Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El PSRM reprocha a Valcárcel y Cámara que permitieran a Carrillo presentarse a Alcaldía una vez ya imputado

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, no entiende cómo los dos máximos responsables del PP en la Región, Ramón Luis Valcárcel y Miguel Ángel Cámara, permitieron al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, volver a presentarse a la Alcaldía en las últimas elecciones, "una vez que ya estaba imputado por la Justicia por actos cometidos en 2003, lo que es un apoyo más que explícito".

   Tampoco entiende que unos meses después, cuando ya fue condenado Carrillo por la Audiencia Provincial, "no lo hicieran dimitir como alcalde con la excusa de el edil había recurrido la sentencia al Supremo", ha destacado en comunicado.

   En este asunto, como en otros, "el Partido Popular no cumple ni siquiera sus propios estatutos, que se supone que obligan a abrir un expediente informativo a los militantes imputados, y un expediente disciplinario a los que sean llevados a juicio oral", ni tan siquiera con Cámara.

   A su juicio, "se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular ganó al menos unas elecciones municipales de forma fraudulenta, haciendo trampas, y que el resultado fue un alcalde ilegítimo, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido durante los últimos años para el municipio de Fortuna y sus habitantes, para la democracia, y para la propia credibilidad del PP".

  "Además, el que Carrillo se aprovechara de votos comprados tiene otro efecto, y es que Valcárcel también se pudo beneficiar de votos para el PP regional", ha insistido el líder socialista, quien ha reiterado la petición de dimisión de Valcárcel y de Cámara "por este escándalo tan grande que nos causa tanta vergüenza a todos los demócratas".

La PAH detecta que las entidades financieras están agilizando los desahucios ante la puesta en marcha del 'Banco Malo'

MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha empezado a detectar que las entidades financieras están agilizando las ejecuciones hipotecarias para apropiarse de los inmuebles de sus clientes morosos, ante la inminencia de la creación de un 'Banco Malo' al que transferir esas viviendas objeto de desahucio.

   Asimismo, la PAH ha advertido que las entidades financieras son más reticentes a negociar con sus clientes morosos posibles soluciones, tales como la dación en pago o el alquiler social, con el mismo fin de apropiarse de las viviendas, según ha hecho saber el portavoz de la Plataforma, Paco Morote.

   Por lo tanto, Morote ha explicado que el 'Banco Malo' está empezando a generar ya un coste social y está perjudicando a la gente, lejos de las previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien consideraba que la creación de este nuevo instrumento no iba a conllevar ningún coste.

   "Estamos notando que las negociaciones con los bancos son mucho más difíciles", según Morote, quien critica que algunas entidades financieras se niegan, incluso, a recibirlos, y hay otras que están "metiendo prisa a los juzgados" para agilizar los trámites de desahucio.

   La Plataforma achaca esta conducta a que la creación del 'Banco Malo' es "inminente" y las entidades financieras esperan transferirle todos los bienes inmobiliarios que hayan conseguido desahuciar, con el fin de obtener de esa manera algún ingreso de los activos tóxicos.

   Cabe recordar que actualmente está en tramitación el Real Decreto que desarrolla la creación del 'banco malo', que se llamará Sareb, y que prevé estar listo para el 16 de noviembre. En principio, su función será absorber activos tóxicos de los bancos para reintroducirlos en el mercado y, de esa manera, aliviar la contabilidad de los bancos.

   Morote explica que, mientras que la ejecución hipotecaria no se ha consumado y se ha subastado el bien, la entidad financiera no puede disponer del inmueble para transferirlo al 'Banco Malo'. Por eso, están teniendo "mucha prisa" en que los procedimientos judiciales se resuelvan lo antes posible "para sus intereses".

    A través del 'Banco Malo', los denominados bancos 'buenos' obtienen más beneficio de los activos tóxicos porque, por un lado, se quedan con la deuda que todavía tenga contraída el moroso, que pierde la casa y tiene que seguir pagando. Además, las entidades financieras ganarían lo que el 'Banco Malo' les abone por el activo.

   Morote también se ha referido a los casos más extremos y desesperados como, por ejemplo, los del vecino de Granada que quitó la vida este viernes horas antes de ser desahuciado, y el del hombre de Burjassot (Valencia) que se arrojó al vacío cuando una comisión judicial se disponía a ejecutar la hipoteca.

   Al ser preguntado a este respecto, Morote advierte que estos dos casos se han hecho públicos porque los sucesos han estado "muy directamente relacionados con el momento del desahucio", pero se ha mostrado seguro de que "hay muchos más casos que se camuflan de otras formas o que pasan de otra manera".

   Morote ha alertado que se trata de "una evidencia del drama que supone para la gente verse en la calle, sin ingresos y sin alternativa habitacional para poder tener una residencia". A su juicio, estos hechos "tendrían que hacer reflexionar a quienes gobiernan sobre la necesidad de cambiar la Ley Hipotecaria, que es de 1909".

   "Nosotros aconsejamos a la gente que luche, ya que hay experiencias que demuestran que se pueden conseguir cosas importantes", según Morote, quien insta a los afectados a quitarse la idea de que son los culpables de la situación, ya que "han sido víctimas del timo de la estampita".

   La PAH ha logrado paralizar un total de 89 desahucios desde su puesta en marcha en la Navidad de 2010. Precisamente, la última ejecución paralizada tuvo lugar este viernes, 26 de octubre, en Ceutí, según Morote, quien explica que otras veces no tienen tanta "suerte" y no pueden paralizarlas por los despliegues policiales.

   Además, Morote ha destacado que la Plataforma cuenta con un grupo de apoyo que está atendiendo del orden de 30 ó 35 familias cada semana sólo en el municipio de Murcia, la mitad de las cuales llegan por primera vez a la Plataforma a pedir consejo.

   En estos grupos de trabajo, las familias comparten su situación con otras familias afectadas y, según Morote, les viene muy bien psicológicamente comprender que no son los únicos afectados. Además, en esas reuniones se les hace ver que en realidad son víctimas, a pesar de que tienen sentimiento de que suelen tener sentimiento de culpabilidad.

   Posteriormente, la Plataforma se encarga de dar un tratamiento individualizado a cada caso, en función de la situación en la que se encuentra, si el banco ha ejecutado el desahucio o si no, y si cabe negociación.

   De todas formas, Morote recuerda que la Plataforma no atiende todos los casos, sino que sólo presta ayuda a las familias que acuden a ellos. De hecho, recuerda que en la Región de Murcia se están produciendo 15 desahucios cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En este sentido, ha alabado el informe elaborado por jueces de lo Civil de distintas audiencias provinciales que pone de manifiesto "la mala praxis bancaria y lo injusto de la Ley". Incluso, recuerda que este trabajo sugiere que una parte del dinero que se está destinando a rescatar a los bancos se emplee para ayudar a los desahuciados.

    Ha recordado que la PAH está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ara modificar esa Ley, para lo cual lleva ya "bastantes firmas recogidas". Asimismo, ensalza la iniciativa de IU-Verdes a nivel municipal, para que el Ayuntamiento de Murcia cree una comisión de ayuda a gente hipotecada.

   Asimismo, ha valorado la iniciativa presentada por el PSOE a nivel nacional, un partido al que da la "bienvenida" en la lucha contra los desahucios, porque recuerda que la legislatura anterior, cuando estaba gobernando, rechazó cuatro iniciativas en el Congreso que proponían introducir la dación en pago.

   De todas formas, Morote señala que esta propuesta del PSOE es "insuficiente" porque no tiene carácter retroactivo, y "no va a servir para cancelar la deuda de la gente que ya se ha visto desahuciada". Además, establece unos límites en cuestión de ingresos, pero la PAH cree que si el préstamo cuenta con garantía hipotecaria, el hecho de entregar el bien que se hipoteca "debería ser siempre suficiente para saldar cualquier deuda".

   Por el contrario, la ILP de la Plataforma propone que el Banco se vea obligado siempre a ofrecer a los afectados un alquiler social por un máximo del 30 por ciento de los ingresos de la familia, cuando se trate de la vivienda habitual.

Murcia es la primera región productora y exportadora de España en uva sin semilla

MURCIA.-   Murcia es la principal zona productora y exportadora de España en uva de mesa sin semilla (apirena), que supone el 70 por ciento de la uva cultivada en la Región, tal y como se expuso en el II Congreso Internacional de Uva de Mesa sin Semilla, 'Grape Attraction 2012'.

   Se trata de un evento organizado por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) y la Federación española de productores exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas (Fepex), celebrado en el marco de la feria hortofrutícola Fruit Attraction.

   Este Congreso reunió a más de un centenar de investigadores y representantes de la cadena de distribución internacional.

   Así, el programa de mejora genética de variedades de uva de mesa, que están desarrollando los investigadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (Imida), dependiente de la Consejería, junto con el sector privado, ha permitido "disponer de una oferta propia" con más de 10.000 híbridos anuales frente a los 1.500 de hace unos años, que han dado como resultado doce nuevas selecciones listas para su registro y protección, y su posterior comercialización.

   Y es que, estos programas han permitido la obtención de variedades con cualidades mejoradas en cuanto a sabor, calibre y textura, y más resistentes frente a la amenaza de plagas y enfermedades.

   De esta forma, y según los datos de Apoexpa, la uva sin semilla cultivada en la Región es el producto en fresco más consumido en Sudáfrica, y se está trabajando para la apertura de los mercados asiáticos y de Oriente Medio. Los países europeos siguen siendo los principales consumidores de este producto.

   En este cultivo se ha conseguido además la obtención de cosechas con un factor cero de residuos, debido a la aplicación de las técnicas del programa 'Murcia, Agricultura Limpia.

   En este sentido, las empresas productoras que forman parte de Apoexpa están trabajando en el proyecto 'Uvas saludables de la Región de Murcia', que pretende ofrecer una visión de la uva de mesa murciana que avale las técnicas más sostenibles y de buenas prácticas bajo las que ha sido cultivado este producto.

   Las empresas hortofrutícolas murcianas que han participado esta semana en Fruit Attraction, en Madrid, han mostrado y reforzado la imagen de la oferta regional de frutas y hortalizas ante los distribuidores de países internacionales interesados en las producciones murcianas.

   Las empresas asociadas en Apoexpa, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) han acudido a la cuarta edición de evento, y han tenido un importante nivel de aceptación por parte del sector comercial.

   Y es que, la Región de Murcia exporta el 28 por ciento de las frutas y hortalizas que España vende al exterior. Desde la Comunidad murciana se exporta el 79 por ciento de las hortalizas y el 76 por ciento de las frutas que se producen.

El socialista Oñate cree que los datos del paro "son un problema para salir de la crisis"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, ha solicitado la comparecencia inmediata en la Asamblea del consejero de Empleo, Constantino Sotoca para que explique las medidas que el Gobierno Regional va a adoptar a fin de paliar la "dramática" situación de desempleo que padece la Región de Murcia. 

   El número de desempleados durante el tercer trimestre de 2012 ha alcanzado una cifra récord de 215.600 parados, tal y como arroja la Encuesta de Población Activa (EPA). Con estos datos, la Región se sitúa como la cuarta autonomía de España en nivel de desempleo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   De este modo, Oñate ha manifestado que "el PP cree que va a sacar a la Región de la crisis mediante ajustes en el empleo para hacer crecer la economía y está absolutamente equivocado, porque es al revés".  

   Al hilo, expresó que "estos datos no se corresponden con la satisfacción mostrada por el consejero y el presidente Valcárcel, quienes aseguraron que había cierta mejoría y cambio de tendencia frente a la crisis y se refirieron a una Murcia en positivo", afirmando que "si aquí no hay bienestar, no lo hay entonces en ningún estado europeo".

   Y es que, el parlamentario socialista pide explicaciones sobre "a qué se debe esa desorientación del Gobierno regional y si le queda alguna capacidad de reacción. En estos momentos, el empleo ya no es una consecuencia de la crisis sino la causa, y si no recuperamos ciertos niveles de empleo y de confianza en los consumidores, no saldremos de esta", advirtió.

   Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide con carácter de urgencia la comparecencia del consejero "para exigirle que incluya en los Presupuestos de la CARM para 2013 una partida que permita llevar a cabo un Plan de Empleo, cuyo objetivo sea acabar con este drama que sufren muchas personas en la Región de Murcia".

El tramo de autovía Yecla-Jumilla recibirá cerca de tres millones de euros en 2013

MURCIA.- El diputado nacional por Murcia y portavoz de Fomento del PP en el Congreso de los Diputados, el cartagenero Andrés Ayala, ha valorado este sábado de manera "muy positiva" que los Presupuestos Generales del Estado "doten con casi tres millones de euros el tramo de autovía entre Yecla y Jumilla para el ejercicio 2013, y con 46 millones más para los próximos ejercicios".

   Ayala ha señalado que esta dotación "también responde a las enmiendas a los Presupuestos que el PP presentó el viernes, al igual que la redistribución de las actuaciones de Acuamed por 73 millones de euros para acometer obras hidráulicas en las zonas afectadas por las inundaciones y de mayor riesgo en la Región", algo que, a su juicio, "demuestra el interés del Gobierno por garantizar la seguridad y la ejecución de las infraestructuras en Murcia".

   Según ha explicado, "con la enmienda del Ministerio de Fomento y la dotación presupuestaria de 49 millones para el año 2013 y siguientes se garantiza, por primera vez, la terminación de la A-33 hasta el limite de la Región de Murcia, tantos años demandada por la comarca del Altiplano".

   Tras lo cual, Ayala se ha felicitado en nombre de todos los murcianos y ha destacado "la sensibilidad del Gobierno de Rajoy con nuestra Región, que a pesar de estar ante unos presupuestos muy restrictivos se han ampliado en las cantidades destinadas a los murcianos", según han informado fuentes 'populares' en un comunicado.

   En este sentido, el diputado ha manifestado que "si ya eran unos Presupuestos que trataban muy bien a la Región de Murcia, pues crecían el 8,75 por ciento frente a una caída del conjunto nacional del 16,1 por ciento, ahora con esta enmienda todavía se aprecia más el interés del Gobierno con las infraestructuras de Murcia".

   Finalmente, Ayala ha querido hacer patente "los enormes esfuerzos que hacen el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por conseguir que, pese a las dificultades económicas, las necesidades de nuestra Región sean atendidas en los Presupuestos Generales del Estado".

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 

 

Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 

 

En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.

 

(*) Académico y periodista

El bienestar porcino tiene un precio para los europeos amantes del cerdo

PARÍS.- Las cerdas embarazadas de Europa serán más felices el año que viene, aunque los consumidores de carne porcina pagarán más y algunos criadores saldrán del negocio a medida que las nuevas leyes de bienestar porcino complican el coste de los cereales para alimentación animal.

Las jaulas de gestación metálicas usadas para encerrar a las cerdas embarazadas y facilitar su control estarán prohibidas a partir del 1 de enero en el bloque de 27 naciones, 11 años después de que los diputados votaran por primera vez sobre su prohibición.

Mientras que los grupos de defensa de los animales saludan la iniciativa, se espera que el coste de aplicar esta prohibición obligue a muchos ganaderos a salir del sector, provocando una menor producción y precios más altos para las salchichas, chorizo y prosciutto europeos.

"Estamos al principio de una onda expansiva", dijo Jean-Michel Serres, presidente del grupo de productores francés FNP.

"Tendrá un impacto significativo en los precios del cerdo y plantea problemas para la industria", advirtió sobre una prohibición que en Francia estima que añadirá 650 euros a los costes por cerdo en un sector donde muchos ganaderos ya están en equilibrio o tienen pérdidas.

Los ganaderos de la UE produjeron un récord de 22,7 millones de toneladas en 2010, o más del 20 por ciento de la producción total mundial. La cifra duplica al volumen de Estados Unidos, pero todavía está lejos de los resultados de China, con 51 millones, según mostraron datos de la UE y de EEUU.

Una nueva prohibición de la UE en las jaulas también llevó a duplicar los precios de los huevos en algunos países a principios de este año.

El aumento en los precios del cerdo probablemente no será tan pronunciado ya que el sector tiene más capacidad para absorber el incremento de los costes a través de su cadena de producción, y los consumidores pueden cambiar fácilmente a otras carnes baratas como el pollo.

Pero expertos de la industria contactados por Reuters dijeron que buscarían asegurar al menos algo del incremento del 10 por ciento en los precios que estiman que preservaría sus ya precarias ganancias.

Los ganaderos usan las jaulas en explotaciones intensivas para ayudar con los a menudo tensos turnos de alimentación y tratar con agresiones como los mordiscos en las orejas.

Pero los activistas a favor de los derechos de los animales dicen que las cerdas sufren psicológicamente al ser separadas de otros animales, y se ven afectadas por otras dolencias como la cojera.

En una reunión de autoridades ganaderas y de la industria la semana pasada, la Comisión Europea predijo que entre el 3 y el 4 por ciento de los criadores de cerdos detendrían la producción el año que viene, dijeron dos fuentes en la reunión.

La producción porcina en la UE caería a su vez un 5 por ciento durante los próximos tres años debido a la prohibición de las jaulas de gestación - un uno por ciento este año, un tres por ciento en 2013 y un uno por ciento en 2014, dijeron.

La Comisión declinó hacer comentarios sobre las estimaciones y datos de la reunión. Algunos ganaderos ya se han visto obligados a salir del sector debido al aumento de los precios de los cereales este año, que supone un 30 por ciento de los costes totales, después de graves sequías en Estados Unidos y en las regiones del Mar Negro.

El impacto de la prohibición diferirá mucho entre países. Reino Unido, Suecia y Luxemburgo ya habían prohibido estas jaulas.

En Reino Unido, que puso en vigor la prohibición en 1999, hubo una caída del 40 por ciento en sus rebaños durante la pasada década, y sus ganaderos eran incapaces de competir con países que no usaban ese tipo de jaulas. Este año finalmente la producción se está recuperando.

Se espera que la producción se vea duramente afectada en Alemania, el mayor productor de carne porcina de la UE, con una cuota de mercado del 25 por ciento en 2010.

España, segundo productor, donde se espera que la producción crezca entre un 5 y 10 por ciento este año gracias a las inversiones en los mataderos, podría ver un descenso menor, de alrededor de un 5 por ciento, dijo Miguel Ángel Berges, de Mercolleida.

Los criadores de la UE se han apresurado a adaptar sus granjas, pero la Comisión espera que sólo 17 de los 27 estados miembros estén preparados para finales de año, dejando a más de un tercio del bloque desfasado a pesar de conocerse la prohibición con 11 años de antelación.

Los ganaderos en Alemania y España casi están listos pero en Francia no, según grupos de ganaderos y responsables.

Las CCAA tienen que justificar el destino del dinero del FLA

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a las comunidades autónomas que deben justificar el fin al que destinen el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y en respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo controla los préstamos que están recibiendo las comunidades, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado".

   Al hilo del pago a las farmacias realizado por la Generalitat de Cataluña tras recibir la partida correspondiente al FLA, la vicepresidenta ha explicado que el dinero fue solicitado por el Gobierno de Artur Mas el pasado lunes y que se dio "respuesta inmediata".

   Según ha recordado, el dinero del FLA "está para pagar vencimientos o para pagar a proveedores y se tiene que justificar el destino de esos fondos". 

 "Ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado porque el FLA obliga por un lado a cumplir los planes de ajuste y además tiene marcado el procedimiento de para qué se tiene que destinar ese dinero que se recibe", ha indicado.

Cobacho dice que si se confirma recorte de seis millones de la Comunidad, "la Universidad de Murcia no podrá funcionar"

MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, ha dicho este viernes al Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria en el edificio de Convalecencia, que si la Comunidad Autónoma mantiene el proyectado recorte de seis millones de euros para el próximo ejercicio, "esta institución no podrá funcionar". 

   Cobacho, que ha informado al Consejo de Gobierno sobre la reunión mantenida ayer con el vicepresidente regional, Juan Bernal, ha indicado que la deuda de la Comunidad Autónoma, al 31 de diciembre pasado, se elevaba a 50 millones de euros, y que si a ello se une este recorte se creará una situación "insostenible".

   El rector ha señalado también que continuarán las conversaciones en los próximos días, "con buena voluntad y con espíritu de alcanzar acuerdos, pero sabedores de que hay que resolver la situación".

   Asimismo, ha indicado que "somos conscientes del estado de las finanzas de la Región y de España, pero también hay que decir, siendo realistas, que de mantenerse esa reducción en el presupuesto para el próximo ejercicio no podremos funcionar".

   Cobacho y el vicerrector de Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores, han señalado igualmente que en 2013 hay que ejecutar unos gastos adicionales, como los relativos a los dos edificios para la investigación que se levantan en el campus de Espinardo, que si no se realizan habrá que devolver a Madrid la financiación externa con que se cuenta.

   El rector ha mostrado su confianza en que antes de la próxima sesión del Claustro de la Universidad, que podría celebrarse a finales de noviembre o primeros de diciembre, "el tema esté resuelto".

   En esta misma sesión del Consejo, el secretario general, Joaquín Lomba, ha adelantado que a una próxima reunión de este órgano el equipo de gobierno llevará una propuesta de reducción en un diez por ciento del gasto correspondiente a coordinadores.

   Asimismo ha dicho que en lo que se refiere a los cargos estatutarios, la Universidad no es competente para adoptar una medida de este tipo, aunque los integrantes del equipo rectoral tienen el propósito de renunciar voluntariamente en la cuantía correspondiente a ese mismo porcentaje.

El Gobierno murciano reitera su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales tras la condena de Carrillo

MURCIA.- El Gobierno regional se ha remitido a la valoración que hizo "internamente" el PP sobre la sentencia condenatoria del alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, por compra de votos. No obstante, ha reiterado el "respeto absoluto y acatamiento total a cualquier decisión judicial que se produzca en cualquier sentido".

   "Creemos en la separación de poderes", ha dicho el portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, quien ha criticado, en este sentido, que "se politice la justicia y se judicialice la política, porque ni una cosa ni otra son buenas".

   Preguntado sobre si cree que daña la imagen democrática de la Región una condena a un alcalde por compra de votos, ha afirmado que la imagen de una región "se la gana y se la trabaja día a día la gente honrada y honesta que va cada mañana muy temprano a trabajar y sacar adelante esta región".

   "Quien no está en esa situación será algo que él, ellos o quien les corresponda tendrán que dar cuentas, pero extrapolar eso a toda una región que, de manera honrada, cada mañana trata de sacar esta región adelante no es justo", concluye.

El futuro de BMN es ser engullido por banco mayor o caer en manos del Frob

MADRID.- Los bancos españoles han sido forzados a fusionarse desde que estalló la burbuja inmobiliaria, que les dejó una saturación de viviendas sin vender, promociones sin finalizar y activos tóxicos, según la agencia Reuters.

Más de 30 pequeños bancos de ahorros regionales o cajas ya han sido absorbidas por entidades mayores o se han fusionado, quedando 14 bancos importantes.

Ahora, dicen los banqueros, es probable que los cuatro o cinco bancos más fuertes traten de comprar a los más débiles, entidades que ya han sido nacionalizadas por el Estado o de menor tamaño.

El incentivo para los compradores son los 40.000 millones de euros del rescate europeo a la banca española que ayudarán a sanear los bancos más pequeños y forzarles a descargar sus activos dañados en un banco malo preparado por el gobierno, lo que les convertiría en objetivos más atractivos.

Las pruebas de estrés independientes a los bancos españoles dejaron un mapa muy claro de los siete fuertes y los siete débiles, dijo un ejecutivo de la banca española que no quiso ser nombrado.

"El ejercicio ha dejado muy claro que 4 ó 5 entidades relativamente sanas irán a la caza de otras 4 ó 5 entidades seriamente tocadas", dijo el ejecutivo.

Está previsto que los compradores extranjeros se mantengan al margen debido a los grandes riesgos de España, golpeada por la crisis de deuda soberana de la eurozona.

Los precios de las viviendas siguen cayendo y los activos tóxicos continuarán aumentado al menos durante un año más, mientras consumidores y empresas caen en una profunda recesión.

Los probables compradores son los saneados Santander , BBVA, CaixaBank, Sabadell y la entidad vasca Kutxa.

Entre sus objetivos podrían incluirse las nacionalizadas Catalunya Caixa, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia, además de otras pequeñas entidades como el Banco Mare Nostrum o Caja 3.

El banco de tamaño medio Popular no es visto lo suficientemente fuerte como para ir en busca de adquisiciones, pero podría convertirse en objetivo de compradores si fracasa en su intento de ampliar capital.

La nueva legislación, aprobada para cumplir con las condiciones de la ayuda europea, facilita que el Estado pueda liquidar bancos y venderlos en diferentes partes.

"La competencia entre las entidades para comprar los activos más valiosos va a ser feroz," dijo Ángel Berges, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa, NovaGalicia y Banco de Valencia perderán grandes cantidades de viviendas y suelo, que transferirán al banco malo.

Una fuente financiera con conocimiento de las negociaciones dijo que, como condición del rescate, los cuatro bancos reducirán sus balances en más de un 40 por ciento, haciéndoles objetivos más baratos.

Santander, BBVA y Kutxa están entre los favoritos para hacerse con Catalunya Caixa, cuyos activos rondan los 80.000 millones de euros, dijeron fuentes bancarias.

NovaGalicia, con unos activos por valor de 75.000 millones de euros, podría ser un objetivo interesante para Caixabank, añadieron las fuentes.

Popular, con unas necesidades de capital de 3.200 millones de euros, buscará una ampliación de 2.500 millones de euros en un intento por evitar ser adquirido por el Estado o por algún competidor.

"En el caso de que Popular no pudiera salir adelante por sí sola, Caixabank estará merodeando y lista para aprovecharse", dijo un ejecutivo de la banca.

Banco Mare Nostrum, resultado de la unión de cuatro bancos con unos activos totales de 68.000 millones de euros y unas necesidades de capital de 2.000 millones según la auditoría, podría acabar siendo reestructurado con fondos públicos, dijo un ejecutivo bancario con conocimiento del proceso.

La fusión a tres bandas entre las entidades de pequeño tamaño Liberbank, Ibercaja y Caja 3 fue cancelada. La auditoría reveló que el hipotético grupo tendría un déficit combinado de 2.100 millones de euros y dejaría a Caja 3 como un candidato a ser nacionalizado y vendido, al ser el más desprotegido de los tres.

Otra fusión ahora en duda es la de Unicaja, Caja Duero y Caja España. Como grupo, aprobaron las pruebas de estrés, pero la unión de Caja Duero y Caja España tiene un déficit de capital de 2.100 millones de euros.

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.

   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.

   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.

   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.

   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.

   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.

   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.

   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.

   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.

   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.

   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.

   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.

   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.

   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.

    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.

   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.

   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.

   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.

   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su renuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.

   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.

   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.

   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.

   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.

El desempleo se vuelve a disparar en la Región (+10,56%), según la EPA

MURCIA.- El paro aumentó en 20.600 personas en la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2012, lo que supone un incremento del 10,56 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 215.600 personas y la tasa de paro aumentó hasta el 28,81 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En los últimos doce meses el volumen de desempleados aumentó en la Región en 37.200 personas, (+20,87 por ciento), mientras que el número de ocupados disminuyó en 26.400 personas, lo que supone un descenso porcentual del 4,72 por ciento en relación con el trimestre del año anterior.

   De julio a septiembre la cifra de ocupados disminuyó en 16.900 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone una bajad del 3,08 por ciento de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 532.700 personas.

   Por su parte, el número de activos aumenta en 3.600 personas en el tercer trimestre, un 0,49 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 748.300 personas. En los últimos doce meses el volumen de activos aumentó en 10.800 personas, lo que representa un incremento del 1,47 por ciento.

   La tasa de paro masculino se situó en 28,78 por ciento en el tercer trimestre de 2012 en la Región de Murcia, 4,1 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 24,68 por ciento; mientras la tasa del paro femenino fue del 28,85 por ciento frente al 25,41 por ciento de la media nacional.

   Por lo que respecta a la tasa de actividad regional alcanzó el 62,66 por ciento, 2,54 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 60,12 por ciento.

   La Región de Murcia tuvo en el tercer trimestre de 2012 la sexta tasa de paro más alta del país con un 28,81 por ciento, encabezando el ranking Ceuta (41,03 por ciento), Andalucía (35,42 por ciento), Canarias (33,63 por ciento), Extremadura (32,66 por ciento) y Melilla (30,52 por ciento).

Centenares de personas abuchearon anoche a Valcárcel, con una detención

MURCIA.- Centenares de personas se concentraron anoche para protestar nuevamente contra la política de "recortes" del Ejecutivo y abuchearon al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a su llegada al Teatro Circo con motivo de los actos conmemorativos del XXII Día Mundial del Cooperativismo que organiza la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia (Ucomur), la favorita de la Comunidad Autónoma.

   Durante la protesta se vivieron escenas de tensión, lo que obligó a los más de diez agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, a acordonar la zona y alrededores.

   El acto se saldó con el primer detenido, en una protesta contra los recortes en la Región de Murcia, por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, ya que propinó una patada a un policía nacional, según han confirmado hoy fuentes de dicho Cuerpo.

   Igualmente, a la llegada del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; y del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, algunos de los manifestantes se dirigieron hacia ellos increpándoles y pidiendo su dimisión, por lo que la policía tuvo que protegerlos hasta su entrada en el recinto del Teatro Circo.

   A las puertas del Teatro, desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Valcárcel paga ya a los docentes jubilados', de Sterm, CCOO Enseñanza y FETE-UGT, y corearon consignas del tipo 'Menos policía y más educación', 'No hay pasta para tanto chorizo', 'Sinvergüenzas', 'Ahí están, esos son los que hunden la Región' y 'Somos parados, no somos gamberros'.

   El acto culminó con la detención de una persona, que fue puesta en libertad horas después. El malestar de los manifestantes era tal que gritaron al unísono 'Si tocan a uno, los tocan a todos'.

La alcaldesa de Totana reprueba a Coato en un Pleno municipal sin los votos de la izquierda

TOTANA.- El Grupo Municipal de IU-Verdes, ha rechazado de plano la moción presentada en el Pleno Ordinario celebrado anoche en el Ayuntamiento de Totana, a propuesta de la alcaldesa, en el que los populares, con el voto en contra de la oposición de izquierdas, “reprobaron institucionalmente” al Consejo Rector de la Cooperativa COATO - en la órbita del PSRM- por haber manifestado su opinión sobre la imagen de productos agrícolas hecha pública por el equipo de Gobierno días atrás.

A juicio de IU, "utilizar el poder democrático en la Institución para ejecutar venganzas o perseguir al que discrepa, es un repugnante método que viene llevando a cabo el Partido Popular en el Ayuntamiento desde hace años. Solo hay que recordar la persecución al párroco de Totana, a los concejales de la izquierda, reventar los cepillos de limosnas en el Santuario de La Santa o utilizar métodos propios de la Inquisición, mientras benefician a sus simpatizantes, con puestos de trabajo y otras prebendas muy al uso del PP".

“Es paradójico que el Partido Popular quiera arrogarse el buen nombre de Totana cuando hace mucho tiempo debería haber pedido perdón al pueblo por mancillar su nombre, y al que han salpicado de escándalos y corrupción, con los dos últimos alcaldes encarcelados. Mientras, la alcaldesa y el PP mantienen el nombre de Juan Morales en distintas placas de locales públicos, intentan utilizar la Institución contra la dirección de una Cooperativa que agrupa a cientos de agricultores y ocupa a cientos de trabajadores y trabajadoras en sus instalaciones de Totana; solo por discrepar del equipo de Gobierno y ejercer el derecho a la libre expresión…”, ha manifestado el Portavoz de IU en Totana, Juan José Cánovas.

Izquierda Unida de Totana, insta a la alcaldesa a que "anule el acuerdo del Pleno, respete la libertad de expresión y el derecho a discrepar y no siga con el ridículo argumento de que quién la critique, está atentando contra el Buen Nombre de Totana".

 “Los valores de los totaneros y totaneras o su historia van mucho más allá de querer hacer un uso patrimonial y miserable de su nombre o su Institución…”

Choque de trenes entre la cooperativa agrícola Coato y el Ayuntamiento de Totana

TOTANA.- El Consejo Rector de la cooperativa agrícola COATO, ante los requerimientos para que valore la posible incorporación del distintivo “Totana Origen TO”, creado por el Ayuntamiento de Totana, a las etiquetas, envases, vehículos y a la imagen de la empresa y de sus productos, quiere trasladar a la opinión pública y a sus socios lo siguiente:

"1º.- Que ningún miembro de la Corporación Municipal ha comentado en ningún momento con ningún directivo de COATO absolutamente nada en relación con esta iniciativa.

2º.- Que aunque COATO es la única empresa agroalimentaria local que incorpora en su denominación y anagrama la referencia a Totana, la procedencia de los productos de sus socios es, en más del 80%, de otras localidades de la Región de Murcia y de otras tres Comunidades Autónomas limítrofes. Lo que no es obstáculo para que las empresas cooperativas del Grupo COATO, asocien a más de 500 agricultores totaneros, lo que supera en número de socios el del resto de cooperativas que comercializan sus productos desde instalaciones situadas en Totana.

3º.- Que COATO ha colaborado activamente con la Alcaldesa y la nueva Corporación Municipal en los eventos y exposiciones celebrados tanto en Totana como fuera de ella, facilitando gratuitamente en numerosas ocasiones productos locales artesanos y con envase de cerámica que se comercializan desde COATO.

Una prueba evidente de esa colaboración se acredita en la mayoritaria presencia y gran aceptación de los productos de COATO en la tienda de productos de Totana que el propio Ayuntamiento tiene en la Plaza de la Constitución.

4º.- Sin embargo el Consejo Rector de COATO ha decidido no colaborar en incorporar el anagrama de “Totana Origen (TO)” en todo el material en el que se refleja la imagen corporativa de la empresa, además de por la evidente inversión que ello supone, porque las empresas que se dedican a vender productos o servicios, intentan incorporar a su imagen de marca o reputación, elementos y factores que contribuyan a añadir valores positivos que puedan ser percibidos como un elemento añadido de diferenciación por parte de los clientes.

Pero según aseguran desde COATO, la incorporación del término “Totana Origen” a sus marcas e imagen corporativa, estan seguros que no solo no añadiría ningún valor ni diferenciación positiva sino todo lo contrario. Porque hoy, en la era de internet, cualquiera que busque Totana, encontrará referencias e informaciones institucionales asociadas a valores negativos que hacen referencia al liderazgo de Totana como el municipio más endeudado, el que ha presentado el primero ERE público, o el que ha tenido a varios Alcaldes ingresados en prisión. O el municipio que tiene el record de alegaciones a su PGMO.

Imagen institucional y valores negativos que, según manifiestan desde COATO, contrastan con la buena reputación y trayectoria ejemplar de una docena de empresas destacadas de la localidad que aportan valores y vínculos positivos a Totana. Como también lo aportan los varios cientos de PYMES y micro empresas locales que se esfuerzan día a día en mantener su rentabilidad y continuidad, a pesar de no contar con los costes de servicios ni con los estímulos e incentivos de otras localidades cercanas.

5º.- Por todo lo anterior desde COATO les parece sorprendente que desde la Corporación Municipal se pretendan poner en marcha iniciativas como esta –sin contar con los que tendrían que sufragar sus costes– que les parecen puramente propagandísticas y hasta folklóricas; y que pretenderían distraer la atención de los auténticos problemas del Ayuntamiento y de la economía y del sector agrario local, y desgastar energías y dedicación, aunque sea mediática, hacia asuntos que consideran nada tienen que ver con los problemas reales de los agricultores, empresas y ciudadanos de Totana.

6º.- No obstante todo lo anterior, desde COATO directamente y a través de las organizaciones agrarias más representativas del sector agrario, y de la Confederación de Empresarios representativa de los distintos sectores empresariales de Totana y del Bajo Guadalentín (CEBAG); muestran su disposición a colaborar lealmente y a consensuar y trabajar en común con la Corporación Municipal, y con todos los agentes políticos, sociales y económicos locales, en la urgente solución de los auténticos problemas de la economía, y especialmente del sector agrario local que, entre otros, creemos son: exigir la inclusión de Totana en los informes de daños y en las ayudas que puedan producirse por las pasadas inundaciones del pasado 28 de septiembre, junto con Lorca y Puerto Lumbreras; la exención o subvención inmediata del IBI rústico del 2012 por el Ayuntamiento; la protección y la utilización de los terrenos agrícolas como moneda de cambio para compensar los efectos medioambientales negativos de los convenios urbanísticos en el PGMO de Totana; o la sorprendente priorización por el Ayuntamiento de los intereses de la caza frente a los cuantiosos daños que el arruí y otras especies están infligiendo a la agricultura local".

Matías Carrillo también dimite como presidente del PP de Fortuna y solicita su baja como afiliado

MURCIA.- El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular de la Región, Francisco Bernabé, ha confirmado que Matías Carrillo ha presentado este jueves, ante el Ayuntamiento de Fortuna, "su dimisión como alcalde y como miembro de la Corporación Municipal de dicho Consistorio, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación con la causa seguida contra el mismo".

   Igualmente, Carrillo "ha presentado su dimisión como presidente del Partido Popular de Fortuna y ha solicitado su baja como afiliado en la formación política", ha manifestado.

   Finalmente, Bernabé ha destacado que desde el Partido Popular "se valora el ejercicio de responsabilidad del que Carrillo (en la imagen con Valcárcel) ha hecho gala ante este acontecimiento, al asumir de manera voluntaria las obligaciones que imponen los estatutos del partido para este tipo de situaciones, y sin necesidad de intervención alguna por parte de los órganos de la formación política".

El PSRM pide la dimisión de Valcárcel y Cámara por "haber apoyado al alcalde de Fortuna a pesar de su condena judicial"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha pedido esta tarde en rueda de prensa la "dimisión" de Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP regional, y "del imputado" Miguel Ángel Cámara, como secretario general del partido, "por haber apoyado al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, a pesar de que la Justicia lo había condenado por compra de votos en las elecciones de 2003, en vez de obligarle a dimitir".

   González Tovar ha afirmado que "no hay palabras para definir la vergüenza ajena que sentimos los murcianos ante el comportamiento despreciable y rastrero de Carrillo, que se aprovechó de la buena fe y de las necesidades de muchos fortuneros para comprar sus votos con vales de comida y promesas de empleos públicos".

   A este respecto, el portavoz municipal de los socialistas de Fortuna, Alonso Ruiz, ha explicado que el hasta ahora alcalde de Fortuna "compró votos a cambio de vales canjeables por comida o pañales aprovechándose de la necesidad de algunos vecinos del municipio, lo que demuestra que no estaba en política por ayudar a los ciudadanos sino por ocupar a toda costa su silla en la alcaldía"

   Por su parte, el secretario general del PSOE de Fortuna, José Enrique Gil, ha indicado que "es un día triste para el municipio y este tipo de acciones son las que hacen que los ciudadanos se sientan más alejados de la política".

   "Aún así, asegura, el Partido Socialista seguirá trabajando por y para Fortuna como siempre lo hemos hecho y queremos que estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestro pueblo".

   González Tovar, para quien los delitos de Carrillo suponen "una inadmisible burla a la democracia y a todos los ciudadanos de Fortuna y de la Región", no entiende cómo los dos máximos responsables del PP en la Región, Valcárcel y Cámara, "le permitieron volver a presentarse a la alcaldía en las últimas elecciones, una vez que ya estaba imputado por la Justicia por actos cometidos en 2003, lo que es un apoyo más que explícito".

   "Tampoco se entiende, asegura Tovar, que unos meses después, cuando ya fue condenado Carrillo por la Audiencia Provincial, no lo hicieran dimitir como alcalde con la excusa de el edil había recurrido la sentencia al Supremo".

   En este asunto, como en otros, el Partido Popular "no cumple ni siquiera sus propios estatutos, que se supone que obligan a abrir un expediente informativo a los militantes imputados, y un expediente disciplinario a los que sean llevados a juicio oral".

   Para González Tovar, la condena a Matías Carrillo "es especialmente grave porque pone de manifiesto que el Partido Popular ganó al menos unas elecciones municipales de forma fraudulenta, haciendo trampas, y que el resultado fue un alcalde ilegítimo, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido durante los últimos años para el municipio de Fortuna y sus habitantes, para la democracia, y para la propia credibilidad del PP".

   Y es que, apunta, "esta práctica ilegal del PP ha sido denunciada por el PSOE en muchas ocasiones y en muchos municipios de la Región y ahora se ha demostrado en los tribunales que, al menos en Fortuna, ha sido así, y la Justicia ha condenado e inhabilitado al alcalde del PP".

   Además, ha indicado, "el que Carrillo se aprovechara de votos comprados tiene otro efecto, y es que Valcárcel también se pudo beneficiar de votos para el PP regional".