martes, 15 de enero de 2013

Se presenta un ERE en el diario 'La Verdad'

VALENCIA.-  La Asamblea de trabajadores de Las Provincias aprobó el pasado viernes la última propuesta de la empresa que reducía los despidos de 23 a 20 y ofrecía unas indemnizaciones de 30 días con un tope de 13 mensualidades. Hoy comenzaron a notificarse la ejecución de los contratos, según PR Noticias.

El pasado 8 de enero Las Provincias de Valencia presentó un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba, en un primer momento, a 23 empleados. El pasado viernes la plantilla aprobaba en Asamblea la última propuesta presentada por la dirección y que reducía el número de salidas de 23 a 20. También se han conseguido mejoras en las indemnizaciones, han pasado de los 25 días iniciales a 30 días con un tope de trece mensualidades, según han confirmado fuentes del comité de empresa.
La plantilla se verá afectada por los recortes, el ajuste implica una reducción media del 8% de su salario. Los que tengan un salario de entre 22.000 y 40.000 euros sufrirán una reducción del 6,25%, que es lo equivalente a una paga extra; mientras que los que superen los 40.000 tendrán una retención del 10%.
El sueldo por trabajar los domingos también se reduce. La plantilla cobra a parte por trabajar este día, sin embargo, con el recorte estas cantidades quedarán de la siguiente manera: los redactores jefes cobrarán 150 euros por cada domingo trabajado, los redactores y jefes de sección 125 y el resto de categorías 100 euros. 
Hay que recordar que este ajuste en Las Provincias está dentro del Plan de Eficiencia puesto en marcha por Vocento y que persigue ahorrar entre 35 y 40 millones anuales. Ya se han presentado Expedientes de Regulación de Empleo en CM Vocento, en ABC Punto Radio que afectará a 136 personas y en La Verdad, de Murcia.

Ecologistas considera que el Gobierno regional "debe asumir el fin de su fracasado modelo especulativo"

MURCIA.- Ecologistas en Acción responde al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, que deje de "matar al mensajero", y asuma que el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel y sus "equivocadas" decisiones son "los verdaderos responsables de impulsar un fracasado modelo especulativo basado en el pelotazo urbanístico, y en el desprecio al medio ambiente y a la legislación vigente y del estado de derecho, como han demostrado el Tribunal Supremo y el Constitucional".

   Según la asociación, "quienes tienen que dar explicaciones por la desastrosa situación en la que se encuentra la Región de Murcia y por la estrechez de miras que supone seguir apostando tozudamente por un modelo manifiestamente ruinoso, son Valcárcel y su equipo de Gobierno".
   Ecologistas recuerda que desde el pasado viernes 11 de enero, con la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional, los límites legales del Parque Regional de Carrascoy-el Valle "son los legalmente declarados en 1992 y por tanto la delimitación actual del plan parcial del proyecto Paramount ha quedado invalidada, puesto que se adentra en torno a un 21% en el espacio protegido".
   Esto supone una reducción equivalente de la edificabilidad, puesto que el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del teletransporte de la misma. Una reducción, ha insistido la asociación en comunicado de prensa, que "puede suponer la puntilla para un proyecto que ya planteaba muy serias dudas sobre su rentabilidad económica".
   Ecologistas en Acción ha pedido al consejero Pedro Alberto Cruz que deje de "matar al mensajero", y que asuma que "han sido los graves errores en las decisiones y en el modelo impulsado por el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, los responsables de acumular fracaso tras fracaso, errores que desde el principio fueron denunciados y que ahora son ratificados por las más altas instancias judiciales de este país".
   "El modelo especulativo basado en el ladrillo y el pelotazo urbanístico finalmente ha demostrado que tenía los pies de barro, pese a que los efectos negativos y el nulo futuro de este tsunami del hormigón han sido sistemáticamente denunciados por Ecologistas en Acción y otros colectivos, entidades y ciudadanos en general", ha declarado.
   Por lo que, ha puntualizado, "no hemos sido estos colectivos sino el Gobierno regional, el responsable de que la Región de Murcia sea la única comunidad autónoma en la que, de forma inédita e inaudita, se redujo la superficie protegida, cuando en el resto de comunidades autónomas ha ido aumentando en todo momento".
   Tampoco "hemos sido nosotros, sino el Ejecutivo murciano, quien ha aprobado normas y planes contrarios a la legislación vigente y al estado de derecho para favorecer proyectos faraónicos al servicio de los intereses privados de unos pocos", ha añadido.
   Según la asociación, "el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, es el responsable de atropellar los intereses generales, la conservación de nuestro patrimonio natural, el uso inteligente de nuestros recursos, la normativa vigente y el estado de derecho y la movilización de amplios sectores ciudadanos".
   Ecologistas en Acción recuerda al consejero Cruz que el proyecto Paramount "responde al caduco modelo de parques temáticos, negocios que se han demostrado ruinosos, que han necesitado ayuda financiera de las administraciones públicas y que en su inmensa mayoría acumulan pérdidas, como evidencian casos como Terra Mítica o el parque Warner, en Madrid".
   La sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a modificar el plan parcial de Paramount y a reducir su edificabilidad, "aumenta las ya series dudas sobre su rentabilidad", por lo que "Valcárcel y el consejero, como responsables de impulsar el proyecto Paramount y otros muchos proyectos faraónicos, ambientalmente agresivos, sin rentabilidad social, de escasa viabilidad económica y contrarios a un desarrollo inteligente, sostenible y de futuro, son los que deben dar explicaciones a los ciudadanos".

La exportación hortofrutícola murciana aumenta en 2012 un 14%

MURCIA.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha destacado los resultados conseguidos por el sector en la última campaña y ha añadido que "sigue manteniendo su buen nivel de producciones y exportaciones", principalmente de frutas y hortalizas, cuya venta al exterior supuso en 2012 un incremento de un 14% respecto al año anterior, y un valor económico de 3.500 millones de euros". 

   Igualmente, Cerdá ha subrayado "el aumento de la producción de albaricoque, paraguayo, uva de mesa, sandía, lechuga, alcachofa y brócoli" y resaltado que las exportaciones hortícolas continúan con incrementos que van desde el 8% para la lechuga al 20% para el melón.
   Tras hacer referencias a las inclemencias meteorológicas producidas el pasado año, que han supuesto por parte del Consorcio de Seguros Agrarios indemnizaciones por valor de 80 millones, ha puesto de manifiesto que en ganadería "se mantiene la exportación de porcino y se ha quintuplicado la exportación de animales vivos en vacuno y ovino con 25.000 terneros y 300.000 corderos, destinados principalmente a países como Líbano y Turquía".
   Por ello, ha resaltado que "la investigación agroalimentaria es la principal herramienta que tiene el sector en estos momentos para su modernización", para incidir después que el Imida "es un centro de referencia nacional", que cuenta con 74 investigadores para el desarrollo de medio centenar de proyectos de investigación.
   Cerdá ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de las principales líneas de actuación destinadas en 2012 al sector agrario regional gestionadas por la Consejería, y ha remarcado que la Región "no ha perdido ni un solo euro de los fondos que proceden de la Unión Europea" para la modernización y competitividad de la agricultura regional.
   De hecho, ha comentado que las ayudas procedentes de la Política Agraria Común han permitido que más de 50.000 agricultores y ganaderos de Murcia hayan percibido 109,4 millones de euros de las ayudas directas europeas Feaga.
   Asimismo, se han destinado 38,3 millones de euros de gasto público (cofinanciado por el Gobierno regional, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea) de ayudas Feader a 12.000 agricultores para las líneas del Programa de Desarrollo Rural de la Región.
   Las ayudas de Pago Único, incluidas en Feaga, han supuesto el 56% del total de los fondos para ayudas directas que Murcia recibe de Europa. La Región obtiene además la tercera parte del total de fondos que España recibe para el desarrollo de Programas Operativos con inversiones financiadas al 50% por las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas y la Unión Europea, "lo que representa la apuesta por la modernización y tecnificación de estas empresas", dice Cerdá.
   Respecto a las ayudas Feader, el titular de Agricultura ha destacado los programas de formación y asesoramiento, que han beneficiado en 2012 a más de 3.600 alumnos y 1.485 agricultores y ganaderos, respectivamente. También las ayudas agroambientales, que consumen una parte importante de Feader, se han destinado a 3.000 agricultores, con más de 23 millones de euros.
   Cerdá ha comentado que "a pesar de la situación económica", el Gobierno regional ha realizado un "importante esfuerzo" en sacar durante 2012 las convocatorias de ayudas para el período 2013-2015 a la incorporación de jóvenes agricultores, a la modernización de explotaciones y al apoyo de la industria agroalimentaria que "han tenido muy buena aceptación del sector, superando las solicitudes de convocatorias anteriores".
   En este sentido, se han recibido solicitudes de 75 empresas para el aumento del valor añadido en industria agroalimentaria, y se han presentado 279 para la incorporación de jóvenes, frente a las 154 peticiones realizadas en la convocatoria anterior.
   Para la modernización de explotaciones, se registraron 492 solicitudes, y en mejora de la eficiencia energética en invernaderos, se han alcanzado ya las 72 hectáreas bajo cogeneración con tres nuevos proyectos.
   El desarrollo del programa de mejora genética de obtención de nuevas variedades que está realizando el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Imida) ha permitido lograr "resultados positivos".
   Con los trabajos realizados se han conseguido 12 nuevas variedades de uva de mesa, seis nuevas variedades de melocotón y nectarina, y se están evaluando más de 2.000 híbridos de cereza, que "suponen una gran alternativa a los cultivos tradicionales".
   La Consejería, junto con el sector, ha mantenido el "excelente estado sanitario de la cabaña ganadera que es puntera en España", con más de 700.000 pruebas analíticas en 2012 en apoyo a la labor de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
   Asimismo, se está colaborando en mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas creando figuras de calidad diferenciada de ovino, caprino y leche de vaca.
   En pesca, se ha mantenido la vigilancia de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, que "ha logrado un gran reconocimiento internacional", así como las inversiones destinadas a las paralizaciones definitivas y temporales de la flota, y a la modernización de embarcaciones.
   También han sido importantes las ayudas de la promoción de vinos de la Región a terceros países, a las que se han acogido 11 empresas murcianas que han desarrollado actuaciones de promoción en países fuera de la Unión Europea.
   Cerdá ha puesto de manifiesto la importancia del Plan de Frutas y Verduras en los centros escolares de la Región de Murcia, que ha supuesto en el pasado curso escolar la participación de 317 colegios (64,17 por ciento del total) y 46.100 niños de edades comprendidas entre los 6 a 9 años (76,65 por ciento del total).
   En materia de agua, se han finalizado actuaciones en las comunidades de regantes del Campo de Cartagena, Arco Sur Mar Menor y Noroeste. Además, se han seguido gestionando y pagando ayudas a seis comunidades de regantes que han ejecutado sus propias obras.
   Las actuaciones de saneamiento y depuración han incidido especialmente en el desarrollo del Plan Integral de Saneamiento y Depuración de Lorca, y en el desarrollo de las obras de la depuradora de Alguazas, así como la de El Berro, en Alhama, y la mejora de la depuradora de Blanca. Se han construido 30 kilómetros de colectores en 10 municipios, y se han realizado los proyectos de 22 nuevas obras de saneamiento y depuración en 20 localidades.

IU-Verdes critica que el Gobierno "apoye Paramount mientras ignora las reivindicaciones a favor del soterramiento"

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha criticado que los gobiernos central y regional "celebren un acto esperpéntico para apoyar el proyecto empresarial Paramount y, al mismo tiempo, ignoren las reivindicaciones ciudadanas que exigen el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio".

   "Además del triste espectáculo que se dio en este acto el sábado, el esfuerzo por recibir el apoyo explícito del Gobierno central supone un insulto a los ciudadanos de la ciudad de Murcia que vienen reclamando una solución al problema del soterramiento de las vías del tren y que soportan todo un proceso de demoras, incertidumbres y silencios", ha indicado Tornel.
   A su juicio, esto supone "un agravio comparativo contra los vecinos de Murcia por parte de quienes invierten sus esfuerzos en arropar a los especuladores y se olvidan, desde hace 20 años, de los ciudadanos afectados por una situación que pudo resolverse en años de bonanza si este proyecto de absoluta prioridad social hubiera estado alguna vez en la agenda de los responsables municipales y regionales del PP".
   Tornel ha afirmado que la Comunidad "tiene buena parte de responsabilidad en la Sociedad Murcia Alta Velocidad y, por tanto, en la decisión primera de esta entidad de no soterrar las vías, pero a Valcárcel y a Cámara desde hace años solo se les ve anunciando quimeras, ya sea El Gorguel, Marina de Cope, Corvera o La Paz, Murcia Capital europea de la cultura o el Plan de Movilidad".
   A su juicio, el Partido Popular "vive para alimentar sus siglas y sus intereses, mientras los problemas concretos de los ciudadanos sujetos a apuestas políticas de fondo quedan en el olvido".
   Por esto, IU-Verdes ha exigido al alcalde, Miguel Ángel Cámara, que "concierte cuanto antes su reunión con ADIF para avanzar en la paralización de las obras del proyecto de integración de la llegada del AVE a Murcia sin soterrar, y que organice un acto de apoyo del gobierno central a este soterramiento".

El alcalde de Lorca dice ahora que los inversores chinos ya no vienen

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha confirmado hoy la "paralización" de la Zona Especial de Inversiones Chinas (ZEIC), un proyecto de capital privado que, decían nuestros políticos, preveía construir en el municipio el centro logístico, de negocios, ocio y turismo más importante de China en Europa.

Según el alcalde, los inversores chinos del proyecto, promovido por una empresa española, han empezado a "perder interés" en el ZEIC, por lo que no se descarta la resolución del convenio suscrito en su día por el consistorio y la promotora.
Los inversores chinos aducen la crisis económica y la incertidumbre que genera la prima de riesgo española como principales causas para justificar esa pérdida de interés, por lo que el ayuntamiento y los promotores estudian "las posibilidades" del convenio suscrito en su día entre ambas partes y "como última opción" la resolución o liquidación del mismo.
Las manifestaciones de Jódar a distintos medios de comunicación han provocado la rápida reacción de los partidos en la oposición, y la vicesecretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, se ha mostrado "sorprendida" porque "hace casi dos años que el PSOE está diciendo que ese proyecto está aparcado y abandonado".
Ha afirmado que su partido siempre ha sostenido que el ZEIC era "un cuento chino y parece que, en efecto, era un proyecto inviable, porque nunca quedó claro cómo se iba a implantar en la pedanía de La Tova, con qué comunicaciones y qué infraestructuras", por lo que ha considerado que "echar la culpa a la crisis no es un argumento que se ajuste a la realidad".
Por su parte, el concejal de IU-V en Lorca, José García Murcia, ha considerado las palabras del alcalde como "una salida poco airosa" cuando "debería reconocer que fue muy complaciente con la oferta del ZEIC, que para nada estaba basada en el rigor ni en las posibilidades de actuación en Lorca de esos inversores, que no tienen la credibilidad suficiente".
El consejero delegado de la empresa promotora Time Services Global Business, Salvador Alcázar, compareció en abril de 2011 con el alcalde y el vicepresidente de la Conferencia Política Consultiva Popular de Nanjing, Wang Juanhua, para informar de que la inversión del ZEIC estaba garantizada.
Según dijo entonces, los compromisos para la financiación del proyecto se habían cerrado en marzo de 2011 con la colaboración del Gobierno chino y la firma de un acuerdo marco entre empresarios e inversores, las partidas estaban ya "habilitadas" y solo faltaba "estructurar movimientos de capital y las implicaciones de entidades financieras españolas".
La participación de estas, sin embargo, "será -se dijo entonces- con cuantías muy pequeñas", porque "entre el 80 y el 90 por ciento de la financiación ya está autorizada y preparada" y procede de China, concretamente de inversores de los sectores farmacéutico, agroalimentario y de energías renovables.
El ZEIC iba a ser construido entre 2011 y 2016 en la finca El Churtal sobre una superficie de más de tres millones de metros cuadrados en la pedanía lorquina de La Tova y preveía incluir ocho zonas temáticas.
Una de ellas iba a estar centrada en la divulgación de la historia e iba a recrear la cultura china, con la reproducción de algunos de los más característicos monumentos del país, mientras que la zona empresarial iba a ser una base logística de 187.000 metros cuadrados para que las empresas chinas inversoras tuvieran su sede, oficinas y centros de negocios.
Estaba previsto que completara el complejo una zona comercial en la que estas empresas vendieran sus productos y prestaran servicios especializados y otra área formativa para profesionales, en la que iban a tener cabida escuelas de negocios y universitarias con cursos de posgrado sobre materias relacionadas con el mundo empresarial oriental.
El área residencial prevista, de unos 696.000 metros cuadrados, iba a incluir unas 1.800 viviendas bioclimáticas, también de inspiración oriental, adosadas, unifamiliares y apartamentos, y la de ocio iba a contar empresas de servicios, gastronomía, moda, un casino, salas de espectáculos, un hotel de cinco estrellas con capacidad para 500 huéspedes y un campo de golf.

lunes, 14 de enero de 2013

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".
   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.
   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.
   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.
   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.
   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.
   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.
   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.
   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

El PSRM exige explicaciones al PP por la «proliferación de casos de corrupción»

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz, exigió hoy a Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP regional que "dé explicaciones sobre la proliferación de casos de corrupción en torno a dirigentes de su partido, y especialmente sobre la imputación por delitos muy graves del alcalde de Murcia , Miguel Ángel Cámara, número dos del PP de la Región", añadió. 

Muñoz consideró "esencial que el presidente de todos los murcianos dé la cara, y diga qué medidas va a tomar para erradicar la corrupción en las filas de su partido".
"Por cierto -agregó-, no deja de ser extraño que Valcárcel declarase que él 'ya había leído antes el informe', cuando todavía está bajo secreto de sumario. Eso tiene que explicarlo también".
Puso como ejemplo los casos del ex alcalde de Fortuna y del ex alcalde de Librilla, sin que el PP reaccionase en ambos.
"El PSRM, consciente del daño que hacen a la población estos comportamientos aislados, pero impactantes, aboga por un pacto político y social por la transparencia y para extremar las medidas contra la corrupción", señaló el secretario de Justicia del PSRM, quien se refirió finalmente a la reciente encuesta en la que se refleja que "la corrupción empieza a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, algo que sí que es preocupante".

El alcalde de Murcia tendrá que dejar el cargo si se lo pide su partido, una vez sea procesado por el juez


MURCIA.- El imputado alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tendrá que dejar su cargo si finalmente es procesado y se lo pide su partido, el PPRM, del que es su secretario regional. O bien el propio presidente del partido y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, o bien un enviado directamente por Génova 13, como se hizo con el ex presidente valenciano Francisco Camps, tendrá encomendada la penosa tarea de arrancarle una dimisión que solo está en su mano decidir, según fuentes de la sede regional del PP.

Enrrocado por consejo, al parecer, del ex concejal Antonio Sánchez Carrillo, todavía presidente del Comité Electoral Regional del PP, vicepresidente de Caja Murcia, ex consejero de la CAM y hombre de las finanzas del partido, hoy alejado sino enfrentado con sus amigos de siempre, los hermanos Valcárcel, Carlos y Ramón Luis, el alcalde de Murcia parece dispuesto a aguantar hasta el último minuto los embates de la Fiscalía Anticorrupción y de la cúpula de su partido sin olvidar las propias de la Oposición socialista, comunista y centrista de UPyD.

Rodeado de sus fieles, la gran mayoría de los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia, y con el apoyo expreso de Sánchez Carrillo y su esposa, la pedánea de Patiño, Miguel Ángel Cámara se apresta no obstante a una resistencia numantina con el objetivo de concluir su actual mandato en espera de mejores vientos y de la ya muy cantada caída de Valcárcel y toda su pirámide de poder pese al ciego apoyo de la burocracia de Génova 13 como seguro para la victoria electoral en la Región de Murcia. 

Alberga, incluso, la esperanza de ser el candidato a San Esteban en los próximos comicios autonómicos con el apoyo de un 'aparato' controlado por el citado ex concejal. Y de que le sustituya en La Glorieta el actual consejero José Ballesta, ex rector de la Universidad de Murcia... y conocido traidor político. Y es así porque antes de caer, si llega a caer, Cámara está dispuesto a desatar una guerra civil en el seno del PPRM aprovechando el descontento generalizado de la derecha murciana por la excesiva prolongación de Valcárcel en el poder.

Lo que sucede es que el informe del fiscal Lozano parece bastante incuestionable desde el punto de vista penal y, también político, como consecuencia de lo anterior. Cámara se ha encerrado en su defensa con el único argumento de que actuó en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales (algunos no constan en ningún sitio) mientras la Fiscalía detalla un cúmulo de supuestas ilegalidades, a partir de una previa decisión política, que Cámara tiene más que difícil de desmontar si llega a ser procesado.

Los antecedentes de Valencia y Orense no parecen, además, que jueguen a su favor en Madrid.

domingo, 13 de enero de 2013

Los Ayuntamientos adeudan unos 23 millones a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 2012


CARTAGENA.- La deuda de los municipios por el consumo de agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla asciende a los 23 millones aproximadamente al cierre de 2012. Así lo ha asegurado el delegado del gobierno en el organismo, Adolfo Gallardo de Marco, aunque es una cantidad, ha apostillado, "que se ha visto recudida con respecto al año anterior", cuando ascendía a unos 30 millones.

   Gallardo ha asegurado que la Mancomunidad, que abastece a un total de 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete, "sigue funcionando sin mayores inconvenientes" pues no se ha visto afectado "el funcionamiento, solo la gestión".
   En este sentido, el delegado de la Mancomunidad ha destacado la "voluntad" del 99 por ciento de los ayuntamientos "que están haciendo todo lo posible por saldar la deuda".
   Por otro lado, el delegado del gobierno de la Mancomunidad ha asegurado que tiene noticia de que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) está interesada en estudiar la posibilidad de una explotación o gestión conjunta. Hasta dónde puede llegar, si es solo del agua desalada o del agua del trasvase, "está en estudio", opina Adolfo Gallardo.
   Sobre los 350 trabajadores, ha apuntado, que "lógicamente están preocupados, preguntan y les explico lo que conozco", que hay unos estudios "que igual no van a ningún sitio".
   De momento, Acuamed no ha hecho declaraciones a quienes se han puesto en contacto con la sociedad.
   Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, que actuó el pasado viernes como portavoz del Gobierno regional, Constantino Sotoca, aseguró que el Ejecutivo murciano conoce la información por los medios de comunicación.
   "Es algo que vincula al Ministerio y no tenemos más noticia ni más comunicación sobre este tema" pero "se pedirá información al mismo", señaló a preguntas de los medios en rueda de prensa.
   En cualquier caso, apostilló Sotoca, "siempre habrá que hacerlo conforme a la legislación vigente, respetando el derecho de los trabajadores".

Asaja Murcia demanda un Plan de Internacionalización del campo murciano en los países nórdicos

MURCIA.- Asaja Murcia ha demandado este domingo que es necesario que el Ministerio de Agricultura colabore en la puesta en marcha de un Plan de Internacionalización del Sector Agroalimentario murciano en los Países Nórdicos, según han informado fuentes de la organización agraria en un comunicado.

   Para su secretario general, Alfonso Gálvez, "desde nuestra organización entendemos que los países nórdicos ofrecen un enorme potencial de consumo para los productos agroalimentarios de nuestra Región. Por todo ello, queremos poner en marcha un plan de internacionalización, que tenga al menos una duración entre tres y seis años, y que permita posicionar a nuestros productos en países como Noruega, Suecia o Finlandia".
   Gálvez Caravaca ha señalado que "son países con economías muy fuertes y, por eso, nos interesa fortalecer nuestra presencia en los mismos, y tenemos que consolidar nuestras estructuras comercializadoras en éstos, comercializando en los mismos productos de alta calidad y seguridad alimentaria".
   "Es vital poner en marcha es plan que contribuya a dinamizar y hacer más competitiva la exportación agroalimentaria murciana, y que favorezca directamente a los productores murcianos", ha concluido.

El PSRM pide a Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes con tratamiento de oxigenoterapia

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad que restituya el programa de ayudas a pacientes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia.

   Hace ahora un año, en enero de 2012, el Servicio Murciano de Salud (SMS) derogó las ayudas a pacientes sometidos a este tipo de tratamientos, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Rosique recordó que en la Comunidad Autónoma, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, en 2011 la media mensual de pacientes que recibieron esta ayuda fue de 1.403 y el coste anual de los mismos ascendió a 266.672 euros ese año.
   El Grupo Parlamentario Socialista considera que en este tipo de asistencia no deben existir recortes y es necesario mantener las ayudas "porque se trata de un servicio imprescindible y vital para un importante número de enfermos".

El Constitucional también desestima el recurso de la Comunidad Autónoma contra la derogación del trasvase del Ebro

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que deroga el trasvase del Ebro. La sentencia data del pasado 13 de diciembre y ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Región de Murcia interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 20 de septiembre de 2005, argumentando que la Ley impugnada rompía el principio de unidad de cuenca y dejaba en manos de la Administración General del estado y de la Generalitat de Cataluña la determinación de los caudales ambientales del río Ebro en un tramo concreto.
El Gobierno regional consideraba además que se concedía a una comunidad autónoma la capacidad de bloquear todo el plan hidrológico de la cuenca, al someter la aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro al mutuo acuerdo de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En su sentencia, el TC explica que el procedimiento de aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro constituye "una fórmula de cooperación adecuada para un supuesto de concurrencia competencial y que debe reputarse constitucionalmente admisible".
Asimismo, el Tribunal establece que se trata de un mecanismo "de acomodación o integración entre dos competencias concurrentes en el espacio físico, basado en el acuerdo, y que configura la aprobación final del plan integral de protección del Delta del Ebro como un acto complejo en el que han de concurrir dos voluntades distintas, lo que resulta constitucionalmente admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia".
El fallo añade que este hecho "no implica la alteración del sistema de distribución ni menoscabo de la competencia del Estado".

Según el PSRM, el tiempo se acaba para el alcalde Cámara

MURCIA.-  El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, considera que las nuevas revelaciones del 'Caso Umbra' confirman la responsabilidad directa del alcalde, Miguel Ángel Cámara, en la aprobación de los convenios de la zona Norte investigados por la operación judicial en la que se encuentra imputado.

   López insiste en que serán los jueces quienes tendrán que determinar la responsabilidad penal, pero es evidente que existen responsabilidades políticas y recuerda que ya el pasado mes de julio el PSRM solicitó la dimisión de Miguel Ángel Cámara al frente del Ayuntamiento de Murcia.
   "Desde el momento en que fue imputado tendría que haber dejado su cargo, porque él es el máximo responsable del modelo urbanístico que se ha seguido en los últimos años en Murcia apostando por el convenio como hoja de ruta para aprobar operaciones megalómanas", sostiene el concejal socialista.
   Además, según recuerda, "Cámara firmó en 1999 el protocolo con el entonces presidente del club Real Murcia, Joaquín Romeo, que es el origen de toda la trama de presunta corrupción urbanística".
   Y es que, desde el primer momento, señala López, "el Grupo Socialista manifestó su rechazo a los convenios de la zona Norte y puso esta situación conocimiento de los tribunales al entender que se estaba produciendo una importante pérdida para las arcas municipales, que algunos informes periciales sitúan entre 320 y 500 millones de euros, una cantidad que en estos tiempos de dificultades económicas es aún más grave y doloroso con tantos murcianos pasándolo mal".
   Tras las últimas revelaciones y las recientes sentencias judiciales, el portavoz socialista señala que "el tiempo se acaba para Cámara y debe afrontar de una vez las consecuencias de un modelo urbanístico equivocado. El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio, demostrando que esos proyectos eran insostenibles y que las cosas se hicieron mal".
   Recuerda que siguen imputados, además del propio alcalde de Murcia, el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el ex director de la Gerencia, Alberto Guerra; el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia, Joaquín Peñalver; la jefa de la Oficina del Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia y esposa de Alberto Guerra, Isabel Fernández; y el ex gerente de Urbanismo, Pedro Morillas, entre otros, en los casos Umbra y Barraca, lo que es una prueba contundente de que la gestión urbanística en Murcia ha sido lamentable.
   "Un ex concejal que sigue percibiendo retribución por parte del Ayuntamiento y un grupo de altos funcionarios que continúan trabajando para la administración local con tareas de responsabilidad, a pesar de su imputación", insiste López, quien además subraya que "a ninguno de ellos se les ha abierto expediente disciplinario administrativo ni se les han pedido explicaciones".

El PPRM deja a Cámara abandonado a su suerte tras conocerse el informe de Anticorrupción

MURCIA.- La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los convenios urbanísticos en la zona norte del municipio de Murcia ha arrojado nuevos datos a punto de que sea levantado el secreto del sumario y el PPRM haya dejado abandonado a su suerte a quien todavía es hoy su secretario regional y alcalde de Murcia, el profesor de Orihuela, Miguel Ángel Cámara Botía. Ni el presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, ni el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez, quieren saber nada de él a tenor de sus últimas y sendas declaraciones de esta noche en Alhama.

«No he leído nada sobre Cámara y sobre su implicación en la operación de Nueva Condomina. No sé, no sé, de verdad», ha dicho el también alcalde de Puerto Lumbreras.
«Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Siempre hemos sido muy respetuosos con sus decisiones», ha dicho, por su parte, el también presidente de la Comunidad Autónoma, tras sostener que no tiene una opinión formada sobre el informe hecho público por la Fiscalía Anticorrupción.
Y es que el fiscal desvela que el Ayuntamiento de Murcia usó una ley que todavía no estaba en vigor para aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina al pasar del tope legal de 0,4 m2/m2 al 0,63 (un 60% más), lo que equivale a 190.000 m2 y a 1.584 viviendas extra. Desvela, además, que se hizo pese a que la Comunidad Autónoma advirtió de su ilegalidad en el informe preceptivo.
También desvela que el campo de golf se autorizó en una zona de especial protección forestal, vulnerando presuntamente la ley y en contra de los informes técnicos de la Comunidad Autónoma. Y que la «condonación ilegal» a Samper del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico, por considerar que con la entrega del campo de fútbol era suficiente, se hizo sin que existiera informe alguno sobre el valor de ambos bienes.
 Asimismo que el exconcejal de Urbanismo, Ginés Navarro, era partidario de convocar un concurso público para construir el campo de fútbol y que ello le costó el enfrentamiento con el alcalde. Señala además el fiscal que incluso hubo dos propuestas de Metrovacesa para construir el estadio, que el Ayuntamiento ni siquiera contestó.
 Sostiene el informe que todos los funcionarios intervinientes, entre ellos el alcalde, bendijeron «todo un cúmulo de ilegalidades administrativas, que siempre beneficiaban al promotor (Samper), por encima de los intereses generales». También les imputa haber actuado «con ceguera jurídica».
 Por vez primera señala directamente al alcalde Cámara como máximo responsable político del convenio urbanístico de Nueva Condomina y último garante del macroproyecto. También desvela parte del contenido de las declaraciones de Cámara en el juzgado y le advierte de que no puede aducir ignorancia y que, de existir, ello agravaría incluso su responsabilidad penal.
Finalmente sostiene que Cámara adoptó en primer lugar la decisión de sacar adelante el convenio para construir el campo de fútbol y luego llegaron los informes técnicos, para darle una apariencia de legalidad.

El alcalde de Murcia se agarra a un clavo ardiendo, tras el varapalo de Anticorrupción, al implicar al TSJ y al PSRM

MURCIA.- La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha recordado este sábado que, en cumplimiento de la Ley, todos los trámites administrativos que se realizan en el Ayuntamiento de Murcia "están avalados por informes favorables de técnicos independientes, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna que no cumpla con este requisito", en respuesta al concluyente informe de la Fiscalía Anticorrupción.


   La concejal Fuentes ha recordado que la legalidad de la tramitación de los convenios de la Zona Norte también fue avalada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   De este modo, las sentencias a las que se hace alusión son la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 30 de diciembre de 2005, número 983/05, y la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 16 de julio de 2006, nº 461/06.

   La portavoz ha añadido que las dos sentencias confirmaron, por partida doble, la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del Partido Popular y PSOE.
   Fuentes también ha recordado que, en el caso de Nueva Condomina, la aprobación del proyecto fue debatida y aprobada por todos los ediles del Partido Popular y del PSRM que conformaban el Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
Pero el fiscal decía en su informe al juez instructor que «conviene desde ya rechazar la  alegación que repiten todos los imputados acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y señalaba que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».
Y en cuanto al conocimiento y aprobación del tema por los concejales socialistas, el fiscal anticorrupción hacía constar que «era la Alcaldía la que contaba con toda la información relevante para formarse opinión, al ser partícipe en todo el proceso negociador previo, y era la Alcaldía la que debía someter al Pleno el expediente de convenio con todos los informes preceptivos y los borradores que se utilizaron en las negociaciones y que no se aportaron al expediente».
«La mera consulta previa a los partidos de la oposición municipal -insistía el fiscal-, si no se les dotó de todos los antecedentes necesarios, ocultándoles informes y borradores previos, no es suficiente para justificar la decisión adoptada por mayoría municipal».

sábado, 12 de enero de 2013

IU-Verdes considera que el informe de Fiscalía es "demoledor" para el alcalde Miguel Ángel Cámara

MURCIA.-   La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho este sábado que el informe de Fiscalía sobre las irregularidades del proyecto Nueva Condomina es "absolutamente demoledor" para el alcalde, Miguel Ángel Cámara, puesto que "apunta hacia su persona como el eje central sobre el que gira una serie de operaciones fraudulentas y perjudiciales para el municipio".

   Para Herguedas, "es especialmente significativo que el fiscal rechace cualquier alegación de ignorancia entendiendo que la falta de conocimiento de un alcalde en una operación de esta transcendencia constituiría un hecho agravamiento de su responsabilidad", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
   Así, ha señalado que su formación "nunca ha dudado de que la operación de Nueva Condomina respondía a todo un plan organizado desde unos años antes de la firma del convenio, todavía en pleno proceso de tramitación del Plan General en el que el logro del objetivo, el estadio de fútbol, se antepuso al cumplimiento de la Ley".
   Por eso, la edil considera este informe como "un reconocimiento a las denuncias que su organización viene realizando desde el año 2001, fecha en que se aprobó este convenio urbanístico con el que se inició la etapa del urbanismo a la carta".
   Igualmente, ha destacado que precisamente la primera de las irregularidades que señala fiscalía (la exención de ceder el 10 por ciento de aprovechamiento que por Ley corresponde al municipio y que se ha valorado en un perjuicio de 18 millones de euros), fue uno de los aspectos que IU-Verdes denunció en el pleno de aprobación en el convenio de Nueva Condomina.
   En el mismo, recuerda Herguedas, "ofrecimos las cifras de lo que el municipio perdía y advertimos al resto de los concejales de la irregularidad que cometían, a pesar de lo que el convenio se aprobó con los votos de PP y PSOE y el único voto en contra de los dos ediles de IU, que entonces eran Concha Hernández y José Manuel López".
   Y es que, la portavoz de IU-Verdes contrapone el "rédito electoral que Cámara consiguió con el convenio al coste que la defensa de la legalidad tuvo para IU que perdió su representación en el Ayuntamiento de Murcia en la siguiente legislatura".
   "A pesar de ello, esta organización mantuvo siempre su coherencia en la denuncia del convenio y también lo hicimos, con su desarrollo posterior en el que tal y como también recoge el informe de Fiscalía las normas urbanísticas fueron aplicadas a conveniencia", añade.
   Finalmente, Herguedas ha recordado que la transcendencia de este convenio se extiende al resto de los firmados en la zona norte del municipio, "a los que se aplicaron las mismas ventajas para evitar denuncias en los juzgados. Algunos de ellos siguen siendo investigados dentro de la trama Umbra".

El PSRM pide en la Asamblea Regional la creación de una oficina contra los desahucios

CARTAGENA.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional en la que reclama la creación de una Oficina contra los desahucios en la Región.  

   De este modo, su función sería ocuparse del asesoramiento y protección de los miles de ciudadanos y familias de la Comunidad que viven "este drama de perder su vivienda habitual", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   López Pagán afirmó que con esta medida, cuya ubicación debería ser en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con personal de la misma, se conseguiría una protección integral de todas las personas afectadas por los procesos de desahucio en fase más avanzada y a la hora de buscar soluciones para resolver su deuda con la entidad financiera, bien renegociando la cuota o aplicando la dación en pago.
   Por otro lado, tendría una labor de prevención pero, sobre todo, de información a aquellas personas que quieran acceder a una vivienda y vayan a contratar un préstamo hipotecario y lo puedan hacer conociendo el alcance de las obligaciones que contraen; y por último, para proteger y dar soluciones a las familias a las que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España no hayan evitado la fatal consecuencia de perder su vivienda habitual.
   El diputado socialista argumentó que "esta dramática realidad está hoy más viva que nunca en nuestra Región, pues según las últimas estadísticas oficiales, nuestra Comunidad es precisamente la que más ha crecido en el último año en número de desahucios en comparación con los dos últimos años; en los nueve primeros meses de 2012 especialmente, al pasar de 584 a 865 desalojos, un 48,1 por ciento más".
   Una oficina similar funciona desde el pasado mes de octubre en Andalucía, "con excelentes resultados y también ha sido puesta en marcha en diversos municipios de nuestro territorio". Por ello, en opinión del parlamentario, es necesario "que el Gobierno regional asuma la necesidad ayudar de forma decidida a los ciudadanos y ciudadanas de la Región que peor lo están pasando, creando esta oficina que coordine las existentes e impulse la creación de nuevas oficinas municipales".
   Y es que, el viceportavoz socialista mostró su esperanza de que el Gobierno del PP acceda a poner en marcha esta iniciativa, ya que no requerirá mayores fondos públicos al encontrarse incardinada en la Consejería competente en materia de vivienda.
   "Consideramos que en estos momentos difíciles hacen falta respuestas inmediatas y medidas efectivas que alivien a los ciudadanos que sufren la lacra del desempleo, que elevan nuestros niveles de población excluida de la sociedad, a los que estamos obligados a apoyar y ayudar para salir de situaciones tan complicadas como la del riesgo de perder su vivienda habitual", concluyó.

El comunista Pujante lamenta el "perfil bajo" de la Asamblea Regional y reclama debatir sobre los temas "importantes"

CARTAGENA.- El coordinador de IU-Verdes y diputado de esta formación en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, lamenta que el planteamiento del PP es que la Asamblea Regional "tenga un papel de bajo perfil", y que su labor principal "sea remitida al propio Gobierno de la Región de Murcia, que tiene el papel fundamental".

   "Esto hace que la tan cacareada división de poderes a la que se hace continuamente referencia no se concrete y no se manifieste", ha criticado Pujante, quien cree que el Grupo Parlamentario Popular "hace de mero transmisor y resolvedor de los problemas que pueda tener el Gobierno de la Región".
   El coordinador de la federación de izquierdas considera que se ve "invalidada" la función de la Asamblea Regional, que "debería ser una caja de resonancia de los problemas de la Región de Murcia, porque ahí, quien habla y debate son los representantes del pueblo".
   Pujante admite que este año se ha intensificado la actividad parlamentaria, pero "no en lo que se refiere a abordar los problemas que tiene la Región de Murcia". Por tanto, no cree que la Asamblea vaya a recuperar su "vitalidad" por trabajar más, sino en la medida en que se cumplan sus funciones.
   Recuerda que entre estas funciones está la de "impulsar y controlar la gestión del gobierno", así como "debatir las cuestiones fundamentales que afectan a la Región de Murcia, como el modelo de Sanidad o Educación que se pretende".
   Por ejemplo, Pujante echa de menos que se hable directamente de los recortes, de qué está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Región, y qué repercusión puede tener el aval de 200 millones de euros que le ha concedido el Gobierno regional.
   Asimismo, le gustaría debatir "sobre qué hay de la Paramount, qué hay realmente del AVE, si va a llegar o no, cómo va a llegar y por donde". También echa de menos debatir sobre la financiación europea, la financiación autonómica o la deuda histórica.
   Ha remarcado la importancia que tendría debatir "los temas importantes" y reales que tienen trascendencia, pero lamenta que la cámara es un mero "certificador notarial de la acción de Gobierno y un mero trámite que hay que cumplir inexorablemente para dar salida a determinadas leyes".

   Bien es cierto que, según Pujante, es un parlamento regional "distorsionado por una ley electoral que concede al PP los dos tercios de la cámara, aún cuando no tiene los dos tercios de los votos".
   Esta "mayoría aplastante" hace que, a veces, "se debatan cuestiones que se podrían sustanciar en una comisión", pero lamenta que esto es así porque "es el grupo mayoritario el que determina qué es lo que se debate y qué es lo que no se debate".
   A su parecer, "tampoco se le da la resonancia ni el eco necesario a lo que allí se debate", de forma que la Asamblea se ve como un "instrumento secundario al que no se le ha querido dar el papel que tiene". Es una situación que Pujante tacha de "penosa" y que a su parecer "habría que rehabilitar".
   Considera que deberían ir más al parlamento tanto Valcárcel como los consejeros autonómicos, y "debería haber una mayor labor de control y seguimiento al propio Gobierno regional". Sin embargo, aclara que esto provoca "un desgaste" al Gobierno regional.
   Cuando los representantes del Ejecutivo aparece en el parlamento, "acuden con todo preparado, con su cohorte de seguidores para aplaudir, con la displicencia con la que responde a la oposición Valcárcel, que no contesta ni siquiera a contenido de las preguntas".
   De hecho, explica que el presidente regional "sale huyendo" en cuanto "terminan las preguntas cuya respuesta ya le habían preparado". A su juicio, esto "no es de recibo y no es beneficioso para la propia imagen del parlamento".
   Al ser preguntado por las protestas que se han producido en la Asamblea durante el 2012, Pujante recuerda que se han producido cuando el Ejecutivo ha acudido al parlamento. Y es que el papel de la cámara "es tan secundario" que la gente "ya no se molesta en ir a protestar".
   Al ser preguntado por una posible salida de Valcárcel del Ejecutivo, Pujante cree que es "secundario" si las políticas que se llevan a cabo "son las mismas", porque el PP tiene "una mayoría absoluta aplastante que le permite hacer u deshacer a su antojo". Un posible cambio dependería, a su parecer, de la voluntad de un nuevo presidente, y que "se quiera dar un papel más relevante al propio parlamento".

   El Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea, integrado por IU-Verdes con Pujante como único diputado, ha presentado 27 mociones en comisión; seis preguntas orales al Consejo de Gobierno; y ha impulsado dos proposiciones de ley, una de ellas sobre la inconstitucionalidad de la reforma laboral y otra sobre la financiación autonómica.
   IU-Verdes también ha presentado 28 sesiones informativas en pleno; una interpelación en comisión; una sesión informativa en comisión; 50 mociones en pleno; 11 preguntas orales en comisión; 50 solicitudes de información; y una interpelación en pleno sobre el aeropuerto de Corvera.
   Asimismo, Pujante presentó 11 preguntas para respuesta escrita; cinco preguntas orales en pleno; y 28 solicitudes de comparecencia de consejeros en pleno. A todo esto hay que añadir las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas tanto a proposiciones como a proyectos de ley.
   IU-Verdes también ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos de 2013, que se están debatiendo en este mismo momento.
   Al ser preguntado por cuál de estas iniciativas le ha molestado más que sean rechazadas, ha destacad quizá "el hecho de que las enmiendas parciales presentadas a los presupuestos no sean atendidas en ninguna de sus medidas".
   En este sentido, entiende que haya lo que se denomina "rodillo", de forma que la orientación mayoritaria del presupuesto sea la del Gobierno que la ha realizado, pero reclama "una cierta flexibilidad en la aceptación de algunas enmiendas", algo que "no se ha producido en ningún caso".

  El coordinador de la federación de izquierdas ha recordado que España termina el año con la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia sobre lo que se conoce como 'teletransporte', y que "no es más que una figura que el Gobierno murciano se inventa para justificar y garantizar la especulación urbanística".
   Ha replicado que esta especulación "está detrás de la profunda crisis que tenemos", pero, sin embargo, no ha merecido a su juicio "ningún tipo de repercusión desde el punto de vista mediático". Considera que tiene más repercusión una fiesta de pedanías que "un varapalo de esta naturaleza".
   Por ello, cree que la realidad "que mediáticamente contradice lo que está ocurriendo. Hay un divorcio total entre lo que se dice que ocurre en la Región de Murcia y lo que realmente ocurre", y para comprobarlo "no hay más que pasearse por las calles".
   Por el contrario, lamenta que ahora desaparecen asuntos "con los que antaño nos machacaban y que ahora desaparecen, como la deuda histórica, el nuevo sistema de financiación autonómica y el trasvase del Ebro, del que antes se hablaba insistentemente y que ahora ha desaparecido del vocabulario del Partido Popular".
   "Si gobiernan los míos, las reivindicaciones que antes era urgente e inmediata, ahora desaparece y se apela a otro tipo de cuestiones", reprocha Pujante. Por ejemplo, "se habla mucho del aeropuerto de Corvera, del parque de la Paramount, del AVE y de infraestructuras".

UPyD espera que la declaración como Reserva de la Biosfera sea freno a los "alocados" desarrollos urbanísticos de la capital

MURCIA.- El concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Sotomayor, confía en que la candidatura anunciada por el Gobierno municipal para conseguir la declaración de Reserva de la Biosfera de las Sierras y Campo de Murcia por parte de la Unesco sirva para aumentar la protección de estos espacios.

   Así como para corregir los excesos urbanísticos que se han efectuado en el municipio con el 'teletransporte' y la modificación de la Ley del Suelo que ha sido declarada inconstitucional. Por lo que, a su juicio, la declaración como Reserva de la Biosfera "debe ser un freno para los alocados desarrollos urbanísticos que se han hecho en estos últimos años" y para futuros equipos de gobierno municipal.
   Sotomayor considera, de tal forma que esta declaración puede afectar de una forma positiva a los futuros desarrollos urbanísticos en las zonas limítrofes. Y es que, ha argumentado, "no se entenderían urbanizaciones tan desastrosas como la que existentes en la pedanía de Gea y Truyol, con edificios de tres y cuatro plantas cuando este territorio esté incluido como zona de transición de una Reserva de la Biosfera". Aún así, ha apostillado, "habrá que ver si lo que ya se ha hecho ya no es un 'hándicap' para que se acepte la candidatura".
   UPyD opina que esta candidatura, que previsiblemente apoyarán todos los grupos políticos en el Pleno de este mes de enero, es una buena idea que puede repercutir de forma beneficiosa sobre ciertos aspectos económicos de la población y del territorio, de hecho, "se podría desarrollar agricultura ecológica sobre todo en zonas de las sierras Altaona y Escalona amparadas con el sello de producida en una Reserva de la Biosfera". Además, ha indicado el concejal, "sería una fuente de turismo rural ligada a la hospedería y restauración".
   Personalmente, ha explicado, la concesión de la figura de Reserva de la Biosfera "supondría el reconocimiento por la Unesco de la importancia de la vegetación mediterránea". Una vegetación, ha lamentado, "que por estar compuesta fundamentalmente por matorral arbustivo y pinos, la tenemos nosotros mismos tan mal considerada, a pesar de que poseemos la mayor diversidad florística de Europa".
   Por otro lado, Sotomayor ha remarcado, serviría de impulso para que los colegios de Educación Secundaria "tomen en serio la enseñanza de nuestra flora y fauna, y hacerles ver a los alumnos de la importancia de nuestra vegetación, y a quererla y respetarla".
   Así, ha aclarado que la consideración de una Reserva de la Biosfera no contempla ninguna figura proteccionista que impida los aprovechamientos agrícolas o ganaderos que actualmente existen, "aunque es natural que las zonas de transición del Campo de Murcia y Sucina, con una actividad agraria de alto rendimiento, deban respetar el Código de Buenas Practicas Agrarias".
   Pero esto no debe representar ningún inconveniente, pues este código ya es de obligado cumplimiento en la Vega Alta y Huerta de Murcia, y en las zonas más productivas del Campo de Cartagena, ha agregado el edil, por lo que más que un inconveniente, "puede suponer un avance en conseguir armonía entre agricultura y medio ambiente, y a su vez, se verían beneficiadas las producciones por el marchamo de producidas en una Reserva de la Biosfera".
   Sotomayor está convencido de que "si se hace un buen trabajo" hay muchas posibilidades de que "nos concedan la Reserva de la Biosfera" pero, aunque no tiene dudas de que desde la Concejalía de Medio Ambiente se están haciendo todos los esfuerzos posibles "en beneficio de todos los murcianos", considera que esta candidatura no se va a entender "si no va acompañada de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional Carrascoy-El Valle", que se encuentra incluido en el núcleo de la zona que se pretende nominar y a la espera de esta aprobación desde 2005.
   Por este motivo, ha recordado, que le propuse a la concejal de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, la necesidad de todos los grupos municipales "instáramos a la Comunidad Autónoma, bien mediante acuerdo del Pleno u otro documento, la necesidad y urgencia de que se apruebe el PORN", pues "si no somos capaces, dentro de casa, de organizar nuestros recursos, difícil lo van a entender fuera".
   Tras lo que ha asegurado que en la Región de Murcia "el Medio Ambiente se ha venido maltratando sistemáticamente por los gobiernos del Partido Popular". De hecho, ha recordado, la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad Autónoma desprotegió 11.000 hectáreas de vegetación natural, por lo que "esta solicitud debe considerarse una buena noticia, ojalá suponga esta solicitud un cambio de rumbo", ha finalizado.

El PSRM exige al Gobierno regional que aclare qué proyectos y planes urbanísticos están afectados por la sentencia del TC

MURCIA.-   El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, pidió hoy al Gobierno regional "que aclare de forma urgente cuántos planes urbanísticos y cuáles son los afectados por la redefinición de límites de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia".

   La reciente promulgación de la Sentencia del Tribunal Constitucional que deroga la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, afirma Ros, "va a tener impacto en muchos municipios de la Región, puesto que obliga a volver a los límites de los Espacios Naturales Protegidos que se definieron en la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región".
   Y es que, en su opinión, "es muy importante sentar las bases de un nuevo modelo urbanístico y territorial en la Región de Murcia, según Marcos Ros, que esté fundamentado en el principio ineludible de la seguridad jurídica", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Para ello, "es necesario que todos los municipios de la región conozcan, a la mayor brevedad posible, de la mano de la Comunidad Autónoma, cuál es la afección concreta de esta sentencia en su término municipal y en su Plan General de Ordenación", añade.
   Ante la denuncia formulada ayer por grupos ecologistas sobre la afección de esta nueva definición de límites al proyecto del Parque Paramount, y la indefinición e inseguridad que se ciernen sobre el proceso, Ros exigió a los responsables del Gobierno regional que "dejen de lanzar evasivas y doten a la Región y a sus proyectos de seguridad jurídica y urbanística de una vez por todas".
   En su opinión, "los ciudadanos de esta Región no nos merecemos el rosario de sentencias que una y otra vez van tumbando los proyectos de Valcárcel por no ajustarse a lo dispuesto en nuestra legislación".
   Por ello, el responsable socialista señaló que "es imprescindible, para sacar de la crisis a esta Región, un cambio de rumbo en nuestro modelo urbanístico, que se asiente en la seguridad jurídica y por la legalidad urbanística, que no esté siempre al albur de las sentencias de tribunales superiores, y que apueste por la revalorización de nuestros espacios naturales como fuente de atracción turística en la Región, como ya han hecho en otros lugares".
   "La Región de Murcia tiene valores naturales y ambientales suficientemente atractivos como para ser puestos en valor y conseguir un nuevo modelo urbanístico y turístico, viable económicamente, sostenible en el tiempo con generación de empleo estable y duradero, y respetuoso con los valores ambientales y la riqueza de espacios naturales que disponemos", finalizó.