Un ex consejero de la CAM implica a los ex vicepresidentes en la trama de la directiva

VALENCIA.- El exconsejero de la CAM Ángel Óscar Strada Bello ha destacado este lunes que el consejo de administración de la caja de ahorros era "como la orquesta del Titanic" y la directiva cogió los botes salvavidas. Asimismo, ha añadido que la relación entre consejo y directiva era de "opacidad". "La función del consejo era ratificar decisiones que ya se habían tomado", ha precisado.  

   Strada, que fue consejero general desde 2004 hasta 2010, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el Banco de España. La comisión ha aprobado la comparecencia del secretario de actas, el murciano Juan Martínez-Abarca, solicitada por los socialistas. Compromís, además, ha solicitado la comparecencia de la responsable de las actas anterior.

   Respecto a su entrada en el consejo, Strada ha explicado que se hizo un sorteo entre impositores y salió elegido él, aunque ha manifestado que el director de la oficina le pidió que renunciara al cargo. En este sentido, ha comentado que los directivos preferían un consejo "durmiente y dormido" y que las actas tenían "cierta distorsión".

   Srada ha reconocido que él preguntaba en todas las sesiones del consejo y ha señalado que la directiva en muchas cuestiones respondía 'muchas gracias'. Por ello, ha criticado que el consejo "tenía una función coral con un solo solista, que era el director general, Roberto López Abad, y algunas voces de segunda".

   Al respecto ha puesto como ejemplo el acta del 27 del 11 de 2009, donde se aprueba la retribución al presidente del consejo de administración de la CAM, Modesto Crespo, (unos 300.000 euros en dietas), y ha remarcado que está "absolutamente falsificada" porque "no aparece intervención de ningún consejero y yo hablé en todas las sesiones".

   Además, ha dicho que "una noticia de este tipo se hubiera filtrado" a la prensa de aparecer en acta. "Jamás supimos que Modesto Crespo iba a cobrar esa cantidad", ha recalcado.

   En general, Strada ha reconocido que los consejeros "somos responsables" de haber permitido estas situaciones, aunque ha añadido que cuando se mostraban discordantes sobre la función del consejo de administración la respuesta de la directiva era que había que tomar las decisiones rápido "por la naturaleza de las operaciones financieras y por el temor a que hubiera filtraciones".

   En este punto se ha preguntado "¿por qué no renuncié?" y se ha respondido que hasta lo que él sabía "la CAM iba bien" aunque "no los directivos". Asimismo, ha añadido que "se hicieron cosas importantes".

   La diputada de Compromís Mireia Mollà se ha mostrado agradecida de que un consejero venga "sin miedo" a hablar de lo que ha pasado en la caja de ahorros y de admitir su "responsabilidad".  El parlamentario de EUPV Lluís Torró ha celebrado que Strada sea el primero que ha dado "información relevante" respecto a los procedimientos de elección de los consejeros.

   El parlamentario socialista Ángel Luna le ha preguntado si es cierto que existían "preconsejos" donde se adoptaban de verdad las decisiones, a lo que Strada ha replicado que  no sabe si se llamaban así "pero había una comisión ejecutiva donde se reunían los vicepresidentes y algunos elegidos. Yo nunca asistí a estas reuniones. La voz cantante era la del director general y el resto era gente de su confianza, el núcleo duro".

   El diputado del PP Vicente Betoret considera "curioso" que durante seis años "nadie se diera cuenta que pudiera existir alguna falsedad" en las actas y le ha preguntado si tuvo acceso a algún requerimiento del Banco de España advirtiendo de los desequilibrios financieros de la entidad. Strada ha replicado que no, que conoció estas recomendaciones después de que la caja de ahorros fuera intervenida.

El Sterm denuncia que la Comunidad "ha dejado de cubrir más de 2.000 plazas de profesorado este curso"

MURCIA.- El Sterm-Intersindical ha denunciado públicamente que este año "se han dejado de cubrir en la Región de Murcia más de 2.000 plazas de profesorado de los diferentes cuerpos de enseñanza no universitaria", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

   En este sentido, critica que este hecho, unido a que "la gran mayoría de las plazas para profesorado interino lo son a tiempo parcial, supone que nos encontramos con unas plantillas recortadas,  que tienen que impartir más horas en aulas con un mayor número de alumnado".

   Esto sucede "sobre todo" en Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional y crea, según Sterm, una "gran intranquilidad sobre las posibilidades de realizar un trabajo de calidad, lo que demuestra que las afirmaciones del consejero del ramo, Constantino Sotoca, alegando que la pérdida sería mínima, unas 350 plazas, no eran ciertas".

   Esas afirmaciones, "sostenidas incluso en la Asamblea Regional", llevan a Sterm-Intersindical a "exigir su dimisión por faltar a la verdad de manera reiterada y consciente o por mala gestión en el caso de considerar que era la cifra real de disminución de la plantilla".

   Además, considera que este curso "se aprecia una tendencia a reducir el número de profesorado interino sustituto". En estos momentos y con relación al curso anterior, el sindicato lamenta que "la reducción en la cobertura de sustituciones ronda el 50 por ciento, con una clara disminución de las sustituciones conforme avance el curso escolar".

   Por ello, Sterm-Intersindical ha asegurado que pondrá todos sus esfuerzos "en denunciar la precariedad en la que quedan los centros educativos de la Región ante esta situación y continuará luchando por una mejora de la calidad educativa y de las condiciones de trabajo del profesorado".

El PSOE Lorca denuncia que "el 80% del dinero de las ayudas a damnificados se lo queda la Comunidad"

LORCA.- El vicesecretario y responsable de la Comisión Ejecutiva Local de Lorca sobre temas relacionados con los seísmos, Antonio Navarro, ha denunciado públicamente que la Comunidad "se ha quedado con el 80% del dinero de las ayudas a los damnificados".

   Así, Navarro ha lamentado que "desde el Ayuntamiento y la Comunidad se inventaron un Plan Lorca para que Rajoy ganaras las elecciones y que les sirviera de instrumento político para criticar la única fuente de envío de dinero a los damnificados".

   El Plan Lorca, argumenta, "se mencionaba como tal en los Presupuestos Generales del Estado de este año, pero sin partidas presupuestaria. Para los presupuestos de 2013, ni se nombra. No existe. Hemos sido testigos y víctimas de los mayores abusos y de la más absoluta tomadura de pelo".

   Navarro fundamenta estas afirmaciones en referencia a una carta que envía con fecha 13 de junio el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, al secretario de Estado, Fernando Jiménez Latorre, donde "se pide que se indique de qué forma tiene que proceder la Comunidad para devolver 9,7 millones de euros; ya que recibieron del Estado hasta el 30 de marzo de 2012 la cantidad de 12,1 millones y a los damnificados por los terremotos solo han enviado 2,4".

   Por ello, ha preguntado si "se estaba o no se estaba financiando la Comunidad con dinero de los damnificados por los seísmos".

   Para concluir, considera que "se deberían de pedir responsabilidades morales a los que desde el Ayuntamiento han estado encubriendo esta situación, que conocían perfectamente. En lugar de ejercer la labor de embajadores de Lorca fuera de ella, han sido los embajadores del Partido Popular en Lorca, olvidando el cometido para el que fueron elegidos".

Desde la Comunidad se dice que "hay vías de acuerdo" para no tener que ejecutar los avales del aeropuerto de Corvera

CARTAGENA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación de Territorio, Antonio Sevilla, ha dicho este lunes sobre el Aeropuerto de Corvera que "estamos esperando el informe de AENA" respecto a su calibración, así como que "hay fórmulas para no tener que ejecutar los avales", y que "siempre hay vías de acuerdo".

   De igual forma, el consejero también se ha pronunciado sobre otros temas de actualidad, como la reparación de las carreteras tras las últimas inundaciones, donde ha indicado que "algunas están abiertas en precario", porque ha sufrido daños "procedentes de la erosión", creando problemas "en drenajes y cunetas".

   Y es que, ha dicho, "el agua ha arrastrado maleza", haciendo que estas carreteras "hayan perdido el apoyo lateral de las cunetas", aunque ha indicado que "se está tratando de sincronizar la reparación con el uso normal" de las mismas.

   Otro tema por el que ha sido preguntado el consejero de Obras Públicas ha sido el ERE de Latbus, donde ha manifestado que "se trata de una situación transitoria", y que "se recuperará empleo cuando sea posible", así como que "empresa y trabajadores deben llegar a un acuerdo: el que sea más favorable para ambas partes".

Latbus dice que se ve "abocada" a un ERE de 94 empleados y una reducción salarial del 22%

MURCIA.- La empresa de transporte público Latbus ha admitido que se ve "abocada" a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 94 trabajadores y una reducción salarial del 22 por ciento para "garantizar la viabilidad de las concesiones".

   En este sentido, añade que las causas son "la retirada de las ayudas del Ayuntamiento de Murcia a los viajeros, el retraso en los cobros y la falta de interés político en buscar soluciones reales", según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

   "Que la inmensa mayoría de los murcianos no dispongan de ayudas municipales para el billete de autobús se traduce en drásticos recortes a aplicar por parte de la empresa concesionaria para compensar el déficit estructural que genera esta decisión política en la prestación del servicio", destaca Latbus.

   La empresa anunció este domingo por la noche a todos sus empleados la propuesta de un ERE que afectará a 94 trabajadores de la empresa, entre conductores y personal auxiliar, durante la asamblea extraordinaria convocada para dar cumplimiento a su compromiso de informar en primer lugar y con total transparencia a la plantilla.

   La propuesta se basa, según la empresa, en los "exhaustivos cálculos" realizados durante las últimas semanas para determinar "la adaptación de los recursos técnicos y humanos necesaria con el fin de garantizar la prestación del mejor servicio publico posible en las actuales circunstancias".

   Junto a la "drástica reducción" de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Murcia, Latbus explicó ante los trabajadores que "los retrasos en los cobros, el desajuste entre la oferta y la demanda, la pérdida de viajeros y el incremento de costes básicos de gasóleo y personal, son las causas que han dado lugar al déficit de servicio registrado en la actualidad".

   Además de la rescisión del contrato a 91 conductores y 3 auxiliares, Latbus indica que "es también necesario aplicar una reducción de salarios del 22 por ciento para todos los trabajadores, que unida a los ajustes de los costes compensará el déficit existente".

   "Las medidas propuestas tienen carácter provisional y persiguen frenar las pérdidas que registra la concesión, mantener un escenario de bonificación del billete que permita incrementar el número de usuarios y garantizar la prestación del servicio", concluye.

BMN trata de venderle a la 'troika' pura ingeniería contable y el viejo cuento de la lechera

MADRID.- Los bautizados popularmente como “hombres de negro” de la misión del FMI se van a quedar en España hasta el próximo 26 de octubre para seguir muy de cerca el proceso de rescate  a los bancos españoles.

Desde hoy el Banco de España empieza a evaluar formalmente los planes de recapitalización de los cuatro grupos ya nacionalizados, Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, además de Popular, Banco Mare Nostrum (con activos de unos 68.000 millones de euros), Ibercaja, Liberbank y Caja 3, que en conjunto necesitarán 53.745 millones de euros.

A expensas de la definición final del banco malo que absorverá los activos tóxicos inmobiliarios, el supervisor, en coordinación con la Comisión europea y el BCE deberá valorar en las próximas semanas si los planes son creíbles o no.

Mientras tanto, BMN (Banco Mare Nostrum) contempla unas ayudas públicas inferiores a 500 millones en su plan de recapitalización, según fuentes conocedoras de la situación. El resto, hasta los 2.208 millones de déficit de capital detectado en los test de estrés, se conseguirá mediante el traspaso de activos al banco malo, la recompra de preferentes y la venta de participadas, unidades de negocio y cartera de renta fija.

La fusión de las cajas de Murcia, Granada, Sa Nostra y Penedès contempla devolver esas ayudas en un plazo de cinco años, el tiempo que estima necesario para poder cumplir todas las desinversiones que contempla su plan. “Un plazo más reducido no sería realista”, comentan las fuentes consultadas por 'El Confidencial'.

La entidad que preside Carlos Egea considera que este plan es creíble, viable y sólido, y que ofrece suficientes garantías de devolución de las ayudas públicas en ese plazo de cinco años. El plan se basa en la continuidad de BMN en solitario, aunque no descarta protagonizar una fusión si llega a un acuerdo con otra entidad. En lo que va de año, ha mantenido conversaciones con varias cajas y bancos medianos, sin que ninguna haya fructificado.

El plan de recapitalización de BMN se divide en dos partes. La primera es lo que la entidad denomina “desonsolidación”, que comprende el traspaso de sus activos tóxicos al ‘banco malo’ y la venta de participaciones industriales. Entre las dos operaciones, espera reducir sus necesidades de 2.200 a 900 millones.

En cuanto al ‘banco malo’, estima que tendrá un impacto neto positivo en su capital. Este impacto es doble para todas las entidades: por un lado, la salida de los activos tóxicos reduce los activos ponderados por riesgo (APR, el denominador de la ratio de capital), lo que inmediatamente incrementa el nivel de capital y reduce el déficit. Pero si estos créditos e inmuebles se transfieren a un precio inferior al valor en libros menos provisiones, generan una pérdida que incrementa las necesidades de capital.

En el caso de BMN, estiman que el impacto neto será beneficioso para la entidad dado su elevado nivel de provisiones. En todo caso, el plan se basa en unos precios hipotéticos de traspaso de los activos, puesto que todavía no se ha determinado el precio definitivo, que es objeto de un duro debate entre la banca española y la troika, como ha informado El Confidencial.

Respecto a las participaciones industriales, la entidad posee el 18,1% de Miquel y Costas, el 7,5% de Fersa, el 2,6% de Rovi, el 0,55% de Iberdrola, el 0,34% de Campofrío, el 0,05% de Gas Natural, otro 0,05% de Repsol, el 0,03% de Telefónica y el 2,5% de Uralita. En total, están valoradas en unos 315 millones, aunque su aportación al capital dependerá de la plusvalía o minusvalía que acumule en cada una.

La segunda parte se denomina “mitigación” y contempla una serie de actuaciones para reducir esos 900 millones a menos de 500. En primer lugar, un plan de gestión de híbridos (preferentes y subordinada). La entidad ya realizó un canje de preferentes por depósitos para particulares, valorado en 2.000 millones, y ahora pretende recomprar o amortizar a valor distinto del nominal otra emisión de 400 millones en manos de institucionales.

Asimismo, pretende vender parte de su cartera de renta fija, ya que, como todas las entidades españolas, tiene fuertes posiciones en deuda pública nacional. Y también intentará enajenar algunas unidades de negocio como la de medios de pago, algo que han hecho otras entidades, aunque no siempre con éxito: el Popular ha tenido que retirar esta medida de su plan de negocio ante la imposibilidad de llevarla a cabo antes de junio. Eso sí BMN se da cinco años para conseguirlo.

Ahora, este plan tiene que ser aprobado por el Banco de España y, lo que es más importante, por la troika (BCE, Comisión Europea y FMI), a la que será remitido esta semana. Se prevé que el capital público exacto que recibirán las entidades españolas se conozca a mediados de noviembre.

Además de las necesidades de capital, la entidad formada por Caixa Penedés, Caja Murcia, Caja Granada y Sá Nostra ha presentado una serie de despidos y prejubilaciones al igual que el cierre de varias oficinas.

“Los ajustes que realizamos antes, con un ERE incluido y la bajada generalizada de sueldos, ayudará a que la reestructuración actual no sea tan dura”, dicen fuentes de la entidad.

Nace un nuevo blog de Newsletter del Siglo XXI: monarquiacoronada.blogspot.com

MADRID.- En la víspera de la Fiesta Nacional española nació la semana reciente un innovador blog para analizar el día a día de la Casa Real española y hacer un análisis sistemático y frecuente del papel de la Monarquía juancarlista, algo que periodísticamente nunca se ha cultivado en nuestro país por diversas razones, y alejar así la actividad del vértice del Estado de la llamada prensa rosa, que banaliza su papel constitucional, aunque sea muy criticable, ante la urgente necesidad de refundación del sistema democrático en España. También pertenece, como Murcia Confidencial, al grupo Newsletter del Siglo XXI.

http://monarquiacoronada.blogspot.com

Una crisis sin precedentes / Pablo Pardo *

Ya es oficial. La crisis de España no tiene precedentes. Con esa idea se acaba este domingo la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional. José Viñals, ex subgobernador del Banco de España y actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo, dijo el miércoles que la salida de capitales de los países de la periferia de la eurozona hacia el centro es "muy extraordinaria en una unión monetaria" ("quite extraordinary").

El país que encabeza esa salida de capitales es España. Los inversores extranjeros han retirado dinero equivalente al 27% del PIB de España entre junio de 2011 y junio de 2012. La mayor parte de esa huída de capital se produjo entre enero y junio, y no hay signos de que se haya parado.

En un país que tuviera su propia moneda, eso implicaría que la divisa se habría despeñado. Un ejemplo: en 1997 Indonesia tuvo salidas de capital algo inferiores a las que España está teniendo; en 1998, iguales. En los seis primeros meses, la rupia indonesia pasó de 2.436 unidades por dólar a 14.800. La inflación rozó el 80%. El PIB cayó un 13,5%.

El sistema bancario quebró, el país vivió una revolución y una oleada de violencia étnica contra la comunidad de origen chino. Fue rescatado por el FMI con 43.000 millones de dólares (que hoy, descontada la inflación serían casi 48.000 millones de euros). Eso, en relación al tamaño de la economía de Indonesia, sería como si España recibiera 430.000 millones de euros, que muchos creen que es lo que en realidad necesitamos (más 100.000 para los bancos).

Pero España no tiene moneda y no puede devaluar. En el último año nuestra divisa, el euro, ha caído un 7%. Pero con la mayor parte de los países europeos, que son nuestros socios, vale lo mismo. La opción sería que los españoles perdiéramos un 30% de nuestro poder adquisitivo. O sea, volver a la posguerra.

Nuestra situación es peor que la de Grecia, porque, aunque nuestro sistema político es más eficaz (lo que tampoco es un piropo en sí mismo), nuestros problemas son mayores. El ajuste no solo no ha reducido el gasto público: lo ha aumentado drásticamente, del 3,6% del PIB al 4,5% en apenas seis meses. Es decir: excluido el pago de intereses de la deuda, el agujero de nuestro Gobierno es ahora unos 10.000 millones de euros mayor en relación al inicio del año. ¿Cómo es posible? Porque los recortes del gasto y las subidas de impuestos hacen que la actividad económica caiga más de lo previsto y sepultan la recaudación fiscal.

Pero el déficit público es el síntoma, no la raíz del problema. España, como ha dejado claro el FMI, no tiene un problema de gasto público. Tiene un problema de sistema financiero. Nuestros bancos están en quiebra. BBVA y Santander pueden seguir financiándose fuera, porque su estructura legal permite a sus filiales operar de forma independiente. Pero los demás, no. Y, después de la decisión de Standard and Poor’s de bajarnos el rating, dos de las principales agencias de calificación de riesgos nos han puesto al borde de la calificación de bono-basura. Una de ellas, Moody’s, amenaza desde setiembre con darnos nota de bono-basura.

El futuro

Si dos agencias nos declaran bono-basura, la situación sería dramática. Por un lado, nadie compraría nuestra deuda pública. Pero también afectaría a las empresas, porque las agencias de calificación de riesgos siempre mantienen una correlación entre el rating de la deuda pública y la privada.

El mercado europeo de bonos que no tienen el rango de inversión (que es lo que es un bono-basura) ronda los 250.000 millones de euros. La llegada de la deuda española lo inundaría. Solo si Telefónica e Iberdrola se vieran abocadas a entrar en ese mercado, su volumen crecería en 80.000 millones, según Financial Times. Esas empresas, al contrario que los bancos, no tienen una estructura societaria que les permita a sus filiales en el extranjero captar capitales.

Los bonos-basura (aunque la traducción literal del término junk bond es más bien 'bono-trasto') presentan muchos problemas para los inversores. Una gestora de fondos suele necesitar un mandato específico de sus inversores para comprar esos activos. Y exigen una rentabilidad mucho mayor por comprarla, del 10% o más.

Ése es el gran problema de España. El Fondo Monetario Internacional —que, al contrario de lo que muchos piensan, está defendiéndonos desde el inicio de esta crisis contra Alemania y otros presuntos aliados como Finlandia y Holanda— ha sido muy claro.

Así pues, estamos en quiebra. Están en quiebra los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las familias y gran parte del sistema financiero. Si se comparan las cifras de deuda del Fondo en abril con las de ahora, se ve que esos pasivos apenas han sido recortados. El único que no está en quiebra es el Gobierno central. Pero él será quien acabe pagando la factura de los demás. Y eso también le llevará a la quiebra.

(*) Corresponsal de 'El Mundo' en Washington

Los jóvenes comienzan a no ver futuro en la Murcia de Valcárcel

MURCIA.-  La crisis ha provocado que se produzca un aumento del 35% en el número de jóvenes murcianos que se fueron al extranjero el pasado año con respecto a 2010, al pasar de 256 a 347, respectivamente, según datos que ha facilitado la secretaria de Políticas de Igualdad e Integración de UGT en Murcia, María Dolores Abellán, quien justifica que el motivo principal es por la situación de crisis económica.

   Por contra, el número de extranjeros jóvenes residentes en Murcia que salieron del país experimentó un descenso, al pasar de 6.194 en 2010 a 4.381 el pasado año.

   De esta forma, en términos globales, los jóvenes, tanto extranjeros como murcianos, que salieron de España en busca de nuevas oportunidades labores y educativas registraron un descenso, ya que se pasó de 6.450 en 2010 a 4.728 el pasado año; una situación contraria al conjunto nacional, donde la cifra aumentó hasta llegar a los 247.700 frente a los 201.441 de 2010.

   Desde UGT, Abellán ha explicado que los jóvenes murcianos "están afectados por los recortes en las ayudas a la emancipación", de ahí ese aumento de aquellos que salieron de las fronteras españolas hacia el exterior.

   Y es que, ha subrayado, "las familias murcianas cada vez están más empobrecidas y hay menos consumo", lo que genera, incide, en que "haya menos consumo y la economía esté mucho menos activa".

   De este modo, ha afirmado que "hay menos posibilidades de empleo y cuando los jóvenes quieren acceder al mercado laboral, teniendo en cuenta que los jóvenes murcianos están bien preparados, al ver que no tiene posibilidades intentan probar suerte en otros países".

   Igualmente, Abellán ha resaltado que "hay que tener en cuenta el efecto llamada de otros países, que saben que los jóvenes españoles están muy bien formados, y los buscan".

   Un aspecto que "no ha ayudado en nada a que estos jóvenes permanezcan en la Región ha sido la reforma laboral, ya que esos contratos lo que hacen es desmotivarlos porque no tienen ninguna seguridad ni estabilidad en el trabajo".

   La razón de por qué hay más emigraciones de jóvenes murcianos que extranjeros radica, según Abellán, en que la población extranjera "tiene más posibilidad de empleo, ya que los trabajos que se les da son más precarios, incluso que los que se le dan a los jóvenes murcianos".

Urgen al IMAS que resuelva de inmediato los 744 expedientes de Renta Básica de Inserción que tiene paralizados

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha reclamado a la Consejería de Sanidad y Política Social que a través del IMAS resuelva, con carácter inmediato, los 744 expedientes de Renta Básica de Inserción y proceda a la transferencia de crédito necesaria para garantizar que se cubran estas ayudas.

   Rosique explicó que los 744 expedientes de solicitud de la Renta Básica de Inserción Social corresponden a unos 1.750 beneficiarios y están acumulados desde hace 6 meses en la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, dependiente del IMAS, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "Estos expedientes son la punta del iceberg, ya que según viene denunciando la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) el número de personas que tendrían derecho a percibir la Renta Básica en nuestra Comunidad ronda los 8.000", explica Rosique.

   Y es que, en su opinión, el Gobierno regional incumple la Ley de Renta Básica al no garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carezcan de ellos; pero además, a las más 1.600 personas, que según el IMAS están cobrando actualmente dicha renta, las ayudas que les conceden son unos 100 euros de media inferiores a los que les corresponderían si se estuviera cumpliendo dicha ley.

   La explicación dada desde el IMAS es que los expedientes siguen sin resolverse porque el gasto comprometido para el 2012 ya está cubierto y no hay dotación económica para nuevos solicitantes, salvo que se haga una transferencia de crédito vía modificación presupuestaria.

   "El Gobierno regional tiene la obligación por ley de consignar en los Presupuestos los recursos suficientes para garantizar la Renta mínima a todas las personas que carezcan de recursos. Por tanto, no vale la excusa de que se ha agotado la partida presupuestaria, porque de ser así, se tiene que proceder a realizar la transferencia de crédito que asegure la cobertura de estas ayudas", añade.

   Asimismo, Rosique agregó que "en estos momentos de grave crisis económica se necesita más que nunca el cumplimiento de esa Ley porque el número de personas carentes de recursos y demandantes de estas ayudas han aumentado considerablemente".

   Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que urge al IMAS que resuelva de inmediato los 744 expedientes de Renta Básica de Inserción que tiene paralizados y se lleve a cabo la transferencia de crédito necesaria para garantizar el pago de estas ayudas.

La derecha francesa defiende restringir la asistencia médica a los sin papeles

PARÍS.- La Unión por una Mayoría Popular (UMP), partido central de la derecha francesa, defendió esta semana en la cámara baja una serie de restricciones al dispositivo que permite a los inmigrantes sin papeles beneficiarse de atención médica gratuita, y que serán rechazadas por la mayoría de izquierdas.

El diputado Dominique Tian, del ala más derechista de la UMP, fue el encargado de presentar esta proposición de ley que terminará su recorrido en una nueva sesión plenaria de la Asamblea Nacional el próximo martes, cuando con toda seguridad será rechazada por los parlamentarios socialistas, comunistas y ecologistas.

Tian, que fue el ponente del informe que acompaña la propuesta, detalló su intención de reformar la llamada Ayuda Médica Estatal (AME) creada en 2000 para los inmigrantes en situación irregular por el Gobierno del entonces primer ministro, el socialista Lionel Jospin, y cuyo costo ha crecido un 26 % en cinco años hasta 633,3 millones de euros en 2011.

Con el argumento de luchar contra el fraude, que a su juicio ha propiciado el AME, se trataría de restablecer los controles instituidos en 2010 por el gobierno del entonces presidente, Nicolas Sarkozy y líder de la UMP hasta su derrota en las presidenciales de mayo pasado.

Esos controles fueron anulados por el Ejecutivo del actual presidente, el socialista François Hollande.

De acuerdo con esta proposición abocada al fracaso, los sin papeles tendrían que obtener un visto bueno específico para cualquier tratamiento hospitalario cuyo costo superara los 15.000 euros y pagar una serie de franquicias para poder recibir ciertos medicamentos o algunas formas de asistencia (como transporte sanitario).

Además, las demandas de los inmigrantes irregulares para poder acogerse a la atención médica gratuita tendrían que pasar el filtro de la Seguridad Social, mientras que ahora son muchas las administraciones y organizaciones sociales que pueden concederla.

Según la argumentación de Tian, los sin papeles acogidos a la AME gozan de beneficios incluso mayores que los que tienen los franceses o los extranjeros en situación regular en Francia.

Diego de Ramón solicita al FMI una investigación de Banco Sabadell tras su adjudicación del Banco CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que defiende los intereses de miles de afectados por el presunto fraude de las cuotas participativas de la CAM, ha solicitado por escrito a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitará España a finales de octubre, la apertura de una inspección sobre el Banco Sabadell, en cuanto a su posición respecto a la adjudicación de Banco CAM, sobre su liquidez de garantía para responder a sus compromisos de pago, y posibles perdidas (si las hubiesen en los mercados de Bolsa) así como la compra de titulaciones públicas de deuda catalana y estatal, -si fuese de recursos propios- o –si proviene de créditos dados por el Banco Central Europeo, al tipo de interés que se obtuvo y al tipo de interés que se paga por ambas Administraciones del Estado y de la Comunidad Catalana, incluido la prima de riesgo.

"Si se abriese el expediente de inspección a dicha entidad bancaria, Banco Sabadell, por parte del Fondo Monetario Internacional, rogaría me diesen traslado del mismo al objeto de defender una plataforma de afectados perjudicados por el quebranto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco CAM", concluye el escrito.

De Ramón solicita, más en concreto, "investigar, comprobar y verificar" las actuaciones de Banco Sabadell en España y sobre la adquisición del Banco CAM. 

A su juicio, el objeto de la inspección debe ser el siguiente:

A).-La entidad CAM, es una persona jurídica totalmente independiente de la entidad Banco CAM, cuya actividad financiera comenzó inmediatamente después de la intervención de la CAM por el Banco de España.

A estos efectos, conviene recordar que el día 22 de julio de 2011, el Banco de España, intervino la CAM y Banco CAM, representada por los administradores del FROB. En esta misma fecha, se inscribió en el Registro Mercantil la segregación (realizada el pasado día 21 de junio del año 2011) de la actividad financiera de la CAM en Banco CAM, acordada por la Asamblea de la CAM en marzo de 2011. Esto termino, con la adjudicación a Banco de Sabadell,S.A., el día 7 de diciembre de 2011, por “1“ euro, y con ayudas públicas estatales de participación.

CAM, tras la operación de segregación, mantuvo, por una parte, los administradores provisionales del FROB, la plena titularidad y propiedad, entre otros, de los activos y pasivos afectos a su Obra Social, en cuanto a su lugar de CAM como emisor de las cuotas participativas en circulación, así como las cuotas participativas que la Caja poseía en autocartera y la totalidad de las acciones de Banco CAM de su propiedad, que representaban el 100% del capital de Banco CAM en ese momento.

Tras la intervención, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del RD Ley 9/2009, y con el objetivo de lograr la mas eficiente utilización de los recursos públicos, el FROB, promovió un proceso competitivo para la reestructuración de Banco CAM mediante una operación de venta del 100% de las acciones del mismo, que dio lugar a la adjudicación de Banco CAM a favor del Banco Sabadell, en fecha 7 de diciembre del año 2011.

Y después de la adjudicación definitiva el día 15 de diciembre del año 2011, el capital social de Banco CAM, fue reducido a cero. Y posteriormente el capital social fue aumentado por fondos públicos a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

B).-Examinar la liquidez del Banco Sabadell, después de haberse adjudicado Banco CAM, por cuanto que ha ido pidiendo varias ampliaciones de capital para soportar esta adjudicación, y por ello se debería “comprobar su estado de liquidez de finanzas actual”.

C).-Que en cuanto al canje que ha realizado el Banco Sabadell, sobre las participaciones preferentes de Banco CAM, se ha de investigar y comprobar: ¿Cuánto han perdido los clientes o titulares de estas preferentes en el cambio con las acciones del Banco Sabadell? Pues nunca debe repercutirse mucho mas allá, de las proporciones fijadas por la Comisión Europea, pues sería caso contrario abuso de poder dominante de la entidad sobre el usuario  de los servicios bancarios que vienen referenciados de un presunto engaño, que conoce actualmente de una acción criminal por estafa la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

D).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, para responder a los fondos económicos que tiene actualmente de sus propios clientes.

E).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, para responder ante la CNMV de las acciones que cotizan en Bolsa.

F).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, respecto a la entidad Banco CAM, derivada de una segregación que se hizo un mes antes de intervenir el Banco de España, donde excluyo las cuotas participativas, que se encuentran ahora valoradas en “0”.

G).-En que posición se encuentran ahora el Banco Sabadell, sobre la restitución de los fondos públicos recibidos del Estado en su participación del FGD, en cuanto al cumplimiento de su devolución.

H).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, en cuanto a las garantías económicas sobre un posible quebranto (caso que se produjera como cualquier otra entidad financiera) respecto a los clientes antiguos de Banco CAM y Banco Sabadell.

I).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, sobre la adquisición de deuda pública comprada al Estado Español, Comunidad Catalana y compromisos adquiridos respecto a créditos del Banco Central Europeo.

El letrado recuerda a la próxima misión del FMI a España que:

"En fecha 7 de febrero pasado, comunique a la Comisión Europea la reciente adquisición del Banco CAM por el Banco Sabadell.

En fecha 30 de mayo de este año, la Comisión Europea aceptó las medidas de ayuda estatal, por España, para la venta y disolución del Banco CAM.

Para aceptar las ayudas estatales, se necesitaba un “plan de reestructuración conforme exigido por la Comisión Europea, el retorno de viabilidad de Banco CAM y el adecuado “reparto de cargas”, según el cual, el coste de la restructuración de una entidad financiera, con ayuda estatal, debe recaer en los contribuyentes, accionistas de la entidad en cuestión, y, en particular, de los titulares de títulos de capital y asimilados.

Esta fue la contestación de Bruselas, remitido a este Letrado, el pasado mes de agosto de este año. A través del Parlamento Europeo y de la Comisión en su Dirección General de la Competencia". 

La economía surrealista y la economía real / Ángel Tomás Martín *

Frases huecas y sin contenido real han invadido la noble e imprescindible ciencia de la "Economía". La estructura económica de un país necesita de profesionales, no solamente bien formados, sino dotados de ingenio, ideas realistas y visión de futuro. Los hay, pero debe practicarse "economía política", abandonando la práctica de una "política económica personalizada". Se necesitan políticos al servicio del crecimiento del consumo, de la creatividad diferenciada, de la protección y estímulo de la competitividad, del ahorro privado, de un sistema financiero saneado y al servicio del mercado, no al de la inversión improcedente e incontrolada, sometida a las turbulencias y a la inestabilidad. La banca tradicional existió, y es importante recuperarla.

La política somete a la economía, y elige con frecuencia, asesores que conocedores del pasado se empeñan en aplicar soluciones tradicionales a las crisis, obviando las causas que las provocaron y los cambios radicales que impone la globalización y la avidez de enriquecimiento rápido e inestable.

La nueva terminología genérica e imprecisa, carente de soluciones eficaces, es exclusivamente una solemne cortina de humo que oculta la incapacidad creativa y el pernicioso paso de tiempo estéril. Se acuñan frases y conceptos que repiten los medios y que son generalmente aceptados, por ejemplo: " reformas estructurales", "se llevarán a cabo recortes", "el presupuesto obedece a un objetivo", "es necesaria la consolidación fiscal", "hemos establecido la hoja de ruta", etc. etc.. Estas frases surrealistas, merecen explicar su contenido, finalidad y aplicación y qué resultados justificados se obtendrán. ¿Acaso es posible la consolidación fiscal manteniendo la desunión política y la
descentralización económica?.

Pero toda crítica, siempre fácil, no es válida si no va acompañada de soluciones viables y con factor de sostenibilidad. Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y por la necesidad imperiosa y urgente de reactivar la economía real, solo posible por la vía de los empresarios, emprendedores e investigadores, expongamos propuestas de colaboración y apoyo como base de lanzamiento; si bien, no debemos olvidar que toda Ley debe promulgarse si contiene viabilidad y eficacia, si se eliminan personalismos y emociones, y si se posee capacidad de escuchar a quienes cuentan con experiencia probada en cada uno de los sectores económicos de la geografía nacional.

El Ministerio de Economía está preparando un programa de impulso a la reactivación, que debió emprenderse en el segundo semestre del 2008, o al menos en paralelo a la aplicación de los llamados "recortes", iniciados en la legislatura anterior e intensificados en la actual. El proyecto que abarca 43 nuevas leyes, estimamos que contiene siete esenciales destinadas al impulso empresarial: plan de emprendedores, programa de unidad de mercado, Agencia Estatal para la investigación, Consejo Asesor de ciencia, tecnología e innovación, Reforma de las Cámaras de Comercio, Apoyo a la internacionalización y creación del Cesex.

Merece destacar la "Ley de mercado único" que la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía tiene prácticamente terminada. Su aplicación requiere derogar normativas en vigor, tanto estatales, como autonómicas y locales (dolorosas para algunos de ellos, pero necesarias); la unidad de mercado nacional facilitará la constitución y puesta en marcha de negocios, que hasta ahora dificultaban y retrasaban su apertura, ya que España era la menos ágil de la Unión Europea. El objetivo de garantizar la libre circulación de cualquier producto y su acercamiento al consumidor sin ser obstaculizado por la diversidad de normativas regionales, es prioritaria y urgente; y supone un acierto de innovación legislativa que resolverá importantes problemas a las empresas.

El fomento a la exportación, era otro de los objetivos a poner al servicio de las empresas, cuya nueva entidad se llamará SECEX (Agencia de Internacionalización), en la que esperamos se incluyan en su organigrama los Agregados Comerciales de todas nuestras embajadas en el exterior. A estos departamentos deberá dotárseles del equipamiento necesario para poner al servicio de la expansión internacional, los estudios de mercado y la gestión indispensable para una colaboración eficaz.

El esfuerzo, la creatividad, la innovación, y la investigación, tan necesarios para la competitividad y la internacionalización, han de ampararse en su correspondiente patente, registro o marca, pero el plagio y la usurpación son hechos que se dan con demasiada frecuencia por falsos emprendedores sin escrúpulos. Esta mala práctica debe ser perseguida y castigada enérgicamente, porque es simple y llanamente una apropiación indebida. Es necesario establecer tribunales especializados y rápidos, pues en la mayoría de los casos las sentencias llegan tarde y en muchos de ellos los daños causados son irreparables.

Todo emprendedor necesita de asesoramiento y ayuda, especialmente los nuevos autónomos y pequeños emprendedores. Esperemos que en la nueva ley " Plan de emprendedores " , que se espera entre en vigor en el primer trimestre del 2013, se incluya la solución a este problema. Una de las soluciones pudiera ser la constitución de Comités de Asistencia y Asesoramiento, integrados en las Cámaras de Comercio (puesto que son entidades de derecho público), que periódicamente se reunieran para cubrir la función mencionada al principio de este apartado. En cada Comité debían integrarse, al menos: un miembro del Colegio de Economistas, un empresario de probada y amplia experiencia, un representante de la Secretaría de Estado de Comercio y uno de Industria. Todos ellos deben poseer criterio de equidad, capacidad de escuchar y convencimiento de ayuda.

Un estímulo indispensable, ya practicado en otros países, es la exención fiscal integral durante los dos primeros años en la implantación de nuevas pequeñas empresas y autónomos, obligándoles a incorporar todos sus trabajadores de los incluidos en la lista del paro. Terminado este espacio de exención volverán al régimen fiscal normal y a la cotización laboral.

Todos debemos unirnos para que el programa de reformas se consolide con la máxima urgencia, y trabajemos sin descanso por la prosperidad y la consolidación de lo que es verdaderamente el estado de bienestar: una sanidad, una educación y unas pensiones dignas y acordes con la creación de riqueza.

(*) Economista y empresario

Las cajas piden que el BE pueda autorizarlas a mantener el control de sus bancos

MADRID.- Las cajas de ahorros han solicitado al Gobierno que sea el Banco de España el que tenga la última palabra para decidir sobre si una participación mayoritaria en los bancos a los que traspasaron sus negocios puede afectar a la viabilidad de la entidad, de modo que pueda suprimir esta restricción si lo considera oportuno, según han informado fuentes financieras.

   Esta sería la alternativa que manejan las cajas, que conllevaría una modificación de la Ley de Cajas (Lorca), en respuesta a la regulación del Memorándum de Entendimiento (MoU) pactado por el Gobierno con Bruselas como condición para desembolsar la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca.

   De acuerdo con el MoU, las cajas deben rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control. La Caixa, por ejemplo, posee algo más del 60% de Caixabank, por lo que esta normativa le obligaría a deshacer posiciones de control. Las tres cajas vascas también cuentan con participaciones en Kutxabank.  

   Las cajas fundamentan su propuesta, recogida en un documento remitido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) al Gobierno, bajo premisas económicas, de gobierno corporativo y jurídicas.

   "Se ha ofrecido como alternativa que se haga una modificación de la Lorca, de forma que sea el Banco de España el que diga si el que una caja tenga una participación mayoritaria en una entidad interfiere en su gobierno corporativo o su viabilidad", explicaron las fuentes consultadas.

   Las mismas fuentes precisaron que si el organismo liderado por Luis María Linde considerara que una posición de control de alguna caja no afecta a la estabilidad del banco, "no debería haber ninguna limitación".

   Esta petición de las cajas de que sea el Banco de España quien decida sobre su participación en los bancos a los que dieron origen en un contexto de recapitalización del sector financiero se habría acogido con cierta "receptividad" por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, según las fuentes consultadas.

   La condición suscrita en el MoU recogía una de las recomendaciones del FMI para desatar los vínculos entre las antiguas cajas y los bancos, después de décadas en las que los poderes públicos controlaron estas entidades y empujaron al sector de las cajas a empacharse de ladrillo.

   Si finalmente las cajas se ven obligadas a rebajar su posición de control en los bancos a los que traspasaron sus negocios, se produciría una nueva vuelta de tuerca en el sector, pues podría llevar aparejada su conversión en fundaciones. La pérdida de control se distribuiría durante varios años.

   El MoU establece que el Gobierno debería tener preparada una norma para el próximo mes de noviembre que permita "aclarar" la función de las cajas en su calidad de accionistas de bancos. Y explica que "en último término" se debería reducir su participación hasta una cota "no mayoritaria".

Desde Andalucía se califica de 'muy limitada' la actual realidad turística de la Región de Murcia

SEVILLA.- El consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha anunciado que la Junta enviará una carta al Gobierno central, en nombre de todo el sector turístico andaluz, donde rechaza el modelo apuntado para el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y rechaza además que este organismo "se gestione atendiendo a los intereses de 'lobbies' empresariales catalanes o baleares".

   Rodríguez ha indicado que la carta enviada es fruto del acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Turismo y refleja la "unanimidad" de todo el sector andaluz, en el seno de que Andalucía "no va a consentir que el principal organismo de promoción turística de España, Turespaña, sea gestionado por catalanes o baleares en base a intereses empresariales catalanes o baleares".

   Rodríguez además se manifiesta en contra de la gestión privada de Turespaña, y advierte de que si finalmente es así, la Junta "se replanteará la colaboración con Turespaña".

   Asimismo, advierte de que "Andalucía no va a consentir" que en el seno del consejo rector de este "máximo" órgano de promoción turística de España, la comunidad andaluza "no esté presente", frente a otras comunidades que "lo único que tienen en común es que están gobernadas por el PP, como Aragón o Murcia, con comunidades de potencialidad turística pero su realidad turística presente es muy limitada".

   "Es absurdo pensar que ahora que se quiere reformular el consejo y el papel del principal instrumento de promoción turística de España se plantee que ese nuevo papel debe coincidir en base a determinados intereses empresariales, muy concretos pero además a nivel institucional las comunidades que deban aportar elementos al nuevo plan de promoción turística de España sean esas comunidades del PP; es una concepción miope, absurda y sectaria de España", ha aseverado el consejero.

   "No queremos que el Gobierno nos reconozca un papel en materia turística, porque ese papel ya está reconocido por el sector turístico nacional e internacional", ha apuntado Rodríguez, quien considera que "en cualquier ámbito de desarrollo del sector turístico y promoción turística, Andalucía debe estar presente, y si eso no lo entiende el PP, será que no quiere entender la realidad turística de España y que insiste en esa nueva etapa con ese modelo de legislar a la carta de lobbies empresariales y de grandes establecimientos y empresarios turísticos baleares y catalanes".

   Rodríguez apunta que la Junta no tiene conocimiento oficial "de nada" acerca de las pretensiones del Gobierno sobre Turespaña, "solo lo que publicaron los medios de comunicación o lo que nos refirió un miembro sindical de este organismo, pero no tenemos información absolutamente de nada, y eso tampoco es normal".

   Ha reconocido que antes de que el Gobierno central tomara posesión hubo una reunión donde se empezaron a ver estos temas "pero después de que se haya tomado posesión hemos tenido reuniones con la Secretaria de Estado y con el director general de Turespaña y en ninguna de ellas se nos ha solicitado ningún tipo de opinión ni se nos ha trasladado información sobre este asunto".

   "Estamos muy preocupados porque se puede poner la marca turística España al servicio de intereses profesionales  empresariales de determinados territorios y Andalucía, ni la Junta ni el sector turístico andaluz, lo van a consentir", ha aseverado Rodríguez.

   El consejero ha recordado que se ha establecido un mecanismo de colaboración entre Junta y Turespaña en materia de promoción turística, puesto que "es importante que la marca España sea una marca que genere prestigio, porque en la medida que gane prestigio la marca España también lo hará la marca Andalucía o la marca Costa del Sol, por ejemplo". No obstante, deja claro que Andalucía "no va a colaborar en acciones de promoción turística donde el interés o la base fundamental no sea el interés general de España y de todos sus territorios".

   Rodríguez espera que esos planteamientos para Turespaña se modifiquen y reconduzcan y agrega que quiere creer que "es una medida fruto de coyuntura", ya que, de lo contrario, "sería consolidar algo que es desgraciadamente real y grave, esto es, que el Gobierno del PP se legisla a la carta de lobbies turísticos de grandes empresarias y no en función del interés general".

   Considera que "es un problema político y de concepto de Estado y de España", de forma que "si el concepto de Estado del PP es legislar a favor de grandes lobbies económicos y empresariales de este país, de legislar a favor de determinados grupos catalanes o baleares, entonces Andalucía no quiere saber nada de ese concepto absolutamente contrario a los intereses andaluces y no tiene nada que ver, pues para nosotros el concepto de la estructura empresarial de este país no son grandes empresas ni las 35 del IBEX, sino que nos preocupan los miles de establecimientos hoteleros de Andalucía, pertenecientes a gente que lo arriesga todo por sacar adelante su negocio; ese es el concepto de España que me interesa".

   Agrega que otros territorios "también se plantean la misma reflexión" sobre esa "patada al avispero", que "responde a intereses de lobbies empresariales catalanes y baleares".

   Por ello, lamenta y se muestra "sorprendido" de que la promoción turística de España "se quiera hacer no pensando en los intereses de todos los territorios, sino de los territorios donde algunos tienen su negocio; ya está bien de gobernar solo para los mismos".

   "Lo mejor para la marca España y para Andalucía es que colabore", ha agregado el consejero, quien ha recordado que la Junta "será la única gran comunidad autónoma que esta dispuesta a ir  a la ITB de Berlín con Turespaña, es un ejemplo de voluntad de colaboración".

Cospedal "compra" a Valcárcel apoyo en Madrid, a juicio de los socialistas guadijeños

GUADALAJARA.- El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha calificado de "muy elocuente" el silencio del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la aprobación del nuevo trasvase. En opinión de Bellido, ese silencio "dice muy a las claras que Cospedal tiene un acuerdo con el presidente de Murcia, Ramón Luis Varlcarcel, que consiste básicamente en que ella se calla mientras se llevan toda el agua de la cabecera del Tajo, a cambio de que él la apoye en sus aspiraciones políticas en Madrid".

   El secretario provincial de los socialistas guadijeños ha resaltado que "la constatación de que el nuevo trasvase aprobado ahonda la traición de Cospedal a los ciudadanos y los intereses de nuestra tierra la ha dado el presidente del Sindicato de Regantes del trasvase, quien ha mostrado su satisfacción con la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha informado el PSOE en nota de prensa.

   "Desde el PSOE denunciamos el silencio cómplice de Cospedal ante el desvarío de este nuevo trasvase, pero también le ofrecemos al PP de Castilla-La Mancha un acuerdo para defender los intereses de nuestra región", ha subrayado.

   Sin embargo, añade, "el PP, en lugar de coger nuestra mano tendida, lo que hace es descalificar al PSOE, hacer oposición a la oposición, y eso no arregla nada ni beneficia a nadie, porque mientras el PP está en esa estrategia permanente de oposición a la oposición, perdemos cuatro años y retrocedemos otros veinte más en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha".

   Bellido ha dejado claro que "el PSOE nunca se ha opuesto a trasvasar agua para consumo humano" y que "los socialistas creemos en una política estatal en materia de agua, pero esa política de Estado no puede basarse en fastidiar siempre a los mismos ciudadanos y territorios en beneficio de otros".

   Asimismo, ha afirmado que "no puede ser que se aprueben trasvases ilimitados cuando los pantanos de cabecera se encuentran prácticamente sin agua, ya que a este paso los trasvases acabarán probablemente porque no quedará más que barro".

   En este sentido, el secretario general del PSOE de Guadalajara ha recalcado que "en la situación actual de los pantanos de cabecera, el último trasvase aprobado no sólo es un disparate, sino que posiblemente sea ilegal y, con absoluta seguridad, es inmoral".

Un profesor de la UMU ve "muy difícil" restringir el derecho a la libertad de reunión y manifestación

MURCIA.-El profesor titular del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia (UMU), Luis Alberto Gálvez Muñoz, considera que es "muy difícil" cambiar la legislación actual que regula el derecho a la manifestación y libre reunión para limitar su ejercicio, puesto que la Constitución Española "es muy clara al respecto".

Gálvez ha contestado de esta manera al ser preguntado sobre la polémica suscitada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al afirmar que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y apostar por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

En este sentido, Gálvez recuerda que la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas en su artículo 21, en lo que constituye el núcleo "más relevante de los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna". Asimismo, el derecho a la manifestación está regulado por una Ley posterior, de 1983.

  Gálvez considera que una nueva Ley podría, en todo caso, "ordenar levemente" el derecho de reunión en aspectos muy concretos y dejarlos en manos de la autoridad, como las "modificaciones del itinerario y casos de concentración de muchas manifestaciones en un radio determinado que pudiera afectar al mantenimiento de servicios esenciales en una zona".

No obstante, apunta que "cualquier modificación de la Ley puede encontrarse con un recurso de constitucionalidad y una sentencia desfavorable a la reforma legal, precisamente porque el derecho a la manifestación y libre reunión es "uno de los más relevantes y protegidos" recogidos por la Carta Magna.

Concretamente, Gálvez recuerda que este derecho está contemplado en la sección primera del capítulo segundo del título 1 de la Constitución Española, que es la sección más protegida por la Carta Magna, y recoge los derechos fundamentales, desde el derecho a la vida en el artículo 15, hasta el derecho de petición del artículo 29.

Por ejemplo, explica que el derecho a la manifestación entra en conflicto muchas veces con el derecho a la libertad de circulación de los demás ciudadanos y el derecho al trabajo, entre otros, pero afirma que la Constitución "ya hizo en su momento una ponderación y primó el derecho de reunión".

Gálvez insiste en que el derecho a la manifestación y libre reunión "es uno de los más relevantes" y que la Constitución le da prioridad frente a otros "porque está conectado a la libertad de expresión, el pluralismo político y social y la participación en la vida pública, que son la base de nuestra democracia".

Al respecto, Gálvez explica que la Constitución Española establece algunas prescripciones para las manifestaciones como, por ejemplo, que el ejercicio de este derecho no necesita autorización previa, aunque las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que lógicamente son las más problemáticas, deben comunicarse previamente a la autoridad.

"Esto quiere decir que se debe notificar a la autoridad que se va a hacer una manifestación, pero no hay que pedirle permiso", aclara el profesor de Derecho Constitucional.

La Constitución, igualmente, establece que la autoridad sólo puede prohibir estas manifestaciones cuando "existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes", lo cual excluye "molestias o perturbaciones del tráfico, en general", destaca Gálvez.

Este profesor universitario explica que la Constitución Española "ha sido muy favorecedora del derecho de reunión" y puntualiza que, cuando la Constitución "habla claramente", la Ley "lo tiene muy difícil para restringir".

Gálvez puntualiza que el derecho recogido en la Constitución Española está regulado por una Ley de 1983 que "también favorece al derecho a la manifestación".

En este caso, la Ley lo que hace es "desarrollar el artículo de la Carta Magna", por ejemplo, en lo relativo a los plazos. Así, la norma general es notificar la manifestación con diez días de antelación, para que la autoridad gubernativa pueda determinar si hay peligro o no de alteración del orden público para personas o bienes.

Asimismo, este plazo establecido también da tiempo a la autoridad para "proteger el ejercicio del derecho a la manifestación, establecer el recorrido y que la administración colabore a que se desarrolle correctamente". E incluso sirve que los jueces puedan pronunciarse antes de que tenga lugar la manifestación sobre el ajuste a Derecho de la decisión de la autoridad gubernativa que la limite o prohíba.

No obstante, la Ley establece una excepción cuando, por razones de urgencia, el plazo se reduce a 24 horas. Es el caso, por ejemplo, de una manifestación motivada por un atentado terrorista, o contra una medida adoptada por el Gobierno antes de que la apruebe el Parlamento, puntualiza Gálvez.

En cualquier caso, el profesor de Derecho Constitucional de la UMU explica la importancia que tiene que las decisiones de la autoridad gubernativa "se pueden recurrir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa". Los jueces, con su preparación técnica y su independencia de criterio, son una garantía de que las decisiones gubernativas sean acordes con la Constitución.

Precisamente, Gálvez explica que la autoridad gubernativa "intenta restringir en muchos casos" las manifestaciones, pero los tribunales "siempre hacen una interpretación favorecedora del derecho de reunión".

De esta manera, la Justicia "echa para atrás casi todas las prohibiciones o modificaciones de itinerarios de manifestaciones", y "suele dar casi siempre la razón a los manifestantes, en base a la Constitución, que es muy favorecedora".

En definitiva, Gálvez precisa que "sólo se puede prohibir la reunión cuando es convocada por grupos violentos, dependiendo de los antecedentes que tengan, o en circunstancias especiales en las que se entiende que hay peligro para las personas, como cuando se obstruye la salida de un hospital".

Gálvez recuerda que la manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados "estaba autorizada", y los problemas comenzaron cuando algunos manifestantes "movieron las vallas".

"Cuando unos convocantes tienen antecedentes de problemas de orden público en manifestaciones anteriores, la autoridad gubernativa puede llegar a la convicción de que va a haber problemas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes", añade el profesor. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, con Herri Batasuna, porque "se trataba de los mismos convocantes y siempre había problemas de orden público".

Gálvez puntualiza que el derecho de reunión "está muy conectado al derecho a la libertad de expresión y también a la participación en la vida política de los ciudadanos". Afirma que es "una forma de protestar", y considera "bueno" que la gente "tenga cauces de protesta para presentar sus reivindicaciones pacíficamente a los poderes públicos", de hecho para muchos grupos y ciudadanos "es uno de los pocos medios de que disponen en la realidad para expresar públicamente sus reivindicaciones", por lo que apuesta por "facilitar el ejercicio del derecho de reunión".

El PSRM denuncia públicamente la saturación existente en el servicio de Traumatología infantil de La Arrixaca

MURCIA.- El viceportavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha pedido explicaciones a la consejera de Sanidad por la saturación existente en el servicio de Traumatología infantil de la Arrixaca, según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Y es que, al Grupo Parlamentario Socialista han llegado denuncias de usuarios quejándose de la saturación que diariamente sufre este servicio. Esta situación es consecuencia de la jubilación de uno de los traumatólogos, sin que la Consejería haya procedido a cubrir dicha vacante.

   De esta forma ha quedado un solo especialista para atender a todos los pacientes de esa área de salud y también de otras que carecen de esta especialidad. "La situación que se vive diariamente, con una media de alrededor de 60 pacientes infantiles por día, es insostenible tanto para los propios pacientes como para el personal sanitario", critica Navarro.

   Por todo ello, ha pedido a la consejera de Sanidad que cubra con carácter de urgencia dicha vacante para solucionar este problema de saturación que padece el servicio.

Ensayos en el Noroeste en busca de árboles más adaptados que den mejores producciones de almendra

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua viene realizando ensayos en la comarca del Noroeste desde hace 12 años para determinar los patrones que mejor se adaptan a las condiciones de suelo y de medio ambiente para el cultivo del almendro en esa zona fría de la Región, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   De este modo, los patrones son árboles sobre los que se injertan, generalmente en vivero, las variedades de mayor interés comercial y aportan, fundamentalmente, su sistema radicular al almendro. Deben ser rústicos y vigorosos, e inducir a las variedades injertadas sobre ellos las mejores producciones de almendra, con calidad comercial.

   El almendro es el cultivo leñoso con mayor superficie en la Región de Murcia, ocupa cerca de 72.000 hectáreas, de las que más del 91 por ciento se localizan en tierras de secano. Además, la producción durante los seis últimos años es de una media de 32.500 toneladas de almendra en cáscara.

   Así, el director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, señaló que "la gran mayoría de suelos dedicados al cultivo del almendro suelen ser pobres en nutrientes y materia orgánica, con un contenido elevado de caliza activa y localizados en secanos áridos, lo cual supone unas exigencias extremas, por lo que estamos buscando los patrones mejor adaptados".

   La Consejería inició en el año 2000, en el paraje 'Los Fieles', en el municipio de Bullas, la plantación de ocho patrones: dos francos, cuatro híbridos melocotón x almendro y dos híbridos de melocotonero. Dicha plantación se realizó en condiciones muy exigentes: suelo de textura franca, pedregoso y de poco fondo, con una pluviometría media de 294 mm.

   Al año siguiente se injertaron sobre estos patrones dos variedades de almendro (Ferragnés y Masbovera) de floración tardía, para estudiar su comportamiento inducido.

   Y es que, según Pedro José Guirao, técnico de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) del Noroeste, los resultados obtenidos hasta ahora apuntan que ninguno de los patrones ensayados adelanta o retrasa la fecha de floración de estas dos variedades.

   Igualmente, los patrones amargo, Adafuel y Felinem dan producciones totales y unitarias más elevadas con la variedad Ferragnés, sin diferencias significativas entre ellos. Para la de cáscara dura (Masbovera), algo menos productiva, los patrones GF-677, Garrigues y amargo, por este orden, presentan el mejor comportamiento productivo, sin marcadas diferencias.

   Los resultados obtenidos también aconsejan no realizar plantaciones con los patrones: Barrier, Cadaman y Mayor, por su baja producción, marras y mal estado vegetativo.

   En las zonas de secano más extremas de Mula (Cagitán, La Alquibla) se ha observado la tendencia de los agricultores a prescindir de los patrones híbridos, en general, para volver a los tradicionales francos de Garrigues y amargo, tras detectar en las plantaciones realizadas con los primeros más marras y a más corta edad, aunque los árboles que permanecen sean bastante productivos. En los parajes más frescos y en regadío no se han detectado estos problemas.

   Los patrones francos actuales (amargo y Garrigues) presentan gran variabilidad entre ellos y no tienen por qué responder al tipo del que proceden. De hecho puede aparecer un patrón dulce de una semilla amarga. por ello, se ha planteado la posibilidad de estandarizarlos obteniendo una buena selección, fijada por reproducción vegetativa.

El ex alcalde Archena dice que "difícilmente se puede cometer delito cuando todos los informes son favorables"

MURCIA.- El ex alcalde de Archena, Manuel-Marcos Sánchez Cervantes, asegura, en un escrito, que su imputación por un presunto delito de ordenación del territorio "no es nueva", por cuanto se produjo en el año 2007, aunque no ha tenido conocimiento de ella hasta 2012 y que "difícilmente se puede cometer delito cuando todos los informes son favorables".

   Su origen, ha explicado, está en una de las decenas de denuncias presentadas en su día por Izquierda Unida, de las que hasta el momento se han archivado un total de 28, algunas de ellas por la propia Fiscalía, otras por los Juzgados de Molina de Segura sin llegar a la imputación, otras por los mismos Juzgados previa imputación e incluso algunas otras hasta por el Tribunal de Cuentas. En total, acentúa, 28 denuncias archivadas hasta la fecha, cifra que espera "vaya aumentando con las que hay pendientes".

   En este caso concreto, aclara que la licencia se otorgó en 2004 por la Junta de Gobierno, "no sólo por el alcalde", previo informe favorable del técnico municipal que decía con claridad "procede acceder a lo solicitado", también previo informe favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, y con la asistencia del secretario del Ayuntamiento "que no hizo advertencia de ilegalidad".

   Difícilmente, destaca en su escrito el que fuera alcalde de Archena durante cuatro legislaturas, "se puede cometer un delito cuando todos los informes que se tienen en cuenta son favorables a la concesión de la licencia". Lo ilegal, prosigue, "hubiese sido que la Junta de Gobierno, de la que yo formaba parte, hubiese denegado una licencia que cumplía todos los requisitos para otorgarla según la Oficina Técnica Municipal".

    E indica que, sin entrar en detalles técnicos que desconoce, con los mismos criterios de la Oficina Técnica Municipal de esa licencia, se han concedido con informes favorables decenas de ellas. De hecho, ha afirmado, "el Ayuntamiento hoy todavía sigue manteniendo el mismo criterio técnico y concediendo licencias así".

   Por lo que espera, que "al igual que se han aclarado decenas de denuncias anteriores demostrándose falsas las acusaciones", se aclare también ésta "y las que puedan faltar".

Imputan al ex alcalde de Archena por un presunto delito contra la ordenación del territorio

MURCIA.-   La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Molina de Segura ha decidido imputar al que fuera alcalde de Archena durante cuatro legislaturas y actual secretario general de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

   Según se desprende del auto, se considera que una licencia de obras de construcción de 56 viviendas, garajes y trasteros en las calles Las Naves, Violeta y avenida Europa del municipio, firmada por el ex alcalde, es contraria  a las normas de ordenación territorial y urbanísticas vigentes a la fecha de su concesión, en noviembre de 2004.

   En concreto, el informe del perito judicial señala que la edificación construida incumple las normas ya que el plan permite la construcción de dos plantas, "no así una tercera, que contiene 16 viviendas independientes, sin vinculación al resto del edificio".

   Además, indica, la ventilación de las estancias situadas en la tercera planta no se produce conforme a la norma, ya que lo hacen mediante parámetros verticales. Por lo que estas viviendas no se pueden entender como construcción permitidas "pues no ventilan a través de huecos situados en el plano de la cubierta, sino en un vertical".

   Asimismo, se han ejecutado como viviendas independientes, "cuando debían formar parte de los elementos comunes del edificio o vincularse a otros departamentos del mismo". Tampoco, indica el perito judicial, se puede considerar un departamento del edificio una plaza de garaje o un trastero, "que son estancias anexas a otras primarias cuyo uso ha de ser el residencial".

   Por todo ello deduce que existe incumplimiento de la altura máxima permitida y hay un "exceso de edificabilidad" en la licencia concedida, excediendo de ella la tercera planta, situada por encima del alero y bajo los faldones de cubierta y que contiene un total de 16 viviendas con acceso independiente desde las zonas comunes del edificio.

   Aunque en el plan parcial solo se permitía la construcción inicial de 20 viviendas y unos 2.956 metros cuadrados de edificabilidad, finalmente se construyeron 56 viviendas en 5.274 m2.

   El ex alcalde de Archena tiene abierta otra diligencia, en este caso junto a su Junta de Gobierno, en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Molina de Segura por circunstancias similares.

La Universidad de Murcia convoca 88 plazas de personal docente e investigador en Ciencias de la Salud

MURCIA.- La Universidad de Murcia (UMU) ha convocado dos concursos, con un total de 88 plazas, para la contratación de personal docente e investigador en Ciencias de la Salud, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

 

La primera de estas convocatorias, cuyo plazo de presentación de instancias finalizará el próximo día 16, contiene 84 plazas para distintos departamentos y con destinos en distintos hospitales de Murcia y Región.

La segunda convocatoria, cuyo plazo de admisión se prolongará hasta el día 19, incluye dos plazas para el hospital universitario Virgen de la Arrixaca y otras dos para centros y servicios hospitalarios concertados con la Universidad.