado, es decir, ni BdE, ni FROB, ni CNMV, ni Ministerio ni SAREB, van a exigir ningún tipo de medida al respecto. Lo que evidencia, como muy pocas otras cosas, el triunfo de los sicarios económicos que han venido parasitando y saqueando durante décadas nuestra sociedad. En nuestras mismas narices y con la complicidad de los organismos reguladores y los legisladores mismos.

En lo sucesivo, me imagino que los acontecimientos y movimientos en el seno de BMN se seguirán produciendo con el mismo sigilo y escasa resonancia que hasta ahora. Según hemos podido saber, los directivos de BMN, aliviados ya por la transferencia al SAREB de toda su basura tóxica que ellos mismos han contribuido activamente a generar, parece que el próximo mes informarán a los trabajadores y sus representantes el inicio de las negociaciones a los efectos que todos ustedes se pueden imaginar. Tal vez entonces los agentes sindicales realicen algún tipo de movimiento significativo. O tal vez no. Todo sea para que el señor Carlos Egea y sus muchachos, esos genios financieros, sigan cobrando sueldos millonarios, paseando tranquilamente por Recoletos, frecuentando los restaurantes más caros de la capital y riéndose en la cara de los contribuyentes.

(*)  Nací en Salobreña y estudié Derecho en Granada. Antes de terminar la carrera pude hacer un internship en el Chase Manhattan de Luxemburgo. Al año siguiente cursé un MBA y empecé a trabajar como abogado en Garrigues&Andersen. Luego decidí regresar a la Universidad de Granada para hacer un Doctorado que terminaría en el Real Colegio de España de Bolonia, uno de los lugares que considero más interesantes del mundo. En 2006 trabajé en la Embajada de España-AECID en Bolivia. Volví a la Universidad y desde 2009 hasta 2011 fui asesor en la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Ahora intento que mis estudiantes encuentren alguna lógica y entusiasmo en las categorías jurídicas, aunque últimamente la hallamos más en Groucho Marx o Charles Chaplin que en el BOE.

martes, 12 de marzo de 2013

El 'caso Bárcenas' aterriza en Murcia de la mano de Sacyr y por causa de las obras del aeródromo de Corvera

MADRID.- El titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, tras admitir a trámite una querella criminal de IU contra el extesorero nacional del PP, Javier Bárcenas, ha comenzado a investigar posibles vías de presunta financiación irregular de este partido entre 2002 y 2012, a partir de contratos de obra pública, y ha solicitado al efecto el expediente administrativo del aeropuerto de Corvera, construido por Sacyr tras una concesión administrativa de la Comunidad Autónoma a la sociedad Aeropuerto de Murcia S.A. participada mayoritariamente por la empresa presidida entonces por el ingeniero murciano Luis del Rivero.

Esa concesión entra de lleno en el periódo de tiempo a investigar por el juez Gómez Bermúdez (el mismo que instruye el caso de Caja Mediterráneo) pues la concesión de Corvera tuvo lugar en el año 2006, exigiendo Sacyr cinco años después un forzado aval bancario de 200 millones de euros a la Comunidad Autónoma para concluir las obras.

Ese aval, al parecer recientemente renovado por vez primera, fue autorizado por la Comisión Europea con restricciones que nunca se han hecho públicas y traslada, finalmente, el riesgo económico desde Sacyr a la propia Comunidad Autónoma y su maltrecha hacienda regional. De esa manera, la empresa concesionaria, que lidera la citada constructora, incumple el pliego de condiciones del concurso convocado en su día para levantar y explotar la instalación aeroportuaria, sin que conste la más mínima resistencia de los actuales dirigentes murcianos.

Si bien la Comunidad Autónoma de Murcia ha querido distanciarse públicamente de la investigación judicial en marcha, lo cierto es que quien lo tiene ahora mucho más dificil es Ramón Luis Valcárcel en su calidad de presidente regional del PP por sus eventuales relaciones personales con Bárcenas y Del Rivero. Este extremo tendrá que aclararlo él mismo en la Asamblea Regional si se lo demanda alguien de la Oposición en su comparecencia de mañana. O en la Audiencia Nacional en su día, frente a la que no está aforado, por cierto.

La pertinaz insistencia de Valcárcel con la terminación de las instalaciones de Corvera, pese a la postura en contra, no expresa pero sí tácita, de Defensa y Fomento, lo sitúa en el centro de esa investigación dentro de una hipótesis a descartar o confirmar en función de lo que arroje un exámen experto de las cuentas y tesorería del PP de la Región de Murcia y de su virtual conexión con la autonómica Caja Murcia, una vez sabido el especial trato dado a Banco Mare Nostrum (BMN) por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la participación de la entidad murciana de crédito y ahorro en la sociedad concesionaria de Corvera a partir de las estrechas relaciones personales de su presidente, Carlos Egea, con el propio Luis del Rivero.

Es casi seguro que la investigación del juez Gómez Bermúdez tenga que abordar necesariamente las relaciones del empresario murciano Tomás Fuertes, como gran beneficiario de las subvenciones públicas del INFO (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), con el PPRM, y también en su calidad de accionista su grupo empresarial, de Aeropuerto de Murcia S.A. y hoy muy significativo de Sacyr, ya en el ojo del huracán de este magistrado titular de un juzgado de lo Penal a quien la Fiscalía Anticorrupción pretende arrebatarle la causa - en favor de otro juzgado competente sobre esta materia- por la que algunos supuestos "benefactores-beneficiados" de gobiernos del PP puedan terminar en la cárcel por varios presuntos delitos.

Valcárcel pide a Montoro flexibilizar el déficit para las CCAA

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha confirmado este martes que ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que flexibilice el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas si la Comisión Europea da finalmente más tiempo a España para hacerlo y participen "de ese beneficio".

   "Si hay flexibilidad para un Estado miembro este tiene que inmediatamente proyectar ese mismo concepto de flexibilidad a las regiones", ha defendido Valcárcel en declaraciones a la prensa tras su reunión con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y con el comisario de Política Regional, Johannes Hahn, para trasladarles las prioridades de las regiones europeas en calidad de presidente del Comité de la Regiones de la UE, de cara a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE del jueves y viernes, centrada en la economía y el empleo.
   Valcárcel ha reconocido que no ha planteado esta cuestión al propio Van Rompuy porque no le corresponde a él "tomar decisiones sobre si se flexibiliza" el objetivo de déficit para determinados Estados miembros, ni tampoco puede recomendar ni exigir este punto.
  "A quien sí se lo he solicitado es al ministro de Hacienda de España, a Cristóbal Montoro", ha confirmado el dirigente murciano, que ha insistido en que las comunidades autónomas o regiones de Europa también deben participar "de ese beneficio" si finalmente un Estado miembro se beneficia de dicha flexibilización y que corresponde decidir "al Estado de la Nación".
   Valcárcel sí que ha trasladado en cambio a sus interlocutores europeos la necesidad de "aplicar ese elemento de flexibilidad" en términos generales para no perjudicar "cualquier posibilidad de crecimiento y de desarrollo".
   "Es verdad que hay que controlar el déficit. Este es un asunto que nadie discute. yo tampoco. pero es verdad también que hay que dotarlo de una flexibilidad. El déficit no puede ser un fin en sí mismo", ha precisado el dirigente murciano, que ha insistido en que "el control del déficit tiene que ser un vehículo, un medio" para alcanzar los objetivos de empleo, crecimiento y riqueza.
   "Pero esto o se hace desde la concepción de aplicar ese elemento de flexibilidad o simplemente estamos encorsetando cualquier posibilidad de crecimiento y de desarrollo", ha zanjado, satisfecho por el "nivel de coincidencia realmente importante" con Van Rompuy y Hahn "y por consiguente satisfactorio".

   Valcárcel también ha reclamado a Van Rompuy y a Hahn la importancia para las regiones europeas de que se cierre un acuerdo definitivo sobre el próximo presupuesto multianual europeo para el periodo 2014-2020 "lo antes posible" para garantizar que éstas disponen de las ayudas europeas de cohesión a partir del próximo 1 de enero de 2014 dado que se trata de "el instrumento, la herramienta más capaz para poder contribuir a la salida de esta crisis de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible".
   "Las regiones necesitamos estabilidad, seguridad", ha recalcado, insistiendo en la importancia de pactar un presupuesto plurianual para permitir la programación de proyectos "durante esos siete años".
   Valcárcel ha reconocido que el presupuesto europeo pactado por los líderes europeos en la cumbre del 8 de febrero "no ha sido satisfactorio del todo" y ha confiado en que su negociación con el Parlamento Europeo "sirva para poder mejorar ese presupuesto". "Ya sabemos que es muy difícil alcanzar un acuerdo", ha concedido.
   Con todo, ha subrayado la importancia para las regiones europeas de que el próximo presupuesto europeo cuente con "flexibilidad" para que pueda haber trasvase de fondos entre las distintas partidas presupuestarias y años, así como una cláusula de revisión del presupuesto.
   Valcárcel también ha reclamado en nombre de las regiones europeas que los líderes de los Veintisiete "alcancen el mayo grado de consenso y el mayor grado de compromiso" en la cumbre para combatir "el gran problema de la Unión Europea" en la actualidad como es el paro juvenil. "Si es con más cantidad mejor que mejor", ha admitido.
   En este sentido, el dirigente murciano ha admitido su "deseo" de que haya "un incremento" del presupuesto comunitario destinado para combatir el paro juvenil, aunque ha reconocido que no ha trasladado esta petición al presidente del Consejo Europeo después de que los líderes de los Veintisiete pactaran en la cumbre de marzo un fondo de 6.000 millones de euros para combatir el paro juvenil, que beneficiará más a las regiones con más paro.
   Valcárcel ha avanzado que los líderes europeos discutirán en la cumbre del jueves y viernes  "de qué manera se va aplicando esa cantidad a partir del año 2014, tanto en los poderes locales como en las regiones"
   En el caso de España, Valcárcel ha saludado que el Plan de Empleo Juvenil presentado este martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, demuestra que "hay algo más que compromisos" en la lucha contra el paro juvenil y ha destacado la importancia de que dicho plan "ha sido producto de un pacto con los agentes sociales".