domingo, 17 de febrero de 2013

Correa, reelegido presidente de Ecuador, según sondeos a pie de urna

QUITO.- Rafael Correa fue reelegido hoy presidente de Ecuador con un margen suficiente para evitar tener que presentarse a una segunda vuelta, según los sondeos a pie de urna.

Correa recibió el 61% del voto, frente al 21% del exbanquero Guillermo Lasso, según un estudio de Opinión Pública, mientras que según la empresa Cedatos, Correa obtuvo el 61,5% y Lasso el 20%.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue reelegido este domingo para un segundo mandato de cuatro años, según tres encuestas a boca de urna que señalan un triunfo arrasador del mandatario socialista sobre su principal rival, el banquero Guillermo Lasso.
Los sondeos de firmas privadas le dan a Correa entre 58,8% y 61,5% de los votos, lo que de confirmarse asegura su reelección en primera vuelta.
El estudio de la empresa Opinión Pública señaló que el mandatario obtuvo 61% de los sufragios, contra 21% del derechista Lasso. A su vez, Cedatos-Gallup estableció que Correa logró el 61,5% de los votos frente a 20,9% del banquero.
Un tercer "exit poll" del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIESS) reveló que Correa ganó con 58,8%, frente 23,10% de Lasso.
Las encuestas de Opinión Pública y CIEES fueron difundidas por la televisión púiblica y medios bajo control del Estado, mientras que la Cedatos-Gallup fue divulgada por los diarios El Comercio, El Universo y la televisora Ecuavisa.
Para evitar un balotaje el mandatario requería del 50% más uno de los sufragios válidos (sin blancos ni nulos) o un 40% de éstos y una diferencia de al menos 10 puntos sobre el segundo.
Correa conoció los resultados en el palacio presidencial de Carondelet, donde dio muestras de euforia y recibió abrazos de felicitación de numerosos colaboradores, familiares y amigos. Posteriormente salió al balcón para saludar a una muchedumbre que se agolpó en la plaza.
El mandatario, electo en 2007, fue confirmado como presidente en 2009 en comicios anticipados tras la promulgación de una nueva Constitución, como hiciera previamente su aliado el líder venezolano Hugo Chávez.
Lasso había manifestado al votar en Guayaquil (suroeste) que mantenía fe en que obtendría un buen resultado, y señaló que llevaría su propio conteo de votos.
"Estamos (...) con gran fe en que el pueblo sabrá tomar la mejor decisión", señaló el banquero de 57 años. "Nuestras reacciones se darán cuando exista una tendencia definitiva del conteo oficial", agregó.
Las urnas cerrraron después de diez horas a las 17.00 locales (22.00 GMT), y en un primer balance los observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dieron "un parte de normalidad", aunque con algunos retrasos en la instalación de puestos de votación.
"Voté por el presidente porque los demás solo ofrecen cosas al paso y después no cumplen", dijo Mariano Chicaiza en el poblado indígena de Cangahua (norte).
Correa, un economista de 49 años con una popularidad en torno al 80%, prometió radicalizar su proyecto, que califica como revolución ciudadana.
Los ecuatorianos también eligieron a sus representantes al Congreso, pero las encuestas a boca de urna solo fueron autorizados para las presidenciales. Según una encuesta de la firma CMS difundida la noche del sábado, Correa obtendría con su movimiento Alianza País (AP) una mayoría absoluta con entre 60% y 65% de los escaños.
Actualmente AP tiene el principal bloque, pero no alcanza a ser mayoría, por lo que Correa se planteó como objetivo consolidar su fuerza en el Legislativo para sacar adelante proyectos pendientes y otros con los que éste crítico del neoliberalismo dice que hará "irreversible" su revolución ciudadana.
De hecho, durante la campaña advirtió que no descartaba un adelanto de elecciones generales, como prevé la Carta Magna, en caso de un bloqueo parlamentario de la oposición.
La falta de una mayoría legislativa no le ha permitido al gobierno ver aprobadas normas como la ley de comunicación, que plantea un nuevo reparto de frecuencias y más regulaciones.
Esa ley es impulsada por el oficialismo en el marco de una pugna que Correa mantiene con un sector de la prensa privada, por lo que fue acusado por ONGs internacionales de violar la libertad de expresión.
En contrapartida, en agosto el mandatario le concedió asilo al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, quien está alojado desde junio en la embajada de Quito en Londres para evitar una posible extradición a Estados Unidos, donde se le indaga por presunto espionaje tras haber filtrado información secreta.
Correa también se propone desarrollar la minería a gran escala, una cuestión que se vislumbra conflictiva por el rechazo de sectores indígenas.
El jefe de Estado anticipó que si es reelecto este será su último mandato.
Correa ha sido una de las voces fuertes de la izquierda latinoamericana, es el que más ha durado en el cargo desde 1996. En ese período Ecuador -de 15,5 millones de habitantes- tuvo ocho gobernantes (tres de ellos derrocados).
Su gran aceptación es el resultado de la estabilidad política y económica y de los proyectos sociales y de infraestructura que ha desarrollado con los fondos del petróleo.

ÚLTIMA HORA

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha ganado con el 57,05 por ciento de los votos las elecciones presidenciales que se han celebrado este domingo en el país andino, según los datos preliminares del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE)

El cardenal Sodano dice que "son horas oscuras" mientras puede ser Papa un íntimo de Mendoza


CIUDAD DEL VATICANO.- El cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, asegura que se están viviendo "horas oscuras", pero está convencido que la Iglesia "saldrá adelante" en referencia a la renuncia al papado anunciada por Benedicto XVI, según una entrevista publicada hoy en el diario "Il Messaggero".

El decano del Colegio Cardenalicio y ex secretario de Estado, también expresó que es necesario "que estos momentos se vivan con gran espíritu de fe e inmenso amor por la Iglesia que desde hace dos mil años sigue adelante".

El cardenal Sodano lamentó que de todo lo que ha sucedido "surja sólo el aspecto humano" y aseguró que "falta una visión ultraterrenal de la historia de la Iglesia".

"Comprendo que para quién no tiene fe sea difícil encontrar un discurso basado sobre la visión cristiana de la historia de la Iglesia", explicó Sodano, que recordó como en el pasado "se han vivido momentos dificilísimos como los tres primeros siglos de persecuciones, con papas que morían en la cárcel".

Sodano criticó además la "superficialidad" con la que los medios de comunicación han tratado el tema de la renuncia del Papa al haberse puesto a "divagar" sobre cómo vestirá Benedicto XVI tras dejar el pontificado u otras cosas sin importancia.

Sobre las palabras del papa alemán de la existencia de "laceraciones" en el seno de la Iglesia, Sodano, que no entrará en el Cónclave que elegirá al nuevo pontífice al haber superado los 80 años, afirmó que "nadie niega que existan".

 "Existen porque existen personas que tienen un método de trabajo diferente al de otros, pero ya está", aseguró el cardenal.

Un amigo de Mendoza

A pesar de que tan sólo hay 10 cardenales españoles: cinco no electores, mayores de 80 años, que no votarían pero que sí pueden ser elegidos, y otros cinco cardenales electores, en quienes está la decisión de elegir al sucesor de Benedicto XVI.  

Como en todas las elecciones hay favoritos y también facciones y entre los españoles hay algunos serios candidatos a ocupar la Sede de Pedro. Especialmente el cardenal Antonio Cañizares, que es el más joven de los purpurados españoles, con 67 años y uno de los que más respaldo ha tenido de Benedicto XVI que lo nombró guardián de la liturgia, en el cargo de Prefecto de la Congregación de la Liturgia de los Sacramentos. Es íntimo amigo y protector del valenciano afincado en Murcia, José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.

Al igual que Santos Abril Castelló, de Teruel, (78 años). Fue nombrado cardenal en febrero de 2012 y hasta entonces era vicecamarlengo, uno de los puestos más importantes durante el periodo de Sede Vacante, pero actualmente es arcipreste de una de las cuatro basílicas más importantes de Roma, la de Santa María la Mayor. A pesar del reconocimiento a su carrera, que lleve un año escaso como cardenal, podría ser un punto negativo a la hora de ser votado.

Pocas listas dan como papable a Antonio María Rouco Varela, de 77 años, a Carlos Amigo Vallejo, de Valladolid y arzobispo emérito de Sevilla de 79 años o a Lluís Martínez Sistach, cardenal de Barcelona (77). Pero está claro que si un recién elegido Papa cierra los asuntos que dejó el anterior, las sorpresas en este cónclave están servidas. 


Y si finalmente los 78 votos necesarios para la fumata blanca dieran como sucesor de Benedicto XVI a un español, no sería sorprendente porque de los 264 Sucesores de Pedro, cuatro eran de España, el último fue Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, 'Benedicto XIII de Aviñón', llamado Papa Luna elegido hace 619 años.

Decenas de personas se concentran en el Hospital Reina Sofía para protestar por la privatización de la Sanidad

MURCIA.- Decenas de personas se han concentrado este domingo, a partir de las 12.00 horas, a las puertas del Hospital Reina Sofía de Murcia para protestar por la privatización de la Sanidad y como muestra de apoyo a los profesionales de Madrid.

   De este modo, ciudadanos y profesionales de más de una treintena de asociaciones han salido a la calle para protestar por la "privatización" de la sanidad y como muestra de apoyo a los compañeros de Madrid, abogando porque "se blinde nuestra sanidad".

   Junto a ellos, los principales partidos políticos en la oposición en la Región de Murcia, Partido Socialista de la Región de Murcia, Izquierda Unidad-Verdes, así como Unión, Progreso y Democracia, han mostrado públicamente su apoyo a esta iniciativa en defensa de la sanidad pública.

   Para ello, se han concentrado primeramente junto al hospital Reina Sofía de Murcia, en donde Lola López Mondéjar, psicóloga clínica, psicoanalista y escritora, ha leído un manifiesto con el lema 'La sanidad pública no se vende, ¡¡se defiende!!'.

   Y es que, en opinión de uno de los representantes de la 'Marea Blanca', "la Sanidad Pública española, los profesionales sanitarios y los ciudadanos estamos pasando por momentos y situaciones en las que se está comprometiendo nuestro sistema sanitario público".

   Asimismo, ha indicado que esta iniciativa, que parte como acción de apoyo para los compañeros madrileños, estará vigilante en la Región de Murcia para que el Ejecutivo del PP "no trate de realizar lo mismo que en la Comunidad de Madrid". Además, ha adelantado que en próximos meses se volverán a repetir otras convocatorias.

   Por su parte, el representante de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Germán Lozano, ha llamado la atención sobre el hecho de que "en la peor de las crisis tenemos que procurar cuidar a la sanidad pública y es la gestión pública quien tiene que encargarse de ello".

   Por ello, ha pedido que "se rompan ciertos mitos, como que la sanidad pública es ineficiente, ya que aunque hay cosas que corregir, no lo es", tras lo que ha sostenido que "la externacionalización y las privatizaciones no es que corrijan las bolsas de ineficiencia, sino que las generan todavía mayores".

   De manera que ha resaltado la unión "como ciudadanos" conseguida entre los representantes de los distintos sectores sociales (profesionales y usuarios de la sanidad, sindicatos y partidos políticos) por la preocupación que existe por "la sanidad pública, que es la joya de la corona, la base del servicio público esencial por excelencia que ha costado tanto construir y es ejemplo de muchos países".

   "Es un patrimonio común de todos y no estamos dispuestos a permitir que se desmantele", ha advertido Lozano, quien ha reconocido la existencia de "bolsas de ineficiencia que hay que corregir", para después dejar claro que "la sanidad no es el problema y la respuesta a esta crisis no son los recortes, la privatización ni la externacionalización a un servicio esencial".

   Aunque es partidario de "mejorar", ha dicho que siempre desde lo "público", además de apostar por la eficiencia pero "antes justicia social, solidaridad y prestación de un servicio esencial en términos de universalidad y con respeto a la equidad, respondiendo así al llamamiento nacional que, partiendo de Madrid, se extiende al conjunto nacional conocido como la 'Marea Blanca'".

   Y es que, además de en La Rioja, la 'marea blanca' se concentra por primera vez en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga, Cádiz, Orense, Murcia, Palma de Mallorca, Albacete, Tolosa (Guipúzcoa), Segovia, Toledo, Almansa (Albacete) y Cuenca.

   En Madrid, trabajadores y usuarios de la sanidad pública han comenzado a marchar este domingo en el marco de la 'marea blanca' nacional contra el modelo de gestión sanitaria externalizada y que se compondrá con diferentes columnas que confluirán en la Plaza de Cibeles hacía Sol.
   Las columnas que compondrán la marea partirán desde diferentes centros hospitalarios de la región para recalar en Cibeles a las 12 horas. Así, las columnas partirán de La Paz, el Clínico, el Hospital de la Cruz Roja, La Princesa, el Hospital del Henares, el Infanta Leonor y desde Getafe.

El PSRM apoya las reivindicaciones por la sanidad pública del movimiento 'Marea Blanca'

MURCIA.- Dirigentes del PSRM, entre los que se encontraban el secretario general, Rafael González Tovar, la secretaria de Organización, Presen López, Amparo Marzal, responsable de Sanidad del PSRM y otros miembros de la CER, han apoyado este domingo las reivindicaciones de la Marea Blanca en el Hospital Reina Sofía, de Murcia.

   Así, además de los citados, han acudido a la concentración la diputada Teresa Rosique, responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, así como varios concejales socialistas, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   González Tovar destacó la importancia de apoyar esta causa, "porque nos jugamos mucho y hay que parar la privatización de la sanidad. El Partido Popular está desmantelando el estado del bienestar que tanto nos ha costado construir a todos los españoles con sus recortes en Sanidad, Educación y Política Social y los ciudadanos no lo podemos consentir".
   El dirigente socialista agregó que está en la mano de la ciudadanía no permitir que se acabe con la universalidad y gratuidad de la sanidad pública, por lo que "es muy importante que todos nos concienciemos y apoyemos las movilizaciones y esta marea imparable contra la injusticia de las políticas y recortes del PP", concluyó.

Izquierda Plural propone convertir el Parador de Puerto Lumbreras en Escuela de Paradores

MADRID.- La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que convierta el Parador de Turismo de Puerto Lumbreras en una Escuela de Paradores, tras haberse decidido el cierre de estas instalaciones.

   Según consta en la iniciativa, es necesario "cubrir el espacio económico, social y cultural que generó" el Parador de Puerto Lumbreras y que ahora, con su cierre, se va a perder.
   Por eso, sugieren la posibilidad de convertirlo en Escuela de Paradores para que "el sector servicios del municipio recupere el prestigio perdido" y que Puerto Lumbreras "siga siendo un referente regional y nacional en materia de restauración y hostelería".
   Tras recordar que siempre han visto con recelo la conversión de este espacio en una escuela para la formación, habilitación y reciclaje de profesionales, el cierre de la escuela de formación que la red tenía en León abre la posibilidad de trasladar a las instalaciones murcianas esa función.
   "Sería una solución igualmente de prestigio y que permitiría aspirar a convertir este espacio en un referente en la formación de profesionales del sector de la hostelería y la restauración, en definitiva del sector servicios, manteniendo además la marca Paradores en el municipio como elemento distintivo y diferenciador de otras ofertas", añade la proposición.
    Por ello, instan al Ejecutivo a adoptar "a la mayor brevedad posible" todas las medidas necesarias para implementar esta conversión, garantizando que la inversión y los recursos económicos de la nueva escuela vayan con cargo al Presupuesto de Paradores de Turismo y del Ministerio de Industria.
    La cadena pública ya cuenta con un Parador Escuela que se ubica en el Hostal San Marcos de León, que inició su actividad oficialmente en octubre de 2006.
   Paradores ya anunció que la cadena y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras estaban trabajando en buscar fórmulas conjuntas para "una nueva actividad", en el entorno turístico de la Región, para dar contenido al edificio que alberga el Parador de Puerto Lumbreras.
   La compañía justificó el cierre definitivo del parador en el descenso de su actividad y ocupación en los últimos años, que solo en 2011 fue inferior al 30%. Ante esta circunstancia los empleados pasaron a depender del recién inaugurado Parador de Lorca.
   A esto se suma que, el mes de junio pasado, debido a la inauguración del Parador de Lorca --situado a 15 km de la localidad--, Puerto Lumbreras suspendió el servicio de alojamiento.
   El Parador de Puerto Lumbreras fue inaugurado en 1946. El edificio es una construcción, que en su momento, se denominó moderna y de inspiración mediterránea.

Se investiga para aumentar la competitividad regional del sector de cítricos

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), desarrolla desde hace cuatro años diversas líneas de investigación para la mejora del cultivo del limonero, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   El objetivo es obtener nuevas variedades que permitan ampliar el período de recolección del limón a lo largo del año, así como mejorar las ya existentes para conseguir frutos de mayor calidad y sin semillas, con lo cual se aumentaría la competitividad del sector regional de cítricos en relación a otros países exportadores.
   Así, el director del IMIDA, Adrián Martínez, destacó la importancia de estas investigaciones, "dada la relevancia del sector de cítricos en la Región, que cuenta con un total de 39.250 hectáreas cultivadas y una producción anual de 631.512 toneladas, de las que 374.109 se destinan a la exportación, principalmente a países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia".
   En este sentido, apuntó que "la obtención de nuevas variedades es un proceso lento que requiere al menos 14 años de trabajo, dependiendo de las líneas de investigación. Pero es algo que hay que hacer. De lo contrario, otros lo harán por nosotros y entonces los agricultores de la Región tendrán que pagar para poder utilizar las nuevas variedades".
   Por otro lado, Olalla Pérez, investigadora del Equipo de Citricultura del IMIDA, explica que en los programas de mejora genética rige la ley de la probabilidad, cuantas más acciones se realicen, más resultados se obtienen y mayor es la probabilidad de que entre todos los resultados se encuentre lo que se busca.
   Hasta ahora se ha trabajado en la selección de plantas poliploides de semilla y realización hibridaciones en campo, con lo que se obtienen plantas juveniles, las cuales requieren un periodo de al menos cinco o seis años para comenzar su evaluación. En esta línea colabora una investigadora de la Comunidad Valenciana, María José Asins, que aportará su experiencia sobre marcadores moleculares.
   Y es que, recientemente se ha iniciado una nueva línea de investigación, financiada por el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), que consiste en obtener variabilidad genética a través de tratamientos de mutagénesis de yemas de las distintas variedades de limonero que se quiere mejorar. Después de los tratamientos, las yemas serán injertadas en patrones y llevadas a campo, donde serán evaluadas.  
   A través de mutagénesis, y financiado por la Fundación Séneca,  también se está llevando a cabo un proyecto de investigación sobre mejora genética del mandarino Fontune, con el que se pretende obtener nuevos clones que sean resistentes al hongo de la Alternaria. Este hongo ocasiona la aparición de manchas de color marrón en los frutos, provocando importantes pérdidas económicas en el sector.
   El Equipo de Citricultura del IMIDA, previamente a estas investigaciones, ha desarrollado otras de gran interés como la puesta a punto de un protocolo de rescate de embriones inmaduros de limonero y la micropropagación de patrones de cítricos, lo que permite disponer de patrones enraizados en cualquier época del año.
   Según Olalla Pérez el proceso de trabajo, que se lleva a cabo en fincas experimentales del IMIDA, es muy laborioso. A lo largo de todo el año se realiza un mantenimiento de los árboles que se van a utilizar como parentales, ya que deben estar en condiciones óptimas para llevar a cabo las hibridaciones.
   En primavera se realizan los cruzamientos. Para ello se recoge el polen de la variedad que se utilizará como padre y se polinizan las flores de la variedad madre. Hay que hacer un seguimiento durante varios meses de la fructificación y se recogen los frutos en estado inmaduro.
   Luego se hace el rescate de embriones inmaduros. Este proceso se realiza en condiciones estériles bajo una lupa, lo que supone muchas horas de trabajo en la cabina de flujo laminar. Los embriones rescatados son cultivados in vitro hasta su desarrollo en plántulas, que serán llevadas al invernadero para su desarrollo y crecimiento, antes de su plantación en campo.

La Audiencia Provincial de Murcia anula por abusivo un interés de demora del 30 % en préstamo

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado los intereses de demora fijados en un contrato de préstamos por una entidad financiera porque al llegar al 30 por ciento son considerados "abusivos".

La sentencia estima el recurso que la persona que recibió el préstamo presentó contra la resolución de un Juzgado de Primera Instancia de Murcia que en julio de 2011 estimó la demanda presentada contra él por la entidad F., E.F.C.
Al estimar la demanda, el juez condenó al ahora apelante a pagar a esa sociedad anónima 2.578 euros, "más los intereses pactados desde la fecha de la petición inicial en un procedimiento de reclamación".
Al analizar la sentencia que se revoca de manera parcial, el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia indica que el juez de primera instancia se equivocó al considerar que el interés moratorio pactado fue del 2,5 por ciento, "cuando realmente el interés anual llegaba al 30 por ciento, ya que el otro era mensual".
La sala añade que "el interés del 30 por ciento es abusivo, al superar ampliamente el límite establecido por la Ley de Créditos al Consumo".
La sentencia concluye señalando que el apelante no estará obligado a pagar los intereses de demora, al acordar "la nulidad absoluta" de la cláusula del contrato en la que se recogen.

El PSOE de Cartagena constituye la Sección del Rincón de San Ginés

CARTAGENA.- Esta semana ha tenido lugar en La Manga el acto de constitución de la primera Sección Socialista del Rincón de San Ginés, que se pone en funcionamiento tras el último Congreso Regional del PSRM, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

La creación de esta sección responde a la necesidad de aumentar la coordinación política en esta zona, que en temporada estival supera los 25.000 habitantes, para que sea más asequible al ciudadano. Al frente estará Salvador Martínez, secretario de Turismo y Comercio en la Ejecutiva Municipal.
"Celebraremos reuniones mensuales con las asociaciones de vecinos y colectivos del territorio, como primera estrategia de acercamiento. Lo que queremos es que los problemas y necesidades no nos lleguen de oidas sino poder saber de ellas de los propios interesados para poder plantear soluciones viables", subraya.
Asimismo, Martínez explica que "es una zona muy amplia, que en invierno tiene más de 12.000 personas que pagan sus tasas e impuestos como todos los cartageneros y no han recibido el trato que merecen del Ayuntamiento. Situación que ha empeorado aún más durante la crisis", declara Salvador Martínez.
Y es que, a la constitución de la sección asistieron también el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar; el presidente del PSOE de Cartagena, Julio Nieto; la secretaria general de los socialistas cartageneros, Ana Belén Castejón y el secretario general de la Agrupación Este-Litoral, Juan Pedro Torralba.
"Esta zona, calificada como de alta incidencia turística, permanece abandonada por el PP como consecuencia de la falta de la necesaria promoción turística, la disminución constante de las inversiones municipales y la práctica desaparición de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por eso hemos visto la necesidad de constituir la sección de La Manga, de forma que sea mucho más sencillo atender a las necesidades ciudadanas", indica Torralba.

Corvera: otro aeropuerto sin aviones


Murcia avaló con 200 millones un aeródromo privado que lleva un año terminado y sin vuelos

MURCIA.- Antonio Sánchez Hernández utiliza la lógica aplastante del campo. “Imagino que lo abrirán para luego cerrarlo”, afirma mientras señala lo que los carteles llaman el “Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”. Antonio, de 72 años, marmolista jubilado y agricultor en sus ratos libres, riega sus 20 fanegas de tierra para intentar salvar la cosecha.


El aeropuerto que señala al otro lado de la carretera es un edificio gris con láminas de acero inoxidable. Es bonito y dicen que ha ganado premios de diseño. No se puede entrar, solo ver los matorrales que asoman entre la pista, el aparcamiento vacío, la torre de control sin estrenar. Ni un vuelo comercial ha aterrizado aquí, entre almendros y frutales, pese a que la instalación, que ha costado 266 millones de euros, lleva un año terminada. A la lista del bochorno, aeropuertos sin aviones —Castellón, Ciudad Real, Huesca...—, se suma el de Corvera, con menos publicidad y sin haber sido inaugurado, se dice hoy en 'El País'.


Murcia iba a ser Florida. O mejor, California. En la burbuja, proliferaron los resorts —miles de viviendas y campos de golf— cerca de la costa para atraer británicos. El Gobierno regional, del PP, se sumó a la fiesta. El dinero parecía no ser un problema. Así nació la autopista de peaje Cartagena-Vera, que recorre 100 kilómetros de costa casi virgen para dar servicio a las futuras urbanizaciones. Después iba a ir Marina de Cope, un megacomplejo en un parque natural. La guinda era un aeropuerto privado para atraer enjambres de turistas. Al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, no le bastaba con el gran aeropuerto de Alicante, a 75 kilómetros de Murcia. Ni con el uso parcial de la base militar de San Javier, en Murcia.


Por eso en 2006 adjudicó a un consorcio liderado por Sacyr la construcción de este aeropuerto. “Es único porque no ha constado un euro público y la titularidad es de la comunidad”, cuenta en su despacho el director general de Transportes, Antonio Sánchez-Solís. A la entrada de la consejería hay una gran maqueta del aeropuerto. Y frente al despacho del consejero, otra.

En 2008, al comenzar las obras, pronto se vio que nada iba según lo previsto. “Entonces cae la financiación bancaria y el concesionario encuentra dificultades, se bloquean las negociaciones con las entidades financieras, y la comunidad autónoma lógicamente acudió en auxilio del concesionario avalándole. Eso no supone que haya puesto una peseta”, cuenta Sánchez-Solís.


El “auxilio” fue un aval de 200 millones de la comunidad al proyecto. Lo introdujo el PP en una enmienda a los presupuestos de 2010 y así ligó su destino al de la obra. Si la concesión quiebra, los bancos —Caixabanc, Espirito Santo, Caixa de Tarragona, Caja Segovia, Cajasol, el ICO y la Caja de Tarragona— exigirán 200 millones a una comunidad endeudada y que en 2012 tuvo que pedir 527 millones al Fondo de Liquidez Autonómica. “Era el momento de dejar caer la obra y no habría pasado nada, pero Valcárcel se empeñó en seguir”, dice una fuente conocedora del plan que exige anonimato.


Con el aval de la comunidad fluyó el crédito y las obras volvieron a coger ritmo. Acabaron hace un año, según fuentes del proyecto, aunque no hubo corte de cinta ni cava. La imagen de los fiascos de Castellón y Ciudad Real sobrevuela Murcia. Ningún político lo inaugurará sin un avión. “Está en fase de equipamiento y faltan algunas autorizaciones”, matiza el responsable de transportes autonómico, quien no da fecha para su apertura: “Sería imprudente”. La hemeroteca está llena de anuncios con la próxima apertura del aeropuerto.


El principal problema es que, a 35 kilómetros, el Ministerio de Fomento acaba de invertir 70 millones en mejorar el aeropuerto de San Javier. AENA, la sociedad encargada de gestionar la parte civil, construyó entre 2004 y 2011 una nueva terminal, otra pista y una torre de control. Y exige que la comunidad o el aeropuerto nuevo se los paguen. “Ni la comunidad ni el concesionario tienen ese dinero. Lo que pueden hacer es traspasarle esos activos al Ministerio de Defensa”, cuenta una fuente del proyecto.

La situación es endiablada: un aeropuerto nuevo de 266 millones que exige que cierre otro, público, que está a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar. “Valcárcel se empeñó en tener su aeropuerto cuando sabía que AENA estaba invirtiendo en San Javier. Dijo que triplicaría la llegada de turistas y no hay nada”, critica Begoña García Retegui, portavoz socialista. En Murcia se esgrime el agravio respecto a Alicante. “Murcia ha sido tradicionalmente muy castigada en materia de comunicaciones. La autovía del Mediterráneo paraba en Alicante, hasta hace poco no tenía una autovía con Madrid y no hay red de tren desdoblada. Y eso que es una región turística”, alega Sánchez-Solís. El Gobierno de Murcia insiste en que no será otro aeropuerto sin aviones. Valcárcel ha dicho que no es un aeródromo “para pasear”, en alusión al de Castellón, que se hizo “a mayor gloria del padre de la nena” —dardo contra Carlos Fabra y su hija Andrea—.


Pese a que la comunidad afirma que todo está en orden y no hay ningún riesgo con el aval, pasan los meses y los accionistas se inquietan. Junto a Sacyr —que cuando se lanzó la obra presidía el murciano Luis del Rivero— hay en el capital empresas de Murcia (El Pozo y Cementos Cruz), bancos (CAM y Caja Murcia) e Inmobiliarias (Montoro e Hijos e Inprisma). Cada una de estas tiene una participación que ronda el 6%, pero algunos empiezan a cansarse de pagar intereses y no tener fecha de apertura. Montoro e Hijos ya ha pedido salir del accionariado, según la empresa.


Incluso si AENA acepta cerrar el aeropuerto de San Javier, quedarán nubarrones. Los números con los que se montó el negocio son hoy más que dudosos: el tráfico de pasajeros en San Javier ha bajado de dos millones en 2007 a 1,2 en 2012. Si Corvera absorbiera todo el tráfico de San Javier no llegaría a los 5,2 millones de pasajeros en 2015, como preveía el contrato. “Si abre, habría que dar ayudas públicas inmediatamente, como se ha hecho con las autopistas de peaje. Además, se habría cerrado el aeropuerto público”, cuenta una fuente en la trastienda de la operación. La concesionaria no comenta la situación, aunque hay quien recuerda que renegociar las condiciones de la concesión es una práctica habitual.


Ajenos a las negociaciones entre Sacyr, AENA y la comunidad, en la zona cunde el desánimo. Los dueños del terreno denuncian que solo han cobrado una parte mínima de la expropiación. Ascensión Noguera está entre los 90 dueños afectados: “Estoy pagando una hipoteca por la tierra de limoneros que compré con toda la ilusión y ahora no hay nada”. Al menos, cuenta, ella trabajó en la construcción del aeropuerto. Está pendiente de los cursos de formación de personal, pero se retrasan una y otra vez.


Antonio Sánchez, el agricultor, vuelve a mirar a su alrededor y diagnostica: “No hay un duro. El dinero se ha ido. En ese resort hay 1.500 casas y viven 20 familias. Los extranjeros se han cansado de que les engañen”. Habla sonriendo, pausado, sin rencor, pero cada frase es un mazazo: “El aeropuerto no hacía falta, pero se han equivocado todos. Lo que teníamos que hacer en treinta años lo hicimos en menos de diez. Mi hija es profesora y en su escuela no tienen ni para el gasoil de la calefacción. El único avión que veré aquí será este pívot”. Y señala los tubos del sistema de regadío aéreo que pasan sobre su cabeza.


La autopista Cartagena-Vera está en concurso de acreedores y la ley que permitía la megaurbanización de Marina de Cope en un parque natural en la costa ha sido anulada por el Constitucional. ¿Se salvará el aeropuerto de la maldición de los planes faraónicos de Murcia?

sábado, 16 de febrero de 2013

El Papa se va pero deja nombrado al presidente del Banco Vaticano


CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI, que renunciará el próximo 28 de febrero, aprobó ayer viernes la designación del alemán Ernst von Freyber como nuevo presidente del Banco Vaticano, el controvertido Instituto de Obras de Religión (IOR), en su último nombramiento para un puesto clave a menos de dos semanas del fin de su pontificado.


"El Papa manifestó su pleno consentimiento" a la designación de Von Freyber, precisó el portavoz del Papa, el jesuita Federico Lombardi.

La comisión cardenalicia que supervisa las actividades del IOR seleccionó a la persona que administrará las finanzas de la Santa Sede.

Los purpurados entrevistaron a "más de 40" ejecutivos "con un alto perfil profesional y moral", con la ayuda de una agencia internacional independiente.

El nuevo presidente del Banco Vaticano, es un abogado nacido en 1958, miembro de la Orden de Malta, que sucederá al italiano Ettore Gotti Tedeschi, despedido en mayo de 2012 sin aclararse el motivo.

En los últimos meses, el Banco Vaticano ha estado en el centro de las tensiones dentro de la Santa Sede, que desembocaron en el llamado 'Vatileaks', la filtración de cartas y documentos internos del Papa a la prensa.

Según la prensa italiana, el nombramiento de Von Freyber, licenciado en derecho en las universidades de Berlín y Múnich, no agrada a toda la jerarquía de la Iglesia.

"El Papa no lo conoce personalmente y no intervino en la elección", aseguró el portavoz del Papa para zanjar la polémica.

"En toda Institución hay opiniones diferentes (...) pero eso no quiere decir que se trate de conspiraciones", dijo Lombardi, minimizando lo que la prensa ha calificado "de batalla interna" dentro del Vaticano.

En una nota divulgada sucesivamente por la oficina de prensa de la Santa Sede, el portavoz del Papa precisó que Von Freyberg trabajará de forma "exclusiva" para el IOR, aunque mantendrá la presidencia del grupo Blohm+Voss, cuya mayor actividad es "la reparación de embarcaciones para cruceros". La firma alemana forma parte del consorcio que construye cuatro "fragatas para la marina alemana", recalca el comunicado, respondiendo indirectamente a las polémicas suscitadas por su actividad como productor de naves de guerra.

En 2010, la justicia italiana abrió una investigación judicial contra dos directivos del Banco del Vaticano por violar las leyes italianas sobre el blanqueo de dinero.

Para algunos observadores, el nombramiento llega en un momento delicado, con los católicos todavía sorprendidos por la decisión histórica de Benedicto XVI de marcharse del trono de Pedro.

El IOR tiene un patrimonio estimado de 5.000 millones de euros, distribuidos en 34.000 cuentas corrientes. Sólo pueden acceder al banco los miembros del clero, de las órdenes religiosas, los diplomáticos y los asistentes del pontífice.

Entre sus clientes figuran 1.660 obispos, 2.700 congregaciones, 2.000 diplomáticos y 1.610 monjas.

En julio pasado, la comisión europea encargada de supervisar el respeto de las normas de lucha contra el blanqueo dijo que el IOR "ha cumplido muchos pasos positivos en poco tiempo" pero que "aún hay mucho trabajo".

La Iglesia Católica vivirá en las próximas dos semanas un periodo de transición antes del cónclave que designará al nuevo Papa, un proceso que la Curia Romana afronta con normalidad a pesar de la evidente desorientación que reina incluso dentro del Vaticano tras la renuncia histórica de Benedicto XVI.

Ayer viernes, el Papa recibió en el Vaticano al presidente de Rumanía, Traian Basescu, y hoy sábado se despidió simbólicamente de América Latina al recibir al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el último mandatario de esa región que se entrevista con el pontífice alemán antes de su renuncia.

Benedicto XVI recibió también hoy sábado al primer ministro italiano, Mario Monti, y al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano.

Unas 4.000 personas se manifiestan por las calles de Murcia por el derecho a una vivienda y contra los desahucios

MURCIA.- Unas 4.000 personas han clamado hoy en Murcia porque "los banqueros no sigan explotando a la ciudadanía y no quede descafeinada" la iniciativa legislativa popular aceptada a trámite en el Congreso con casi 1,5 millones de firmas, según fuentes de la convocante Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En un veloz recorrido por el centro de la ciudad que ha finalizado sobre las 20 horas ante la sede del Banco de España, los manifestantes han coreado lemas ya clásicos, como el "Ni gente sin casas ni casas sin gente", "Sí se puede", "No al terrorismo financiero", "Ni desahucios ni embargos", "Rescatad a las personas, no a los bancos" o "El pueblo unido jamás será vencido".
A ellas se sumaban otras consignas menos habituales como "No son suicidios, son asesinatos", "Tenemos la solución, los banqueros a prisión", "El miedo va a cambiar de bando" o "No queremos pagar su deuda con la salud y la educación", entre pancartas procedentes de las PAH Cieza o las comarcas del Mar Menor y el Río Mula, mientras que en Cartagena se han reunido varios centenares de personas.
A la cabeza de la manifestación iba el economista Esteban Melo -candidato al parlamento ecuatoriano en las elecciones legislativas de mañana por el partido del actual presidente, Rafael Correa-, que ha señalado que la crisis la están pagando españoles y compatriotas suyos que se han visto privados de su vivienda y deben la hipoteca.
Entre una mayoría de nacionales se veían también grupos de inmigrantes latinoamericanos y magrebíes, muy afectados por los desahucios en la región de Murcia, para los que los convocantes piden que se apruebe la dación en pago retroactiva, que solo en los tres primeros trimestres de 2012 ha afectado en esa comunidad a 865 familias.
"La iniciativa legislativa popular es una cuestión de mínimos" que incluye además los alquileres sociales y el fin de los desahucios, pues "una de máximos sería el derecho a la vivienda como fundamental y exigible, pero hasta llegar hasta ahí hay que parar primero los desalojos", han indicado desde la plataforma convocante.
A su juicio, la que consideran "inminente" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a obligar al Gobierno "a rectificar y a paralizar todos los desahucios, porque la inmensa mayoría de los afectados no ha podido acogerse a los requisitos establecidos por su real decreto y, en el caso de la región de Murcia, solo se conoce el de una familia".
Pequeñas pancartas con los lemas "No al terrorismo financiero" o "Por una economía al servicio del bien común" salpicaban aquí y allá los bloques encabezados por las pancartas de otros colectivos que se han sumado a esta reivindicación, como la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia o la Plataforma Prosoterramiento de las Vías del Tren de Alta Velocidad a su paso por Murcia.
 Estos miles de murcianos se han manifestado esta tarde para reclamar el derecho a una vivienda, secundado así el llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia.
   Los manifestantes han partido del Jardín de Floridablanca minutos antes de las 18.30 horas, tras una pancarta principal que rezaba 'Contra el terrorismo financiero. Por el derecho a una vivienda digna', dirección calle Princesa, para después entrar por la calle Correos y continuar por la Plaza de la Cruz.
   Posteriormente, varios afectados han llevado a cabo intervenciones en varios bancos, empezando por la CAM, que "es una de las entidades financieras que más desahucios ha ejecutado en la Región junto a Bankia", según ha indicado Paco Morote, quien ha agregado que la protesta proseguirá por la avenida Alfonso X hasta la Gran Vía, para terminar frente al Banco de España. Curiosamente este agitador habitual no ha mencionado a Caja Murcia en ningún momento a lo largo de la tarde.
   Y es que, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han demandado el derecho a una vivienda digna, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago.
   En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".
   Asimismo, los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".
   En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".
   Por ello, han advertido que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Los jueces españoles se muestran hartos con la corrupción

MADRID.- Unos 340 jueces se han reunido este sábado en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para tratar el tema de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas.

   Al término de la reunión, el portavoz de la asamblea y juez instructor de Guadalajara, Jesús Villegas, ha denunciado la falta de compromiso del poder político al no entender las exigencias actuales del pueblo.
   En relación a la nueva ley de tasas que entró en vigor hace unos meses, los jueces presentes en la asamblea han reconocido que no son aceptables pues "hieren la anatomía del Estado". Villegas ha añadido que "si se recorta en justicia se recorta en calidad" y que no es un ejercicio de responsabilidad echar a unos 1000 jueces.
   Asimismo, se ha hecho hincapié en la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la falta de representación que los jueces tienen en este organismo. El portavoz ha querido dejar claro que este órgano no representa a todos los jueces de España y debe "democratizarse" sin caer en el "corporativismo" y ha recordado que "incluso" desde la Unión Europea se "ha denunciado esta situación".
   Para finalizar, Villegas ha expuesto que los casos de corrupción aparecidos en estas últimas semanas en la prensa han sido "la gota que ha colmado el vaso" y que entre los jueces "eso de los sobres no ocurre".
 "Estamos cansados y hacemos un llamamiento a jueces y ciudadanos" ha concluido.

Politólogos murcianos subrayan la falta de control en los partidos, y reclaman una ley regional de transparencia

MURCIA.- Los politólogos de la Región de Murcia coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.

   Así lo ha hecho saber hoy el politólogo, periodista y vicesecretario de Comunicación del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, Antonio Pérez Hernández, tras ser preguntado por los últimos casos de presunta financiación irregular en partidos políticos.
   El portavoz afirma que los partidos de la Región están sujetos a la misma ley nacional de financiación, que estipula que deben percibir un tercio de los recursos en función de su representación parlamentaria y los dos tercios restantes en función de los votos recibidos.
   En este sentido, añade que el Colegio de Ciencias Políticas no ha adoptado recientemente ninguna posición oficial sobre la financiación de los partidos porque no ha procedido a su debate, pero recuerda que la institución ha suscrito el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno, que recoge un decálogo de medidas encaminadas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.
   Se trata de un documento impulsado por medio centenar de ciudadanos murcianos de distintos ámbitos sociales, profesionales e ideológicos que ha sido suscrito ya por más de 300 personas y una veintena de organizaciones sociales y políticas.
   Entre otras cosas, el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno apuesta por obligar a los partidos políticos a ofrecer en los seis meses posteriores a cualquier campaña electoral un balance detallado de los ingresos y gastos que habían tenido en los comicios.
   Asimismo, el Pacto considera oportuno que los partidos políticos realicen una liquidación anual de ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas, según recuerda Pérez.
   También reclama un registro público de subvenciones en el que se pudieran consultar las organizaciones que donan el dinero a los partidos; así como un mecanismo de transparencia de toda la contratación pública, porque es otro de los ámbitos en los que prolifera la corrupción.
   Al margen del Pacto por la Transparencia, el portavoz del Colegio de Ciencias Políticas explica que los politólogos estiman fundamental reformar el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de fiscalizar a los partidos, porque realiza su labor "de forma insuficiente".
   Para Pérez, este tribunal debería estar formado por jueces de carrera, y "no por políticos jubilados que, además, son gente de confianza de los partidos". Además, cree que deben de contar con más medios, porque el último ejercicio que el Tribunal ha fiscalizado es de 2007.
   Del mismo modo, apuesta por incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está recogido; así como realizar una reforma para que no prescriban los delitos de corrupción; y excluir de la financiación pública a los partidos condenados en sentencia firme por financiación irregular.
   Asimismo, reclama a los ciudadanos "más intolerancia" con la corrupción, y cree que esta intolerancia debe de hacerse extensiva a los propios partidos políticos, porque el que es corrupto "está compitiendo de forma desleal con el resto de sus compañeros, porque tienen otros recursos. Los políticos honrados deberían sentirse los primeros estafados", añade.
   Por otro lado, los politólogos creen que se deberían eliminar las arbitrariedades en las aportaciones económicas a las fundaciones que dependen de los partidos políticos. Consideran "un escándalo" que el dinero que reciben estas fundaciones "cambie de un año para otro" en función de que si el partido al que pertenecen está en el gobierno o no.
   "Su trabajo intelectual debería valer lo mismo independientemente de si están en el gobierno o no", considera Pérez. "O se eliminan estas arbitrariedades o, directamente, las fundaciones de los partidos no deberían de recibir financiación pública o financiarse con las aportaciones de los partidos".
   Este politólogo también propone que se limite la acumulación de las retribuciones públicas, porque "hay altos cargos que cobran simultáneamente, por ejemplo, por ser alcaldes, por ser presidentes de diputación y consejeros en cualquier empresa pública".
   Considera razonable que los cargos tengan un sueldo público "porque se les supone dedicación completa", pero lamenta que los políticos que acaparan varios puestos no pueden ejercer su responsabilidad de forma tan exhaustiva, y propone igualmente limitar la compatibilidad de pensiones con otros ingresos, ya que se trata de un asunto que "indigna mucho a la ciudadanía".
   Por ejemplo, estima "razonable" que los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar reciban una pensión porque se han dedicado a la política y han abandonado su vida privada para ello. Sin embargo, cree que deberían de renunciar a estas pensiones en el momento en el que son contratados por grandes empresas y empiezan a percibir "un sueldo elevado".
   De todas formas, cree que los ciudadanos deberían ser "menos cínicos" y reconocer que los políticos, en general, "están mal pagados" y, en especial, "los altos cargos". Por ejemplo, considera "una miseria" que el presidente Mariano Rajoy cobre 75.000 euros con las responsabilidades que tiene.
   Igualmente, propone la reducción de los cargos de libre designación en la administración, y ser más escrupulosos en la aplicación de la ley de incompatibilidades en el ejercicio de los cargos públicos, para evitar que alguien consiga contratos por la información que ha obtenido durante el tiempo que ha ocupado un cargo público.
   Respecto a la presunta financiación irregular del PP, Pérez cree que lo más importante "no es el destino del dinero negro" y el pago a altos cargos, ya que se trataría de cantidades "muy pequeñas" que ni siquiera constituirían un delito fiscal. El problema, en su opinión, es la procedencia de ese dinero negro.
   Esta es la base del debate sobre las donaciones. Pérez reconoce que se trata de un asunto polémico que divide a los propios politólogos. De hecho, algunos de ellos están a favor de que se prohíban las donaciones anónimas o que se limiten, mientras que otros creen que los partidos deberían financiarse sólo con dinero privado.
   Pone como ejemplo los Estados Unidos, donde hay financiación pública, pero los candidatos presidenciales renuncian a ella para no estar limitados a la hora de recolectar fondos privados.
   En cualquier caso, los politólogos coinciden unánimemente en que las donaciones deberían de ser "transparentes" y con "nombres y apellidos". A su parecer, el anonimato no debería estar permitido, puesto que quien paga algo "condiciona" al receptor, y los ciudadanos tienen derecho a saber "quién está condicionando a los partidos y qué recibe a cambio".
   Pérez no delimita esta transparencia a las donaciones que se entregan a los partidos políticos, sino también a las ayudas y servicios que se prestan a los partidos como, por ejemplo, las condonaciones de deuda o préstamos con tipos de interés favorable.
   No obstante, reconoce que es muy difícil perseguir y evitar este tipo de prácticas se produzcan de forma "soterrada", porque a las empresas "no les interesa que están financiando campañas electorales".
   Este tipo de prácticas recibe el nombre de "cualidad hidráulica" del dinero de los partidos, que consiste en que "la vía ilegal de aportaciones sube muchas veces de forma automática cuando disminuye la vía legal", explica Pérez.

Herguedas (IU-Verdes) afirma que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos"

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho hoy ante la aprobación de la reforma de la Administración Local, que el PP "sigue dando la espalda a los ayuntamientos", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Herguedas ha señalado "que la historia de los más de treinta años de ayuntamientos democráticos es la historia de las promesas incumplidas por los dos grandes partidos que se han alternado en el poder".
    Y es que, en su opinión, "mientras nuestras instituciones municipales maduraban y cada vez gestionaban más servicios, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar respuesta a sus necesidades".
   A su juicio, "en estos años hemos asistido a un curiosos juego en el que los dos grandes partidos reclamaban más recursos y más autonomía local para los municipios cuando estaban en la oposición y daban la espalda a los ayuntamientos cuando llegaban al poder".
   En este contexto, la edil afirma que "la presentación en el Consejo de Ministro del informe sobre la reforma de la administración local es el último capítulo del fracaso de los dos grandes partidos en sus políticas municipales".
   Asimismo, Herguedas ha augurado escaso recorrido a una reforma elaborada sin consenso que no reconoce las reclamaciones históricas de los municipios de más autonomía local y más suficiencia financiera.
   Por otro lado, la portavoz de IU-Verdes ha recordado que los ayuntamientos sólo disponen de trece de cada cien euros del conjunto de las administraciones públicas y a pesar de gestionar un buen número de servicios apenas acumulan el 4 por ciento del déficit del conjunto de estas administraciones.
   De este modo, ha considerado que los ayuntamientos no son un problema para el conjunto de las administraciones públicas, sino la solución. "Defender a los ayuntamientos es defender a los servicios públicos que de ellos dependen y defender la democracia que se ejerce de abajo arriba", añade.
   Por último, ha destacado como muy negativo el refuerzo del papel de las diputaciones que se desprende de esta reforma. "Las diputaciones son instituciones poco democráticas y obsoletas cuya única justificación es la de servir para colocar a enchufados", por ello, tal y como viene reclamando desde hace tiempo su organización ha pedido que desaparezcan repartiendo sus competencias entre Comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Región de Murcia alcanza los 900 megavatios de potencia instalada en energías sostenibles

MURCIA.-   La Región de Murcia alcanzó en 2012 un total de 900 megavatios de potencia instalada en energías renovables y eficientes, según los datos facilitados por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

   En concreto, la suma de la potencia instalada incluye la energía producida a través de cogeneración, hidráulica, fotovoltaica, solar termoeléctrica y eólica, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Así, esto confirma la evolución positiva que a lo largo de los últimos años han tenido la instalación de proyectos y producción de energía a través de las tecnologías basadas en fuentes renovables. El director general de Industria, Energía y Minas, Pedro Jiménez, explicó que "desde 2007 duplicado las instalaciones basadas en energías renovables y sostenibles hemos en la Región, ya que aquel año contábamos con 453 megavatios instalados".
   Igualmente, más que la cifra global de potencia instalada, Jiménez hizo hincapié en que el 23,74 por ciento de la energía que se produjo en la Región durante el pasado ejercicio es energía eficiente, "lo que supone un importante volumen, que se va incrementando año tras año y que contribuye a que la Región incremente sus niveles de autosuficiencia energética".
   Y es que, desde 2007, se han incrementado en un 75 por ciento las instalaciones de parques eólicos en la Región, hasta alcanzar los 262 MW instalados. Además, en ese tiempo se ha duplicado la producción de energía eólica, que ha pasado de 158.000 megavatios hora a 309.000 megavatios hora.
   El director general apuntó que "Murcia es una comunidad que exporta energía a otras comunidades autónomas. De hecho, en el año 2011 exportamos 1.492.000 megavatios hora de energía eléctrica, lo que supone el 20 por ciento de la producción total de la Región, que ascendió a 7.800.000 megavatios hora".
   No obstante, Pedro Jiménez, pese a mostrar su satisfacción por estos datos, aseguró que "debemos seguir creciendo en este terreno porque el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética es una apuesta de futuro y también porque este sector presenta unas expectativas de negocio muy importantes que pueden aportar crecimiento económico y creación de empleo".

Viudes dejará la presidencia del Puerto de Cartagena en las próximas semanas

CARTAGENA.- El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el economista y empresario murciano Adrián Ángel Viudes, dejará el cargo en las próximas semanas aduciendo 'razones familiares', según fuentes del PP en ésta ciudad, que no han dado más detalles al respecto, y que lo dan como seguro.

La dimisión de Viudes puede estar relacionada con las recientes sentencias judiciales en favor de los estibadores, con los que se halla enfrentado, o realmente en esas razones familiares que parece va a aducir para justificar su inesperada retirada de la política regional y del mundo de la empresa.

Lo que sí parece cierto, es que Viudes ha estado meditando esta retirada en los últimos meses y que habría consultado antes con diversas instancias del PP y de su entorno más próximo para elegir el momento idóneo de hacerla efectiva y pública.

Para su sustitución, el presidente Valcárcel parece tener ciertas dificultades aunque se habla de otro economista dado el perfil del cargo y la necesidad de ciertos conocimientos previos para poder continuar y alcanzar los objetivos estratégicos para el Puerto, que se habrían fijado el propio Viudes y el presidente de la Comunidad Autónoma.

El Puerto de Cartagena bate récords: 20 condenas y 50 sanciones de Trabajo


MURCIA.- La empresa de estiba cartagenera, SESTICARSA, presidida por Adrián Ángel Viudes Viudes, también presidente de la Autoridad Portuaria local, ha sido condenada más de 20 veces en los juzgados de lo social y ha sufrido más de 50 actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo en los últimos cinco años, recuerda hoy 'El Confidencial'.

Este doble récord, sin parangón en España, se debe a la 'guerra' que el máximo responsable de las dársenas cartageneras libra contra los estibadores de la empresa Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Cartagena (Sesticarsa), que tenía que haber sido privatizada el año pasado, cosa que no ha podido realizarse por las numerosas irregularidades que la rodean, según el propio presidente.
Actualmente, Sesticarsa es la única empresa similar de todos los puertos del Estado español que sigue siendo pública: todas las demás han pasado ya a manos privadas de acuerdo con la nueva Ley de Puertos de 2010. Pero la singularidad más llamativa de la relación de la Autoridad Portuaria de Cartagena con los empleados de Sesticarsa es la serie continuada de condenas en juzgados de lo social y sanciones de la Inspección de Trabajo cosechada por aquélla en los últimos cinco años.

La última acta sancionadora fue enviada el 18 de enero pasado por el director territorial-jefe de inspección provincial de Murcia, Diego Martínez Rafecas, y notificada a primeros de febrero, y es relativa al incumplimiento del convenio colectivo por utilizar trabajadores ajenos a Sesticarsa, lo que se conoce como “prestamismo laboral”, y por no poner al frente de trabajos específicos a un capataz homologado. En ella “la sanción se aprecia en su grado máximo” y también “una intencionalidad [de la empresa presidida por Viudes] manifestada en la persistencia del comportamiento” irregular durante varios meses de 2012 y a pesar de las denuncias interpuestas por los trabajadores.

Esta es la última de la larga serie de no menos de 50 actas sancionadoras contra Sesticarsa que se complementan con una lista paralela de 20 sentencias de juzgados de lo social de Cartagena, convertidas en firmes en el TSJ de Murcia, por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Entre esas sentencias figuran varias por persecución sindical, por fraude a la Seguridad Social al no haber cotizado horas extraordinarias realizadas por los estibadores portuarios, y varias por incumplimiento de normativa laboral y de convenio colectivo, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, viejo militante de UCD que pasó después al PP, fue nombrado en 1996 por Puertos del Estado, a poco de producirse el triunfo de José María Aznar en las elecciones de ese año. A partir de 2001 cambió la legislación. Desde entonces, su nombramiento es propuesto por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y ratificado por el ministro de Fomento de turno. Viudes lleva ya en el cargo oficial mejor remunerado de la Región de Murcia un total de 17 años.
Durante los últimos siete, tras decidirse la privatización progresiva de las viejas sociedades estatales de estiba y desestiba con la nueva Ley de Puertos, se ha desatado la guerra judicial y laboral con los trabajadores de Sesticarsa, con el resultado descrito de un largo rosario de condenas en lo social y sanciones laborales contra la empresa y el puerto de Cartagena.

Además, la Autoridad Portuaria de Cartagena fue sancionada en 2008 con 3.005,06 euros por infracotizaciones de cuotas de horas extraordinarias a la Seguridad Social de 1.445.596,09 euros. La dirección de Sesticarsa  interpuso recurso contencioso-administrativo para evitar el pago de esa deuda. Otro caso llamativo es el incumplimiento hasta en 34 ocasiones durante el primer trimestre de 2012 de la obligación empresarial de designar un capataz para determinadas labores. O la anulación en septiembre de 2008 del despido de un trabajador afiliado al sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CTM) que había faltado al trabajo tras sufrir un accidente de trabajo.
La guerra de los cien años

En este contexto el proceso de privatización de Sesticarsa, participada al 51% por la Autoridad Portuaria y al 49% por capital privado no se ha podido realizar. La sociedad cartagenera ha quedado como caso único en España, puesto que, desde el 1 de enero de 2012, las 27 sociedades de estiba están transformadas en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) respectiva de cada puerto, de propiedad privada totalmente.

Un escrito del 20 de mayo de 2011, firmado por Adrián Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de Sesticarsa, informa a los delegados sindicales de CTM de que no se puede completar la privatización porque “depende de la resolución del proceso contencioso administrativo que la Sociedad tiene interpuesto como consecuencia de la denuncia por horas extraoridnarias”, cuya “sentencia tendrá como consecuencia la adaptación de Sesticarsa en Sagep, o la disolución de la misma”.

Para Cayetano Jaime Moltó, dirigente local de IU, “Viudes ostenta el liderazgo en toda España de sentencias condenatorias firmes relativas a la violación de derechos fundamentales, fraude a la Seguridad Social e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y la propia Inspección de Trabajo”.