Se da por seguro el cierre definitivo del Parador Nacional de Puerto Lumbreras

MADRID.- El cierre definitivo del parador nacional de Puerto Lumbreras, tras la apertura del nuevo en el castillo de Lorca, parece cada vez más cerca, y se da por seguro, como moneda de cambio para mantener, por el contrario, la apertura de algún otro más cercano de la red y, más concretamente, el de Albacete, según fuentes sindicales.

Según concretamente la UGT, la propuesta de Paradores sí incluye cerrar para siempre el parador de Puerto Lumbreras, pese a lo anunciado reiteradamente por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, vicesecretario general del PPRM. 

Tan solo unos meses atrás, en una visita de la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, se prometía un futuro esperanzador para las instalaciones de Puerto Lumbreras. Promesa hecha cuando el Parador Nacional ya funcionaba solamente como restaurante, no teniendo trabajadores adscritos a su plantilla, y trabajando como un anexo del nuevo Parador de Lorca.

Ni el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sanchez, ni el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, han querido admitir jamás que el Parador  cerró de hecho sus puertas, como instalación hotelera, el pasado mes de julio, para mantener así una posición que no dejara de manifiesto su incapacidad para defender las instalaciones y dar soluciones para su continuidad.

Incluso el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el expediente de regulación de empleo no iba a suponer el cierre definitivo del Parador, cuando ya no existía personal adscrito al mismo.

El Parador Nacional de Puerto Lumbreras cierra sus puertas en el único momento de toda la democracia que el Partido Popular gobierna en las tres administraciones. Esto pone de manifiesto la incompetencia del Partido Popular, y en especial de Pedro Antonio Sanchez, que tras una década como alcalde, no ha sabido asegurar el futuro a unas instalaciones tan importantes para la localidad.

Fue el Gobierno socialista de España el que apostó por la reconstrucción y acondicionamiento de este edificio, y por su reconversión en Escuela de Hostelería, dentro de la Red de Paradores de España. Siguiendo esta línea se registró una proposición en el Congreso de los Diputados, así como mociones en la Asamblea Regional y el Ayuntamiento, solicitando el apoyo del resto de partidos políticos. 

 La proposición que solicitaba la reconversión de las instalaciones en Parador Escuela no fue apoyada por el Partido Popular, siendo destacable la negativa del alcalde, Pedro Antonio Sanchez, a esta propuesta en el Pleno Ordinario del mes de julio pasado.

El PSOE local sigue apostando, en cambio, por estas instalaciones, más aún tras las riadas del pasado mes de septiembre, que tanto daño causaron en la localidad.

Última hora

Sindicatos y Paradores cierran el acuerdo de un ERE,
que prevé 350 despidos y la clausura de Puerto Lumbreras

La dirección y los sindicatos de Paradores de Turismo han cerrado esta noche un acuerdo en el expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla 350 despidos y el único cierre del Parador de Puerto Lumbreras, en Murcia.
El acuerdo, que se alcanzó en la medianoche después de once horas de reunión, recoge los acuerdos que se alcanzaron en las mediaciones que hubo entre empresa y comité en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SIMA), según ha explicado el presidente del comité intercentros, Enrique Sánchez-Camacho.
La cifra de despidos se queda así finalmente en 350 personas, la misma que se recogía en la última oferta de la cadena hotelera pública, que inicialmente contemplaba 644 despidos, con la novedad de que se abre la posibilidad de que los trabajadores se puedan acoger voluntariamente.
El único parador de la red que cerrará sus puertas totalmente es el de Puerto Lumbreras, como estaba previsto en la última oferta de la empresa, que inicialmente también planteó los cierres de Ferrol (La Coruña), Verín (Orense), Albacete, Ayamonte (Huelva), Manzanares (Ciudad Real) y Teruel.
No obstante, 27 centros sufrirán cierres parciales por periodos de dos, tres o cuatro meses frente a los cinco que Paradores planteó inicialmente, algo de gran importancia, según Sánchez-Camacho, que dijo que, con esta menor duración, los trabajadores no consumirán tiempo de la prestación por desempleo.
En cuanto a los cierres de restaurantes de Paradores, Sánchez-Camacho ha dicho que finalmente serán trece, aunque en los establecimientos que se vean afectados por esta medida se va a ampliar la oferta de cafetería y de las tabernas de restauración.
Los otros tres restaurantes que se preveía cerrar junto a los anteriores han visto sustituida esta media por cierres temporales, de forma que cerrarán cinco meses al año a la hora del almuerzo, si bien también verán ampliada como en el caso de cierres totales la oferta de su cafetería.

Banco Sabadell no renueva el contrato con la agencia de calificación Fitch

MADRID.- Banco Sabadell no ha renovado el contrato que tenía suscrito con la agencia de calificación Fitch Ratings hasta el 31 de diciembre, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por tanto, cualquier calificación sobre la entidad o sus valores que realice Fitch a partir de esta fecha estará basada únicamente en información pública, ha señalado la entidad.

Sabadell pasó a contar con cuatro agencias de calificación el año pasado tras la contratación en noviembre de la canadiense DBRS -que se sumó a Fitch Ratings, Moody's, Standard&Poor's-, pero ahora considerada que con tres es "suficiente".

Los vecinos de la zona de ocio de Pérez Casas, en Murcia, ya no aguantan mas

MURCIA.- La concejal de Calidad Urbana, Ana Martínez Vidal, ha solicitado una reunión con los responsables de los bares de la calle Pérez Casas y con representantes de Hostemur "con el fin de mejorar el acceso y seguridad de la zona".

   De esta forma, en las próximas semanas se celebrará esta reunión para estudiar esta situación de aglomeración en el exterior de los bares durante los fines de semana.

   Lo que se pretende, según han informado fuentes municipales en comunicado de prensa, "es estudiar esta problemática e intentar encontrar soluciones como habilitar un paso para acceder al único portal existente en la calle".

   Las mismas fuentes recuerdan que la edil Martínez Vidal mantiene un contacto permanente con los hosteleros de la zona y que la Concejalía ha llevado a cabo distintas actuaciones para garantizar la seguridad en la zona como eliminar los veladores y sustituirlos por mesas bajas y mantener una distancia perimetral en las terrazas de tres metros hasta la fachada para el paso de vehículos de emergencia.

Por su parte, Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal José Antonio Sotomayor, considera "imprudente" la autorización de barras en la zona centro de la capital en unas fechas que no tienen carácter de fiesta de Interés Turístico.    Como explica el edil, la decisión de autorizar barras en la calle de Pérez Casas en fechas navideñas y Año Nuevo "es bastante desacertada", tal y como se puede constatar por las quejas de los vecinos, "que vieron quebrantado su derecho al descanso" e incluso obstaculizada su entrada a las viviendas.
   Esta autorización, continua Sotomayor, "en días además que no son fiestas de Interés Turístico" como pueden ser el Bando de la Huerta o el Entierro de la Sardina, "no es entendible".
   UPyD Murcia considera que deben buscarse otras alternativas como por ejemplo pueden ser la Plaza Circular o la mediana del paseo de Alfonso X, evitando que se vuelva a producir esta situación.
   Asimismo, Sotomayor expresa su apoyo a los vecinos no solo de esa zona sino de todo el municipio afectados por el ruido de bares y discotecas y exige al Ayuntamiento proponer una solución que respete tanto el derecho al descanso como los intereses de los hosteleros.
   "Desde UPyD Murcia por supuesto apoyamos a los empresarios del sector del ocio y de la restauración, máxime cuando constituyen un importante motor económico en estos tiempos de crisis y su papel en la creación de empleo", pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. Por encima del derecho al ocio, "debe prevalecer el derecho al descanso y a una vida digna", concluye.

Latbus despide a 25 empleados por protagonizar "altercados"

MURCIA.- Latbus ha despedido a 25 trabajadores por protagonizar presuntamente "altercados" a las puertas de las cocheras con motivo de la huelga convocada el pasado mes de diciembre, y los empleados afectados han anunciado que van a demandar a la empresa al considerar que estos despidos "no tienen fundamento".

   Los 25 trabajadores fueron despedidos el 27 de diciembre, y se corresponden con los 25 expedientados con motivo de la huelga de 11 días que fue convocada en protesta por las medidas previstas por la empresa, que contemplan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 53 trabajadores, así como una rebaja de sueldo a los empleados.

   La empresa criticó que estos 25 trabajadores habían protagonizado "altercados" en la puerta de las cocheras, al "retrasar" hasta una hora y media la salida de los autobuses que estaban "cumpliendo los servicios mínimos".

   El director adjunto de Latbus, Fulgencio Jiménez, ha explicado que todos los medios de comunicación fueron testigos de "cómo se obstaculizó la salida de los autobuses", y de cómo un piquete "de muy pocas personas" estaba "perjudicando a miles de ciudadanos e increpando a los compañeros que querían trabajar".

   "Latbus respeta el derecho a la huelga y al trabajo", según Jiménez, quien considera que se "pisoteó los derechos de los ciudadanos y de los empleados". Por ello, explica que la empresa decidió abrir un expediente diciplinario que determinó que los participantes en el piquete habían cometido "una falta muy grave cuya sanción está tipificada con el despido procedente".

   En este sentido, recuerda que las propias administraciones y órganos encargados de velar por el cumplimiento de los servicios mínimos "constataron los constantes incumplimientos durante los días de huelga".

   El presidente del Comité de Empresa, Francisco Tomás Muñoz, ha considerado que es "mucha casualidad" que 23 de los despedidos estuvieran incluidos en el ERE, y que los otros dos sean él mismo y otro delegado del Comité de Empresa.

   De hecho, la situación de Muñoz es particular, porque es delegado sindical y no podrá ser excluidos del Comité de Empresa hasta que no haya "una sentencia en firme" que los respalde, según el todavía presidente, quien ha denunciado judicialmente que la empresa le impide el acceso a las instalaciones para hablar con sus compañeros.

   Con los 23 despidos de trabajadores incluidos en el ERE, Muñoz cree que la empresa está intentando "evitar" el pago de las indemnizaciones de 20 días por año trabajado que tendría que abonarles.

   Por el contrario, Latbus considera que esta afirmación no es más que un intento de "engañar a la sociedad" y que se expedientó a los empleados que se manifestaron en la puerta. "Ni siquiera todos los afectados por el ERE formaban parte del piquete, eran menos de la mitad", aclara.

   Precisamente, el presidente del Comité de Empresa ha anunciado que este miércoles va a tener lugar una reunión entre los 25 empleados afectados, que van a demandar a la empresa con la intención de que sea un juez el que decida sobre los despidos que, a su juicio, no tienen "ni pies ni cabeza".

   El presidente del Comité de Empresa ha admitido que había un grupo permanente de trabajadores en las puertas de las cocheras que oscilaba entre 20 y 80 participantes protestando por el incumplimiento de los servicios mínimos. Estos concentrados "estaban charlando, como es normal entre compañeros", según el presidente.

   Muñoz defiende que no hubo "ningún altercado" y que la Policía no tuvo que intervenir en ningún momento. De hecho, los afectados van a solicitar a la Policía los informes elaborados con motivo de la huelga por agentes de paisano para demostrar "que no hubo incidentes ni intervención policial".

   Incluso, Muñoz recuerda que los autobuses de las líneas regulares experimentaron retrasos durante la huelga, pero "muchos de ellos" los achaca a que se dio prioridad a los autobuses escolares, que cumplieron sus servicios al 100 por ciento.

   "Ni se obstaculizó ni se coaccionó a los trabajadores", insiste Muñoz, quien justifica su propia participación, diciendo que él estaba supervisando el cumplimiento de los servicios mínimos y sólo se dirigió a los trabajadores congregados en la puerta para pedir que dejaran pasar a los autobuses, al ser requerido por los propios directivos de la empresa.

   En este sentido, Muñoz explica que los trabajadores no estaban de acuerdo con los servicios mínimos que la empresa desplegó y que, a su juicio, "eran abusivos", tal y como lo denunció el Comité de Empresa ante la inspección de trabajo y la Dirección General de Transportes.

   En referencia a las denuncias por unos servicios mínimos abusivos, Latbus afirma que, en un estado de derecho, cuando se considera que se vulnera una norma "corresponde hacer una denuncia", y las administraciones públicas "son las encargadas de velar por el cumplimiento".

   Muñoz critica que, durante la huelga, Latbus "intimidó y coaccionó" a los trabajadores a través de mensajes de texto y carteles colgados en la empresa para que firmaran un documento reclamando su derecho al trabajo, amenazándoles con que, de lo contrario, "no les iba a dar trabajo".

   El texto fue suscrito por unos 200 conductores, de los 316 que hay en la empresa, por el "miedo a ser castigados", añade Muñoz. Como consecuencia de la firma de ese documento, el Comité de Empresa decidió desconvocar la huelga, puesto que reconocieron estar en minoría.

   Muñoz lamenta que los 70 trabajadores que decidieron no firmar este documento "están siendo castigados ahora por la empresa, que les cambia de horarios, de turnos y de líneas".

   Latbus, a través de su director adjunto, desmiente "rotundamente" que haya realizado "la más mínima amenaza o coacción", y replica que la empresa "se ha visto afectada por la crisis" y considera que va a salir adelante "con el apoyo de toda la plantilla. Al contrario, lamenta que la forma de solucionar esta cuestión "no es bloquear la salida de los trabajadores".

   Los 25 empleados despedidos se han quedado "sin sueldo" y tienen que pedir cita para solicitar el paro. Posteriormente, el juez tendrá que decidir si se les readmite o no, en un proceso que tardará "unos cuatro meses" siempre que la empresa decida no recurrir la decisión, calcula Muñoz.

   Estos 25 trabajadores tenían una antigüedad media de entre 10 y 12 años, aunque algunos alcanzaban hasta 23 años, como es el caso del propio Muñoz.

   De momento, Muñoz afirma que los trabajadores afectados no se van a quedar de brazos cruzados y, durante estos días, van a preparar un calendario de actuaciones, van a protestar ante la Comunidad Autónoma y van a realizar una rueda de prensa.

Carlos Egea, a punto de perder el control de BMN y abandonar el palacete de la Castellana para volver

MADRID.- El presidente ejecutivo de BMN y de Caja Murcia, Carlos Egea, está a punto de perder el control de la entidad a manos del Frob que, detentando a partir de ahora entre el 60 y el 65% del capital social, se convierte así en el principal accionista y de referencia frente al 30% propiedad de las cajas de Granada, Baleares y Murcia y el 10% de particulares, según explican fuentes del Banco de España. Una de las consecuencias más inmediatas será el abandono del palacete de la Castellana alquilado tras la fusión como sede social de BMN y todavía en obras. Y otra, no menos relevante, la vuelta a Murcia del equipo de gestión que se trasladó a Madrid, tras perder la 'protección' del ministro de Economía, Luis De Guindos, y la conexión con el banco central español.

Las autoridades de Bruselas son tajantes con los planes de reducción de presencia y fuerza comercial de las entidades que reciben dinero público, como BMN, lo que ha presuponer que la plantilla se acabará reduciendo en un mínimo de 100 oficinas y 850 personas procedentes de los servicios centrales y de las sucursales. Para la Comisión Europea, si no existieran estos recortes, los bancos ayudados romperían el principio de libre competencia al contar con una inyección de capital público.

Estos recortes llegan después de que en diciembre pasado, BMN pactara la venta del negocio en Cataluña y Aragón al Banco Sabadell, que incluía 2.003 trabajadores y 462 oficinas. Al cierre del acuerdo, el Sabadell aportará 350 millones por la diferencia entre los activos netos cubiertos por sus provisiones y los pasivos traspasados.

La nueva transferencia de 730 millones de fondos públicos que ya ha sido aprobada por Bruselas se suma a los 915 millones que ya recibió del FROB I, con lo que el Estado pasará a controlar entre el 60% y el 65% del capital social del grupo. El porcentaje definitivo no se sabrá hasta que los bancos de inversión realicen la valoración económica de BMN, algo que sucederá en las próximas semanas. El plan de las autoridades financieras para BMN también comprende el traspaso al banco malo de 11.753 millones en activos inmobiliarios que se ha materializado el pasado lunes.

La auditoria de Oliver Wyman estimó unas necesidades de capital para BMN de 2.208 millones, que tendrán que venir de los fondos públicos ante la imposibilidad del grupo de cubrirlas por sus propios medios.

El plan de viabilidad contempla un nuevo ajuste de modelo de banca con el objetivo de "alcanzar una reducción de capacidad instalada del 50% respecto a la actividad conjunta inicial de 2010, con un nuevo proceso de cierre de 107 oficinas y la reducción de 867 puestos de trabajo", proceso que se acometería al margen de la segregación de las oficinas de Cataluña y Aragón.

Además, y según fuentes de Caja Murcia, los sueldos de los empleados que sobrevivan a los sucesivos ajustes de plantilla verán reducido su salario en torno al 40% de media.

Cáritas augura una intensificación de la pobreza en la Región de Murcia durante 2013

MURCIA.- Cáritas, institución social y caritativa de la Iglesia Católica, ha atendido a más de 100.000 personas durante el año 2012 en la Región de Murcia, similar al año anterior, y augura una intensificación de la pobreza en 2013.

   Así lo ha declarado el secretario general de Cáritas Región de Murcia, Antonio Sánchez, quien ha apuntado que, a pesar de que en 2012 no han cerrado servicios, tienen una sensación agridulce porque la pobreza se ha hecho más crónica e intensa "y los pobres son cada vez más pobres y hay más diferencia entre unos y otros".

   Sánchez ha señalado que el número de inmigrantes atendidos se ha reducido, "se han marchado a su país", pero "la pobreza es más intensa" y la tendencia es que acudan cada vez más españoles.

   En cuanto a la campaña de Navidad y a una semana de su cierre, Antonio Sánchez ha señalado que está siendo "floja", especialmente en la captación de socios, aunque la recaudación "va según lo previsto".

   Tras lo que el director general de Cáritas Murcia ha hecho un llamamiento a la sociedad murciana porque "esto lo tenemos que levantar entre todos" para que "2013 sea un año para la esperanza", mitigar "el sufrimiento que produce la pobreza" y que todos aquellos que están en desempleo "puedan tener una vida digna".

   La campaña de Navidad contempla tres ejes básicos, como son la captación de socios, hasta alcanzar los mil, la recogida de donativos, ya sea en metálico, en la Caseta de Santo Domingo y otras localidades o en la cuenta de Cajamurcia BMN 04870023142007001546, a través de la Campaña Hermanos Tarjeta Cajamurcia BMN o un donativo en especies (ropa, juguetes y alimentos) en casetas, colegios o parroquias.

   El último eje es la captación de voluntarios tanto en Cáritas Parroquiales como en los servicios generales, hasta los 3.000, pues, de tal forma, "la calidad y eficacia de nuestra acogida y acompañamiento sería extraordinaria".

   La campaña, con la que pretenden recaudar 200.000 euros frente a los 150.000 de la pasada edición, concluye el 7 de enero.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca prevé en 2013 un crecimiento de los desahucios en Murcia

MURCIA.- La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia atiende al menos a 500 familias en 2012, a una media de 40-50 personas cada semana, una cifra "mucho mayor" que el año anterior, cuando solo estaban presentes en Murcia y Cartagena, y con la seguridad de que 2013 atenderán aún más.

   Y es que, ha enfatizado un portavoz, miembro de la organización, "el paro seguirá creciendo y no hay inversión pública ni privada a la vista".

   Tras lo que ha hecho un llamamiento a los activistas para que se unan a la causa y ha subrayado la necesidad de un cambio radical de políticas, que pasan por una reforma fiscal sin privilegios, una "drástica" reducción de gastos militares o establecer una banca pública.

   En concreto, en 2012, se han producido en la Región de Murcia 865 procedimientos de desalojo de viviendas, locales y fincas -llamados popularmente desahucios- en los nueve primeros meses del año, y la plataforma, que está presente en Murcia ciudad, Yecla, Cartagena, San Javier, Mula y Cabezo de Torres y tiene previsto la constitución de nuevas plataformas en Molina y Cieza, frenó 47 desahucios en forma de piquetes y entre 15 y 20 a través de la negociación con las entidades bancarias.

   El dato, ha apostillado, "es disparatado", los desahucios "no paran de crecer", la situación en 2012 ha sido "nefasta" aunque, ha enfatizado, "se ha conseguido finalmente que se visualice el problema", más voluntarios y que las familias acudan "con más antelación a pedir ayuda".

   Morote ha explicado en este sentido que no existe un perfil único de familias que atienden, pues "se trata tanto de familias españolas como extranjeras, de clase media o familias con una renta menor, ya que la crisis está afectando al conjunto de la sociedad".

   Así la Plataforma Hipotecaria ha recogido más de 30.000 firmas y unas 750.000 a nivel nacional a favor de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria, confiando en ese cambio porque "la vivienda es un derecho".

Los dos Bancos de Alimentos de la Región atienden en 2012 a un 35% más de personas

MURCIA.- Los Bancos de Alimentos de la Región de Murcia y del Segura atienden aproximadamente a unas 170.000 personas en 2012, un 35% más que el año anterior, cuando atendieron a unas 125.000, "superior a lo previsto", con motivo "de la realidad social" y "la situación crítica y alarmante" actual. 

    Así lo ha asegurado su coordinador, Francisco José Calderón, quien ha afirmado que es "un disparate como se ha disparado la cifra", con un índice de pobreza del 35% en la Región de Murcia, así como que la mitad de personas que acuden son inmigrantes y el otro 50%, españoles.

   Al tiempo que ha señalado que han repartido 3.000 toneladas de alimentos en 2012 (1.700 del Banco de Alimentos de la Región frente a los 2.000 del año pasado, y 1.300 del de Segura).

   Estos bancos, situados en el Polígono Industria de Cabezo Beaza, en Cartagena y en el centro de Murcia, suministra comida a 150 entidades benéficas, entre las que se encuentran Cáritas, El Buen Samaritano o Jesús Abandonado, Hospitalidad Santa Teresa, al margen de entidades de ayuda a inmigrantes o Proyecto Hombre.

   Trabaja con fondos propios, a través de donaciones de empresas y particulares, porque "no hay ninguna subvención" por parte de las distintas administraciones.

   El Banco de Alimentos de la Región reparte dos tipos de apartados de comida, 2,2 millones de kilos que proceden del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y un millón de toneladas de donaciones de entidades como Pascual, Hida, Hero, Puleva o Juver. A lo que se une, ha explicado Calderón, el esfuerzo de otras grandes superficies como Carrefour, Upper, Lidl, y Eroski.

   En 2012, según las mismas fuentes, han recogido entre 8.000 y 10.000 kilos de alimentos en la Región de Murcia.  

   Por último, Calderón ha agradecido la solidaridad de los murcianos, "que lo hacen muy fácil". Ante la dificultad, ha concluido, "hay que apretar el hígado" porque "la gente no tiene para comer".

   Cualquier interesado puede acudir al Banco de Alimentos de la Región o llamar al teléfono 606 336332.

Al municipio de Murcia le cuesta alcanzar el medio millón de habitantes

MURCIA.- El municipio de Murcia cuenta ya con un padrón formado por un total de 436.710 habitantes, a fecha 1 de enero de 2012, una cifra que se ha incrementado con respecto a 2011 en 1.355 habitantes. 

   Del total de habitantes, 224.652 habitantes son mujeres y 218.699 son hombres, mientras que el número de extranjeros es de 58.652 habitantes, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

   En concreto, las altas por nacimiento han sido 5.216 habitantes; mientras que las altas por cambio de residencia procedentes del extranjero ascienden a 9.676 habitantes; las bajas por defunción suman 2.888; y las bajas por cambio de residencia con destino al extranjero son 10.107.

Hacienda revisa los presupuestos de las CC.AA. y los ve compatibles con su objetivo de déficit para 2013

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha realizado un análisis de los datos homogéneos de los proyectos presupuestarios de las comunidades autónomas y asegura que son compatibles con su objetivo de 2013, fijado en el 0,7% del PIB en el programa de estabilidad.

   En un comunicado, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro explica que todas las comunidades han presentado en sus parlamentos autonómicos los proyectos de presupuestos para 2013, menos Cataluña, País Vasco y Galicia, que han celebrado elecciones autonómicas en los últimos meses y han tenido que retrasar el proceso.

   Tampoco se ha incluido en el análisis el proyecto presupuestario de la Comunidad Foral de Navarra, que ha sido rechazado por su parlamento, por lo que se ha prorrogado el presupuesto del año anterior.

   Los proyectos de presupuestos del resto de comunidades, una vez descontadas las liquidaciones negativas del sistema de financiación y aplicados los correspondientes ajustes de contabilidad nacional, presentan un déficit presupuestario del 0,7% del PIB.

   Al incluir las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009, que no computan en el cálculo del déficit a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria, los proyectos presentan un déficit presupuestario de 6.438,28 millones de euros, el 0,9% del PIB, lo que supone una reducción de más del 50% respecto al déficit presupuestario del año anterior.

   Descontado el efecto de estas liquidaciones, el déficit presupuestario desciende al 0,6% del PIB, pero los ajustes previstos por las propias CC.AA. por aplicación de la metodología de la contabilidad nacional sitúan finalmente el déficit previsto en el 0,7%.

   Según Hacienda, la variación del total del presupuesto supone un descenso del 7,5% respecto a lo presupuestado el año anterior. Al analizar los ingresos y gastos de naturaleza no financiera, las bajadas son del 5,4% y del 7,1%, respectivamente.

   El Ministerio explica que la evolución de los ingresos (-5,4%) se ve afectada por la variación de los recursos del sistema de financiación, cuya presupuestación en 2012 estuvo marcada por la prórroga de los Presupuestos nacionales.

   En cambio, si se tienen en cuenta las cantidades efectivamente satisfechas en 2012 por la financiación territorial, los ingresos no financieros bajan un 0,9%. Además, destaca el ejercicio de varias comunidades de sus competencias normativas en materia tributaria, que ha permitido incorporar en la estimación un incremento de sus ingresos tributarios respecto a 2012 en casi todas las figuras.

   Por su parte, la evolución de los gastos no financieros (-7,1%) se ve afectada por el descenso tanto de los gastos de naturaleza corriente como en los de capital. En concreto, los primeros registran una disminución del 4,2% que se produce en todos los capítulos presupuestarios menos el relativo a los intereses de la deuda, que crece 1.778 millones. Por su parte los gastos de capital se reducen en un 25,2%.

BMN propone una tercera reestructuración con el cierre de 107 oficinas, al que se opone CC OO

SEVILLA.- El Banco Mare Nostrum, Grupo BMN --donde se integra Caja Murcia--, ha propuesto un nuevo plan de reestructuración, el tercero en los últimos años, que contempla el cierre de 107 oficinas y la reducción de 867 puestos de trabajo, según han informado fuentes de Comfia CCOO, que se oponen a este tercer proceso, fruto de la necesidad de nueva recapitalización en BMN.

   Las fuentes han explicado que la semana pasada tuvo lugar en Madrid una reunión informativa con el conjunto de la representación sindical de BMN para comunicar el nuevo plan de viabilidad negociado con las autoridades económicas, aunque lamentan que "no nos han entregado ninguna documentación en ese sentido".

   Han recordado que hace varios meses, la agencia Oliver Wyman, en un estudio realizado a BMN, ha estimado necesidades de capital por un importe de 2.208 millones en un escenario adverso (incremento de la tasa de paro y PIB negativo en los próximos años, entre otros factores).

   De esta forma, según las fuentes, estas estimaciones "han llevado a la entidad, por requerimiento de las autoridades económicas, a presentar un plan de viabilidad que haga frente a estas necesidades".

   Precisan que "ante la imposibilidad que manifiesta la dirección de BMN de cubrir estas necesidades con capital privado, se efectuarán operaciones como la incorporación pública en el capital social de BMN con un 60% aproximadamente, con la suma del FROB I, 915 millones de euros, más una nueva aportación de 730 millones; el traspaso a la Sareb o 'banco malo' de 11.753 millones de euros brutos en activos inmobiliarios; la segregación del negocio de BMN en los territorios de Cataluña y Aragón al Banco Sabadell (2.003 de plantilla y 462 oficinas); o un plan de híbridos, aspectos fiscales y venta de cartera de deuda pública".

   Precisan que "de esta manera el capital social de las cajas de origen podría reducirse hasta el 30 por ciento y el de particulares al 10%, con una pérdida a favor del Estado en torno al 60%".

   Las fuentes sindicales precisan que en el plano de negocio, el plan de viabilidad contempla un nuevo ajuste de modelo de banca con el objetivo de "alcanzar una reducción de capacidad instalada del 50% respecto a la actividad conjunta inicial de 2010, con un nuevo proceso de cierre de 107 oficinas y la reducción de 867 puestos de trabajo", proceso que se acometería al margen de la segregación de las oficinas de Cataluña y Aragón.

   Agregan que el Grupo BMN les ha explicado que con este nuevo escenario, "se crea un nuevo diseño de banca que contempla la separación de actividades, esto es, el 'Banco Core', que gestionará la actividad principal en el entorno de los territorios naturales de las cajas de origen que quedan, como es Andalucía oriental, Baleares, Murcia, Alicante, Albacete y Valencia, para atender particulares y pymes; y el 'Banco No Core', que se encargará de la gestión de la actividad no estratégica y banca mayorista, en territorios denominados de expansión, como son Andalucía occidental, Madrid, Canarias, Cuenca y Castellón, limitando la cartera crediticia de pymes al volumen actual, reduciendo la cartera de participadas e inmobiliaria entre 2015 y 2017".

   Las fuentes han indicado que BMN les asegura que "a partir de 2013, BMN tiene previsto entrar en beneficios y alcanzar en 2017 un 'core capital' de más del 14%, y esa tiene que ser la guía en este nuevo proceso".

   CCOO no entiende en ese sentido que "las negociaciones puedan basarse en porcentajes de reducción de tamaño que aplican entidades nacionalizadas al 100 por ciento", por lo que el sindicato apuesta por "aplicar medidas alternativas, apostar por la responsabilidad con la plantilla y agotar las negociaciones para dar con fórmulas que garanticen la voluntariedad en los procesos".

   "La plantilla de BMN lleva sacrificando su vida familiar y personal dos años, y no así sus directivos, que continúan apostando por el beneficio a corto para parchear una entidad que ha tenido que desprenderse de una parte importante para ser viable", han agregado fuentes de CCOO en BMN, quienes advierten de que seguirán "agotando todas las vías de negociación posibles, pero no serán las únicas".

   En ese sentido, advierten de que "el pulso que la dirección pretende darnos con estas premisas tendrá una respuesta contundente en la confrontación si al final quien pague los platos rotos sean los trabajadores de BMN".

   Han agregado que la dirección de BMN "nos emplaza para la segunda semana de enero con la intención de iniciar un nuevo calendario de negociaciones para llevar a cabo una nueva reducción de costes y nuevas condiciones sociales para la plantilla, sin imposiciones concretas de Bruselas".

   Los trabajadores esperan que haya "un margen de maniobra amplio para iniciar estas negociaciones, para encaminar las propuestas a medidas aceptables" y con la premisa de "proteger el mantenimiento del empleo y evitar medidas traumáticas que afecten a los trabajadores", apostando más por la voluntariedad de las medidas.

   Los trabajadores han indicado que en la primera reestructuración en 2009 se vieron afectados 1.049 trabajadores, mientras que en la segunda se vieron afectados otros 150, de forma que actualmente hay unos 5.000 empleados en el grupo, sin contar con los de Caixa Penedés que pasan al Sabadell. "Ya han salido muchos trabajadores de BMN", se lamentan desde CCOO.

Murcia y Águilas, también la CAM, aparecen en el último informe sobre la corrupción política

MADRID.- Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

   Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como el exministro José Blanco, relacionado con la 'Operación Campeón'--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

   Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

   Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing, en el que está implicado el 'popular' Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

   También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

   Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

   Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

   Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

   La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.

   También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.

   También concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de mando.

   Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos. También está imputado el exalcalde de Getafe y ex alcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

   Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).

   La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa --que relevó en el cargo a su marido inhabilitado-- ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.

   También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de 'tablaos' flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería.

   También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.

   También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal porno.

   En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.

   En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.

   Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

Izquierda Unida anticipa la ruina de la Región en 2013

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes y diputado de esta formación política en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, ha lamentado que 2012 ha sido un año "complicado" que ha certificado el "fracaso" y la "incompetencia" del Gobierno regional para controlar la situación de crisis. En definitiva, ha calificado la situación como "ruinosa", y cree que las perspectivas son "iguales" para 2013. 

   El coordinador de la federación de izquierdas ha recordado que "no se ha cumplido el objetivo de déficit", porque "la enfermiza y obsesiva política de recortes sociales nos aboca inevitablemente a una situación de menos ingresos, de menos actividad económica, de más depresión, de más recesión y, en consecuencia, de incremento del déficit público y de la deuda".

   Ha criticado que el propio Bernal "se permite el lujo de decir que si no se cumple el déficit no pasa nada y que las cosas van a seguir igual. Claro, va a seguir igual para él, o para aquellos que tienen un alto poder adquisitivo, aquellos que han especulado y que han escondido los billetes de 500 euros".

   Sin embargo, considera que esta noticia va a tener un "efecto demoledor" para los "miles de trabajadores de la Región, para los parados y para las familias", porque esto "se va a traducir en más recortes sociales, en más recortes en la Sanidad y en privatización de sectores públicos".

   Pujante recuerda que en 2013 se plantea el objetivo de déficit del 0,7 por ciento, algo que cree "imposible" cumplir "si no hay una reactivación de la actividad económica que propicie un incremento de los ingresos". Al contrario, "se prevé recesión y un incremento del paro", por lo que insiste en que es "imposible".

   Ha reconocido que 2012 ha sido un año "difícil" por la situación económica, con una reforma en profundidad del presupuesto regional, lo que constituye una "enmienda a la totalidad del propio Gobierno regional con la Ley de medidas extraordinarias que se adoptó a mitad de curso".

   A su juicio, estas rectificaciones representaron un "reconocimiento claro del propio fracaso tanto de las previsiones económicas que el Gobierno regional había hecho, como de las previsiones de la propia evolución del presupuesto, lo que denota una falta de control sobre la situación de crisis importante".

   Igualmente, ha recordado que ha sido un año en el que se ha producido un incremento sustancial del paro, de la exclusión social, de la pobreza, y de las ejecuciones hipotecarias que se han producido, con familias enteras que se han visto desahuciadas de sus propias casas.

   Por otra parte, Pujante lamenta que el planteamiento del PP es que la Asamblea Regional "tenga un papel de bajo perfil", y que su labor principal "sea remitida al propio Gobierno de la Región de Murcia, que tiene el papel fundamental".

   "Esto hace que la tan cacareada división de poderes a la que se hace continuamente referencia no se concrete y no se manifieste", ha criticado Pujante, quien cree que el Grupo Parlamentario Popular "hace de mero transmisor y resolvedor de los problemas que pueda tener el Gobierno de la Región".

   Pujante admite que este año se ha intensificado la actividad parlamentaria, pero "no en lo que se refiere a abordar los problemas que tiene la Región de Murcia". Por tanto, no cree que la Asamblea vaya a recuperar su "vitalidad" por trabajar más, sino en la medida en que se cumplan sus funciones.

   Por ejemplo, Pujante echa de menos que se hable directamente de los recortes, de qué está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Región, y qué repercusión puede tener el aval de 200 millones de euros que le ha concedido el Gobierno regional.

   Asimismo, le gustaría debatir "sobre qué hay de la Paramount, qué hay realmente del AVE, si va a llegar o no, cómo va a llegar y por donde". También echa de menos debatir sobre la financiación europea, la financiación autonómica o la deuda histórica.

   Ha remarcado la importancia que tendría debatir "los temas importantes" y reales que tienen trascendencia, pero lamenta que la cámara es un mero "certificador notarial de la acción de Gobierno y un mero trámite que hay que cumplir inexorablemente para dar salida a determinadas leyes".

   Bien es cierto que, según Pujante, es un parlamento regional "distorsionado por una ley electoral que concede al PP los dos tercios de la cámara, aún cuando no tiene los dos tercios de los votos".

   Esta "mayoría aplastante" hace que, a veces, "se debatan cuestiones que se podrían sustanciar en una comisión", pero lamenta que esto es así porque "es el grupo mayoritario el que determina qué es lo que se debate y qué es lo que no se debate".

   A su parecer, "tampoco se le da la resonancia ni el eco necesario a lo que allí se debate", de forma que la Asamblea se ve como un "instrumento secundario al que no se le ha querido dar el papel que tiene". Es una situación que Pujante tacha de "penosa" y que a su parecer "habría que rehabilitar".

   Considera que deberían ir más al parlamento tanto Valcárcel como los consejeros autonómicos, y "debería haber una mayor labor de control y seguimiento al propio Gobierno regional". Sin embargo, aclara que esto provoca "un desgaste" al Gobierno regional.

   Cuando los representantes del Ejecutivo aparece en el parlamento, "acuden con todo preparado, con su cohorte de seguidores para aplaudir, con la displicencia con la que responde a la oposición Valcárcel, que no contesta ni siquiera a contenido de las preguntas".

   Al ser preguntado por una posible salida de Valcárcel del Ejecutivo, Pujante cree que es "secundario" si las políticas que se llevan a cabo "son las mismas", porque el PP tiene "una mayoría absoluta aplastante que le permite hacer u deshacer a su antojo". Un posible cambio dependería, a su parecer, de la voluntad de un nuevo presidente, y que "se quiera dar un papel más relevante al propio parlamento".

   El Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea, integrado por IU-Verdes con Pujante como único diputado, ha presentado 27 mociones en comisión; seis preguntas orales al Consejo de Gobierno; y ha impulsado dos proposiciones de ley, una de ellas sobre la inconstitucionalidad de la reforma laboral y otra sobre la financiación autonómica.

   IU-Verdes también ha presentado 28 sesiones informativas en pleno; una interpelación en comisión; una sesión informativa en comisión; 50 mociones en pleno; 11 preguntas orales en comisión; 50 solicitudes de información; y una interpelación en pleno sobre el aeropuerto de Corvera.

   Asimismo, Pujante presentó 11 preguntas para respuesta escrita; cinco preguntas orales en pleno; y 28 solicitudes de comparecencia de consejeros en pleno. A todo esto hay que añadir las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas tanto a proposiciones como a proyectos de ley.

   IU-Verdes también ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos de 2013, que se están debatiendo en este mismo momento.

   Al ser preguntado por cuál de estas iniciativas le ha molestado más que sean rechazadas, ha destacado quizá "el hecho de que las enmiendas parciales presentadas a los presupuestos no sean atendidas en ninguna de sus medidas".

   En este sentido, entiende que haya lo que se denomina "rodillo", de forma que la orientación mayoritaria del presupuesto sea la del Gobierno que la ha realizado, pero reclama "una cierta flexibilidad en la aceptación de algunas enmiendas", algo que "no se ha producido en ningún caso".

El presidente de la Asamblea Regional se instala en la obviedad política y suelta una sarta de tonterías

CARTAGENA.- El presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán, ha asegurado que "lo que ha ocupado fundamentalmente los trabajos de las fuerzas políticas durante este año 2012 en la Asamblea ha sido la situación económica que vivimos".

   Ha señalado que "se ha sostenido el funcionamiento de sus servicios al 100%, pese a que se ha contado con un recorte de presupuesto del 13,6 por ciento respecto a 2012", con un presupuesto de 9,6 millones para el próximo año 2013, cuando en tiempos de bonanza económica "hemos llegado a contar con 14 millones como máximo".

    Celdrán ha asegurado que, incluso así, "este año la actividad parlamentaria se ha aumentado", pese a que "en junio sufrimos un recorte de 800.000 euros", habiendo recibido la institución "hasta cinco reducciones en su presupuesto", convirtiéndose "en el Parlamento más barato de España, si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas".

   No obstante, ha dicho que "se han creado comisiones especiales nuevas", destacando la actividad de "la de Discapacidad", donde "han pasado por la Asamblea todas las organizaciones relevantes para expresar su opinión".

   El presidente del parlamento murciano ha tenido también palabras para la "situación" en torno a Cataluña, donde ha dicho que "todos estamos implicados como españoles", pero que "no se ha adoptado ninguna posición" por parte de los parlamentos nacionales porque "su estallido ha sido reciente", aunque ha matizado que su posición "es la de la mayoría del país en el que vivimos", y que no le "pasa por la cabeza que esto cambie".

   Otro de los aspectos que Celdrán ha destacado durante la entrevista ha sido los desastres acaecidos en "Lorca y Puerto Lumbreras", que "han condicionado la actividad parlamentaria", que unidos a la situación económica "han hecho que la dificultad sea superior", y que constantemente "han estado presentes en el debate político".

  "Lo que se ha hecho siempre es poco" ha reconocido, aunque "lo que no se puede discutir es el empeño que hemos puesto", destacando "el nivel de acuerdo" y los "gestos de solidaridad recibidos".

   A este respecto ha añadido que "lo que sí ha habido es una actividad legislativa específica para su recuperación, donde ha habido que cambiar la Ley de propiedad horizontal para la recuperación de los edificios".

   Preguntado sobre el papel de Murcia en la Unión Europea (UE), Celdrán ha dicho que "España ha salido enormemente beneficiada de su adhesión a la UE", y en el caso de Murcia que "el beneficio es aún mayor", pues conforme, ha indicado, "durante muchos años Murcia ha sido calificada de objetivo uno, como región de entre las que más dinero iba a recibir", como indican "los casi 5.000 millones de euros que hemos recibido", que "es más que el presupuesto de esta Comunidad".

   Y ha añadido que "ahora tenemos la figura de las regiones en transición, donde debe estar Murcia", para que así "no se corten de golpe las ayudas", sino "que tan sólo se sufra una rebaja".

   Por ello, ha subrayado que "nos interesa tener la mayor presencia posible en las instituciones europeas", y ha calificado como "muy bueno" para los intereses de la Región, que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, esté al frente del Comité de las Regiones.

   Respecto a 2013, Celdrán ha dicho que "ante la situación, no se puede descartar que el presupuesto pueda sufrir alguna revisión", ya que algunas "instituciones económicas sostienen que España sigue en recesión, lo que significa que los ingresos públicos van a bajar, y eso tiene consecuencias", aunque "nosotros trabajamos para que esto no se cumpla".

   Y, finalmente, como reto para el próximo año se ha impuesto "cumplir con la función que tenemos asignada", diciendo "lo que cada uno tenga que decir", aunque "nuestro trabajo es poco entendido", pues "la esencia del parlamentarismo no tiene una especial valoración por la sociedad", ya que "es más fácil ver la labor de un ejecutivo que de un legislativo", y lo ha ejemplificado con el caso de Lorca, donde "hemos hecho la Ley para que se pueda ayudar al municipio, pero no hemos puesto el dinero".

El PSRM pide para 2013 la marcha de Valcárcel

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 1.165 iniciativas en la Asamblea Regional durante 2012, la mayoría relacionadas con la economía, el paro, "el bolsillo de los ciudadanos" y la prestación de servicios como la sanidad, educación, política social o la Renta Básica y pide para el nuevo año un gobierno "que lidere", tras lo que muestra la disposición del PSOE a "echar una mano" para salir de la crisis, crear empleo y asegurar los servicios básicos.

   Durante 2012 el PSOE ha presentado propuestas que han tenido que ver con los desahucios, derecho a acceso a vivienda o respuesta de la Comunidad a los problemas de Lorca por los terremotos, así como Puerto Lumbreras y Ciudad del Sol por las riadas del pasado mes de septiembre, según ha explicado su portavoz, Begoña García Retegui, quien ha resaltado que el grupo ha estado "pegado al terreno" y a lo que los ciudadanos veían como un problema "y sentían como una necesidad".

   Al respecto, la socialista ha criticado que el PP haya intentado durante la legislatura de 2012 "que no habláramos de ello en la Asamblea, incluyendo la admisión a trámite de alguna de nuestras iniciativas como la de la Renta Básica, tras reconocer que no había pagado a 744 personas".

   Así como que "los consejeros del Gobierno regional no hayan querido venir a responder a las preguntas orales sobre el recorte de derechos, copago, el cierre del programa de empleo o los talleres de empleo", además del "impago a los trabajadores de los centros sociales y educativos, los recortes en becas, en comedores escolares o las becas para libros de texto".

   Todos estos asuntos, ha lamentado García Retegui, "no han sido posibles debatir en la Asamblea" porque el "PP ha evitado su entrada en la Cámara y cuando las iniciativas han entrado, las han bloqueado, impidiendo su debate".

   Además, ha indicado, "hemos hecho propuestas desde el PSOE para ingresar más y gastar mejor, pero ni el Gobierno regional ni el PP han querido escuchar" por lo que ha solicitado un giro de 180 grados en la política de Ramón Luis Valcárcel pues "lo que nos trae es más dolor, sufrimiento para las familias y más recortes".

   La mayoría del PP ha utilizado la Asamblea Regional en este 2012 "para tapar la ausencia de Valcárcel y no se viera que no hay hoja de ruta clara para salir de la crisis ni para crecer ni generar empleo", ha enfatizado, así como "para recortar derechos a los ciudadanos y para evitar el debate sobre los asuntos que más les preocupan".

   Para los socialistas murcianos el año 2013 será un año centrado en la necesidad de un Gobierno "que lidere la salida de la crisis y que tenga una hoja de ruta".

   Tras lo que ha apuntado que Ramón Luis Valcárcel, que quiere irse a Europa y no tiene capacidad para liderar el Ejecutivo regional ni un equipo preparado que ayude a salir de la crisis, "tiene que irse".

   "El Gobierno que necesitamos es un gobierno fuerte que lidere, busque el consenso con la oposición y se preocupe de los problemas reales de los ciudadanos" y no que "encomiende estudios y más comisiones y acuerdos de futuro para el año 2020", ha valorado.

   Es necesario, ha concluido la portavoz socialista en la Asamblea, "un gobierno que afronte los problemas que tienen los ciudadanos, empresas o ayuntamientos en el año 2013" y para eso el PSOE "está dispuesto a echar una mano, si nos escucha, se sienta y traza una hoja de ruta clara para la salida de la crisis, el crecimiento económico y el aseguramiento de los servicios básicos a los ciudadanos".

Un total de 225 inmigrantes llegan en patera a las costas murcianas durante 2012, un 20% menos

MURCIA.- Un total de 225 inmigrantes han llegado en pateras a las costas de Murcia durante 2012, supone un descenso del 20 por ciento con respecto misma fecha año anterior, cuando se interceptaron 283 irregulares, según el último recuento facilitado por la Delegación del Gobierno en Murcia.

   Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interceptaron a 225 inmigrantes que intentaron entrar en la Región de forma ilegal a través de 19 embarcaciones. Del total, 217 eran varones, siete menores y solo una mujer, todos de origen argelino.

   La última patera que llegó a las costas murcianas en 2012 fue el pasado 24 de diciembre cuando el SIVE y Salvamento Marítimo interceptaron este lunes dos pateras, con 25 inmigrantes a bordo, a 15 millas de Cabo de Palos.

   Las embarcaciones fueron interceptadas por el SIVE a las 18.20 horas y sobre las 21.10 horas, Salvamento Marítimo las localizó, con 25 inmigrantes a bordo, todos ellos varones. Sobre las 23.30 horas llegaron al Puerto de Santa Lucía, en Cartagena, en buen estado de salud, siendo atendidos por Cruz Roja.

   Dos años antes, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó a 467 inmigrantes. Por contra, en 2009 se interceptaron 732 irregulares.

   Hasta 2007 este fenómeno no existía, y estaba localizado en las costas de Almería y Canarias. Ese año se interceptaron un total de 460 irregulares en las costas murcianas.

   Los tres primeros llegaron en el mes de enero y hasta mayo no llegó ninguno más, cuando se interceptó a un inmigrante irregular, pasando a los meses de verano con 61 en agosto, 170 en septiembre, 118 en octubre, 88 en noviembre y 19 en el último mes del año.

   En 2008 la cifra alcanzó los 663 irregulares, concentrados fundamentalmente entre los meses de junio y septiembre, con una media de 90 mensuales, hasta llegar a su punto álgido en 2009 con 732 inmigrantes, de los que 238 llegaron solo en el mes de octubre.

   Cifra que descendió ligeramente con la incorporación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior un año después, cuando bajó a los 76; de tal forma en el año 2010 llegaron 467 inmigrantes irregulares en 40 pateras, 50 de ellos en el mes de diciembre.

   En 2011 fueron interceptadas 20 pateras con un total de 283 irregulares a bordo, es decir, un 32,30 por ciento menos que en la misma fecha del año anterior --desde el 1 de enero al 22 de diciembre--, un descenso del 61,34 por ciento con respecto a 2009 y del 57,32 por ciento con 2008. La mayoría de ellos se encontraban en buen estado de salud, eran también varones, jóvenes que superaban los 18 años.