miércoles, 28 de noviembre de 2012

España, ante el reto de adelgazar la burocracia regional


MADRID.- Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos sevicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.

El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión, se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de algunos gobiernos regionales.
"Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas", dijo Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.
"A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya una resistencia enorme", afirmó.
Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales se han convertido en la mayor de las administraciones públicas españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la educación.
El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de euros en 2012.
Durante las "vacas gordas", las CCAA recibieron ingresos extraordinarios derivados del 'boom' inmobiliario que pasaron en muchos casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.
La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.
Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles de la administración.
Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, "no hay mucho margen" de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de 1,4 millones de personas.
"Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más eficiente", añadió.
El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías, aunque Pérez Renovales sí habló de "centralizar en el mejor sentido de la palabra".
El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con los procesos de compras centralizados de medicamentos.
Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al sector privado.
"Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno", declaró Pérez Renovales.
"Al final se trata de tener una administración que tenga justo el tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas", afirmó.
Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes, subrayó que los gobiernos regionales podrían verse "abocados" a asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y "hay total voluntad de aplicar la ley".
La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales para hacerlos más eficientes.
"Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos de reforma, pues este es un ejemplo claro", aseguró Pérez Renovales, mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las bases para un buen crecimiento futuro de España.

GTM demanda a la Comunidad por la rescisión "unilateral" del contrato para la emisión de la televisión autonómica

MURCIA.- El Grupo Empresarial de Televisión de Murcia (GTM), que gestionó hasta el pasado mes de agosto el canal autonómico '7 Región de Murcia', ha demandado a la Comunidad Autónoma por la rescisión "unilateral" del contrato, según fuentes cercanas al caso.

   Cabe recordar que esta rescisión conllevó la realización de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supuso el despido de 250 trabajadores, de una plantilla formada por 264 empleados.
   De todas formas, la empresa ha decidido no hacer declaraciones al respecto ni confirmar ningún aspecto del proceso.
   Por su parte, la presidenta del extinto Comité de Empresa de '7RM', Beatriz Romero, ha dicho no tener confirmación de la presentación de la demanda, pero recuerda que GTM ya anunció en su momento que "estaba preparando esa demanda" para reclamar una indemnización al Gobierno regional.
   En este sentido, Romero no entra a valorar si la demanda "es justa o no", pero recuerda que si este proceso judicial sale adelante y el Gobierno regional se ve obligado a pagar una indemnización a GTM, con ese dinero "hubiera sido posible mantener la televisión autonómica dos años más".
   En caso de tener que indemnizar a GTM, afirma que la palabra "surrealista" se quedaría "pequeña", porque con ese dinero "se habrían podido mantener las nóminas de 250 trabajadores".
 "Nos sentiríamos peor de lo que estamos, y nos quedamos estupefactos", declara.
Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco J. Oñate, ha asegurado que "probablemente saldrá más caro a la Comunidad Autónoma el cierre de la televisión autonómica '7RM' que haberla mantenido abierta, algo que el PSOE ya venía denunciando".
   Estas declaraciones las formuló a propósito de la denuncia interpuesta por la empresa GTM, por la que podría pedir una indemnización a la Administración regional por el cierre de dicha empresa.
   Oñate indicó que esa decisión de cerrar la tele, "que por lo que se está viendo era temeraria, tan sólo ha servido para dejar a más de 200 trabajadores en la calle, además de constituir un fraude económico virtual", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.
   Otro aspecto que deberá ser aclarado son los dos años de prórroga firmados a los que se refiere GTM. "Queremos explicaciones sobre quién ha firmado esos dos años de prórroga en el Gobierno regional, cuando pensaban despedir antes de los siete años", añade Oñate.
   El diputado socialista argumentó que "hay muchos aspectos que aclarar, porque tenemos la impresión de que en este tema de la televisión autonómica prevalece la promiscuidad de las decisiones que se toman en el Partido Popular, antes que el interés público de la Región".

IU-Verdes dice que "hace 5 años los presupuestos de Murcia tenían 130 millones más por el ladrillo y que se ha gastado en copas"

MURCIA.- La concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha puesto de manifiesto que "hace cinco años, en tiempos de bonanza, los presupuestos tenían 130 millones de euros más que en este ejercicio, que entraban fundamentalmente por el tema del ladrillo y que el Consistorio se lo gastó en copas, protocolo y fiestas".

   Herguedas ha destacado que dentro de los planes parciales que el Ayuntamiento hacía en cada pleno "se aprobaban 20.000 viviendas tranquilamente, también por los impuestos de obras y construcción; aquellas tasas que generaba el ladrillo y al haber más dinero había mayor actividad económica".
   Unos años, considera Herguedas, en los que el Ayuntamiento "actuó igual que una persona que de repente recibe una herencia por parte de la familia y esta herencia que le viene, a modo de nuevo rico, actúa y la gestiona sin pensar en el futuro".
   De hecho, Herguedas ha lamentado que en esos años del ladrillo el Consistorio "se gastó el dinero en copas, en gastos de protocolo, en fiestas, e incluso tres veces por semana se hacía un vino español y esto ahora no se hace".
   Al mismo tiempo, continúa, "se fueron creando muchas infraestructuras privadas en suelo público, gestión privada durante 40 años y subvención pública durante un periodo importante de la gestión para compensar el déficit de la gestión privada".
   "Se incluyen pabellones deportivos que se hicieron con gestión privada, como el Inacua o Cabezo de Torres, donde la parte de subvención pública es más de un millón de euros al año, que en el caso de Terra Natura ascendía a 2,8 millones anuales", ha recalcado Herguedas.
   Igualmente, ha criticado que el Ayuntamiento "comprara el tranvía, un tren de lujo para pasearlo, porque no llega a sitios donde la gente lo necesita", tras lo que ha reprobado que "no se cree empleo público, porque fue generando empleo a base de contratos y privatización de éstos, privatizándose también la gestión de tributos municipales y el contrato de basuras".
   Al mismo tiempo, destaca, el Ayuntamiento "pide créditos, 30 millones de euros, que hay que devolver con sus correspondientes intereses, no invirtiendo en futuro ni mejorándose la red de escuelas infantiles, ni en la mejora del transporte público, en plazas ni mercados".
   En la misma línea, argumenta, que tampoco "se convocaron oposiciones en el Ayuntamiento y no se invirtió en vivienda pública, porque ese suelo que adquiría mediante ese 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo lo fundía, lo vendía en lugar de generar viviendas". Todo esto, alerta, "supone una serie de hipotecas que el Ayuntamiento tiene que afrontar en años sucesivos".
   Por su parte, el edil José Ignacio Tornel ha recordado que el Ayuntamiento "todavía mantiene en fase de alegación la aprobación de ordenanzas fiscales en la que todos los impuestos y tasas suben y como muestra de autoritarismo procede a aprobar los presupuestos de 2013 sin escuchar las alegaciones a las ordenanzas fiscales".
   En su opinión, "es difícil hacer política con unos presupuestos en estas condiciones", por lo que no ha dudado en afirmar que el Ayuntamiento "se convertirá en gestora de pago de facturas y mantenimiento de los servicios mínimos".
   Analizando los presupuestos, ha comentado que "los sueldos y condiciones laborales del Ayuntamiento se han ido deteriorando sin ni siquiera un gesto de comprensión por parte de los responsables municipales".
   "La obra pública municipal ha caído en picado y las políticas de cooperación al desarrollo se desprecian, se reduce la inversión en cultura, mientras que aumenta el porcentaje destinado a festejos", ha dicho Tornel, para después lamentar que "todo el dinero invertido hasta ahora ha sido dinero que ha ido a la basura y la situación actual de transporte nos indica que toda la inversión hecha hasta ahora ha quedado en nada".
   Para concluir, ha informado que este miércoles, a las 19.00 horas, en la sede de la coalición se iniciará una serie de reuniones para explicar y analizar los presupuestos, además de plantear algunas cuestiones "básicas", como la creación de "los presupuestos participativos en barrios y pedanías". Igualmente, se ha habilitado en la web un espacio para que todo el mundo tenga acceso a esos presupuestos.

Murcianos crean la nueva campaña de la Fundación Vicente Ferrer, que busca captar socias para empresarias indias pobres

MURCIA.- La agencia murciana Germinal Comunicación ha desarrollado la nueva campaña de la Fundación Vicente Ferrer que, bajo el lema 'De Mujer a Mujer. Sociedad Cooperactiva', trata de captar socias que inviertan en pequeños proyectos empresariales de mujeres pobres de la India rural, pertenecientes a las castas más desfavorecidas y en situación de exclusión social.

   Según ha hecho saber el máximo responsable creativo de la campaña, y socio fundador de Germinal, el murciano Jorge Martínez, la propuesta consiste en la creación de una fórmula de cooperación desconocida hasta ahora, que pasa por la formación de un nuevo tipo de sociedad denominada 'Cooperactiva', distinta de las tradicionales sociedades anónimas y limitadas
   El reto de la campaña es conseguir que se convierta en la mayor sociedad del planeta, superando las cifras de la Corporación Mondragón, que actualmente es la mayor en número de socios con más de 52.000. El objetivo "ideal", según Martínez, sería alcanzar las 100.000 socias, porque hay 100.000 mujeres en India que forman parte del proyecto y que están esperando conseguir colaboración.
   Estas mujeres, que pertenecen a una zona muy rural y especialmente pobre de la India, forman parte de la casta denominada de los 'intocables', que es la más baja y la más pobre de todo el país, explica el creativo murciano.
   Martínez ha explicado que la Fundación Vicente Ferrer tenía ya en marcha un proyecto de cooperación llamado 'De mujer a mujer', que consistía en que mujeres españolas aportaban cantidades económicas a través de una cuenta bancaria para que otras mujeres en India pudieran salir de la exclusión y desarrollar sus pequeños proyectos empresariales.
   Sin embargo, la Fundación Vicente Ferrer se puso en contacto con la agencia Germinal, con la intención de amplificar y dar a conocer este proyecto mediante una campaña lanzada a nivel nacional.
   La Fundación Vicente Ferrer, que lleva más de 40 años trabajando en la India, puso en marcha unas comunidades revolucionarias denominadas 'shamgans', que son pequeñas reuniones de mujeres en cada uno de los pueblos que componen la geografía de una de las provincias más pobres de la India.
   En estos encuentros, las mujeres se juntan para contar sus problemas y, entre ellas, buscan soluciones en común y ven en qué se pueden ayudar, según Martínez, quien precisa que estas reuniones están logrando "cambiar la situación de la mujer radicalmente" y generando "un antes y un después en la sociedad femenina, sólo a través de la palabra".
   Pues bien, el proyecto 'De Mujer a Mujer' permite que mujeres españolas "se asocien a estos 'shangams' a través de una contribución económica, mientras que las mujeres indias aportan la mano de obra". Así, el 'shangam' reparte el dinero entre las mujeres para que puedan poner en marcha sus pequeños proyectos empresariales.
    Martínez explica que estos proyectos empresariales pueden consistir en comprar una búfala para hacer queso y leche; comprar un cordero para vender la carne; adquirir un pequeño terreno para cultivar arroz o comprar una máquina de coser para hacer arreglos de ropa.
   Paralelamente, la Fundación Vicente Ferrer asiste a estas mujeres en cuestiones básicas como la educación de sus hijos, la sanidad o la construcción de una vivienda, por lo que las beneficiarias dejan de ser unas mujeres sin nada y totalmente excluidas, porque el simple hecho de ser mujeres "les perjudica gravemente".
   "El hecho de tener una búfala en propiedad cambia radicalmente todo, porque estas mujeres empiezan a ser autosuficientes y tienen un capital que hace que la sociedad india las mire de otra manera y ganen en dignidad, así como en capacidad real de poder invertir en la educación de sus hijos o de poder comprar medicinas", añade Martínez.
   El creativo ha precisado que la sociedad está abierta a la participación tanto de hombres como de mujeres, aunque la campaña de comunicación se ha centrado en el protagonismo de las mujeres, porque ellas "tienen más empatía, y es mucho más fácil que las mujeres españolas sientan ese deseo de querer colaborar y ser socias".
   "Ellas tienen esa capacidad de apoyarse que los hombres no tenemos tan desarrollada", apunta Martínez, quien ha viajado a la India para efectuar el documental que forma parte de la campaña, y en el que ha tenido la posibilidad de constatar cómo las mujeres "están transformando una sociedad machista y muy patriarcal".
   Para participar en el programa, los socios españoles deben aportar una contribución de nueve euros al mes, con el compromiso de formar parte de la sociedad durante siete años, porque la Fundación Vicente Ferrer tiene claro que "sólo se puede cambiar la sociedad realmente a medio y largo plazo".
   A cambio de colaborar en el proyecto, el principal beneficio que recibirán las mujeres españolas es "emocional", al sentir que forman parte de un proyecto y de una sociedad con mujeres a las que se sienten unidas. Además, van a tener la posibilidad de ver cómo esa sociedad "avanza y mejora" gracias a su contribución.
   La campaña de comunicación desarrollada por Germinal está compuesta por un documental de 15 minutos que cuenta la historia de tres socias españolas que viajan a la India a conocer a sus socias, que son la periodista Ana Pastor, la nadadora paralímpica, Teresa Perales; y una joven estudiante de Barcelona.
   En su viaje, estas tres "socias" conocen de primera mano la situación en la que viven las mujeres indias y cómo su contribución consigue cambiar la vida de estas mujeres.
   La campaña también está compuesta por una serie de 'spots' que cuentan la relación societaria entre dos mujeres, para lo que se ha contado con la colaboración no sólo de Perales y Pastor, sino también con las actrices Blanca Portillo y Maribel Verdú, así como con la presidenta de Microsoft España, María Garaña, y la directora de Facebook España, Irene Cano.
   La campaña también cuenta con una página web que constituye realmente la gran herramienta de comunicación de la campaña, que recoge todo el material comunicativo, así como información exhaustiva de cómo funciona la sociedad cooperativa y cómo la contribución consigue cambiar la vida de las mujeres indias.
   La web también ofrece la posibilidad a los participantes de conectarse por vía 'Skype' con las socias en la India, y se podrán descargar una tarjeta de visita similar a la que se haría cualquier empresario o autónomo cuando crea una compañía para desempeñar esa labor comercial.
   Se trata del segundo gran proyecto al que se enfrenta Germinal en el sector social, tras la campaña 'Pastillas contra el dolor ajeno', desarrollado precisamente por Martínez para Médicos Sin Fronteras, y que ha sido "un éxito sin precedentes" dentro de la comunicación social, tras venderse 6 millones de cajas de pastillas.
   Como resultado de estas ventas, Médicos Sin Fronteras ha obtenido unos beneficios de casi cinco millones de euros para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades olvidadas.
   Desde aquel proyecto, Martínez ha explicado que, últimamente, está más dedicado a la innovación social, y está embarcado en proyectos de "igual magnitud e igual de ilusionantes", como la campaña mundial de los objetivos del milenio para la ONU.

Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta exige una reunión urgente con el Obispo y el edil de Urbanismo

MURCIA.- La Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta, que continúa en la denuncia del Plan Parcial que pondrá 33 bloques de edificios de hasta seis plantas "delante del Santuario de nuestra patrona", exige una reunión urgente con el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes y el concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Murcia, Juan Antonio Bernabé, para que expliquen "por qué se ha aprobado un plan donde los propietarios ni figuran".

   Así como las "numerosas dudas que les surgen" como es que las Hermanas Clarisas, que aparecían como propietarias de un 37,67 por ciento del suelo del plan, digan que "no tienen ni un metro" y así lo corrobore un informe del propio Ayuntamiento del año 2006 "que reconoce que estos terrenos son del Obispado y el Cabildo de la Catedral".
   La organización denuncia, en concreto, la actuación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Murcia en enero de 2010 para la construcción de esas 1.300 viviendas en el entorno del Santuario de la Fuensanta.
   El Plan supone la construcción de 33 edificios, de tres a cinco plantas más ático, "destruyendo una zona de alto valor paisajístico, natural, cultural y etnográfico" y el paisaje del mirador "más emblemático de Murcia", ha explicado Pedro Fernández, miembro de la plataforma.
   Tras lo que ha recordado que en septiembre de 2011, la Plataforma de la Costera Sur, la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur) y Ecologistas en Acción, miembros de la Plataforma en Defensa del Paisaje de La Fuensanta, presentaron en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Murcia un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento con la intención de paralizar la ejecución de esas viviendas.
   Los denunciantes explicaron entonces que el plan parcial, que se aprobó en enero de 2010, nunca contó con aprobación inicial, por lo que no fue sometido a exposición pública. Además, el listado de propietarios que se recogen en los planos del plan no se correspondería con el informe oficial de la extinta Gerencia de Urbanismo.
   Un plan, ha recordado la plataforma este martes, de la que la Iglesia es la "principal promotora", con 116.991 metros cuadrados. De hecho, según consta en el expediente, los promotores, que suman un 60 por ciento del total del terreno, son la Comunidad de las Hermanas Clarisas, con el 37,67 por ciento del suelo, "que lo niegan y así lo corrobora un informe del Ayuntamiento"; Summa Inmobiliaria, con el 9,09 por ciento, e Intervide, con el 13,29 por ciento.
   Así como que el administrador único de la empresa promotora del plan, Inverovide, tuvo otra sociedad junto con Higinio Pérez, investigado en la operación Umbra, --de presunta corrupción urbanística--, y que la redacción del plan parcial corresponde a Jesús Zafra, "también investigado dentro del caso 'Umbra'" por sus relaciones con el ex jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver.
   En este sentido, Pedro Fernández ha resaltado que el Ayuntamiento de Murcia "no ha entregado" al juez "todos los documentos solicitados" y que se les ha notificado de nuevo "para que en un plazo de diez días envíen aquellos documentos omitidos en la documentación entregada".
   Por último comunica que la plataforma continuará informando a los ciudadanos pueblo por pueblo "para que los murcianos conozcan lo que está pasando allí", y seguirán recogiendo firmas de apoyo. Hasta el momento han recogido 5.000 firmas y confían llegar pronto a las 10.000.
   La plataforma está formada por más de veinte asociaciones, a la que también pertenecen PSOE e IU-Verdes, que se han personado en la causa judicial abierta, y cuyos concejales Pedro López y Francisco Muñoz, respectivamente, han anunciado en rueda de prensa que presentarán una moción al Pleno si no se produce esa reunión "de inmediato y satisfactoriamente".

martes, 27 de noviembre de 2012

El FROB adjudica Banco de Valencia a CaixaBank por un euro

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicará Banco de Valencia a CaixaBank por un euro, tras un desembolso por parte del organismo dependiente del Banco de España de 4.500 millones de euros en un aumento de capital, informó la entidad y el FROB. Además, previamente, los accionistas actuales habrán soportado las pérdidas a que haya lugar por, entre otras, los saneamientos al riesgo inmobiliario exigidos en la normativa.

   Tras la compraventa, se estima que CaixaBank pasará a tener una participación próxima al 99% de Banco de Valencia y, en cualquier caso, no inferior al 90%, incluso en el supuesto de que hubiese un elevado grado de participación de los accionistas minoritarios en el aumento de capital.
   La operación cuenta con un protocolo de medidas de apoyo financiero que se instrumenta en un esquema de protección de activos mediante el cual el FROB asumirá, durante un plazo de 10 años, el 72,5% de las pérdidas que experimenten la cartera de PYMES/autónomos y de riesgos contigentes (avales) de Banco de Valencia, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en dichos activos.
   La compraventa se ejecutaría con posterioridad a la transmisión de activos de Banco de Valencia al 'banco malo' (Sareb) y al ejercicio de acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada emitidos por la entidad valenciana.
   CaixaBank indicó que tras la ejecución de la adquisición, que está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas nacionales y de la Unión Europea, el ratio pro-forma a 30 de septiembre de 2012 de core capital Basilea II se situaría por encima del 11%, manteniéndose asimismo una situación de liquidez superior a los 50.000 millones de euros.
   Se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el beneficio por acción de CaixaBank desde el primer año. Además, la entidad prevé unos ahorros de costes anuales estimados de 85 millones para 2014 y unos costes de reestructuración brutos de 233 millones de euros, informó en una presentación a la CNMV.
   El organismo dependiente del Banco de España había dado prioridad a la venta de Banco de Valencia ante su menor tamaño. Banco de Valencia cuenta con unos activos totales de alrededor 20.700 millones de euros a septiembre, y además tiene 356 oficinas.
Con la compra de la entidad nacionalizada, Caixabank sumaría un total de unos 365.000 millones de activos y 6.987 oficinas, datos que incluyen también a Banca Cívica.
   En el mercado continuo, los títulos de Banco de Valencia se dispararon un 12,5% y fijaron el precio de su cotización en 0,180 euros por acción, ante los rumores que apuntaban a la inminencia de la operación que al final se ha confirmado al cierre de sesión.
   La entidad valenciana registró unas pérdidas de 389,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con lo que redujo en un 55,5% los 'números rojos' de 876,44 millones de euros que presentó en el mismo periodo del ejercicio anterior.
   Además, la dirección de Banco de Valencia y los sindicatos alcanzaron el pasado 12 de noviembre un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la entidad, que afectará finalmente a 360 trabajadores, de los que 228 serán prejubilaciones y el resto extinciones de contrato.
   El FROB reanudó la subasta de la exfilial de Bancaja, junto a la de Catalunya Banc, el pasado 16 de noviembre, después de haberse suspendido ante la auditoría que se realizó sobre la banca española, en el marco de la ayuda de la UE de hasta 100.000 millones para sanear las entidades con problemas.
   Las pruebas de resistencia elaboradas por la consultora Oliver Wyman detectaron unas necesidades de capital en Banco de Valencia de hasta 3.462 millones de euros en un escenario económico adverso.
   En noviembre de 2011 el Banco de España decidió intervenir Banco de Valencia ante su delicada situación financiera y su posición de liquidez. De hecho, el supervisor destinó un total de 3.000 millones de dinero público, repartido entre 1.000 millones para fortalecer su capital y otros 2.000 millones facilitados a través de una línea de crédito para asegurar su liquidez.

Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.
   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.
   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

El Supremo absuelve a 'Interviú' por sus reportajes sobre corruptelas en la CHS

MADRID.- La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto confirmar la decisión de segunda instancia que absolvió a Ediciones Zeta, S.A., empresa editora de la revista 'Interviú', de la demanda de protección del derecho al honor interpuesta por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) desde 2000 a 2004, Juan Cánovas Cuenca. 

La demanda se interpuso por la publicación de varios reportajes en 'Interviú' que informaron y expusieron una opinión "crítica" sobre la gestión del agua llevada a cabo por el demandante.
Cánovas entendió que tales reportajes, al asociarle a "tramas de corrupción administrativa" que se desarrollaban en la sede del organismo gestor del agua en la cuenca hidrográfica de mayor déficit hídrico de España, provocaron que se le presentara ante la opinión pública nacional e internacional como "un ladrón de agua, prevaricador y desleal con su ministro, a pesar de que el tiempo transcurrido había demostrado que tales imputaciones carecían de fundamento".
La Audiencia revocó la condena de primera instancia y absolvió al medio de comunicación, entendiendo que en su labor no había rebasado los límites constitucionalmente protegidos de las libertades de expresión e información. Ahora, la Sala Primera del Tribunal Supremo confirma este pronunciamiento absolutorio.
La sentencia, de la que es ponente el presidente de dicha Sala, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, descarta en primer lugar las infracciones procesales que se denunciaban al considerar "lógicas" y, por tanto, "no revisables", las conclusiones probatorias alcanzadas por la Audiencia.
También estima "inexistente" la indefensión alegada, pues se actuó "con arreglo a la ley al suspender la admisión del recurso de apelación en tanto no se subsanase la falta de constitución del depósito".
En relación con la cuestión de fondo, tras reiterar la doctrina recaída en supuestos de conflictos entre el derecho fundamental al honor y las libertades de expresión e información, que se resume en la primacía de estos, la cual solo cabe revertir a favor de aquella cuando lo justifiquen las circunstancias del caso en atención al peso relativo de tales derechos, la sentencia concluye que "en este caso no se dan estas circunstancias y, por tanto, que debe entenderse que el semanario no se excedió en el ejercicio de sus derechos".
A esta conclusión llega valorando el gran interés público de la información publicada, en primer lugar por la materia, es decir, la gestión y distribución de un recurso natural indispensable como el agua y la existencia de diligencias informativas por presuntas irregularidades en la gestión, control y distribución encomendadas a uno organismo público.
Asimismo, valora su interés público por la persona, el entonces presidente de un organismo autónomo de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura.
La Sala también valora "el carácter veraz de dicha información, en tanto que el derecho a la presunción de inocencia no se traduce en la imposibilidad de informar sobre procedimientos penales no sentenciados, ni la protección de la libertad de información viene condicionada por su resultado si antes se obró de forma diligente en la búsqueda de dicha información, además de que la mayor parte de los artículos publicados entran dentro de la exención del reportaje neutral".
Finalmente, valora "la ausencia de expresiones injuriosas o vejatorias y, por tanto, innecesarias o desproporcionadas para el fin de comunicación la referida información".

Fomento aumenta las ayudas a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento aumentará las líneas de ayudas que tiene articuladas para las autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, gracias una enmienda que el grupo del PP en el Senado ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, según anunció la titular del Departamento, Ana Pastor.

   Se trata de la denominada cuenta de compensación por la que el Gobierno intenta paliar la reducción de ingresos que estas vías registran por la caída de tráficos derivada de la crisis y, en algunos casos, también de la existencia de vías alternativas gratuitas.
   En virtud de dicha enmienda, a partir de 2013, Fomento eleva el importe máximo que estas autopistas pueden recibir para compensar la caída de ingresos.
   Según lo establecido, las cuentas de compensación permiten que cada una de las vías en riesgo de quiebra comunique a Fomento, cada año y hasta 2018, la diferencia que contabilizan entre sus ingresos reales y el 80% de los inicialmente estimados para el ejercicio en cuestión.
   Hasta ahora, la cantidad a recibir por la vía no podía superar el 49% del importe que resulta de sumar los ingresos reales de peajes y la cantidad a anotar en su cuenta de compensación. Ahora, la reforma que introduce la enmienda eleva este porcentaje límite hasta el 80%.
   Para cubrir la diferencia entre ambos porcentajes, las vías podrán solicitar fondos de la línea de préstamos participativos, la otra medida que Fomento tiene en marcha para ayudar a este sector.
   Esta otra línea de ayudas se destina fundamentalmente a amortiguar el otro gran problema de las autopistas, los sobrecostes que sus concesionarias afrontaron en la expropiación de los terrenos sobre los que las construyeron las vías. Fomento cuenta con una dotación de 200 millones de euros para otorgar estos préstamos en los Presupuestos del próximo ejercicio.
   Durante su intervención en el Foro 'Cinco Días', la ministra de Fomento manifestó su confianza en que esta nueva ampliación de las ayudas sirva para paliar la situación que atraviesan las autopistas, "hasta que los tráficos se recuperen y se vuelva a la normalidad".
   De la decena de autopistas de peaje que actulamente sufren desequilibrios económicos y financieros, cinco de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores.
   El conjunto de vías con problemas han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, en su mayoría participadas por constructoras y entidades financieras, y actualmente soportan una deuda de más de 3.000 millones de euros.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.
 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 
Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 
Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

España pedirá mañana a la Unión Europea más controles en importaciones de tomate marroquí

BRUSELAS.- España pedirá mañana a la Comisión Europea que aumente los controles aduaneros para evitar que las importaciones de tomate procedentes de Marruecos queden exentas del pago de aranceles, según indicaron hoy fuentes diplomáticas.

El asunto se tratará, a petición de la delegación española, en el apartado de puntos "varios" de un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.
El ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, trasladará a Bruselas y a los países de la UE la gran "preocupación" de España por la caída de los precios, que hace que el sector esté "atravesando actualmente una situación muy difícil motivada por el bajo nivel de las cotizaciones que se registran en el mercado comunitario".
Los precios percibidos por los productores "son muy bajos, poniendo en peligro el resultado económico de las explotaciones", según el texto que presentará España en el Consejo.
Si a eso se suman los gastos de transporte, seguro, flete y comisiones, "el precio que puede pagarse al productor, tanto comunitario como marroquí, será tan bajo que difícilmente podrán mantener la actividad", consta en el documento.
Por ello, España considera necesario "que se haga un análisis por parte de la Comisión de las razones que están motivando la situación de este mercado y las repercusiones que ese nivel de cotizaciones tiene en los precios percibidos por los productores, tanto comunitarios como marroquíes".
Asimismo, reclama que se lleve a cabo "un seguimiento de los derechos que se están liquidando en las aduanas cuando los precios se sitúan por debajo del precio de entrada acordado con Marruecos".
El texto que presentará Madrid indica que la campaña "comenzó con precios buenos" por la escasez de oferta motivada por el retraso de las producciones en Marruecos y España.
Sin embargo, desde finales de octubre el valor a tanto alzado del tomate importado de Marruecos ha experimentado "un descenso continuado hasta alcanzar un mínimo de 36 euros por 100 kilos el pasado 6 de noviembre, frente al precio de entrada acordado con Marruecos de 46,1 euros por cada cien kilos".
Durante todo el mes de noviembre el precio ha estado por debajo del acordado con Marruecos, "en niveles que darían lugar a una percepción de derechos arancelarios que variarían entre 0,9 y 29,8 euros por cada 100 kilos", añade el documento.
Aparte de ese tema, en el Consejo del miércoles los ministros debatirán las propuestas incluidas en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para los pagos directos, las ayudas de desarrollo rural y la Organización de Mercado Única.
En un almuerzo de trabajo, analizarán las repercusiones que puede tener para la reforma de la PAC el hecho de que todavía no exista un acuerdo sobre el próximo marco presupuestario 2014-2020.
Por otra parte, el Consejo de ministros de Pesca tratará el jueves una petición dirigida por la delegación holandesa a la Comisión Europea para que precise de qué manera va a garantizar un mejor aprovechamiento del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania.
La aplicación provisional del acuerdo fue acordada la semana pasada en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper), formado por embajadores de los 27 países comunitarios.
España, Portugal, Lituania, Letonia y Grecia votaron en contra, ya que eran partidarios de la reapertura del acuerdo para que introdujera condiciones técnicas más favorables para la flota, según indicaron fuentes diplomáticas.
El jueves se llegará además a un acuerdo sobre las posibilidades de pesca de las especies de aguas profundas para 2013 y 2014.
La Comisión propone reducciones cercanas al 20 % (para cada uno de esos años) en algunas capturas de especies que interesan a España, en particular el granadero de roca, el besugo, la brótola y los alfonsinos.
A España le gustaría mantener el status quo para todas ellas, según las fuentes.
Por ello, junto con Francia, Portugal y Polonia, España abogará por que las reducciones "sean menores", añadieron.

Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan a la cola en transparencia

MADRID.- Las 17 comunidades autónomas han aprobado en el Índice de Transparencia elaborado por la organización Transparencia Internacional España, con una valoración media de 79,9 sobre 100, más de ocho puntos más que en el índice elaborado en 2010. País Vasco y La Rioja son las regiones más transparentes, según este estudio, mientras que Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan en los últimos puestos. 

Para elaborar este índice, Transparencia Internacional España, que ha dejado claro que este no es un índice de corrupción, ha utilizado 80 indicadores que van desde información de la propia región, relaciones con los ciudadanos, transparencia económico-financiera, contrataciones de servicios, obras y suministros, urbanismo o los indicadores incluidos en el borrador de la futura Ley de Transparencia.
Según estas pautas y la información que han facilitado las comunidades autónomas a la organización, el estudio determina que País Vasco y La Rioja son las regiones españolas más transparentes, con una nota de 97,5 puntos sobre 100 cada una, seguidas de Cantabria (95), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León y Galicia (ambas con 90).
Con una nota de notable aparecen Extremadura (87,5), Baleares (83,8), Cataluña (78,8), Aragón (75) y Madrid (72,5), mientras que Asturias (66,3), Canarias (63,8), Valencia (63,8), Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55) se quedan en el aprobado.
Según el índice, existen "diferencias significativas" entre unas comunidades y otras en cuanto a la "preparación informativa" de cara a la futura Ley de Transparencia, que aún está en fase de tramitación parlamentaria, dado que algunas regiones publican todos los indicadores contemplados en ella como obligatorios (Cantabria), muchos de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja), mientras que otras muestran puntuaciones inferiores, como Castilla-La Mancha y Murcia, que en este caso no llegan al aprobado.
En todo caso, el área de menor puntuación global sigue siendo, al igual que ocurría con el índice de 2010, la económica-financiera (69,7 de media), mientras que las áreas de transparencia más destacadas son la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas así como la de relaciones con los ciudadanos, ambas con casi un sobresaliente de media (89).
El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España Manuel Villoria ha valorado, durante la presentación en Madrid del estudio, los resultados de este año, asegurando que las comunidades autónomas "comienzan a tomarse en serio" este asunto.
No obstante, ha advertido de que, en lo que se refiere a la "rendición de cuentas", las administraciones públicas españolas están "muy por debajo" de otras como las alemanas, y ha afirmado que la transparencia es, entre otras cosas, un aspecto "clave" para salir de la crisis porque es la imagen de España la que está en juego.
Por eso, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha subrayado que la crisis y los recortes no pueden "servir de coartada" para que haya menos transparencia en las administraciones, ya que considera que "la información es muy valiosa pero también muy barata".
En estos mismos términos se ha pronunciado el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, quien ha añadido que los recortes en transparencia conllevarían un "ahorro pernicioso" porque las administraciones españolas no tendrían "fiabilidad" de cara al exterior a la hora de conseguir "ayudas externas" para hacer frente a la crisis.

El duro informe del Ministerio de Economía sobre el despilfarro en el CSIC (Cebas)

MADRID.- La Inspección General del Ministerio de Economía y Competitividad ha realizado un duro informe sobre la gestión de los socialistas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que alerta del desvío de fondos destinados a investigación para ampliar el aparato burocrático, entre otras deficiencias. Para corregir este rumbo, el CSIC ultima un duro plan de ajuste y viabilidad.

A continuación se reproduce el texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones:

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resumen de la Visita realizada se formulan las siguientes conclusiones con referencia a los aspectos que a continuación se exponen:

1ª.- Organización

La transformación del Organismo Autónomo CSIC en Agencia Estatal en el año 2007, no ha surtido los efectos de eficiencia y eficacia que se predicaban en la Ley de creación, puesto que se ha producido un excesivo aumento de la estructura burocrática del organismo, sobre todo en los puestos directivos, así como un trasvase de personal investigador a Administración y Servicios, sin correlación demostrable de la mejora de sus resultados.
Por ello parece aconsejable al menos reducir dicha estructura, de modo que se reduzcan los costes de funcionamiento, si no se desea retornar a la cualidad jurídica de Organismo Autónomo. En definitiva se trata de reducir su dependencia excesiva de las subvenciones estatales, potenciando la investigación.

2ª.- Personal

El personal funcionario con que cuenta la Agencia es prácticamente el mismo con que contaba el Organismo Autónomo, ya que en el período 2009-2011 solo se ha producido un incremento del 0,1%.
En consonancia con la política de austeridad llevada a cabo por el Gobierno las retribuciones del personal funcionario han sufrido una disminución en el mismo período.
Asimismo se han reducido los efectivos de personal laboral fijo y sobre todo eventual (más del 16% en este caso).
A pesar de no haber sido posible contar con la distribución por servicios o clasificación profesional por grupos o escalas, aunque ha sido reiteradamente solicitada, se conoce a través del informe de la Intervención Delegada que las reducciones se han concentrado en las áreas de investigación incrementándose, en cambio respecto a Administración y Servicios.
En materia de personal contratado se produce una disfunción importante por la cantidad de sentencias favorables de los Tribunales de lo Social que han obligado al CSIC a convertir en trabajadores indefinidos a más de 400 contratados como laborales temporales.
Por ello, se recomienda que se establezcan controles más estrictos sobre los investigadores con personal laboral contratado para obra o servicio determinado respecto a las tareas que deben realizar, aunque, dada la escasa documentación e información facilitada en esta materia por la Secretaría General, no ha sido posible analizar con exactitud la incidencia que ha podido representar esta circunstancia en la economía de la AECSIC.

3ª.- Presupuesto y Recursos

El presupuesto inicial, tanto de ingresos como de gastos, ha sufrido incrementos en base a modificaciones que en algunos casos han supuesto destinar fondos afectados a investigación a gastos corrientes, incluso incrementando los gastos de personal (laboral fundamentalmente) que tienen carácter limitativo por su importe inicial.
El modo de actuar en el manejo de fondos, aportando todos los ingresos al Remanente de Tesorería, para después aplicarlos a diferentes gastos, incumple los preceptos contables, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por la Intervención Delegada, ya que no debe utilizarse para las ayudas a proyectos de investigación, que están afectadas y se deben contabilizar de modo separado.
No obstante, este procedimiento ha sido autorizado por el Presidente, ya que, la IGEP admite que, de conformidad con la Resolución del Presidente de 5 de febrero de 2011 por la que se aprueban los presupuestos de funcionamiento de los centros, institutos y unidades del CSIC para dicho ejercicio, todos aquellos gastos que no se puedan afrontar con el presupuesto distribuido, puedan sufragarse con cargo a los "costes indirectos" de que disponen como consecuencia de la actividad investigadora, siendo estos detraídos de las ayudas para investigación.
Los defectos de presupuestación del CISIC han sido puestos de manifiesto reiteradamente en los informes de la Intervención Delegada, como incumplimiento del principio de Universalidad a partir de la transformación del CSIC en Agencia ya que no se han presupuestado todos los ingresos que podía preverse serían liquidados ni, paralelamente se han presupuestado inicialmente los gastos correspondientes a estos ingresos, generalmente relacionados con proyectos de investigación.
La Agencia justifica este modo de proceder, que como ya se ha dicho, incumple la normativa presupuestaria y la instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, (a la que el CSIC está sometido), en la reducción paulatina que han sufrido las transferencias departamentales que han supuesto una minoración acumulada en el periodo 2008-2012 de 496.528,93 miles de €, debido a la política gubernamental a partir de 2008 ha sido la paulatina reducción del déficit público, y por lo tanto, todos los organismos han sufrido recortes en las cantidades que como subvención reciben de los PGE, no se planteó inconveniente alguno para que el CSIC incrementara sus ingresos procedentes de recursos propios y, de este modo, mejorara su gestión, obteniendo financiación propia.
Incluso, uno de los motivos por los que la Ley de Agencias establece esta forma de organización, es la mayor capacidad que poseen este tipo de entes, para generar ingresos por la presentación de sus servicios, en virtud de contratos, convenios etc. para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. Se trata de gastar menos recursos públicos pero más eficientemente.
El Art. 24.2 de la ley 28/2006 de 18 de julio, señala, en este sentido que, solo en la medida en que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las Agencias podrán financiarse con cargo a créditos previstos en el Capítulo VII de los PGE adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo.
De este modo, los recursos propios, obtenidos, siempre que no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las Agencias Estatales, se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.
Por ello, se recomienda que el CSIC realice una presupuestación mas ajustada a la realidad, de modo que los gastos corrientes se financien cada vez en mayor porcentaje, por ingresos propios, disminuyendo la apelación a subvenciones estatales, y destinando las ayudas para Investigación a su finalidad.

4ª.- Transferencia de Tecnología

La principal fuente de recursos propios del CSIC son las procedentes de contratos y convenios de colaboración con empresas y organismos que solicitan sus servicios y/o desean explotar las patentes de tecnología conseguidas a través de las investigaciones.
Este es además uno de los fines de su actividad, de modo que la capacidad de la Agencia para obtener recursos propios es importante, dado que la misión del CSIC no solo es generar conocimiento, sino trasmitirlo a la Sociedad como motor de desarrollo y nuevo modelo económico. Así, la transferencia de tecnología, no solo puede ser una fuente de recursos para la investigación sino una forma importante de mostrar resultados positivos y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la investigación científica y técnica.
Además es un modo de conseguir que las empresas se impliquen en el proceso investigador, obteniendo ventajas competitivas para nuestro país y aportando recursos para ello, juntando así el gasto público con el privado a favor de la ciencia y la investigación.
La conclusión de los datos referentes a esta materia contenidos en este informe, es que, si bien la actividad es creciente y la demanda, por parte de empresas y entes públicos, es amplia dado el prestigio que los investigadores e instalaciones del CSIC poseen tanto en el ámbito nacional como internacional, la obtención de recursos procedentes de esta vía, va en disminución, debido a la problemática gestión de cobro, que hace que no se consigan recaudar todos los derechos reconocidos (o al menos un porcentaje importante de ellos).
La explicación dada por los servicios responsables es que debido a la crisis económica las empresas presentan situaciones de insolvencia que hacen difícil obtener el cobro de los derechos, pero no se ha podido mostrar un análisis detenido de las causas y sus posibles soluciones.
La cualidad de Agencia Estatal y de precios privados de los ingresos por transferencias, hace que no se pueda utilizar el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, que si sería posible si el CSIC fuera un Organismo Autónomo, y sus precios tuvieran la consideración de tasas por la prestación de servicios, o al menos precios públicos.

5ª.- Control de Gestión

La inexistencia del Contrato de Gestión, elemento primordial para comprobar la eficiencia en la gestión de una Agencia Estatal hace que no se puedan mostrar resultados.
Se recomienda, por lo tanto que, si se desea que el CSIC continúe siendo una Agencia, se proceda a la mayor brevedad a la aprobación de dicho documento, de modo que se puedan exigir las correspondientes responsabilidades, o por el contrario otorgar los reconocimientos oportunos por una buena gestión por resultados.
Respecto al control ejercido por la Intervención Delegada, se recomienda llevar a cabo las reformas necesarias en los procesos de gestión y contabilidad, contenidas en sus informes, ya que parten de un conocimiento profundo de los procesos internos y en algunos casos muestran incumplimientos legales que deben superarse.
En el momento de la Visita de Inspección, no hay constancia de que las irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención Delegada en la AECSIC, hayan sido superadas, ni corregidos los problemas de interconexión informática o relación de bases de datos que contienen información para la Dirección, por lo que pierden utilidad parala toma de decisiones.
La Comisión de Control debe desempeñar un papel primordial y efectivo en la puesta en marcha de esta recomendaciones y vigilar la actuación de los servicios al respecto.

6ª.- Planificación

La planificación estratégica del CSIC carece de indicadores que muestren mejora de resultados según los costes, dado que se carece de una contabilidad apropiada.
Por otra parte la Intervención Delegada ya ha puesto de manifiesto las carencias en este sentido al señalar que, de modo general, en cuanto a la imputación de Costes del Programa 463A, la información existente, se revela insuficiente para obtener conclusiones sobre el coste de la ejecución de las actividades por líneas estratégicas, que es el núcleo definidor de la actividad de la Agencia. Tampoco aparece desarrollado un sistema de identificación e imputación de costes que teniendo como referencia los medios y resultados de las distintas áreas, unidades y centros permitan medir la eficiencia en la consecución de los objetivos marcados.
La fijación de objetivos en el Plan Estratégico es muy diferente según el Area, y en algunos casos no están cuantificados, ni poseen indicadores claros de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de objetivos. Tampoco se realizan revisiones y modificaciones del Plan en base al retorno obtenido a través del seguimiento de dichos indicadores.
Además, los objetivos concretos de cada proyecto no se señalan en el Plan, sino que los fija el Investigador Principal en sus informes anuales requeridos por las entidades financieras, que en el aspecto económico suponen únicamente una cuantificación de facturas.
Las comprobaciones realizadas en dos Institutos concretos en la Visita de Inspección Realizada, han mostrado cumplimiento de los Indicadores establecidos, que se refieren a publicaciones, o consecución de ayudas, pero no a objetivos estratégicos, de la organización, y en ningún caso en relación con los costes estimados para su consecución.
Se recomienda por lo tanto, el establecimiento de una verdadera planificación estratégica, en relación con el Contrato de Gestión, que muestre objetivos claros de gestión y los costes estimados para su realización, así como el establecimiento de indicadores que permitan observar la eficiencia en la consecución de resultados a corto y largo plazo.

7ª.- Ayudas del Plan Nacional de I+D+i

A) Respecto a la evaluación de los proyectos: En primer lugar hay que hacer constar, que se trata de un procedimiento muy costoso ya que cada proyecto se evalúa en cuatro ocasiones, por lo que sería conveniente analizar la posibilidad de simplificarlo, sin merma de la calidad y transparencia en el proceso de selección.
En consonancia con lo anterior, y dado lo costoso de las evaluaciones, se debería penalizar a los investigadores que presenten proyectos por debajo de un umbral mínimo. Se podría considerar que si alguien presenta en concurrencia competitiva un proyecto que no supera una puntuación mínima, se le prohíbe la presentación de nuevos proyectos en los tres años siguientes.
En ocasiones se utilizan criterios de valoración diferentes entre los expertos que valoran un mismo proyecto, lo cual no parece muy operativo.
Por otro lado hay que señalar que, las valoraciones anónimas que realizan los evaluadores de la ANEP no parecen casar bien con principios como los de transparencia e imparcialidad. A efectos de mayor trasparencia la concesión de las ayudas debería publicarse en el BOE.
B) Evaluación de la ejecución: El sistema establecido para la evaluación de la ejecución de los proyectos de investigación financiados con ayudas del Plan Estatal, es llevado a cabo por los Institutos o Centros, partiendo de los dos Informes: Económico y Científico que los investigadores deben rendir al Ministerio de Economía y Competitividad.
La comprobación de que se sigue el procedimiento establecido, a través de la introducción de ambos Informes en la Base de Datos, se ha llevado a cabo en los dos Institutos visitados.
En ambos casos se ha podido apreciar el cumplimiento del envío en las fechas correctas de ambos informes, y el control de gastos llevado a cabo por los Gerentes, a los que en un caso (el ICA) se ha exigido reintegro de determinadas cantidades no justificadas como propios del proyecto y en el otro (el IDAB) no se han solicitado reintegros, por lo que el gasto parece haber sido realizado correctamente.
Se ha podido verificar asímismo, que las cantidades cuyo reintegro se ha ordenado han sido ingresadas en el Tesoro Público, por los Servicios Centrales del CSIC, ya que todo el manejo de fondos pasa a través de dichos Servicios.
En opinión de los directores de los Institutos, no es lógica la exigencia de informes justificativos en el primer año de concesión de las ayudas puesto que todos los informes contienen un gasto a cero, aunque tampoco parece muy problemático y siempre pueden tener efectos censales.
El único problema detectado al respecto es que, solo se realiza un control sobre los investigadores que han obtenido ayudas en convocatorias competitivas, y no sobre aquellos que no realizan investigación alguna a pesar de pertenecer a cuerpos o escalas a los que debería exigírseles este tipo de actividad.
Por ello, aunque excede del ámbito analizado en la presente Visita de Inspección, sería conveniente introducir este tipo de comprobaciones en sucesivas Visitas a Centros, tanto dependientes del CSIC, como otro tipo de Organismo estatales dedicados a la Investigación en ciencia y/o tecnología.

A Cámara le sirve de poco su oneroso aparato de propaganda / Apunte de Argárico

Siempre he pensado que Valcárcel se lo tenía mejor montado que Cámara en cuanto a aparato de propaganda. Bien es cierto que el presidente autonómico tenía más recursos y una estructura administrativa más compleja que el alcalde de Murcia. Pero, al final, la eficacia es la que cuenta y nuestro triste profesor de Historia del Arte, sin plaza aún en el sistema educativo público, superó con mucho en imagen al profesor titular universitario de Química, al que seguramente su dedicación a la política le ha impedido llegar a ser catedrático además. Ambos aspiran a jubilarse como rectores de la UCAM al no conocer bien a Mendoza y su lema 'A rey muerto, rey puesto' encima del frío que siempre se siente fuera del poder.

Si bien es cierto que la Región de Murcia tiene escasa proyección pública en los medios de comunicación nacionales -la que tiene en las gacetas locales la debe en gran parte a que la comunidad autónoma es una anunciante neta y determinante para su muy mermada cuenta de explotación-, no es así en el caso de su presidente. 

Agencias de prensa, televisiones y diarios han contado con su presencia diferenciada en los últimos quince años con cierta profusión. Valcárcel es, con mucho, el murciano más conocido hoy por el gran público español. Aunque esta relevancia también tiene su contrapeso negativo en caso de escándalo si esa misma notoriedad se invierte a sentido negativo o si el protagonista demuestra a la primera, y cada vez revalida, su irrelevancia moral y/o intelectual; algo ya percibido por los periodistas que informan del CdR desde Bruselas.

Con el mismo tiempo en el cargo, el momento de mayor gloría mediática de Cámara está siendo ahora por la noticia de su imputación judicial ante una presunta conducta delictiva en el 'caso Umbra'. Pienso que, pese a su actitud prudente y calculada, el alcalde de Murcia da buena imagen en corto aunque en público deje mucho que desear ante cualquier escenificación y en relación a sus potencialidades personales y políticas. Lo que parece que le falla, pues, es su aparato mediático o que no cree mucho en una proyección pública dirigida por teóricos expertos que, por otra parte, le cuestan un riñón a la hacienda local.

En tiempos de austeridad se entiende poco, en ambos casos, la ausencia de recortes o su sustitución por cambios estéticos, puramente aparentes, para que todo siga casi igual. En el caso de la Comunidad Autónoma, por razones de presupuesto aunque sin merma de eficacia, si consta algún ahorro de gastos en propaganda aunque sigan, y de que manera, las subvenciones, más o menos, encubiertas a una concreta prensa de papel y escogidas emisoras de radio privadas y agencias de noticias, que actúan a modo de caja resonante de todo lo que evacuan los gabinetes de prensa de Presidencia y las distintas consejerías del gobierno autónomo. Hasta en 'La 7 Región de Murcia' se ha pasado la guadaña de los recortes para dejarla en su mínima expresión como elemental sistema de loas al poder.

Donde no se ve tijera alguna es en el Ayuntamiento de Murcia. Un Cámara muy debilitado ya por el cerco de la Justicia, el desgaste de tres lustros de polémico gobierno mayoritario y una tesorería incierta, más allá del día a día, y que le impide ahora seguir subvencionando medios locales, le han hecho pensar, tal vez aconsejado desde fuera del periodismo, que es ahora cuando debe mantener intacto su aparato de propaganda para intentar contrarrestar el inevitable proceso mediático paralelo al judicial. Y la previsible ofensiva de los medios, ahora sin su 'cariño', y que sí gozan, por el contrario, del apoyo económico de Valcárcel, en tan difíciles circunstancias presupuestarias, a cambio de protección mediática segura en caso de emergencia.

La verdad es que clama un poco al cielo, según rigurosas revelaciones recientes de un atrevido digital murciano integrado por ex miembros de la redacción del extinto 'Diario 16 de Murcia', hoy en el más completo paro, el gasto municipal en ese oneroso aparato de propaganda que, en tantos años, no ha resultado rentable, ni para el alcalde Cámara ni para el municipio de Murcia o para su Ayuntamiento. 

Porque estamos hablando, sólo en sueldos, de más de medio millón de euros al año sacado del bolsillo de todos los murcianos. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar en el muy difícil año presupuestario 2013 por necesidades ineludibles del ya más que cuestionado alcalde de Murcia por un supuesto perjuicio a las arcas municipales de cientos de millones de euros en la interpretación de cómo se debía aplicar la normativa urbanística, vigente entónces, en la recalificación de los terrenos de 'Nueva Condomina'.

Cuando tantos periodistas de buena calidad malviven ahora en la Región de Murcia transitando sin horizonte por el desempleo, algunos con un currículo de escalofrío y postgrados en universidades de prestigio que los hacen superespecialistas, casi una docena no especialmente destacados por su categoría profesional demostrada en los medios se embolsan como mínimo una media de diez millones al año de las antiguas pesetas, muy por encima de los sueldos al uso entre nosotros aquí, en una profesión muy lacerada ahora por la crisis económica y de la prensa de papel por la irrupción de Internet amén de un descenso del nivel cultural de la población por mor de la Logse.

 Si las revelaciones de www.elpajarito.es se ajustan a la realidad, media docena de periodistas al servicio del imputado Miguel Ángel Cámara se embolsan al año 350.360 euros sin contar los 84.090 a sumar, que cobra un tal Eduardo Martínez Oliva como jefe de gabinete de la alcaldía de Murcia y nada ajeno al aparato municipal de propaganda del alcalde. 

Lo más curioso es que un auto denominado especialista en cofradías de Semana Santa e impuesto desde la UCAM por Mendoza, un tal Antonio Ángel Botías, se lleva limpios 65.567 euros como personal eventual pese al pomposo título de director de proyectos y programas.

Ya en una esfera más profesional de cierto reconocimiento, Ana de la Cierva, ex redactora de 'Diario 16 de Murcia' cobra 67.553 euros anuales como directora de Comunicación del Ayuntamiento, mientras Paloma Manzano, ex jefa de prensa del PP de la Región de Murcia, cobra 65.567 ahora como jefa de relaciones con los medios.

Completan este elenco de privilegiados salarialmente unas tales Maria Trinidad Abellán, Ana García Salvago y María Soler, completamente desconocidas en el periodismo murciano, y que por un extraño motivo que no alcanzo a ver, se llevan cada una 50.557 euros al año en su calidad de apoyo a todos los anteriores.

Creo que el abogado Diego de Ramón está a punto de solicitar por registro una auditoría externa para dar mayor transparencia a esta situación y conocer, de paso, el destino concreto de los 42 millones de euros prestados recientemente por el ICO al Ayuntamiento de Murcia. Y lo hace porque ese dinero iba destinado a pagar facturas pendientes a proveedores cuando lo cierto es que no ha cobrado ninguno de ellos en todo lo que llevamos de año 2012 mientras sí se suben los impuestos municipales a todos los vecinos y se mantienen pagas extraordinarias a asesores de políticos.

Todavía hay concejales, como la de Hacienda precisamente, Isabel Martínez Conesa, que la austeridad la aplica a otros pero no a su entorno. Sus asesores fiscales cobran 60.000 euros al año y su secretaria 12.000 anuales más otros 300 al mes por ser la de ella, que maneja los dineros. Y firmando facturas de 1.500 euros, como la presentada por el Círculo de Economía (?), a modo de subvención.

Con todo lo anterior todavía vigente y el sospechoso silencio -¿cómplice?- de la Oposición socialista no hay objetivo de déficit que no termine saltando por los aires ni cantidad de dinero que pueda pagar lo que se debe y poner punto y seguido hacia una verdadera austeridad que revierta esta situación de cierto despilfarro pese a las reiteradas advertencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la dejadez más que evidente que ya se palpa en algunas pedanías en cosas fundamentales por ausencia de gestión.