sábado, 16 de febrero de 2013

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.
   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.
   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.
   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.
   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.
   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.
   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.
   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.
   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.
   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.
   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.
   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

Dos sentencias del TSJ avalan la legalidad del denominado 'teletransporte' de suelos

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) vuelve a avalar los procedimientos urbanísticos realizados por el Ayuntamiento, garantizando que los trámites empleados se ajustaron a Derecho y respetaron todas las normas y la Ley. 

   De esta forma, la sentencia 936/2012, de 27 de diciembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se convierte en la quinta sentencia que garantiza la plena legalidad de los procesos urbanísticos realizados en el Municipio de Murcia, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
   Esta sentencia se une a otra, la 574/2012 de 13 de julio 1, en la que la Sala de los Contencioso Administrativo desestimó el recurso del Colegio de Arquitectos de Murcia contra los acuerdos de adaptación del PGOU del Municipio a la ley del suelo regional, por ser ajustada a Derecho y absolutamente legal dicha adaptación por parte del Ayuntamiento.
   Y es que, la Sentencia, contra la que no cabe recurso, constata que la obtención de suelos con destinos varios (reforestación, mejora ambiental, implantación de dotaciones o equipamientos) es un procedimiento previsto desde la primera Ley del Suelo, en 1956, que después se ha incorporado a toda la legislación estatal o autonómica.
   Con este sistema (llamado "teletransporte") se pretende, sencillamente, que la Administración se ahorre las expropiaciones y se obtengan espacios que de otra manera sería imposible para una Administración local. Por este sistema, las Administraciones municipales han adquirido "gratis" suelo destinado a hospitales, carreteras, implantación de energías limpias o vertederos.
   La Sentencia aclara que, con este sistema, los suelos adscritos no son de ninguna manera "reclasificados" o "se les da edificabilidad". Evidentemente, esos suelos, si quieren ser objeto de adquisición pública, deben ser compensados a sus propietarios; lo que se hace entonces es integrar a dichos propietarios en otros ámbitos de desarrollo (urbanizables), con la obligación de que cedan los espacios afectados en el momento procedimental oportuno (cuando se aprueba definitivamente la reparcelación, dice la Ley). Pero los suelos en absoluto pierden su condición natural ni se desprotegen.
   De nuevo, un Tribunal ha estudiado a fondo los procedimientos urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia y ha concluido -por cuarta vez- que todos se acogen a la más estricta legalidad.
   Así, desde 2001, son 5 las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes (Iruñesa de Parques Comerciales SA, PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, Asociación de Vecinos Senda de Granada).
   Estas sentencias establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio. Así, las sentencias 983/2005 de 30 de diciembre y 461/2006 de 16 julio de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia establecen la plena legalidad de la regularización contenida en el artículo 6.2.14, respecto a las dos alternativas de ordenación de los suelos SD, y la regulación del artículo 8.1.3. sobre la posibilidad de incorporación de los suelos del sistema general GD-SD.
   La sentencia 461/2006 declara, igualmente, la plena legalidad de todo el contenido del convenio aprobado en mayo de 2001 para el desarrollo de la actuación Nueva Condomina, salvo el apartado relativo al cálculo del 10% de aprovechamiento al que tiene derecho la administración municipal.
   Asimismo, la sentencia 729/2009, por otro lado, desestima lo pretendido por Anse al establecer que el plan parcial Nueva Condomina cumple lo establecido en las leyes en relación con el mantenimiento y protección de espacios hidraúlicos y estudios de impacto ambiental.
   Por otro lado, las sentencias 574/2012 de 13 de julio de 2012 y 936 de 27 de diciembre de 2012, contra la aprobación del Ayuntamiento de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, establece que los procedimientos seguidos respetaron lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo en cuanto a tramitación administrativa, tratándose de una adaptación obligatoria y no una modificación del PGOU.
   El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo siguiendo los cauces legales. Además, incide en que no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental.
   Dichos suelos, insiste la Sentencia, se mantienen como no urbanizables con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística. La Sentencia se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada  en costas. Contra la sentencia no cabe recurso.
   Igualmente, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente. El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable". Y condenaba a costas al PSOE.
   Del conjunto de las anteriores sentencias de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general.
   En este sentido, además, los jueces han revisado, investigado y sentenciado hasta en cinco ocasiones que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio en relación con los convenios de la zona Norte están avalados por la legislación vigente.
   Así lo demuestra la última sentencia 936/2012 de 27 de diciembre, elaborada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y promovida por la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que solicitaba la anulación de la aprobación de la adaptación del PGOU de Murcia la Ley del Suelo. El recurso fue interpuesto el 28 de febrero de 2006.
   Las sentencias 461/2006 y 727/2009 establecen, además y entre otras cuestiones relativas al PGOU y el Nueva Condomina, rechazan que se vulnere el régimen legal respecto a la incorporación de suelos urbanizables sin sectorizar a procesos de transformación urbanística.
   Del mismo modo, rechazan que los cambios producidos en la aprobación provisional del PGOU fueran sustanciales. Las sentencias entienden que la regulación contenida respecto a las dos alternativas es suficiente.
   Finalmente, afirman que no existe reserva de dispensación, ya que la regulación de la zona Norte (SD) es igualitariamente aplicable a todos los suelos; consideran que no se ha producido desviación de poder y que las motivaciones de la regulación de las alternativas no son ajenas al interés público; y establecen la legalidad del convenio Nueva Condomina porque cumple lo establecido en la Ley Regional del Suelo vigente en 31 de mayo de 2001, respecto los derechos de los propietarios del suelo y contiene garantías que se exigen.

Ya se diseña la ordenanza reguladora de la prostitución en el municipio de Murcia

MURCIA.- La ordenanza reguladora de la prostitución en el municipio de Murcia será fruto del consenso entre los distintos agentes implicados. Esto es lo que pretende la concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Nuria Fuentes, que esta mañana ha iniciado una serie de reuniones que permitirán diseñar y elaborar esta ordenanza.

   En el encuentro de este viernes la edil se ha reunido, entre otros, con el coronel jefe de la Guardia Civil, José Ortega, el jefe superior de Policía Nacional, Cirilo Durán, el inspector jefe de Policía Local, Ángel Marín.
   En esta reunión han comentado las ordenanzas de prostitución existentes en otras ciudades que han sido estudiadas de forma pormenorizada por técnicos de la concejalía y por la propia Fuentes, según han informado fuentes municipales.
   Éste es el primer encuentro de otros que va a mantener la concejal en próximas fechas con la Federación de Asociaciones de Vecinos, Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia, Federación Regional de Murcia de Empresarios de Comercio, Hostemur, los portavoces de los grupos políticos con representación en el municipio y el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo
   Igualmente se va a poner a disposición de todos aquellos que quieran aportar ideas y sugerencias el correo electrónico 'seguridadyrecursoshumanos@ayto-murcia.es' para que puedan enviarlas.
   Según apuntan las mismas fuentes, una vez que se elabore esta ordenanza será sacada a exposición pública.

El Gobierno murciano dice que no está "obsesionado" con la cifra de déficit

MURCIA.- El Gobierno regional está "ultimando las reuniones técnicas para cerrar la cifra de déficit" del ejercicio 2012, que se presentará en "los primeros días de la próxima semana", según ha avanzado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, quien ha puesto de manifiesto que la Comunidad "no está obsesionada con esta cifra". 

   La "obsesión" del Ejecutivo regional, ha dicho, "y lo que nos impulsa cada mañana a seguir adelante con nuestro trabajo son los 200.000 murcianos que en estos momentos no tienen trabajo y los 65.000 hogares de la Región en los que en estos momentos no entra ni un solo salario".
   En este sentido, Ballesta ha respondido a las declaraciones que ha realizado el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, quien ha dicho que la Comunidad no cumplirá el objetivo de déficit del 1,5 por ciento "y podría incluso superar el 2,5%", argumentando que desconoce si Tovar "tiene algún dote profético para avanzar esta cifra" y remitiéndose a la comparecencia que efectuará el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, la próxima semana.
   En esta línea, Ballesta ha reconocido que Murcia "no va a cumplir con el objetivo de déficit de 1,5 por ciento", aunque destaca que estará "muy por debajo de la cifra que se estableció en 2011, lo que demuestra el esfuerzo importante de reducción de esa cifra".
   En estos momentos, ha explicado, el Gobierno regional "está haciendo un análisis de los entes dependientes de la Administración regional con el objetivo de adecuarlos, fusionar muchos de estos entes y reducir su cifra sin que por ello se pierda la operatividad y capacidad de actuación, pero sí obtener una reducción de costes".
   De la misma manera que "se continuará avanzando en el Plan de Reequilibrio, establecido para 2012 y 2013".
 "Ese será el elemento que guiará nuestra actuación para acometer las cifras de déficit correspondientes a 2013", ha indicado, para después señalar que "todo ello sin afectar a aquellos elementos de nuestro modelo de sociedad, derechos básicos de los ciudadanos".

El PSRM le dice a Valcárcel cómo recaudar 200 millones más

MURCIA.- El PSRM-PSOE presenta dos mociones y tres proposiciones de ley en la Asamblea Regional con el fin de recaudar como mínimo 200 millones de euros, a través de impuestos como el de patrimonio, un plan de ajuste de la Administración regional y la lucha contra el fraude fiscal, tras conocer que Murcia no cumplirá el objetivo de déficit del 1,5 por ciento "y podría incluso superar el 2,5%" por lo que los socialistas opinan que con este fracaso, el vicepresidente y consejero de Economía, Juan Bernal, "debe replantearse su utilidad dentro del Gobierno regional".

   En este sentido el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ve a Bernal "incapaz de abordar el siguiente escalón, de llegar al 0,7 por ciento en el año próximo, lo que implicaría tener que hacer sobre el presupuesto actual de la Comunidad Autónoma un recorte superior a 500 millones de euros", teniendo en cuenta, ha especificado al hilo el diputado Alfonso Navarro que "cada décima de déficit cuesta 28 millones de euros", es decir, 280 millones cada punto.
   Según los socialistas, "PP y Bernal han sido incapaces de controlar este objetivo de déficit porque no han tenido otra manera de abordar su cumplimiento" y así ha recordado Tovar que "déficit es la diferencia entre ingresos y gastos", a la vez que ha criticado que el consejero del ramo no haya conseguido "equilibrar esa balanza", tras lo que ha sentenciado que la Región "no tiene rumbo" ahora mismo y "su expectativa de futuro se ve cada vez más mermada con los recortes aplicados".
   Hay que ser muy "austeros" y "eficientes" con el dinero público pero "no todo vale ni todos los recortes tienen que ir en la misma línea", de tal forma los socialistas, "en la intención de ser útiles", apuestan por luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida pues "es un elemento central en la mejora de ingresos que debe tener en cuenta nuestra Comunidad", así se recaudarían 160 millones "solo con la mejora de la gestión", según Gestha.
   Además, el PSOE plantea prorrogar "al menos" un año más el tiempo de cumplimiento del objetivo de déficit así como un plan de ajuste de la estructura de la Administración regional (número de consejerías, entes públicos y organismos autónomos), porque, ha resaltado el secretario general de los socialistas murcianos, "todavía hay mucha grasa que quitar para ganar en austeridad y eficacia".
   De hecho, ha añadido Alfonso Navarro, "todavía hay más de 50 entidades en espera de tomar la resolución sobre su supresión, modificación o integración en otras unidades de la Administración regional", que, a su parecer, "no necesita un cuerpo tan amplio porque la gestión que hay que hacer en estos momentos es mucho menor".

   Entre las tres proposiciones de ley del PSOE, "con el fin de procurar mayores ingresos a las arcas regionales", se encuentran la aplicación de ciertos impuestos como el de patrimonio, según ha detallado Navarro, quien ha lamentado que este impuesto no tenga establecida una escala autonómica en la Región.
   Al respecto, el diputado socialista ha puntualizado que 3.008 ciudadanos tienen un patrimonio "susceptible" de aplicarle ese impuesto, superior a 700.000 euros, y lamentado que tanto esos 30 ciudadanos con un patrimonio superior a los 10 millones como aquellos 1.500 con un patrimonio declarado de entre 2,5 y 5 millones de euros "pagan lo mismo".
   Así el PSOE plantea establecer una escala autonómica "para quien progresivamente tenga más patrimonio, pague más", con el que se ingresarían anualmente 34 millones. Es "incomprensible" que no se tenga en cuenta, ha enfatizado, "si además tenemos en cuenta que se han hecho recortes como la disminución de las guardias médicas, que ha supuesto un ahorro de dos millones, o la reducción bucodental infantil que ha supuesto solo un ahorro de otros dos millones" en el Plan de Reequlibrio de la Comunidad.
   Otros impuestos a considerar, según los socialistas, son el impuesto a los grandes establecimientos comerciales, por el que otras comunidades han ingresado unos 7 millones, o que el tramo autonómico del IRPF incluya las rentas superiores a 100.000 euros.
   Alfonso Navarro ha lamentado que el PP no haya querido en tres años aplicar el impuesto a las entidades bancarias, --ya no aplicable--, por el que se hubieran obtenido 200 millones de euros desde 2002, a razón de 20 millones de euros anuales, "que llevamos pidiendo tres años en la Asamblea Regional".
   Finalemente, ha afirmado que todas estas medidas pretenden "ayudar" a obtener mayores ingresos, con carácter progresivo, "y producirían un alivio importante en los posibles recortes que, sin duda, van a tener que plantearse si es que el Gobierno regional quiere conseguir el objetivo de déficit".

El Ayuntamiento de Los Alcázares aprueba un presupuesto de 19,8 millones para que siga el despilfarro

LOS ALCÁZARES.- El Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado los presupuestos municipales para 2013 por valor de 19,8 millones de euros, un 13,95 por ciento más que el pasado año, y que así siga aún más el despilfarro. 

   Destaca la subida presupuestaria en la partida de Servicios Sociales un 75,98 por ciento, pasando de 103.000 a 181.000 euros. Al respecto, el alcalde, Anastasio Bastida, ha explicado que "debido a la situación que se vive es de recibo aumentar esta partida, ya que por desgracia hay muchas personas pasando necesidades".
   Otras subidas importantes van a parar a las partidas de Educación y Cultura, con un 75 por ciento más en el caso de la primera, que pasa de los 40.000 euros de 2012 a los 70.000 para este ejercicio y un 500 por ciento más en el caso de la segunda, que pasa de 15.000 a 90.000 euros.  
   Además de Educación, Cultura y Servicios Sociales, el alcalde ha destinado 205.000 euros a Promoción Turística, aumentando así la partida en un 412 por ciento, al entender que "es vital para este municipio la promoción, ya que vivimos del turismo y no podemos estar de espaldas al mar, la promoción para atraer turismo es muy importante, al igual que lo son el resto de partidas que se han incrementado".
   En el capítulo de inversiones, se pasa del 0 del pasado año a 177.000 euros. El Ayuntamiento tiene previstas varias obras para este año entre las que destacan la nueva Oficina de Turismo, más amplia y céntrica en la que se van a invertir 25.000 euros; y la eliminación de barreras arquitectónicas y pequeñas obras, a las que se destinarán 57.000 euros, entre las que se encuentran la ampliación del Centro Médico de Los Narejos.
   El Consistorio también ha presupuestado 30.000 euros para la mejora de los parques infantiles que actualmente cuentan con un mobiliario obsoleto y en algunos casos, peligroso.
   En el capítulo de ingresos también se ha previsto un aumento de licencias de obra pasando de los 78.000 del pasado año a los 300.000 de este año, aumento que se produce por las licencias que pagarán inversores rusos que construirán en el municipio un parque acuático, inversores ingleses que construirán una dársena seca, la construcción de una iglesia mormona a través de una cesión de suelo por 75 años, por la que la que abonarán al Ayuntamiento un millón de euros de cesión más la licencia de obra.
   Durante el debate, el concejal socialista, Pepe Mercader ha calificado los presupuestos de "insolidarios" a pesar de la "espectacular" subida en la partida de Servicios Sociales, que se ha visto aumentada en 75,98 por ciento.
   Los presupuestos salieron adelante con el voto favorable del Partido Popular y los votos en contra de IU y UPyD, el Partido Socialista no los votó ya que el alcalde se vio obligado a expulsar al portavoz socialista, Joaquín Menárguez, y a este le acompañó todo su grupo. Ninguno de los diferentes grupos políticos, presentó enmiendas a los presupuestos municipales, a excepción de Izquierda Unida.

Más de 30.000 ecuatorianos podrán votar este domingo desde la Región de Murcia

MURCIA.- Más de 30.000 ecuatorianos residentes en la Región de Murcia podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de Ecuador de este domingo 17 de febrero a través de las correspondientes mesas electorales habilitadas en los cuatro colegios electorales de Murcia, Cartagena, Lorca y Jumilla.

   En Murcia, el recinto electoral estará situado en el Campus Universitario de Espinardo, Aulario Giner de los Ríos y Norte, en Cartagena en el rectorado de la Universidad Politécnica, en la Plaza del Cronista Isidoro Valverde y en Lorca en el Campus Universitario, antiguo cuartel Sancho Dávila.
   Para los empadronados en Yecla y Jumilla, el colegio electoral se ubicará en la Casa Consistorial de esta última localidad, en la Calle Cánovas del Castillo nº 31.

Fomento se inclina por la alternativa este para la conexión del AVE a Cartagena desde Murcia

MURCIA.- El Ministerio de Fomento ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el expediente de información pública y audiencia a administraciones del estudio informativo de la conexión de alta velocidad Murcia-Cartagena, para que formule la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

   Así, se han definido tres soluciones denominadas alternativa este, alternativa centro y alternativa oeste. Tras el análisis y la comparación de las alternativas, se ha determinado proponer como más conveniente la alternativa este, que discurre por el corredor de la línea actual pasando, entre otras, por la estación de Balsicas-Mar Menor.
   Con esta actuación, el tiempo de viaje para el trayecto entre Murcia y Cartagena se reducirá de 43 minutos a 28 minutos. Asimismo, el trayecto en alta velocidad entre Madrid y Cartagena podrá realizarse en menos de 3 horas frente a las 4 horas y 37 minutos actuales.
   Dentro de las actuaciones de alta velocidad analizadas en el estudio, también se ha incluido el tramo de conexión entre Nonduermas y Sangonera, necesario para conectar la red arterial ferroviaria de Murcia con la línea de alta velocidad Murcia-Almería y que permite la supresión del paso a nivel del camino de los Romanos en Alcantarilla.
   Además, en el estudio se prevé que la línea convencional existente se dedique básicamente al tráfico de mercancías. También se ha incluido la electrificación y la supresión de pasos a nivel de dicha línea y un nuevo ramal en Alquerías para las relaciones de ferrocarril convencional Alicante-Cartagena, informa Fomento.
   Durante el periodo establecido para la información pública, se han recibido un total de 16 escritos de alegaciones, así como otros 16 por parte de las administraciones, de los que seis de ellos certificaban la exposición al público del Estudio Informativo en el tablón de anuncios de dicho organismo.
   Todos ellos se han incorporado al expediente que ahora se remite a Medio Ambiente, junto con su correspondiente análisis individualizado. La Declaración de Impacto Ambiental que ahora se solicita es el paso previo imprescindible a la aprobación definitiva de la solución y a la redacción de los proyectos constructivos.

Los precios bajan un punto y medio en Murcia

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 1,5 puntos en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 2,8 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios descendieron también un punto y medio en la Región, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 2,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4 por ciento), Transporte (0,9 por ciento), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,5 por ciento) y Otros (0,2 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Hoteles, cafés y restaurantes, Medicina y Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (16,4 por ciento), Ocio y cultura (2,7 por ciento), Comunicaciones y Vivienda (ambos con 1,1 por ciento) y Menaje (0,4 por ciento) evitaron una subida mayor de la cesta de la compra murciana en enero.

El Gobierno murciano ayuda más a quien menos lo necesita en Educación

MURCIA.- El Gobierno regional destina más dinero a los dos colegios de Murcia del Opus Dei, Nelva y Monteagudo, que segregan a los alumnos por sexo, que al funcionamiento de todos los colegios públicos de la Comunidad, según denuncia el sindicato FETE-UGT.

Del análisis del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013 se desprende que a los colegios Nelva (sólo niñas) y Monteagudo (sólo niños) se destinan 3.653.077 euros, frente a los 2.617.663 euros que se dedican a todos los colegios públicos en concepto de gastos de funcionamiento.
Según el citado sindicato, estos datos evidencian la prioridad del Gobierno del Partido Popular con la educación privada y sexista en la Región de Murcia.
FETE-UGT sigue adelante con la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Consejería de Educación por destinar dinero público a un modelo de enseñanza diferenciado por sexos, algo que el Tribunal Supremo ha rechazado por considerarse al margen de la LOE. “En el año 2013, a los murcianos y murcianas nos va costar este tipo de enseñanza más que todo el dinero que se destina a todos los colegios públicos de la Región de Murcia”, insiste el sindicato.

Se admite la querella contra el Delegado del Gobierno y el Jefe de Policía en Murcia

MURCIA.- Hace una semana Atrapa-Murcia interpuso querella por prevaricación contra el Delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y el Jefe Superior de Policía de Murcia,  Cirilo Durán, debido a la ausencia generalizada de números de placa de los policías que "controlaban" las movilizaciones sociales. Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 3 ha decidido admitirla a trámite y comenzar la investigación, pero exige a los querellantes una fianza de 3.000 euros para proseguir con el caso. 

A juicio de Atrapa-Murcia en todas las cargas sufridas durante los  últimos meses se da un denominador común: ninguno de los agentes  participantes llevaba su número de placa, lo cual le permite hacer lo que  quiera sin miedo a ser identificado.  Pero, aparte de vergonzosas, dichas intenciones  implican una violación radical de la ley:
1. Dispone  el Artículo 18 Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas  generales  relativas a escalas, categorías, personal facultativo y  técnico,  uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de  Policía:

Todos  los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del  Cuerpo,  con indicación del número de identificación personal, en el  pecho, por  encima del bolsillo superior derecho de la prenda de  uniformidad

2. Y el Artículo 19.2 de la misma norma dice:

 El  personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné   profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número   identificativo personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  18. 

Los mandos políticos y policiales que ordenan estas prácticas, no  pueden escudarse en la ignorancia del Derecho, primero porque tienen  formación jurídica y, en segundo lugar, porque las obligaciones que la  ley impone son evidentes para cualquiera.

3. Pues bien, el Artículo Artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación diciendo que: 

A  la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,  dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le  castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo  público por tiempo de siete a diez años.

Así, aquella autoridad policial o política que, para favorecer la impunidad  de sus subordinados y la estrategia de terror contra los ciudadanos  críticos que promueve, ordene a los agentes de policía realizar sus  funciones sin el número de placa visible, a sabiendas de que la ley lo  prohíbe, estará cometiendo un delito de prevaricación, delito del que  también es otro poderoso indicio el hecho de que ningún agente acepta  dar su número de placa cuando se le pide, cumpliendo evidentemente  órdenes de sus jefes.

Por todo ello, Atrapa-Murcia ha interpuesto esta querella por presunta prevaricación contra Cirilo Duran, jefe superior de policia, y Joaquin Bascuñana, delegado del gobierno en Murcia.

"Si se estimase nuestra pretensión y se les condenase crearíamos un precedente esencial para detener esta clase de abusos en todo el Estado. Si logramos condenar al delegado del gobierno en Murcia por haber dado la instrucción de que sus agentes no porten el número de placa, esta condena servirá para lograr que todos los delegados del gobierno autores de esta práctica ilícita e incluso el propio Ministro del Interior si fue el responsable último de las órdenes, paguen por la impunidad ilegal que ha amparado tantas agresiones policiales, ejecutadas con la seguridad de que sus autores no podrían ser identificados", concluye diciendo una nota de prensa de Atrapa-Murcia.

"Debemos obtener los 3.000 euros en ocho días para continuar con el proceso. Consideramos que es una gran oportunidad para acabar con la práctica ilegal de que los agentes de policía vayan sin identificar, pudiendo apalear a los ciudadanos impunemente, dado que es imposible identificarles si no es mediante el número.

Si quieres ayudar, ingresa cualquier cantidad que consideres adecuada en: TRIODOS BANK, Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (ATRAPA), C/c nº 1491 0001 26 2036275622".

viernes, 15 de febrero de 2013

Alguien desde el TSJ le lanza un oportuno cable a un alcalde Cámara ya con 'el agua al cuello'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha afirmado este jueves que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región "avala la legalidad de la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio".

   En concreto, el Consistorio explica que se trata de la sentencia 936/2012, que confirma la legalidad de los trámites, y en la que la Sala rechaza el recurso de la Asociación de Vecinos Senda de Granada y la condena en costas, sin recurso contra el fallo, "por argumentos sin fundamento". 

   Esta sentencia se une a otras tres que avalan la legalidad del PGOU y el convenio Nueva Condomina, una cuarta que "garantiza la legalidad de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo y un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de los valores de edificabilidad de los convenios de la zona Norte", afirman las fuentes municipales. 

   El Ayuntamiento recuerda que, desde 2001, son cinco las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que "avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes Iruñesa de Parques Comerciales S.A., PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, y Asociación de Vecinos Senda de Granada".

   En este sentido, considera que estas sentencias "establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio". 

   Así, recuerda que las sentencias 983/2005 de 30 de diciembre y 461/2006 de 16 julio de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia "establecen la plena legalidad de la regularización contenida en el artículo 6.2.14, respecto a las dos alternativas de ordenación de los suelos SD, y la regulación del artículo 8.1.3. sobre la posibilidad de incorporación de los suelos del sistema general GD-SD".

   Por otra parte, la sentencia 461/2006 declara, igualmente, "la plena legalidad de todo el contenido del convenio aprobado en mayo de 2001 para el desarrollo de la actuación Nueva Condomina, salvo el apartado relativo al cálculo del 10 por ciento de aprovechamiento al que tiene derecho la administración municipal". 

   La sentencia 729/2009, por otro lado, "desestima lo pretendido por Anse al establecer que el plan parcial Nueva Condomina cumple lo establecido en las leyes en relación con el mantenimiento y protección de espacios hidraúlicos y estudios de impacto ambiental", recuerda el Consistorio.

   Además, el Consistorio explica que las sentencias 574/2012 de 13 de julio de 2012 y 936 de 27 de diciembre de 2012, contra la aprobación del Ayuntamiento de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, establece que los procedimientos seguidos "respetaron lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo en cuanto a tramitación administrativa, tratándose de una adaptación obligatoria y no una modificación del PGOU". 

   El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo "siguiendo los cauces legales". Además, incide en que "no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental". 

   Dichos suelos, insiste la Sentencia, se mantienen como no urbanizables "con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística". La sentencia "se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada en costas, y contra la sentencia no cabe recurso".

   De igual forma, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte "se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente". El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable", y condenaba a costas al PSOE, añade.

   Del conjunto de las anteriores sentencias de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir, según el Ayuntamiento, que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia "han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general". 

   En este sentido, además, recuerda que los jueces "han revisado, investigado y sentenciado hasta en cinco ocasiones que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio en relación con los convenios de la zona Norte están avalados por la legislación vigente".

   Así lo demuestra la última sentencia 936/2012 de 27 de diciembre, elaborada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y promovida por la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que solicitaba la anulación de la aprobación de la adaptación del PGOU de Murcia la Ley del Suelo. El recurso fue interpuesto el 28 de febrero de 2006.

   Las sentencias 461/2006 y 727/2009 establecen, además y entre otras cuestiones relativas al PGOU y el Nueva Condomina, un rechazo a que "se vulnere el régimen legal respecto a la incorporación de suelos urbanizables sin sectorizar a procesos de transformación urbanística".

   Igualmente, estas sentencias rechazan que los cambios producidos en la aprobación provisional del PGOU "fueran sustanciales", y entienden que la regulación contenida respecto a las dos alternativas "es suficiente".

   Afirman que "no existe reserva de dispensación, ya que la regulación de la zona Norte (SD) es igualitariamente aplicable a todos los suelos", al tiempo que consideran que "no se ha producido desviación de poder y que las motivaciones de la regulación de las alternativas no son ajenas al interés público".
   Establecen igualmente "la legalidad del convenio Nueva Condomina porque cumple lo establecido en la Ley Regional del Suelo vigente en 31 de mayo de 2001, respecto los derechos de los propietarios del suelo y contiene garantías que se exigen".

¿Estaba Cámara a la espera?

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha declarado que la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región confirma que todo el procedimiento que se ha utilizado en la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio, "está ajustado a derecho".

Jesús Samper asegura que todo se hizo a su costa y niega que tuviera trato de favor del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- El empresario presidente del Real Murcia, Jesús Samper, aseguró en octubre de 2010, cuando declaró como imputado en el caso 'Umbra', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, que no tuvo ningún trato de favor del Consistorio.

   "No solo no tuve trato de favor, sino que todo el desarrollo lo hicimos a nuestra costa y a nuestro coste", aseveró Samper ante el juez que instruye el caso Umbra.
   Contó que la tramitación del convenio se hizo con el secretario del Ayuntamiento, José Luis Valenzuela, mientras que la participación del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en esto era "protocolaria, ya que yo era vicepresidente y después presidente del Real Murcia".
   De hecho, sostuvo ante el juez que la relación con el Ayuntamiento y el alcalde Cámara "es público y notorio que pasa por unos picos hacia arriba y hacia abajo y no es que sea una relación idílica, ya que hemos tenido tres pleitos con el Ayuntamiento".
   Preguntado en su declaración con quién trataron la primera vez directamente cuando acuden al Ayuntamiento, Samper aseguró que fue con el alcalde y el entonces secretario, José Luis Valenzuela.
   Relató que trató con ellos el tema porque "no se trataba más que de gestionar lo que establecía el plan, de acuerdo con una obra de infraestructura que fuera necesaria".
   Para ver los términos en que se podía hacer el convenio, según expuso Samper, estuvieron fundamentalmente con el secretario del Ayuntamiento, ya que "la tramitación en sí misma yo no la llevé, sino que la llevaron los asesores de la propia ordenación y gestión de aquel suelo".
   La labor de Samper fue, según contó al juez, "adquirir una parte del suelo mediante adjudicación de un concurso que hizo la cooperativa La Ladera y otra parte del suelo la adquirimos directamente a un vecino propietario".
 "Con las dos, una masa de dos millones de metros cuadrados, para poder hacer todo lo que en el desarrollo de las conversaciones se nos estaba exigiendo como obra en infraestructura y a partir de ahí empezamos a trabajar y ya empiezan a desarrollarse los instrumentos, pero yo ahí no participo", señaló.
   De hecho, recordó que el Plan de Ordenación Urbana "acababa de ser aprobado y no se trataba de solicitar al Ayuntamiento de que se recalificara nada, ya que el propio plan general establecía que ese suelo estaba reservado para una dotación, siempre y cuando se hiciera una gran infraestructura válida o de interés social".
   Era hacer un estadio "de primera categoría", incidió Samper en referencia a Nueva Condomina, ya que "era venir a cubrir parte importante de las necesidades de carácter deportivo y que aficionados demandaban, tasándose el convenio en 32 millones".
   A preguntas de cuánto costó la construcción del estadio, Samper sacó a colación el recurso contencioso que tiene con el Ayuntamiento "por la diferencia de precio, porque costó más de 50 millones", es decir, casi el doble de lo que se pensó.
   Tras incidir nuevamente en que "nosotros pagamos todo", indicó que "costeamos todo".
 "Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia da la razón a que toda la tramitación y proceso era perfectamente legítimo y que lo que habíamos convenido era una donación de la infraestructura a favor del Ayuntamiento sin coste alguno para el Consistorio y nosotros soportamos todo el coste", dijo.
   El objetivo principal era que el Real Murcia "pudiera tener instalaciones adecuadas a los objetivos deportivos que tenía", por lo que argumentó que el interés municipal "ha estado reservado y preservado sobradamente".

ONGs ecologistas advierten al Parlamento Europeo de los daños que puede sufrir el litoral con la nueva Ley de Costas

MADRID.- Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han advertido este jueves a representantes del Parlamento europeo sobre los daños a los que se expone el litoral español con la reforma de la Ley de Costas que se encuentra en trámite parlamentario.

   En una reunión con una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con motivo de su visita a España para investigar la relación entre la reforma de la Ley de Costas y el informe del propio comité (Informe 'Auken') sobre el desarrollo urbanístico en España, los grupos ecologistas han advertido de la inseguridad jurídica, de los riesgos del cambio climático y de la vulneración del derecho comunitario que, en su opinión, plantea la reforma de la Ley.
   Concretamente, las ONG han insistido en que al legalizar las construcciones ilegales y reducir la zona de servidumbre a proteger, la reforma desprotege la costa en lugar de ofrecer más protección.
   Sobre el proyecto de Ley, señalan que la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no tiene en cuenta las recomendaciones para mejorar la protección del litoral, publicadas por la Agencia de Evaluación y Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
   Además, califican el proyecto de reforma de la norma de ser "absolutamente irresponsable" dada la alta vulnerabilidad del litoral español ante las consecuencias del cambio climático en el siglo XXI, identificadas por numerosos estudios científicos y la reconocidas por la propia Oficina de Cambio Climático del Gobierno.
   Al mismo tiempo, critican que el Ejecutivo "no ha sido transparente con la sociedad civil" porque la cartografía y redacción detalladas del proyecto de ley ante el Congreso indican que es una ley hecha a medida para favorecer "determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general".
   El Comité, formado por tres eurodiputadas, ha expresado su "asombro" y preocupación por la "falta de racionalidad en la selección de las zonas a proteger de 10 municipios específicos", por el gasto adicional que supondrá para los contribuyentes proteger zonas urbanas en el litoral ante los efectos del cambio climático, así como por la "evidente movilización de intereses económicos" ante la previsible aprobación de la nueva ley en los próximos días. "La ley no mejorará la mejorará la protección de la costa, sino al revés", insisten las ONG.
   Finalmente, señalan que el Comité ha invitado a estas ONG a comparecer en una próxima sesión y ha añadido que si la reforma de la Ley se aprueba sin cambios "sustanciales" se solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los "múltiples incumplimientos de derecho comunitario".

El 'delfín' de Valcárcel no quiere transparencia en La Unión

LA UNIÓN.- El PSOE de La Unión ha criticado que el PP "vote en contra de una moción que pedía la publicación en la web municipal del patrimonio y las retribuciones que perciben los miembros de la corporación: alcalde, concejales liberados y personal de confianza".

   Así lo manifiesta el portavoz municipal socialista, Mariano Oliver, quien considera que con esta actitud, el alcalde Francisco Bernabé ('delfín' de Valcárcel) y el PP dicen no a la transparencia e impiden que los vecinos conozcan cuáles son las retribuciones que efectivamente perciben los miembros de la corporación, así como su patrimonio puesto de manifiesto a través de su declaración de bienes".
   Oliver ha señalado que tanto PSOE como IU "hemos pedido que se dé publicidad a esos datos, pero el equipo de gobierno del PP presidido por Bernabé no ha querido apoyar esta iniciativa, que también incluía la publicación de datos presupuestarios para que los ciudadanos conozcan cómo y en qué se emplea su dinero".
   En febrero de 2011, ha recordado, "todos los candidatos socialistas hicimos pública nuestra declaración de bienes en la web de nuestro partido, y creemos que los ciudadanos deben conocer estos datos y qué les cuestan sus representantes, en qué medida sus impuestos se destinan a mejorar los servicios e infraestructuras del municipio o qué le cuesta pagar las dos secretarias particulares con que cuenta Bernabé".
   Por último, Oliver ha resaltado que "Bernabé y el PP han dejado patente su absoluta falta de compromiso con la transparencia y han demostrado carecer de sensibilidad hacia una de las demandas que con más ímpetu se está exigiendo desde la sociedad a los políticos en unos momentos tan delicados como los que atravesamos".

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene sin recortes la ayuda a las procesiones a pesar de la crisis

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena mantiene sin recortes su ayuda económica a las procesiones, a pesar de la crisis. El cheque que ha entregado esta noche la alcaldesa a los hermanos mayores en la tradicional Llamada ha sido de una cantidad similar a la del año pasado, 183.060 euros, como así lo destacaba el propio vicepresidente de la Junta de Cofradías, el hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra.

   La entrega del cheque estuvo precedida en el balcón del Palacio Consistorial de las intervenciones de hermano mayor californio, en nombre de todos los cofrades, y de la alcaldesa, Pilar Barreiro, ante varios cientos de procesionistas fieles a esta cita del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma y la cuenta atrás de la Semana Santa, según han informado fuentes municipales.
   Juan Carlos de la Cerra destacó el carácter tradicional de este acto y el acendrado espíritu popular de las procesiones, que unen al pueblo de Cartagena, constituyendo uno de los más ricos y antiguos legados de la ciudad, cuya fama trasciende de las fronteras regionales y nacionales.
   Por su parte la alcaldesa, tras subrayar y reconocer el importante esfuerzo que supone para las cofradías el sacar todos los años la procesiones a la calle, reiteró el apoyo que en todo momento encontrarán en el Ayuntamiento, a través de la colaboración de sus trabajadores y de la ayuda económica materializada en el cheque.
   Los actos de esta jornada procesionil comenzaron por la tarde con la reunión de los cabildos generales de las cuatro cofradías, que tras decidir sacar las procesiones a la calle se dirigieron a comunicárselo a la primera autoridad municipal.
   Los cofrades, encabezados por los hermanos mayores marrajo, Domingo Bastida; californio, Juan Carlos de la Cerra; resucitado, Tomás Martínez; y del socorro, Manuel Martínez, llegaron puntuales, sobre las 20,30 horas a la plaza del Ayuntamiento a ritmo de marchas de Semana Santa.
   En el Palacio Consistorial les esperaba la alcaldesa, Pilar Barreiro, junto a una nutrida representación de concejales de la Corporación Municipal. Ya en el balcón principal tuvieron lugar las alocuciones. Primero del vicepresidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, que en nombre del resto de hermanos mayores comunicó la decisión y pidió a la alcaldesa autorización para echar este año las procesiones a la calle .
   Pilar Barreiro dio su conformidad y entregó el cheque, concluyendo el acto con el habitual grito de música y a la calle, con el que la comitiva de procesionistas, ya con la alcaldesa y los concejales, se dirigieron nuevamente a los sones de marchas de Semana Santa hacia la Basílica de la Caridad, donde tuvo lugar la tradicional ofrenda a la patrona.
   También hoy, la web (www.semanasanta.cartagena.es) que el Ayuntamiento de Cartagena dedica a la promoción y difusión de nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, se ha actualizado e incorporado el calendario de actividades más significativas que las Cofradías celebrarán durante esta Cuaresma, así como un avance del horario e itinerarios de las procesiones, de acuerdo con la información facilitada por las cuatro hermandades.

Valcárcel admite que tendrá que plantear nuevas medidas sobre el déficit

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha admitido que el Ejecutivo autonómico, "como es natural, tendrá que plantear nuevas medidas" sobre el control del déficit, pero ha aclarado que estas nuevas iniciativas pasarán "siempre por cualquier lugar que no perjudique los intereses de ese estado del bienestar de los ciudadanos".

   En declaraciones a los medios de comunicación, ha aclarado que el déficit "no es sólo el objetivo único". Así, admite que se trata de un propósito "muy necesario" pero cree que hay que compartirlo también "con políticas, desde luego, que sigan garantizando el estado del bienestar".
   Al ser preguntado por la posibilidad de hacer nuevos ajustes, Valcárcel ha informado que el Gobierno "tiene que sentarse, tiene que meditar y tomar posiciones, como venimos haciendo desde 2010. No aportamos novedad ninguna, porque estamos manteniendo una serie de reajustes de gobierno que empezamos a hacer en diciembre de 2010", ha enfatizado.
   En este sentido, ha avanzado que el Gobierno regional "está en ello hasta que seamos capaces de controlar el déficit en la media necesaria de control de déficit".
   Valcárcel ha explicado que él querría ser "el último en control del déficit", si le ofrecieran la "medalla de campeón de control del déficit" pero, a cambio, se hubiera alcanzado un nivel "de deterioro del estado del bienestar importante", porque él no está dispuesto a "poner en riesgo el estado del bienestar de la Región".

Detectan 70 contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón al desembocar en el Mar Menor


CARTAGENA.- Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han llevado a cabo un seguimiento de la entrada de contaminantes orgánicos al Mar Menor, a través de su rambla principal, y han demostrado que las concentraciones de algunos contaminantes varían hasta un orden de magnitud en el mismo día, poniendo de manifiesto la "ineficacia" de los muestreos puntuales para monitorizar sistemas litorales como éste. En concreto, han detectado 70 contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón,

   El equipo de contaminación marina del Centro Oceanográfico de Murcia del IEO ha caracterizado la entrada de contaminantes orgánicos, fundamentalmente plaguicidas, a través de la principal rambla que llega al Mar Menor, la de El Albujón.
   En este estudio, publicado recientemente en la revista Chemosphere, se ha constatado "la gran variabilidad diaria y estacional de la concentración de contaminantes en este tipo de sistemas litorales, con variaciones de concentración y flujo para un determinado contaminante que pueden superar un orden de magnitud en un mismo día".
   Esta gran variabilidad indica que un muestreo puntual en este tipo de sistemas "no es representativo, requiriéndose muestreos exhaustivos o la utilización de algún sistema de integración de la contaminación para conseguirlo".
   Los análisis se han realizado aplicando la extracción con barras magnéticas polimerizadas y cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas, que es un método específico y sensible que permite detectar compuestos a muy bajas concentraciones.
   Los contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón incluyen pesticidas organofosforados y organoclorados, triazinas, bifenilos policlorados o hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros; predominando los insecticidas durante el verano y los herbicidas durante el invierno.
   También se ha constatado la importancia que tiene la carga contaminante que las riadas hacen llegar a la costa mediterránea, siendo superior en muchos casos al total anual que accede a través de las escorrentías superficiales.
   Este estudio se ha realizado gracias a la financiación de Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT, CTM2008-01832) del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto 'DECOMAR', que contempla también la caracterización de la distribución de los contaminantes orgánicos en la laguna y la evaluación de sus potenciales efectos en algunos organismos que en ella habitan.

Piden al alcalde de Murcia que aclare la composición del Consejo de Administración de Emuasa tras la renuncia de UPyD

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, en calidad de miembro del Consejo de Administración de Emuasa, va a pedir al alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, que clarifique la composición de dicho Consejo tras la renuncia del representante de UPyD a ocupar el puesto que le corresponde. 

    Para Tornel, "esta dimisión reduce el derecho de participación de los ciudadanos en una empresa de carácter público-privado a través de sus representantes políticos elegidos democráticamente a tal efecto, y ha propuesto cubrir esa ausencia con un representante directo del colectivo ciudadano".
   "Las decisiones en el Consejo tienen un evidente sentido político, en tanto afectan al gobierno de servicios esenciales para la ciudad", ha agregado en comunicado, "por lo que las propuestas técnicas y de gestión deben ser estudiadas, valoradas, interpretadas y apoyadas o no por el Consejo en función del interés defendido de un lado por los representantes de la parte privada de la empresa, y de otro por los representantes de los ciudadanos, que se comprometen así a procurar el mejor servicio público posible".
   De otro modo, ha señalado el concejal de izquierdas "UPyD estaría proponiendo de manera vaga la privatización completa del servicio".
   Además, Tornel ha propuesto que se estudien las posibilidades de que la plaza rechazada por el concejal de la organización magenta sea ocupada directamente por un miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia (Favermur), "de amplio recorrido en el trabajo asociativo vecinal".

La cifra de negocios del sector servicios baja un 2,1% en Murcia

MURCIA.- La cifra de negocios del sector servicios en la Región de Murcia ha registrado una bajada del 2,1 por ciento en el mes de diciembre en relación al mismo mes de 2011, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Se trata, de tal forma, de una bajada inferior a la registrada a nivel nacional, fijada en el 7 por ciento, en un índice que decreció en todas las comunidades y que, en el caso de Murcia, fue el menor descenso del país.
   En lo que va de año, la cifra de negocios en el sector servicios en la Región de Murcia fue negativa, al igual que en España, donde acumulan descensos del 4,9 por ciento y del 5,3 por ciento, respectivamente.
   En cuanto al índice general de ocupación en este sector, que bajó en todas las comunidades, Murcia registra 95,1 puntos, por encima de la media nacional, que se sitúa en los 92,5. Esto se traduce en una caída interanual del 2,7 por ciento y del 2 por ciento en lo que va de año.

El imputado Manuel Bustos dimite como alcalde de Sabadell por "el bien de la ciudad"

SABADELL.- El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, anuncia que deja la Alcaldía, aunque seguirá como concejal, y recalca que lo hace por el bien de la ciudad, tras figurar entre los imputados en el caso Mercurio que se está investigando.

   En una declaración este jueves a los medios, Bustos ha defendido de nuevo su inocencia y ha explicado que ha tomado esta decisión pensando en los ciudadanos porque su compromiso sigue "intacto" y continuará trabajando al lado del Gobierno municipal.
   "Lo hago con la conciencia tranquila, sabiendo que el tiempo esclarecerá la verdad", ha afirmado, tras reclamar justicia y anunciar que este viernes entregará al juez la documentación que acredita que las escuchas fueron malinterpretadas.
   De hecho, una de las motivaciones de Bustos para tomar esta decisión ha sido la ampliación durante un mes más del secreto de una parte del sumario, así como para evitar que la ciudad se convierta en una "moneda de cambio" en algún tipo de negociación política.
   Para Bustos la parte de sumario hecha pública ha dejado claro que ni él ni ninguno de los cargos del Ayuntamiento imputados en el caso 'Mercurio' tienen "nada que ver con ninguna trama de corrupción urbanística, ni con el cobro de comisiones".
   Por ello, Bustos ha criticado el "bloqueo" sobre la ciudad que ejerce la oposición, la cual ha expresado su intención de presentar una moción de censura para apartar a los cargos imputados en el caso Mercurio.
   Sin embargo, Bustos ha asegurado que ha decidido renunciar a ser alcalde tras 14 años al frente del consistorio poniendo a la ciudad y a los vecinos "por encima de todo", ya que no ha perdido ni la ilusión ni el compromiso, así como por el proyecto político de su partido, el PSC, y por sus compañeros, que han cerrado filas en su entorno.
   "Tomo esta decisión pensando en Sabadell, en su presente y en su futuro", ha afirmado el todavía alcalde para justificar su decisión.
De hecho, para Bustos se trata de "un punto y seguido" en su carrera política, aunque no ha confirmado si se volverá a presentar a unas elecciones.
   "Soy y siempre he sido un firme defensor del sistema democrático y del servicio público", ha afirmado el todavía alcalde, quien ha explicado que quiere contribuir a la recuperación de la confianza en la política y en los políticos.
   En este sentido, el socialista ha asegurado entender el desencanto ciudadano en la política ante los casos de corrupción, pero ha reiterado que éste no es el caso de Sabadell, ni de sus responsables, ni el suyo, ya que, ha dicho, renuncia a la alcaldía siendo "inocente".
   En el anuncio de su marcha, Bustos también ha querido agradecer a los trabajadores, a los ciudadanos, a las entidades y a su partido el apoyo recibido.
   Al igual que Bustos, el resto de concejales imputados en el caso Mercurio también dejarán sus carteras aunque mantendrán el acta.