Los recortes del PP obligan a alumnos de algunos centros a llevarse de casa hasta el papel higiénico

MURCIA.- La secretaria de Educación y Cultura del PSRM, Choni Ludeña, calificó las declaraciones del consejero Sotoca, en las que afirma que los recortes no van a afectar a la calidad de la enseñanza, y que los recortes van en beneficio de las familias, como de un "ejercicio de cinismo insultante".

   Así, ha indicado que "un consejero no puede hablar de apoyo familiar cuando con las drásticas medidas tomadas por él mismo rompen con la igualdad de oportunidades y suponen un cambio profundo en el modelo del sistema educativo", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   La responsable socialista recordó que "esta misma semana hemos visto cómo el presupuesto para las becas de comedor se reduce en más de 60.000 euros", y criticó que "publican la convocatoria en el BORM sin haber abonado a los centros la cuantía del curso escolar que ha finalizado".

   Para Ludeña, "la afixia a la que el Gobierno regional del PP tiene sometidos a los centros educativos, ya que siguen sin abonarles el importe total de gastos de funcionamiento del curso escolar 2011/2012 y una parte importante del curso 2010/2011, está suponiendo verdaderas situaciones drásticas en su funcionamiento".

   Asimismo, ha indicado que "no podemos permitir que haya centros donde los niños tengan que llevar de casa el papel higiénico, o donde no haya dinero para comprar material para hacer prácticas de FP".

   Y es que, según la secretaria de Educación del PSRM, "nada puede ir en beneficio de los alumnos y alumnas cuando, con la desaparición de apoyos, con el no cubrimiento de las bajas de los profesores durante dos semanas, irán apareciendo más dificultades de aprendizaje con el consiguiente aumento del fracaso escolar".

   Por ello, ha defendido que "no podemos permitir que la educación se convierta un privilegio, y este consejero así lo está haciendo. Con la supresión de rutas de transporte escolar ni siquiera se garantiza que niños y niñas puedan asistir a sus centros, por no hablar de la incertidumbre que están creando al no publicar las becas para libros de texto, lo que lleva a muchas familias a no hacer las reservas de los libros de sus hijos ya que no saben si podrán pagarlos".

   "¿Cómo puede un consejero, con este panorama, decir que estos drásticos recortes son en beneficio de los intereses de alumnos y familias?", se preguntó finalmente Choni Ludeña.

Conductores y transportistas rechazan los peajes en las autovías

MADRID.- Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la Federación nacional de asociaciones de transporte de España (Fenadismer) han mostrado su total rechazo ante la posible intención del Gobierno de establecer peajes en las autovías españolas para financiar la conservación de las carreteras.

   El Gobierno podría estar barajando la posibilidad de establecer el cobro de peajes para los vehículos que circulen por las autovías españolas, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos y de garantizar la conservación de la red vial.

   Así, el presidente de AEA, Mario Arnaldo se mostró "radicalmente en contra" de esta posibilidad, ya que, en su opinión, es "una regresión al pasado", con el derecho de portazgo de la Edad Media.

   Igualmente, el presidente de la organización de automovilistas afirmó que la puesta en marcha de estos peajes en autovías tendría un efecto muy negativo para el desarrollo de las comunicaciones y generaría una "insolidaridad" entre los territorios.

   Arnaldo, que indicó que este modelo ya se ha implantado sin éxito en Portugal y aseguró que "no es el adecuado", dado que las previsiones de ingresos "nunca se cumplen" y resaltó que no es cierto que el dinero que se obtenga con la medida sea necesario para financiar el mantenimiento de las carreteras.

   El máximo responsable de AEA subrayó que el mantenimiento de las autovías tiene un coste anual de unos 1.800 millones de euros, y recordó que los automovilistas pagan cada año en impuestos 25.000 millones de euros.

   Por su parte, el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, indicó que actualmente "no es el momento adecuado" para el establecimiento de los peajes en las autovías españolas.

   Villaescusa indicó que en el momento y la situación "tan precaria" por el que están atravesando los transportistas, cualquier incremento de los costes, que es lo que se está preparando, es un factor que puede tener consecuencias negativas para todo el sector.

   Así, subrayó que desde su asociación no se entendería que se incrementara el gasto de un sector de la importancia del transporte para la economía española, en la actual situación de crisis por la que está atravesando.

   Fenadismer recuerda que desde el inicio de la crisis han cesado en la actividad más de 19.000 empresas de transporte, por lo que considera "imprescindible" que el Gobierno español ponga en marcha medidas de protección que impidan la desaparición del actual tejido empresarial del sector.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.

   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.

   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.

   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".

   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.

   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.

   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.

   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.

  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.

   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".

 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.

La recolección de 2012 sitúa a Murcia como líder en la producción de albaricoque

MURCIA.- La Región de Murcia es la principal productora de albaricoque, con un 97 por ciento del total nacional en 2011. Le siguen por orden de importancia las comunidades de Aragón y Valencia. El 20 por ciento del total de la producción regional se destina a la exportación, lo que supone el 37 por ciento de las exportaciones nacionales. Los principales compradores son, por orden de importancia, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.

Así lo constató la Consejería de Agricultura y Agua  a través de una valoración de los resultados de la campaña de frutas de este año 2012, a la vista de los datos de los aforos. Dicho organismo atribuye buena parte del éxito al Plan de reconversión de variedades realizado en el período 2006-2011, para adaptar las producciones a las nuevas demandas del mercado.
El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó que «la producción de albaricoque experimentó un incremento del 27 por ciento respecto a la campaña anterior». Seguidamente, García Lidón señaló que «en los próximos años se prevé un aumento mayor debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones». 

En este sentido, apuntó que se ha reducido la superficie de cultivo de las variedades tipo Valencianos y Mauricio, que han sido sustituidas por nuevas variedades como Mogador, Madison, Rojo Pasión, Mirlo Blanco, Mirlo Naranja, Flopria y Colorao, entre otras, lo que ha propiciado el incremento del albaricoque temprano. Esta misma circunstancia se observa en el albaricoque de media temporada. Las variedades de tipo clases están siendo sustituidas por nuevas variedades como Murciana, Sweet Cot y  y Goldstrike.
El director general resaltó la buena cosecha este año de la variedad Búlida, de la que la industria conservera obtiene una pulpa de la mejor calidad.

Otros frutos de hueso

 
Con respecto a las producciones de melocotón, nectarina y paraguayo, las previsiones de cosecha de la Consejería rondaban las 262.000 toneladas, un 19,70 por ciento más que en 2011. Sin embargo, las heladas del pasado mes de febrero provocaron una merma de 27.000 toneladas en la cosecha de melocotón y de 34.000 toneladas en nectarina. 

El paraguayo, sin embargo, aumentó la producción un 25,48 por ciento con respecto al año anterior, con una cosecha estimada de 65.000 toneladas, en la que destacan nuevas variedades como Novaflat-10 (obtenida por el departamento de Fruticultura del IMIDA en colaboración con la empresa Novamed), Carioca, Roblecillo y variedades de la serie UFO, entre otras.
La cantidad de exportaciones en 2011 fueron 45.475 toneladas de nectarinas y 32.560 toneladas de melocotón y paraguayo, lo que supone un 20 por ciento de las exportaciones nacionales. El destino de éstas fueron Alemania y Francia, entre otros más.

La gestión de las cajas de ahorro, al banquillo / Miguel M. Mendieta

Las irregularidades en la gestión en las cajas de ahorros están en manos de los tribunales. La intervención o nacionalización de una quincena de entidades ha desencadenado una cascada de denuncias, tanto por el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de exdirectivos, como por la comercialización fraudulenta de productos financieros. La máxima expresión de todos los procesos abiertos es el planteado el pasado miércoles contra 33 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la querella, presentada por el partido UPyD y admitida a trámite por la Audiencia Nacional, se denuncia la comisión de delitos de estafa, administración desleal, falsificación de las cuentas anuales, apropiación indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas.

Los juristas consultados tienen serias dudas de que los procesos abiertos puedan llegar a desembocar en condenas penales, pero su repercusión en términos políticos, y en el descrédito generalizado del sector de cajas, será evidente.Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en una decena de cajas: Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Duero, Caja España, Caixa Penedès, Caja Mediterráneo, Caja Castilla La Mancha (CCM)...Este último caso es el que más avanzado está en términos judiciales. El expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y otros consejeros y directivos fueron sancionados por el Banco de España por su mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se inició un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que aún no ha concluido. En uno de los últimos giros del juicio, la fiscalía reconoció que ni Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se habían enriquecido por la gestión."Dependerá de cada caso, pero en general va a ser difícil que las acusaciones puedan demostrar que ha habido dolo en la actuación de los directivos", explica un abogado que lleva procesos penales en la Audiencia Nacional.Los dos casos que más alarma social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y Novagalicia. En ambos se está investigando si algunos de sus directivos se concedieron generosos sueldos, indemnizaciones y pensiones, pocos meses antes de que sus respectivas entidades fueran intervenidas o nacionalizadas.Otro de los aspectos penales que tiene mayores visos de prosperar es la comercialización de participaciones preferentes de forma irregular, entre clientes que no entendían la complejidad del producto. 

Novacaixagalicia. 30 millones en indemnizaciones y el escándalo de las preferentes 

Novacaixagalicia ejemplifica los graves problemas que pueden aparecer al mezclar política y finanzas. El proyecto de fusionar las dos cajas regionales, Caixa Galicia y Caixanova, fue apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La combinación de dos directos competidores obligó a realizar un alambicado ejercicio de reparto de funciones directivas y de sedes corporativas.Con el deterioro de la situación económica, el proyecto se vio desbordado, lo que forzó el relevo de sus gestores. Entre cuatro altos cargos (José Luis Pego, Gregorio González Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García De Paredes), se repartieron 30 millones de euros entre indemnizaciones y pensiones, a pesar de que a los pocos meses la entidad tuvo que ser nacionalizada y recibir varios miles de millones de euros de dinero público.-Fiscalía anticorrupción. El clamor popular que surgió tras hacerse públicas las indemnizaciones cobradas por los directivos provocó que la Fiscalía Anticorrupción decidiera tomar cartas en el asunto. Hace dos semanas, decidió presentar una querella ante la Audiencia Nacional contra estos exdirectivos, argumentando que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica" de la caja, en referencia al aumento de las retribuciones que se aprobó durante la fusión a espaldas del consejo y del Banco de España. El entonces presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, también ha sido incluido en la querella al considerado último responsable.-Preferentes. Además del escándalo de las indemnizaciones millonarias, la fiscalía ha demandado a la entidad por la comercialización fraudulenta de preferentes, donde le pide que deposite una fianza de 1.108 millones.

Caja Mediterráneo-CAM. La pensión millonaria de Amorós y la venta de cuotas participativas

 El caso de Caja Mediterráneo (CAM), fue el primero en el que se empezó a atisbar que la gestión de las cajas de ahorros podía saltar de la imprudencia al dolo. La entidad fue intervenida hace un año, y posteriormente adjudicada en subasta a Banco Sabadell, con una importante subvención económica. Unos meses después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recapitalizara la entidad financiera, comenzaron a hacerse públicos los lucrativos contratos firmados por varios de sus directivos cuando la caja ya estaba al borde del abismo.María Dolores Amorós, directora general en el momento de la intervención, cobraba un sueldo anual de 600.000 euros y, además, pactó una pensión vitalicia por 370.000 euros anuales.-El juicio. Cuando el Banco de España retiró a Amorós de su cargo por despido disciplinario, la exdirectiva emprendió acciones legales para reclamar su pensión. El juzgado dio la razón al Banco de España y dejó a Amorós sin indemnización ni pensión.-La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para valorar si Amorós pudo haber cometido algún delito al pactar su remuneración y la generosa pensión vitalicia. Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la plataforma de afectados de Caja Mediterráneo contra una decena de directivos de la entidad, incluido el anterior director general, Roberto López y el expresidente, Modesto Crespo. Los afectados son, fundamentalmente, clientes que invirtieron en cuotas participativas.

CCM. Sus gestores aún no han sido juzgados, tres años después de ser intervenida

 Cuando el Banco de España decretó la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM), el futuro del sector ya estaba escrito, aunque pocos lo querían reconocer. Tres años después de que el supervisor apartara a los gestores de la entidad, la recapitalizara y la vendiera en subasta pública (a Cajastur, ahora en Liberbank), la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la caja aún sigue en pleno proceso judicial. El coste máximo del rescate de esta entidad se podría elevar a 4.100 millones de euros, costeados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).-Iniciada en 2010. La causa contra los exdirectivos de la caja castellanomanchega se inició en diciembre de 2010. El Banco de España ya impuso a varios de los exconsejeros y directivos sanciones administrativas, pero la mayor parte de los implicados la han recurrido.-Créditos polémicos. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha pedido al Banco de España un dictamen sobre una serie de créditos polémicos concedidos por CCM a Luis Portillo, Luis Delso, la familia Fermoselle, Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco, por un importe total de 400 millones de euros.-Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron personalmente durante su gestión al frente de la caja manchega. En un escrito enviado al juez, la fiscalía concluye que "después de la investigación efectuada por la Guardia Civil, no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados". 

Caixa Penedès. Investigación sobre los planes de pensiones

 Caixa Penedès, integrada ahora en grupo BMN, también está siendo objeto de una investigación por las indemnizaciones que recibieron algunos de sus directivos y que, en conjunto, superan los 20 millones de euros. Estos profesionales son el ex director general (Ricard Pagès), el ex director general (Joan Caellas), el ex director general (Manuel Troyano) y el ex director de recursos humanos (Jaume Jorba). Las indagaciones las comenzó la Fiscalía Superior de Cataluña y después tomó el testigo la Fiscalía Anticorrupción. De la cantidad señalada, Ricard Pagès habría recibido cerca de 11 millones.-Posición de BMN. El consejo del grupo Banco Mare Nostrum -donde está integrada Caixa Penedès, junto a Cajamurcia, Caja Granada y Sa Nostra- ha exigido a los cuatro exdirectivos investigados la devolución de los más de 20 millones que tenían en pensiones depositadas en otra entidad. De todas las entidades con problemas legales, BMN es la única que no ha sido intervenida ni nacionalizada, aunque sí que ha recibido un préstamo del FROB por importe de 916 millones, y podría tener problemas para continuar siendo independiente. 

Bankia. La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de la entidad 

La admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD contra 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA ha provocado un fuerte terremoto en amplios círculos políticos y financieros de Madrid y Valencia. El segundo grupo financiero español, producto de la fusión de siete cajas (entre las que estaban Caja Madrid y Bancaja), fue bendecido por todas las autoridades políticas y supervisoras, tanto en su constitución, como en su decisión de salir a Bolsa. Su nacionalización y la solicitud de 19.000 millones de capital, ha revelado los fallos de diseño del grupo.-El juicio será uno de los más relevantes de la historia de España. No solo por las miles de personas afectadas (entre accionistas, empleados y tenedores de participaciones preferentes), sino por el perfil de los imputados: Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat valenciana), Ángel Acebes (exministro de Interior). Entre las personas que han sido llamadas a declarar en la fase de instrucción están el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura.-Participadas. Tras conocerse la imputación, algunos de los exconsejeros de Bankia y BFA que permanecen en los consejos de participadas han empezado a renunciar a sus cargos. El grupo ya tenía previsto reducir drásticamente el número de consejeros y que este proceso estuviera culminado para el próximo septiembre. Ahora, sin embargo, podría acelerarse.-Los delitos denunciados se refieren al enorme agujero patrimonial hallado tras la nacionalización, el fiasco de la salida a Bolsa, a la comercialización de participaciones preferentes y a la obtención de pensiones y créditos por parte de consejeros en condiciones ventajosas. UPyD ha llegado a solicitar la intervención judicial del grupo financiero, que actualmente está dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo desde que Rodrigo Rato abandonó el cargo. La Fiscalía es partidaria de imputar también a algunos directivos del grupo que no formaban parte del consejo de administración. 

Catalunya Caixa. Sospechas sobre los sueldos de los exdirectivos de la entidad

 Catalunya Caixa es otro de los juguetes rotos del sistema bancario español. El intento de integrar un colectivo de cajas catalanas para ganar tamaño y sortear la crisis nunca acabó de funcionar. La entidad ha acabado siendo nacionalizada y está pendiente de la recepción de hasta 4.300 millones de dinero público para recapitalizarse. A pesar de este fiasco, algunos de los antiguos exdirectivos se fueron con jugosas indemnizaciones antes de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.-Investigación. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para conocer si existen indicios de delito o de irregularidades en los sueldos que percibieron altos cargos de la entidad. El Fiscal quiere determinar si esas remuneraciones son compatibles con que la entidad recibiera ayudas públicas: 2.968 millones de euros vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que todavía no ha devuelto al Estado.Algunas informaciones apuntan a que el ex director general de Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, Josep María Loza, pudo cobrar cerca de 10 millones de euros en concepto de indemnización y de pensión.-El caso Unnim. El otro grupo catalán de cajas que acabó siendo nacionalizado, y posteriormente vendido en subasta a BBVA, también tuvo una investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), después de que se hiciera público que el último director general, Enric Mata, pudo haber cobrado cerca de ocho millones de euros tras dejar el cargo. Este organismo acabó concluyendo que los pagos se habían ajustado a derecho. 

Banco de Valencia. La entidad denuncia a los anteriores gestores 

La debacle de Banco de Valencia -filial de Bancaja y, posteriormente, de Bankia- dio la señal de alarma sobre lo que se avecinaba para el resto del grupo. El 28 de octubre de 2011, dimitía su presidente, José Luis Olivas, presagiando la tormenta que se avecinaba. Olivas, que también era presidente de Bancaja, había empezado a tener problemas con sus socios en la alianza de cajas (especialmente con el presidente de Caja Madrid y del grupo, Rodrigo Rato). Le reprochaban que la entidad había inflado la valoración contable de Banco de Valencia, para ganar una mayor cuota en el capital de Bankia. Un mes después de la salida de Olivas, el Banco de España intervenía la entidad.-Accionistas. En una convulsa junta de accionistas, donde se aprobó que el Estado se hiciera con el control del 91% de la entidad, también se acordó que Banco de Valencia ejerciera una acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, especialmente contra el que fuera el director general de la entidad durante 17 años, Domingo Parra, que pactó una indemnización de 7,5 millones. 

http://movil.cincodias.com/noticia.php/5-d/gestion-cajas-ahorros-banquillo/cdsfinemp/20120707cdscdicnd_4/Tes 

Valcárcel se sigue endeudando y Rajoy consintiendo

MADRID.- El último Consejo de Ministros ha autorizado sendas operaciones de endeudamiento a las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y de las Islas Baleares por un importe conjunto de 380,8 millones de euros.

   En primer lugar, el Consejo de Ministros ha autorizado a Murcia para realizar operaciones de préstamos a largo plazo y emisiones de pagarés, obligaciones y bonos hasta un importe máximo de 212,5 millones de euros que se destinan a cubrir las necesidades de financiación derivadas del primer tramo del objetivo de estabilidad del ejercicio 2012.

   Este primer tramo está fijado en el 0,75 por ciento del PIB regional de dicha comunidad autónoma por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.

   La operación de endeudamiento es conforme con el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-201, aprobado por el mismo Consejo en su sesión del 17 de mayo y con el Programa Anual de Endeudamiento de 2012 acordado entre el Estado y la Región.

A Sotoca le importa un pijo el déficit

MURCIA.- La responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, María Carmen Moreno, ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pregunta los motivos por los que el consejero de Educación, Constantino Sotoca, no ha cesado, con fecha 1 de julio, a la mitad el numero de asesores de su Consejería, tal y como se comprometió. 

   Moreno criticó que los recortes de su Consejería han dejado a 5.500 interinos en el paro desde el pasado 30 de junio. Además, dejará sin volver al trabajo a más de 2.000 interinos el próximo curso, debido al aumento de las ratios por aula y de la jornada laboral, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "Esto no se le ha olvidado al consejero ponerlo en marcha en la fecha que dijo. Sin embargo, el compromiso adquirido de eliminar a la mitad de los Asesores Técnicos de la Consejería si lo ha aparcado. No entendemos la razón, por lo que le pedimos explicaciones en la Cámara", ha concluido.

El PSOE exige que se paralice la autorización de funcionamiento del vertedero de Abanilla

MURCIA.- El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, ante las informaciones aparecidas en diversos medios regionales, exigió que se paralice la autorización de funcionamiento del vertedero de Abanilla hasta que se resuelva el procedimiento judicial que existe contra la empresa propietaria.

   Ros adivirtió que los vecinos de Abanilla y la Murada "no pueden soportar más la ineficacia administrativa del Gobierno Regional y las tomaduras de pelo de la empresa", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   "En estas dos poblaciones la situación que se vive es inadmisible, ya que no sólo tienen que soportar los malos olores y los tránsitos clandestinos de camiones y basuras, sino que tienen que sufrir también la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar todo esto", explicó.

   Y es que, en su opinión, "es necesario que el Gobierno regional deje de estar en ese estado de indefinición administrativa, de dejarse llevar por el paso del tiempo sin buscar una solución real y definitiva a los graves problemas que padece una población murciana".

  "Valcárcel tiene que dar la cara, dejar de esconderse ante las situaciones ilegales que se están produciendo en el vertedero de Abanilla", finalizó.

El PSOE exige que Sotoca dé explicaciones por el "brutal" recorte que se ha producido en el SEF

CARTAGENA.- El diputado regional socialista Francisco Javier Oñate está seguro de que el consejero Sotoca "debe estar avergonzado por el brutal recorte" que se ha producido en el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma, que ha provocado la supresión de programas de formación de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

   De este modo, el Grupo Parlamentario Socialista "lleva semanas esperando la contestación a mas de 70 iniciativas parlamentarias que pretendían sacar a la luz el efecto de los recortes en materia de empleo, pero que hasta ahora ha sido completamente imposible obtener información".

   En el día de ayer ha llegado el primer reconocimiento público de que se van a suprimir programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Oñate advirtió que, sin embargo, "estos no son los únicos programas amenazados, ya que el SEF se ocupa también de la Formación Ocupacional, de los Centros especiales de empleo, así como de las ayudas al autoempleo y a la contratación".

   "Resulta ocioso recordar los difíciles momentos por los que pasamos, el grave problema social y económico que representa el desempleo, o que la Región de Murcia es la tercera región por la cola del continente europeo", apuntó.

   Asimismo, señaló que "también es ocioso explicar que las políticas activas de empleo son el único refugio posible para los más de 200.000 parados marcianos. Por eso, este recorte no sólo es cruel con las personas, es un desatino económico porque cercena una de las vías que quedan para la reinserción laboral y la recuperación de nuestra economía".

   Y es que, para el diputado del PSRM, "se da la paradoja de que el Gobierno regional exige a los perceptores de prestaciones la asistencia a cursos de formación, y al mismo tiempo retira los programas a los que tendrían que acceder".

   "Por eso insistimos en que Sotoca debe estar avergonzado. Sólo así se explica su diligencia para comparecer cuando cree que ha conseguido un éxito, por pírrico que sea, y el silencio que mantiene en explicar el verdadero alcance de los recortes, datos que ya han dado el resto de las Comunidades", añadió.

   El Grupo Parlamentario Socialista, que ya tiene registrada una petición de comparecencia en Pleno del consejero, pedirá el lunes una reunión urgente de la Comisión Especial de Empleo para que Sotoca aclare con detalle la relación de afectados por este importante recorte "que va camino de la desaparición del propio SEF y gran parte de sus empleados", finalizó.

También UPyD se alarma

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la supresión de las escuelas taller y a los talleres de empleo de la Región. "El Servicio de Empleo y Formación (SEF), al no convocar las convocatorias para este año de estos programas, condena en la práctica a estos programas a su desaparición".

   UPyD ya denunció el pasado mes de mayo que el SEF no iba a sacar este año la convocatoria. En ese sentido los Grupos Municipales de UPyD en los ayuntamientos de Murcia, Molina de Segura, Caravaca, Los Alcázares y San Pedro han presentado mociones instando al SEF a que convocase los programas para 2013, según han informado fuentes de la formación magenta en un comunicado.

   Sánchez ha recordado que las escuelas taller y los talleres de empleo son programas que se desarrollan en la Región de Murcia desde hace más de 20 años, cofinanciados en un 80 por ciento por la Unión Europea, y cuyo objetivo es la cualificación de personas desempleadas para que puedan insertarse en el mercado laboral. "Combinan formación teórica y práctica laboral en la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social", ha apuntado.

   En este sentido, Sánchez ha destacado el importante papel que desarrollan estos programas "en una Región con unas tasas de abandono escolar muy altas". Asimismo, ha subrayado que las escuelas taller están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 24 años, normalmente procedentes del fracaso escolar y sin experiencia laboral, que a través de estos programas "tienen la oportunidad de prepararse para conseguir su título de la ESO, al mismo tiempo que aprenden una profesión trabajando".

   Además, los talleres de empleo se dirigen a personas desempleadas de larga duración y con escasa cualificación, de entre 25 y 54 años, que encuentran aquí una posibilidad de insertarse laboralmente. En la Región vienen desarrollándose actualmente 15 proyectos de escuelas taller y talleres de empleo, formando a más de 400 personas desempleadas.

   Por todo ello, Sánchez ha criticado que la Comunidad Autónoma haga recortes en las medidas de apoyo al desempleo. "La supresión de la convocatoria del SEF este año de estos programas como medida de recorte en las políticas activas de empleo supone una merma considerable en las posibilidades de acceso al mercado laboral de sus destinatarios", ha concluido.

La Asociación Amigos del Yacimiento de San Esteban denuncia al Ayuntamiento por su abandono

MURCIA.- La asociación 'Amigos del Yacimiento de San Esteban' ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Murcia por el abandono del yacimiento de San Esteban y su entorno, ante las instancias pertinentes. 

   Así, han denunciado que el yacimiento y su entorno presentan un vallado falto de seguridad, encontrándose muchas vallas sueltas y rotas; falta de mantenimiento del yacimiento, lo cual ha llevado al desperfecto del geotextil que lo protege en algunos muros o el crecimiento descontrolado de malas hierbas.

   Por ello, la asociación hizo llegar la situación en que se encontraba el yacimiento al Ayuntamiento de Murcia, a través de la entrevista personal que mantuvieron con el Concejal de Cultura y Festejos, Rafael Gómez.

   "Una vez agotada toda vía negociadora, nos hemos vistos obligados a denunciar al Ayuntamiento de Murcia y los hechos que acontecen, ante las instituciones oportunas", han subrayado.

   Las denuncias se han presentado ante el Servicio del SEPRONA, de la Guardia Civil de Murcia, por el abandono continuado del yacimiento; la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, por el abandono del yacimiento; y la Policía Local, por el deterioro del vallado, convirtiéndose esta deficiencia en un peligro para la seguridad pública.

   Finalmente, la Asociación 'Amigos del Yacimiento de San Esteban' han exigido al Ayuntamiento de Murcia que cumpla con la normativa vigente.

Ecuatorianos afectados por la crisis en España se van a otros países europeos

QUITO.- Los ecuatorianos, que constituyen la cuarta comunidad más numerosa de extranjeros en España, se están trasladando a otros países europeos, como el Reino Unido, para escapar de la crisis en la nación ibérica, informó la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).

"Un porcentaje de compatriotas no se queda con los brazos cruzados y está buscando solución a la crisis económica que se vive en España. Entre las alternativas está la decisión de migrar a otros países de Europa como Reino Unido", dijo el titular de la Senami, Francisco Hagó.

El funcionario agregó que ante la movilización de los migrantes ecuatorianos, la cartera les brinda en España capacitación, como la enseñanza del idioma inglés.

"La Senami contribuye con capacitación gratuita en cursos de inglés y bolsa de empleo", manifestó el funcionario en un comunicado, en el cual recordó que los ecuatorianos han perdido sus viviendas por la crisis hipotecaria, el desempleo y la xenofobia en España.

Entretanto, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, señaló que se "están coordinando acciones con las embajadas para defender a los compatriotas que perdieron sus viviendas" en España, según el mismo comunicado.

Rivadeneira apuntó que el tema es un "problema de política pública" y señaló que se "analiza tomar medidas más drásticas como demandar a los bancos ante el tribunal de Estrasburgo" por el mecanismo de cobro de hipotecas.

En mayo pasado, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó una ley que prohibió que préstamos hipotecarios adquiridos por ecuatorianos en otras naciones puedan ser cobrados sobre bienes que posean en su país.

En 2008 estalló una burbuja inmobiliaria en España, lo que provocó un acelerado incremento del desempleo, que alcanza actualmente un 24,44% pero ronda en 35% entre los inmigrantes.

La crisis en España también ha motivado el retorno de ecuatorianos y desalentado la migración hacia esa nación.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará Quito el 24 y 25 de julio para dialogar sobre posibles soluciones a la crisis de las hipotecas que afecta a los emigrantes ecuatorianos, de acuerdo con su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño

¿Va a dimitir Carlos Egea de la presidencia de BMN?

MADRID.- La dimisión del murciano Carlos Egea como presidente de Banco Mare Nostrum (BMN) parece estar sobre la mesa ante los insistentes rumores de nacionalización de la entidad para después del verano e, incluso, antes si fuera necesario por sorpresas imprevistas en sus cuentas, según fuentes de miembros del Consejo de Administración, donde ya afloran tensiones internas ante la estrategia totalmente fallida del también presidente de Caja Murcia.

Según esas mismas fuentes, las diferencias han llegado al punto de exigirle a Egea que desmonte inmediatamente la sede social palaciega adquirida en el Paseo de Recoletos 17, una vez sabido que el futuro de la entidad es mucho más que incierto en sus actuales circunstancias. Y que el fantasma de la intervención por el FROB, a partir de la llegada al Banco de España del nuevo gobernador y una última inspección muy preocupante, tras las conclusiones de otra del FMI sin nombrarlo, parece ya inevitable.

Es otro murciano, el ex alcalde socialista de Granada, presidente de Caja Granada y vicepresidente de BMN, el catedrático Antonio Jara (imagen inferior), el más crítico en las reuniones con la gestión de Egea después de haberse mostrado incapaz de llegar a un acuerdo salvatorio de fusión con Banco Popular o Unicaja en el plazo establecido por las medidas de reforma del sistema financiero español, y ya cumplido.

Esas fuentes del Consejo señalan a Carlos Egea como el mayor obstáculo, "sino el único por intereses puramente personales", para no haberse quedado solos enmedio de una situación de tanto riesgo para una entidad de tipo medio y, por otra parte, haberse demostrado incapaz de capitalizar BMN a partir de inversionistas extranjeros, que buscó y nunca encontró, según él, pese a la aparición de varios fondos de inversión, que luego quedó en nada.

La opción de comprar el Banco de Valencia, en quiebra absoluta, más que un farol de Egea porque no lo podía digerir con sus escasos recursos, era una tabla de salvación para intentar sobrevivir todo el Grupo BMN con la cotización en Bolsa que su adquisición le permitía. El retraso 'sine die' de su subasta, ha acabado de un golpe con los delirios financieros de este lorquino muy relacionado con Cieza, que quiso dejar de ser cajero para jugar a banquero y al que acaba de arrollar el vértigo de unos tiempos que, por su avanzada edad, ya han dejado de ser los suyos.

La reducción de su bono a la categoría de 'basura' por parte de Fitch parece la gota que colmó la paciencia de sus socios (Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra), hasta el punto de que el propio equipo que llevó Egea a Madrid, a costa de resentirse seriamente Caja Murcia, le señala como gran parte del problema de que BMN se encuentre, prácticamente, en una situación sin salida excepto la intervención estatal para garantizar los derechos de clientes, impositores y empleados.

Fingen que el AVE llegará a la Región pese a la crisis fiscal y los ajustes impuestos por la deuda

MURCIA.- Las sociedades Murcia Alta Velocidad S. A. y Cartagena Alta Velocidad S. A., que han celebrado este viernes Juntas Generales y Consejos de Administración en Murcia, han acordado la primera fase de las actuaciones necesarias para que la alta velocidad llegue a la Región.

   Los consejos de ambas sociedades, formados por el Grupo Fomento, los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena y la Comunidad Autónoma de Murcia, han aprobado el Plan de Etapas para el conjunto de las actuaciones tanto urbanísticas como ferroviarias, incluyendo la Fase I de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia y, además, se han constituido las Comisiones Ejecutivas.

   Las reuniones han estado presididas por el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, quien ha tomado posesión como presidente de los Consejos de Administración de ambas sociedades.

   También han asistido el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; primer y segundo tenientes de alcalde de Cartagena, Joaquín Segado y Nicolás Ángel Bernal; el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla; y el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Enrique Verdeguer, junto con los restantes miembros de los dos Consejos de Administración, algunos de ellos nombrados en la Juntas celebradas en primer lugar.

   Asimismo, en esta reunión han tomado posesión como vicepresidente primero en Cartagena Joaquín Segado, y vicepresidente segundo Antonio Sevilla para Murcia y Cartagena, así como el presidente de ADIF, Enrique Verdeguer, como vicepresidente tercero de ambas sociedades.

   El director general de ambas sociedades ha informado a los Consejos de la situación actual de los proyectos ferroviarios de integración del ferrocarril en las ciudades de Murcia y de Cartagena, así como de las actuaciones urbanísticas de las unidades de actuación que afectan a la zona de influencia ferroviaria.

   Tras la reunión, Segado ha destacado que "es una magnífica noticia para Cartagena el hecho de que se esté terminando de redactar el proyecto básico de soterramiento de la línea del tres desde el Puente de Torreciega hasta la Estación, que supondrá una inversión de unos 88 millones de euros y cuyas obras podrían comenzar a principios de 2015".

   También ha anunciado que durante las próximas semanas "se procederá a la publicación del estudio informativo, primer paso para la renovación de la red ferroviaria entre Murcia y Cartagena y para la llegada del AVE a nuestra ciudad".

   En la actualidad, se está finalizando la redacción de los Proyectos Básicos de Plataforma de la Red Arterial Ferroviaria de Murcia y de la de Cartagena, contratados en el primer semestre de 2011 tras la finalización de los Estudios Previos.

   Una vez concluidos los proyectos básicos se licitará la redacción de los respectivos proyectos constructivos, que especifican las obras necesarias de la fase I para la llegada de la alta velocidad a la Región.

   Los dos Proyectos Básicos Ferroviarios son los que delimitarán las fases y tramos que acometerán los proyectos constructivos y definirán la propuesta para conseguir la llegada de la Alta Velocidad a Murcia y Cartagena.

   El Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad ha aprobado un calendario de actuación urbanística donde se contempla que la primera fase de urbanización en Murcia esté finalizada en 2015, tras la tramitación de los proyectos de urbanización y reparcelación del ámbito de actuación.

   Las dos sociedades, Murcia Alta Velocidad S. A. y Cartagena Alta Velocidad S. A. nacen a raíz de los convenios firmados entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Murcia, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y, respectivamente, los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, para la remodelación de la red arterial ferroviaria, que permitirá la entrada de la alta velocidad en ambas ciudades y, por consiguiente, contempla una reforma para la mejora urbanística del entorno ferroviario.

   Ambas sociedades están formadas por el Grupo Fomento, a través de ADIF, con un 50 por ciento de las acciones; la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que posee el 25 por ciento; y, por último, los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, con un 25 por ciento, respectivamente en cada uno de sus convenios, según el Consistorio.

Más propaganda

La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, han mantenido este viernes una reunión con una delegación de Arabia Saudí, encabezada por el príncipe Addullaziz Bin Naser Bin Abdulaziz Al-Saud, para estudiar posibles inversiones y abrir mercado a las empresas de la Región.
   Esta misión comercial inversa, organizada en Lorca para que empresas de la Región contacten con representantes saudíes, se enmarca en las actuaciones del 'Plan Especial de Captación de Inversiones para Lorca' y del 'Plan de Promoción Exterior 2012', que organiza el Instituto de Fomento en colaboración con las cámaras de comercio de la Región y con el que se pretende ofrecer a las empresas murcianas servicios que apoyen sus actividades fuera de la Región.
   El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, ha explicado que el objetivo de estos encuentros comerciales es "conseguir inversiones, sobre todo de países de una gran solvencia económica, como Arabia Saudí, para proyectos concretos o para empresas de la Región, al tiempo que ayudemos a nuestras industrias a ampliar mercados para vender sus productos". Tras lo que ha añadido que el encuentro se ha celebrado en la ciudad de Lorca "por motivos obvios tras los terremotos del 11 de mayo"
   La delegación saudí, encabezada por el príncipe Addullaziz Bin Naser Bin Abdulaziz Al-Saud, representa al Grupo ABN, del que forman parte más de 70 empresas, cuyas actividades o sectores de actividad van desde líneas aéreas, construcción, comercialización en general o servicios, hasta armamento militar.
   Por parte de la Región de Murcia, además del consejero estuvieron presentes el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Eusebio Abellán, además de representantes de cinco grandes empresas de las Región.
   El crecimiento de las exportaciones desde la Región hacia Arabia Saudí se ha duplicado en los últimos cinco años, y el pasado año se alcanzó un volumen de exportaciones por importe de 44.614.740 euros, frente a los 19.644.250 euros que se exportaron en el año 2006, lo que supone un crecimiento de más del 227 por ciento en este periodo.
   Según Ballesta, "el incremento de nuestras exportaciones hacia este país, que dispone de unos elevados niveles de renta por habitante, supone una gran oportunidad para las empresas de la Región, ya que tienen una gran capacidad de absorber una parte creciente de nuestra producción".
   Los principales productos exportados por la Región al país árabe fueron los relacionados con el sector agroalimentario, que supusieron el 41,40 por ciento del total exportado. Dentro de éste destacan las exportaciones de zumos, con un 10,81 por ciento del total, así como el sector de la industria química (14,06 por ciento) y las instalaciones, maquinaria y equipos de generación de energía (10,75 por ciento).

El número de presos de Murcia aumenta un 9,1% en lo que va de 2012

MURCIA.- El número de presos ha aumentado un 9,1 por ciento en las cárceles de la Región de Murcia en lo que llevamos de 2012, hasta situarse en las 1.772 personas, según datos facilitados este viernes por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).

   En concreto, a cierre de junio en la Comunidad de Murcia hay 162 presos más que a final del pasado ejercicio, cuando alcanzaron los 1.610. El aumento es más acusado si lo comparamos con el dato de final de 2010, cuando los ciudadanos en prisión llegaron a los 886.

   Hay 520 en el centro de Sangonera, 974 en la cárcel de Campos del Río (Murcia II) y 278 en el CIS Murcia 'Guillermo Miranda'.

   Las celdas (o habitaciones en el caso de los CIS) funcionales en estos momentos, según Acaip, suman las 1.495 en el conjunto de la red de cárceles de la Región.

El Ayuntamiento de Totana reconoce públicamente su situación de quiebra técnica

TOTANA.- El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Totana, David Amorós, ha explicado que las medidas de Personal se tienen que adoptar "porque mensualmente faltan 360.000 euros para pagar las nóminas a los trabajadores, con picos de 700.00 euros algunos meses", por lo que ha calificado esta situación de "insostenible". 

   De seguir manteniendo la Administración así, ha advertido el edil, en la legislatura "se propiciaría una deuda generaría sólo de Personal de 15 millones de euros, algo que no vamos a consentir".

   Ante la situación del despido de 14 interinos y el inicio del expediente de despido colectivo, el edil ha manifestado que se trata de medidas "duras", de las que moralmente no están de acuerdo, pero ha justificado la necesidad de las mismas para "mantener la viabilidad del Ayuntamiento".

   Y es que, ha señalado, el Consistorio de Totana se encuentra en una operación "a corazón abierto", ya que "se han registrado una merma en los ingresos de más de 30 millones de euros desde el 2007 y con una deuda de 85 millones de euros".

   Amorós ha indicado que "ninguna empresa dudaría a la hora de reestructurar su plantilla si mensualmente tuviera un déficit de más de 60 millones de personas".

   En este sentido, ha recordado que "se han planteado muchas medidas antes de llegar a esta situación que han generado un ahorro de dos millones de euros, y se han establecido mesas de negociación con los sindicatos como la de bajar el salario un 15 por ciento a todos los empleados públicos, medida que rechazaron".

   El edil ha dicho que se han tenido varias mesas de negociación, tanto con sindicatos como con los grupos de la oposición, pero "nadie ha puesto encima de la mesa propuestas concretas que eviten estos despidos", ha criticado.

   Además, el concejal ha manifestado que "ahora más que nunca es necesaria una reorganización del personal y de la estructura administrativa para ahorrar costes y garantizar la prestación de servicios que se prestan a los vecinos".

   Un ejemplo de esta situación, y según el concejal para que el ciudadano lo entienda, "no puede haber un departamento municipal con siete personas mientras en empresas murcianas con 3.500 personas lo gestionan con nueve profesionales".

   En esta línea, el edil ha realizado un balance de todas las medidas que se han puesto en marcha durante el primer año de legislatura que van en camino de conseguir un ahorro del presupuesto de siete millones de euros, pero "hay que seguir haciendo un esfuerzo para contener más el gasto corriente, ya que es insostenible la situación actual con la merma de ingresos".

   Amorós ha manifestado la intención del equipo de Gobierno "es la de seguir tomando medidas, en un segundo bloque, para no gastar más que lo que se ingrese y ser un ejemplo de gestión eficiente y austera". Al hilo, ha explicado que el equipo de Gobierno "es el que menos destina dinero al pago de nóminas de los responsables políticos con respecto al número de habitantes del municipio".

   En cuanto a la deuda del Ayuntamiento, el también portavoz del equipo de Gobierno, ha indicado que todos los grupos políticos que han gestionado el Consistorio "son corresponsables de la deuda que se ha gestado, ya que ningún equipo de Gobierno ha sido capaz de terminar el ejercicio contable sin déficit".

Más de 3.500 interinos docentes que no percibirán su salario en verano presenta recursos de alzada en Educación

MURCIA.- Más de 3.500 interinos docentes que no percibirán su salario en verano, como estaba estipulado en el contrato, por el cese del mismo el pasado 30 de junio, han presentado esta mañana su correspondiente recurso de alzada en la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

   El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha afirmado, al respecto, que unos 5.000 interinos "van a dejar de percibir su salario en verano porque así lo ha decidido unilateralmente el Gobierno regional".

   Pedro Manuel Vicente ha apuntado, asimismo, que los recursos presentados piden precisamente que Gobierno cumpla el compromiso que adoptaron con los trabajadores al inicio del curso escolar "y por tanto hagan efectivo el pago del verano conforme estaba recogido".

   En este sentido, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha señalado que "estos trabajadores cuando cogieron su plaza, tenían su contrato hasta el 31 de agosto y ahora, por una decisión injusta del Gobierno regional, se le rescinde el contrato de manera unilateral y lo envía al paro".

   A pesar de ello, el Comité de Resistencia --formado por CCOO, UGT y StermIntersindical-- se muestra satisfecho por la respuesta del conjunto de los afectados, "ya que podríamos hablar de alrededor de un 80 o 85 por ciento de recursos, es decir que presentamos más de 3.500 solicitudes ante la Consejería", ha puntualizado Vicente, quien ha recalcado que ésta es "es una iniciativa más que complementa todas las que llevamos desarrollando en los últimos 18 meses".

   Tiene claro que "las agresiones van a continuar, se han anunciado por parte del presidente Mariano Rajoy y también por parte del Gobierno regional". Por ello, han indicado, la actuación de esta mañana "supone decirle basta a la Administración y al incumplimiento de los compromisos adoptados".

   En este sentido, han agregado, "las movilizaciones van a continuar durante el mes de julio y estamos convencidos que también a partir de septiembre, puesto que las iniciativas que se están poniendo sobre la mesa inciden en el recorte del gasto y en una agresión directa a los servicios públicos".

   De estos 5.000 interinos afectados por la negativa del cobro de los meses de verano, "unas 2.000 o 2.500 personas no van a encontrar puesto de trabajo en septiembre".

   Consideran que hay otras "alternativas" tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de nuevos tipos impositivos, o incrementarlos para las rentas más altas, "ajustes que no fuesen en aquellos servicios públicos que favorecen la cohesión social y la igualdad de oportunidades". No obstante, Pedro Manuel Vicente se ha lamentado de que los gobernantes "no hayan querido escucharnos".

   Por su parte, el representante del Secretariado de STERM, Paco Vicente, ha mandado "un saludo solidario a los 5.000 parados que desde el 1 de julio lo están y que injustificadamente han sido largados impunemente".

   "En el Comité de Resistencia estamos viendo que el peligro puede ir mucho más allá", de hecho, ha apuntado, los funcionarios "van a trabajar en unas condiciones mucho peores el próximo año" ya que "los recortes pueden ir a más e incluso en los propios derechos de esos trabajadores".

   "Las movilizaciones son la única herramienta para luchar contra lo que nosotros consideramos que es una infamia", ha afirmado, y es que, a su juicio, "no se puede agredir al Sistema Público de Enseñanza de esta forma".

   El representante de STERM ha denunciado, asimismo, que actualmente los centros viven una situación "de auténtico caos" por ajustar las medidas que se están llevando a cabo. Vicente ha hablado, por ejemplo, de profesores que están empezando a plantearse dar asignaturas de las que no son especialistas "con el único fin de que cuadren los números". Ahora mismo, ha subrayado, "es imposible organizar los centros escolares".

   Así las cosas, los sindicatos han advertido que si la respuesta del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, a las peticiones de los docentes, es negativa acudirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y pondrán una demanda por el Contencioso-Administrativo.

   A este respecto, Paco Vicente ha anunciado que "a finales de septiembre, primeros de octubre, convocaremos a todos los afectados para plantear el Contencioso-Administrativo" y así "avanzar en el itinerario judicial" en caso, ha concluido, de que "no den respuesta en el plazo de tres meses a la iniciativa presentada este viernes por la vía administrativa".

La producción industrial en la Región crece un 5,5%

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de mayo de 2012 creció un 5,5 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 5,4 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía, con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 101,8 por ciento y una repercusión en el índice general de 9,992.

   También presentan repercusión positiva los bienes de consumo no duradero con una tasa interanual de 2,7 por ciento y repercusión de 1,066.

   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas los bienes intermedios, con una tasa de -7,4 por ciento y repercusión de -2,660; la producción de bienes de equipo, con una variación interanual de -16,1 por ciento y una repercusión de -1,565; y, por último, la producción de bienes de consumo duradero, con un -25,7 por ciento de variación y una repercusión de -1,279.

   La mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, del 101,6 por ciento y una repercusión de 9,971.

   Se registran las mayores repercusiones negativas en otras industrias con una tasa interanual de -24,9 por ciento y una repercusión de -2,442, seguida de la fabricación de muebles con una variación de -26,0 por ciento y un -1,264 de repercusión.

   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de mayo del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (101,6 por ciento) y la industria del cuero y el calzado (16,0 por ciento).

   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un -35,1 por ciento y la fabricación de muebles con un -26,0 por ciento.

   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de -4,9 por ciento respecto al mes de mayo de 2011.

El Rey preside la entrega de despachos en la Academia General del Aire, de San Javier

SAN JAVIER.- Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha presidido este jueves la entrega de Reales Despachos 2012 de nuevos oficiales, a un total de 116 nuevos tenientes y alféreces del Ejército del Aire que finalizaron sus estudios en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier.

De entre los oficiales que recibieron sus despachos, 100 eran hombres y 16 mujeres, uniéndose a ellos un alumno de la Fuerza Aérea Tailandesa que ha recibido un certificado de Estudios por haber culminado con éxito su formación en este centro.

   Así, del total, 59, entre ellos una mujer, recibieron su despacho de tenientes y pertenecen a la LXIII Promoción del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales.

   Además de la promoción del Cuerpo General, recibieron también los despachos las promociones del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros, cuyos número uno han sido Mª Angustias Hernández Mulas y Miguel Izaguirre Rojas, respectivamente. Mª Isabel Martínez Montero también ha obtenido el número uno en la escala técnica de oficiales, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros.

   El acto, que dio comienzo pasadas las 12.30 horas con la llegada de S.M. El Rey --que vestía uniforme de Capitán General del Ejército del Aire--, se desarrolló en el patio de armas de la Academia General del Aire de San Javier, donde ya se encontraba formado el batallón de alumnos, así como autoridades y un millar de familiares y amigos de los alumnos de la Academia.

   Entre las autoridades que asistieron al acto se encontraban el ministro de Defensa, Pedro Morenés; el jefe del Estado Mayor del Aire, general del Aire José Jiménez Ruiz; el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; los alcaldes de San Javier y Los Alcázares, Juan Martínez y Anastasio Bastida, que forman parte de la presidencia por ser municipios anfitriones del Ejército del Aire; además de autoridades civiles, políticas y judiciales.

   Tras pasar revista al escuadrón de alumnos, el Rey Don Juan Carlos saludó a las autoridades civiles y militares asistentes y, posteriormente, el arzobispo castrense de España, Juan del Río, celebró un acto de acción de gracias.

   Inmediatamente después, tuvo lugar el relevo de abanderados, tras el cual S.M. El Rey entregó los Reales Despachos a los tenientes y alféreces número 1 de los diferentes cuerpos y escalas, e impuso las correspondientes condecoraciones; mientras que los demás alumnos recibieron sus despachos de manos del resto de las autoridades militares y civiles presentes.

   Seguidamente, el coronel-director de la Academia General del Aire, Juan Antonio Ortega, pronunció una alocución. Tras sonar el himno del Ejército del Aire, se produjo el acto de toma de posesión de mando y relevo de mando del nuevo director de la AGA, el coronel Emilio Gracia Cirugeda.

   El coronel saliente, Juan Antonio Ortega, se despidió sintiéndose "afortunado por haber tenido el privilegio de haber dirigido la AGA durante los últimos tres años", en la que fue su última alocución como responsable de la academia militar.

   Finalmente, S.M El Rey, que en determinados momentos del acto hacía uso de su muleta, dio la orden de romper filas a los nuevos oficiales, quienes lanzaron al aire sus gorras para celebrar su graduación.

   El Rey presenció posteriormente un desfile aéreo, compuesto por una formación de nueve aviones E-25 'Tamiz', y siete cazas C-101 de la Patrulla Águila, que sobrevolaron la avenida principal de la Academia General del Aire, y que concluyó con un desfile del escuadrón de alumnos.

   Asimismo, en la misma avenida tuvo lugar un homenaje a los que perdieron su vida por España, depositándose una corona de laurel ante el monumento a los caídos y, a continuación, la banda de la Academia General del Aire interpretó 'La muerte no es el final' y el 'Toque de Oración', se dispararon las tradicionales salvas de ordenanza.

   El acto concluyó con un vino español en el Club Social de Alumnos de la Academia General del Aire de San Javier, al que asistió tanto Su Majestad el Rey, como las autoridades civiles y militares asistentes al acto.

El juez pide la imputación de dos alcaldes por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, pide la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.   
 

 El magistrado Manrique Tejada ha trasladado a las partes la exposición de conclusiones, y ha enviado el sumario al Tribunal Superior de Justicia  de la Comunitat Valenciana (TSJCV) debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.

El portavoz del PP en la Corts en funciones, Rafael Maluenda, ha remarcado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está demostrando desde el primer momento que con la corrupción hay tolerancia cero". Incluso, "está yendo mucho más allá de los estatutos del partido" sobre este asunto cuando, precisamente, "él los redactó", ha destacado.

   Maluenda se ha expresado de esta manera tras la Junta de portavoces a preguntas en relación a la petición de imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.

   De este modo, ha puesto como ejemplo que el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a quien también se le ha pedido la imputación por el caso de cooperación, "no está imputado y, sin embargo hace una semana que no tiene funciones de portavoz, a propuesta de Fabra y por acuerdo de todo el grupo".

   Así, ha remarcado que Fabra "tiene una hoja de ruta muy clara y de ahí no se sale: cuando hay imputación, cada uno sabe cuál es su camino. Lo sabe Blasco y lo sabrán también las demás personas si es que les imputan". 

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha señalado este jueves sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, que "no pasan días sin que se sume un nuevo imputado; no pasan días sin que aumente el grado de deslegitimación de la política".

   En su opinión, es "evidente" que en este contexto "es muy difícil mirar hacia adelante". Puig considera que la Generalitat está "absolutamente constreñida".

Los exconsejeros de la CAM se movilizan para tumbar las propuestas del FROB

ALICANTE.- El resultado de la asamblea general de Caja Mediterráneo (CAM) convocada para el próximo lunes se presenta más incierto que nunca. Los miembros del antiguo consejo de administración de CAM han comenzado a movilizarse para lograr que la asamblea rechace las principales propuestas de los administradores del FROB, que pasan por disolver la caja para transformarla en una fundación, eliminar buena parte de las actividades que desarrollaba su Obra Social y reducir a cero el valor de las cuotas participativas que adquirieron más de 54.000 clientes de la entidad, según 'Abc'.

Los consejeros consultados consideraron que, con esta última propuesta, los administradores del FROB pretenden hacer recaer sobre los 180 miembros de la asamblea la responsabilidad legal -o incluso la penal, que se va a dirimir en la Audiencia Nacional- por la pérdida de los ahorros de los cuotapartícipes.

También el secretario general del PSPV, Ximo Puig, hizo ayer un llamamiento público a los consejeros generales de CAM para que voten en la asamblea en contra de amortizar las cuotas a cero, por considerar que supone «dejar en la cuneta» a los miles de clientes que compraron este «producto tóxico».

«El PSOE está y estará al lado de quienes han perdido todos sus ahorros, muchos de ellos personas de avanzada edad que no tenían cultura financiera alguna», señaló en rueda de prensa Puig, quien recalcó la responsabilidad tanto del Banco de España como del Instituto valenciano de Fianzas (IVF), que a su juicio no han cumplido de forma eficiente su labor de supervisión de la entidad.

El presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, ha convocado para el lunes -dos horas antes de la asamblea- una sesión de este órgano con el fin de debatir varias propuestas que cuestionan la actuación de los administradores provisionales del FROB. En primer lugar, Avilés pretende abordar la situación irregular de José Antonio Iturriaga, quien desde el pasado mes de mayo ha simultaneado las funciones de administrador de la CAM y del Banco de Valencia, algo que prohibe expresamente la Ley autonómica de Cajas de Ahorros y los propios estatutos de Caja Mediterráneo.

Del mismo modo, la convocatoria incluye un punto sobre el «incumplimiento grave» que supone anular la ayuda de 2,5 millones de euros concedida por la caja para la restauración del Santuario de la Virgen de las Huertas de Lorca, dañado por el terremoto. El orden del día incluye otro punto para censurar a los representantes del FROB por haber incumplido el calendario de la asamblea -debería haberse celebrado una en el segundo semestre de 2011 y otra antes de concluir el mes de junio- y por someter a la asamblea las cuentas de la caja del pasado ejercicio, sin que hayan sido informadas previamente por la comisión de control. 

Por otro lado, la Plataforma CAM emitió ayer un comunicado en el que recomienda a los titulares de cuotas preferentes que no acepten el canje por acciones del Sabadell, por considerar que pueden perder hasta el 70% de su inversión. El Sabadell rebatió este extremo y alegó que se trata de una oferta ventajosa.

Diego de Ramón trata de implicar a Bascuñana y Valcárcel en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El letrado Diego de Ramón, personado en el 'caso Umbra' como acusación popular, ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, con fecha 3 de julio, en el que trata de implicar al entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, hoy delegado del Gobierno, y al propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en virtud de las competencias urbanísticas supervisoras y ejecutivas que detentaban ambos en la fecha que se aprobaron los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia, según fuentes del bufete del citado abogado. 

De Ramón ha solicitado al juzgado instructor que sean llamados a declarar "quienes tuvieron y tienen competencia en materia urbanística en la Comunidad Autónoma de Murcia, en virtud de la Ley del Suelo Regional de Murcia, decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio TRLSM, en su art 1, ámbito competencial, art 2, arts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (incluido la revisión de los actos administrativos que incumplan la normativa urbanística, y además en materia de intervención en el mercado del suelo)". 

La fecha clave parece ser la de 20 de julio de 2006, la de aprobación última de dichos convenios urbanísticos, pese a actuar  la Administración Regional como "policía urbanística supervisora de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y, por tanto con competencias en materia urbanística".

En esa fecha, se dicta la orden resolutoria sobre aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, expediente 192104 de Planeamiento, por lo que Diego de Ramón estima se debe pedir previamente el informe jurídico redactado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, junto con la firma del consejero que aprobó dicha orden resolutoria de 20 de julio de 2006.  

De Ramón solicita se cite a declarar, pues, a los consejeros y presidente que formaron parte del Consejo de Gobierno que aprobó dichos convenios urbanísticos a propuesta del consejero correspondiente (Bascuñana) así como el informe jurídico de los servicios centrales de Presidencia, previos a su aprobación por el Consejo de Gobierno, para lo cual caso de estar aforados sus miembros se solicita igualmente su desaforamiento para poder comparecer judicialmente y declarar con las protecciones legales del ejercicio de sus cargos. 

A juicio del letrado, "la validez legal de la presunta infracción delictiva (...) no concluye con la aprobación definitiva por parte del alcalde de Murcia, pues es necesario la supervisión (o actuación policial urbanística del consejero) y el acuerdo del Consejo de Gobierno, pues caso de infringir las leyes, el cometido de sus competencias es corregirlo, modificarlo, subsanarlo o suspenderlo; circunstancia que no realizó y de ahí la necesidad de su requerimiento".  

Además, argumenta De Ramón en su escrito al juez instructor, "en dichos convenios urbanísticos de la zona norte, las valoraciones del suelo referidas al valor de mercado, es evidente que el suelo especialmente protegido no tiene el mismo valor, según esté o no dotado de aprovechamiento urbanístico, lo que significa que a efectos expropiatorios se produzca un desmedido e injustificado incremento del valor de expropiación de las fincas y el consiguiente encarecimiento de las grandes infraestructuras, dada la repercusión que el coste del suelo tiene sobre ellas". 

Concluye este abogado exponiendo al juez que "la interpretación que hace la Comunidad Autónoma del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios del suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico, ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano". 

Finalmente, pide De Ramón se dé traslado al fiscal anticorrupción para garantizar con la máxima diligencia "estos requerimientos imprescindibles para llegar a la verdad de estos hechos y se pueda aplicar la justicia en su grado justo".