MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha dicho que el modelo de gestión y funcionamiento de las cajas en España
"apuntaba al desastroso desenlace al que hemos asistido. Unas cajas,
absolutamente politizadas, que en la práctica han desarrollado la
función de banco al servicio de los respectivos Gobiernos regionales de
turno", y que "estuvieron dispuestas a conceder créditos a megaproyectos
inmobiliarios sobredimensionados y a infraestructuras que no respondían
ni a una necesidad real ni a la función que se les supone que deben
tener".
Así ha asegurado que PP y PSOE "son los responsables y los que han
permitido que ese sistema politizado se haya mantenido así hasta que se
ha derrumbado como un castillo de naipes". Los dos partidos políticos
que "pudieron cambiarlo, pero que se empeñaron en no hacerlo" y se ha mostrado muy pesimista de que PP y PSOE estén en disposición de introducir cambios.
Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la tarde de este
lunes junto a los concejales de UPyD en Murcia y Molina de Segura, Rubén Juan Serna
y Encarna Hernández, respectivamente, en las jornadas autonómicas
organizadas por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros), que se han desarrollado en el salón de actos de CCOO, bajo el
título 'Los problemas de los consumidores murcianos ante la
reestructuración bancaria'.
Para Rafael Sánchez, los usuarios de servicios financieros
"deben exigir que los organismos reguladores desempeñen el papel que no
hicieron, o que hicieron de forma muy deficiente, en toda esta crisis".
Y en este sentido, ha matizado, "un buen primer paso, para evitar
que los ciudadanos paguen la deuda de los bancos, hubiera sido instar a
las entidades rescatadas por el FROB a devolver íntegramente el dinero a
las víctimas del fraude de las participaciones preferentes, y no
permitir a las entidades plantear canjes a precio de mercado más un 10%,
ocasionando así graves pérdidas a los consumidores".
Para terminar su intervención, Rafael Sánchez ha aludido a
la necesidad de que la futura unión bancaria lleve asociados mecanismos y
compromisos de protección para los consumidores y usuarios de servicios
financieros.
Por su parte Encarna Hernández, ha señalado que "la actual crisis
ha sacado a la luz la insuficiencia de los mecanismos de regulación y
supervisión de las prácticas financieras, así como la falta de
transparencia del sistema".
Asimismo, ha afirmado que las políticas establecidas hasta ahora
para proteger al consumidor en el ámbito de las operaciones financieras
"se han demostrado insuficientes para prevenir y proteger al usuario de
los riesgos asumidos con su dinero, en muchas ocasiones sin su
conocimiento".
Hernández ha esgrimido la postura de UPyD en varias cuestiones que
afectan a la protección de los derechos del consumidor en el ámbito
financiero, haciendo especial hincapié en temas como el escándalo de las
participaciones preferentes, la necesidad de mayor transparencia en el
sistema y operaciones financieras, cambios en la estructura y
competencias de los organismos reguladores y de supervisión, así como
iniciativas dirigidas a regular y armonizar la información que se ofrece
a los usuarios de productos financieros.
Por último, el edil de la formación magenta en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha manifestado que la intervención del Banco Central Europeo (BCE) tras el estallido de la burbuja "produjo el desplome de los tipos interés hipotecarios" y que los precios de la vivienda "han caído en Murcia desde entonces un 30-40%, siendo el descenso del promedio por m2 unos 500 euros".
Serna ha expuesto varias premisas que llevan a este
sobreendeudamiento como el aumento de la Disposición a Pagar, ya que así
las hipotecas se hacen más largas para la misma cuota mensual; los
tipos de interés bajos; las expectativas de revalorización del precio
del activo y la desgravación fiscal por adquisición de vivienda en el
IRPF.
Para concluir, ha comentado la Proposición de ley de UPyD para
reformar la Ley Concursal y abrir la puerta a que los poseedores de un
crédito hipotecario se puedan declarar insolventes para acudir a la
dación en pago y saldar su deuda con la entrega de la vivienda o la
fijación de nuevos criterios para las subastas públicas de viviendas,
quitas automáticas e interrupción de intereses de demora en caso de
negociación, y cancelación del incremento patrimonial en el IRPF a los
desahuciados que no ingresen más de 12.000 euros anuales.
Así como el establecimiento de un límite máximo a los intereses
moratorios de las hipotecas y la habilitación de un servicio u oficina
en Ayuntamientos que tenga como función mediar en los casos de desahucio
en curso, apoyando a los vecinos que lo soliciten.
