sábado, 19 de enero de 2013

La sombra de Cope es alargada / Miguel Ángel Esteve *

Con los ojos humedecidos recibí la noticia del fallo del Tribunal Constitucional sobre la famosa disposición adicional octava del ley del suelo de 2001, por la que se desprotegían 11.500 hectáreas de espacios protegidos en nuestra región, entre ellos la Marina de Cope. Habíamos ganado y esto no ocurre todos los días.

Once años de espera, de trabajo y sacrificios, once años de una lucha colectiva como nunca había habido en la defensa de nuestro patrimonio natural, once años que merecen una pequeña reflexión, pues la sombra y las lecciones de Cope son muy alargadas.

Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, Ecologistas en Acción, tras intentar sin resultado y conjuntamente con ANSE una negociación de última hora con los diputados del PP Lourdes Méndez y Alberto Garre para que retiraran la mencionada disposición adicional, decidió activar públicamente este asunto por varias vías, una de ellas el Tribunal Constitucional. Rápidamente muchos profesionales del medio ambiente se unieron a la idea de forma prácticamente espontánea. 

En pocas semanas teníamos una primera contabilidad detallada sobre la desprotección, pues afectaba a toda la red de espacios naturales construida desde 1992, y en unos meses disponíamos de un primer informe ecológico sobre los valores naturales desprotegidos y un análisis de varios abogados ambientalistas sobre las debilidades legales de la disposición. Sin estas aportaciones técnicas, científicas y jurídicas hubiera sido imposible avanzar en este camino. 

Nos faltaba el instrumento para poder materializar el recurso en el Constitucional, en concreto cincuenta diputados o senadores que lo pudieran apoyar. Esta opción nos la podía ofrecer el PSOE en el parlamento nacional. Los contactos con Cristina Narbona, entonces secretaria de Medio Ambiente de dicho partido, fueron fructíferos de inmediato. Su sensibilidad y competencia fue manifiesta desde el primer momento. Las reuniones en Madrid con ella, con su secretario De la Torre y el letrado Luciano Parejo acabaron rápidamente en un sólido recurso, apoyado por sesenta y cinco diputados socialistas, que fue admitido a trámite sin discusión en el Tribunal Constitucional. Nuestro reconocimiento hacia Cristina Narbona y todo su equipo.

Después sucedieron las primeras Marchas Por el Litoral, organizadas entonces por la Plataforma en Defensa del Litoral y posteriormente por Murcia No se Vende, que logra convocar a decenas de miles de murcianos en una de las manifestaciones más numerosas que ha acogido nuestra ciudad. Se constituye la Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (Prolitoral) para mantener vivos todos los recursos en la prolongada tramitación del macroproyecto urbanizador de Marina de Cope, entre otras tareas técnicas. 

En esta larga década de burbuja inmobiliaria y de infraestructuras innecesarias se suceden los conflictos ambientales: Autopista Cartagena-Vera, Puerto Mayor, Lo Pollo y Novo Cartago, Cerrichera, Calblanque, Portmán, el teletransporte urbanístico, Gorguel, algunos desgraciadamente consolidados, otros ganados y con los actores del entuerto sometidos a juicio y varios de ellos aún vivos y en su fase final. No obstante el megaproyecto urbanizador de Marina de Cope suscitó todo tipo de respuestas, incluida una iniciativa legislativa popular promovida por IU-Los Verdes que de nuevo fue abortada por el PP en la asamblea regional, y fueron muchas las personas que se unieron en la defensa de su estado natural hasta el momento presente con el proyecto Marina Nos Interesa y el último informe sobre los valores naturales de la Marina de Cope y los posibles efectos de la urbanización, en el que he tenido la oportunidad de colaborar.

Tres son las lecciones que podemos aprender de este largo y tortuoso conflicto ambiental:

1- Todos estos años, D. Ramón Luis Valcárcel ha demostrado ser un magnífico constructor de fracasos. Especialmente en lo que respecta a su modelo inmobiliario y de infraestructuras, como él mismo reconoce abiertamente. Optó, por pereza mental e incapacidad, por el camino trillado y equivocado y esto nos ha supuesto perder un tiempo y unos recursos económicos preciosos para diseñar y construir otra Región de Murcia, más innovadora, justa y sostenible. Además, en esta locura urbanizadora hemos desacreditado en extremo nuestro sistema democrático, salpicándolo de una pléyade de casos de corrupción cuya factura está aún sin pagar. La sombra de Marina de Cope se cierne sobre otros proyectos de similares características que también están abocados al fracaso, por sus debilidades ambientales y económicas y por la prepotencia de sus promotores, que desprecian lo que ignoran, como es el caso del Macropuerto de El Gorguel.

2- La Marina de Cope tendrá su tercera oportunidad para un desarrollo verdaderamente sostenible. Cuarenta años después de evitar un proyecto de central nuclear, se vuelve a frenar otro macroproyecto incompatible con sus valores físico-naturales. Ya es hora de interpretar con inteligencia el papel de los segmentos de costa que quedan sin urbanizar, en un contexto de protección de la naturaleza e integración territorial más amplio, donde acoger otras ofertas de ocio y esparcimiento más reducidas, blandas y distintas a las convencionales.

3- La realidad económica y social de nuestra región también la construimos desde las organizaciones sociales, con nuestra actividad y ejerciendo en lo posible el estado de derecho. Así lo demuestran, por ejemplo, el movimiento actual contra los desahucios o los colectivos ecologistas en su larga trayectoria. Hago desde aquí un llamamiento a todos los ciudadanos: elijan la injusticia social o ambiental que más les indigne, que por desgracia hay donde escoger, organícense y luchen contra ella, se incorporarán a una guerrilla extensa, prolongada e incruenta que en ocasiones nos da una alegría. Marina de Cope de nuevo protegida, a pesar de la rabieta del Sr. Valcárcel.

(*) Profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción de la Región Murciana

miércoles, 16 de enero de 2013

Génova 13 trata de impedir una guerra civil en el PP de la Región de Murcia / Apunte de Argárico

El informe del fiscal Lozano y la distancia tomada por el juez instructor del 'caso Umbra' reflejan indirectamente el larvado conflicto interno en el seno del PPRM. 

Frente a la situación en que ha quedado el alcalde de Murcia, Cámara, tras saberse todo lo que ha hecho mediante un muy debilitado diario 'La Verdad' y un muy calculado silencio, esta vez, del diario 'La Opinión', en el tema de Nueva Condomina, el casi aislado 'clan Valcárcel' asiste impaciente a la defenestración difícil del regidor municipal, que da por cantada algo prematuramente el poco aledaño político que hoy le queda al presidente de la Comunidad Autónoma, incluido el mediocre e inútil del vicepresidente y consejero de Economía, Bernal, quien ya se ve a sí mismo de inesperado sucesor en San Esteban ante los insistentes e intencionados rumores de un inmediato escándalo político protagonizado por el hermano listo del presidente.

Génova 13 ha detectado a tiempo el riesgo de guerra civil interna en el PP murciano y no piensa apretar en el tema del alcalde para que dimita si, finalmente, fuese procesado. Si fuese condenado sería otra cosa pero, en el ecuador de su actual mandato, Cámara juega con el tiempo a su favor, y le sobra para acabar legislatura municipal, de cara a una hipotética sentencia firme. Si un eventual sucesor estuviese ya frotándose las manos, cosa que no creo en personas medianamente inteligentes, que se lo tome con calma y deje de calentar en la banda porque la cosa no parece inminente.

Enmedio de todo, y con pasos firmes, silenciosos y calculados, el diputado García-Legaz, hombre de Aznar sobre el terreno postulándose como herramienta en una eventual necesidad de recambio al frente del partido y de la Comunidad Autónoma por la precipitación de las condiciones sucesorias en ambas instancias y para cortar el paso y disuadir a Cámara de que opte a ocupar el sillón de San Esteban y la presidencia del PPRM. 

De hecho, el diputado madrileño por Murcia pero oriundo del Campo de Cartagena, y técnico comercial del Estado, lleva meses cultivando el jardín de los más poderosos de la Región para conquistar su favor y apoyo incondicional en caso de necesidad política. Ahí está la muy reciente medalla de oro concedida al chacinero de Alhama y el acercamiento a la UCAM revestido con la túnica de ortodoxo de FAES como buen ultraliberal español de obediencia tejana.

Mientras tanto, Cámara, secretario regional del PPRM, mueve sus peones con ayuda del jefe de su estado mayor y concejal del Ayuntamiento de Murcia, José Cosme Ruíz García, proveniente de la muy corrupta Orihuela, como el propio alcalde, hasta llegar a comprar los favores de un digital huertano y establecer censuras a plumas pendientes todavía de ajustar cuentas a Cámara desde su histórica traición a Calero.

Su estrategia de supervivencia política pasa, indefectiblemente, por su alianza estratégica con el ex concejal Sánchez Carrillo, esposo de la muy locuaz estas semanas pedánea de Patiño, padre de una concejal actual, conseguidor de todos los votos necesarios en las pedanías y Huerta de Murcia para ganar cualquier elección, tesorero 'de facto' y presidente del comité electoral regional del PP. Más poder real que Valcárcel aunque éste tenga el BORM a su merced.

Sucede que hace poco tiempo, tal vez entre primavera y verano últimos, Sánchez Carrillo se distanció de su socio en diversos negocios, el abogado Carlos Valcárcel Siso, hermano del presidente, tal vez por cuestiones de reparto de beneficios. El conflicto alcanzó de lleno a Ramón Luis y, a partir de ese momento, se desataron rumores de corrupción objetiva en el poder regional y sus familiares, en beneficio tanto de un muy tocado políticamente Miguel Ángel Cámara, como del 'hombre de FAES' ya en marcha para ofrecerse como alternativa ante la eventual caída traumática de un Valcárcel, sin sucesión clara,  y muy mal visto en el actual Ministerio del Interior desde el gol colado al ministro del Opus con otro miembro de la Obra, Bascuñana, cuestionado en los tribunales.

En torno al alcalde Cámara, además, se ha construido una pirámide de intereses y ambiciones políticas por parte de un grupo de concejales, enanos políticos dispuestos a todo por seguir en el machito so pena de volver, quizás, al paro al ser la mayoría de ellos/as un subproducto de la Logse. Y, por supuesto, dispuestos a romper cualquier disciplina de voto, llegado el caso, si Valcárcel quiere imponer a uña de caballo un sucesor de Cámara si convence a Génova 13 de presionarlo hasta la extenuación para que se vaya tras llegar a sentarse en el banquillo de los acusados. 

Parece claro que el todavía alcalde de Murcia no estaría dispuesto a que San Esteban imponga un sucesor en el Ayuntamiento y no parece descabellado pensar en el mismísimo Sánchez Carrillo para La Glorieta puesto que él mismo tiene todo el poder para la confección de las candidaturas y los dineros para las campañas electorales amén de la cosechadora de votos que asegura una victoria permanente del PPRM desde hace quince años y en cualquier convocatoria electoral, en el término municipal y algunos otros más con contrata de basura con 'La Generala'.

El jefe de estado mayor de Cámara, el ex funcionario de Administración Local y concejal de Murcia, José Cosme Ruíz García, es suegro, casualmente, del presidente del TSJ, Martínez Moya, a su vez, nieto e hijo de políticos centristas muy bien tratados en su día por Caja Murcia -¿hasta la condonación de deudas empresariales?- y amigo del consejero de Presidencia y ex-fiscal en excedencia, Campos, otro aliado de Cámara frente a Valcárcel en este momento crucial en el seno de la derecha política murciana, pendiente ahora de que mueva ficha el pusilánime juez instructor del 'caso Umbra' y levante el secreto de este sumario.

La Fiscalía, por contra, aprieta en beneficio de un Valcárcel a quien el fiscal superior, López Bernal-Pareja, no ha molestado, al contrario que sus colegas de Palma y Valencia a Matas y Camps, y ahora lanza a su encargado de anticorrupción contra el alcalde Cámara al objeto de su desactivación política de cara a la sucesión presidencial si Ramón Luis tiene que salir de escape ante las investigaciones de la UDEF y no volver por Murcia, tras concluir su mandato en el CdR, antes del año 2015 para optar a ser, como mucho, senador territorial por la inmensa caridad política de Mariano Rajoy ya que de europarlamentario no lo ve nadie tras el ridículo que está haciendo en Bruselas y porque es incapaz de estudiar al menos otro idioma extrajero.

martes, 15 de enero de 2013

El de Puerto Lumbreras, otro alcalde ante la Justicia sin explicaciones convincentes pero que no niega

MURCIA.- El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado que la declaración suya hoy ante el magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, en calidad de imputado para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación, ha ido "con normalidad" y que "tenía ganas de venir" después de seis años de una denuncia de los concejales socialistas, "y colaborar con la Justicia".

   Al tiempo que ha señalado a los medios de comunicación congregados a las puertas de los juzgados que "no se hizo nada nuevo" y que "se continúo haciendo y trabajando de la misma forma" que el anterior equipo de Gobierno, socialista, y "así se lo he explicado a su Señoría".

   Cabe recordar que el PSOE interpuso en 2007 una querella contra Sánchez por la presunta comisión de delitos relacionados con la gestión urbanística. 
En este sentido, el alcalde de Puerto Lumbreras desde 2003 ha enfatizado este martes que "fue una denuncia general de prácticamente todos los delitos del Código Penal quince días antes de una campaña electoral".

   A su salida del Palacio de Justicia de Murcia, Pedro Antonio Sánchez ha asegurado que ha contestado a "todas" las preguntas del Ministerio Fiscal y del juez, pues "he venido a colaborar para que las cosas se aclaren cuanto antes, que es lo que cree "interesa".
Pedro Antonio Sánchez, había afirmado estar "tranquilo" a su llegada al Palacio de Justicia, de Murcia, acompañado por su abogado Francisco Martínez Escribano.
Al ser preguntado por el hecho de que el magistrado sea Julián Pérez Templado, Sánchez ha destacado que él confía en la Justicia y en el Estado de Derecho, y "siempre" lo ha hecho. Por ello, ha considerado que es bueno "tener oportunidad de aclarar las cosas".
   Cabe recordar que el PSOE interpuso en 2007 una querella contra Sánchez por la presunta comisión de delitos relacionados con la gestión urbanística.
   La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca decidió dar traslado de la causa al TSJ por la condición de aforado de Sánchez, quien también es vicesecretario de Organización del PP regional.
"Entenderán que vengo con ganas y con mucho ánimo de poder colaborar con la Justicia en que esto se aclare cuanto antes", según el alcalde, quien ha aclarado que es la primera vez que puede declarar en el TSJ después de seis años, y ha mostrado su deseo de que la Justicia actúe "con la mayor agilidad posible".

Joaquín López reprende a la dirección del PSOE por posponer la "reconstrucción" del partido

MURCIA.- El diputado y portavoz adjunto del PSRM en la Asamblea Regional, Joaquín López, ha criticado abiertamente en un blog que la dirección del partido haya pospuesto la "reconstrucción" del mismo y los cambios en la organización prometidos el pasado mes de febrero. 

   En un escrito, titulado '¿Hacer PSOE?', publicado en 'www.joaquinlopez.es', muestra su escepticismo ante los acuerdos adoptados por el Comité Federal del PSOE el pasado sábado, pues, "son muchas las conferencias, encuentros y reuniones que hemos realizado en este tiempo". Todo esto "ya me suena, porque que no creo que esto sea suficiente para sacar al partido de la situación en la que se encuentra", ha agregado.
   Tras lo que recuerda que hace casi un año del 38º Congreso Federal, en el que el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba "se dirigió a nosotros para mostrar su intención de cumplir con lo que desde luego era y sigue siendo el clamor de los afiliados de nuestro partido", que es "dar sentido a su militancia con la participación real en las principales decisiones que toma nuestra organización".
   Para ello, ha apuntado, "teníamos que analizar, revisar y finalmente cambiar las estructuras de participación del partido, definir con claridad la forma de decidir nuestro proyecto político y por supuesto, definir con claridad la amplitud del derecho que entonces consagrábamos entre grandes aplausos con la frase 'Un militante un voto'".
   Pues bien, "si no somos coherentes con lo que comprometemos, no seremos creíbles, si no entendemos que nuestro problema es más profundo y miramos de reojo a la realidad, seguiremos ahondando en la caída", ha resaltado el socialista murciano en su blog.
   A su juicio, urge "reconstruir nuestra organización", por lo que propone la "necesaria y convenida" revisión del funcionamiento de la organización del PSOE, "dotándola de los instrumentos estatutarios que consagren la participación de los militantes y de los simpatizantes en nuestras decisiones".
   Un proceso "de elaboración de nuestro proyecto político en paralelo con un proceso de Primarias para elegir a quien deba encabezar ese proyecto, ambos abiertos a la sociedad y a comenzar el periodo más breve posible", concluye.

IU-Verdes ayudará a los desahuciados para que sus propuestas y reivindicaciones se oigan en la Asamblea Regional

MURCIA.- IU-Verdes trasladará "con vocación constructiva" sus propuestas y las reivindicaciones de la sociedad al grupo de trabajo acordado por los grupos parlamentarios de PP y PSOE para la creación de un servicio de información, asesoramiento y mediación con familias afectadas por los desahucios.

   Así lo ha indicado este martes el coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, quien ha destacado que hasta ahora las medidas en materia de desahucios impulsadas por sendos partidos "han venido a agravar la situación y han supuesto una falta de respeto a los afectados".
   Pujante ha valorado la propuesta del grupo de trabajo para establecer el servicio de mediación, si bien ha expresado sus dudas sobre la utilidad del mismo debido a que "la solución es política y pasa por limitar el poder de la banca y garantizar el derecho a la vivienda, cuestión a la que PP y PSOE se han opuesto".
   Ha criticado el "cinismo" de sendas fuerzas políticas y ha destacado el hecho de que se hayan puesto de acuerdo "los partidos que han permitido más desahucios en la historia de este país, primero con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Mariano Rajoy".
   En este sentido, ha recordado que la exministra socialista Carmen Chacón anunció en 2007 que la Comunidad de Madrid "contaría a partir del siguiente año con los seis primeros juzgados de primera instancia de lo civil, de los diez inicialmente previstos, destinados a agilizar los desahucios".
   Pujante ha destacado la "incapacidad" de PP y PSOE para ponerse de acuerdo, cambiar la leyes y establecer la dación en pago, "cuando sí lo hicieron para reformar la Constitución Española con el objetivo de controlar el déficit público".
    Asimismo, ha recordado que IU-Verdes "ha presentado varias iniciativas en la Asamblea Regional para frenar los desahucios, incluida una moción para que el Consejo de Gobierno ordene una moratoria, que han sido rechazadas por el PP".

Los precios se estancan en Murcia en diciembre

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) no varió en la Región de Murcia durante el pasado mes de diciembre, y la tasa interanual se situó en el 2,9 por ciento, según datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).    

En lo que va de año, los precios aumentaron un 2,9 por ciento en la Región, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 2,9 por ciento.

El PP de Aragón manifiesta la "oposición frontal" del partido al trasvase del Ebro

ZARAGOZA.- El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) de las Cortes de Aragón, Antonio Torres, ha manifestado la "oposición frontal" del PP regional al trasvase del río Ebro y ha defendido el Pacto del Agua. 

    En rueda de prensa y a preguntas de los medios, Antonio Torres, ha respondido al coordinador de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad Valenciana, César Sánchez, quien ha afirmado que el trasvase "se puede y debe retomar"
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha planteado la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN).    
   Los "problemas" hidráulicos de la Comunidad Valenciana "no se arreglan haciendo llamadas al trasvase", ha expresado Antonio Torres, quien ha apostado por desarrollar el Pacto del Agua de Aragón "para que los aragoneses sigamos utilizando el agua como un elemento imprescindible para el desarrollo de nuestra tierra y nuestros ciudadanos".

El Comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena continúa su encierro

CARTAGENA.- Los 12 delegados del Comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena continúan su encierro cuando se cumplen 24 horas desde su comienzo, al igual que en los restantes 27 puertos públicos del Estado, según informaron fuentes de UGT en un comunicado.

   El propio presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, apoya las reivindicaciones de los trabajadores, y considera un despropósito la negativa de la Administración a firmar el convenio ya negociado entre empresa y trabajadores, según el sindicato.
   El encierro, que está previsto que concluya este miércoles a las 8.00 horas, no es la única medida de presión de los trabajadores para exigir el cumplimiento y aplicación de la modificación parcial del II convenio colectivo en vigor, que respeta los límites de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 y "fue avalado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, pero que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) dependiente del Ministerio de Hacienda no quiere suscribir", según UGT.
   El sindicato considera que la CECIR "quiere aplicar más recortes, más austeridad y menos empleo, al margen de que estemos ante un sector de gran productividad, con beneficios económicos demostrables y posibilidades de expansión y generación de nuevos empleos".
   Los sindicatos UGT y CCOO consideran "inasumibles" los recortes salariales y sociales que está sufriendo el colectivo de trabajadores portuarios en un sector de actividad que genera "importantes beneficios económicos directos e indirectos, recortes que además, están deteriorando los servicios de gestión directa a los usuarios de los puertos que están pagando sus respectivas tasas portuarias".
   UGT ha anunciado que las medidas de protesta "van a continuar en los puertos públicos de toda España en las próximas semanas y meses". En Cartagena, los días 17 y 24 de enero se realizarán concentraciones a las puertas de la Autoridad Portuaria, en la Plaza Héroes de Cavite, y el próximo 27 de febrero está prevista una gran concentración de todos los trabajadores de puertos del Estado en Madrid.

Los trabajadores públicos murcianos aportaron casi 4.000 kilos de alimentos a Cáritas

MURCIA.- Los empleados públicos de la Administración regional murciana aportaron un total de 3.862 kilos de alimentos no perecederos para Cáritas Diocesana de Cartagena durante la campaña navideña, en la que la Comunidad Autónoma colaboró con la recogida de alimentos para los más desfavorecidos.

   Con este motivo, Cáritas ha dirigido una carta a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios en la que agradece la generosidad de los empleados públicos en la pasada campaña de Navidad, con aportaciones de alimentos no perecederos que se recogieron en las cajas situadas en diversos centros de trabajo de la Administración regional.
   Cáritas destaca en su carta "el gesto tan solidario que todos los funcionarios de la Comunidad han tenido para compartir con aquellas personas que carecen de casi todo", y manifiestan su intención de continuar trabajando conjuntamente el próximo año con la Administración regional.
   La Comunidad colaboró asimismo, durante esa campaña navideña, con Cruz Roja en la recogida de alimentos y juguetes, en su campaña 'Ahora+que nunca'.
   La Administración regional puso de manifiesto a través de estas colaboraciones su intención de contribuir a paliar las necesidades más urgentes de determinados sectores de la población, y responder así a la solicitud realizada por estas dos organizaciones no gubernamentales.

lunes, 14 de enero de 2013

Se presenta un ERE en el diario 'La Verdad'

VALENCIA.-  La Asamblea de trabajadores de Las Provincias aprobó el pasado viernes la última propuesta de la empresa que reducía los despidos de 23 a 20 y ofrecía unas indemnizaciones de 30 días con un tope de 13 mensualidades. Hoy comenzaron a notificarse la ejecución de los contratos, según PR Noticias.

El pasado 8 de enero Las Provincias de Valencia presentó un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba, en un primer momento, a 23 empleados. El pasado viernes la plantilla aprobaba en Asamblea la última propuesta presentada por la dirección y que reducía el número de salidas de 23 a 20. También se han conseguido mejoras en las indemnizaciones, han pasado de los 25 días iniciales a 30 días con un tope de trece mensualidades, según han confirmado fuentes del comité de empresa.
La plantilla se verá afectada por los recortes, el ajuste implica una reducción media del 8% de su salario. Los que tengan un salario de entre 22.000 y 40.000 euros sufrirán una reducción del 6,25%, que es lo equivalente a una paga extra; mientras que los que superen los 40.000 tendrán una retención del 10%.
El sueldo por trabajar los domingos también se reduce. La plantilla cobra a parte por trabajar este día, sin embargo, con el recorte estas cantidades quedarán de la siguiente manera: los redactores jefes cobrarán 150 euros por cada domingo trabajado, los redactores y jefes de sección 125 y el resto de categorías 100 euros. 
Hay que recordar que este ajuste en Las Provincias está dentro del Plan de Eficiencia puesto en marcha por Vocento y que persigue ahorrar entre 35 y 40 millones anuales. Ya se han presentado Expedientes de Regulación de Empleo en CM Vocento, en ABC Punto Radio que afectará a 136 personas y en La Verdad, de Murcia.

Ecologistas considera que el Gobierno regional "debe asumir el fin de su fracasado modelo especulativo"

MURCIA.- Ecologistas en Acción responde al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, que deje de "matar al mensajero", y asuma que el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel y sus "equivocadas" decisiones son "los verdaderos responsables de impulsar un fracasado modelo especulativo basado en el pelotazo urbanístico, y en el desprecio al medio ambiente y a la legislación vigente y del estado de derecho, como han demostrado el Tribunal Supremo y el Constitucional".

   Según la asociación, "quienes tienen que dar explicaciones por la desastrosa situación en la que se encuentra la Región de Murcia y por la estrechez de miras que supone seguir apostando tozudamente por un modelo manifiestamente ruinoso, son Valcárcel y su equipo de Gobierno".
   Ecologistas recuerda que desde el pasado viernes 11 de enero, con la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional, los límites legales del Parque Regional de Carrascoy-el Valle "son los legalmente declarados en 1992 y por tanto la delimitación actual del plan parcial del proyecto Paramount ha quedado invalidada, puesto que se adentra en torno a un 21% en el espacio protegido".
   Esto supone una reducción equivalente de la edificabilidad, puesto que el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del teletransporte de la misma. Una reducción, ha insistido la asociación en comunicado de prensa, que "puede suponer la puntilla para un proyecto que ya planteaba muy serias dudas sobre su rentabilidad económica".
   Ecologistas en Acción ha pedido al consejero Pedro Alberto Cruz que deje de "matar al mensajero", y que asuma que "han sido los graves errores en las decisiones y en el modelo impulsado por el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, los responsables de acumular fracaso tras fracaso, errores que desde el principio fueron denunciados y que ahora son ratificados por las más altas instancias judiciales de este país".
   "El modelo especulativo basado en el ladrillo y el pelotazo urbanístico finalmente ha demostrado que tenía los pies de barro, pese a que los efectos negativos y el nulo futuro de este tsunami del hormigón han sido sistemáticamente denunciados por Ecologistas en Acción y otros colectivos, entidades y ciudadanos en general", ha declarado.
   Por lo que, ha puntualizado, "no hemos sido estos colectivos sino el Gobierno regional, el responsable de que la Región de Murcia sea la única comunidad autónoma en la que, de forma inédita e inaudita, se redujo la superficie protegida, cuando en el resto de comunidades autónomas ha ido aumentando en todo momento".
   Tampoco "hemos sido nosotros, sino el Ejecutivo murciano, quien ha aprobado normas y planes contrarios a la legislación vigente y al estado de derecho para favorecer proyectos faraónicos al servicio de los intereses privados de unos pocos", ha añadido.
   Según la asociación, "el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, es el responsable de atropellar los intereses generales, la conservación de nuestro patrimonio natural, el uso inteligente de nuestros recursos, la normativa vigente y el estado de derecho y la movilización de amplios sectores ciudadanos".
   Ecologistas en Acción recuerda al consejero Cruz que el proyecto Paramount "responde al caduco modelo de parques temáticos, negocios que se han demostrado ruinosos, que han necesitado ayuda financiera de las administraciones públicas y que en su inmensa mayoría acumulan pérdidas, como evidencian casos como Terra Mítica o el parque Warner, en Madrid".
   La sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a modificar el plan parcial de Paramount y a reducir su edificabilidad, "aumenta las ya series dudas sobre su rentabilidad", por lo que "Valcárcel y el consejero, como responsables de impulsar el proyecto Paramount y otros muchos proyectos faraónicos, ambientalmente agresivos, sin rentabilidad social, de escasa viabilidad económica y contrarios a un desarrollo inteligente, sostenible y de futuro, son los que deben dar explicaciones a los ciudadanos".

La exportación hortofrutícola murciana aumenta en 2012 un 14%

MURCIA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha destacado los resultados conseguidos por el sector en la última campaña y ha añadido que "sigue manteniendo su buen nivel de producciones y exportaciones", principalmente de frutas y hortalizas, cuya venta al exterior supuso en 2012 un incremento de un 14% respecto al año anterior, y un valor económico de 3.500 millones de euros". 

   Igualmente, Cerdá ha subrayado "el aumento de la producción de albaricoque, paraguayo, uva de mesa, sandía, lechuga, alcachofa y brócoli" y resaltado que las exportaciones hortícolas continúan con incrementos que van desde el 8% para la lechuga al 20% para el melón.
   Tras hacer referencias a las inclemencias meteorológicas producidas el pasado año, que han supuesto por parte del Consorcio de Seguros Agrarios indemnizaciones por valor de 80 millones, ha puesto de manifiesto que en ganadería "se mantiene la exportación de porcino y se ha quintuplicado la exportación de animales vivos en vacuno y ovino con 25.000 terneros y 300.000 corderos, destinados principalmente a países como Líbano y Turquía".
   Por ello, ha resaltado que "la investigación agroalimentaria es la principal herramienta que tiene el sector en estos momentos para su modernización", para incidir después que el Imida "es un centro de referencia nacional", que cuenta con 74 investigadores para el desarrollo de medio centenar de proyectos de investigación.
   Cerdá ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de las principales líneas de actuación destinadas en 2012 al sector agrario regional gestionadas por la Consejería, y ha remarcado que la Región "no ha perdido ni un solo euro de los fondos que proceden de la Unión Europea" para la modernización y competitividad de la agricultura regional.
   De hecho, ha comentado que las ayudas procedentes de la Política Agraria Común han permitido que más de 50.000 agricultores y ganaderos de Murcia hayan percibido 109,4 millones de euros de las ayudas directas europeas Feaga.
   Asimismo, se han destinado 38,3 millones de euros de gasto público (cofinanciado por el Gobierno regional, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea) de ayudas Feader a 12.000 agricultores para las líneas del Programa de Desarrollo Rural de la Región.
   Las ayudas de Pago Único, incluidas en Feaga, han supuesto el 56% del total de los fondos para ayudas directas que Murcia recibe de Europa. La Región obtiene además la tercera parte del total de fondos que España recibe para el desarrollo de Programas Operativos con inversiones financiadas al 50% por las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas y la Unión Europea, "lo que representa la apuesta por la modernización y tecnificación de estas empresas", dice Cerdá.
   Respecto a las ayudas Feader, el titular de Agricultura ha destacado los programas de formación y asesoramiento, que han beneficiado en 2012 a más de 3.600 alumnos y 1.485 agricultores y ganaderos, respectivamente. También las ayudas agroambientales, que consumen una parte importante de Feader, se han destinado a 3.000 agricultores, con más de 23 millones de euros.
   Cerdá ha comentado que "a pesar de la situación económica", el Gobierno regional ha realizado un "importante esfuerzo" en sacar durante 2012 las convocatorias de ayudas para el período 2013-2015 a la incorporación de jóvenes agricultores, a la modernización de explotaciones y al apoyo de la industria agroalimentaria que "han tenido muy buena aceptación del sector, superando las solicitudes de convocatorias anteriores".
   En este sentido, se han recibido solicitudes de 75 empresas para el aumento del valor añadido en industria agroalimentaria, y se han presentado 279 para la incorporación de jóvenes, frente a las 154 peticiones realizadas en la convocatoria anterior.
   Para la modernización de explotaciones, se registraron 492 solicitudes, y en mejora de la eficiencia energética en invernaderos, se han alcanzado ya las 72 hectáreas bajo cogeneración con tres nuevos proyectos.
   El desarrollo del programa de mejora genética de obtención de nuevas variedades que está realizando el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Imida) ha permitido lograr "resultados positivos".
   Con los trabajos realizados se han conseguido 12 nuevas variedades de uva de mesa, seis nuevas variedades de melocotón y nectarina, y se están evaluando más de 2.000 híbridos de cereza, que "suponen una gran alternativa a los cultivos tradicionales".
   La Consejería, junto con el sector, ha mantenido el "excelente estado sanitario de la cabaña ganadera que es puntera en España", con más de 700.000 pruebas analíticas en 2012 en apoyo a la labor de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
   Asimismo, se está colaborando en mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas creando figuras de calidad diferenciada de ovino, caprino y leche de vaca.
   En pesca, se ha mantenido la vigilancia de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, que "ha logrado un gran reconocimiento internacional", así como las inversiones destinadas a las paralizaciones definitivas y temporales de la flota, y a la modernización de embarcaciones.
   También han sido importantes las ayudas de la promoción de vinos de la Región a terceros países, a las que se han acogido 11 empresas murcianas que han desarrollado actuaciones de promoción en países fuera de la Unión Europea.
   Cerdá ha puesto de manifiesto la importancia del Plan de Frutas y Verduras en los centros escolares de la Región de Murcia, que ha supuesto en el pasado curso escolar la participación de 317 colegios (64,17 por ciento del total) y 46.100 niños de edades comprendidas entre los 6 a 9 años (76,65 por ciento del total).
   En materia de agua, se han finalizado actuaciones en las comunidades de regantes del Campo de Cartagena, Arco Sur Mar Menor y Noroeste. Además, se han seguido gestionando y pagando ayudas a seis comunidades de regantes que han ejecutado sus propias obras.
   Las actuaciones de saneamiento y depuración han incidido especialmente en el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento y Depuración de Lorca, y en el desarrollo de las obras de la depuradora de Alguazas, así como la de El Berro, en Alhama, y la mejora de la depuradora de Blanca. Se han construido 30 kilómetros de colectores en 10 municipios, y se han realizado los proyectos de 22 nuevas obras de saneamiento y depuración en 20 localidades.

IU-Verdes critica que el Gobierno "apoye Paramount mientras ignora las reivindicaciones a favor del soterramiento"

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha criticado que los gobiernos central y regional "celebren un acto esperpéntico para apoyar el proyecto empresarial Paramount y, al mismo tiempo, ignoren las reivindicaciones ciudadanas que exigen el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio".

   "Además del triste espectáculo que se dio en este acto el sábado, el esfuerzo por recibir el apoyo explícito del Gobierno central supone un insulto a los ciudadanos de la ciudad de Murcia que vienen reclamando una solución al problema del soterramiento de las vías del tren y que soportan todo un proceso de demoras, incertidumbres y silencios", ha indicado Tornel.
   A su juicio, esto supone "un agravio comparativo contra los vecinos de Murcia por parte de quienes invierten sus esfuerzos en arropar a los especuladores y se olvidan, desde hace 20 años, de los ciudadanos afectados por una situación que pudo resolverse en años de bonanza si este proyecto de absoluta prioridad social hubiera estado alguna vez en la agenda de los responsables municipales y regionales del PP".
   Tornel ha afirmado que la Comunidad "tiene buena parte de responsabilidad en la Sociedad Murcia Alta Velocidad y, por tanto, en la decisión primera de esta entidad de no soterrar las vías, pero a Valcárcel y a Cámara desde hace años solo se les ve anunciando quimeras, ya sea El Gorguel, Marina de Cope, Corvera o La Paz, Murcia Capital europea de la cultura o el Plan de Movilidad".
   A su juicio, el Partido Popular "vive para alimentar sus siglas y sus intereses, mientras los problemas concretos de los ciudadanos sujetos a apuestas políticas de fondo quedan en el olvido".
   Por esto, IU-Verdes ha exigido al alcalde, Miguel Ángel Cámara, que "concierte cuanto antes su reunión con ADIF para avanzar en la paralización de las obras del proyecto de integración de la llegada del AVE a Murcia sin soterrar, y que organice un acto de apoyo del gobierno central a este soterramiento".

El alcalde de Lorca dice ahora que los inversores chinos ya no vienen

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha confirmado hoy la "paralización" de la Zona Especial de Inversiones Chinas (ZEIC), un proyecto de capital privado que, decían nuestros políticos, preveía construir en el municipio el centro logístico, de negocios, ocio y turismo más importante de China en Europa.

Según el alcalde, los inversores chinos del proyecto, promovido por una empresa española, han empezado a "perder interés" en el ZEIC, por lo que no se descarta la resolución del convenio suscrito en su día por el consistorio y la promotora.
Los inversores chinos aducen la crisis económica y la incertidumbre que genera la prima de riesgo española como principales causas para justificar esa pérdida de interés, por lo que el ayuntamiento y los promotores estudian "las posibilidades" del convenio suscrito en su día entre ambas partes y "como última opción" la resolución o liquidación del mismo.
Las manifestaciones de Jódar a distintos medios de comunicación han provocado la rápida reacción de los partidos en la oposición, y la vicesecretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, se ha mostrado "sorprendida" porque "hace casi dos años que el PSOE está diciendo que ese proyecto está aparcado y abandonado".
Ha afirmado que su partido siempre ha sostenido que el ZEIC era "un cuento chino y parece que, en efecto, era un proyecto inviable, porque nunca quedó claro cómo se iba a implantar en la pedanía de La Tova, con qué comunicaciones y qué infraestructuras", por lo que ha considerado que "echar la culpa a la crisis no es un argumento que se ajuste a la realidad".
Por su parte, el concejal de IU-V en Lorca, José García Murcia, ha considerado las palabras del alcalde como "una salida poco airosa" cuando "debería reconocer que fue muy complaciente con la oferta del ZEIC, que para nada estaba basada en el rigor ni en las posibilidades de actuación en Lorca de esos inversores, que no tienen la credibilidad suficiente".
El consejero delegado de la empresa promotora Time Services Global Business, Salvador Alcázar, compareció en abril de 2011 con el alcalde y el vicepresidente de la Conferencia Política Consultiva Popular de Nanjing, Wang Juanhua, para informar de que la inversión del ZEIC estaba garantizada.
Según dijo entonces, los compromisos para la financiación del proyecto se habían cerrado en marzo de 2011 con la colaboración del Gobierno chino y la firma de un acuerdo marco entre empresarios e inversores, las partidas estaban ya "habilitadas" y solo faltaba "estructurar movimientos de capital y las implicaciones de entidades financieras españolas".
La participación de estas, sin embargo, "será -se dijo entonces- con cuantías muy pequeñas", porque "entre el 80 y el 90 por ciento de la financiación ya está autorizada y preparada" y procede de China, concretamente de inversores de los sectores farmacéutico, agroalimentario y de energías renovables.
El ZEIC iba a ser construido entre 2011 y 2016 en la finca El Churtal sobre una superficie de más de tres millones de metros cuadrados en la pedanía lorquina de La Tova y preveía incluir ocho zonas temáticas.
Una de ellas iba a estar centrada en la divulgación de la historia e iba a recrear la cultura china, con la reproducción de algunos de los más característicos monumentos del país, mientras que la zona empresarial iba a ser una base logística de 187.000 metros cuadrados para que las empresas chinas inversoras tuvieran su sede, oficinas y centros de negocios.
Estaba previsto que completara el complejo una zona comercial en la que estas empresas vendieran sus productos y prestaran servicios especializados y otra área formativa para profesionales, en la que iban a tener cabida escuelas de negocios y universitarias con cursos de posgrado sobre materias relacionadas con el mundo empresarial oriental.
El área residencial prevista, de unos 696.000 metros cuadrados, iba a incluir unas 1.800 viviendas bioclimáticas, también de inspiración oriental, adosadas, unifamiliares y apartamentos, y la de ocio iba a contar empresas de servicios, gastronomía, moda, un casino, salas de espectáculos, un hotel de cinco estrellas con capacidad para 500 huéspedes y un campo de golf.

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

El PSRM exige explicaciones al PP por la «proliferación de casos de corrupción»

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz, exigió hoy a Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP regional que "dé explicaciones sobre la proliferación de casos de corrupción en torno a dirigentes de su partido, y especialmente sobre la imputación por delitos muy graves del alcalde de Murcia , Miguel Ángel Cámara, número dos del PP de la Región", añadió. 

Muñoz consideró "esencial que el presidente de todos los murcianos dé la cara, y diga qué medidas va a tomar para erradicar la corrupción en las filas de su partido".
"Por cierto -agregó-, no deja de ser extraño que Valcárcel declarase que él 'ya había leído antes el informe', cuando todavía está bajo secreto de sumario. Eso tiene que explicarlo también".
Puso como ejemplo los casos del ex alcalde de Fortuna y del ex alcalde de Librilla, sin que el PP reaccionase en ambos.
"El PSRM, consciente del daño que hacen a la población estos comportamientos aislados, pero impactantes, aboga por un pacto político y social por la transparencia y para extremar las medidas contra la corrupción", señaló el secretario de Justicia del PSRM, quien se refirió finalmente a la reciente encuesta en la que se refleja que "la corrupción empieza a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, algo que sí que es preocupante".

El alcalde de Murcia tendrá que dejar el cargo si se lo pide su partido, una vez sea procesado por el juez


MURCIA.- El imputado alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tendrá que dejar su cargo si finalmente es procesado y se lo pide su partido, el PPRM, del que es su secretario regional. O bien el propio presidente del partido y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, o bien un enviado directamente por Génova 13, como se hizo con el ex presidente valenciano Francisco Camps, tendrá encomendada la penosa tarea de arrancarle una dimisión que solo está en su mano decidir, según fuentes de la sede regional del PP.

Enrrocado por consejo, al parecer, del ex concejal Antonio Sánchez Carrillo, todavía presidente del Comité Electoral Regional del PP, vicepresidente de Caja Murcia, ex consejero de la CAM y hombre de las finanzas del partido, hoy alejado sino enfrentado con sus amigos de siempre, los hermanos Valcárcel, Carlos y Ramón Luis, el alcalde de Murcia parece dispuesto a aguantar hasta el último minuto los embates de la Fiscalía Anticorrupción y de la cúpula de su partido sin olvidar las propias de la Oposición socialista, comunista y centrista de UPyD.

Rodeado de sus fieles, la gran mayoría de los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia, y con el apoyo expreso de Sánchez Carrillo y su esposa, la pedánea de Patiño, Miguel Ángel Cámara se apresta no obstante a una resistencia numantina con el objetivo de concluir su actual mandato en espera de mejores vientos y de la ya muy cantada caída de Valcárcel y toda su pirámide de poder pese al ciego apoyo de la burocracia de Génova 13 como seguro para la victoria electoral en la Región de Murcia. 

Alberga, incluso, la esperanza de ser el candidato a San Esteban en los próximos comicios autonómicos con el apoyo de un 'aparato' controlado por el citado ex concejal. Y de que le sustituya en La Glorieta el actual consejero José Ballesta, ex rector de la Universidad de Murcia... y conocido traidor político. Y es así porque antes de caer, si llega a caer, Cámara está dispuesto a desatar una guerra civil en el seno del PPRM aprovechando el descontento generalizado de la derecha murciana por la excesiva prolongación de Valcárcel en el poder.

Lo que sucede es que el informe del fiscal Lozano parece bastante incuestionable desde el punto de vista penal y, también político, como consecuencia de lo anterior. Cámara se ha encerrado en su defensa con el único argumento de que actuó en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales (algunos no constan en ningún sitio) mientras la Fiscalía detalla un cúmulo de supuestas ilegalidades, a partir de una previa decisión política, que Cámara tiene más que difícil de desmontar si llega a ser procesado.

Los antecedentes de Valencia y Orense no parecen, además, que jueguen a su favor en Madrid.

domingo, 13 de enero de 2013

Los Ayuntamientos adeudan unos 23 millones a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 2012


CARTAGENA.- La deuda de los municipios por el consumo de agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla asciende a los 23 millones aproximadamente al cierre de 2012. Así lo ha asegurado el delegado del gobierno en el organismo, Adolfo Gallardo de Marco, aunque es una cantidad, ha apostillado, "que se ha visto recudida con respecto al año anterior", cuando ascendía a unos 30 millones.

   Gallardo ha asegurado que la Mancomunidad, que abastece a un total de 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete, "sigue funcionando sin mayores inconvenientes" pues no se ha visto afectado "el funcionamiento, solo la gestión".
   En este sentido, el delegado de la Mancomunidad ha destacado la "voluntad" del 99 por ciento de los ayuntamientos "que están haciendo todo lo posible por saldar la deuda".
   Por otro lado, el delegado del gobierno de la Mancomunidad ha asegurado que tiene noticia de que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) está interesada en estudiar la posibilidad de una explotación o gestión conjunta. Hasta dónde puede llegar, si es solo del agua desalada o del agua del trasvase, "está en estudio", opina Adolfo Gallardo.
   Sobre los 350 trabajadores, ha apuntado, que "lógicamente están preocupados, preguntan y les explico lo que conozco", que hay unos estudios "que igual no van a ningún sitio".
   De momento, Acuamed no ha hecho declaraciones a quienes se han puesto en contacto con la sociedad.
   Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, que actuó el pasado viernes como portavoz del Gobierno regional, Constantino Sotoca, aseguró que el Ejecutivo murciano conoce la información por los medios de comunicación.
   "Es algo que vincula al Ministerio y no tenemos más noticia ni más comunicación sobre este tema" pero "se pedirá información al mismo", señaló a preguntas de los medios en rueda de prensa.
   En cualquier caso, apostilló Sotoca, "siempre habrá que hacerlo conforme a la legislación vigente, respetando el derecho de los trabajadores".

Asaja Murcia demanda un Plan de Internacionalización del campo murciano en los países nórdicos

MURCIA.- Asaja Murcia ha demandado este domingo que es necesario que el Ministerio de Agricultura colabore en la puesta en marcha de un Plan de Internacionalización del Sector Agroalimentario murciano en los Países Nórdicos, según han informado fuentes de la organización agraria en un comunicado.

   Para su secretario general, Alfonso Gálvez, "desde nuestra organización entendemos que los países nórdicos ofrecen un enorme potencial de consumo para los productos agroalimentarios de nuestra Región. Por todo ello, queremos poner en marcha un plan de internacionalización, que tenga al menos una duración entre tres y seis años, y que permita posicionar a nuestros productos en países como Noruega, Suecia o Finlandia".
   Gálvez Caravaca ha señalado que "son países con economías muy fuertes y, por eso, nos interesa fortalecer nuestra presencia en los mismos, y tenemos que consolidar nuestras estructuras comercializadoras en éstos, comercializando en los mismos productos de alta calidad y seguridad alimentaria".
   "Es vital poner en marcha es plan que contribuya a dinamizar y hacer más competitiva la exportación agroalimentaria murciana, y que favorezca directamente a los productores murcianos", ha concluido.

El PSRM pide a Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes con tratamiento de oxigenoterapia

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia.

   Hace ahora un año, en enero de 2012, el Servicio Murciano de Salud (SMS) derogó las ayudas a pacientes sometidos a este tipo de tratamientos, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Rosique recordó que en la Comunidad Autónoma, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, en 2011 la media mensual de pacientes que recibieron esta ayuda fue de 1.403 y el coste anual de los mismos ascendió a 266.672 euros ese año.
   El Grupo Parlamentario Socialista considera que en este tipo de asistencia no deben existir recortes y es necesario mantener las ayudas "porque se trata de un servicio imprescindible y vital para un importante número de enfermos".

El Constitucional también desestima el recurso de la Comunidad Autónoma contra la derogación del trasvase del Ebro

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que deroga el trasvase del Ebro. La sentencia data del pasado 13 de diciembre y ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Región de Murcia interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 20 de septiembre de 2005, argumentando que la Ley impugnada rompía el principio de unidad de cuenca y dejaba en manos de la Administración General del estado y de la Generalitat de Cataluña la determinación de los caudales ambientales del río Ebro en un tramo concreto.
El Gobierno regional consideraba además que se concedía a una comunidad autónoma la capacidad de bloquear todo el plan hidrológico de la cuenca, al someter la aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro al mutuo acuerdo de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En su sentencia, el TC explica que el procedimiento de aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro constituye "una fórmula de cooperación adecuada para un supuesto de concurrencia competencial y que debe reputarse constitucionalmente admisible".
Asimismo, el Tribunal establece que se trata de un mecanismo "de acomodación o integración entre dos competencias concurrentes en el espacio físico, basado en el acuerdo, y que configura la aprobación final del plan integral de protección del Delta del Ebro como un acto complejo en el que han de concurrir dos voluntades distintas, lo que resulta constitucionalmente admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia".
El fallo añade que este hecho "no implica la alteración del sistema de distribución ni menoscabo de la competencia del Estado".

Según el PSRM, el tiempo se acaba para el alcalde Cámara

MURCIA.-  El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, considera que las nuevas revelaciones del 'Caso Umbra' confirman la responsabilidad directa del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en la aprobación de los convenios de la zona Norte investigados por la operación judicial en la que se encuentra imputado.

   López insiste en que serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad penal, pero es evidente que existen responsabilidades políticas y recuerda que ya el pasado mes de julio el PSRM solicitó la dimisión de Miguel Ángel Cámara al frente del Ayuntamiento de Murcia.
   "Desde el momento en que fue imputado tendría que haber dejado su cargo, porque él es el máximo responsable del modelo urbanístico que se ha seguido en los últimos años en Murcia apostando por el convenio como hoja de ruta para aprobar operaciones megalómanas", sostiene el concejal socialista.
   Además, según recuerda, "Cámara firmó en 1999 el protocolo con el entonces presidente del club Real Murcia, Joaquín Romeo, que es el origen de toda la trama de presunta corrupción urbanística".
   Y es que, desde el primer momento, señala López, "el Grupo Socialista manifestó su rechazo a los convenios de la zona Norte y puso esta situación conocimiento de los tribunales al entender que se estaba produciendo una importante pérdida para las arcas municipales, que algunos informes periciales sitúan entre 320 y 500 millones de euros, una cantidad que en estos tiempos de dificultades económicas es aún más grave y doloroso con tantos murcianos pasándolo mal".
   Tras las últimas revelaciones y las recientes sentencias judiciales, el portavoz socialista señala que "el tiempo se acaba para Cámara y debe afrontar de una vez las consecuencias de un modelo urbanístico equivocado. El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, demostrando que esos proyectos eran insostenibles y que las cosas se hicieron mal".
   Recuerda que siguen imputados, además del propio alcalde de Murcia, el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex director de la Gerencia, Alberto Guerra; el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia, Joaquín Peñalver; la jefa de la Oficina del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, Isabel Fernández; y el ex gerente de Urbanismo, Pedro Morillas, entre otros, en los casos Umbra y Barraca, lo que es una prueba contundente de que la gestión urbanística en Murcia ha sido lamentable.
   "Un ex concejal que sigue percibiendo retribución por parte del Ayuntamiento y un grupo de altos funcionarios que continúan trabajando para la administración local con tareas de responsabilidad, a pesar de su imputación", insiste López, quien además subraya que "a ninguno de ellos se les ha abierto expediente disciplinario administrativo ni se les han pedido explicaciones".

sábado, 12 de enero de 2013

El PPRM deja a Cámara abandonado a su suerte tras conocerse el informe de Anticorrupción

MURCIA.- La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los convenios urbanísticos en la zona norte del municipio de Murcia ha arrojado nuevos datos a punto de que sea levantado el secreto del sumario y el PPRM haya dejado abandonado a su suerte a quien todavía es hoy su secretario regional y alcalde de Murcia, el profesor de Orihuela, Miguel Ángel Cámara Botía. Ni el presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, ni el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez, quieren saber nada de él a tenor de sus últimas y sendas declaraciones de esta noche en Alhama.

«No he leído nada sobre Cámara y sobre su implicación en la operación de Nueva Condomina. No sé, no sé, de verdad», ha dicho el también alcalde de Puerto Lumbreras.
«Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Siempre hemos sido muy respetuosos con sus decisiones», ha dicho, por su parte, el también presidente de la Comunidad Autónoma, tras sostener que no tiene una opinión formada sobre el informe hecho público por la Fiscalía Anticorrupción.
Y es que el fiscal desvela que el Ayuntamiento de Murcia usó una ley que todavía no estaba en vigor para aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina al pasar del tope legal de 0,4 m2/m2 al 0,63 (un 60% más), lo que equivale a 190.000 m2 y a 1.584 viviendas extra. Desvela, además, que se hizo pese a que la Comunidad Autónoma advirtió de su ilegalidad en el informe preceptivo.
También desvela que el campo de golf se autorizó en una zona de especial protección forestal, vulnerando presuntamente la ley y en contra de los informes técnicos de la Comunidad Autónoma. Y que la «condonación ilegal» a Samper del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico, por considerar que con la entrega del campo de fútbol era suficiente, se hizo sin que existiera informe alguno sobre el valor de ambos bienes.
 Asimismo que el exconcejal de Urbanismo, Ginés Navarro, era partidario de convocar un concurso público para construir el campo de fútbol y que ello le costó el enfrentamiento con el alcalde. Señala además el fiscal que incluso hubo dos propuestas de Metrovacesa para construir el estadio, que el Ayuntamiento ni siquiera contestó.
 Sostiene el informe que todos los funcionarios intervinientes, entre ellos el alcalde, bendijeron «todo un cúmulo de ilegalidades administrativas, que siempre beneficiaban al promotor (Samper), por encima de los intereses generales». También les imputa haber actuado «con ceguera jurídica».
 Por vez primera señala directamente al alcalde Cámara como máximo responsable político del convenio urbanístico de Nueva Condomina y último garante del macroproyecto. También desvela parte del contenido de las declaraciones de Cámara en el juzgado y le advierte de que no puede aducir ignorancia y que, de existir, ello agravaría incluso su responsabilidad penal.
Finalmente sostiene que Cámara adoptó en primer lugar la decisión de sacar adelante el convenio para construir el campo de fútbol y luego llegaron los informes técnicos, para darle una apariencia de legalidad.

El alcalde de Murcia se agarra a un clavo ardiendo, tras el varapalo de Anticorrupción, al implicar al TSJ y al PSRM

MURCIA.- La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha recordado este sábado que, en cumplimiento de la Ley, todos los trámites administrativos que se realizan en el Ayuntamiento de Murcia "están avalados por informes favorables de técnicos independientes, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna que no cumpla con este requisito", en respuesta al concluyente informe de la Fiscalía Anticorrupción.


   La concejal Fuentes ha recordado que la legalidad de la tramitación de los convenios de la Zona Norte también fue avalada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   De este modo, las sentencias a las que se hace alusión son la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 30 de diciembre de 2005, número 983/05, y la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 16 de julio de 2006, nº 461/06.

   La portavoz ha añadido que las dos sentencias confirmaron, por partida doble, la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del Partido Popular y PSOE.
   Fuentes también ha recordado que, en el caso de Nueva Condomina, la aprobación del proyecto fue debatida y aprobada por todos los ediles del Partido Popular y del PSRM que conformaban el Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
Pero el fiscal decía en su informe al juez instructor que «conviene desde ya rechazar la  alegación que repiten todos los imputados acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y señalaba que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».
Y en cuanto al conocimiento y aprobación del tema por los concejales socialistas, el fiscal anticorrupción hacía constar que «era la Alcaldía la que contaba con toda la información relevante para formarse opinión, al ser partícipe en todo el proceso negociador previo, y era la Alcaldía la que debía someter al Pleno el expediente de convenio con todos los informes preceptivos y los borradores que se utilizaron en las negociaciones y que no se aportaron al expediente».
«La mera consulta previa a los partidos de la oposición municipal -insistía el fiscal-, si no se les dotó de todos los antecedentes necesarios, ocultándoles informes y borradores previos, no es suficiente para justificar la decisión adoptada por mayoría municipal».