sábado, 6 de octubre de 2012

El Gobierno aprueba una polémica Ley de Costas

MADRID.- El Gobierno aprobó finalmente el proyecto de una nueva Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.

Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa.
Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser ineficaz en numerosas ocasiones.
La ley tiene tres objetivos, según el ministro: "reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica", dijo Arias Cañete durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro detalló que la ley tratará de proteger las 23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados "chiringuitos", para los que establecerá concesiones de cuatro años siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.
El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de viviendas.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
Greenpeace - que hace unos meses denunció que el mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100 millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de "engaño" y acusó al Ejecutivo de "vender la costa al mejor postor" en un comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", dijo Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio del Gobierno.
Por su parte, el ministro sostuvo que "es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones".
La ley incluye también la llamada "cláusula antialgarrobico", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los tribunales", dijo Arias Cañete.
La ley diferenciará también las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las ocupaciones, agregó.

Más de una cuarta parte de los jueces españoles no son de carrera, sino juristas que cumplen esta labor como sustitutos

MADRID.- Más de una cuarta parte de los miembros activos de la carrera judicial, un total de 1.431 (27,82 por ciento del colectivo) son sustitutos, es decir, juristas ajenos a la carrera judicial que realizan sustituciones en los juzgados.

Así lo destacan los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez y Antonio Dorado en sendos votos particulares discrepantes con un informe aprobado el pasado jueves por este órgano que critica los planes del Gobierno en el estatuto de los jueces, como el recorte de días para asuntos propios de 18 a 12 y la reducción a la "excepcionalidad" de estos jueces sustitutos.
Según destacan estos vocales, esta auténtica "judicatura paralela" está integrada por juristas (la mayor parte abogados) de muy distinto nivel técnico y procedencia que, pese a estar equiparados legalmente a los miembros de la carrera judicial carrera, carecen de normativa orgánica que regule sus servicios.
Así, estos profesionales trabajan y cobran por días trabajados -en régimen de incompatibilidad con otras actividades profesionales-, no consolidan derecho a plaza o puesto de trabajo alguno en la judicatura y, al menos en los Juzgados, son destinados indistintamente a órganos de las diferentes jurisdicciones con frecuencia en una misma semana "lo que provoca no pocas disfunciones y carencias técnicas perfectamente comprensibles.
Pese al "innegable esfuerzo y cualificación" de muchos de estos profesionales, "no puede ignorarse que no parten de la formación inicial común con la que cuentan los jueces de carrera de los distintos turnos y que su régimen laboral es difícilmente compatible con el principio constitucional de inamovilidad de los jueces y magistrados", advierten ambos vocales.
Esta justicia de suplentes tiene un coste económico extraordinario, aunque según Dorado y Gómez Benítez "su eventual reducción a los estrictos términos de lo imprescindible", tal y como planea el Ministerio de Justicia, tendría que ir acompañada de la incorporación a estas funciones de jueces y magistrados titulares, mediante el sistema que propone el Anteproyecto ideado por el Ministerio, pero siembre combinado con "la incorporación de nuevos titulares".

Huelga de hambre / José Coy *

Estoy en huelga de hambre para evitar mi desahucio. Pido cosas sencillas de entender; pido que si me embargan me dejen sin deuda, esto es, la dación en pago. Eso es lo mínimo que pido, poder comenzar de nuevo para poder volver a tener una vida normal y corriente sin ser perseguido de por vida por Cajamar. Para no convertirme en un semiclandestino, en un excluido de por vida.

Pero podría haber otras soluciones distintas a perder la parte de la vivienda que está en proceso judicial, con fecha de subasta para el 31 de octubre y así resolver este calvario que vivimos en mi familia desde que empezó esta crisis, otras fórmulas que ya se están barajando en las negociaciones que representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) están realizando con la entidad bancaria. Un calvario que también afecta a más de 500.000 familias en todo el país, que según el Consejo de Poder Judicial están en riesgo de perder la vivienda entre 2012 y 2015. A ese dato hay que sumarle las 160.000 familias que ya la han perdido desde que empezó la crisis.

Una crisis que no hemos provocado la mayoría de la población, pero que, sin embargo, la estamos pagando con creces en forma de recortes de derechos que ha costado décadas conseguir.

En una manifestación reciente que convocó la asamblea local del 15M en Molina de Segura me encontré con antiguas trabajadoras de la conserva y me decían: «Coy, con todo lo que hemos luchado antes por los derechos y nuestros hijos tienen menos derechos que nosotras». Y así es: antes luchábamos por los convenios y su cumplimiento; ahora, con las reformas laborales, ni siquiera vamos a tener convenios colectivos que defender, porque la tendencia es a individualizar las relaciones laborales, y en ellas regirán los trabajos y salarios precarios. Con ello se perderá fuerza colectiva y nos iremos acercando cada vez más a países del tercer mundo o, lo que es lo mismo, nuestro país volverá hacia atrás varias décadas.

La pobreza extrema se está adueñando de nuestros barrios y pueblos; de hecho, en esta tierra murciana hay ya más de 530.000 personas „un 36% de la población„ que vive por debajo del umbral de la pobreza. La consecuencia de este drama humano las conocen bien miles de abuelas murcianas que están actuando de soporte familiar. Sin ellas, comer y cenar diariamente se haría muy difícil para demasiada gente. Los servicios sociales de los Ayuntamientos y organizaciones como Cáritas también conocen al detalle esta situación.

Miles de frigoríficos están vacíos o casi, porque muchas familias no tiene capacidad por sí solas de adquirir los productos más básicos. La supervivencia diaria se está convirtiendo en un drama social, y lo peor es que nada indica que a corto plazo esta situación vaya a mejorar, más bien lo contrario.

Todo eso en un país donde hay recursos, pero están en muy pocas manos y quienes disponen de ellos y de capitales guardan buena parte en los llamados paraísos fiscales.

¿Y la gente joven? Pues muchos de ellos, sobradamente preparados, con imposibilidad manifiesta de acceder al mercado laboral local. De nuevo, como hicieron muchas de nuestras familias décadas atrás, emigran a otros países o piensan en como hacerlo. Un fenómeno cada vez más creciente. También hay quien no tiene esa suerte por no disponer de las titulaciones requeridas o aunque las tuvieran están empleados „quienes lo estén„ en trabajos inestables, sin derechos y con salarios que ni siquiera les permiten independizarse de sus padres. Juventud sin futuro se llama eso.

¿Y las personas mayores de 45 años? Pues ya se sabe, quienes entran en esa edad al desempleo tienen una enorme dificultad para reinsertarse en el mercado laboral y una parte de ellas, como reconocen diversas estadísticas, ni siquiera lo podrán hacer. Todo eso lo veo demasiado a menudo, como también veo a cada vez más personas recogiendo restos en los contenedores de basura o a las puertas de los supermercados. Esto por culpa de una crisis que han provocado los bancos y la especulacion.

Sí, personas recogiendo restos en los contenedores, como las que veo diariamente desde el lugar donde estoy en huelga de hambre, la parroquia de Santa Rosa de Lima en el Barrio de los Rosales de la pedanía murciana de El Palmar. Como también lo ven las personas de la comunidad de base que me acoge en su parroquia, con el cura Pepe Torner, de la HOAC, a la cabeza. Pero cosas peores se ven con frecuencia, como enfrentarse unos pobres contra otros en los puntos de recogida de alimentos que habitualmente se organiza en el barrio.

¿Qué futuro nos espera? Pues el que como ciudadanía nos queramos dar; la solución la tenemos los pueblos del sur de Europa si somos capaces de movilizarnos de forma global, estable y continuada, buscando un poder ciudadano que hasta ahora no tenemos y que sería la base para recuperar derechos perdidos y frenar los recortes que vienen.

Los Gobiernos tienen que mirar a las personas y no sólo a los bancos, repetimos constantemente desde la PAH. Aplicar políticas que empobrecen a la mayoría social no es el camino. El camino es otro, y ese camino lo tendremos que conquistar la ciudadanía.

(*) Activista de izquierdas

Consiguen la devolución de la prima por un mal asesoramiento en Caja Murcia

ALICANTE.- Un mediador colegiado alicantino se dirigió al Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante para solicitar asesoramiento jurídico sobre el caso concreto de un cliente que había firmado la hipoteca con el banco y, también, las pólizas de seguros que le habían recomendado.

Se trataba de una persona que estaba en el paro y que, según se publica en 'Información', “se vio forzada a suscribir y abonar, por recomendación de Caja Murcia, las pólizas de seguros que permitiesen se le concediera la hipoteca que solicitaba”. Entre estos seguros, concreta el diario, “se formalizó un seguro de desempleo, cuando, obviamente, no es posible la contratación de un seguro de desempleo cuando el asegurado está en paro”. Además, la situación se agravó porque se le sugirió contratarlo “con una prima de cinco años y en un pago único”.

Cuando el mediador tuvo toda la información acudió al Colegio de Alicante, donde desde la asesoría se redactaron todos “los escritos de reclamación oportunos”, que se dirigieron tanto a la entidad que había subscrito el seguros, CASER, según recoge el diario, como a Caja Murcia. Fue CASER quien devolvió la prima al cliente y “se disculpó por escrito de lo ocurrido”.

La información también pone de manifiesto que el Colegio de Alicante, como los de otras muchas provincias, trabajan desde hace tiempo en detectar y recoger información, entre los mediadores colegiados, sobre casos de clientes en los que “la información facilitada por el operador de bancaseguros deja mucho que desear”. 
 
Estos profesionales vienen llamando la atención sobre cómo con la crisis la banca viene incluyendo en la decisión de contratación de los seguros en sus clientes, ya que cuando estos acuden a la entidad financiera para solicitar la aprobación de alguna operación desde la entidad financiera se pone como condición que se la elija como intermediario de sus seguros, lo que hace que el cliente abandone a su mediador.

Por eso desde las instituciones colegiales se aboga por la unión para conseguir lo que de forma “individual sería una meta complicada” y piden a las compañías de seguros que trabajan a través de las entidades financieras que valoren si, viendo este tipo de prácticas, “de verdad quieren verse involucradas en esta forma de proceder”.
 

Elvira Rodríguez, ex diputada del PP por Murcia, asume desde este sábado la presidencia de la CNMV

MADRID.- La nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ex diputada del PP por Murcia y ex ministra, desempeñará su cargo a partir de este sábado en sustitución de Julio Segura, y será quien pilote las decisiones sobre levantar o no el veto a las posiciones cortas y abordará las deficiencias en la comercialización de participaciones preferentes.

   Una de las primeras tareas que deberá afrontar la exdiputada del PP al frente del organismo supervisor será decidir si prolonga la prohibición de las ventas a corto, que expira el próximo 24 de octubre. No obstante, Rodríguez no tomará posesión oficialmente del cargo hasta pasados unos días.
   El mandato de Segura al frente del supervisor bursátil finaliza este sábado, después de cinco años encabezando la CNMV. El presidente saliente del supervisor tiene derecho a una compensación económica de 238.923 euros por su actividad al frente del supervisor desde 2007, y que podría percibir a partir del 6 de noviembre si renuncia a su jubilación, en virtud de la limitación de dos años para ejercer un cargo relacionado con el mercado de valores.
   Rodríguez es Licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid e Interventora y Auditora del Estado desde 1972. La exdiputada del PP era actualmente presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y vocal de las comisiones de Hacienda y Administraciones Públicas y Presupuestos.
   Rodríguez, de 62 años, respondió a las críticas de la oposición sobre su nombramiento, habida cuenta de su perfil político. "Ser de un partido no significa no poder ser buen presidente", se defendió, para después garantizar su "imparcialidad".
   Precisamente, la Comisión de Economía del Congreso avaló su nombramiento para dirigir la CNMV al considerar que no existe ningún conflicto de intereses.
   Lourdes Centeno, por su parte, ocupará el cargo de vicepresidenta de la CNMV en sustitución de Fernando Restoy, actual subgobernador del Banco de España. 
Centeno desempeñaba desde el pasado mes de diciembre el cargo de secretaria general técnica del Ministerio de Economía.

Las CC.AA. deberán informar cada mes a Hacienda de sus planes de tesorería y los ayuntamientos cada tres

MADRID.- Las comunidades autónomas remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administración Públicas información sobre los planes de tesorería, el personal o ejecución presupuestaria. En el caso de las corporaciones locales, el envío será trimestral y la información se ampliará al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido una Orden Ministerial, que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las Administraciones autonómica y local faciliten una mayor información económica financiera y con mayor frecuencia, tal y como se contempla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
   El objetivo es lograr una mayor transparencia y un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, "lo que contribuirá a fortalecer la confianza en la economía española y refuerza los compromisos europeos adquiridos", según Hacienda.
   La orden define el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de información económico-financiera a suministrar por las Administraciones Territoriales a la Administración General del Estado que se encargará de su publicidad.
   Por primera vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contará con información referida a: planes de tesorería; número de efectivos y costes asociados al personal al servicio de estas administraciones; información presupuestaria más completa y adelantada en el tiempo sobre marcos presupuestarios, líneas fundamentales del presupuesto, proyectos de presupuestos, presupuestos efectivamente aprobados, sus posibles modificaciones y su ejecución.
   Asimismo, se regulan los plazos y el contenido de la información económico-financiera de estas Administraciones que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colgará en su página web.
Por primera vez, se van a publicar, mensualmente para las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales, información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente, se dará publicidad a los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste.
   En la orden ministerial publicada en el BOE hay un endurecimiento de las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   La orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.
   El primer informe mensual de los datos de ejecución presupuestaria será publicado en octubre, referido a julio y agosto. A partir del mes siguiente el periodo de referencia será mensual. A partir de 2013 se publicará también en términos de contabilidad nacional la información de CCAA, lo que representa un avance fundamental en el seguimiento continuo y control de las cuentas públicas.

El Gobierno regional elimina la figura del Defensor del Pueblo

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha estudiado, en su sesión de este viernes, el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Ordenación del Sector Público de Murcia para el próximo ejercicio, conocida como Ley de Acompañamiento, en la que se recoge la extinción de la figura del Defensor del Pueblo de la Región y de la Entidad Pública del Transporte. 

   Las competencias en materia de quejas a los ciudadanos serán ejercidas por la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos de la Asamblea Regional, lo que garantiza la "adecuada" protección de los intereses de los ciudadanos ante el funcionamiento de las Administraciones públicas.
   Este proyecto se ha acordado remitirlo al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus preceptivos dictámenes.
   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien prevé que la cuantía a ingresar por las modificaciones tributarias que se incluyen en dicho texto sea de unos 6,6 millones de euros.
   En concreto, en materia tributaria el documento incluye una serie de modificaciones, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se deroga el tramo autonómico de la deducción estatal por inversión en la compra de vivienda habitual, en consonancia con la medida anunciada por el Gobierno de la Nación de eliminación a partir del 1 de enero de 2013 de dicha deducción. Del mismo se estima una recaudación de 4,5 millones de euros.
   Mientras que en lo referido a Tributos sobre el juego, el efecto económico, según Bernal, se estima en dos millones de euros como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos; y la repercusión que se prevé por la actualización de tasas regionales, como en ejercicios anteriores, asciende 45.000 euros.
   En este apartado de tasas regionales, se incorpora la de inscripción y realización de las pruebas de conjunto en las enseñanzas deportivas de régimen especial y por la apertura de expediente académico en las enseñanzas de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y de Diseño.
   Bernal ha explicado que en Tributos sobre el juego se modifican los tipos impositivos en las apuestas, la regulación del impuesto regional sobre los premios del bingo, para dotar de una mayor cantidad neta a los premios, y sobre la gestión administrativa del padrón de máquinas recreativas.
   Asimismo, el texto incluye diversas modificaciones tributarias, para adaptarlas a la normativa estatal, se reordena el sector público regional mediante la creación y extinción de varios entes y se refuerza el control del sector público como garantía del equilibrio financiero de la Administración regional.
   En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elimina el requisito de que el donante tenga que estar ejerciendo funciones de dirección para poder aplicar la reducción autonómica en la base imponible por la adquisición inter vivos de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
   También se recoge la regulación del sector público autonómico, dando cumplimiento a lo previsto en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de mayo de 2012.
   Preguntado sobre la posibilidad de futuras desapariciones de otros entes, como el del Consejo Económico y Social, ha indicado que en esta ley "vienen lo que serían los organismos cuya supresión tiene que hacerse por ley".
   "Hay otro tipo de decisiones sobre el sector público empresarial que requieren acuerdos del Consejo de Gobierno y no modificación de una ley y, por tanto, entre sus tareas pendientes el Consejo de Gobierno tiene que estudiar una reordenación del sector público empresarial que viene fijada en el Plan de Reequilibrio, y es uno de los compromisos que adquirimos por nuestra adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", ha argumentado.
   Por ello, ha confirmado que será en próximos Consejos de Gobierno cuando "se revisen algunos organismos, entes públicos, teniendo que ser sometido al análisis y decisión de dicho Consejo".
   La reordenación del sector público regional conlleva la creación y extinción de diversos entes públicos. Por una parte, se crea la Agencia Tributaria de la Región de Murcia como organismo autónomo que permitirá racionalizar la actual estructura de la Administración tributaria autonómica y en la que se integrarán las funciones de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Regional de Recaudación, con la consiguiente supresión de ambas.
   Se crea el Ente Público Empresarial Instituto del Turismo de la Región de Murcia, en el que se unifican las funciones atribuidas a la Dirección General de Turismo y a la empresa pública Región de Murcia Turística, S.A., lo que supone la supresión de éstas y su integración en el nuevo organismo.
   Y se crea el Ente Público Empresarial Instituto de las Industrias Culturales y las Artes la Región de Murcia, en la que se unifican las funciones atribuidas en la actualidad a la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y a la empresa pública Murcia Cultural S.A., con la consiguiente eliminación e integración en el nuevo organismo.
   El régimen competencial de avales y garantías al sector privado se reordena, concentrándose todas las competencias dirigidas a la financiación de la economía productiva en el Instituto de Fomento. El Instituto de Crédito y Finanzas queda como órgano ejecutivo de la Administración regional y su sector público, para la gestión del endeudamiento público.
   Al respecto, Bernal ha avanzado que esta ley estará en vigor cuando "supere su tramitación parlamentaria y sea aprobada", desvelando que la nueva regulación sobre avales "presumiblemente estará en funcionamiento el 1 de enero de 2013".
   Mientras tanto, ha subrayado, "los avales que hay solicitados se están tramitando por su vía ordinaria y, en este sentido, en el que afecta al aval por el proyecto de Paramount está dentro del Icref y sigue en situación de análisis".
   La Ley de Acompañamiento introduce un refuerzo del control del sector público regional, con el fin de regular las relaciones económicas y presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la Administración regional. Se refuerzan las competencias, en materia de Hacienda, para dictar instrucciones de obligado cumplimiento sobre presupuestos, control y optimización del gasto, contratos-programa, políticas de personal, contratación y control del gasto público.
   Estas medidas afectan a los entes públicos, entes fundacionales y consorcios, y demás entidades vinculadas o dependientes del sector público regional, que deberán elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en términos de equilibrio financiero o superávit presupuestario, con la obligación de remitir periódicamente información sobre su evolución.
   Asimismo, en estas medidas de control del sector público se recoge la regulación del régimen jurídico de los puestos directivos de máxima responsabilidad, para su homologación con la Administración General, prohibición de indemnizaciones, aplicación del régimen jurídico de incompatibilidades y principio de responsabilidad en su gestión.

Los 250 trabajadores de 7RM suspendidos de empleo recibirán una indemnización de 30 días por año

MURCIA.- Los 250 trabajadores de 7 Región de Murcia suspendidos de empleo recibirán una indemnización de 30 días por año más un complemento, después de que los empleados de la Televisión Autonómica llegaran a un acuerdo este jueves en una asamblea y firmaran este viernes la Carta de Preaviso de Despido, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Álvaro Pintado.

   De este modo, este jueves los trabajadores celebraron una referéndum para aceptar la propuesta de despido ofrecida por la empresa GTM, una votación que salió adelante con 168 votos a favor y 33 en contra, ya que 49 personas no asistieron a la asamblea convocada por los trabajadores.
   Pintado ha señalado que "mientras este viernes se firmaba el Preaviso de Despido, que se hará efectivo el próximo jueves 11 de octubre con la firma del finiquito, la empresa preparaba la transferencia de la indemnización de los 250 trabajadores".
  Los abogados que han ejercido la defensa de los trabajadores han sido Antonio Sempere y Fermín Gallego.
Propuesta
El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, José María Ortega, ha instado al Gobierno regional a que cree una bolsa de trabajo con los empleados despedidos de la televisión autonómica pública, 7RM.    Ortega ha indicado que realizó esta propuesta en el Consejo de Administración de Radio Televisión Región de Murcia (RTRM) celebrado el jueves y contó con el apoyo del resto de miembros de ese organismo.
   Según la propuesta de IU-Verdes, las empresas que se comprometan en su oferta a contratar personal de esta bolsa de trabajo tendrá más puntos a la hora de obtener la adjudicación del servicio en un nuevo concurso.
   La citada bolsa incluirá en una primera fase a los desempleados de la 7RM, a los que se añadirían los trabajadores de Onda Regional de Murcia, también perteneciente a RTRM, en caso de que alguno de ellos sea despedidos.
   El dirigente de la federación de izquierdas ha señalado que no comparte la privatización de la televisión autonómica pública por la que apuesta el Ejecutivo regional, si bien ha matizado que en esta situación "hay que realizar propuestas que palien en parte las consecuencias negativas de los despidos".

El gasto del Fogasa en prestaciones ascendió a 37,7 millones en la Región de Murcia hasta septiembre

MADRID.- El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en 1.166,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 2,85% más que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, en Murcia el desembolso ascendió a 37,7 millones.

   De esta forma, hasta septiembre, el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, ha consumido algo más del 93% de su presupuesto para 2012, que rondaba los 1.250 millones de euros.
   Del gasto total efectuado entre enero y septiembre, 383,9 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que 782,2 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 5,4% más.
   Hasta septiembre, el Fogasa abonó 443,8 millones de euros, un 3,8% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
   Por su parte, el organismo dedicó algo más de 464,7 millones, un 2,3% más que hasta septiembre de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
   Asimismo, destinó 257,5 millones de euros, un 18,1% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.
   Un total de 198.574 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los nueve primeros meses del año, un 4,5% más, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo fueron 91.294, un 8% más.
   Cataluña fue la Comunidad Autónoma en la que mayores pagos se efectuaron, con 274,9 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (147,7 millones), Andalucía (136,5 millones), Madrid (119,6 millones) y País Vasco (92,9 millones).
A continuación se situaron Castilla y León (65,8 millones), Galicia (58,6 millones), Castilla-La Mancha (51,6 millones), Aragón (40,5 millones), Murcia (37,7 millones), Canarias (30,5 millones), Asturias (26,2 millones), Navarra (20,09 millones), Baleares (19,4 millones), Cantabria (15,09 millones), Extremadura (14,4 millones), y La Rioja (12,5 millones).

Moody's rebaja la calificación de los bancos controlados por el FROB

MADRID.-   La agencia de calificación Moody's ha rebajado la calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los cuatro grupos bancarios controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sujetos a reestructuración.

   Según un comunicado, la agencia de medición de riesgos ha rebajado la calificación de Bankia, su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Banc Catalunya, Banco NCG y Banco de Valencia.
   La calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los cuatro grupos bancarios, todos ellos clasificados como Grupo 1 en el marco del Memorando de Entendimiento firmado por los miembros de la zona euro en julio de 2012, queda degradada a 'C'.
   La agencia de calificación adopta esta decisión teniendo en cuenta las "muy elevadas" pérdidas previstas ya que el Gobierno "planea imponer pérdidas a los propietarios de estos instrumentos".
   Asimismo, Moody's rebaja la calificación de la deuda senior y calificaciones de depósitos de Banco de Valencia de B3 a Caa1 por "el mayor riesgo para los acreedores principales" por el proceso de reestructuración contemplado en el Real Decreto 24/2012.
   Las restantes calificaciones de deuda y las evaluaciones crediticias independientes de los bancos del Grupo 1 antes mencionado permanecen en revisión para una posible rebaja, en línea con la revisión que la agencia realizará para la rebaja a Baa3 de la calificación de la deuda pública de España.
   Al concluir el examen de Bankia, BFA, Banc Catalunya y Banco NCG, Moody's tendrá en cuenta la conclusión de la revisión de la calificación soberana de España, así como el impacto de la reestructuración de estos bancos.

La producción industrial en la Región de Murcia crece un 7,8% en agosto

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de agosto de 2012 creció un 7,8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 3,1 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 44,6 por ciento y una repercusión en el índice general de 7,649. También presentan repercusión positiva los bienes de consumo no duradero con una tasa interanual de 8,0 por ciento y repercusión de 3,064.
   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas los bienes intermedios con una tasa de -6,4 por ciento y repercusión de -2,355, la producción de bienes de equipo con un -8,4 por ciento de variación y una repercusión de -0,456 y, por último, la producción de bienes de consumo duradero con una variación interanual de -3,1 por ciento y una repercusión de -0,072.
   En el análisis por ramas de actividad, la mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 44,7 por ciento y una repercusión de 7,671.
   Se registran las mayores repercusiones negativas en la metalurgia y fabricación de productos metálicos con una variación de -18,9 por ciento y un -1,473 de repercusión seguida de otras industrias con una tasa interanual de -19,7 por ciento y una repercusión de -1,004.
   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de agosto del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (44,7 por ciento) y las industrias extractivas (18,5 por ciento).
   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la industria del cuero y el calzado con un -22,3 por ciento y la fabricación de bebidas con un -22,0 por ciento.
   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de 0,2 por ciento respecto al mes de agosto de 2011.

El alcalde de Lorca está ingresado por una "leve isquemia transitoria"

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, fue ingresado este jueves en el Hospital Rafael Méndez como consecuencia de un episodio generado por una "leve isquemia transitoria", lo que consiste "básicamente en que ha dejado de pasar en algún momento de terminado oxígeno al cerebro", según el parte médico hecho público por los facultativos que le atienden.

   Los médicos, que le están realizando las pruebas pertinentes, han precisado que el alcalde está bien, asintomático y se recupera bien, por lo que podrá recibir posiblemente el alta y regresar a su trabajo cotidiano en un plazo de 48 horas "si no hay otra cosa", según informaron fuentes del Consistorio.
   Todo ello, al margen de las pruebas que se le realicen por parte del equipo médico, según las mismas fuentes, que explican que el plazo "probablemente se ampliará".
   Respecto al origen de este episodio de isquemia, los médicos han reconocido que no saben por qué está provocado, pero que "todo el mundo conoce el ritmo de trabajo del primer edil, sobre todo en los últimos meses", que es "super alto".
   Las mismas fuentes municipales explican que si los niveles que arrojen los análisis sobre colesterol, azúcar y otras cosas, son normales, "lo único que puede deparar un caso así es un episodio de estrés prolongado".
   Al parecer, el alcalde se sintió indispuesto este jueves, con un poco de dolor de cabeza, y llegó el momento en el que decidió acudir por iniciativa propia al Hospital Rafael Méndez para ser atendido por los servicios médicos del citado centro hospitalario.
   El Ayuntamiento ha precisado que los servicios médicos que le tratan, este episodio no reviste gravedad y se trata de una consecuencia del estrés y del intenso trabajo llevado a cabo por Jódar durante los últimos meses.
   "Todos los ciudadanos de Lorca son testigos del ritmo de trabajo del alcalde de Lorca, que se ha intensificado en las últimas jornadas por los sucesos por todos conocidos y por la dedicación total y absoluta de Jódar a esta ciudad", añade el comunicado.
   El Consistorio ha reiterado que este episodio "no reviste gravedad y que el alcalde "se encuentra recuperándose acompañado por su familia". En este sentido, el Ayuntamiento mantiene contacto telefónico con él de manera constante y les ha comunicado que se encuentra bien y que su deseo es "recuperarse cuanto antes para poder retomar su agenda".
   El Consistorio lorquino ha activado los trámites administrativos correspondientes para que el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Félix Montiel Sánchez, supla al alcalde de manera accidental mientras éste se encuentre en reposo.
   Desde el Ayuntamiento de Lorca han pedido "el máximo respeto a la intimidad del alcalde en estos momentos" y agradecido por adelantado "las muestras de cariño y amistad que seguro recibirá".

viernes, 5 de octubre de 2012

José Bono dice que el aeropuerto de Ciudad Real no sirve "para nada"

MADRID.- El expresidente castellanomanchego y expresidente del Congreso, José Bono, cree que el aeropuerto de Ciudad Real no sirve "para nada", según ha dicho en una entrevista digital en 'El País'.

jueves, 4 de octubre de 2012

Plataforma CAM solicita el embargo del patrimonio restante de la obra social de Caja Mediterráneo

ALICANTE.-   La Plataforma CAM, que representa a titulares de títulos preferentes, subordinadas y cuotas participativas vendidas por Caja Mediterráneo (CAM) antes de su adquisición por parte del Banco Sabadell, ha solicitado el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de la caja alicantina, cercano a los 80 millones de euros, al considerar que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) pretende entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

   Así lo ha explicado a los periodistas el portavoz del colectivo, Carlos Pena, durante una manifestación celebrada este jueves en Alicante en la que varias decenas de personas han reclamado a SabadellCAM la devolución del dinero invertido en los esos productos financieros.
   Pena ha anunciado que la plataforma a la que representa ha pedido ante la Audiencia Nacional el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de Caja Mediterráneo que, según los datos que ha aportado, asciende hasta los 80 millones de euros "en efectivo", aproximadamente.
   Además, ha apuntado que esa cantidad "quiere ser entregada" por el FROB al IVF, del cual ha resaltado que es una de las partes que "perjudicó y dejó hacer todo" a los responsables de la entidad alicantina. "Pedimos que ese dinero sea embargado y bloqueado hasta que se resuelva el juicio" en el que está envuelta la anterior cúpula de la CAM.
   Por otra parte, Pena ha explicado que están recopilando información que "demuestra" que "cuando se emitieron las cuotas participativas y las preferentes se mostraron y entregaron datos falsos". En este sentido, ha advertido de una posible "estafa" por "falsificación de las cuentas", que, en su opinión, "ha perjudicado" a los inversores.
   Del mismo modo, ha hecho referencia a un informe de la auditora Price Waterhouse en el que, tal y como ha subrayado, se recoge que Caja Mediterráneo tuvo pérdidas entre los años 2007 y 2008, cuando desde la entidad alicantina se informó a los futuros poseedores de productos financieros de la obtención de ganancias. "Ninguno compraríamos si sabíamos que daba pérdidas", ha afirmado Pena.

El PSRM-PSOE de Murcia dice que las inundaciones del viernes están relacionadas con un "modelo urbanístico insostenible"

MURCIA.- El Grupo Socialista considera que las inundaciones del viernes están directamente relacionadas con un modelo urbanístico insostenible El concejal José Zapata  mantiene que la imposibilidad de ejecutar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la zona norte con macro tanques de tormenta se debe realmente a la inviabilidad económica y ambiental del urbanismo voraz del PP.

   El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Zapata, ha criticado que la inundación que vivió la ciudad de Murcia el pasado viernes tras las fuertes lluvias es la consecuencia de un "urbanismo torpe e insostenible" que la economía razonable y la propia naturaleza impiden.
   "Las prisas del beneficio inmediato, la megalomanía, la imprevisión y la insosteniblidad urbanística están detrás de que Murcia se inunde cada vez que llueve", critica el concejal del PSOE, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   En este sentido, Zapata apunta que "la respuesta a la imposibilidad de desarrollar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la zona norte con macro tanques de tormenta realmente está en la inviabilidad económica y ambiental de un modelo de urbanismo insostenible que va contra el sentido común, llegando a su máximo exponente con la construcción de una guardería en plena rambla de Espinardo", recalca.
   "Donde inicialmente estaban previstas 7.000 viviendas, con los convenios pasaron a ser 20.000, asumiendo un desarrollo urbanístico basado en exclusiva en el negocio del suelo barato y la vivienda cara, y no en las necesidades reales", insiste Zapata.
   El concejal socialista recuerda que el Grupo Socialista ha venido reiterando desde 2003 que el crecimiento de una ciudad "debería ser desde dentro hacia fuera, acompasando la red de saneamiento al ritmo de edificación".
   Asimismo, ha afirmado que lo mismo debería pasar "en los nuevos crecimientos, que suelen ser antiguas zonas de huerta, aprovechando la red de riegos tradicionales, construyendo tanques en los jardines que servirían de reserva de aguas para el mantenimiento de los mismos y la limpieza viaria, y que serían aliviaderos en casos de lluvias torrenciales con cargo a las obras de urbanización".
   Por último, Zapata recuerda que la naturaleza "siempre superará cualquier solución técnica por millonaria que sea, por lo que deben canalizarse adecuadamente las zonas de influencia de ramblas y escorrentías próximas a núcleos de población y evitar construir cerca de ellas".

Los sindicatos exigen en SabadellCAM una ´salida digna´ para los afectados por el ERE

ALICANTE.- Delegados sindicales del SabadellCAM exigen "una salida digna" para los 1.751 trabajadores que se verán afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará en la entidad. Las negociaciones entre los representantes del personal y la dirección de la empresa entran en su recta final ya que el plazo de consultas al que obliga la legislación finaliza el próximo martes, por lo que solo quedan cuatro reuniones por celebrar, recuerda 'Información'.

Los portavoces de la Plataforma Sindical -que agrupa a Sicam, UGT, CC OO, CGT, Csica, Alta y Sindicato Vietnamita- recordaron que el Sabadell ha sido una de las entidades que han superado con éxito el riguroso examen realizado a la banca española por la consultora Oliver Wyman "gracias a las ayudas recibidas para integrar a la CAM", por lo que pidieron a sus responsables "generosidad" con los empleados afectados por los recortes. 
Así, los representantes de la plantilla denunciaron que la dirección "apenas se ha movido de su oferta inicial", que incluye la cobertura de los prejubilados sólo hasta los 61 años y una indemnización de 25 días por año trabajado para los despedidos, cifras que consideran "inaceptables". 
Trabajadores de "jornada especial", que es como se denomina a los primeros prejubilados de la entidad que siguen siendo formalmente empleados de CAM, denuncian que el Sabadell quiere incluirlos en el nuevo ERE, lo que consideran un "fraude de ley".

BMN no puede levantar capital mediante una ampliación, según Fitch

MADRID.- Banco Popular no necesitará recurrir a dinero público para cubrir las necesidades de capital de 3.223 millones de euros en un escenario macroeconómico adverso identificadas por la consultora independiente Oliver Wyman, según Fitch.

"Aunque se trata de un desafío evidente, seguimos creyendo que Popular tiene la capacidad de incrementar su capital sin necesidad de acudir a fondos de rescate", dice la agencia de calificación crediticia.
La ampliación de capital de 2.500 millones de euros proyectada por Popular mejorará significativamente su capital antes de junio de 2013 y supone una medida "más tangible" que otras que podría adoptar para recapitalizarse, estima.
Fitch recuerda que el banco que preside Ángel Ron también prevé captar capital mediante la desinversión de activos por importe de 300 millones de euros, así como de la retención de beneficios por 400 millones.
El oscuro entorno macroeconómico en que se desenvuelve la banca hará que la ampliación de capital y la venta de activos "sea un reto", pero Popular ha indicado que ya cuenta con el respaldo de doce bancos de inversión que asegurarán la operación, que podría culminar este año, apunta Fitch.
Además, la agencia de calificación crediticia sostiene que Popular presenta dos ventajas respecto a los grupos formados por antiguas cajas de ahorros con déficit de capital según Oliver Wyman, ya que es una entidad cotizada.
"Liberbank, Banco Grupo Caja tres y Banco Mare Nostrum (BMN) no están cotizadas, por lo que no pueden levantar capital mediante una ampliación", dice Fitch, tras insistir en que Popular puede cubrir el hueco de capital "por sus propios medios".
La firma destaca que otras ventajas que presenta Popular frente a dichas entidades con necesidades de capital detectadas en la prueba de resistencia es "su sólida franquicia y fuerte negocio en pymes".
El éxito de las medidas tomadas en España para reforzar el capital y sanear los balances, así como el de las medidas tomadas por las autoridades europeas para aliviar la crisis de la eurozona, determinará la medida en la que los ratings de los bancos españoles, entre ellos Popular, podrían mejorar en el medio plazo, añade.

El ICEX impulsa la comercialización de vivienda vacacional en el exterior

MADRID.-ICEX España Exportación e Inversiones ha mantenido esta semana una reunión con las principales asociaciones, empresas promotoras e instituciones privadas y de crédito del sector inmobiliario en España para diseñar de forma coordinada un conjunto de actuaciones de promoción internacional y de captación de inversión. Con este fin, ICEX ofrece el apoyo institucional bajo el paraguas de Marca España.

El sector inmobiliario español está en proceso de ajuste de precios y existe un stock de vivienda al que hay que dar salida, en particular, el de segunda residencia o vivienda turística en la costa. En 2011 el 6,04% de las compras de vivienda en España fueron realizadas por ciudadanos extranjeros, según el Anuario del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y una gran parte de estas compras fue con fines turísticos.

El plan de promoción sectorial contempla la participación en ferias especializadas y actividades comerciales en un conjunto de países. El planteamiento general es desarrollar un conjunto de actuaciones de carácter comercial, divulgativo y business to business (B2B) que permitan interesar a potenciales inversores extranjeros y dar a conocer la oferta inmobiliaria española, particularmente la de vivienda terminada, pero sin descartar otras ofertas.

Ferias y networking
La mayoría de los interlocutores han subrayado el gran interés por la participación activa en las ferias especializadas del sector bajo un paraguas país que aporte imagen y dimensión y que facilite el encuentro entre empresas con posibilidad de realizar acciones B2B.

Para comenzar a implementar esta estrategia, los mercados prioritarios son Reino Unido, Alemania y Rusia. En el mercado británico, el evento más adecuado es A Place in the Sun que tendrá lugar en Londres en abril. En Alemania, un mercado muy relevante para el sector, están todavía en estudio las acciones a acometer. Y en Rusia, mercado de gran proyección, el evento será Domexpo en Moscú.

La presencia de las empresas inmobiliarias en eventos feriales servirá asimismo como plataforma que facilite el encuentro con potenciales inversores con el fin de llevar a cabo acciones de networking (B2B). Estas acciones business to business también se llevarán a cabo en el resto de los mercados prioritarios europeos.

Además, con el fin de realizar una labor de campo previa a las ferias que ayude a recuperar el contacto con los canales internacionales de distribución, se van a celebrar a lo largo del último trimestre del año unas jornadas sobre el sector en varios países seleccionados.

El Gobierno recuerda que podrá usar el artículo 155 para controlar el déficit autonómico

BARCELONA.- El Gobierno español ha hecho público un documento sobre la situación económica española destinada a inversores de todo el mundo en el que afirma que está dispuesto a llevar a cabo una "intervención directa" de las comunidades autónomas que no acaten los objetivos de déficit que marca el Ejecutivo.

La presentación, que está escrita en inglés y que el ministro de Economía, Luis de Guindos, utilizará próximamente en reuniones con inversores, recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé que "si una comunidad autónoma no cumple con las medidas de control del déficit" se puede usar "el artículo 155 de la Constitución" que significa "intervención directa".
El artículo 155 fija que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
En el apartado 2 del mismo artículo se señala que "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

El Congreso aparca 'sine die' la investigación de los escándalos de la banca

MADRID.- Dejarlo correr. Ésta parece ser la premisa que impera en todo lo relativo a la depuración de responsabilidades en torno a los escándalos financieros. Al menos, en lo que a su versión política se refiere. La crónica es de lainformacion.com

El más claro ejemplo es que se ha dejado pasar todo el mes de septiembre sin llamar a declarar a ninguno de los comparecientes que fueron citados por el Grupo Parlamentario Popular justo antes del verano.
Fue el pasado mes de julio cuando, tras meses de previsiones y tras haber vetado varias comisiones de investigación, el PP accedió a abrir una ronda de comparecencias en el Congreso.
Entonces se dijo que había sido la imputación de Rodrigo Rato por la Audiencia Nacional y el deseo del ex vicepresidente del Gobierno de dar su versión sobre lo ocurrido en Bankia lo que llevó al PP a cambiar el guión y a acceder que se debatieran en el Congreso los escándalos de la banca.
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias que se iban a celebrar entre lo que quedaba de julio y septiembre. Además, para garantizar la transparencia, se dijo que las comparecencias iban a ser a puerta abierta.
De hecho, así fue en las intervenciones que se llevaron a cabo justo antes de verano y que tuvieron entre sus grandes protagonistas a Rato, a la ex ministra de Economía, Elena Salgado; al ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y al ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.
Pero, por un motivo de agenda, el grueso de las comparecencias se iba a llevar a cabo en septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más.

Sin noticias, ni explicaciones
Desde el Grupo Parlamentario Popular apenas se da una explicación de por qué se han suspendido estas intervenciones y se limitan a señalar que ahora, con las comisiones que se celebrarán con la llegada de los Presupuestos Generales al Congreso, la agenda se va a retrasar más.
En el mejor de los escenarios, en las próximas semanas se convocará una reunión para consensuar el calendario, con el objetivo de que antes de final de año se retomen las comparecencias, pero sin garantizar que vaya a ser así.
Respecto a por qué no se ha convocado antes ese encuentro, que habría permitido cumplir la agenda que se dijo de que las intervenciones se llevarían a cabo en septiembre, ni una respuesta.
En cambio, sí ha seguido su curso la subcomisión sobre reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero, como demuestra el hecho el que ayer acudiera a ella el presidente del FROB, Fernando Restoy, que se celebró a puerta cerrada.
Sin embargo, en esta comparecencia se habló de las últimas reformas financieras y del examen realizado por Oliver Wyman a toda la banca española, cuyos resultados se conocieron el pasado viernes.
Por tanto, su asistencia no respondió a la necesidad de aclarar cómo se gestionaron las entidades, cómo actuaron los supervisores y si hubo negligencias que han llevado a que todos los españoles tengan que pagar un déficit de 17.000 millones y una deuda de 40.0000 millones por el rescate a la banca.
Desde la oposición aseguran que está todo parado y que cuando alguien pregunta sobre cuándo se van a retomar las intervenciones, nadie da una respuesta. De hecho, explican que no hay orden del día, ni fecha, ni ninguna indicación de que vaya a cumplirse lo prometido, más allá de afirmar que existe "voluntad de continuar".
Tampoco se tiene constancia de que algunos de los comparecientes más esperados, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, hayan sido llamados por el Congreso. Por el momento, todo está en el limbo.

Hoy, festividad de San Francisco de Asís, apertura de curso en el colegio de los Padres Capuchinos

MURCIA.- Como viene siendo tradicional desde 1949, hoy, 4 de octubre, se celebra el acto de apertura de curso en el colegio San Buenaventura, de los PP Capuchinos, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana en el siglo XIII, de la que posteriormente emana la regla capuchina.

Pero este curso no será igual que los anteriores. Los alumnos de la promoción 1960-1970, la mayoría de los cuales cumple 60 años en 2013, viajarán en abril a Tierra Santa con sus esposas, mediante un vuelo 'charter' desde el aeropuerto de San Javier, durante una semana y acompañados de varios frailes de la provincia valenciana, a la que Murcia pertenece, para convivir de nuevo los que han sobrevivido con el paso de los años, que son el 90% exactamente. El alojamiento también está previsto que se haga normalmente en conventos franciscanos.

A falta de los detalles, el viaje no será exclusivamente turístico religioso (Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, Hebrón, río Jordán, Mar Muerto, Lago Tiberiades o mar de Galilea... inmortalizados en el Nuevo Testamento)  sino que corresponsales españoles de prensa, radio y televisión en la zona acompañarán a la expedición, como guías excepcionales, a lugares que habitualmente no suele visitar el turista y sus integrantes serán recibidos, en algún momento, tanto por autoridades israelíes como por dirigentes palestinos en Tel-Aviv, Haifa, Jerusalén y Ramala. También se pretende un encuentro con líderes de la comunidad sefardita asentada y residente.

Guindos eleva hasta 24.000 millones de euros el coste de saneamiento de la CAM

MADRID.- Comisión de Economía del Congreso. Comparece el ministro Luis de Guindos para explicar el último informe de Oliver Wyman sobre la situación de los bancos españoles. En su intervención, el representante socialista, Valeriano Gómez, ha echado en cara a Guindos el altísimo coste del saneamiento bancario. El ministro no lo ha negado, pero ha dejado claro que el método ZP-MAFO sale todavía más caro que el suyo.

En su explicación, Guindos ha elevado el coste del saneamiento de la CAM hasta los 24.000 millones de euros. Exagera. Si los cálculos no nos fallan, la CAM nos ha costado unos 17.300 millones de euros; 5.600 millones de capital aportados por el Estado, más otros 4.000 millones de la línea de liquidez privilegiada puesta a disposición del Sabadell, más unos 8.000 millones del Esquema de Protección de Activos (EPA). Total: 17.300 millones de euros. O sea, una barbaridad.
Y es que sanear entidad por entidad resulta inasumible. Por eso, el ministro ha preferido otro sistema menos gravoso: salvar al conjunto del sector financiero de una sola vez. De ahí nacen los dos ‘decretos Guindos’ de reestructuración financiera, que han obligado a las entidades a realizar fuertes provisiones.
Sin duda, este segundo método -rescate europeo más el ‘banco malo’ que, por cierto, tendrá una participación privada de al menos el 55%- es más barato que el sistema del PSOE. Incluso lo es aunque la venta de activos al 'banco malo' generará pérdidas, tal y como ha admitido Guidos. Aún así, continúa siendo demasiado caro: al no dejar caer ninguna entidad, el rescate bancario europeo ha hecho aumentar nuestra deuda, que llegará al 90% del PIB en 2013, y ha llevado al Ejecutivo a tener que solicitar un rescate global -por mucho que Rajoy lo siga negando-.
Lo que queda claro es que Guindos mantiene el principio de que no se puede dejar caer a ninguna entidad: “No podemos tener un sistema bancario no solvente, con entidades zombis”, ha asegurado.
Pero existe un tercer camino, que omiten tanto el PP como el PSOE: dejar caer entidades, como ocurrió con Lehman Brothers. ¿Qué problema tiene? Pues que liquidar entidades puede hacer que el Gobierno de turno pierda las siguientes elecciones, y esto sí que es un precio demasiado alto para los políticos.

El Ministerio de Trabajo destapa un 11,8% más de economía sumergida

MADRID.- “Racionalización de los recursos y organización, porque los inspectores siempre han trabajado mucho”. Así explican en el Ministerio de Trabajo los extraordinarios datos facilitados por la ministra Fátima Báñez (en la imagen) en el transcurso de la reunión con directores territoriales y jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  De enero a septiembre de este año se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. El plan de lucha ha permitido que afloren 57.457 empleos hasta septiembre, un 11,86% más que el año anterior, según http://www.hispanidad.com

Los datos son magníficos. La actuación de la inspección permitió detectar  1.064 empresas ficticias y anuló 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que el año anterior.

Las cifras no guardan ninguna relación con el nuevo régimen de empleadas del hogar ni posibles inspecciones ejercidas al respecto para detectar trabajadores sin dar de alta durante este verano, entre otras cosas, porque, según fuentes del propio Ministerio, los hogares son muy difíciles de inspeccionar por su especial condición jurídica.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó, entre los siete meses de enero a septiembre de este año, un total de 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. De ellas, 15.097 guardan relación con las prestaciones por desempleo. Se han detectado 4.730 infracciones de empresarios, un 30% más que en el mismo período del año anterior que se cerró con un saldo de 3.642 infracciones detectadas.

Se ha descubierto a 6.943 trabajadores que, o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con un trabajo, o las han obtenido mediante el recurso al fraude. El incremento de infracciones detectadas ha sido de un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
Las empresas ficticias, otra bolsa de fraude, han sido objeto de la atención del Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo 14.110 inspecciones, un 70,5 % más que las 8.274 del año pasado. Se han detectado 1.064 infracciones en esta área, frente a las 208 detectadas en los nueve primeros meses de 2011, lo que implica un incremento del 411,5%.

También se anularon 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).

Báñez puso en valor la labor realizada por los inspectores de trabajo y seguridad social, “un servicio público con más de 100 años de historia…” y ha añadido que los resultados obtenidos “son datos positivos que revelan vuestro trabajo y vuestro compromiso en estos años de crisis económica”.

A la vista de los resultados, la nueva legislación  de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobada por el PP está consiguiendo los resultados esperados. Aunque cabe preguntarse si muchos de los delitos fiscales cometidos, como las altas ficticias, no han aumentado con el empeoramiento de la crisis este último año, lo que da lugar a su detección, lo cierto es que el número de actuaciones se ha incrementado. Los inspectores, por mucho que hayan trabajado antes y después, y sin un incremento significativo de medios, deben estar echando humo.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Fomento descarta rescatar "a corto plazo" autopistas, a las que ya ha dado ayudas por 550 millones


MADRID.- El Gobierno no prevé rescatar "a corto plazo" a ninguna de las autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de insolvencia, dadas las medidas de ayuda que ha articulado, por las que, según asegura, ya ha concedido entre estas vías un total de 550 millones de euros.

   De este importe, 469 millones corresponden a los préstamos participativos concedidos a las autopistas y los otros 80,5 millones, a los otorgados a través de las cuentas de compensacion, según la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria escrita.
   Con la línea de préstamos participativos, el Ejecutivo busca ayudar a las autopistas a amortiguar el impacto de los sobrecostes de expropiación que afrontaron, mientras que con las cuentas de compensación contribuyen a atajar la caída de tráficos que estas vías registran desde el inicio de la crisis.
   "Habiéndose articulado medidas para tratar de resolver los problemas, a corto plazo no se tiene previsto el rescate de las sociedades concesionarias con malos resultados coyunturales", indica el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press.
   Las expropiaciones y el desplome del número de usuarios constituyen las dos principales causas de la situación de quiebra o de riesgo de quiebra que actualmente afrontan una decena de autopistas.
   En respuesta a una pregunta escrita de la diputada y portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Gobierno reconoce que "la actual situación económica ha afectado profundamente a los resultados económicos de las autopistas de peaje, sobre todo a nueve de las 21 sociedades concesionarias del Estado".
   Según el Ejecutivo, el origen del problema está en "la existencia de un tráfico real muy inferior al estimado, tanto en los estudios de la Administración, como en los de las ofertas que resultaron adjudicatarias", y en los justiprecios de las expropiaciones de los terrenos para la construcción de las vías. "Los jurados de expropiaciones y los tribunales consideraron que los terrenos, en general rústicos, debían ser valorados teniendo en cuenta las expectativas urbanísticas", indica.
   En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Estas cuatro sociedades están participadas por grandes constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones de euros y realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros.
   En cuanto a una eventual imposición de peajes por circular por las autovías, en respuesta a otra pregunta parlamentaria, el Gobierno indica que "está trabajando con el objetivo de definir la transposición" de la directiva denominada 'Euroviñeta', que grava con una tasa a los camiones que circulan por las vías de alta capacidad".
   En este sentido, sólo se limita a indicar que "la transposición de dicha directiva, que entró en vigor el 15 de octubre de 2011, de acuerdo a su artículo segundo, "debe realizarse obligatoriamente antes del 16 de octubre de 2013".