"La ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento
sino para diferenciar la manera de sortearla". Michel Foucault en Saber y
verdad.
Ver las calles llenas de policías, la prensa y la
televisión llena de arrestos a pequeños comerciantes de droga y de
evocaciones sobre terrorismos pasados, la exaltación mediática de los
delitos de las clases populares, no es otra cosa que la fotografía de
miedo que un gobierno autoritario quiere mostrar a la multitud
indignada. Paralelamente, las redes de internautas invaden el espacio
social con vídeos, fotos y textos que muestran el ascenso de la
violencia de un Estado que prepara con premeditación un escenario de
represión con el objetivo de controlar a las masas desquiciadas por la
precariedad y la pobreza.
Pero como con la violencia inmobiliaria y
bancaria -del capital- y de su amigo ejecutivo no parece ser suficiente,
el gobierno impulsa leyes para que esa violencia no deje grieta para
respirar, organizando así un encarnizamiento más hacia la población
noqueada, negándole de facto el derecho a la justicia.
Y cómo no ver
en el drama social de la vulneración del derecho fundamental a la vida y
del derecho a la vivienda digna que nos muestra cada desahucio, una
imagen vergonzosa de quienes gobiernan alternativamente este sumidero de
país.
Intentemos, desde la corrección razonada, un ejercicio de
desmontaje de la mentira institucionalizada sobre la cuestión de la
sangría de los desahucios desde su dimensión jurídica. Para empezar, es
manifiesta la incoherencia del ministerio de Justicia que, por un lado,
dice "proteger" a los desahuciados, y por otro lado los acosa con leyes
injustas e inmorales.
A ver, si comparamos las dos últimas normas
aprobadas, una en vigor desde el 16 de noviembre y la otra desde el 22
de noviembre, veremos que con una simple lectura, contemplan
planteamientos totalmente dispares.
Por un lado, el Real decreto de
27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para reforzar la
protección de los deudores hipotecarios. Esta norma pretende "aliviar"
la situación de los deudores hipotecarios, dado el drama social que para
cada una de las personas y familias que no pueden hacer frente al pago
de su crédito hipotecario supone perder su casa y, además, quedar
endeudados con el banco para el resto de su vida. Los requisitos para
acogerse al Real Decreto de protección para los desahuciados,
resumidamente, son: ser familia numerosa, tener hijos menores de 3 años,
tener a cargo a dependientes o discapacitados, a los que hay que añadir
una serie de requisitos económicos, siempre y cuando se trate de la
vivienda única. Como ya se puede observar en la práctica, es un
reglamento menos que insuficiente que ni siquiera ha llegado a maquillar
el problema tal y como era su intención.
Por otro lado, el
'tasazo', esto es, la Ley 10/2012, de las tasas judiciales, que supone
un desembolso económico por parte del desahuciado. Veamos. El banco
tiene que pagar unas tasas para demandar al deudor, y el desahuciado
tiene que pagar unas tasas para 'defenderse' ante esa demanda. Como en
estas situaciones siempre sale triunfante el banco, son al final esos
mismos 'desahuciados' los que tendrán que pagar, además, las tasas
judiciales abonadas por el banco al demandar, incluidas en la condena en
costas.
Pero no queda todo ahí. Las causas de oposición a la
ejecución hipotecaria son muy concretas. Así que, si el desahuciado
entiende que su contrato contiene cláusulas abusivas la ley le obliga a
acudir a un segundo procedimiento, esta vez declarativo, lo que implica
unas nuevas tasas. Nadie podrá ejercer su derecho a defender su hogar,
pues si carece de medios para pagar la hipoteca por las circunstancias
actuales en que se encuentra el país, mucho menos dispondrá de ellos
para seguir pleiteando.
Resumiendo. Los requisitos del Real decreto
27/2012 son totalmente incoherentes con lo que ahora reclama la Ley de
Tasas Judiciales, ya que a partir de esta ley tienen que pagar todas las
personas jurídicas y físicas, excepto la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas, organismos públicos dependientes
de éstas, las Cortes Generales y las asambleas autonómicas, el
Ministerio Fiscal y los funcionarios en determinadas situaciones, sí, y
también los beneficiarios de justicia gratuita, es decir, los más pobres
entre los pobres con hijos menores de 3 años o con personas
dependientes (familias que fueron engañadas por los bancos, ya que sin
tener empleos estables les permitieron hipotecarse sin explicarles las
consecuencias que hoy están sufriendo, como bien sabe la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca).
Por tanto nos encontramos con que a la
población más empobrecida junto a las clases medias en descenso social
que están sufriendo desempleo o empleo precario, se les acumulan
sufrimientos en forma de problemas relacionales encarnados en rupturas
familiares, problemas de salud mental, con un incremento del gasto de
los hogares en forma de impuestos como el IVA, de servicios básicos como
el agua potable y la energía eléctrica, de la atención sanitaria, por
citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos, a lo que
ahora se suma un nuevo golpe en forma de tasa judicial que limita su ya
precario deambular por las instituciones jurídicas, políticas, sociales,
y cómo no, bancarias.
En esas estamos, grandes tasas para acceder a
una administración de Justicia "obsoleta, añosa, desnortada y caótica,
incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni
hacia dentro ni hacia fuera. Algo que sabemos bien los que trabajamos en
ella", según palabras de los Jueces Decanos de España reunidos en su
encuentro anual en Vitoria en noviembre del año pasado.
Y es que
cada día se hace más cierto en el paisaje social de este país el hecho
de que las leyes las hacen unos pocos para unos pocos. Por eso hay que
evidenciar claramente la estafa. Hay que dejar claro a la ciudadanía que
la imposición de una ley que vulnera los derechos a la tutela judicial
efectiva y a la igualdad consagrados como fundamentales en la
Constitución, para lo único que sirve, además de para recaudar, es para
disuadir a la población vulnerable impidiéndole el acceso a la justicia,
con el efecto de quedarse sin posibilidad alguna de defender sus
derechos e intereses. Y esto nos lleva también a evocar que aquella a la
que llaman 'nuestra Constitución', hace aguas por todos lados, sobre
todo cuando su vulneración la realizan sistemáticamente las que llaman
'nuestras instituciones'.
(*) Abogados
