MURCIA.- El
27 de septiembre de 1975, tal día como hoy, cinco jóvenes izquierdistas fueron fusilados en España.
Tenían cara y nombre: Juan Paredes Manot, Angel Otaegui, José Luis
Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso. Sus
nombres pasaron a la historia por ser los últimos ejecutados por una
larga dictadura de casi 40 años, que empezó matando por la "Gracia de Dios" y terminó haciendo lo mismo.
La
única prueba con la que contó el tribunal fue la propia declaración de
los acusados, obtenida bajo tortura. Todos estaban condenados de
antemano: el Consejo de Guerra que les condenó a la pena capital fue una
farsa, sin ninguna garantía jurídica, sin pruebas.
Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.
En Hoyo de Manzanares fueron ejecutados tres. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relató después la ejecución: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó.”
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices del general golpista aprueba el fusilamiento de cinco de los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez.
Estas ejecuciones levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.
En Hoyo de Manzanares fueron ejecutados tres. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relató después la ejecución: “Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó.”
Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices del general golpista aprueba el fusilamiento de cinco de los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez.
En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de
Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades
españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el
clamor contra las ejecuciones no cesaba.
El peloteo del alcalde de Murcia a Franco
En Murcia fué enterrado uno de los fusilados por cuestiones familiares. Y desde Murcia salió uno de los escasos apoyos legitimadores a semejante atrocidad con unos jóvenes en la veintena. El alcalde y jefe local del Movimiento, a la sazón el abogado y funcionario de la extinta Diputación Provincial, Clemente García García, envió al Palacio del Pardo su apoyo más entusiasta a Franco y su mano dura con unos activistas de izquierda en lucha por la democracia, proceso que estaba ya en marcha ante los estertores de la Dictadura y que ha llegado malherida hasta nuestros días.
El citado alcalde todavía vive y el pasado 9 de junio fué recompensado por otro extremista de derechas, el presidente Valcárcel, con la medalla de oro de la Región de Murcia para mayor escarnio de esa democracia disminuida y la memoria de los familiares y amigos de los fusilados en la flor de su vida pese a no representar ningún peligro objetivo, todo lo contrario que el propio Clemente García para la credibilidad de un sistema herido de muerte por su pecado original de haber dejado 37 años en la vida pública a semejante tétrico personaje del fascismo más ramplón y anticristiano.
