Las desaladoras salvan el suministro de Alicante y Murcia en verano

MADRID.- Las desaladoras del sureste peninsular han salvado el abastecimiento de tres millones de personas —en localidades tan turísticas y relevantes como Torrevieja, La Manga, Murcia y Alicante—. Una avería en el trasvase Tajo-Segura y la sequía ha llevado a las autoridades del PP a multiplicar por 20 la producción de agua desalada en las cuatro plantas ya terminadas y a acelerar las tres que faltan. La ironía es que el PP criticó duramente estas instalaciones en la oposición, según 'El País'.

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo de Marco, explica que las desaladoras de San Padro del Pinatar I y II y Alicante I y II funcionan desde julio “al 100%, aunque con pequeñas incidencias”. El Taibilla, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, abastece a 77 municipios de Murcia, Alicante y Albacete, que en verano suman tres millones de habitantes. La producción de agua desalada en julio fue de 6,5 hectómetros cúbicos y en el mismo mes de 2011 fue de solo 0,3 hectómetros cúbicos, 21 veces menos. En 2010 funcionaron a mayor ritmo, pero no tanto como ahora. A la sequía se le ha sumado una avería en el ramal de la margen izquierda del trasvase Tajo-Segura. Un hundimiento impide llevar el agua a varias de las potabilizadoras de la mancomunidad.

Sin las desaladoras, “probablemente habría habido problemas de suministro; han sido una buena solución”, explica Gallardo. Un 30% del consumo de la cuenca ya procede de agua desalada, que llega a la ciudad de Murcia, a 40 kilómetros del litoral. El resto procede del río Taibilla y del trasvase. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló como fracaso del plan de desaladoras que, tras una inversión de 1.600 millones de euros, en 2011 solo funcionaron al 16% de su capacidad. En 2012 esa cifra será mayor, entre otras cosas porque la Comisión Europea ha exigido a España que funcionen tras aportar la mayor parte del dinero para su construcción. La desalación ha resultado ser un sistema de emergencia para afrontar sequías. La desaladora de Alicante I abrió en 2003 y la de San Pedro estaba a medias cuando el PSOE llegó al Gobierno. Las otras dos se construyeron en el plan de desalación que sustituyó al trasvase del Ebro. En 2003, antes de su puesta en marcha, el Taibilla decretó cortes de agua tras un verano muy seco.

La reparación del túnel del trasvase Tajo-Segura, destrozado a finales de junio por la acción de una falla, concluirá como pronto en enero, por lo que la necesidad de las desaladoras continuará. Además, el Gobierno ha recurrido a pozos de emergencia. Una de las consecuencias es que el recibo del agua en la zona tendrá que subir, ya que el agua desalada es mucho más cara que la del trasvase, como señala Gallardo. El Gobierno ha dado la orden de destinar el líquido de la desalación al abastecimiento. Ante la delicada situación de la cabecera del Tajo, el agua del trasvase, que es más barata, irá al regadío.

Manuel Aldeguer, secretario de Agua del PSOE de Alicante y excomisario de Aguas del Segura, lamenta las pegas que han puesto Administraciones del PP a las desaladoras, especialmente en la Comunidad Valenciana: “Si no se repara pronto la avería del trasvase puede haber problemas. Y la desaladora de Torrevieja, que puede producir 80 hectómetros cúbicos al año [la mayor de Europa], está sin terminar por las trabas que le puso el PP”.

El Gobierno de Alberto Fabra dio los últimos permisos para la desaladora de Torrevieja en noviembre de 2011, unos pocos días antes de las elecciones generales. Antes, Esteban González Pons había dicho que las desaladoras eran “nucleares del mar”. Otras dos desaladoras en Murcia (Águilas y Valdelentisco) no tienen suficiente conexión eléctrica ni bastantes conducciones para sacar toda su producción. En otras zonas del litoral, como en Castellón, las desaladoras se construyeron en previsión de grandes desarrollos inmobiliarios que nunca llegaron y siguen ociosas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ya declaró en el Congreso en mayo que su intención era poner en marcha las desaladoras: “Sería una irresponsabilidad por parte de este ministerio no poner en uso las inversiones realizadas en desaladoras, inversiones que han sido financiadas con fondos propios y cofinanciadas en otra parte con fondos europeos”.

Ángel Cajigas, director de la patronal de desalación ATTA, señala que “las desaladoras son un elemento de garantía. Es muy complicado que funcionen al 100% todo el tiempo, pero en una sequía cualquier avería hace necesario ponerlas en marcha”. Sobre el alto precio del agua desalada, matiza: “Es cara, claro. Pero el agua más cara es la que no hay. ¿Qué estaría dispuesto a pagar al día un ciudadano por el agua que no sale del grifo? No se pueden criticar las desaladoras y, luego, cuando falta el agua, usarlas”.

Avilés alega que la CAM no está legitimada para denunciarle

ALICANTE.- Los administradores provisionales de Caja Mediterráneo (CAM), designados por el FROB, no están legitimados para denunciar al presidente de la comisión de control, el murciano Juan Ramón Avilés, al que acusan de administración desleal. Así al menos lo argumenta el dirigente de la antigua caja de ahorros en su recurso a la querella admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, y que ha motivado que Avilés deba declarar mañana como imputado, según 'Abc'.

El argumento sobre el que Avilés basa dicha alegación es la segregación del negocio financiero de la antigua caja al Banco CAM -luego adquirido por el Sabadell- en junio de 2011. Así, el titular de los créditos por los que el FROB acusa a Avilés (concedidos a sus empresas) es el banco ahora propiedad del Sabadell, y no la caja que administra todavía José Antonio Iturriaga, que es quien firma la denuncia.

En este sentido, el recurso de Avilés aporta un fragmento del informe de gestión de Banco CAM en 2011, donde se detalla que «Banco CAM S.A.U., al adquirir el bloque el patrimonio efectivamente segregado de CAM, asume todas las obligaciones y queda subrogada en el ejercicio de todos los derechos y acciones integrados en el referido patrimonio».

Según este razonamiento, los administradores de la caja no cumplen el «requisito de procedibilidad» que se establece en el artículo 296.1 del Código Penal -y que la querella del FROB cita expresamente en su página 13 para justificar la presentación de la denuncia-, que obliga a que «los hechos sean denunciados por persona agraviada». Una condición que Avilés considera que no puede atribuirse «en ningún caso» a la caja de ahorros, «sino Banco CAM».

«Animadversión» de Iturriaga

De hecho, Avilés -quien a su vez interpuso un contencioso contra Banco CAM por incumplimiento de contrato- aporta pruebas en el recurso de que Iturriaga le negó la copia de los expedientes de sus créditos, «que finalmente han desembocado en la presente querella», sobre la base de que «los expedientes que se estaban solicitando son titularidad de Banco CAM S.A.U.».

Así, el presidente de la comisión de control destaca que «quien ostenta la titularidad de los expedientes, y por tanto mantiene una relación comercial» con él mismo y sus familiares, «es Banco CAM, quien ni siquiera ha interpuesto acciones civiles». Avilés recuerda en este punto que sus empresas «interpusieron demanda civil contra la citada entidad bancaria por los gravísimos incumplimientos contractuales en que había incurrido».

El recurso del presidente de la comisión de control esgrime que «la demanda interpuesta contra Banco CAM cuando esta entidad estaba dirigida por los representantes del FROB» fue «el detonante de la enemistad y animadversión que el órgano de administración [...] profesa al Sr. Avilés».

La defensa del dirigente de la antigua caja alicantina considera que tampoco se puede aplicar en este caso el artículo 296.2 del Código Penal, que exime del citado requisito de procedibilidad «cuando los hechos afecten a los intereses generales». Por este motivo, concluye que «solo Banco CAM S.A.U., como sucesor universal de Caja de Ahorros del Mediterráneo, ostenta la legitimación activa para interponer la acción penal».

Mano dura con Avilés

 La diputada en Les Corts Valencianas de la coalición Compromís, Mireia Mollà, ha considerado que la autorización por parte del Gobierno autonómico del PP de concesión de créditos ICO al presidente de la comisión de control de la CAM, el murciano Juan Ramón Avilés, "de manera presuntamente irregular", confirma que el ejecutivo valenciano ha sido "una pieza fundamental en los abusos financieros que se han cometido en los últimos años", según informa en un comunicado la formación de izquierdas.

   Mollà ha afirmado que la Conselleria de Economía "aprobó que se dieran créditos ICO a Avilés, a pesar de que sabía que sus sociedades no cumplían los requisitos para acceder a esta línea de financiación de la que el presidente de la comisión de control obtuvo más de cuatro millones de euros".

   En este sentido, la diputada ha añadido que "esta nueva irregularidad que habría cometido el Gobierno valenciano se suma a la larga lista de acciones que ha llevado a cabo durante los últimos años para alimentar la burbuja inmobiliaria o construir grandes eventos fallidos, unos fenómenos que han generado numerosos abusos financieros como los que cometieron algunos directivos de la CAM".

   "El PP, ante la indignación ciudadana, no ha tenido otro remedio que criticar los excesos cometidos por los directivos de las cajas, pero ha llegado el momento de que reconozca también su culpa al hacer que hayamos llegado hasta la situación actual", ha indicado la diputada de Compromís.

   Por otro lado, la diputada ha exigido que "se actúe con contundencia" con Juan Ramón Avilés "si se confirma que habría ejercido presiones para acceder en estas líneas de crédito del ICO, conseguir 17 millones de euros de la CAM en condiciones ventajosas para sus empresas y para ganar unos 300.000 euros en dietas irregulares de una de las filiales de la caja", ha indicado.

Aplazamiento

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 18 de septiembre la declaración como imputado del expresidente de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés en la causa en la que se investiga la concesión al exdirectivo de créditos por valor de 17 millones de euros.
   El magistrado mantiene, no obstante, la citación para mañana de otros siete directivos de la entidad. Así, Gómez Bermúdez interrogará a Segundo Romero Sánchez, exjefe de Riesgo Inmobiliario; Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.
   Los otros tres comparecientes son Enrique Carrión Carmona, director de Empresas en Murcia; Vicente Sánchez Asencio, directora general de Tenedora de Inversiones; y Sonia Torres, responsable de la entidad en Cartagena.
   El juez, ha aplazado también para el día 18 la declaración de los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.
   Gómez Bermúdez imputa a Avilés delitos societarios y de administración indebida tras haber admitido una querella que presentaron los gestores del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
   La querella sostiene que el exdirectivo habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
   Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.
   A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
   Tras la intervención, el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Rescate intelectual / Editorial de El Pajarito.es

Visto el panorama un mes después, la verdad es que los murcianos necesitamos un rescate más intelectual que otra cosa, en vista de que al consejero económico Bernal no le parece que los millones que pide para pagar vencimientos de deuda pública puedan ser considerados intelectualmente un rescate. Ir a ver la luz, como ha hecho este verano el antropólogo por la UCAM Ruiz Vivo en Tierra Santa, no implica la iluminación de las cabezas de nuestros tan veteranos como desgastados gestores populares. La traca final de agosto –con haber sido generoso el mes en pirotecnias bochornosas tipo Latbus y cheques de la Católica para el Óbolo de San Pedro– fue el traspaso de la tele autonómica al juzgado de lo Social, adonde seguramente no irá el retén que queda de enchufados por vena, que serán reubicados en algún reducto parasitario de los que pueblan la administración regional. La traca incluye además anuncio de restricciones para Onda Regional, donde resiste como puede un grupo de buenos profesionales que nunca, desde que se creó la emisora, se han merecido ese castigo de jefes y comisarios que los políticos les han colocado.

Otro día hablaremos aquí más largo y tendido sobre los juguetes rotos y los cadáveres que el ahora antropólogo cristiano y diputado regional ha ido dejando en su accidentada carrera profesional y política, pero está claro que la radio y la televisión regional y el mismo Valcárcel le deben momentos impagables, tan dignos de estudios doctorales como de los juzgados de guardia. El fiasco mayúsculo no va a ser para la peña de ladrilleros y promotores de la caspa que componen GTM, cuya compensación la pagamos todos, sino para los trabajadores de a pie de la casa, que van a ser zarandeados con esa ligereza que la reforma laboral ha propiciado. Desde este periódico les recordamos que Elpajarito.es está abierto a sus aportaciones sobre ese grupito que decidía los informativos al dictado o sobre los episodios de la caja tonta autóctona que les venga en gana.

Cosas veredes en esta Región del caos, la desidia y la pandereta. Desde el corte de luz por falta de pago en cuatro oficinas del Servicio de Empleo y Formación –con el exconsejero Valverde al frente de Iberdrola territorial– el mismo día del anuncio funeral de la tele autonómica, al amigo murciano del Vaticano más retrógrado, quien, además de semental, presume de realizar donativos millonarios desde una institución a quienes las autoridades murcianas –en un vano intento por ganarse el cielo– han regalado los bienes y el patrimonio de todos a un visionario de los negocios que en su día tuvo que salir por pies de España, aunque ahora se empeñe en disfrazar su exilio con una misión pastoral que no excluyó la función reproductora.

La maquinaria propagandística con la que se sustenta desde hace tres lustros el poder político que ha acabado arruinando a esta Región –con la bien pagá complicidad de los periódicos– se empeña en vender como éxitos sonados fracasos como el la política turística –patético Ujaldón desmintiendo estadísticas, siguiendo al guía Bernal desmintiendo a los economistas– y, en el colmo de la desvergüenza, emitiendo insulsas notas de prensa sobre supuestos logros en la atención de las personas mayores, en la mejora de las redes tecnológicas y hasta en la creación de un título oficial de FP de técnico de fútbol, que es lo que nos faltaba. Las cortinas de humo y las maniobras de distracción se han hecho norma fija en San Esteban para la protección de Valcárcel, cuya imagen de hermosomío entre las abuelas se desvanece ante la extraordinaria progresión de su incompetencia, que bien podría ser ya objeto de un manual para votantes desavisados.

El fin del verano no parece que vaya a enfriar los ánimos a pesar del creciente desaliento que, a base de palos, recortes y manos a las carteras vía impuestos, está extendiéndose entre las clases populares (con perdón), sino que, en vista de los fiascos pendientes –aeropuerto de Corvera, intervención de facto de la Comunidad, impago a dependientes, etc.– y de las investigaciones judiciales en marcha –Cámara, sin ir más lejos–, predicen un otoño más que movido. 

En efecto, el rescate necesario es intelectual, que los murcianos despierten de ese letargo anestésico que, a base de eslóganes huecos, pancartas y propaganda para bobos, los dirigentes políticos han ido inoculando como un veneno en la gente. Se trata de recuperar, al menos, la dignidad de ciudadanos y de enviarles a sus casas y, en su caso, a los tribunales. Estaremos en ello.

http://elpajarito.es/opinion/84-editorial/1794-rescate-intelectual.html 

Cayo Lara (IU): "España necesita la imagen de un banquero en la cárcel"

MADRID.-  El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera imprescindible "la depuración de todas las responsabilidades" en lo que respecta a la crisis financiera y en ese sentido cree que España "necesita la imagen de un banquero en la cárcel".

"Esa imagen de alguna gente detrás de alguna reja está siendo necesaria" ha aseverado y también admite que hay diputados que "merecen" ir al paro por las medidas que se están adoptando.

Cayo Lara asegura no tener "un odio particular a ningún banquero", pero entiende que esa imagen está siendo demandada por la sociedad española por que "no puede ser que se marchen de rositas" los responsables de "arruinar" a entidades bancarias y de hacer "una sangría de los recursos públicos".

Aunque ya hay dos procesos en marcha sobre la crisis del sistema financiero, Izquierda Unida también se plantea "algún tipo de acciones judiciales" habida cuenta de la negativa del PP a abrir una comisión de investigación en el Congreso.

"Hay muchos responsables de lo que ha pasado -sostiene-. Se ha dado dinero sin controles, se ha endeudado mucha gente, y han endeudado al país, lo han dejado hecho un desierto económico. Han creado mucho sufrimiento, mucho drama, todo auspiciado por un modelo que ha estado apoyado por los poderes políticos".

El líder de IU se pregunta qué es lo que pretende "ocultar" el PP al rechazar una y otra vez la creación de una comisión sobre el origen de la crisis financiera. "Nos queda que hay vinculaciones clarísimas y hay intereses muy oscuros y ocultos que nos interesa que salgan a la luz -ha apuntado-.

Ante la circulación de esta noticia en Facebook y otras redes sociales, se ha apuntado lo siguiente:

"Pues yo sé de uno de Murcia que debiera ser el primero cuando se destape públicamente todo lo que ha hecho en los últimos años y, si hace falta, facilito pistas".

Otoño caliente / Ignacio Ramonet

Como si las vacaciones de verano fuesen un manto de olvido que disipase la brutalidad de la crisis, los medios de comunicación han tratado de distraernos con dosis masivas de embrutecimiento colectivo: Eurocopa de fútbol, Juegos Olímpicos, aventuras estivales de ‘famosos’, etc. Desean hacernos olvidar que una nueva andanada de recortes se avecina y que el segundo rescate de España será socialmente más lastimoso… Pero no lo han conseguido. Entre otras razones, porque los audaces aldabonazos de Juan Manuel Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han roto el conjuro y mantenido la alerta social. El otoño será caliente.

En una conversación pública mantenida en agosto pasado (1) con el filósofo Zygmunt Bauman coincidíamos en la necesidad de romper con el pesimismo imperante en nuestra sociedad desengañada del modo tradicional de hacer política. Debemos dejar de ser sujetos individuales y aislados, y convertirnos en agentes del cambio, en activistas sociales interconectados. “Tenemos el deber de tomar el control de nuestras propias vidas –afirmó Bauman–. Vivimos un momento de grave incertidumbre donde el ciudadano no sabe realmente quién está al mando, y esto hace que perdamos la confianza en los políticos y en las instituciones tradicionales. El efecto en la población es una situación constante de miedo, de inseguridad… Los políticos sugestionan a los ciudadanos para que siempre tengan miedo, y así poder controlarlos, constreñir sus derechos y limitar las libertades individuales. Estamos en un momento muy peligroso, porque las consecuencias de todo esto afectan nuestra vida diaria: nos repiten que debemos tener seguridad en el trabajo, mantenerlo a pesar de las duras condiciones de empleo y de precariedad, porque así obtendremos dinero para poder gastar... El miedo es una forma de control social muy poderosa”.

Si el ciudadano ya no sabe quién está al mando es porque se ha producido una bifurcación entre poder y política. Hasta hace poco, política y poder se confundían. En una democracia, el candidato (o la candidata) que, por la vía política, conquistaba electoralmente el poder Ejecutivo, era el único que podía ejercerlo (o delegarlo) con toda legitimidad. Hoy, en la Europa neoliberal, ya no es así. El éxito electoral de un Presidente no le garantiza el ejercicio del poder real. Porque, por encima del mandatario político, se hallan (además de Berlín y Angela Merkel) dos supremos poderes no electos que aquél no controla y que le dictan su conducta: la tecnocracia europea y los mercados financieros.

Estas dos instancias imponen su agenda. Los eurócratas exigen obediencia ciega a los tratados y mecanismos europeos que son, genéticamente, neoliberales. Por su parte, los mercados sancionan cualquier indisciplina que se desvíe de la ortodoxia ultraliberal. De tal modo que, prisionero del cauce de esas dos rígidas riberas, el río de la política avanza obligatoriamente en dirección única sin apenas margen de maniobra. O sea: sin poder.

“Las instituciones políticas tradicionales son cada vez menos creíbles –dijo Zygmunt Bauman– porque no ayudan a solucionar los problemas en los que los ciudadanos se han visto envueltos de repente. Se ha producido un colapso entre las democracias (lo que la gente ha votado), y los dictados impuestos por los mercados, que engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos fundamentales”.

Estamos asistiendo a la gran batalla del Mercado contra el Estado. Hemos llegado a un punto en que el Mercado, en su ambición totalitaria, quiere controlarlo todo: la economía, la política, la cultura, la sociedad, los individuos… Y ahora, asociado a los medios de comunicación de masas que funcionan como su aparato ideológico, el Mercado desea también desmantelar el edificio de los avances sociales, eso que llamamos: “Estado de bienestar”. 

Está en juego algo fundamental: la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se está privatizando (o sea: transfiriendo al mercado) de forma silenciosa la educación. Con los recortes, se va a crear una educación pública de bajo nivel en el que las condiciones de trabajo estructuralmente van a ser difíciles, tanto para los profesores como para los alumnos. La enseñanza pública va a ­tener cada vez más dificultades para favorecer la emegencia de jóvenes de origen humilde. En cambio, para las familias acomodadas, la enseñanza privada va a conocer seguramente un auge mayor. Se van a crear de nuevo unas categorías sociales privilegiadas que accederán a los puestos de mando del país. Y otras, de segunda categoría, que sólo tendrán acceso a los puestos de obediencia. Es intolerable.

En ese sentido, la crisis probablemente actúa como el shock, del que habla la socióloga Naomi Klein en su libro La Doctrina del shock (2): se utiliza el desastre económico para permitir que la agenda del neoliberalismo se realice. Se han creado mecanismos para tener vigiladas y bajo control a las democracias nacionales, para poder aplicar (como está pasando en España y pasó antes en Irlanda, Portugal o Grecia) feroces programas de ajuste vigilados por una ­nueva autoridad: la troika que ­forman el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo; unas instituciones no democráticas cuyos miembros no son elegidos por el pueblo. Instituciones que no representan a los ciudadanos. 

Y sin embargo, esas instituciones –con el apoyo de unos medios de comunicación de masas que obedecen a los intereses de grupos de presión económicos, financieros e industriales– son las encargadas de crear las herramientas de control que reducen la democracia a un teatro de sombras y de apariencias. Con la complicidad complaciente de los grandes partidos de gobierno. ¿Qué diferencia hay entre la ­política de recortes de Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy? Muy poca. Ambos se han ­inclinado servilmente ante los especuladores financieros y han obedecido ciegamente a las consignas eurocráticas. Ambos han liquidado la soberanía nacional. Ninguno de los dos tomó decisión política alguna para ponerle freno a la irracionalidad de los mercados. Ambos consideraron que, ante los dictados de Berlín y el ataque de los especuladores, la única solución consiste –a semblanza de un rito antiguo y cruel– en sacrificar a la población como si el tormento inflingido a las sociedades pudiera calmar la codicia de los mercados.

En semejante contexto, ¿tienen los ciudadanos la posibilidad de reconstruir la política y de regenerar la democracia? Sin duda. La protesta social no cesa de amplificarse. Y los movimientos sociales reivindicativos se van a multiplicar. Por ahora, la sociedad española aún cree que esta crisis es un accidente y que las cosas volverán pronto a ser como eran. Es un espejismo. Cuando tome conciencia de que eso no ocurrirá y de que estos ajustes no son “de crisis” sino que son estructurales, que ­vienen para quedarse definitivamente, entonces la protesta social alcanzará probablemente un nivel importante. 

¿Qué exigirán los protestatarios? Nuestro amigo Zygmunt Bauman lo tiene claro: “Debemos construir un nuevo sistema político que permita un nuevo modelo de vida y una nueva y verdadera democracia del pueblo”. ¿A qué esperamos?

(1) En el marco del Foro Social organizado en el seno del Festival Rototom Sunsplash en Benicàssim (Castellón) del 16 al 23 de agosto de 2012. www.rototomsunsplash.com/es

(2) Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Barcelona, 2007.

Valcárcel le comentó al Rey que podría irse en 2014

MURCIA.- El presidente de la Comunidad le comentó al Rey Juan Carlos, con motivo de la entrega de despachos de la Academia General del Aire el pasado mes de julio, que tal vez no seguiría en el cargo en 2014 si se cumplen sus planes de irse como candidato al Parlamento Europeo. El Rey suele acudir cada dos años a San Javier, por lo que el presidente le comentó que para entonces quizás ya no ejerciera como tal, según 'La Verdad'.

El Foro Ciudadano de la Región de Murcia ha comentado esta noticia en Facebook en los siguientes términos:

"Debería haberse ido hace mucho y siempre es mejor que se vaya cuanto antes -hoy mismo- antes que esperar a 2014. En cualquier caso su balance no va a cambiar: ha arruinado la región, sumido a la sociedad en la mayor crisis de los últimos 35 años, es el responsable máximo del mayor ciclo especulativo y de corrupción que ha conocido la región desde que existe como tal, ha permitido y alentado los mayores atentados mediambientales que conocemos, y ha degradado en general la vida pública y la calidad de la democracia en Murcia, alejando a los ciudadanos de la política. Puede irse cuando quiera".

El valor del Sabadell se acerca a la paridad con el canje de las preferentes de CAM

ALICANTE.- Los ahorradores que en su momento adquirieron participaciones preferentes de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), y que aceptaron luego la oferta de canje realizada por Banco Sabadell tras absorber la entidad alicantina van a tener suerte, según 'Abc'. 

El buen comportamiento del banco en bolsa ha revalorizado los títulos en un tiempo récord y, apenas un mes después de que se cerrara el plazo para convertir preferentes en acciones, éstas han llegado a alcanzar un valor de 2,15. Una subida que acerca los títulos al 2,30, el valor al que fue realizado el canje y que en el momento de su formalización, en el mes de julio, rondaba aproximadamente el 1,52.

De confirmarse la tendencia, los clientes de la CAM con un perfil inversor más conservador, que en los meses pasados vivieron en la incertidumbre al ver bloqueado su capital depositado en participaciones preferentes, podrían definitivamente recuperar la totalidad de su inversión.

Si bien todavía no se ha registrado una presión vendedora especialmente llamativa, algunas oficinas sí reconocen que son muchos los titulares que han pedido información para realizar la operación de forma inminente si se mantiene la tendencia alcista. Algunos incluso renunciando al diferencial, cada vez menor, entre el valor actual y aquel al cual fue realizado el canje. Al cierre de esta edición, si un accionista proveniente del canje decidiera vender sus títulos, la pérdida sobre su inversión inicial estaría incluso por debajo del 10 por ciento.

Cabe recordar que los tenedores de estas acciones tienen libertad para operar con ellas. No obstante, los que aguanten su posición tienen asegurado por parte de la entidad un 24 por ciento adicional al valor nominal en efectivo, a través de un pago diferido que Sabadell realizará trimestralmente durante cuatro años -a razón de un 1,5 por ciento en cada pago-. De esta forma la entidad garantiza la recuperación de la inversión.

El 95,7% aceptó el canje

La operación del canje de acciones por participaciones preferentes, que se ha llevado a cabo con una aceptación del 95,7 por ciento de los clientes de CAM, ha permitido además a Sabadell reforzar con 1.404 millones de euros su estructura de capital, y elevar su ratio de core capital en 173 puntos básicos, hasta el 10,04%. Este puede ser, precisamente, uno de los motivos que explican el alza en las acciones, ya que los inversores están cerrando las posiciones cortas habida cuenta de la actual solidez del banco, y empieza a generalizarse la idea de que el Sabadell estará en el «grupo cero» -es decir, entidades que no necesitarán ayudas de la Unión Europea-.

Además, el ERE y la reestructuración de la red de oficinas en los que se halla inmerso la entidad (y por el que puede llegar a reducir en 1.773 empleados la plantilla) también podría haber sido bien recibido por los inversores.

Los imputados de la CAM no pagarán la fianza a la espera de la decisión del juez

ALICANTE.- Ignorar mientras sea posible la resolución del juez Javier Gómez Bermúdez que ordena el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros, y esperar acontecimientos mientras se resuelve su recurso contra dicha resolución. Esa es la estrategia trazada por las defensas de los cinco exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional, que les atribuye los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros, según 'Abc'.

Gómez Bermúdez imputó a finales de junio al expresidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Todos ellos han pasado ya por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, para prestar declaración en calidad de imputados, y el magistrado ha adoptado medidas cautelares contra algunos de ellos. En el caso de López Abad o Amorós, por ejemplo, con la retirada del pasaporte.

Al mismo tiempo, Gómez Bermúdez fijó la citada fianza de 25,8 millones de euros en un auto firmado el pasado 26 de julio. El magistrado concedía a los cinco imputados -la fianza es solidaria- un plazo de quince días, que venció la semana pasada. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que no se ha producido depósito alguno.

Para el martes está prevista la declaración como imputado del presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, tras la querella del FROB que lo acusa de obtener créditos en condiciones ventajosas -una acusación por la que Avilés, a su vez, se querelló hace varios meses contra los inspectores del Banco de España-. Al igual que los cinco imputados en la causa principal de la CAM (cabe recordar que Gómez Bermúdez ha abierto una causa diferente para Avilés), éste tampoco tiene intención por el momento de hacer efectiva la fianza de 2,8 millones de euros que solicita el FROB en su querella.

El jefe de la comisión de control de CAM presentó ya un recurso contra la admisión de la querella del FROB, en el que rechaza las acusaciones de los administradores provisionales de la caja. Los otros cinco imputados, mientras, esperan que se resuelva el recurso que presentaron en su momento contra la fianza. Si bien dicho recurso no les eximía de realizar el depósito de los 25,8 millones, sus defensas apuestan por esperar acontecimientos. El juez, mientras, no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Por otra parte, una vez finalizada la primera toma de contacto entre la dirección del Banco Sabadell y los sindicatos, todo apunta a que el ERE que debe acometer la entidad tras adquirir el Banco CAM implicará 1.000 despidos, al margen de prejubilaciones y bajas voluntarias. Tal como adelantó 'Abc' el pasado sábado, la intención de Sabadell es llevar a cabo 600 prejubilaciones en CAM y otras tantas en su propia plantilla, para completar los 2.200 puestos de trabajo a extinguir por orden de Bruselas. Las negociaciones se abrirán de forma oficial el jueves.

El Sabadell recupera el fallido proyecto de Caja Mediterráneo en México

ALICANTE.- El Banco Sabadell intenta poner en orden y rentabilizar uno de los mayores embrollos inmobiliarios en los que se metió la CAM de la mano de sus anteriores gestores y de la constructora alicantina Hansa Urbana: el proyecto para construir un megacomplejo turístico en el estado mexicano de Baja California, en Cabo Cortés, junto a un espacio natural protegido, según el diario 'Información'. 

Tras verse obligado a renunciar al proyecto original ante la fuerte oposición de los ecologistas -que hace dos meses forzaron al Gobierno mexicano a revocar los permisos que había concedido- el banco ha conseguido reunir a un grupo de inversores y, con el asesoramiento de la constructora OHL, ya ha presentado a las autoridades medioambientales un nuevo plan urbanístico con la esperanza de conseguir su visto bueno y poder edificar.
Para ello la nueva sociedad que el Sabadell ha creado con sus socios, La Riviera Desarrollos, ha tenido que rebajar la edificabilidad prevista, aunque esto suponga una rentabilidad menor. El objetivo es evitar que el desarrollo del complejo siga estancado o, lo que es peor, que no llegue a construirse nunca lo que acarrearía cuantiosas pérdidas para los nuevos propietarios del ahora Banco CAM, que habría invertido alrededor de 100 millones en la compra de los terrenos.
Así, frente a las 27.000 habitaciones de hotel y 8.000 viviendas que contemplaban los planos en un primer momento, la nueva solicitud prevé sólo 3.450 habitaciones hoteleras y 6.650 viviendas, según consta en el boletín oficial que edita esta institución, aunque ayer varios medios locales del país azteca hablaban de 23.000 plazas hoteleras citando a una organización ecologista, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que ya ha mostrado su oposición también al nuevo planteamiento.
El megacomplejo ocupa una superficie de casi 38 millones de metros cuadrados y también incluye dos campos de golf, una marina deportiva, una aeropista, clubes deportivos y una planta desaladora para abastecer la urbanización.

Murcia reconoce, por fín, al profesor de la Columbia University, Gonzalo Sobejano, como hijo predilecto

MURCIA.- El catedrático de la Universidad de Columbia, en Nueva York, el murciano Gonzalo Sobejano, ha recibido hoy el título de Hijo Predilecto de Murcia en el salón de plenos del Ayuntamiento, y ha recordado diversas estampas típicas de la ciudad, así como la memoria de diversos poetas y murcianos ilustres. 

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha hecho entrega durante la ceremonia del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Murcia al eminente profesor Gonzalo Sobejano Esteve, quien ha recordado en su intervención la estrecha vinculación que tiene con Murcia, su lugar de nacimiento en 1928.

Cámara ha destacado que "celebramos con emoción que Murcia rinde un justo homenaje a uno de sus hijos más queridos con la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad de Murcia".

Gonzalo Sobejano Esteve es una de las personalidades más sobresalientes del hispanismo internacional, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Columbia, en Nueva York, estudioso de las letras hispanas y uno de los más respetados críticos de la novela contemporánea.

El alcalde ha añadido que "sería casi interminable enumerar las distinciones que don Gonzálo Sobejano atesora y que evidencian su destacada contribución a las letras hispánicas": el Premio Nacional de Literatura Emilia Pardo Bazán, la Cruz de Comendador de la Orden de Isabel la Católica o la Medalla Nacional de Bellas Artes son algunas de ellas, a las que se suman los nombramientos de miembro de la Real Academia Española o doctor "honoris causa" por la Universidad de Murcia.

Muere el cardenal Martini, figura clave del progresismo católico, que nunca pisó la UCAM

CIUDAD DEL VATICANO.- Después de 16 años de enfermedad, el mal de Parkinson puso en estado terminal al cardenal Carlo María Martini, de 85 años, quien murió hoy en un suburbio de Milán, la diócesis más grande del mundo, de la que fue arzobispo. Nunca pisó la UCAM, lógicamente.

Martini, jesuita, es la figura más eminente de los progresistas católicos desde el Concilio Vaticano II y aunque crítico fue siempre obediente a los dos últimos papas, los conservadores Juan Pablo II y Benedicto XVI, que lo consideraban un amigo personal.

El neurólogo Gianni Pezzoli, su especialista de cabecera, fue que preanunció la noticia cuando temprano dijo:  "Ya no está en condiciones de deglutir alimentos sólidos ni líquidos, pero ha estado lúcido hasta lo último y rechazó cualquier forma de ensañamiento terapéutico".

"Milaneses, recen por él", pidió el cardenal conservador Angelo Scola, actual arzobispo de la metrópoli del norte italiano. Después llegó la confirmación de su muerte.

El Papa Ratzinger siempre destacó su admiración intelectual hacia Martini, lo recibió en audiencia en junio cuando visitó Milán y el cardenal acudió a ver a su amigo en una silla de ruedas y con un aparato electrónico para hacerse escuchar.

Para la Iglesia universal de 1.200 millones de católicos la muerte del cardenal Martini será un luto traumático porque evocará los últimos decenios de las agitadas controversias que han presidido los debates en torno y dentro de la Iglesia.

De las muchas propuestas de apertura que hizo Martini, un piamontés de pinta y carácter, será recordada la última. En uno de los últimos Sínodos mundiales de obispos convocados por Juan Pablo II, el arzobispo de Milán intervino para proponer dramáticamente un nuevo Sínodo que continuara el Vaticano II dando un nuevo impulso a las reformas que a su juicio apremiaban el presente y futuro de la Iglesia. Los progresistas católicos acusan a los dos últimos papas de haber desmantelado en gran parte las enseñanzas del Concilio que convocó Juan XXIII a comienzos de los años sesenta para reconciliar a la Iglesia con el mundo actual y modernizarla.

El Papa Karol Wojtyla archivó enseguida la propuesta de un nuevo Concilio y no mucho después Carlo María Martini renunció por límites de edad, al cumplir 75 años, a la cátedra de San Ambrosio. En julio de 2002 fue consagrado arzobispo emérito de Milán. Por entonces el purpurado se había ido a vivir a Jerusalén para refrescar sus estudios bíblicos.

El otro acontecimiento que lo vió en el centro del escenario de la Iglesia fue su decisión de influir para hacer converger los votos de los cardenales progresistas en el Cónclave del 19 de abril de 2005, en la figura del cardenal Joseph Ratzinger, elegido al otro día como Benedicto XVI. Esto ocurrió en la cuarta votación de la asamblea, después que los progresistas juntaron hasta 40 votos en favor de otro jesuita, el arzobispo de Buenos Aires, el argentino Jorge Bergoglio.

Martini era Rector de la Universidad Gregoriana, conocida como "la fábrica de papas" de la Iglesia por la cantidad de pontífices que estudiaron allí cuando eran jóvenes. Su fama de biblista y teólogo, su conocida apertura propia de los miembros de la orden de San Ignacio de Loyola de incursionar en los territorios inexplorados, en las "fronteras de la Iglesia", le hicieron moverse casi al borde del precipicio de las líneas convencionales en materia teológica y de ética, como revelaron sus extraordinarios escritos sobre la eutanasia.

Juan Pablo II no ocultaba su admiración por el rebelde pero obediente Martini y con la audacia que caracterizaba al pontífice polaco lo nombró, para sorpresa de muchos, arzobispo de Milán. Siguió así la tradición ambrosiana de diálogo con el mundo civil, con las búsquedas y angustias del laicado.

Wojtyla no se arrepintió nunca de los veinte años de una especie de "magisterio alternativo", como se dijo, del cardenal Martini, según algunos demasiado vecino a los anglicanos y los protestantes y favorable a un cambio revolucionario de la Iglesia en la cuestión femenina, la "otra mitad del cielo" eternamente postergada por una institución en manos de hombres.

Carlo María Martini deja una huella profunda en primer lugar en la arquidiócesis de Milán, donde se recuerdan sus iniciativas en favor de la Escuela de la Palabra y la Cátedra de los no creyentes, donde se hacían las "demandas de la fe".

La gestión de BMN se torna en un desastre a tenor de las últimas cifras de pérdidas y morosidad

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN), presidido por el murciano Carlos Egea Krauel, obtuvo un beneficio atribuido de 7,26 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 93,6%, informó la entidad constituida por Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra.

   Las pérdidas por deterioro de activos financieros del grupo se elevaron hasta 255,3 millones de euros, con un aumento de más de 240 millones de euros en relación con el año anterior. Además, las provisiones constituidas permitieron minorar estos requerimientos en 66 millones de euros.

   El activo total gestionado por el grupo alcanzaba la cifra de 68,4 millones de euros a 30 de junio, lo que supone un incremento del 1,79% respecto al cierre de 2011.

   Los préstamos deteriorados alcanzaban los 3.975 millones de euros, situando el ratio de morosidad del crédito a la clientela del grupo en el 8,08%.

Sobre la gestión de 7RM y su privatización

MURCIA.- El 31 de julio González Pons anunciaba en La Linterna de Cope el posible cierre del canal autonómico 7RM (7 Región de Murcia) para horas después desmentirlo y pedir disculpas vía twitter: “Pido disculpas a los trabajadores de la tele de Murcia y al Presidente Valcárcel. De mi entrevista de anoche en @cope_es se ha derivado de un malentendido que quiero atajar. No tengo más información sobre ese asunto que la que es pública. Lamento haber provocado confusión esta noche”. 17 días después era el propio presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el que aseguraba “La 7 no se cierra”. Ayer, día 29 de agosto, nos encontramos con que la 7 no cierra, si no que se privatiza tras rescindir el contrato con GTM. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

En el año 2005 se adjudicó por concurso público la gestión de 7RM al grupo GTM. De esta forma el gobierno de Valcárcel ponía en manos privadas la gestión del ente público, de la misma forma que ya son gestionados muchos hospitales en Madrid. La comunidad autónoma pagaba las facturas mientras era el grupo GTM quien dirigía la cadena.  

GTM tenía la concesión de gestión hasta finales de 2012 y en un principio estaba formada por las siguientes empresas:
Intereconomía: 15’83%
Prodher S.A. 5%
Mediterránea de Inversión Grupo 4 S.L. (Terrapilar y Golosinas Vidal) 15’83%
Palprom 2004 S.L (José Hernández Navarro) 15’83%
Grupo Polaris 15’83%
Palatino 2002 S.L. 15’83%
Grupo Corporativo Fuertes S.L. 15’83%

Si se analizan las empresas una por una nos encontramos con lo siguiente:
Intereconomía fue fundada por Julio Ariza, ex diputado del PP.
Prodher S.A es propiedad de León Heredia Carmona, representante de Estopa, Bertín Osborne, Los del Río etc…
Palatino 2002: está constituida por Issos empresa dedicada a la construcción, promoción, rehabilitación, compraventa y alquiler de toda clase de edificios inmuebles, y cuyo presidente ejecutivo es Miguel Boyer Salvador. Entre las empresas participadas por Issos se encuentra Marina Golf, Residencial Finca Fuente Higuera o las Canteras de Abanilla. La empresa Delfos 2002 también forma parte de Palatino 2002 y también se dedica a la construcción.
Grupo Polaris: Construcción.
Palprom 2004: constituida un mes antes de la constitución de GTM y que, al finalizar el ejercicio de 2005, tenía un resultado negativo de unos 2.500 euros. Su director ejecutivo y administrador único es el exportador hortofrutícola local José Hernández Navarro, propietario de Agrícola Paloma, y sobre el que recayó una denuncia judicial que después sería archivada por cumplirse los plazos reglamentados para su instrucción por una tubería que pincha el trasvase del Tajo-Segura en Alhama de Murcia y llega hasta el Saladillo, en Mazarrón, justo al lado del campo de golf del mismo nombre.
Mediterránea de Inversión 4 S.L: en manos de la constructora Terrapilar y Golosinas Vidal.
Grupo Corporativo Fuertes S.L: Empresa inmobiliaria.
Resumiendo: La gestión de la televisión pública murciana se entregó a miembros del PP, empresas constructoras e inmobiliarias y a pequeños caciques murcianos.
El director ejecutivo en un principio fue Anxo Quintanilla, que después marcharía a Canal 9, la televisión pública valenciana y que en estos momentos se encuentra en una situación aún peor que la 7. En Marzo el nombre de Anxo Quintanilla sonaba con fuerza como nuevo presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. El presidente del Consejo de Administración y consejero delegado fue León Heredia Carmona, propietario a su vez de Prodher S.A. empresa que forma parte de GTM y que a su vez producía las galas de “Murcia que hermosa eres” con un coste de 600.000 euros. “Esta noche” presentado por Carlos Lozano. “Ven a triunfar” presentado por Bertín Osborne. “Como si fuera ayer” presentado por Carlos Sobera. “Los 7 magnificos” presentado por Antonio Hidalgo. 

Es decir, el señor León Heredia Carmona era el encargado de gestión la 7RM y siempre elegía a su propia empresa para producir diferentes programas en la cadena. O lo que es lo mismo, yo me lo guiso y yo me lo como. La producción de estos y otros programas generó a la empresa Prodher S.A. unos ingresos de 8’8 millones de euros en los años 2009 y 2010.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia abrió diligencias informativas sobre el proceso de adjudicación tras la denuncia presentada por un particular que aportó numerosa documentación. Finalmente la denuncia no prosperó.
En el año 2006 la primera auditoría reveló 7 incumplimientos significativos de la Ley 9/2004 de 29 de diciembre sobre Creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia. La auditoria fue realizada por la compañía de auditoría “Consejeros Auditores S.L.” Los incumplimientos fueron tales como “no se ha fijado el correspondiente importe de la masa salarial. Crecimiento Salarial global superior al 2%” o “no se ha presentado con periodicidad trimestral ante la Dirección General de Presupuestos el presupuesto del ejercicio” o “no se ha facilitado trimestralmente a la Dirección General de Presupuestos los saldos y movimientos de cuentas en entidades financieras” o “no se dispone de un subsistema de contabilidad analítica” o “no se elaboro el presupuesto consolidado al que se refiere al artículo 27.4 de la Ley 9/2004”.
En el año 2008 el Grupo Polaris vende su participación en GTM para “centrarse en el negocio inmobiliario” el comprador seria Intereconomía, convirtiéndose así en el mayor accionista de GTM con el 31’66% de la participación.
En 6 años la 7 ha costado un total de 242 millones de euros y ha conseguido que la 7 no tenga instalaciones y equipos propios pero sí se los ha facilitado a GTM. Desviando de esta forma dinero público a una empresa privada. En el año 2009, según las cuentas de GTM en el Registro Mercantil, los ingresos de GTM por ejecución de contrato fueron de 35’8 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 6’48 millones. En 2010 los ingresos fueron de 32’78 millones pero obtuvieron un beneficio antes de impuestos de 7’1 millones de euros. Obtuvieron mayores beneficios a pesar de ingresar menos gracias al despido de 27 empleados.  En 2010 las “reservas voluntarias” de GTM ascendían a 20.431.534 millones de euros. 

En esos 2 años Prodher S.A. la empresa de León Heredia Carmona, factura a GTM 8’8 millones de euros en concepto de compra de programas. En 2009 el consejo de administración recibió unas retribuciones de 840.000 euros mientras que la alta dirección en concepto de sueldos percibió 221.000 euros. Al año siguiente el consejo de administración recibió la misma cantidad pero los directivos subieron sus retribuciones hasta los 223.000 euros. En 2009 y 2010 sólo había 6 empresas participantes en GTM y un total de 14 consejeros, lo que hace un gasto de 60.000 euros para cada consejero simplemente por acudir a unas pocas reuniones al año.
El caso de León Heredia Carmona no es el único de un directivo de 7RM que está relacionado con las productoras contratadas por 7RM. Fernando García Ortuño fue director de la productora Ítem Audiovisual, encargada de realizar el programa “Murcianos por el mundo” y más tarde fue nombrado director de producción en 7RM.
Mi conclusión es que la cesión de gestión de 7RM, promovida por el presidente Valcárcel, no fue más que una privatización encubierta que utilizó la televisión pública murciana para que los afines al Partido Popular pudieran hacer negocio y a su vez controlar la televisión con fines electorales, todos los murcianos recordamos esos descansos en los partidos de la Champions en los que informativos de 15 minutos únicamente informaban de la agenda de Valcárcel y sus consejeros, y que en estos momentos se descubre tal privatización con la excusa de la crisis económica. Una crisis económica que en los anteriores años de crisis no importó pero que parece ser demasiado importante ahora coincidiendo con el fin de la cesión de gestión de 7RM a GTM.

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Los medios de comunicación en España / Arturo González *

¿Son fiables los medios de comunicación españoles? No; especialmente en temas políticos. ¿Por qué? Porque responden a los intereses y a las posiciones ideológicas de sus propietarios, y por tanto no son neutrales ni objetivos ni independientes. 

Por ejemplo, Telecinco es propiedad muy mayoritaria de Silvio Berlusconi, y no creo que sea necesario explicar la ideología política del dueño ni de sus socios españoles. 

Antena 3 es propiedad mayoritaria de José Manuel Lara (editor del diario ultraconservador La Razón, y de Onda Cero, y propietario de la editorial Planeta) y el grupo italiano del Correo della Sera, de notable tendencia derechista.

TVE, La 2 y el canal 24 Horas son de titularidad pública y gestionadas por el Partido en el Gobierno. Hasta la llegada del PP el nombramiento del Director General era necesario consensuarlo en el Parlamento. Ahora se ha roto unilateralmente ese pacto y el PP ha sido el único responsable del nombramiento y consecuentemente de la gestión y programación.

La Cuatro pertenece también a Telecinco-Berlusconi, que la compraron al grupo Prisa, editor del diario El País y dueño de la Ser.

La Sexta está compuesta por un grupo formado por varias empresas, Televisa mexicana con la mayor participación, el grupo de Emilio Aragón, la empresa de Andreu Buenafuente, el cocinero Arguiñano, y el grupo del condueño del diario Público, Jauma Roures, cuando existía en papel y ahora en su edición digital. La Sexta va a ser inmediatamente absorbida por Antena 3, aunque de momento mantendrá su autonomía de marca (igual que La Cuatro y Telecinco), aunque ya bajo el mandato de Lara.

Las televisiones autonómicas están bajo la égida del grupo político dominante en cada autonomía. Todas tienen fuertes pérdidas y actualmente la mayoría de ellas están en trámite o proyecto de privatización, total o parcial, y naturalmente en subasta ‘sospechosa’ de adjudicación a los amigos de los gobernantes.

Las numerosas tv digitales, la superultra Intereconomía, TV13, Marca TV, etcétera, son fruto de concesiones de los dirigentes políticos de cada comunidad. Muchas están en la ruina, pero las mantienen como instrumento de influencia político-ideológica o esperanza de tiempos mejores. Otras son filiales o segundos canales de las cadenas principales.

Es muy importante destacar que el 85% de los españoles se ‘informan’ exclusivamente a través de la televisión.

En las radios, Radio Nacional de España pertenece a RTVE y por tanto sigue sus pautas; Onda Cero ya queda dicho que pertenece a Antena 3; la COPE es propiedad de la Conferencia Episcopal; y la SER pertenece al grupo Prisa, editor del diario El País y desde hace unos dos años, acosado por los créditos deudores, ha dado entrada y mando a un Fondo de inversión norteamericano, que, de momento, permite una cierta objetividad o independencia informativas.

A través de la radio se informa entre un 10 y un 15% de la población, o más en combinación con la televisión.

Los diarios nacionales escritos, tres periódicos terribles, ABC, El Mundo, La Razón pertenecen sin ambages al durísimo campo de la derecha. De El País ya queda señalada la participación que ha tenido que ceder el grupo Prisa.

Los muy numerosos diarios digitales tienen una incidencia menor, y son todos de marcada tendencia conservadora, salvo El Plural (en mi opinión excesivamente sectario de izquierda), y este modesto Público.es desde el que les escribo. No sé si este medio es objetivo, neutral o independiente, pero sinceramente creo que quienes lo hacen son honrados, cualidad máxima en el periodismo. (Por mi parte quiero decir que jamás me han impuesto consigna alguna, nunca me han sugerido apaños, jamás me han vetado un artículo, y nunca me han eliminado ni una sola línea, ni yo lo admitiría. Con relación a La Sexta debo decir que tal vez no soy objetivo, pues la única vez en mi vida en que acudí a dos recomendaciones para intervenir en el programa Al rojo vivo porque necesitaba trabajar, no fueron atendidas y no me admitieron).

Decir también que la consecución de publicidad es clave en este mundo de los medios de comunicación. Si no tienes publicidad, no sobrevives. Y naturalmente las empresas saben muy bien en qué medios deben anunciarse. De modo que es temerario hacer crítica negativa de alguna empresa anunciadora, aunque sea merecedora de ello.

Sobre los informativos en televisión de todas las cadenas, señalar que las caras no son lo relevante, puesto que se limitan a decir lo que les aparece escrito en una pequeña pantalla, teleprompter, que tienen en la cámara. Lo importante es el editor, que es quien impone lo que hay que decir, y que naturalmente ha sido cuidadosamente elegido por el Director General de Informativos.

En cuanto a las tertulias, comentar que se trabaja en ellas o por recomendación o por influencia o por amistad o por adulación o por estar patrocinado por un grupo político o un medio de comunicación. El director-presentador, como es lógico, sigue la línea informativa e ideológica de la cadena.

Finalmente, apuntar que las redes sociales serán el supremo instrumento de la información y comunicación, pero que todavía están en fase de organización y adquisición de credibilidad y coherencia.

En resumen se puede decir que la información de todos los medios de comunicación está al servicio y en sintonía con los dueños de los medios y de sus criterios y compromisos políticos, económicos y morales, que saben muy bien lo que hacen, sea cierta o no su influencia en la conformación de opiniones de los ciudadanos. El panorama, por tanto, es desolador. Hace falta ser un auténtico experto para aun informándose a través de todos ellos, conocer la verdad. 

(*) Columnista en 'Público', Madrid

El murciano ex consejero de la CAM, Juan Ramón Avilés, comparecerá como imputado tras admitir el juez Gómez Bermúdez una querella del FROB

MADRID.- Siete directivos y trabajadores de Caja Mediterráneo (CAM) declararán como testigos el próximo martes 4 de septiembre en la causa en la que está imputado por delitos societarios y de administración indebida el expresidente de la comisión de control de la entidad, el murciano Juan Ramón Avilés.

Así consta en un auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez cita a declarar como imputado a Avilés tras admitir a trámite una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la que se apuntaba que podría haberse valido de su posición de influencia para concederse a sí mismo créditos de la CAM por valor de 17 millones de euros.

Junto a Avilés deberán comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 representantes de la entidad como Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.

Los otros cuatro comparecientes son Segundo Romero Sánchez, Enrique Carrión Carmona, Vicente Sánchez Asencio y Sonia Torres. El juez, además, ha citado para ese día a los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.

La querella del FROB sostiene que Avilés habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja, que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.

Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.

A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.

Tras la intervención el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Valcárcel obedece y cierra 7RM mientras también peligra 'Onda Regional de Murcia'

MURCIA.- El Gobierno de Murcia ha anunciado la resolución del contrato entre la empresa Televisión Autonómica de Murcia (TAM) y el grupo GTM, concesionario desde su creación en 2006 del canal 7RM, y ha decidido, según dice, "privatizar la gestión de esta televisión, cuya titularidad seguirá siendo pública".

Así lo han anunciado en rueda de prensa el vicepresidente económico del Gobierno murciano, Juan Bernal, y el consejero de Presidencia, Manuel Campos, que han comparecido junto a altos cargos de sus departamentos y el director general del ente público, el inspector de Trabajo José Daniel Martín, tras reunirse con trabajadores de La 7, para anunciarles que ya se van al paro en septiembre.

El contrato con GTM, según Bernal, se rescindirá con fecha 31 de agosto con el objetivo de empezar a trabajar en la redacción de un nuevo concurso de adjudicación del servicio público audiovisual, "que podría resolverse en siete u ocho meses" o mucho más si no acuden postores (de impostores no se habla).

El vicepresidente ha insistido, al igual que el resto de cargos públicos, en que esta decisión obedece exclusivamente a la crisis económica y a las dificultades del Gobierno regional para hacer frente al contrato con GTM.

Así, ha informado Bernal de que la futura concesión será de carácter plurianual y se adjudicará con un presupuesto de quince millones de euros para cada ejercicio, cuando hasta 2010 la financiación media fue de 46 millones anuales y en 2011 se fijó un ajuste de un máximo de 30 millones.

Además, ha señalado que la futura televisión pública de Murcia la gestionará de "forma directa" el sector privado dado que la nueva ley de comunicación audiovisual permite, en sus palabras, una "gestión indirecta pura" por parte de la Comunidad Autónoma.

En cuanto al futuro de los cerca de 300 trabajadores de la empresa GTM, el vicepresidente y el consejero de Presidencia han subrayado para bienpensantes que el objetivo del Gobierno murciano es procurar que se reincorporen, en el máximo número posible, a La 7 cuando se resuelva el nuevo concurso de adjudicación.

No obstante, al ser preguntados por esa posibilidad, han explicado que la legislación del sector público no permite incluir cláusulas en los concursos para subrogar contratos laborales. O sea, que no hay garantía alguna de reincorporación para nadie.

En ese sentido, Juan Bernal y Manuel Campos han querido asegurar para evitar exclusivamente nuevas protestas, que las conversaciones que se iniciarán ahora con GTM, de cara a la resolución del concurso, y el trabajo técnico que emprenderá la Comunidad Autónoma para la convocatoria de la futura adjudicación, tendrán como una de sus prioridades la recolocación de los trabajadores.

En cuanto a las emisiones de este canal a partir del sábado, 1 de septiembre, han informado de que el deseo del ente Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), al que pertenece la empresa pública TAM, es mantener una programación de continuidad por el tiempo que transcurra hasta la nueva concesión.

Preguntados por el tipo de programación en estos meses y por quién se encargará de la emisión, el director general del ente público ha dicho que la idea es que haya "al menos" un informativo y que siga emitiendo GTM porque los contratos "pueden resolverse en parte o en su totalidad".

Ha añadido que, en el supuesto de que los concesionarios se opongan a ese extremo, el propio ente público tiene infraestructura necesaria para emitir informativos y también fondo documental de programación, aunque el grupo GTM es el propietario de las instalaciones de La 7.

Sobre las obligaciones contraídas con GTM, el vicepresidente Juan Bernal ha dicho que la resolución del contrato es la decisión última que ha adoptado el gobierno "entre un grupo de alternativas" y, al ser preguntado por una eventual indemnización al concesionario, ha dicho que el importe de ésta no se fijó en el contrato de servicios.

Por otra parte, respecto a Onda Regional, la emisora pública integrada en RTRM, Juan Bernal ha informado que su dotación presupuestaria actual es de cuatro millones de euros, si bien en el próximo ejercicio se producirá una "reestructuración importante", cuyo alcance no ha precisado y que "lógicamente puede tener incidencia en el personal".

Bernal ha dicho que el Gobierno empezará en septiembre a trabajar en la definición de los presupuestos de la Comunidad para 2013 y que los ajustes afectarán, al igual que al resto de áreas, a la estructura del ente RTRM, que tiene casi 90 empleados públicos.

Manuel Campos, por su parte, ha informado de que el proceso de modificación del modelo de gestión de RTRM se inicia de manera inmediata y se prolongará hasta final de 2012.

Asimismo, el vicepresidente y el consejero se han mostrado convencidos de que el presupuesto de 15 millones fijado por el Gobierno para la nueva concesión hace atractivo el concurso.