martes, 27 de noviembre de 2012

Los sindicatos temen que Bruselas imponga el despido de 20 días en la banca nacionalizada

MADRID.- Los sindicatos temen que Bruselas imponga el despido con una indemnización de 20 días por año, tal y como establece la reforma laboral, en toda la banca nacionalizada, según han informado fuentes sindicales.

   Esta sería una de las condiciones que la CE impondría para liberar la ayuda de 37.000 millones de euros que servirá para recapitalizar a las entidades nacionalizadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que la banca con ayudas tendrá cinco años para reducir sus plantillas y desprenderse de oficinas.  
   Desde Comfia-CC.OO. se denuncia la posición "sectaria y doctrinaria" del Banco de España en las negociaciones de los planes de reestructuración de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en las que trata de imponer los principales preceptos de la última reforma laboral.
   Según De Guindos, los planes de recapitalización de la banca nacionalizada ya cuentan con el aval del organismo liderado por Luis María Linde. Desde alguna entidad implicada se limitan a remitirse al próximo miércoles, cuando el comisario de Competencia de la CE, Joaquín Almunia, hará públicas las líneas de reestructuración de la banca rescatada.    
   Los sindicatos fundamentan sus temores en el ERE presentado en Banco de Valencia, y avisan de que imponer 20 días de indemnización para las salidas laborales en las entidades nacionalizadas podría desembocar en un conflicto. 
También advierte de que podría derivar en un incremento de los costes de la extinción de contratos, pues interpondrían recursos ante los juzgados que podrían acabar reconociendo la improcedencia del despido. 
En tal caso, el grueso de las indemnizaciones se elevaría a los 45 días por año trabajado.
   Para los sindicatos, existe "margen de maniobra" para articular planes específicos en cada una de las entidades nacionalizadas, al tiempo que han criticado que el Banco de España se niegue a aplicar alternativas de mayor flexibilidad interna o incluso de recolocación de personal.

lunes, 26 de noviembre de 2012

El cultivo de peces genera empleo y riqueza en la Región de Murcia


CARTAGENA.- La costa de Murcia "se sitúa entre las primeras de las regiones de España en el cultivo de peces, y la segunda en el cultivo de dorada y lubina, que se producen en las 13 instalaciones acuícolas que hay en la Región y que emplean a más de 320 trabajadores directos y generan 1.500 empleos indirectos".

   La acuicultura murciana"es una actividad de futuro en la Región", tras lo que ha recordado que "en los últimos 30 años el ritmo mundial de crecimiento de esta actividad ha sido de un 8 por ciento anual", se dice desde la Consejería competente.
   En concreto, España se sitúa, con el 20 por ciento del total de la producción acuícola europea, "en el primer puesto en volumen de producción y el segundo en valor de capturas entre todos los países comunitarios".
   La acuicultura "surgió como actividad complementaria a la pesca extractiva que compensara la limitación de los recursos pesqueros", aunque en los últimos años "se ha convertido en una actividad estratégica", ya que el consumo medio de productos acuáticos en España es de 45 kilos por habitante y año, "lo que ha hecho aumentar la producción de peces".
   Y se ha subrayado que la acuicultura en la Región de Murcia "es un sector altamente tecnificado y proporciona una importante cantidad de pescado sano, nutritivo y trazable", y se ha resaltado que "ha realizado un gran esfuerzo en promover y lograr una gestión sostenible y una explotación equilibrada del medio marino".
  Se remarca que este sector en Murcia "es muy estable", y que la costa murciana "reúne todas las condiciones para el cultivo de peces, y hay empresas competitivas y comprometidas con el medio marino para producir en las mejores condiciones". 
Las 13 instalaciones acuícolas que hay en la Región se encuentran repartidas por San Pedro del Pinatar (7), Cartagena (3) y Águilas (3).
   Por ello, se subraya que la actividad acuícola tendrá un "trato especial" en el Fondo Europeo Marítimo Pesquero para el período 2014-2020, "lo que va a permitir que este sector siga recibiendo ayudas". Se destaca, asimismo, que el Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, "están trabajando en una estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura", que culminará en un Plan Estratégico Nacional para el año 2020.
   Las actividades programadas por la Federación de Acuicultura de la Región permitirán desde este martes hasta el próximo jueves visitar las diferentes instalaciones de acuicultura en mar abierto. El viernes, 30 de noviembre, tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena un ciclo de conferencias sobre la sostenibilidad en la acuicultura marina y la reproducción del atún rojo en cautividad.
   Asimismo, los comedores de las universidades de Murcia y Cartagena ofrecerán en sus menús durante esta semana productos derivados de la acuicultura, según la Comunidad.
   El próximo viernes habrá en la explanada del muelle de Alfonso XII del Puerto de Cartagena una exhibición de corte de productos de acuicultura marina y su degustación. El programa de actividades puede consultarse en 'www.fedacuimur.es'.

PSOE Murcia presenta un conjunto de enmiendas al Presupuestos 2013 para crear 1.700 empleos

MURCIA.- El edil socialista Juan Patricio Castro ha presentado este lunes un conjunto de enmiendas al presupuesto municipal para 2013 con las que el PSOE pretende disminuir el problema del desempleo creando unos 1.700 empleos y hacer "más equitativo" los efectos de la crisis. 

   Y es que ha explicado en una rueda de prensa junto al portavoz del PSOE de Murcia, Pedro López, "lo razonable es que se produzca una reducción de los gastos corrientes del Consistorio y de los préstamos", así como aumentar las inversiones para que se estimule la actividad económica local y se pueda disminuir la alta tasa desempleo que roza en el municipio los 45.000 parados.
   De los casi 25 millones de euros que prevé pedir a los bancos la concejal de Hacienda, Isabel Martínez Conesa, el edil del PSOE propone hacer un recorte de 8,5 millones de euros y apuesta por disminuir los gastos y transferencias corrientes en unos 23,5 millones de euros en partidas como publicidad y propaganda, atenciones protocolarias, asistencias técnicas, festejos populares o la reducción de 7,5 millones de euros de Tribugest al ser asumida esta función por los funcionarios públicos, entre otras.
   Con estos gastos liberados menos la menor capacidad de endeudamiento propuesta, ha detallado Castro, "conseguimos unos 15 millones de euros que nos van a ayudar a incentivar la productividad de los funcionarios públicos (2 millones de euros), incrementar la actividad económica local y reducir el desempleo (7.284,801 euros)".
   Además de aumentar las transferencias de servicios sociales y bienestar social para repartir los efectos de la crisis de forma más equitativa (1 millón de euros), potenciar las infraestructuras en pedanías y mejorar la movilidad entre centro y pedanías mediante el transporte público (4,5 millones de euros).
   Según ha detallado el portavoz del PSOE de Murcia, algunas de las cuantías y propuestas concretas serían 2,7 millones de euros destinados a un programa de transformación y creación de nuevos empleos en pymes en el municipio.
   Se trata, ha especificado, de dar ayudas directas a empresarios que conviertan un trabajador temporal en indefinido o que efectúen nuevas contrataciones fijas. Estas ayudas serían de 2.500 (para trabajadores en general) a 3.000 (para los menores de 30 años).
   Un millón de euros para la creación de un fondo que sirva para la transformación del pequeño comercio de la ciudad para hacerlo más competitivo, otro millón para otro fondo que permita la transformación del pequeño negocio de hostelería y restauración.
   Así como 2,5 millones para fomentar las infraestructuras viarias de barrios y pedanías, dos millones para el fomento del transporte interurbano del municipio, implantación del Unibono y billete único,  500.000 euros para aumentar la dotación prevista de inversión en las plazas de abastos en el municipio y otros 500.000 euros para la puesta en valor del yacimiento de San Esteban.
   Otras propuestas, ha detallado Pedro López, son un millón de euros para la puesta en valor del edificio de la Cárcel Vieja para un centro de la otra economía, el comercio justo y la economía social; 284.801 euros destinados al Concurso Proyectos Empresariales del Ayuntamiento para 2013; 300.000 euros para poner en marcha una Escuela Taller para la rehabilitación del patrimonio de la Huerta y 100.000 euros para posibilitar una transferencia a la Fundación Museo Salzillo.
   "Un conjunto de enmiendas que permiten meter el bisturí en el presupuesto de gasto para así fomentar el empleo", ha subrayado el portavoz socialista, pues "en momentos difíciles no se puede elaborar un presupuesto con el único objetivo de cuadrar ingresos y gastos".
   A juicio del edil Juan Patricio Castro, "hay que ir más allá para lograr suavizar el problema del desempleo y la mala redistribución de la renta".

IU-Verdes expresa su solidaridad con los trabajadores de Latbus

MURCIA.-   IU-Verdes de Murcia ha expresado este lunes su solidaridad con los trabajadores de Latbus, que han decidido iniciar una huelga indefinida, y ha exigido al Ayuntamiento que medie para reducir las consecuencias de un expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa.

    El concejal de la formación de izquierda, José Ignacio Tornel, ha indicado que "ni los trabajadores ni los ciudadanos que usan el servicio de autobús se pueden ver afectados por la ineficaz gestión e incapacidad de la empresa, el Ayuntamiento y el Gobierno regional", y ha considerado que "hay razones sobradas para que los trabajadores inicien una huelga en defensa de sus empleos".
   Tornel también ha adelantado que ha presentado una pregunta al Pleno del próximo jueves sobre el gasto de la carta que el consistorio ha enviado a los ciudadanos para dar a conocer "las indescifrables bondades de la nueva concesionaria del transporte en el ámbito urbano".
    A su juicio, "es necesario que la ciudadanía sepa quién ha financiado los gastos de la carta, una nueva forma de publicidad engañosa e indecente para sostener un fiasco marcado por la pérdida de acceso a la movilidad, la remodelación de las líneas y el aumento de precio".
   El edil ha señalado que su grupo va a pedir el texto de la intervención del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la Cumbre sobre Ciudades y Cambio Climático celebrada la pasada semana en Bogotá (Colombia), por considerar que "no se ajustan a la realidad" del transporte público en el municipio
   En este sentido, Tornel ha afirmado que la información publicada en medios de comunicación sobre la intervención del primer edil "solo pueden provocar indignación y sensación de ridículo", tras lo que ha recordado que la concejalía de Transporte ha reducido su presupuesto.
   "Cámara es aficionado a utilizar este tipo de actos fuera de la ciudad para decir públicamente lo que en Murcia no se sostiene. Si la famosa 'Marca Murcia' se basa en informaciones sin la menor rigurosidad, aderezadas con aires triunfalistas, mal vamos".
   Para IU-Verdes, "cualquier persona, sin necesidad de venir a Murcia, puede conocer el espectáculo bochornoso de una empresa que despide a trabajadores y reduce salarios solo un mes después de iniciar su actividad", en referencia a la nueva concesionaria del servicio de transporte urbano.

Sindicatos científicos reclaman al CSIC el informe de Economía sobre la situación de la agencia

MADRID.- CC.OO, UGT y CSIF del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se integra el CEBAS, de Murcia, han pedido al presidente del máximo órgano de investigación de España, Emilio Lora Tamayo, que les envíe el informe del Ministerio de Economía y Competitividad que Tamayo presentará este miércoles ante el Consejo Rector y que servirá de base para un plan de ajuste de la institución. 

   Según han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Economía, el próximo miércoles Tamayo presentará este informe a los miembros del Consejo Rector, formado por representantes del ministerio, sindicatos y altos cargos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se anunciará dicho plan de ajuste.
   Por su parte, fuentes sindicales han señalado que fue el propio presidente del CSIC el que solicitó este informe cuando llego a la Agencia a comienzos de 2012.
   Estas fuentes han explicado que quieren realizar sus aportaciones al futuro plan de ajuste que, según han señalado, no incluiría un expediente de regulación de empleo, sino medidas de ahorro, de racionalización de gasto, así como vías para incrementar los ingresos, después de que el Consejo haya alcanzado un déficit de 140 millones de euros.
   La principal preocupación de los sindicatos radica en que, según sus previsiones, tras los recortes emprendidos a la I+D+i desde 2009 y por consiguiente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2013 será un año en el que la institución deberá debatirse entre pagar los salarios a sus trabajadores o bien abonar los gastos ordinarios del CSIC, como son el agua y la luz.
   Por otro lado, este lunes ha tenido lugar la segunda reunión del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se han encontrado la secretaria de Estado del ramo, Carmen Vela, junto con altos cargos del Ministerio de Economía y Competitividad, de la CEOE, CEPIME, sindicatos y científicos de prestigio, como el expresidente de COTEC Juan Mulet.
   Esta reunión es meramente técnica para evaluar la evolución de la Estrategia española de Ciencia, actualmente en fase de elaboración, y donde los distintos agentes están realizando sus aportaciones, para una planificación de la Ciencia en España hasta 2020.
   Según ha señalado la delegada de CC.OO de I+D+i Salce Elvira, existe un consenso generalizado en cuanto a que la Ciencia en España corre peligro ante la falta de medios financieros.
   "La estrategia estará previsiblemente el mes que viene, aunque hemos incidido en que es muy difícil hacer estrategias si no hay fondos. La ciencia en España está en la mínima supervivencia", ha sentenciado.

Un excontrolador de la CAM: no podíamos "averiguar" si los datos eran "verídicos"

VALENCIA.-   El exintegrante de la comisión de control de CAM José Ruzafa ha asegurado este lunes que los miembros de este órgano preguntaban sobre aquellas cuestiones que se traban en las reuniones y que les llamaban la atención, pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".

   Ruzafa, que tiene 79 años, fue vocal de la comisión de control de la CAM entre 2004 y 2009, donde entró a propuesta del alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, tras un requerimiento de la caja indicando que precisaba un consejero de este municipio, según ha explicado él mismo durante su intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas.
   Preguntado por su profesión, ha explicado que tiene estudios básicos que pudo adquirir yendo a una escuela por las noches después de trabajar, ya que tuvo que empezar en el mundo laboral a los seis años. "En mi vida prácticamente no he tenido tiempo de tener un estudios como me hubiera gustado", ha destacado.
   Cuando entró en la comisión de control, le comentaron que los cargos en los órganos de gobierno no eran remunerados, aunque posteriormente ha señalado que cobraban dietas por cada reunión de la comisión de control, que se realizaban después del consejo de administración.
   José Ruzafa ha explicado que de aquellos asuntos que se trataban y que les llamaban la atención "tomaban nota y preguntábamos", pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".
   El exintegrante de la comisión de control se ha mostrado "sorprendido" de la "movida" ocurrida en la CAM, ya que las auditorías "estaban perfectamente, todo estaba correcto". Además, ha indicado que, según el Banco de España, hasta 2009 --cuando él salió de la entidad-- y "a pesar de la crisis que ya existía" la caja "tenía muchos beneficios, millones de beneficios".
   Ruzafa ha explicado que, durante su estancia en la comisión de control, se crearon las cuota participativas y que personalmente planteó "algunas pegas, bastantes"
"No me parecieron suficientemente correctas" y, de hecho, el nunca adquirió por entender que se daba "mucho por muy poco".  
"Pero la mayoría aceptó y las pusieron en funcionamiento", ha añadido.
   Preguntado por las retribuciones de los dirigentes, ha indicado que nunca he hecho ninguna propuesta al respecto ni ha "escuchado" ninguna. Respecto a las cantidades a percibir por el entonces presidente de la caja, Modesto  Crespo, ha asegurado que no se vieron en la comisión de control.
   Inquirido por el diputado 'popular' Vicente Betoret sobre el papel del Banco de España, ha señalado que fue "muy riguroso" en una entidad "que cada año estaba dando beneficios" que tenía "todo perfecto". Durante su estancia en la entidad alicantina, Ruzafa ha dicho que la actuación del Banco de España "no me pareció rigurosa, sino rigurosísima".
   El excontrolador de la CAM ha criticado que el Banco Sabadell "parece que ahora no quiere asumir las cuotas participativas o preferentes porque las ha hecho la CAM", pero ha destacado que si va a quedarse con el "patrimonio multimillonario" de la caja "también debe asumir las deuda o los compromisos que tenía". Al respecto, ha asegurado que muchos de sus familiares y amigos "tienen gran cantidad de cuotas participativas y no hay manera que se las devuelvan".
Víctimas de la propaganda
El exmiembro del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) Manuel Muelas ha asegurado este lunes que, ante los rumores de la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur y otras entidades, desde la dirección les decían que "no había motivos de agachar la cabeza", sino que podían "sacar pecho".    En este sentido, ha destacado que señalaban que todo "era muy bonito" y, por lo tanto, tenían "confianza". Muelas, que ha comparecido en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, ha explicado que de la inspección del Banco de España no conocían "muchos detalles", pero que estando en la caja se sentía "tranquilo de que las cosas se hacían bien".
   El exconsejero, preguntado por el diputado de EUPV Lluís Torró, ha negado que en el consejo de administración se leyera el requerimiento del Banco de España del 21 de diciembre de 2010, en el que advertía de problemas en la caja. Ha explicado que el consejo de administración de diciembre de 2010 fue "muy tenso" y en él se trataron diversos asuntos.
   No obstante, ha indicado que no se leyó ningún requerimiento del Banco de España y que si así hubiera sido, "hubiera salido en la prensa al día siguiente". Al respecto, ha criticado la "falta de privacidad" en temas que "hacían mucho daño a la caja".
   Muelas, licenciado en ciencias matemáticas y técnico en gestión empresarial, ha explicado que estuvo en la CAM desde febrero de 2010 hasta julio de 2011, donde entró como representante de los impositores.
   Natural de Cuenca, ha asegurado que le extrañó que eligieran a alguien de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia para formar parte de la asamblea de la caja, pero ha señalado que le dijeron que les había gustado su currículum y que buscaban a gente de otras autonomías.
   Preguntado por el diputado socialista Ángel Luna sobre cómo llegó a ser consejero, ha explicado que fue gracias "al empeño de la territorial centro sur que querían tener a un impositor que representara a la zona". Personalmente, le pareció "una oportunidad de conocer cómo funciona una caja por dentro", así como de viajar a Alicante, de donde eran sus abuelos.
   Manuel Muelas ha señalado que de CAM y de Gestimed cobró, en concepto de dietas, 15.000 euros netos en 2010 y 8.800 en 2011, más desplazamientos. Ha asegurado que cuando entró en la caja "no sabía ni que existía Gestimed" y, respecto a las retribuciones de esta empresa, ha indicado que creía que eran "absolutamente legales".
 "No cabe en ninguna cabeza que en una caja de ahorros se hicieran cosas ilegales", ha subrayado.
   Muelas ha indicado que las sesiones de las comisiones ejecutivas "se hacían en cinco minutos, no eran nada" y ha explicado que en la que él participaba "se hablaba de la obra social de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia".
 "Eran puros trámites", ha apostillado.
   Respecto a su relación con la CAM, ha señalado que era "simplemente impositor, no tenía ni he tenido ningún crédito en esta entidad". No obstante, ha dicho que sí cuenta con cuotas participativas. Su mujer tenía entre 3.000 y 4.000 euros en cuotas y él, cuando ya estaba en el consejo de administración, compró unos 6.000 euros. "No valen para nada, pero aún tengo las cuotas", ha manifestado.
   El exconsejero ha afirmado había "tensiones" en el consejo de administración de la entidad alicantina, sobre todo por un carácter "más territorial que político", pero que él las vivía "de forma neutral".
   Inquirido por el diputado del PP Vicente Betoret sobre si la deuda de la Generalitat con la CAM ha sido una de las causas del hundimiento de la entidad, Muelas lo ha negado, y ha considerado que la caída de la caja se debió "a exponerse tanto al sector inmobiliario".
Profesora de gimnasia
La exmiembro de la comisión de control de la CAM Olaya Pérez ha señalado que cuando entró en este órgano le explicaron que su función era "el seguimiento y control del consejo de administración". Al respecto, ha dicho que no es economista, pero ha indicado que no era "condición sine qua non para formar parte de los órganos de gobierno de la CAM". "Cualquier persona impositora tiene el mismo derecho, sepa más, sepa menos, tenga un nivel alto o bajo", ha apostillado.    Olaya Pérez, en su primera intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes, ha explicado que el Banco de España incoó expediente disciplinario en el que inicialmente apareció relacionada y se formuló pliego de cargos a determinadas personas, pero se le excluyó por haber cesado en su cargo en la caja antes de los ejercicios investigados.
   Profesora de Educación Infantil y Primaria, fue vocal de la CAM de enero de 2002 hasta febrero de 2007, y ha asegurado que no le consta que "en ninguna reunión se adoptara colegiadamente ninguna decisión irregular, con beneficio para nadie". Olaya Pérez ha pedido a las Corts que le paguen la dieta correspondiente al día de hoy y el desplazamiento.
   Asimismo, ha solicitado que se tuviera por cumplida su obligación de informar lo que es objeto de esta investigación. El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, le ha informado de que podía incurrir en un delito de desobediencia.
   Pérez, a pesar de su aparente reticencia inicial, ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios en sus posteriores intervenciones. Ha explicado que entró en la CAM por sorteo de impositores y que estuvo en la comisión de control cinco años.
   Según ha asegurado, las reuniones de la comisión de control se hacían a posteriori de los consejos de administración y desde la caja enviaban a casa un dossier sobre los asuntos a tratar. Asimismo, ha indicado que la secretaria de actas ponía "todo a nuestra disposición; en ningún momento se nos negó información".
   Preguntada por la diputada de Compromís Mireia Mollà y por el parlamentario del PP Vicente Betoret por si asistió a reuniones de la caja en el extranjero, Pérez ha indicado que las comisiones de control se hacían tanto en Alicante, como en otros sitios de la Comunidad Valencia, así como "en territorios en expansión".  
"Se hicieron muchas citaciones en muchos sitios, y yo asistí a todas las que pude", ha manifestado.
   Pérez, que no ha querido precisar en qué lugares se hicieron estas reuniones, ha subrayado que las que se hacían en Alicante y las que se hacían "fuera" tenían "la misma seriedad" y "la misma importancia"
   En cuanto a las retribuciones, ha aseverado que todo lo que cobró fue en concepto de dietas. Los grupos de la oposición le han preguntado cómo llegó a ser consejera general de la CAM por parte de la Generalitat valenciana elegida por las Cortes. Pérez ha destacado: "nunca jamás el PP se ha puesto en contacto conmigo para nada, absolutamente para nada".

Paradores presenta un plan de reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla

MADRID.- La dirección de Paradores ha presentado este lunes a los sindicatos un plan de reestructuración, que supone la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, medida que afecta tanto a los establecimientos como a los servicios centrales de la cadena hotelera.

En un comunicado, la compañía que preside Ángeles Alarcó ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "garantizar la continuidad de Paradores de Turismo, adecuándose a la realidad del sector y a la de la actual demanda" y asegurar "la supervivencia de la compañía".
El plan contempla el control de costes operativos para situar a la cadena en una posición competitiva y reducir así las pérdidas que acumula desde 2007.
"La situación financiera de la compañía es insostenible", subrayó la compañía, que advierte de que "de no tomar medidas en el año 2013 las pérdidas alcanzarán los 139 millones de euros".
Para 2012, la cadena prevé cerrar el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 30 millones de euros. "A la caída de la demanda, que ha pasado de un índice de ocupación del 70% en 2007 al 52% en 2012 se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011", apuntó.
Hasta octubre de este año, Paradores, que acumula un déficit de 110 millones de euros, logró ahorrar en torno a 20 millones de euros, con la aplicación de su plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, la reducción de costes operativos, de consumos y de gastos comerciales, así como la optimización de los procesos internos.
"Estas medidas, aunque efectivas y acertadas, han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios", apuntó la cadena.
Paradores subrayó que por ello se hace "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, ya que actualmente está "muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".
La dirección de Paradores indicó que la compañía va a realizar "todo el esfuerzo posible" para aplicar "un plan social que minimice los efectos de la medida".
La compañía ha trasladado a los representantes de los trabajadores la apertura inmediata de un periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que le obligar a tomar "tan difícil situación" y de tratar de "alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes".
UGT y CC.OO. convocaron a los 4.600 trabajadores de la cadena pública a una huelga en el conjunto de la red, 94 establecimientos, para todos los puentes del año a partir del pasado 12 de octubre, paros que afectaban a los días 2 y 3 de noviembre, que fueron desconvocados, y a los próximos 7 y 8 de diciembre y 31 y 1 de enero.

Algo se comienza a mover en la sociedad murciana más avanzada y mejor informada

MURCIA.- Medio centenar de profesores universitarios, artistas y profesionales representantes de la Cumbre Social de la Región han iniciado una campaña en la Comunidad de Murcia para exigir la convocatoria de un referéndum con el que se someta a consulta de los ciudadanos las reformas y ajustes que está "imponiendo" el Gobierno central desde que fue elegido, y que no estaban incluidas en el programa electoral del partido que hoy sostiene al Ejecutivo.

Este grupo de intelectuales y artistas se han unido en la denominada Comisión Promotora Pro Referéndum de la Región, que se propone impulsar un "debate social" realizando actos por toda la Comunidad Autónoma, e invitando a los ciudadanos a que "respalden esta exigencia de referéndum al Gobierno de España".
La iniciativa está vinculada a una campaña de carácter nacional impulsada por la Cumbre Social, una plataforma que constituye es el espacio de concertación entre los sindicatos y "la mayor parte de las entidades sociales representativas del país", y que está formada por más de 60 organizaciones sólo en la Región de Murcia.
Así lo han hecho saber en rueda de prensa alguno de los promotores de esta iniciativa a nivel regional, como el presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, Patricio Hernández; el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Campillo;  la profesora de la Facultad de Derecho de la UMU, Teresa Vicente; y el catedrático de Economía de la UMU, Manuel Tovar.
Las firmas recogidas, que ya se pueden presentar de forma electrónica en la web 'http://www.exigimosunreferendum.org', serán remitidas al Gobierno de España, según Hernández. Sin embargo, los promotores añaden que no se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que suele llevar emparejado un plazo y un número de firmas determinado, sino que se trata de una campaña "abierta".
Así pues, el objetivo no es tanto recoger un número determinado de firmas, sino iniciar una dinámica en la sociedad para someter a debate "la anomalía democrática" que supone "arrebatar los derechos a la gente sin presentarlo en ningún programa electoral, y que además la población esté tranquilita y silenciosa". El objetivo es "todo lo contrario: movilizar a la gente y que se genere una presión para que los dirigentes políticos asuman esta demanda social".
En este sentido, los promotores de la iniciativa no tienen un objetivo cuantificado de recogida de firmas ni un plazo para ello, sino que se trata de un proceso de movilización abierto que pretende "llegar a todo el territorio regional" durante todo el tiempo que sea posible, constituyendo comisiones promotoras de ámbito local e, incluso, de ámbito más pequeño, en centros de trabajo, por ejemplo.
La presentación oficial de esta Comisión tendrá lugar este martes, a las 19.30 horas, en el Paraninfo de la UMU, en un acto que contará con la presencia del economista y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, miembro de la Comisión nacional que promueve este referéndum junto a otros muchos profesionales, intelectuales y creadores.
Los promotores de esta iniciativa critican que el Gobierno de España está sostenido en una mayoría parlamentaria, pero el programa que desarrolla como resultado de un proceso electoral "no tiene legitimidad democrática", ya que "ha sido inventado después del proceso electoral, sustituyendo aquél con el que concurrió a las elecciones". Por tanto, los promotores de la iniciativa sostienen que se trata de un "fraude democrático".
En este sentido, Hernández ha recordado que la sociedad se queja constantemente del "déficit de credibilidad que tiene la clase política española, y que hay una grave crisis de naturaleza política, que es el descrédito que los políticos tienen ante los ciudadanos, y la sensación de que son poco representativos".
Hernández considera que esta situación "tiene que ver con el modelo de democracia que estamos construyendo en España, que tiene frágiles tradiciones porque el país no ha tenido largos periodos democráticos, y que además, tiene algunas insuficiencias de naturaleza ontológica".
Por ejemplo, lamenta que el propio texto constitucional "no prevé la convocatoria de referéndums con carácter vinculante para que se puedan derogar leyes o que la voluntad popular pueda intervenir seriamente en la gobernanza del país".
Ha criticado que "algo muy grave está ocurriendo" cuando un gobierno "desarrolla un programa que es extraordinariamente duro y que viene a transformar la constitución material del país y a reformar el entramado legal que hemos construido durante 35 años de democracia, y eso lo hace sin presentarlo a la consideración de los ciudadanos".
A su juicio, el Gobierno central "pretende realizar, por la puerta de atrás, las más graves transformaciones de nuestra convivencia social y política sin que los ciudadanos tengamos ni una sola oportunidad de decir nada".
En este sentido, reprochan que el Gobierno se limita a "convocar a los ciudadanos ritualmente con motivo de las elecciones, cuando tenemos la única oportunidad de, con un sólo acto de ejercicio de un voto, expresar el conjunto amplísimo de circunstancias que hoy pesan sobre nosotros".
Los promotores de la iniciativa creen que esto "no es aceptable", por lo que se proponen "movilizar a la opinión pública y la sociedad murciana", para que contribuya junto a otros ciudadanos del Estado español, para exigir al Gobierno "la convocatoria de una consulta a los ciudadanos".
Critica que el Gobierno de España "no puede ser un Ejecutivo neoabsolutista que sustituya la voluntad de los ciudadanos", sino que en democracia "son los ciudadanos los que expresan, a través de su voto y por otras vías, su capacidad de autogobierno y su voluntad política, como expresión de la soberanía popular".
"Queremos una democracia de calidad, que cuente con la voluntad de los ciudadanos", añade Hernández, quien especifica que se trata de una convocatoria "política pero apartidísta, porque no tiene ninguna identificación con siglas o sesgo de otro tipo".
Campillo ha añadido que "no sólo se ha cometido un fraude democrático por el procedimiento y la forma en la que se ha aplicado toda una política de recortes que no figuraba en el programa electoral", sino que estos recortes "están vaciando de contenido los derechos fundamentales amparados en la Constitución".
Critica que la Constitución "se está convirtiendo en papel mojado" en lo que respecta a "los derechos laborales, del derecho a la educación, del derecho a la sanidad y del derecho a la vivienda, entre otros consagrados en la Constitución, que por medio de recortes económicos y decretos leyes se están vaciando de contenido".
El decano de la Facultad de Filosofía de la UMU considera que esto es "gravísimo", y cree que "no es extraño que la clase política esté sufriendo el descrédito que está sufriendo entre la opinión pública española".
Lo "sorprendente", a juicio de los promotores, es que "en España tengamos que hacer esta campaña para hacer algo que es de lo más normal en muchos países democráticos, como Estados Unidos, y que consiste en convocar referéndums para consultar a los ciudadanos sobre problemas de trascendencia pública".
Tovar ha criticado que lo que se está produciendo es "un desmontaje sistemático del Estado", por lo que "tenemos la suficiente autoridad moral e intelectual para poder decir que, probablemente, Mariano Rajoy es mucho más antisistema que todo el 15-M junto".
La Comisión está integrada, de momento, por 50 miembros, pero los promotores señalan que ha sido creada en cuestión de días, por lo que esperan encontrar "muchas más adhesiones de ciudadanos de la Región que van a identificarse con esto que estamos proponiendo".

domingo, 25 de noviembre de 2012

La Unión está que arde por la brutal subida de los recibos de agua, alcantarillado y basura


LA UNIÓN.- La brutal subida del recibo del agua potable, entre el 40 y el 70%, en el municipio de La Unión por parte de la empresa Acciona, ha provocado desde el día 14 de noviembre diversas acciones de protesta de hasta 350 personas a un tiempo, promovidas por las asociaciones vecinales del municipio, estudiantes y parados, que no han logrado hasta la fecha una postura negociadora por parte de la empresa gestora contratada por el Ayuntamiento que preside Francisco Bernabé, vicesecretario regional del PP. Se trata de la mayor protesta social de la historia del municipio unionense desde el cierre de la minería.

En un comunicado, el Gobierno local de Bernabé recordó a todos los pensionistas, a todas las familias numerosas, y a todas las personas del municipio en situación de desempleo (hay una tasa del 40% sobre la población activa) y con insuficiencia de recursos económicos, que para poder beneficiarse de las bonificaciones económicas establecidas para los recibos del agua, deberán dirigirse a las oficinas de Acciona «donde podrán tramitar la concesión de las mismas y su inmediata aplicación». En este sentido, «todos los pensionistas y todas las familias numerosas, sin excepciones de ningún tipo, tienen derecho a las bonificaciones», recalca el escrito oficial de cara a calmar los ánimos de una población muy lacerada.
Pero según el portavoz municipal socialista, Mariano Oliver, «el PP se ha atrincherado cobardemente en la mentira para tratar de justificar una decisión nefasta para los ciudadanos, como ha sido la desproporcionada subida del agua, alcantarillado y basura».
Las asociaciones vecinales de La Unión, Portmán y Roche han llegado a convocar a los unionenses a una concentración en el Ayuntamiento, donde se oyeron gritos de "Paco, asómate al balcón", "Esto pasa por votar al Partido Popular" y "Paco, devuélvenos La Unión", entre otros, en referencia al actual y ambicioso alcalde conservador, con el que no consiguen hablar personalmente al pertrecharse detrás de las fuerzas policiales especiales enviadas por la Delegación del Gobierno a instancia suya. 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE AGUA

Consideraciones:

1. No es cierto, como asegura el equipo de  gobierno, que la última subida se efectuase en 2004, ya que se llevó a cabo a finales de 2008.


2. En esa fecha, la Intervención Municipal fijó el coste total del servicio en 1.500.000 euros, el cual quedaba cubierto con la subida del 15% más o menos efectuada entonces.


3. Para calcular la desviación de costes desde esa fecha hasta el presente, cuatro años después, se admite comúnmente, como sistema más racional y adecuado, la llamada fórmula polinómica, según la cual el incremento de los costes se pondera en función del peso de cada uno de los factores.


4. El agua que se compra al Taibilla ha experimentado dos subidas desde entonces, que arroja un incremento total del 18,13%. Como el coste del agua representa el 40% del total, su aportación ponderada al coste global del servicio es del 7,25%.


5. Los demás factores (mano de obra, costes financieros, equipos) han experimentado un crecimiento en su coste equivalente al IPC acumulado entre 2009-2012, es decir, un 9,5%. Como ese porcentaje se aplica al 60% del coste total, la aportación ponderada es de 5,7%.

6. Si sumamos ambos incrementos, obtenemos el incremento teórico del coste del servicio desde 2008: 7,25+5,7= 12,95

7. Por consiguiente, la subida a aplicar no podría ser superior a ese 12,95% en ningún caso, ya que de ser superior se producen ingresos indebidos por parte de la compañía.


8. Incrementando ese 12,95%, se equilibra el gasto, que asciende a 1.694.250 euros. El 20% de beneficio industrial y gastos generales que se atribuye la compañía quedaría en 338.850 euros.


9. Como el incremento real, contando bonificaciones, no es inferior al 60%, podemos calcular los ingresos indebidos de la compañía:


Ingresos totales.........2.400.000 e.

Gastos totales............1.694.250 e.

Ingresos indebidos.............705.750 e.

Beneficio neto de la compañía (Acciona):
 330.850 euros (beneficio normal) + 705.750 (beneficio indebido)= 1.044.600

1.044.600 x 25 años= 26.115.000 euros


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REPRODUCCIÓN INSTANCIA PARA SOLICITAR LO COBRADO INDEBIDO


D............................................................con DNI............................
y con domicilio a efectos de notificaciones en........................................................................................................
..ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión comparece y como mejor proceda dice:
Que por el presente escrito interpone RECLAMACIÓN para la devolución de ingresos indebidos en la tasa por prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, conforme al artículo 64 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de La Unión, en base a los siguientes fundamentos:

1. El artículo 24.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que 'el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate'. Pues bien, tras la última subida de la tasa de suministro de agua y alcantarillado a finales de 2008, el coste de servicio quedó establecido en 1.380.127,87 euros por parte de la Intervención Municipal. Es decir, a finales de 2008, las tarifas garantizaban el cubrimiento de ese coste.

Desde esa fecha, el metro cúbico facturado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha incrementado un 18,13%, y el resto de los costes se he elevado un 9,5%. Como la compra de agua representa un 40% del coste total del servicio, ese factor habría incrementado el mismo en un 7,25%. Los demás factores habrían aportado un 5,7%, por lo que resulta un total del 12,95%. Ésa sería la desviación de los costes respecto de los ingresos por tarifa.
Pero esta tarifa se ha incrementado un 70% por término medio, por lo que se está vulnerando el precepto de la Ley de Haciendas Locales arriba expresado de manera flagrante.

2. El artículo 10.1 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, establece que 'las normas tributarias entrarán en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa...'. El artículo 10.2 establece que 'las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor'. En el BORM número 186 de 11 de Agosto de 2012, se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de suministro de agua. Por consiguiente, no se pueden aplicar las nuevas tarifas al consumo de agua realizado con anterioridad a esa fecha. Lo cierto es que en mi liquidación, se aplica la nueva tarifa a consumos anteriores al 11 de Agosto, lo cual es manifiestamente ilegal.

3. Para la determinación de la cuantía de las tasas, el artículo 24.4 de la Ley de Haciendas Locales establece que 'podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas'. Esos criterios genéricos nos remiten a la situación de emergencia social que vive La Unión, con un 40% de paro y una profunda crisis enquistada que afecta al grueso de la población. Incrementar espectacularmente las tarifas de agua redundarán en una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la población, en una reducción considerable de la demanda, y por tanto en un agravamiento de la crisis para el pequeño comercio unionense. No se pueden subir las tasas municipales de ese modo en una sociedad tan fuertemente golpeada por la crisis, salvo que se pretenda profundizar aún más en la misma.

Por todo lo expuesto, SOLICITO:

Que el Ayuntamiento de La Unión tenga por presentado este escrito de reclamación y, tras los trámites oportunos, dicte resolución por la que se estime, procediendo a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

En La Unión, a …....de........................de 2012.

Fdo..................................................... 

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RECURSO CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA 

D............................................................con DNI............................
y con domicilio a efectos de notificaciones en........................................................................................................
..ante el Excmo. Ayuntamiento de La Unión comparece y como mejor proceda
dice:

Que por el presente escrito interpone RECURSO de REPOSICIÓN conforme a lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, contra la liquidación correspondiente al padrón del bimestre septiembre-octubre de 2012 de tasas por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras, publicado en el BORM con fecha 2 de Noviembre de 2012:

1. El artículo 24.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que 'el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate'. Pues bien, tras la última subida de la tasa de suministro de agua y alcantarillado a finales de 2008, el coste de servicio quedó establecido en 1.380.127,87 euros por parte de la Intervención Municipal. Es decir, a finales de 2008, las tarifas garantizaban el cubrimiento de ese coste.
Desde esa fecha, el metro cúbico facturado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha incrementado un 18,13%, y el resto de los costes se he elevado un 9,5%. Como la compra de agua representa un 40% del coste total del servicio, ese factor habría incrementado el mismo en un 7,25%. Los demás factores habrían aportado un 5,7%, por lo que resulta un total del 12,95%. Ésa sería la desviación de los costes respecto de los ingresos por tarifa.
Pero esta tarifa se ha incrementado un 70% por término medio, por lo que se está vulnerando el precepto de la Ley de Haciendas Locales arriba expresado de manera flagrante.

2. El artículo 10.1 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, establece que 'las normas tributarias entrarán en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa...'. El artículo 10.2 establece que 'las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor'. En el BORM número 186 de 11 de Agosto de 2012, se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de suministro de agua. Por consiguiente, no se pueden aplicar las nuevas tarifas al consumo de agua realizado con anterioridad a esa fecha. Lo cierto es que en mi liquidación, se aplica la nueva tarifa a consumos anteriores al 11 de Agosto, lo cual es manifiestamente ilegal.

3. Para la determinación de la cuantía de las tasas, el artículo 24.4 de la Ley de Haciendas Locales establece que 'podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas'. Esos criterios genéricos nos remiten a la situación de emergencia social que vive La Unión, con un 40% de paro y una profunda crisis enquistada que afecta al grueso de la población. Incrementar espectacularmente las tarifas de agua redundarán en una fuerte pérdida de poder adquisitivo de la población, en una reducción considerable de la demanda, y por tanto en un agravamiento de la crisis para el pequeño comercio unionense. No se pueden subir las tasas municipales de ese modo en una sociedad tan fuertemente golpeada por la crisis, salvo que se pretenda profundizar aún más en la misma.

Por todo lo expuesto, SOLICITO:

Que el Ayuntamiento de La Unión tenga por presentado este escrito como RECURSO DE REPOSICIÓN contra la liquidación de la tasa por abastecimiento de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras y, tras los trámites oportunos, dicte resolución por la que se estime este recurso, declarando la anulación de la liquidación impugnada y devolviendo las cantidades indebidamente cobradas.

En La Unión, a …....de........................de 2012.

Fdo..................................................... 

La Comunidad anima a las empresas de San Pedro del Pinatar a exportar sus productos como alternativa

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha celebrado la jornada informativa 'Exportación o internacionalización: alternativas al mercado tradicional' destinada a las empresas de San Pedro del Pinatar interesadas en acceder a mercados exteriores. 

   Un total de 25 empresas del municipio mostraron su interés por acceder a mercados exteriores por primera vez y por realizar un plan estratégico internacional que apoye sus operaciones en el extranjero, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   El director del Info, Juan Hernández, afirmó que "la internacionalización como base de modelo de negocio está permitiendo que muchas empresas de la Región puedan seguir creciendo al operar en otros mercados", y añadió que "desde el Info, junto a otras instituciones del ámbito regional y nacional, estamos trabajando para potenciar esta vía de crecimiento".
   Durante la jornada, técnicos del Instituto de Fomento explicaron a los asistentes cómo aprovechar la capacidad exportadora de sus empresas y las diferentes alternativas para internacionalizarla.
   Asimismo, se destacó la importancia del Plan de Marketing Internacional para identificar tendencias, mercados y los canales más adecuados. Se informó, también, sobre las diferentes herramientas y servicios que apoyan a las pequeñas y medianas empresas a acceder a mercados exteriores.
   Todas las empresas interesadas en acceder a mercados exteriores tienen a su disposición el Departamento de Internacionalización del Info, que les ofrece, de forma integral y personalizada, el apoyo necesario  para afrontar los procesos de internacionalización con información, asesoramiento y un programa de actuaciones.
  La Consejería, a través del Instituto de Fomento, celebra acciones informativas en los municipios de la Región para darles a conocer oportunidades de negocio alternativas y asesorarles en materias estratégicas como la innovación, financiación y en internacionalización.

El PSRM pide al consejero Sevilla que explique en la Asamblea por qué está incumpliendo la Ley para reconstruir Lorca

MURCIA.- El diputado regional, Manuel Soler va a presentar una iniciativa en la Asamblea para pedirle explicaciones al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla de por qué está incumpliendo la Ley 2/2012 de 22 de mayo de 2012, para la reconstrucción de Lorca, aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional. 

   Soler recordó que en la disposición adicional de dicha ley establece que el Gobierno regional debe dar cuenta cada tres meses del proceso de reconstrucción paso a paso del citado municipio, algo que no se ha cumplido desde la entrada en vigor de la Ley, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   "Han pasado seis meses y el consejero tendría que haber informado  dos veces y no lo ha hecho ninguna. Denunciamos la falta de transparencia con que está actuando el Gobierno regional y también la falta de voluntad política que existe para recuperar Lorca", ha indicado.
   Y es que, para Soler, prueba de esa falta de voluntad política es el hecho de que el Gobierno de Valcárcel "ya no es tan reivindicativo con Rajoy como lo fue con Zapatero a la hora de pedir fondos. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado no hay ninguna partida para el Plan Lorca, mientras que en los presupuestos regionales no se contempla nada, salvo los préstamos que vienen del Gobierno central a través del ICO y del Banco Europeo de Inversiones".
   "Cuando gobernaba el PSOE, el tema de Lorca era una cuestión de Estado, incluso el Gobierno de Valcárcel la equiparó con otros desastres como el Prestige; ahora, que gobierna el PP se han olvidado y guardan silencio", finalizó.

El patrullero 'Relámpago' de la Armada, de gira por el Golfo y sur de Africa en busca de clientes para Navantia


MADRID.- El buque de acción marítima 'Relámpago' de la Armada española se encuentra estos días realizando una gira por diferentes puertos del Golfo para mostrar a las Marinas de la zona las características de esta serie de patrulleros fabricados por Navantia, que busca hacerse con nuevos contratos.

   Según ha informado la Armada, el patrullero ha realizado un "paréntesis" en la 'Operación Atalanta', en la que participa desde el pasado mes de septiembre, y esta misma semana ha hecho su primera escala en Qatar. También está previsto que visite Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos, antes de volver a integrarse en la misión naval europea que lucha contra la piratería en aguas del Indico.
   Más adelante, se dirigirá hacia el sur de Africa, donde permanecerá desplegado unos dos meses, en una zona en la que, según explica la Armada, España está "acrecentando su presencia". El 'Relámpago' tiene previsto llegar a su base en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de febrero del próximo año.
   De este modo, en sus casi seis meses de despliegue, este patrullero habrá completado dos objetivos: la primera participación de un buque de esta clase en la 'Operación Atalanta' y el apoyo a la acción comercial de Navantia.
   La Armada española cuenta con cuatro buques de acción marítima --'Meteoro', 'Rayo', 'Relámpago' y 'Tornado'--, en servicio desde julio del año pasado. En un principio, se anunció una segunda serie de cinco de estos buques, pero todavía no se ha previsto su financiación.
   El 'Relámpago' ha permanecido esta semana durante tres días en Qatar, donde ha llevado a cabo "un intenso programa de actividades", que ha incluido la visita de una delegación qatarí, a la que se ha presentado el buque junto a representación de Navantia. También ha mostrado su interés un grupo de oficiales de la Marina de India, que conoció de primera mano las instalaciones del patrullero.
   Se da la circunstancia de que a bordo del 'Relámpago' viajan tres técnicos de garantía del Astillero de Navantia, porque el buque, que fue entregado a la Armada el pasado mes de febrero, se encuentra aún en periodo de garantía.
   Además, el viaje ha servido para reforzar las relaciones institucionales entre ambos países, ya que ha coincidido con la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando García Sánchez, en Qatar.
   El pasado domingo se celebró también una recepción oficial a la que asistieron, entre otras autoridades, la embajadora española en el país, el JEMAD, el almirante de Acción Marítima, Salvador Delgado, y el comandante en jefe de la Armada qatarí.
   Después de esta primera visita, el 'Relámpago' se dirigirá hacia Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos, antes de reincoporarse para una segunda fase en la 'Operación Atalanta', que desde el próximo 6 de diciembre mandará España con la fragata 'Méndez Núñez', que partió ayer hacia la zona para relevar al buque de asalto anfibio 'Castilla'.
   El fin de su misión contará con dos meses de despliegue en el sur de Africa, donde también aprovechará para mostrar el barco, "en beneficio del prestigio de la Armada y de la construcción naval española", tal y como apuntaba su dotación en su 'blog' de vida de a bordo antes de iniciar su gira por el Golfo.
   El apoyo a Navantia en la promoción de los buques de acción marítima no es el único caso de ayuda a la acción comercial de la industria naval española. El buque de proyección estratégica 'Juan Carlos I', el más grande de la Armada, ya atracó en 2011 en el puerto de Estambul para mostrar sus capacidades a las autoridades turcas, interesadas en este barco.
   Además, en 2013 el buque de aprovisionamiento de combate 'Cantabria' permanecerá desplegado en Australia con el objetivo de que la Marina de este país conozca de primera mano sus capacidades y pueda decidirse por este modelo para reemplazar dos tipos de buques con los que cuenta en la actualidad.
   El acuerdo, anunciado el pasado mes de julio por el entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Manuel Rebollo, no implica gastos extras para España, ya que todos los gastos de traslado son asumidos por Australia, y cuenta con la ventaja añadida de que el buque podrá permanecer con una "actividad permanente", mientras en España se están reduciendo los días de mar debido a la crisis.
   Australia es un cliente destacado de Navantia, a quien ha encargado ya dos buques de proyección estratégica como el 'Juan Carlos I'. Además, está interesado en los submarinos de la clase S-80 que está fabricando para España en Cartagena.

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.
   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".
   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.
   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.
   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.
   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".
   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.
   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.
   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.
   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".
 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".
   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".
   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.
   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".
   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.
   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".
   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".
   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.
   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".
   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.
   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".
   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".
   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".
   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.
   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".
   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".