sábado, 16 de febrero de 2013

Los precios bajan un punto y medio en Murcia

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 1,5 puntos en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 2,8 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios descendieron también un punto y medio en la Región, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 2,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4 por ciento), Transporte (0,9 por ciento), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (0,5 por ciento) y Otros (0,2 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Hoteles, cafés y restaurantes, Medicina y Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (16,4 por ciento), Ocio y cultura (2,7 por ciento), Comunicaciones y Vivienda (ambos con 1,1 por ciento) y Menaje (0,4 por ciento) evitaron una subida mayor de la cesta de la compra murciana en enero.

El Gobierno murciano ayuda más a quien menos lo necesita en Educación

MURCIA.- El Gobierno regional destina más dinero a los dos colegios de Murcia del Opus Dei, Nelva y Monteagudo, que segregan a los alumnos por sexo, que al funcionamiento de todos los colegios públicos de la Comunidad, según denuncia el sindicato FETE-UGT.

Del análisis del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2013 se desprende que a los colegios Nelva (sólo niñas) y Monteagudo (sólo niños) se destinan 3.653.077 euros, frente a los 2.617.663 euros que se dedican a todos los colegios públicos en concepto de gastos de funcionamiento.
Según el citado sindicato, estos datos evidencian la prioridad del Gobierno del Partido Popular con la educación privada y sexista en la Región de Murcia.
FETE-UGT sigue adelante con la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Consejería de Educación por destinar dinero público a un modelo de enseñanza diferenciado por sexos, algo que el Tribunal Supremo ha rechazado por considerarse al margen de la LOE. “En el año 2013, a los murcianos y murcianas nos va costar este tipo de enseñanza más que todo el dinero que se destina a todos los colegios públicos de la Región de Murcia”, insiste el sindicato.

Se admite la querella contra el Delegado del Gobierno y el Jefe de Policía en Murcia

MURCIA.- Hace una semana Atrapa-Murcia interpuso querella por prevaricación contra el Delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y el Jefe Superior de Policía de Murcia,  Cirilo Durán, debido a la ausencia generalizada de números de placa de los policías que "controlaban" las movilizaciones sociales. Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 3 ha decidido admitirla a trámite y comenzar la investigación, pero exige a los querellantes una fianza de 3.000 euros para proseguir con el caso. 

A juicio de Atrapa-Murcia en todas las cargas sufridas durante los  últimos meses se da un denominador común: ninguno de los agentes  participantes llevaba su número de placa, lo cual le permite hacer lo que  quiera sin miedo a ser identificado.  Pero, aparte de vergonzosas, dichas intenciones  implican una violación radical de la ley:
1. Dispone  el Artículo 18 Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas  generales  relativas a escalas, categorías, personal facultativo y  técnico,  uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de  Policía:

Todos  los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del  Cuerpo,  con indicación del número de identificación personal, en el  pecho, por  encima del bolsillo superior derecho de la prenda de  uniformidad

2. Y el Artículo 19.2 de la misma norma dice:

 El  personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné   profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número   identificativo personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  18. 

Los mandos políticos y policiales que ordenan estas prácticas, no  pueden escudarse en la ignorancia del Derecho, primero porque tienen  formación jurídica y, en segundo lugar, porque las obligaciones que la  ley impone son evidentes para cualquiera.

3. Pues bien, el Artículo Artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación diciendo que: 

A  la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,  dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le  castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo  público por tiempo de siete a diez años.

Así, aquella autoridad policial o política que, para favorecer la impunidad  de sus subordinados y la estrategia de terror contra los ciudadanos  críticos que promueve, ordene a los agentes de policía realizar sus  funciones sin el número de placa visible, a sabiendas de que la ley lo  prohíbe, estará cometiendo un delito de prevaricación, delito del que  también es otro poderoso indicio el hecho de que ningún agente acepta  dar su número de placa cuando se le pide, cumpliendo evidentemente  órdenes de sus jefes.

Por todo ello, Atrapa-Murcia ha interpuesto esta querella por presunta prevaricación contra Cirilo Duran, jefe superior de policia, y Joaquin Bascuñana, delegado del gobierno en Murcia.

"Si se estimase nuestra pretensión y se les condenase crearíamos un precedente esencial para detener esta clase de abusos en todo el Estado. Si logramos condenar al delegado del gobierno en Murcia por haber dado la instrucción de que sus agentes no porten el número de placa, esta condena servirá para lograr que todos los delegados del gobierno autores de esta práctica ilícita e incluso el propio Ministro del Interior si fue el responsable último de las órdenes, paguen por la impunidad ilegal que ha amparado tantas agresiones policiales, ejecutadas con la seguridad de que sus autores no podrían ser identificados", concluye diciendo una nota de prensa de Atrapa-Murcia.

"Debemos obtener los 3.000 euros en ocho días para continuar con el proceso. Consideramos que es una gran oportunidad para acabar con la práctica ilegal de que los agentes de policía vayan sin identificar, pudiendo apalear a los ciudadanos impunemente, dado que es imposible identificarles si no es mediante el número.

Si quieres ayudar, ingresa cualquier cantidad que consideres adecuada en: TRIODOS BANK, Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (ATRAPA), C/c nº 1491 0001 26 2036275622".

viernes, 15 de febrero de 2013

Alguien desde el TSJ le lanza un oportuno cable a un alcalde Cámara ya con 'el agua al cuello'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha afirmado este jueves que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región "avala la legalidad de la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio".

   En concreto, el Consistorio explica que se trata de la sentencia 936/2012, que confirma la legalidad de los trámites, y en la que la Sala rechaza el recurso de la Asociación de Vecinos Senda de Granada y la condena en costas, sin recurso contra el fallo, "por argumentos sin fundamento". 

   Esta sentencia se une a otras tres que avalan la legalidad del PGOU y el convenio Nueva Condomina, una cuarta que "garantiza la legalidad de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo y un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de los valores de edificabilidad de los convenios de la zona Norte", afirman las fuentes municipales. 

   El Ayuntamiento recuerda que, desde 2001, son cinco las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que "avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes Iruñesa de Parques Comerciales S.A., PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, y Asociación de Vecinos Senda de Granada".

   En este sentido, considera que estas sentencias "establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio". 

   Así, recuerda que las sentencias 983/2005 de 30 de diciembre y 461/2006 de 16 julio de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia "establecen la plena legalidad de la regularización contenida en el artículo 6.2.14, respecto a las dos alternativas de ordenación de los suelos SD, y la regulación del artículo 8.1.3. sobre la posibilidad de incorporación de los suelos del sistema general GD-SD".

   Por otra parte, la sentencia 461/2006 declara, igualmente, "la plena legalidad de todo el contenido del convenio aprobado en mayo de 2001 para el desarrollo de la actuación Nueva Condomina, salvo el apartado relativo al cálculo del 10 por ciento de aprovechamiento al que tiene derecho la administración municipal". 

   La sentencia 729/2009, por otro lado, "desestima lo pretendido por Anse al establecer que el plan parcial Nueva Condomina cumple lo establecido en las leyes en relación con el mantenimiento y protección de espacios hidraúlicos y estudios de impacto ambiental", recuerda el Consistorio.

   Además, el Consistorio explica que las sentencias 574/2012 de 13 de julio de 2012 y 936 de 27 de diciembre de 2012, contra la aprobación del Ayuntamiento de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, establece que los procedimientos seguidos "respetaron lo establecido en el artículo 137 de la Ley del Suelo en cuanto a tramitación administrativa, tratándose de una adaptación obligatoria y no una modificación del PGOU". 

   El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo "siguiendo los cauces legales". Además, incide en que "no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental". 

   Dichos suelos, insiste la Sentencia, se mantienen como no urbanizables "con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística". La sentencia "se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada en costas, y contra la sentencia no cabe recurso".

   De igual forma, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte "se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente". El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable", y condenaba a costas al PSOE, añade.

   Del conjunto de las anteriores sentencias de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir, según el Ayuntamiento, que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia "han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general". 

   En este sentido, además, recuerda que los jueces "han revisado, investigado y sentenciado hasta en cinco ocasiones que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio en relación con los convenios de la zona Norte están avalados por la legislación vigente".

   Así lo demuestra la última sentencia 936/2012 de 27 de diciembre, elaborada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo y promovida por la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que solicitaba la anulación de la aprobación de la adaptación del PGOU de Murcia la Ley del Suelo. El recurso fue interpuesto el 28 de febrero de 2006.

   Las sentencias 461/2006 y 727/2009 establecen, además y entre otras cuestiones relativas al PGOU y el Nueva Condomina, un rechazo a que "se vulnere el régimen legal respecto a la incorporación de suelos urbanizables sin sectorizar a procesos de transformación urbanística".

   Igualmente, estas sentencias rechazan que los cambios producidos en la aprobación provisional del PGOU "fueran sustanciales", y entienden que la regulación contenida respecto a las dos alternativas "es suficiente".

   Afirman que "no existe reserva de dispensación, ya que la regulación de la zona Norte (SD) es igualitariamente aplicable a todos los suelos", al tiempo que consideran que "no se ha producido desviación de poder y que las motivaciones de la regulación de las alternativas no son ajenas al interés público".
   Establecen igualmente "la legalidad del convenio Nueva Condomina porque cumple lo establecido en la Ley Regional del Suelo vigente en 31 de mayo de 2001, respecto los derechos de los propietarios del suelo y contiene garantías que se exigen".

¿Estaba Cámara a la espera?

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha declarado que la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región confirma que todo el procedimiento que se ha utilizado en la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio, "está ajustado a derecho".

Jesús Samper asegura que todo se hizo a su costa y niega que tuviera trato de favor del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- El empresario presidente del Real Murcia, Jesús Samper, aseguró en octubre de 2010, cuando declaró como imputado en el caso 'Umbra', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, que no tuvo ningún trato de favor del Consistorio.

   "No solo no tuve trato de favor, sino que todo el desarrollo lo hicimos a nuestra costa y a nuestro coste", aseveró Samper ante el juez que instruye el caso Umbra.
   Contó que la tramitación del convenio se hizo con el secretario del Ayuntamiento, José Luis Valenzuela, mientras que la participación del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en esto era "protocolaria, ya que yo era vicepresidente y después presidente del Real Murcia".
   De hecho, sostuvo ante el juez que la relación con el Ayuntamiento y el alcalde Cámara "es público y notorio que pasa por unos picos hacia arriba y hacia abajo y no es que sea una relación idílica, ya que hemos tenido tres pleitos con el Ayuntamiento".
   Preguntado en su declaración con quién trataron la primera vez directamente cuando acuden al Ayuntamiento, Samper aseguró que fue con el alcalde y el entonces secretario, José Luis Valenzuela.
   Relató que trató con ellos el tema porque "no se trataba más que de gestionar lo que establecía el plan, de acuerdo con una obra de infraestructura que fuera necesaria".
   Para ver los términos en que se podía hacer el convenio, según expuso Samper, estuvieron fundamentalmente con el secretario del Ayuntamiento, ya que "la tramitación en sí misma yo no la llevé, sino que la llevaron los asesores de la propia ordenación y gestión de aquel suelo".
   La labor de Samper fue, según contó al juez, "adquirir una parte del suelo mediante adjudicación de un concurso que hizo la cooperativa La Ladera y otra parte del suelo la adquirimos directamente a un vecino propietario".
 "Con las dos, una masa de dos millones de metros cuadrados, para poder hacer todo lo que en el desarrollo de las conversaciones se nos estaba exigiendo como obra en infraestructura y a partir de ahí empezamos a trabajar y ya empiezan a desarrollarse los instrumentos, pero yo ahí no participo", señaló.
   De hecho, recordó que el Plan de Ordenación Urbana "acababa de ser aprobado y no se trataba de solicitar al Ayuntamiento de que se recalificara nada, ya que el propio plan general establecía que ese suelo estaba reservado para una dotación, siempre y cuando se hiciera una gran infraestructura válida o de interés social".
   Era hacer un estadio "de primera categoría", incidió Samper en referencia a Nueva Condomina, ya que "era venir a cubrir parte importante de las necesidades de carácter deportivo y que aficionados demandaban, tasándose el convenio en 32 millones".
   A preguntas de cuánto costó la construcción del estadio, Samper sacó a colación el recurso contencioso que tiene con el Ayuntamiento "por la diferencia de precio, porque costó más de 50 millones", es decir, casi el doble de lo que se pensó.
   Tras incidir nuevamente en que "nosotros pagamos todo", indicó que "costeamos todo".
 "Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia da la razón a que toda la tramitación y proceso era perfectamente legítimo y que lo que habíamos convenido era una donación de la infraestructura a favor del Ayuntamiento sin coste alguno para el Consistorio y nosotros soportamos todo el coste", dijo.
   El objetivo principal era que el Real Murcia "pudiera tener instalaciones adecuadas a los objetivos deportivos que tenía", por lo que argumentó que el interés municipal "ha estado reservado y preservado sobradamente".

ONGs ecologistas advierten al Parlamento Europeo de los daños que puede sufrir el litoral con la nueva Ley de Costas

MADRID.- Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han advertido este jueves a representantes del Parlamento europeo sobre los daños a los que se expone el litoral español con la reforma de la Ley de Costas que se encuentra en trámite parlamentario.

   En una reunión con una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con motivo de su visita a España para investigar la relación entre la reforma de la Ley de Costas y el informe del propio comité (Informe 'Auken') sobre el desarrollo urbanístico en España, los grupos ecologistas han advertido de la inseguridad jurídica, de los riesgos del cambio climático y de la vulneración del derecho comunitario que, en su opinión, plantea la reforma de la Ley.
   Concretamente, las ONG han insistido en que al legalizar las construcciones ilegales y reducir la zona de servidumbre a proteger, la reforma desprotege la costa en lugar de ofrecer más protección.
   Sobre el proyecto de Ley, señalan que la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no tiene en cuenta las recomendaciones para mejorar la protección del litoral, publicadas por la Agencia de Evaluación y Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
   Además, califican el proyecto de reforma de la norma de ser "absolutamente irresponsable" dada la alta vulnerabilidad del litoral español ante las consecuencias del cambio climático en el siglo XXI, identificadas por numerosos estudios científicos y la reconocidas por la propia Oficina de Cambio Climático del Gobierno.
   Al mismo tiempo, critican que el Ejecutivo "no ha sido transparente con la sociedad civil" porque la cartografía y redacción detalladas del proyecto de ley ante el Congreso indican que es una ley hecha a medida para favorecer "determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general".
   El Comité, formado por tres eurodiputadas, ha expresado su "asombro" y preocupación por la "falta de racionalidad en la selección de las zonas a proteger de 10 municipios específicos", por el gasto adicional que supondrá para los contribuyentes proteger zonas urbanas en el litoral ante los efectos del cambio climático, así como por la "evidente movilización de intereses económicos" ante la previsible aprobación de la nueva ley en los próximos días. "La ley no mejorará la mejorará la protección de la costa, sino al revés", insisten las ONG.
   Finalmente, señalan que el Comité ha invitado a estas ONG a comparecer en una próxima sesión y ha añadido que si la reforma de la Ley se aprueba sin cambios "sustanciales" se solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los "múltiples incumplimientos de derecho comunitario".

El 'delfín' de Valcárcel no quiere transparencia en La Unión

LA UNIÓN.- El PSOE de La Unión ha criticado que el PP "vote en contra de una moción que pedía la publicación en la web municipal del patrimonio y las retribuciones que perciben los miembros de la corporación: alcalde, concejales liberados y personal de confianza".

   Así lo manifiesta el portavoz municipal socialista, Mariano Oliver, quien considera que con esta actitud, el alcalde Francisco Bernabé ('delfín' de Valcárcel) y el PP dicen no a la transparencia e impiden que los vecinos conozcan cuáles son las retribuciones que efectivamente perciben los miembros de la corporación, así como su patrimonio puesto de manifiesto a través de su declaración de bienes".
   Oliver ha señalado que tanto PSOE como IU "hemos pedido que se dé publicidad a esos datos, pero el equipo de gobierno del PP presidido por Bernabé no ha querido apoyar esta iniciativa, que también incluía la publicación de datos presupuestarios para que los ciudadanos conozcan cómo y en qué se emplea su dinero".
   En febrero de 2011, ha recordado, "todos los candidatos socialistas hicimos pública nuestra declaración de bienes en la web de nuestro partido, y creemos que los ciudadanos deben conocer estos datos y qué les cuestan sus representantes, en qué medida sus impuestos se destinan a mejorar los servicios e infraestructuras del municipio o qué le cuesta pagar las dos secretarias particulares con que cuenta Bernabé".
   Por último, Oliver ha resaltado que "Bernabé y el PP han dejado patente su absoluta falta de compromiso con la transparencia y han demostrado carecer de sensibilidad hacia una de las demandas que con más ímpetu se está exigiendo desde la sociedad a los políticos en unos momentos tan delicados como los que atravesamos".

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene sin recortes la ayuda a las procesiones a pesar de la crisis

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena mantiene sin recortes su ayuda económica a las procesiones, a pesar de la crisis. El cheque que ha entregado esta noche la alcaldesa a los hermanos mayores en la tradicional Llamada ha sido de una cantidad similar a la del año pasado, 183.060 euros, como así lo destacaba el propio vicepresidente de la Junta de Cofradías, el hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra.

   La entrega del cheque estuvo precedida en el balcón del Palacio Consistorial de las intervenciones de hermano mayor californio, en nombre de todos los cofrades, y de la alcaldesa, Pilar Barreiro, ante varios cientos de procesionistas fieles a esta cita del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma y la cuenta atrás de la Semana Santa, según han informado fuentes municipales.
   Juan Carlos de la Cerra destacó el carácter tradicional de este acto y el acendrado espíritu popular de las procesiones, que unen al pueblo de Cartagena, constituyendo uno de los más ricos y antiguos legados de la ciudad, cuya fama trasciende de las fronteras regionales y nacionales.
   Por su parte la alcaldesa, tras subrayar y reconocer el importante esfuerzo que supone para las cofradías el sacar todos los años la procesiones a la calle, reiteró el apoyo que en todo momento encontrarán en el Ayuntamiento, a través de la colaboración de sus trabajadores y de la ayuda económica materializada en el cheque.
   Los actos de esta jornada procesionil comenzaron por la tarde con la reunión de los cabildos generales de las cuatro cofradías, que tras decidir sacar las procesiones a la calle se dirigieron a comunicárselo a la primera autoridad municipal.
   Los cofrades, encabezados por los hermanos mayores marrajo, Domingo Bastida; californio, Juan Carlos de la Cerra; resucitado, Tomás Martínez; y del socorro, Manuel Martínez, llegaron puntuales, sobre las 20,30 horas a la plaza del Ayuntamiento a ritmo de marchas de Semana Santa.
   En el Palacio Consistorial les esperaba la alcaldesa, Pilar Barreiro, junto a una nutrida representación de concejales de la Corporación Municipal. Ya en el balcón principal tuvieron lugar las alocuciones. Primero del vicepresidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, que en nombre del resto de hermanos mayores comunicó la decisión y pidió a la alcaldesa autorización para echar este año las procesiones a la calle .
   Pilar Barreiro dio su conformidad y entregó el cheque, concluyendo el acto con el habitual grito de música y a la calle, con el que la comitiva de procesionistas, ya con la alcaldesa y los concejales, se dirigieron nuevamente a los sones de marchas de Semana Santa hacia la Basílica de la Caridad, donde tuvo lugar la tradicional ofrenda a la patrona.
   También hoy, la web (www.semanasanta.cartagena.es) que el Ayuntamiento de Cartagena dedica a la promoción y difusión de nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, se ha actualizado e incorporado el calendario de actividades más significativas que las Cofradías celebrarán durante esta Cuaresma, así como un avance del horario e itinerarios de las procesiones, de acuerdo con la información facilitada por las cuatro hermandades.

Valcárcel admite que tendrá que plantear nuevas medidas sobre el déficit

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha admitido que el Ejecutivo autonómico, "como es natural, tendrá que plantear nuevas medidas" sobre el control del déficit, pero ha aclarado que estas nuevas iniciativas pasarán "siempre por cualquier lugar que no perjudique los intereses de ese estado del bienestar de los ciudadanos".

   En declaraciones a los medios de comunicación, ha aclarado que el déficit "no es sólo el objetivo único". Así, admite que se trata de un propósito "muy necesario" pero cree que hay que compartirlo también "con políticas, desde luego, que sigan garantizando el estado del bienestar".
   Al ser preguntado por la posibilidad de hacer nuevos ajustes, Valcárcel ha informado que el Gobierno "tiene que sentarse, tiene que meditar y tomar posiciones, como venimos haciendo desde 2010. No aportamos novedad ninguna, porque estamos manteniendo una serie de reajustes de gobierno que empezamos a hacer en diciembre de 2010", ha enfatizado.
   En este sentido, ha avanzado que el Gobierno regional "está en ello hasta que seamos capaces de controlar el déficit en la media necesaria de control de déficit".
   Valcárcel ha explicado que él querría ser "el último en control del déficit", si le ofrecieran la "medalla de campeón de control del déficit" pero, a cambio, se hubiera alcanzado un nivel "de deterioro del estado del bienestar importante", porque él no está dispuesto a "poner en riesgo el estado del bienestar de la Región".

Detectan 70 contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón al desembocar en el Mar Menor


CARTAGENA.- Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han llevado a cabo un seguimiento de la entrada de contaminantes orgánicos al Mar Menor, a través de su rambla principal, y han demostrado que las concentraciones de algunos contaminantes varían hasta un orden de magnitud en el mismo día, poniendo de manifiesto la "ineficacia" de los muestreos puntuales para monitorizar sistemas litorales como éste. En concreto, han detectado 70 contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón,

   El equipo de contaminación marina del Centro Oceanográfico de Murcia del IEO ha caracterizado la entrada de contaminantes orgánicos, fundamentalmente plaguicidas, a través de la principal rambla que llega al Mar Menor, la de El Albujón.
   En este estudio, publicado recientemente en la revista Chemosphere, se ha constatado "la gran variabilidad diaria y estacional de la concentración de contaminantes en este tipo de sistemas litorales, con variaciones de concentración y flujo para un determinado contaminante que pueden superar un orden de magnitud en un mismo día".
   Esta gran variabilidad indica que un muestreo puntual en este tipo de sistemas "no es representativo, requiriéndose muestreos exhaustivos o la utilización de algún sistema de integración de la contaminación para conseguirlo".
   Los análisis se han realizado aplicando la extracción con barras magnéticas polimerizadas y cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas, que es un método específico y sensible que permite detectar compuestos a muy bajas concentraciones.
   Los contaminantes de distinta naturaleza en la rambla de El Albujón incluyen pesticidas organofosforados y organoclorados, triazinas, bifenilos policlorados o hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros; predominando los insecticidas durante el verano y los herbicidas durante el invierno.
   También se ha constatado la importancia que tiene la carga contaminante que las riadas hacen llegar a la costa mediterránea, siendo superior en muchos casos al total anual que accede a través de las escorrentías superficiales.
   Este estudio se ha realizado gracias a la financiación de Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT, CTM2008-01832) del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto 'DECOMAR', que contempla también la caracterización de la distribución de los contaminantes orgánicos en la laguna y la evaluación de sus potenciales efectos en algunos organismos que en ella habitan.

Piden al alcalde de Murcia que aclare la composición del Consejo de Administración de Emuasa tras la renuncia de UPyD

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, en calidad de miembro del Consejo de Administración de Emuasa, va a pedir al alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, que clarifique la composición de dicho Consejo tras la renuncia del representante de UPyD a ocupar el puesto que le corresponde. 

    Para Tornel, "esta dimisión reduce el derecho de participación de los ciudadanos en una empresa de carácter público-privado a través de sus representantes políticos elegidos democráticamente a tal efecto, y ha propuesto cubrir esa ausencia con un representante directo del colectivo ciudadano".
   "Las decisiones en el Consejo tienen un evidente sentido político, en tanto afectan al gobierno de servicios esenciales para la ciudad", ha agregado en comunicado, "por lo que las propuestas técnicas y de gestión deben ser estudiadas, valoradas, interpretadas y apoyadas o no por el Consejo en función del interés defendido de un lado por los representantes de la parte privada de la empresa, y de otro por los representantes de los ciudadanos, que se comprometen así a procurar el mejor servicio público posible".
   De otro modo, ha señalado el concejal de izquierdas "UPyD estaría proponiendo de manera vaga la privatización completa del servicio".
   Además, Tornel ha propuesto que se estudien las posibilidades de que la plaza rechazada por el concejal de la organización magenta sea ocupada directamente por un miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia (Favermur), "de amplio recorrido en el trabajo asociativo vecinal".

La cifra de negocios del sector servicios baja un 2,1% en Murcia

MURCIA.- La cifra de negocios del sector servicios en la Región de Murcia ha registrado una bajada del 2,1 por ciento en el mes de diciembre en relación al mismo mes de 2011, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Se trata, de tal forma, de una bajada inferior a la registrada a nivel nacional, fijada en el 7 por ciento, en un índice que decreció en todas las comunidades y que, en el caso de Murcia, fue el menor descenso del país.
   En lo que va de año, la cifra de negocios en el sector servicios en la Región de Murcia fue negativa, al igual que en España, donde acumulan descensos del 4,9 por ciento y del 5,3 por ciento, respectivamente.
   En cuanto al índice general de ocupación en este sector, que bajó en todas las comunidades, Murcia registra 95,1 puntos, por encima de la media nacional, que se sitúa en los 92,5. Esto se traduce en una caída interanual del 2,7 por ciento y del 2 por ciento en lo que va de año.

El imputado Manuel Bustos dimite como alcalde de Sabadell por "el bien de la ciudad"

SABADELL.- El alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, anuncia que deja la Alcaldía, aunque seguirá como concejal, y recalca que lo hace por el bien de la ciudad, tras figurar entre los imputados en el caso Mercurio que se está investigando.

   En una declaración este jueves a los medios, Bustos ha defendido de nuevo su inocencia y ha explicado que ha tomado esta decisión pensando en los ciudadanos porque su compromiso sigue "intacto" y continuará trabajando al lado del Gobierno municipal.
   "Lo hago con la conciencia tranquila, sabiendo que el tiempo esclarecerá la verdad", ha afirmado, tras reclamar justicia y anunciar que este viernes entregará al juez la documentación que acredita que las escuchas fueron malinterpretadas.
   De hecho, una de las motivaciones de Bustos para tomar esta decisión ha sido la ampliación durante un mes más del secreto de una parte del sumario, así como para evitar que la ciudad se convierta en una "moneda de cambio" en algún tipo de negociación política.
   Para Bustos la parte de sumario hecha pública ha dejado claro que ni él ni ninguno de los cargos del Ayuntamiento imputados en el caso 'Mercurio' tienen "nada que ver con ninguna trama de corrupción urbanística, ni con el cobro de comisiones".
   Por ello, Bustos ha criticado el "bloqueo" sobre la ciudad que ejerce la oposición, la cual ha expresado su intención de presentar una moción de censura para apartar a los cargos imputados en el caso Mercurio.
   Sin embargo, Bustos ha asegurado que ha decidido renunciar a ser alcalde tras 14 años al frente del consistorio poniendo a la ciudad y a los vecinos "por encima de todo", ya que no ha perdido ni la ilusión ni el compromiso, así como por el proyecto político de su partido, el PSC, y por sus compañeros, que han cerrado filas en su entorno.
   "Tomo esta decisión pensando en Sabadell, en su presente y en su futuro", ha afirmado el todavía alcalde para justificar su decisión.
De hecho, para Bustos se trata de "un punto y seguido" en su carrera política, aunque no ha confirmado si se volverá a presentar a unas elecciones.
   "Soy y siempre he sido un firme defensor del sistema democrático y del servicio público", ha afirmado el todavía alcalde, quien ha explicado que quiere contribuir a la recuperación de la confianza en la política y en los políticos.
   En este sentido, el socialista ha asegurado entender el desencanto ciudadano en la política ante los casos de corrupción, pero ha reiterado que éste no es el caso de Sabadell, ni de sus responsables, ni el suyo, ya que, ha dicho, renuncia a la alcaldía siendo "inocente".
   En el anuncio de su marcha, Bustos también ha querido agradecer a los trabajadores, a los ciudadanos, a las entidades y a su partido el apoyo recibido.
   Al igual que Bustos, el resto de concejales imputados en el caso Mercurio también dejarán sus carteras aunque mantendrán el acta.

miércoles, 13 de febrero de 2013

El Papa advierte del riesgo de "instrumentalizar a Dios"


CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Benedicto XVI ha advertido hoy del riesgo de "instrumentalizar a Dios" y de usarlo "para el propio interés, para la propia gloria", durante su primera catequesis después de anunciar su renuncia que será también una de las últimas de su Pontificado.

   Durante su audiencia, que coincide con la primera aparición pública del Papa tras anunciar su renuncia, ha recordado que estos cuarenta días que comienzan preparan para la celebración de la Santa Pascua y ha añadido que "es un tiempo de particular esfuerzo en el camino espiritual" porque "cuarenta días es el período que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo".

   En esta línea, Benedicto XVI ha reflexionado sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y ha indicado que es una invitación a responder a la pregunta fundamental '¿Qué es lo importante en la vida?' y '¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia?'.

   Asimismo, ha apuntado que "dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse, seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea "guía de la vida" y ha añadido que convertirse es reconocer que "solamente perdiendo la vida por él, se puede ganar".

   Además, ha subrayado que "convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas" sino "buscar que la verdad, la fe y el amor en Dios sean lo más importante de la vida".
   Durante su saludo a los peregrinos de lengua española, se ha detenido en particular en los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos a los que ha saludado cordialmente y les ha invitado a renovar la conversión en la Cuaresma, a "dejar espacio a Dios" y a "aprender a mirar con sus ojos la realidad de cada día".

Los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo irán a juicio por delitos de prevaricación y cohecho

MURCIA.- Los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, irán presumiblemente a juicio por varios delitos en el marco de las investigaciones que se iniciaron en 2008 de presunta corrupción urbanística, al entender el juez que existen indicios de criminalidad.

   En concreto, Conesa, junto con Facundo Armero, irían a juicio por un posible cohecho al recibir un sobre con 12.000 euros de éste. Mientras que el alcalde de Torre Pacheco sería por supuesta prevaricación y fraude, en términos globales.
   El Ministerio Fiscal comunicó su escrito de calificación provisional el pasado 8 de febrero, junto con el auto, que está fechado el 6 de febrero, en el que acusa a García Madrid de delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, por los que le pide 49 meses de cárcel y 43 años de inhabilitación, según fuentes cercanas al caso.
   Además, el Fiscal pide para Conesa 18 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años y seis meses por el delito de cohecho. Para Facundo Armero la pena es la misma que para Conesa, aunque en este caso sin inhabilitación.
   El terreno urbano que era municipal "lo permutaron por un terreno rústico privado, lo que supuso un perjuicio económico para el Consistorio con esa operación de 3,5 millones de euros" para favorecer a la empresa Polaris.
   Esta actuación se enmarca en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, en la denominada operación 'Camelot', por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.
   El regidor de Torre Pacheco fue detenido y permaneció en prisión por este caso, mientras que la alcaldesa de Fuente Álamo fue puesta en libertad con cargos tras declarar ante el jugado por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.
   Tras dictar resolución el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, con fecha de 24 de septiembre de 2012, confirmado por fuentes judiciales, el juez entiende que la fase de instrucción concluye ya y los hechos a los que se refieren las diligencias pueden ser constitutivos de varios delitos: dos de prevaricación, dos de malversación, un delito de fraude, un delito de prevaricación por omisión, un cohecho y dos delitos de tráfico de influencias.
   El procedimiento continúa al existir indicios de criminalidad contra los alcaldes Daniel García Madrid y María Antonia Conesa; así como el empresario Facundo Armero; el funcionario y arquitecto técnico del Ayuntamiento de Torre, Pacheco Ramón Cabrera; y J.M.
   De este modo, se ha dado traslado a las partes para que en el plazo de diez días formulen el escrito de acusación para solicitar la apertura oral o el sobreseimiento de la causa.
  El juicio se celebrará previsiblemente y las defensas "posiblemente recurrirán el auto de procedimiento abreviado", por el cual se cierra la fase de investigación y pasa el Ministerio Fiscal a formular el escrito de acusación, que podría estar concluido en la primera semana de noviembre.
   Así, se prevé que el señalamiento del juicio, que se celebrará en Cartagena, podría fijarlo el Juzgado de lo Penal para no antes del próximo verano, en función de la agenda.

Ecologistas anuncia fuerte lucha legal contra el asentamiento de la 'Paramount' en la Región

MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha mostrado su sorpresa e indignación ante las declaraciones del Consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, anunciando la inminencia de las roturaciones en los terrenos del proyecto Paramount en Alhama de Murcia, dando por sentado que el proyecto recibirá todos los permisos y en tiempo record.



Y es que, para la asociación ecologista, hay dos aspectos muy graves a considerar en este anuncio:



En primer lugar, tanto el Ayuntamiento de Alhama, como el propio Consejero Cruz, podrían llegar a cometer un delito de prevaricación, si alientan y permiten que las obras empiecen a producirse antes de que el proyecto cuente con todos los permisos necesarios, entre los que cabe destacar la Declaración de Impacto Ambiental y la licencia de obras municipal (supeditada a la obtención de DIA positiva). Para la asociación, actuar por la vía de los hechos consumados, además de inmoral es ilegal, y podría tener consecuencias legales tanto para los promotores del proyecto, como para los cargos públicos implicados e incluso los técnicos que por acción u omisión lo permitieran.



Además, en el improbable e hipotético caso de que en tan corto plazo de tiempo el proyecto contara con todos los permisos necesarios, esto reflejaría que no se han tenido en cuenta los aspectos legales y ambientales que planteó Ecologistas en Acción en sus alegaciones al Plan Especial Paramount. En dicho caso existiría otro motivo de denuncia por presunta prevaricación contra técnicos y dirigentes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, por aprobar a sabiendas un plan urbanístico que incumple la legalidad vigente. Y es que, recuerdan los ecologistas, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional restituyó los límites del Parque Regional “Carrascoy y El Valle”, afectando a un 21% de la superficie del Plan Especial Paramount, lo que supone un cambio sustancial del proyecto, a juicio de la asociación, y por tanto requeriría reiniciar toda la tramitación y el proceso de exposición pública.


Recuerdan que la tramitación ambiental y la urbanística no son meros formularios que rellenar para obtener una licencia. Son trámites legales que sirven para garantizar el Interés General de todos los ciudadanos frente al interés privado de empresas y particulares. Cuando se actúa por la vía de los hechos consumados, se está mermando un derecho constitucional de todos los ciudadanos, lo cual es más grave aún cuando se alienta y se ampara desde las mismas instituciones públicas que deberían velar por el Interés General, como dicta la Constitución Democrática de nuestro país.



Y es que los ecologistas denuncian que este tipo de anuncios temerarios e irresponsables que realizan nuestros dirigentes, son precisamente los que han contribuido a “educar” a empresarios y particulares en la cultura del “todo vale en aras del negocio” y de que el medio ambiente y el Interés General carecen de importancia siempre que haya un lucrativo negocio de por medio.


Para Ecologistas en Acción resulta poco ético y tremendamente irresponsable el alimentar desde las instituciones públicas, las expectativas de negocios, sean legítimas o no, de empresarios y propietarios, dando por hecho que un proyecto se llevará a cabo sí o sí, sin esperar a la conclusión de la tramitación ambiental y urbanística, y sin querer contemplar la posibilidad de que no se puedan obtener todos los permisos, y por tanto el proyecto no sea legalmente viable. Si a esto se añade la permisividad frente a la vía de los hechos consumados, tan tristemente común en nuestro territorio, supone que la propia administración es el peor enemigo del Interés General y de la legislación vigente, cuando teóricamente debería ser su mayor defensora.



Ante la gravedad de la situación creada por las administraciones local y autonómica, Ecologistas en Acción ha querido lanzar una advertencia a técnicos, cargos públicos con responsabilidad y promotores del proyecto:


Si se inicia cualquier obra del proyecto Paramount sin contar con todas y cada una de las necesarias licencias y permisos, y/o sin ajustarse a la legalidad vigente con respecto a las sentencias judiciales que restablecen los límites del Parque Regional, y no permiten el teletransporte, esta asociación anuncia que interpondrá medidas legales contra empresa, técnicos y cargos públicos con responsabilidad, que permitan que esto se produzca.

UPyD pide dimisiones de alcaldes en Torre Pacheco y Fuente Álamo tras escrito de calificación provisional del fiscal

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado de "insostenible" la situación en la que han quedado el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, y la alcaldesa de Fuente Álamo, Mª Antonia Conesa, tras el escrito de calificación provisional del fiscal José Luís Díaz Manzanera, en el que solicita penas de prisión para ambos primeros ediles del PP. 

   Sánchez considera que la calificación del fiscal supone un "agravamiento importante" de la situación judicial de ambos y cree indispensable que, al margen de la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia, "los dos primeros ediles deben asumir su responsabilidad política".
   Por tanto, deben dimitir "para salvaguardar el prestigio de las instituciones que dirigen" y como "signo de respeto" a los ciudadanos a los que representan. Así, cree que otros concejales de su formación política deberían asumir las respectivas alcaldías en ambas localidades.
   El coordinador de UPyD ha señalado que los responsables de las instituciones públicas tienen el compromiso moral y ético de actuar en todo momento de forma escrupulosa. "Ellos son los que deben dar ejemplo con sus actuaciones, porque una sociedad no puede permitirse que quienes las dirigen  sean, precisamente, los que más dudas morales originen".
   Sánchez ha indicado que UPyD defiende que los cargos públicos imputados e inmersos en juicios orales, no puedan permanecer en la vida política ni integrar como candidatos las listas electorales. "Ése es uno de los puntos principales del manifiesto por la regeneración democrática que hemos presentado esta semana.
   En ese sentido, ha recordado las peticiones de dimisión que formuló UPyD, tanto para el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, una vez que fue condenado por la  Audiencia Provincial de Murcia, así como la solicitud de dimisión de Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, que realizó el portavoz del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna.

El precio del calabacín y del tomate se desploman en España tras inclumplimiento de Marruecos

MADRID.- El precio del calabacín y del tomate se ha desplomado en España, con descensos del 64% y del 29%, respectivamente, tras el imcumplimiento por parte de Marruecos durante la última semana del precio de entrada establecido en el Acuerdo de Asociación con la UE, según denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado.

   En el calabacín, según datos del Observatorio de precios de la Junta de Andalucía, el precio se situaba en 1,25 euros el kilo en la semana 2 de 2013, mientras que se desplomaba a 0,45 euros el kilo en la semana 6, cayendo un 64%. Respecto al tomate, se ha pasado de 0,66 euros el kilo en la semana 2 a 0,47 euros el kilo en la sexta semana, un descenso del 29%.

   Estos valores sitúan las cotizaciones en el campo por debajo de los costes de producción, (0,50 euros el kilo) en tomate y 0,54 euros el kilo para el calabacín), según los estudios de cadena de valor del Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura para la campaña 2009/10.

   COAG, ante esta situación, solicita al Gobierno "rigor y contundencia" ante la entrada incontrolada de hortalizas procedentes de terceros países.
   El responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, reiteró que seguirán "reclamando que se extreme la vigilancia diaria en frontera para que se cumpla lo pactado porque unas semanas de pérdidas pueden dar al traste con los ajustados márgenes de rentabilidad de toda la campaña".
El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha defendido este miércoles en la Asamblea Regional que, entre 2007 y 2011, el turismo supuso el 9,8 por ciento del PIB de la Región, y que el turismo supone "el doble de lo que representa la exportación de fruta" de la Comunidad, lo que ha calificado como "datos reveladores".

Según Herguedas, nadie puede alegar falta de información para justificar el voto favorable al convenio Nueva Condomina

MURCIA.- La concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha asegurado este miércoles que "todos los que aprobaron el convenio de Nueva Condomina eran plenamente conscientes de lo que votaban", por lo que "nadie puede alegar falta de información para justificar el voto favorable".

   Herguedas ha señalado que "quien quiso tener la información en aquel momento la tuvo, como lo hicieron los representantes de IU en la corporación, que no sólo votaron en contra, sino que en el debate plenario expusieron con claridad todos los datos de lo que el municipio perdía y advirtieron tanto al PP como al PSOE de que no se había hecho la valoración de lo que daba la empresa y lo que daba el Ayuntamiento, que es precisamente una de las cuestiones que ahora se investiga en el juzgado".
   Al mismo tiempo, ha apuntado que los ediles de IU "no tuvieron que andar rebuscando la información que allí se ofreció, puesto que la obtuvieron directamente de la concejalía de Urbanismo".
   En este sentido, ha recordado que el acta de la sesión de pleno en que se aprobó el citado convenio "refleja la gran defensa del mismo que hicieron el alcalde, Miguel Ángel Cámara, y el entonces portavoz del PSOE, José Salvador Fuentes Zorita, "y denota claramente la información que poseían".
   Fuentes Zorita, tras afirmar haber calculado todo "peseta a peseta", añadió que "ya les gustaría que todas las operaciones urbanísticas que se están desarrollando o se van a desarrollar, lo sean con la transparencia de esta, y que aportaran un beneficio que supusiera la mitad del que aporta esta operación"
   Por su parte, el alcalde ofreció cifras concretas de los supuestos beneficios municipales, lo que, según Herguedas, es "un argumento más que añadir a la poca credibilidad que tiene su afirmación de desconocimiento de un convenio de la entidad de este, que llevaba gestándose con su intervención directa varios años y por el que a última hora incluso se metió una modificación en el Plan General".

PAH advierte que "fiscalizará" la tramitación de ILP contra desahucios

MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia mantiene la manifestación del próximo sábado, 16 de febrero, para reclamar el derecho a la vivienda, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago.

   En este sentido, la Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".
   Así lo han hecho saber en rueda de prensa el portavoz de la PAH de la Región de Murcia, Paco Morote; el sacerdote y miembro de la Plataforma, Joaquín Sánchez; la abogada de la organización, Ana Martínez; y dos de las afectadas, Carmen Ruiz y María Fernández.
   Los miembros de la Plataforma se han mostrado "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y han admitido que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".
    En concreto, defienden que la Iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".
   En este sentido, han advertido que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Tercia Cáritas

Cáritas Diocesis de Cartagena ha asumido en su totalidad los planteamientos de la Confederación de Cáritas Española, que ha venido situando los problemas relacionados con el acceso al derecho a la vivienda entre las prioridades de su respuesta a los efectos sociales a la crisis.
   Aboga por la promulgación, por parte del Gobierno de la nación, "de las medidas legislativas adecuadas en orden a paralizar de inmediato los desahucios de primera vivienda, y procurar desde ese mismo instante un estudio de la realidad particular de cada familia". Estas soluciones "son más beneficiosas para todos que dejar sin techo a personas que ya sufren los efectos de la crisis en todos los aspectos de su vida cotidiana", sostiene.
   Por ello, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se afirma que, ante la "insuficiencia" de las medidas políticas para aliviar de forma efectiva la situación angustiosa de tantas familias de la Región, "es necesaria una respuesta generosa de toda la sociedad murciana que, emergiendo desde los mismos ciudadanos, incluya a asociaciones, plataformas, empresas, sindicatos, entidades bancarias, organizaciones políticas y a todas las instituciones religiosas".
   Manifiesta su voluntad de acompañar en aquellas acciones orientadas a favorecer y promover las condiciones de acceso a la vivienda, de modo particular en alquiler y de mantenimiento en dicho acceso.
   Así como a impulsar la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población en situación de exclusión, en especial en la red de recursos residenciales que tiene Cáritas en todo el Estado; y apoyar y fomentar las medidas que eviten los fenómenos de segregación y gueto que en ocasiones conlleva la vivienda.
   En la declaración que ha hecho sobre la situación de las personas que padecen la pérdida de su hogar, Cáritas destaca que "la realidad de sufrimiento que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad murciana, y española en general, derivada de una situación de crisis aguda, elevado paro y carencia de recursos económicos, exige una respuesta desde la fe y el compromiso solidario y fraterno".
   Por ello, considera que "hoy más que nunca es necesaria una palabra de Esperanza, es necesario volver a creer en el ser humano". En este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena ha suscrito las líneas de acción que figuran en el documento 'Propuestas políticas de Cáritas Española ante los retos actuales de la situación social', que fueron remitidas en septiembre de 2011 a todos los grupos con representación parlamentaria.
   Igualmente, asume la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, bajo el título 'Ante la crisis, solidaridad', pues en la misma se señalan los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que se manifiesta la crisis, como "el desempleo, en especial de tantos jóvenes; el debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles; y los dramas que sufren tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio".
   La Declaración exhorta a la conversión a la verdad, y pide también que los costes de la crisis "no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los emigrantes, además de que se preserve el bien de la unidad, al tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España; y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle".
   Cáritas Diócesis de Cartagena hace suya la valoración del Real Decreto ley 27/2012 (de 5 de noviembre) de 'Medidas Urgentes para Reforzar a los Deudores Hipotecarios' que hizo la Conferencia Episcopal, al señalar que el Real Decreto, a pesar de la voluntad política de aportar soluciones al problema, "supone una reacción insuficiente, tardía y no consensuada ante la movilización social en la que han vienen participando desde el año 2009 tanto afectados como jueces, trabajadores sociales y entidades".
   A su juicio, "deja a muchas personas y familias en situación de especial vulnerabilidad al quedar fuera de la aplicación de las medidas contempladas".
   Y es que, explica, "la situación de vulnerabilidad de las personas no se puede cuantificar y limitar de forma restrictiva, atendiendo sólo a criterios económicos o de ratios tan limitadas, como son la edad de los menores de edad o el número de hijos".
   "Estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión social es consecuencia de múltiples factores, no sólo económicos, que afectan también a la participación social, a la dimensión personal y al acceso a derechos", indica.
   Considera también que en el Real Decreto "no se regulan cuestiones claves como la deuda pendiente, y tampoco se impide a la entidad financiera empezar a reclamar la deuda y, por tanto, a seguir embargando los bienes del deudor".
   No se regula "la prevención al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo la obligación legal de tener un espacio de mediación entre el afectado y el propietario de la vivienda que formule soluciones alternativas a la pérdida de vivienda; ni la dación en pago; ni los lanzamientos en los supuestos de desahucios por impago de la renta".
   Una vez más, se constata que "el abordaje de la dramática situación de vivienda que se vive en el país se realiza desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico, sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada".
   En este sentido, "es esperanzadora la respuesta que está dando la sociedad a estas situaciones tan dramáticas, al volcarse con donativos, tanto económicos como en especie, y plegarias en favor de los necesitados".
   Esta solidaridad está haciendo llegar más recursos a las familias necesitadas, incluyendo pago de alquileres y deudas del hogar, a través de organizaciones que, como Cáritas, están siempre al lado de los menos favorecidos.
   Desde Cáritas se viven con esperanza iniciativas "positivas" como la constitución del Fondo Social de Alquiler, que "proporcionará una vivienda a las familias que fueron desalojadas de las mismas desde enero de 2008, pues suponen una primera respuesta por parte de las entidades bancarias que poseen un importante parque de viviendas vacías".
   Estima, no obstante, que tal iniciativa "debe ampliarse considerablemente a miles de viviendas, mediante acuerdos razonables que reduzcan la hipoteca a una cantidad acorde con los ingresos mermados de una familia, aunque sea de forma temporal hasta que mejore la economía".