La Unión está que arde por la brutal subida de los recibos de agua, alcantarillado y basura

LA UNIÓN.- La brutal subida del recibo del agua potable, entre el 40 y el 70%, en el municipio de La Unión por parte de la empresa Acciona, ha provocado desde el día 14 de noviembre diversas acciones de protesta de hasta 350 personas a un tiempo, promovidas por las asociaciones vecinales del municipio, estudiantes y parados, que no han logrado hasta la fecha una postura negociadora por parte de la empresa gestora contratada por el Ayuntamiento que preside Francisco Bernabé, vicesecretario regional del PP. Se trata de la mayor protesta social de la historia del municipio unionense desde el cierre de la minería.

En un comunicado, el Gobierno local de Bernabé recordó a todos los pensionistas, a todas las familias numerosas, y a todas las personas del municipio en situación de desempleo (hay una tasa del 40% sobre la población activa) y con insuficiencia de recursos económicos, que para poder beneficiarse de las bonificaciones económicas establecidas para los recibos del agua, deberán dirigirse a las oficinas de Acciona «donde podrán tramitar la concesión de las mismas y su inmediata aplicación». En este sentido, «todos los pensionistas y todas las familias numerosas, sin excepciones de ningún tipo, tienen derecho a las bonificaciones», recalca el escrito oficial de cara a calmar los ánimos de una población muy lacerada.

Pero según el portavoz municipal socialista, Mariano Oliver, «el PP se ha atrincherado cobardemente en la mentira para tratar de justificar una decisión nefasta para los ciudadanos, como ha sido la desproporcionada subida del agua, alcantarillado y basura».

Las asociaciones vecinales de La Unión, Portmán y Roche han llegado a convocar a los unionenses a una concentración en el Ayuntamiento, donde se oyeron gritos de "Paco, asómate al balcón", "Esto pasa por votar al Partido Popular" y "Paco, devuélvenos La Unión", entre otros, en referencia al actual y ambicioso alcalde conservador, con el que no consiguen hablar personalmente al pertrecharse detrás de las fuerzas policiales especiales enviadas por la Delegación del Gobierno a instancia suya. 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE AGUA

Consideraciones:

1. No es cierto, como asegura el equipo de  gobierno, que la última subida se efectuase en 2004, ya que se llevó a cabo a finales de 2008.

2. En esa fecha, la Intervención Municipal fijó el coste total del servicio en 1.500.000 euros, el cual quedaba cubierto con la subida del 15% más o menos efectuada entonces.

3. Para calcular la desviación de costes desde esa fecha hasta el presente, cuatro años después, se admite comúnmente, como sistema más racional y adecuado, la llamada fórmula polinómica, según la cual el incremento de los costes se pondera en función del peso de cada uno de los factores.

4. El agua que se compra al Taibilla ha experimentado dos subidas desde entonces, que arroja un incremento total del 18,13%. Como el coste del agua representa el 40% del total, su aportación ponderada al coste global del servicio es del 7,25%.

5. Los demás factores (mano de obra, costes financieros, equipos) han experimentado un crecimiento en su coste equivalente al IPC acumulado entre 2009-2012, es decir, un 9,5%. Como ese porcentaje se aplica al 60% del coste total, la aportación ponderada es de 5,7%.

6. Si sumamos ambos incrementos, obtenemos el incremento teórico del coste del servicio desde 2008: 7,25+5,7= 12,95

7. Por consiguiente, la subida a aplicar no podría ser superior a ese 12,95% en ningún caso, ya que de ser superior se producen ingresos indebidos por parte de la compañía.

8. Incrementando ese 12,95%, se equilibra el gasto, que asciende a 1.694.250 euros. El 20% de beneficio industrial y gastos generales que se atribuye la compañía quedaría en 338.850 euros.

9. Como el incremento real, contando bonificaciones, no es inferior al 60%, podemos calcular los ingresos indebidos de la compañía:

Ingresos totales.........2.400.000 e.
Gastos totales............1.694.250 e.

Ingresos indebidos.............705.750 e.
Beneficio neto de la compañía (Acciona):
 330.850 euros (beneficio normal) + 705.750 (beneficio indebido)= 1.044.600

1.044.600 x 25 años= 26.115.000 euros

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REPRODUCCIÓN INSTANCIA PARA SOLICITAR LO COBRADO INDEBIDO


D............................................................con DNI............................
y con domicilio a efectos de notificaciones en........................................................................................................
..ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión comparece y como mejor proceda dice:Que por el presente escrito interpone RECLAMACIÓN para la devolución de ingresos indebidos en la tasa por prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, conforme al artículo 64 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de La Unión, en base a los siguientes fundamentos:

1. El artículo 24.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que 'el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate'. Pues bien, tras la última subida de la tasa de suministro de agua y alcantarillado a finales de 2008, el coste de servicio quedó establecido en 1.380.127,87 euros por parte de la Intervención Municipal. Es decir, a finales de 2008, las tarifas garantizaban el cubrimiento de ese coste.

Desde esa fecha, el metro cúbico facturado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha incrementado un 18,13%, y el resto de los costes se he elevado un 9,5%. Como la compra de agua representa un 40% del coste total del servicio, ese factor habría incrementado el mismo en un 7,25%. Los demás factores habrían aportado un 5,7%, por lo que resulta un total del 12,95%. Ésa sería la desviación de los costes respecto de los ingresos por tarifa.
Pero esta tarifa se ha incrementado un 70% por término medio, por lo que se está vulnerando el precepto de la Ley de Haciendas Locales arriba expresado de manera flagrante.

2. El artículo 10.1 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, establece que 'las normas tributarias entrarán en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa...'. El artículo 10.2 establece que 'las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor'. En el BORM número 186 de 11 de Agosto de 2012, se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de suministro de agua. Por consiguiente, no se pueden aplicar las nuevas tarifas al consumo de agua realizado con anterioridad a esa fecha. Lo cierto es que en mi liquidación, se aplica la nueva tarifa a consumos anteriores al 11 de Agosto, lo cual es manifiestamente ilegal.

3. Para la determinación de la cuantía de las tasas, el artículo 24.4 de la Ley de Haciendas Locales establece que 'podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas'. Esos criterios genéricos nos remiten a la situación de emergencia social que vive La Unión, con un 40% de paro y una profunda crisis enquistada que afecta al grueso de la población. Incrementar espectacularmente las tarifas de agua redundarán en una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la población, en una reducción considerable de la demanda, y por tanto en un agravamiento de la crisis para el pequeño comercio unionense. No se pueden subir las tasas municipales de ese modo en una sociedad tan fuertemente golpeada por la crisis, salvo que se pretenda profundizar aún más en la misma.

Por todo lo expuesto, SOLICITO:

Que el Ayuntamiento de La Unión tenga por presentado este escrito de reclamación y, tras los trámites oportunos, dicte resolución por la que se estime, procediendo a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

En La Unión, a …....de........................de 2012.

Fdo..................................................... 

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RECURSO CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA 

D............................................................con DNI............................
y con domicilio a efectos de notificaciones en........................................................................................................
..ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión comparece y como mejor proceda
dice:

Que por el presente escrito interpone RECURSO de REPOSICIÓN conforme a lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, contra la liquidación correspondiente al padrón del bimestre septiembre-octubre de 2012 de tasas por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras, publicado en el BORM con fecha 2 de Noviembre de 2012:

1. El artículo 24.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que 'el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate'. Pues bien, tras la última subida de la tasa de suministro de agua y alcantarillado a finales de 2008, el coste de servicio quedó establecido en 1.380.127,87 euros por parte de la Intervención Municipal. Es decir, a finales de 2008, las tarifas garantizaban el cubrimiento de ese coste.
Desde esa fecha, el metro cúbico facturado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha incrementado un 18,13%, y el resto de los costes se he elevado un 9,5%. Como la compra de agua representa un 40% del coste total del servicio, ese factor habría incrementado el mismo en un 7,25%. Los demás factores habrían aportado un 5,7%, por lo que resulta un total del 12,95%. Ésa sería la desviación de los costes respecto de los ingresos por tarifa.
Pero esta tarifa se ha incrementado un 70% por término medio, por lo que se está vulnerando el precepto de la Ley de Haciendas Locales arriba expresado de manera flagrante.

2. El artículo 10.1 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, establece que 'las normas tributarias entrarán en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa...'. El artículo 10.2 establece que 'las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor'. En el BORM número 186 de 11 de Agosto de 2012, se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de suministro de agua. Por consiguiente, no se pueden aplicar las nuevas tarifas al consumo de agua realizado con anterioridad a esa fecha. Lo cierto es que en mi liquidación, se aplica la nueva tarifa a consumos anteriores al 11 de Agosto, lo cual es manifiestamente ilegal.

3. Para la determinación de la cuantía de las tasas, el artículo 24.4 de la Ley de Haciendas Locales establece que 'podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas'. Esos criterios genéricos nos remiten a la situación de emergencia social que vive La Unión, con un 40% de paro y una profunda crisis enquistada que afecta al grueso de la población. Incrementar espectacularmente las tarifas de agua redundarán en una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la población, en una reducción considerable de la demanda, y por tanto en un agravamiento de la crisis para el pequeño comercio unionense. No se pueden subir las tasas municipales de ese modo en una sociedad tan fuertemente golpeada por la crisis, salvo que se pretenda profundizar aún más en la misma.

Por todo lo expuesto, SOLICITO:

Que el Ayuntamiento de La Unión tenga por presentado este escrito como RECURSO DE REPOSICIÓN contra la liquidación de la tasa por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras y, tras los trámites oportunos, dicte resolución por la que se estime este recurso, declarando la anulación de la liquidación impugnada y devolviendo las cantidades indebidamente cobradas.

En La Unión, a …....de........................de 2012.

Fdo..................................................... 

La Comunidad anima a las empresas de San Pedro del Pinatar a exportar sus productos como alternativa

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha celebrado la jornada informativa 'Exportación o internacionalización: alternativas al mercado tradicional' destinada a las empresas de San Pedro del Pinatar interesadas en acceder a mercados exteriores. 

   Un total de 25 empresas del municipio mostraron su interés por acceder a mercados exteriores por primera vez y por realizar un plan estratégico internacional que apoye sus operaciones en el extranjero, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   El director del Info, Juan Hernández, afirmó que "la internacionalización como base de modelo de negocio está permitiendo que muchas empresas de la Región puedan seguir creciendo al operar en otros mercados", y añadió que "desde el Info, junto a otras instituciones del ámbito regional y nacional, estamos trabajando para potenciar esta vía de crecimiento".

   Durante la jornada, técnicos del Instituto de Fomento explicaron a los asistentes cómo aprovechar la capacidad exportadora de sus empresas y las diferentes alternativas para internacionalizarla.

   Asimismo, se destacó la importancia del Plan de Marketing Internacional para identificar tendencias, mercados y los canales más adecuados. Se informó, también, sobre las diferentes herramientas y servicios que apoyan a las pequeñas y medianas empresas a acceder a mercados exteriores.

   Todas las empresas interesadas en acceder a mercados exteriores tienen a su disposición el Departamento de Internacionalización del Info, que les ofrece, de forma integral y personalizada, el apoyo necesario  para afrontar los procesos de internacionalización con información, asesoramiento y un programa de actuaciones.

  La Consejería, a través del Instituto de Fomento, celebra acciones informativas en los municipios de la Región para darles a conocer oportunidades de negocio alternativas y asesorarles en materias estratégicas como la innovación, financiación y en internacionalización.

El PSRM pide al consejero Sevilla que explique en la Asamblea por qué está incumpliendo la Ley para reconstruir Lorca

MURCIA.- El diputado regional, Manuel Soler va a presentar una iniciativa en la Asamblea para pedirle explicaciones al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla de por qué está incumpliendo la Ley 2/2012 de 22 de mayo de 2012, para la reconstrucción de Lorca, aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional. 

   Soler recordó que en la disposición adicional de dicha ley establece que el Gobierno regional debe dar cuenta cada tres meses del proceso de reconstrucción paso a paso del citado municipio, algo que no se ha cumplido desde la entrada en vigor de la Ley, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "Han pasado seis meses y el consejero tendría que haber informado  dos veces y no lo ha hecho ninguna. Denunciamos la falta de transparencia con que está actuando el Gobierno regional y también la falta de voluntad política que existe para recuperar Lorca", ha indicado.

   Y es que, para Soler, prueba de esa falta de voluntad política es el hecho de que el Gobierno de Valcárcel "ya no es tan reivindicativo con Rajoy como lo fue con Zapatero a la hora de pedir fondos. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado no hay ninguna partida para el Plan Lorca, mientras que en los presupuestos regionales no se contempla nada, salvo los préstamos que vienen del Gobierno central a través del ICO y del Banco Europeo de Inversiones".

   "Cuando gobernaba el PSOE, el tema de Lorca era una cuestión de Estado, incluso el Gobierno de Valcárcel la equiparó con otros desastres como el Prestige; ahora, que gobierna el PP se han olvidado y guardan silencio", finalizó.

El patrullero 'Relámpago' de la Armada, de gira por el Golfo y sur de Africa en busca de clientes para Navantia

MADRID.- El buque de acción marítima 'Relámpago' de la Armada española se encuentra estos días realizando una gira por diferentes puertos del Golfo para mostrar a las Marinas de la zona las características de esta serie de patrulleros fabricados por Navantia, que busca hacerse con nuevos contratos.

   Según ha informado la Armada, el patrullero ha realizado un "paréntesis" en la 'Operación Atalanta', en la que participa desde el pasado mes de septiembre, y esta misma semana ha hecho su primera escala en Qatar. También está previsto que visite Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos, antes de volver a integrarse en la misión naval europea que lucha contra la piratería en aguas del Indico.

   Más adelante, se dirigirá hacia el sur de Africa, donde permanecerá desplegado unos dos meses, en una zona en la que, según explica la Armada, España está "acrecentando su presencia". El 'Relámpago' tiene previsto llegar a su base en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de febrero del próximo año.

   De este modo, en sus casi seis meses de despliegue, este patrullero habrá completado dos objetivos: la primera participación de un buque de esta clase en la 'Operación Atalanta' y el apoyo a la acción comercial de Navantia.

   La Armada española cuenta con cuatro buques de acción marítima --'Meteoro', 'Rayo', 'Relámpago' y 'Tornado'--, en servicio desde julio del año pasado. En un principio, se anunció una segunda serie de cinco de estos buques, pero todavía no se ha previsto su financiación.

   El 'Relámpago' ha permanecido esta semana durante tres días en Qatar, donde ha llevado a cabo "un intenso programa de actividades", que ha incluido la visita de una delegación qatarí, a la que se ha presentado el buque junto a representación de Navantia. También ha mostrado su interés un grupo de oficiales de la Marina de India, que conoció de primera mano las instalaciones del patrullero.

   Se da la circunstancia de que a bordo del 'Relámpago' viajan tres técnicos de garantía del Astillero de Navantia, porque el buque, que fue entregado a la Armada el pasado mes de febrero, se encuentra aún en periodo de garantía.

   Además, el viaje ha servido para reforzar las relaciones institucionales entre ambos países, ya que ha coincidido con la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez, en Qatar.

   El pasado domingo se celebró también una recepción oficial a la que asistieron, entre otras autoridades, la embajadora española en el país, el JEMAD, el almirante de Acción Marítima, Salvador Delgado, y el comandante en jefe de la Armada qatarí.

   Después de esta primera visita, el 'Relámpago' se dirigirá hacia Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos, antes de reincoporarse para una segunda fase en la 'Operación Atalanta', que desde el próximo 6 de diciembre mandará España con la fragata 'Méndez Núñez', que partió ayer hacia la zona para relevar al buque de asalto anfibio 'Castilla'.

   El fin de su misión contará con dos meses de despliegue en el sur de Africa, donde también aprovechará para mostrar el barco, "en beneficio del prestigio de la Armada y de la construcción naval española", tal y como apuntaba su dotación en su 'blog' de vida de a bordo antes de iniciar su gira por el Golfo.

   El apoyo a Navantia en la promoción de los buques de acción marítima no es el único caso de ayuda a la acción comercial de la industria naval española. El buque de proyección estratégica 'Juan Carlos I', el más grande de la Armada, ya atracó en 2011 en el puerto de Estambul para mostrar sus capacidades a las autoridades turcas, interesadas en este barco.

   Además, en 2013 el buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria' permanecerá desplegado en Australia con el objetivo de que la Marina de este país conozca de primera mano sus capacidades y pueda decidirse por este modelo para reemplazar dos tipos de buques con los que cuenta en la actualidad.

   El acuerdo, anunciado el pasado mes de julio por el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Manuel Rebollo, no implica gastos extras para España, ya que todos los gastos de traslado son asumidos por Australia, y cuenta con la ventaja añadida de que el buque podrá permanecer con una "actividad permanente", mientras en España se están reduciendo los días de mar debido a la crisis.

   Australia es un cliente destacado de Navantia, a quien ha encargado ya dos buques de proyección estratégica como el 'Juan Carlos I'. Además, está interesado en los submarinos de la clase S-80 que está fabricando para España en Cartagena.

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.

   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.

   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".

   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".

   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".

   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.

   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    

   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.

   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.

   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".

   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.

   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.

Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las CCAA

MADRID.-   La nueva presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario.

   "Nos lo han prometido y creemos que la van a encontrar", según ha asegurado tras apuntar que, tras las conversaciones mantenidas con los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios e Igualdad, la solución para acometer dicha deuda podría estar en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   Sanz ha valorado "muy positivamente" cómo se resolvió "con eficacia" la deuda que las comunidades mantenían con la industria de años anteriores gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   "Se resolvió un problema que empezaba a ser insostenible para nuestras compañías", según ha reconocido, ya que se debían más de 6.300 millones de euros con más de 500 días de atraso en muchos casos.

   Sin embargo, desde 2012 las comunidades han vuelto a demorar los pagos y la deuda vuelve a crecer, de ahí que exijan una respuesta del Ejecutivo que impida llegar a las cifras alcanzadas en 2011.

   "Todavía no tenemos certeza de que el pago sea posible, pero sí de que tienen una voluntad firme de hacerlo", ha aseverado la presidenta de Farmaindustria, quien considera que "sería una pena que, pese al esfuerzo que se hizo, volvamos a estar en una situación tan difícil para todos".

   Además, Sanz recuerda que este sector es "una fuente importante de empleo para el país", con empleo "de calidad" y una apuesta decidida por la I+D. De hecho, el 20 por ciento de la investigación privada que se realiza en España procede de este sector, que es el quinto en número de exportaciones.

   "Somos una industria que debemos aportar el punto de crecimiento que nuestra economía también requiere", ha defendido, al tiempo que advierte de que para ello necesitan una regulación "que salvaguarde sus intereses" y, "sobre todo, que asegure el acceso de los pacientes a la innovación al mismo nivel que el de otros ciudadanos europeos".

   La presidenta de Farmaindustria se ha mostrado comprensiva con la necesidad del Gobierno de tomar medidas "extraordinarias" ante circunstancias que "también lo son". Sin embargo, también recuerda que han sufrido cuatro Reales Decretos en dos años que han "cambiado de modo radical" su sector. "Todos hemos perdido mucha competitividad", ha advertido Sanz.

   Asimismo, Sanz también ha recordado la responsabilidad mostrada por las farmacéuticas, que siguen suministrando medicamentos pese a que las comunidades tardan en pagar.

   "Las compañías son libres de tomar cualquier medida en caso de que consideren que la situación de impago les sea insostenible", según ha reconocido, si bien asevera que desde Farmaindustria se recomienda mantener los suministros.

La Región de Murcia supera los 6.000 millones de euros en exportaciones

MURCIA.-   La Región de Murcia, con un 59,4 por ciento de crecimiento, es la Comunidad que mayor aumento en sus exportaciones registra en lo que va de 2012, según datos del último informe mensual de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

   El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, destacó que "en la Región hemos llegado a los 6.338 millones de euros en exportaciones", y añadió que "ya el mes pasado igualamos todas las registradas durante el año anterior y, en términos absolutos, somos la cuarta provincia española más exportadora, solamente por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia".

   Ballesta resaltó que "se trata de un dato muy positivo que contrasta con el de la media nacional, que se sitúa para el mismo periodo en el 3,7 por ciento", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   La cifra registrada en Murcia demuestra, según el consejero, "la capacidad de adaptación de los empresarios de la Región que en medio de las dificultades económicas han encontrado en la exportación el impulso necesario para el crecimiento de su actividad".

   Y es que, durante el mes de septiembre la Región, con un volumen de las  exportaciones de 617,6 millones de euros, registró un crecimiento del 59,6 por ciento con respecto al mismo mes del año 2011.

   Asimismo, y de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre creación de empresas en el mes de septiembre, el portavoz señaló que en la Región de Murcia "se crearon 173 empresas y solamente se han destruido nueve, por lo que Murcia es la comunidad autónoma en la que menos empresas se han destruido en dicho mes".

   Finalmente, a su vez en la Región durante el citado mes de septiembre, "58 empresas ampliaron capital por un valor de casi 27 millones de euros", apuntó.

Tomás Fuertes entra de asesor en Banco SabadellCAM representando a la Región de Murcia

ALICANTE.- Empresarios de prestigio, altos ejecutivos de multinacionales y expertos universitarios, todos ellos relacionados de una u otra forma con Alicante, la Comunidad Valenciana o Murcia, formarán parte del futuro consejo consultivo de SabadellCAM que la entidad está ultimando estos días con la intención de ponerlo en marcha a principios del próximo mes, según adelanta 'Información'. 

El grupo ha decidido replicar de esta forma la misma estructura organizativa que ha desarrollado con éxito con el Banco Herrero en Asturias, el Atlántico en Andalucía o el Urquijo en Madrid y que le ha permitido mantener el arraigo de todas estas entidades en sus territorios de origen a pesar de su incorporación al Sabadell.
Su función será la de trasladar a los responsables del banco las necesidades y las inquietudes de los empresarios y clientes de las distintas zonas y también asesorar sobre las estrategias que puede desarrollar la entidad para crecer al mismo tiempo que contribuye al crecimiento económico de estos territorios. Sobre todo, teniendo en cuenta que el actual consejo de administración del Banco CAM desaparecerá en el momento en que se produzca su absorción por el Sabadell y ya no exista como sociedad independiente.
Para presidirlo, la entidad ha apostado por un hombre que ya conoce perfectamente la casa: el presidente de Porcelanosa, Héctor Colonques, quien también es miembro del consejo de administración de Banco Sabadell desde el año 2001 y uno de sus principales accionistas. Colonques representaría, además, la cuota valenciano-castellonense del consejo ya que el grupo ha tenido muy en cuenta el peso de las distintas provincias en el negocio de SabadellCAM a la hora de confeccionar la lista.
Así, otro de los empresarios de renombre que ya habrían aceptado formar parte de este organismo sería el murciano Tomás Fuertes (en la imagen), propietario del Grupo Fuertes, el conglomerado que controla el gigante de la alimentación El Pozo, que emplea a más de 5.500 trabajadores. Titulado en Alta Dirección de Empresas, en el año 2011 recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo que otorga el Gobierno.
La cuota alicantina la cubrirán cuatro nombres muy diversos. Por un lado, el empresariado más tradicional de la provincia estará representado por el histórico Joaquín Arias, el presidente del Grupo Vectalia (antiguo Subús), que gestiona buena parte del transporte de pasajeros por carretera en la provincia, Albacete o Perpiñán, entre otras zonas. También tiene negocios de limpieza, restauración, seguridad o estaciones de servicio.
Por la rama de expertos, formará parte del consejo el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, Joan Llopis Taverner. Autor o coautor de una decena de libros, también ha sido asesor en recursos humanos en ayuntamientos como los de Benidorm, Dénia o Santa Pola, por lo que conoce a la perfección toda la provincia.
Aunque ha desarrollado toda su carrera profesional fuera, también es alicantino el expresidente de Telefónica Media y exconsejero delegado de Antena 3, Juan José Nieto, que ocupará otro de los asientos del órganos consultivo de SabadellCAM. Tras iniciar su carrera en Goldman Sachs y Bankers Trust, en la actualidad es consejero de Uralita y de la multinacional Service Point.
El cuarto representante de la provincia será un hombre de la casa: el presidente del Sabadell United, la filial norteamericana del grupo, Fernando Pérez-Hickman. Hijo del prestigioso traumatólogo del mismo apellido, es otro caso de alicantino que triunfa en el exterior. No hay que olvidar que Estados Unidos es la gran apuesta del Sabadell para crecer fuera del mercado español.

Ejecutivos del grupo
Por último, la entidad también ha querido incluir a los dos máximos responsables de SabadellCAM: su director general, Miquel Montes, que ha dirigido todo el proceso de integración de la antigua caja alicantina en el grupo; y el director territorial, Jaime Matas, su máximo responsable comercial y el que tendrá que tratar directamente con los empresarios y organizaciones de su ámbito de actuación.
La entidad baraja varias fechas para la celebración del primer encuentro de este consejo consultivo entorno al puente de diciembre. La fecha no es casual. Hay que recordar que el próximo 7 de diciembre se cumplirá el primer aniversario de la adjudicación de la CAM al Sabadell y, sobre todo, se producirá la plena integración de las redes y los sistemas informáticos para ser una sola entidad.

La CAM deja de estar intervenida

Un año y cuatro meses después de decretarla, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución del Banco de España por la que el supervisor bancario pone fin a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM), lo que deja a la entidad -ya desposeída de su negocio financiero- en manos del Gobierno autonómico para su liquidación final y el traspaso de los bienes de la Obra Social a una nueva fundación que continúe esta labor. Para ello, la Generalitat nombrará en los próximos días una comisión gestora cuya composición todavía está negociando con los partidos de la oposición, principalmente con el PSPV, y también con el Ejecutivo regional murciano, según confirmaron fuentes oficiales.
Además, esta comisión también será la encargada de amortizar definitivamente las cuotas participativas de la CAM ya que, a pesar de que perdieron todo su valor en diciembre del año pasado, al reducirse a cero el capital de la caja para enjugar las pérdidas, los administradores designados por el FROB se marchan sin haber completado el trabajo de darlas de baja. 
Sin duda, la negativa de José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz a amortizar estos valores a 4,77 euros, tal y como aprobó el último consejo de administración de la caja antes de su destitución, será recordada como su decisión más polémica en estos 16 meses ya que provocó que más de 54.000 pequeños ahorradores no pudieran recuperar el dinero invertido.
Hasta que la gestora esté operativa, los tres representantes del FROB seguirán en sus puestos de forma interina para evitar el vacío de poder aunque sólo podrán tomar decisiones sobre "asuntos corrientes" del funcionamiento de la CAM -que mantiene su programación cultural y sus actividades-, según señalaron fuentes del Banco de España.
La decisión del supervisor se produce después de que la semana pasada entrara en vigor el nuevo decreto de órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que implica la disolución automática de estas entidades una vez transcurridos cinco meses desde la pérdida de control de su negocio financiero, un plazo que la CAM ya había sobrepasado con creces. La medida, introducida a última hora y casi a escondidas por el PP para salvar a Rodrigo Rato del escarnio público que hubiera supuesto la celebración de la asamblea general de Caja Madrid, también supondrá la disolución automática de Bancaja el próximo martes.
En cualquier caso, la entidad alicantina ya se encontraba en proceso de liquidación desde que el 9 de julio su asamblea general se negase a amortizar las cuotas a cero euros, como pretendían los administradores del FROB, lo que provocó que estos diesen por concluido el cónclave sin dar lugar a la votación que hubiese transformado directamente la caja en una fundación, evitando estos últimos meses de incertidumbre.
Según las últimas cuentas presentadas por los administradores provisionales, Caja Mediterráneo acumula todavía 137 millones de euros de patrimonio, de los que 136 millones corresponden al Fondo de la Obra Social, su único activo real después de que el negocio financiero fuera segregado y adjudicado al Sabadell en diciembre del año pasado. De esta cantidad, unos 80 millones corresponde a dinero disponible en tesorería, la mayoría en depósitos a plazo, y el resto al valor de los edificios y obras de arte de su propiedad.
Además de las distintas "aulas" de cultura que posee repartidas por todo su territorio de actuación, la Obra Social de la CAM también es dueña de la Casa Museo Modernista de Novelda o del Museo Azorín de Monóvar, entre otros bienes culturales emblemáticos. Además, mantiene una plantilla de 38 personas, de las que 35 son indefinidas.
La misión de la gestora será transferir todos estos bienes a una nueva fundación. El gran problema será buscar fuentes de financiación alternativas para este nuevo organismo ya que el Sabadell ha rechazado formar parte de la misma como patrono al considerar que estará demasiado politizada. Así, el banco catalán ha puesto en marcha su propio comité de patrocinios y mecenazgos para desarrollar su programa de responsabilidad social corporativa.
El Banco de España ordenó la destitución del consejo de administración de la CAM el 22 de julio de 2011 ante la incapacidad del mismo para redactar un plan que garantizase la viabilidad de la caja. Tras la intervención, los administradores afloraron unas pérdidas de 2.700 millones de euros en 2011 debido, sobre todo, a los desmanes de sus inversiones inmobiliarias. 
En la actualidad, cinco exaltos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, están imputados en la causa que instruye la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.

La Guardia Civil estrecha el cerco sobre Berberena y Peñalver

MURCIA.- La Guardia Civil registró en las últimas horas el despacho profesional del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena Loperena, y dos viviendas de su propiedad en Murcia, en una segunda fase del caso Umbra, que investiga posibles delitos de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad y que dirige el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de la capital, David Castillejos.

En esta segunda fase de la operación Umbra, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron también el estudio de arquitectura del padre y el hermano del exjefe municipal de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, igual que el exconcejal Berberena. En ambos casos, se intervino diversa documentación.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha confirmado posteriormente el registro. Lo han confirmado también fuentes cercanas a la causa judicial que investiga desde hace varios años si los convenios urbanísticos aprobados en la expansión de la ciudad de Murcia por el norte han cumplido la legislación vigente o si no lo han hecho y han supuesto un perjuicio para el erario público.
Desde que el pasado junio declaró como imputado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, del PP, el secreto del sumario se ha ido prorrogando, al principio cada dos meses y luego mensualmente.
En la última ocasión lo hizo hasta el 17 de diciembre, lo que significa que solo conocen las diligencias que se practican en la instrucción el juez y el fiscal, no los abogados de la defensa ni de las acusaciones particulares.
El fiscal sostiene que ese acuerdo urbanístico, firmado con la promotora de Jesús Samper, propietario del club de fútbol Real Murcia y también imputado, supuso un perjuicio para las arcas municipales.

La investigación, según la Cadena Ser, se dirige también a averiguar supuestos pagos en otro posible caso de corrupción urbanística en Ulea.

En el caso Umbra aparece involucrado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que está imputado por el juez por un supuesto delito de prevaricación. La investigación intenta esclarecer si el Ayuntamiento murciano dejó de ingresar unos 400 millones de euros en los convenios urbanísticos de la expansión norte de la ciudad que suscribió con diversos empresarios, entre ellos Jesús Samper, dueño del Real Murcia y principal promotor del parque Paramount en Alhama de Murcia.

Además de Samper, Cámara, Berberena y Peñalver, también están imputados en la causa los exdirectores de la Gerencia de Urbanismo municipal Pedro Morillas y Alberto Guerra, el ingeniero Renato de Noce, varios promotores inmobiliarios y dos abogados, uno de ellos, Ana María Vidal, jefa de la asesoría jurídica del ayuntamiento, quienes ya prestaron declaración en su día. 
Sobre esta última, el fiscal ha recurrido esta misma semana la decisión del juez instructor de decretar el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a ella.

Trabajadores de Latbus inician una huelga indefinida por el retraso crónico de salarios y el ERE

MURCIA.- En la noche de este viernes se ha celebrado una asamblea de trabajadores de la empresa Latbus en la sede de UGT, tras la cual la plantilla votó positivamente la convocatoria de una huelga indefinida, un paro que previsiblemente se inicie los primeros días de diciembre.

   Y es que, los más de 250 trabajadores que participaron en la asamblea, desde la 23.00 del viernes a las 2.00 de la madrugada, aprobaron convocar una huelga indefinida en la empresa Latbus, concesionaria del servicio de autobús urbano en la ciudad de Murcia y pedanías y otros municipios limítrofes.

   Durante la asamblea, el Comité de Empresa explicó el proceso de negociación que estaban desarrollando con Latbus, que tiene 356 trabajadores, para reducir las consecuencias de un ERE que afectaría inicialmente a 91 trabajadores de plantilla y que a lo largo de esta semana ya se había conseguido rebajar a unos 50 empleados.

   "Para conseguir esa rebaja en el número de despidos la plantilla al completo aceptaría perder el complemento de actividad, lo que supone una rebaja sustancial de sus salarios", han explicado fuentes del comité de empresa.

   Asimismo, denuncian que la empresa aún adeuda a la plantilla el 25 por ciento de la nómina de septiembre, la nómina completa de octubre y en breve debería abonar la de noviembre, "algo que a primera vista está harto difícil que suceda".

   Tras la asamblea, se decidió votar la convocatoria de huelga indefinida a partir de los primeros días de diciembre, fecha aún sin concretar ya que hay que contar con los diez días de plazo posteriores a la presentación de la convocatoria por registro.

   Además de la huelga, la plantilla ha acordado concentrarse todos los martes y jueves, a las 10.00 horas, en la Plaza Santoña, sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma, a la que culpan de gran parte de los problemas que sufren los trabajadores.

El PSOE afirma que el turismo regional se hunde "hasta las catacumbas" por el abandono del Gobierno regional

CARTAGENA.- El responsable de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Martínez Bernal, ha manifestado que los datos estadísticos del mes de octubre confirman "la triste realidad del turismo regional", y  reprochó que "la ceguera del Gobierno regional está llevando al sector a las catacumbas, pues la diferencia con el resto de autonomías es cada vez mayor". 

   Para Martínez Bernal, la consecuencia directa de la caída del sector se debe "a la orfandad y el abandono total en que lo tiene sumido el Gobierno regional: primero, con la eliminación de la Consejería de Turismo, y ahora de las direcciones generales, con unos presupuestos de poco más de cinco millones de euros destinados a personal y gasto corriente de un Instituto".

   El diputado recordó que en el mes de septiembre la caída de la ocupación hotelera ya fue del 2,4 por ciento en el número de viajeros, y de un 4,49 por ciento en las pernoctaciones; con un descenso en el grado de ocupación del 6,02 por ciento, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Los datos del mes de octubre "no son nada halagüeños", añade, pues existe un descenso generalizado en el grado de ocupación, que lleva a una caída en las ciudades de más de tres puntos; en la costa, de más de siete puntos y en el interior de cerca de 3 puntos. Además de una caída en las pernoctaciones de más de 12 puntos con relación a 2011.

   Martínez Bernal señaló que la realidad para los empresarios del sector no mejora mucho. La tasa de variación interanual del Índice de Precios Hoteleros baja en España un 1,3%, mientras que en la Región lo hace en un 7,6%.

   En indicadores de rentabilidad del sector hotelero, la Región está 7,6 puntos por debajo de la media en los ingresos diarios obtenidos por habitación ocupada; y 18 puntos por debajo de la media nacional en ingresos medios por habitación disponible. "Son las mayores diferencias en todo el territorio español", subraya.

   Asimismo, agregó que "es triste ver que el turismo, que es una de las actividades que está saliendo de la crisis y generando riqueza y puestos de trabajo en otras zonas de España, principalmente, en comunidades vecinas del Mediterráneo y aquí no despunta, al contrario, cada vez se hunde más".

   "Ante esta realidad, sabemos qué dicen los trabajadores, qué dice y hace el Gobierno regional, pero desconocemos lo que piensan los empresarios", concluyó.

La CARM "podría estar cometiendo un delito de apropiación indebida" al retener fondos destinados a los seísmos

LORCA.- El vicesecretario y responsable de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Lorca sobre temas relacionados con los Seísmos, Antonio Navarro, ha advertido que no les salen las cuentas y recuerdan que el Fondo de Solidaridad Europeo "envió 21 millones de euros para sufragar gastos de emergencia ocasionados por los terremotos del 11 de mayo de 2011".

   Navarro ha apuntado que ese dinero, "que según las primeras informaciones publicadas en prensa fue concedido por la Unión Europea a principios de noviembre de 2011, ha estado en paradero desconocido diez meses; hasta que en agosto de 2012, la actual Comisionada, Inmaculada García, reconoció que ese dinero ya había sido repartido entre las tres Administraciones".

   Así, el PSOE explica que un total de 6,5 millones de euros fueron adjudicados al Ayuntamiento, 9,8 millones de euros para la Comunidad Autónoma y 4,7 millones de euros para el Gobierno Central, un desglose "confirmado la propia comisionada", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "Pues bien, si ese dinero es para atender gastos de emergencia y hasta esa fecha el Gobierno Central había asumido y pagado el 90 por ciento de esos gastos, ¿qué gastos de emergencia ha tenido la Comunidad Autónoma para adjudicarse esos 9,8 millones de euros?", se pregunta Navarro.

   En este sentido, el responsable socialista ha subrayado que "nos parece más que sospechoso la similitud entre la cifra de 9,8 millones de euros que se adjudica la Comunidad en agosto de 2012 y el importe de 9.762.448,39 euros que el consejero Bernal, con fecha de junio de 2012, reconoce que tiene la Comunidad retenido procedente de ayudas y que este mismo Consejero admite que tiene que devolver al Estado".

   Navarro ha finalizado afirmando que "los socialistas exigimos a la Comunidad que dé una explicación detallada sobre los gastos de emergencia que asegura haber afrontado y que justificarían haberse quedado con el dinero de los lorquinos. De no ser debidamente aclarado este hecho, entenderemos que los lorquinos estamos siendo víctimas de un expolio y la CARM estaría incurriendo en un presunto delito de apropiación indebida con el dinero de las víctimas de los terremotos".

La Diputación analizará en pocos días la situación hídrica de la provincia de Alicante en la Mesa del Agua

ALICANTE.-   La Diputación de Alicante ha convocado para el próximo jueves la denominada Mesa del Agua, un foro al que acudirán representantes de la administración, agricultores, empresarios, universitarios, sindicatos y expertos en la materia para analizar la situación hídrica de Alicante, según ha informado en un comunicado la institución provincial. 

   La Mesa del Agua, que se celebrará en el Palacio Provincial, estará presidida por Luisa Pastor, mientras que la diputada de Ciclo Hídrico, Mónica Lorente, correrá a cargo de la vicepresidencia. Además, en la misma participarán también tres diputados provinciales del PP y otros dos del PSOE, además de una representación de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Júcar.

   Del mismo modo, también acudirán expertos de las universidades de Alicante (UA) y de la Miguel Hernández (UMH) de Elche, además de representantes de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

   También están convocados para que participen en esta Mesa del Agua los alcaldes de Benidorm, Torrevieja, Elche, Villena y Alicante, así como representantes de la Cámara de Comercio, de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), de sindicatos agrarios, y de varias comunidades de riego.

   Pastor ha reiterado su "compromiso por trabajar sobre la base de la solidaridad" entre cuencas hidrográficas con la premisa de que "el agua es un bien común que debe aprovecharse al cien por cien". Además se ha mostrado favorable a la recuperación del consenso entre todas las partes implicadas.

La Junta de Andalucía pide a la CE que "vigile" el acuerdo con Marruecos ante el aumento de un 25% en la entrada de tomate

ALMERÍA.-   La Junta de Andalucía se ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Magrama) para que inste a la Comisión Europea (CE) a "vigilar el cumplimiento efectivo" del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos después de que se haya detectado un incremento del 25 por ciento en la entrada en mercados europeos de tomate marroquí y a un precio inferior al mínimo que estipula el citado acuerdo.

   Así lo ha indicado el consejero andaluz del ramo, Luis Planas, quien ha trasladado que "comparte" la "preocupación" expresada en los últimos días por los agentes del sector, que ha cuantificado en un 37 por ciento la caída del tomate español en las últimas semanas debido a la entrada "incontrolada" de producto marroquí superando en hasta un 70 por ciento los contingentes.

   Al hilo de esto, Planas ha precisado que, en la semana 45 que discurre entre el día 5 y el día 10 de noviembre, se ha constatado "entradas a un precio inferior a los 0,46 euros y en un 25 por ciento más" que en el mismo periodo de las tres últimas campañas agrícolas.

   "Llamamos la atención de la CE para que se apliquen los aranceles correspondientes y no se vuelva a producir situaciones de este tipo y llamamos la atención sobre la necesidad de vigilar el contenido de acuerdo", ha remarcado para, a continuación, señalar que se trata de un postura "compartida" con el ministerio.

Ferrmed pide priorizar las inversiones en zonas de "rentabilidad socioeconómica" frente a la "cohesión territorial"

ALMERÍA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha pedido al Gobierno que a la hora de ejecutar inversiones a través del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi) se tengan en cuenta los criterios de "rentabilidad socioeconómica" que vienen recogidos en el plan elaborado por organismo para mejorar la "complicada" situación económica del país, aunque éstas dejen en segundo plano la "cohesión territorial". 

   Esta semana en Almería, Amorós ha puntualizado que le consta que el Gobierno "está analizando" el proyecto realizado por el ente ante una próxima reunión en la que se definirá un plan de actuación. "Hemos insistido muchísimo en que tengan en cuenta para hacer las nuevas inversiones los criterios de rentabilidad", ha insistido el secretario general del ente.

   "Nosotros estamos a favor de la cohesión territorial, que quede claro, pero en estos momentos críticos habría que concentrar las inversiones en zonas como esta donde --Almería-- se demuestra, según el estudio, que hay rentabilidad socioeconómica", ha añadido antes de indicar que, según los plazos propuestos, las inversiones en materia de conexión ferroviaria en la península deberían estar realizadas antes del 2025.

   Ha puntualizado que la vertiente mediterránea se muestra "mucho más rentable" en cuanto a los tráficos de mercancías que pueden generarse en sus puertos, así como su transporte al resto de Europa mediante el Corredor Mediterráneo. "Otra cosa es la prioridad. El Gobierno es el que establece las prioridades y tenemos que acatar lo que diga", ha dicho Amorós al ser preguntado por las inversiones planteadas por el Ejecutivo en cuanto a la conexión por Alta Velocidad de Galicia.

   En este sentido, cree que no es "muy lógico" que se prevean tres líneas de Alta Velocidad para ir a Galicia ya que entre otras cuestiones "no hay color entre los puertos mediterráneos y los puertos atlánticos en España", puesto que los primeros "se llevan casi el 70 por ciento de los tráficos"; una situación que a su juicio "va a ir 'in crescendo'".

   Considera así que un tráfico que llega de Asia o norte de África tienen más posibilidades de descargar en los puertos españoles, especialmente en su vertiente mediterránea, para trasladar mercancías a Centroeuropa, que los que provienen del norte de América, que "en pocas horas" pueden alcanzar el puerto de Rotterdam. "Los puertos atlánticos, no digo que no vayan a captar tráficos, pero no tiene color con los del Mediterráneo", ha dicho antes de nombrar los de Algeciras, Valencia, Barcelona y Tarragona como los más importantes.

Los presupuestos de la sociedad de suelo industrial de Totana se han reducido un 70% en los últimos cuatro años

TOTANA.- En el Consejo de Administración de esta semana, se aprobó la propuesta de presupuestos de la sociedad municipal PROINVITOSA (Promoción de Suelo Industrial y Vivienda de Totana) una sociedad con capital 100% público. Esta sociedad, gestiona el Polígono Industrial “El Saladar” de Totana y desde IU siempre se ha creído que debía tener un papel destacado en la dinamización económica del municipio y más aún en estos tiempos de crisis.

El presupuesto para 2013 fue aprobado con el voto a favor de los Consejeros del PP y la abstención del único representante de IU el edil Pedro Martínez, y suponen una reducción acumulada del 70% en los últimos 4 años. El presupuesto de PROINVITOSA ha pasado de los 9 millones (M) de € en 2010, a los 7,2 M € en 2011, 4,4 M € en 2012 y finalmente los presumibles 3,2 M € para 2013, si el Pleno, con mayoría absoluta del PP, así lo ratifica.

Desde IU se valora muy positivamente que la sociedad PROINVITOSA haya salido de los números rojos y en estos momentos haga un esfuerzo titánico (a juicio de Pedro Martínez) para dinamizar el Polígono Industrial de Totana. Sin embargo la política de recortes que el PP está llevando a cabo a nivel nacional, regional y local está reduciendo la capacidad de esta sociedad para dinamizar y activar la economía local. En estos presupuestos prácticamente han desaparecido todas las partidas de programas públicos (subvenciones, personal, proyectos, estudios, etc.) financiados por cualquier administración pública incluida el Ayuntamiento. Además la ampliación del polígono y sus instalaciones también está más que en entredicho.

En estos momentos asistimos a una campaña publicitaria por parte del gobierno regional de autobombo en materia económica que no se traduce ni en programas ni en inversiones. Desde IU se quiere denunciar que la política actual de recortes lo único que va a ir originando es un deterioro aún mayor de la economía y del mercado de trabajo con un aumento del paro. “No es de recibo que en un municipio como Totana donde se está llegando a una tasa de paro cercana al 30% no se invierta ni un euro en programas públicos para dinamizar el tejido industrial ni desde el Ayuntamiento ni desde la Comunidad Autónoma amen del gobierno Nacional…” apostilla Pedro Martínez.