miércoles, 11 de julio de 2012

Las cajas resaltan que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de bancos

MADRID.- Las cajas de ahorros sostienen que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de entidades de crédito y desligándose así del negocio bancario, tal y como recoge el memorando de condiciones financieras aparejado al rescate bancario europeo.

   El memorando establece plazos graduales para que las cajas reduzcan su capacidad como accionista de una entidad de crédito, "circunstancia ya prevista y aplicada por las propias entidades", indicaron a Europa Press en fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
   Concretamente, dentro de las condiciones generales impuestas al conjunto del sector financiero en el marco del rescate bancario, el memorando reclama una mejora de la gobernanza de las cajas de ahorros y de los bancos filiales donde han traspasado su negocio bancario.
   Asimismo, insta a España a perfilar a más tardar el próximo mes de noviembre una legislación que aclare la función de las cajas como accionistas de entidades de crédito orientada hacia la reducción de sus participaciones hasta niveles que no impliquen una posición de control.
   Las fuentes de la patronal inciden en que a falta de conocer el texto definitivo del memorando, la actual normativa española "ya recoge una adecuada diversificación de la estructura de capital de los bancos participados por las cajas de ahorros".
   Igualmente, subrayan que en la reforma de la LORCA aprobada el verano de 2010, ya se establecía un régimen de incompatibilidades de los órganos de gobierno de las cajas e importantes avances en materia de gobierno corporativo.
   En cualquier caso, desde la CECA recalcan que el proceso legislativo que defina el marco de actuación para las cajas en materia de accionistas de entidades de crédito no empezará a preparase hasta finales de este año, por lo que esperan una mayor definición por parte de las autoridades europeas.

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio.

Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.
En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.
Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros.
El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron fuentes del Ejecutivo.
De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga".
Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.
Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.
Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas.
En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.
Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.
Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste de el número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones.
Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos.
Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.
Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit.
A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

Protesta en Murcia

Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, se han concentrado este miércoles, a las puertas de la Delegación del Gobierno de Murcia, para protestar contra lo que consideran "la agresión más fuerte que se ha cometido en el periodo democrático contra los empleados públicos, los parados, pensionistas, contra el conjunto del sector trabajador del Estado español" y que supondrán, advierten, más recesión y profundización en el agujero negro".
   Al grito de 'sinvergüenzas', 'ladrón' y profiriendo insultos, han cortado la avenida Teniente Flomesta para dirigirse a las puertas de la Delegación del Gobierno y expresar, a modo de pitidos e incluso cacerolada, las medidas "destructoras e injustas" que el presidente Mariano Rajoy ha anunciado esta mañana.
   Con pancartas en las que se podía leer 'Basta ya que paguemos siempre los mismos. No más recortes', 'Recortes a políticos, banqueros, solución a la crisis' y 'Resistimos', han pedido la dimisión de Rajoy "por chorizo y por ladrón", acusándolo de "mentiroso".
   En una concentración que han convocado esta misma mañana los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical tras conocer las medidas de ajuste de Rajoy, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, ha criticado que el Gobierno, "influenciado" por la UE, "haya decidido tomar el camino de la intervención", por lo que ha dejado claro que "vamos a ejercer una fuerte presión y concentración social y sindical para intentar que estas medidas se vayan para atrás".
   Desde UGT, su secretario general en Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que estas medidas "están en la tónica habitual de este Gobierno", tras lo que las ha calificado de "injustas, ya que vuelve a hacer caer el peso sobre los trabajadores y sus familias".
   "Son medidas destructoras a pesar de que éste es un partido que se ha enarbolado como el partido de los trabajadores, pensionistas y parados, y está haciendo lo posible para reducir y extinguir sus derechos y prestaciones", ha reprobado Jiménez.
   Tras alertar que "se producirá un desplome del consumo total", ha afirmado que son medidas "moralmente indefendibles, inasumibles, que van en el afán del Gobierno de destruir el conjunto de los derechos de los trabajadores, pensionistas y parados".
   Por ello, ha señalado que si Rajoy "no sabe hacer otra cosa más que destruir, y creo que se está riendo de sus propios electores, lo que tiene que hacer es dar un paso y que venga otro presidente del Gobierno a tomar las riendas".
   En este sentido, el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha puesto de manifiesto que "es una auténtica salvajada lo que se ha planteado", ya que "hay alternativa", por lo que ha instado a Rajoy a que "convoque elecciones anticipadas y se presente con este duro programa a las elecciones, a ver si el pueblo lo avala y lo vota".
   Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha resaltado que estas medidas "son paralelas o parecidas a las que se han producido en Portugal o Grecia y no han producido ningún efecto reactivo en la economía".
   "Todo lo contrario, ha expuesto, ya que la agresión que ha provocado Rajoy contra la clase trabajadora es totalmente inaceptable, antidemocrática e injusta y la vamos a luchar en la calle y a través de los medios que nos proporciona el sistema democrático", ha sostenido.
   En su opinión, "había otras alternativas que no se atreve por cobardía Rajoy a adoptar, como incidir sobre las rentas más altas, las altas fortunas".
   Para concluir, el portavoz de la Intersindical, Toni Carrasco, ha criticado que la única salida sea "la que lo pague la ciudadanía"
   En opinión de la Intersindical, "para el conjunto de la ciudadanía se aumenta el IVA, impuesto indirecto y, por lo tanto, independiente de la capacidad económica de cada persona". De la misma forma, "se acelerarán los procesos de privatizaciones que, necesariamente, empeorarán los servicios públicos para poder garantizar beneficios empresariales".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.
   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.
   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

ANSE denuncia la nueva "desecación" de las Salinas de Marchamalo


CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha remitido una nueva denuncia a la Comunidad para que tome medidas urgentes que garanticen la "recuperación y mantenimiento" de las Salinas de Marchamalo (Cartagena, Mar Menor) debido a la nueva "desecación". 

   A lo largo de los últimos dos meses, la Asociación había advertido también al director-conservador de los Espacios Protegidos del Litoral de la Región de Murcia de la situación a la que se enfrentaban de nuevo las salinas, "debido a la más que insuficiente aportación de agua".
   Tras recordar que la empresa propietaria de parte de las Salinas (Salinas de La Manga, S.L) "denunció ante los tribunales a los activistas de ANSE en 2001 por una acción de protesta, denuncia que fue sobreseída", se intentó también por parte de ANSE "un acuerdo con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad y propietarios de las salinas para intentar recuperar la extracción de sal, sin que hubiera respuesta por parte de las administraciones".
   Durante los últimos días, reprueba ANSE, "las salinas han estado nuevamente a punto de secarse completamente y tan solo una laguna permanece actualmente con algo de agua, siendo ésta completamente insuficiente para el mantenimiento de los procesos ecológicos fundamentales para la conservación de la biodiversidad de las salinas en unos mínimos aceptables".
   Para ANSE, "las salinas de Marchamalo corren de nuevo un serio peligro de desaparecer como humedal" y son un enclave de elevado valor ambiental y cultural, tal y como lo atestiguan las figuras de protección que les dan cobertura habiendo sido declaradas Espacio Natural Protegido, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (Zepim) y Humedal de Importancia Internacional Ramsar.
   Las Salinas de Marchamalo eran, junto con las Salinas de San Pedro, las únicas en la Región de Murcia que "presentaban una lámina de agua permanente acogiendo un importante contingente de aves acuáticas reproductoras e invernantes, así como una interesante población de fartet, un pececillo endémico amenazado. El resto de salinas del litoral se encuentra abandonadas (por ejemplo, las Salinas de Lo Poyo), o están siendo urbanizadas o lo serán en breve (caso de Mazarrón y Los Narejos)".
   En similar estado a las salinas de Marchamalo se encuentran las del Rasall (Calblanque), "donde la inversión de importantes sumas de dinero por parte de la administración ambiental no ha logrado aún el mantenimiento de una lámina de agua permanente, y también se encuentran actualmente casi secas".
   Como denuncia ANSE desde hace años, "el abandono de la actividad salinera está conduciendo a la desecación de los estanques y a una acumulación progresiva de sales y sedimentos, ya que éstos no se retiran".
   Por otro lado, advierte, "al no llenarse adecuadamente los estanques, el proceso de desecación que ha ocasionado la pérdida de muchos de ellos".
   A su vez, dice ANSE, "la pérdida del agua por evaporación y la ausencia de manejo salinero está ocasionando la progresiva salinización de los mismos, acabando con buena parte de las formas de vida que antes encontrábamos en muchas de las charcas".
   Este proceso conlleva la "desaparición" de aves acuáticas tanto de los estanques que se han secado como de otros con altas concentraciones salinas.
   A juicio de ANSE, "es paradójico que esta degradación se esté produciendo precisamente después de que la Dirección General del Medio Natural invirtiese cuantiosos fondos comunitarios dentro de un proyecto LIFE para la conservación del fartet".

Firman un documento de apoyo a las medidas de austeridad tomadas por el rectorado de la UMU

MURCIA.- Un grupo de 21 decanos de la Universidad de Murcia (UMU) han expresado su apoyo a las propuestas del equipo rectoral y la comisión de reequilibrio para hacer frente a las exigencias del Real Decreto Ley 14/2012, que contempla "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". 

   De esta forma, los firmantes han resaltado el "eficaz esfuerzo negociador" con la Comunidad hasta "conseguir reducir significativamente los recortes" presupuestarios inicialmente previstos.
   Así, los decanos han declarado que de no haber logrado este "razonable y meritorio preacuerdo" las expectativas del personal de la Universidad "serían muy distintas y mucho más negativas" que las actuales.
   Al mismo tiempo, este grupo de docentes han considerado que "gracias al estricto plan de austeridad que la UMU lleva años aplicando" su situación financiera es de las "más saludables de nuestro entorno".
   Por otra parte, han sugerido que "si se concretara un plan de pagos realista de la deuda" que la Comunidad tiene contraída con la Universidad, "su sostenibilidad y viabilidad futuras quedarían garantizadas".
   Además, han señalado, "se crearía el mejor clima" para abordar con decisión y serenidad "nuevas reformas que mejoren la gestión y optimicen aún más sus recursos".
   Igualmente, la propuesta que presenta el equipo rectoral es "necesaria para cumplir con el objetivo de reducción del gasto que nos viene impuesto por las administraciones", han expresado.
   Finalmente, han expuesto que disponen de un "escaso margen de maniobra" pero que lo han "intentado aprovechar para reducir las consecuencias negativas de unas medidas que, aunque dolorosas, resultan, en estos momentos, inevitables".
   En concreto, el documento lo han firmado Antonio Rouco Yáñez, decano de la Facultad de Veterinaria; José Meseguer Peñalver, decano de la Facultad de Biología; Domingo A. Manzanares Martínez, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; y Jesús Gómez Amor, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
   Así como Faustino Cavas Martínez decano de la Facultad de Derecho; Antonio Campillo Meseguer, decano de la Facultad de Filosofía; Francisco Esquembre Martínez, decano de la Facultad de Matemáticas; Juan José López García, decano de la Facultad de Psicología; Gregorio Sánchez Gómez, decano de la Facultad de Química; Pilar Montaner Salas, decana de la Facultad de Economía y Empresa; Joaquín García-Estañ López, decano de la Facultad de Medicina; y Miguel López Bachero, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte.
   Además de José Vicente Rodríguez Muñoz, decano de la Facultad de Comunicación y Documentación; Juan Romera Agulló; decano de la Facultad de Bellas Artes; Enrique Pastor Seller; decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; David Armero Barranco, decano de la Facultad de Enfermería; Paloma Sobrado Calvo; decana de Óptica y Optometría; y Bernardino Benito López, director de la Escuela Universitaria de Turismo.
   Finalmente, han firmado el documento José Manuel García Carrasco, decano de la Facultad de Informática; Carmen Sánchez Trigueros, directora Centro ISEN Cartagena; y Maria José Torralba Madrid, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena

La Asamblea Regional da luz verde a las expropiaciones forzosas para la urgente reconstrucción de Lorca

CARTAGENA.- El diputado popular, Fernando López Miras, ha presentado este miércoles en la Asamblea Regional la Proposición de Ley para la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que finalmente ha obtenido luz verde, con el apoyo del PSOE y de IU-Verdes, donde se contempla, entre otras, la potestad "del Ayuntamiento para la expropiación forzosa y su obligación de edificar después".

   También ha indicado que "el agente edificador será Sepes en los procedimientos de reedificación forzosa", así como que "es una Ley necesaria". López Miras ha añadido que "los vecinos deben ser el eje y poder constituirse como agentes edificadores", y que así pues, "la ley aporta celeridad y agilidad".
   Entre las medidas más destacadas está el hecho de que "si al menos el 50% de los propietarios de un inmueble formula un programa de actuación edificadora, sean éstos los adjudicatarios de la actuación".
   O que "si el concurso queda desierto, se designe como agente edificador a cualquier Administración pública u organismo de ella dependiente", así como "se regulan, de forma pormenorizada, las relaciones entre los propietarios y el agente edificador y las consecuencia que genera el impago de las cuotas de edificación".
   De esta forma, se aprueba el dictamen de la comisión de política territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de Ley reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que "aporta soluciones a un problema que están sufriendo los lorquinos".
   Por su parte, el diputado socialista, Joaquín López Pagán, ha indicado que se trata de "una iniciativa adecuada a la realidad que existe en Lorca, que va en la línea de solucionar problemas y no crearlos".
   López Pagán ha añadido que "es necesaria que la respuesta sea rápida y ágil tras esta Ley", y que hace "aportaciones fundamentales en el campo de que se pudiera establecer la edificación forzosa, pero desbloqueando lo que sí quiere la mayoría de propietarios". Y respecto a la participación del Sepes, ha dicho que "los ciudadanos tienen que saber que la obra va a tener buen fin".
   El PSOE ha propuesto enmiendas que van en "la línea de la garantía pública y la proyección de los derechos de los ciudadanos afectados, para los que quieren someterse a la edificación y para los que no, por causas económicas o por lo que sea, para que tengan una salida que no les obligue a someterse a una cuotas que no pueden pagar".
   Se trata pues de "no poner más trabas a los afectados", de que éstos "no tengan que tener garantías hipotecarias para la reconstrucción", aunque todo esto "tendrá sentido si el dinero llega a manos de los lorquinos, que no ha llegado".
   José Antonio Pujante, de IU-Verdes, ha señalado que "las medidas adoptadas por Rajoy afectarán a la Ley que debatimos aquí, porque la subida del IVA coincide con la reconstrucción de Lorca", así como que la Ley "tendrá sentido en la medida de que lleguen las ayudas del Gobierno de la Nación", y de que "se ejecute el plan Lorca".
   IU ha presentado 35 enmiendas a la Ley que han sido rechazadas, siguiendo el marco regulador "de Castilla La Mancha", bajo la premisa de hacer "propuestas que pretendan resolver las situaciones de indefinición", aunque finalmente ha apoyado la propuesta de Ley del PP, que ha calificado Pujante de "necesaria".

Varcárcel asumirá la presidencia de las regiones de Europa sin un solo logro para la suya en quince años


MURCIA.- El jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, asumirá el próximo 18 de julio (fecha coincidente que le complace en extremo por su confesa ideología de extrema derecha), la presidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) para los próximos dos años, tal y como se acordó al inicio de la actual legislatura comunitaria entre los dos grandes partidos continentales, pese a no hablar más idioma que el castellano barroco con fuerte acento  panocho.

   El nombramiento, que se hará efectivo a partir del 13 de agosto, tendrá lugar en el transcurso del pleno del CdR que se celebrará en Bruselas ante la presencia de los representantes de todas las regiones y municipios que integran este órgano consultivo y no vinculante de la Unión Europea.
El nuevo presidente parece que, finalmente, no tomará posesión vestido con el traje típico de la Huerta de Murcia por no ser representativo del conjunto regional.
   Valcárcel será, por otra parte, el primer presidente de una comunidad autónoma española que ocupará el cargo. (Con anterioridad, el socialista Pasqual Maragall ostentó la presidencia, entre 1996 y 1998, siendo alcalde de Barcelona).
Y el primero también que llegue a la presidencia del CdR sin un solo logro para su región en quince años de mandato, lo que supone otro récord todavía por descubrir por parte de la prensa de Bruselas y los corresponsales de toda Europa acreditados ante los organismos comunitarios en plena crisis del proceso de construcción continental bajo inspiración franco-alemana.
En sus constantes y obligadas ausencias de Murcia a partir de ahora, el vicepresidente Juan Bernal ocupará el cargo de Valcárcel en funciones para evitar vacíos de poder al frente de la Comunidad Autónoma hasta mitad de 2014.

Las cajas podrían perder control en bancos tras la ayuda europea

BERLÍN.- Las cajas de ahorro españolas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española, según se desprende del borrador del Memorándum de Entendimiento acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero nacional.

Según una copia del borrador del MoU -siglas en inglés del documento- a la que tuvo acceso la agencia británica Reuters, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorro en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.
La desaparición de los vínculos entre las cajas y los bancos que han creado -y por tanto entre estas entidades financieras y los poderes políticos que durante décadas las han controlado- está en línea con las recomendaciones de un reciente informe del FMI sobre el sector bancario español, cuya larga resaca de la burbuja inmobiliaria ha hecho necesario el rescate por parte de los socios europeos.
Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada del martes otorgar a Madrid relajar el calendario de consolidación a cambio de nuevos ahorros presupuestarios y establecieron los parámetros de un paquete de ayuda para los bancos de España, con un máximo de 100.000 millones de euros, y la concesión anticipada de unos 30.000 millones de euros estarían disponibles para fines de julio si hay una necesidad urgente.
Es previsible que estos 30.000 millones de euros, para los que España tendrá que enviar una petición, vayan a cubrir las necesidades de las cuatro entidades en manos del Estado (Bankia, CatalunyaCaixa, NGC Banco y Banco de Valencia).
Aunque las condiciones que se exigen a España a cambio del rescate de su banca son específicas para la banca, el MoU señala que "en paralelo España tendrá que cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones bajo el EDP (procedimiento por déficit excesivo) y las recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos dentro del marco del semestre europeo".
Estas condiciones llegan en un momento en el que el Gobierno español se dispone a aprobar una serie de ajustes fiscales que coincidirán previsiblemente con las recomendaciones presupuestarias de Bruselas con el fin de reconducir las cuentas públicas dentro de los límites europeos de déficit.
Los avances en este sentido "se vigilarán estrechamente", dice el borrador del MoU, que añade que habrá un control trimestral -incluyendo visitas al país- del programa de ayuda a la banca a cargo de las autoridades europeas, acompañadas por el FMI.
La recapitalización de los bancos, que finalmente parece que no podrá hacerse de manera directa hasta el año que viene -una vez esté en vigor el supervisor bancario europeo-, se realizará a través del estatal FROB, que recibirá bonos del FEEF (fondo temporal de rescate europeo, que será sustituido posteriormente por el MEDE) para entregárselos a los bancos. Las entidades podrán utilizar estos bonos, que tendrán una vida media de 12 años y medio, para obtener liquidez del BCE, según dijo el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
Está previsto que las condiciones finales del crédito al sector bancario español -con un interés que estaría en torno al 3-4 por ciento- se firmen el 20 de julio.
El documento incluye numerosas condiciones a las entidades financieras que reciban ayudas y al conjunto del sector financiero, entre ellas que todas las entidades deberán tener un capital principal Tier 1 -una medida de la solvencia de los bancos- de al menos el 9 por ciento hasta finales de 2014.
Esta exigencia de core capital ya estaba vigente como resultado de las exigencias de la EBA para los bancos sistémicos europeos, entre ellos las cinco mayores entidades españolas -seis teniendo en cuenta la compra de CAM por Sabadell.
En el MoU, las autoridades españolas se comprometen a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de concesión de licencias para la banca española.
No obstante, el Banco de España estará controlado muy cerca por la Comisión Europea, con el asesoramiento de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el BCE y el FMI, que recibirán, con carácter semanal, información sobre el nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, sobre el nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.
En el MoU se establece un calendario para el proceso de recapitalización, con la vista puesta en las pruebas de estrés que se realizarán en la segunda mitad de septiembre y que servirán para dividir, en octubre, a los bancos en cuatro grupos: entidades sin necesidad de capital, las cuatro entidades ya nacionalizadas, entidades que necesitan más capital pero lo pueden captar por sí solas y entidades que necesitan ayuda pública.
Los bancos que reciban ayudas deberán además transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación (el denominado "banco malo", que deberá estar listo antes de que acabe este año), recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el salario de sus ejecutivos.
Asimismo, aquellos inversores que posean títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus participaciones.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.
   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".
   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".
   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.
   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.
   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".

martes, 10 de julio de 2012

El abogado murciano Diego de Ramón pedirá mañana cárcel para los ex directivos de la CAM

MADRID.- El exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, ha apuntado este martes a la exdirectora general de la entidad alicantina, Dolores Amorós, como la impulsora del sistema de participaciones preferentes dirigidas a clientes y que tenían como objeto --ha dicho-- obtener financiación para la caja, según han informado fuentes personadas en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

   El juez central de instrucción nº 3, Javier Gómez Bermúdez, ha tomado declaración durante más de dos horas al ex directivo, imputado junto a otros cuatro miembros de la cúpula de la entidad de la comisión de delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas.
   Sogorb ha asegurado --según las citadas fuentes-- que Amorós era la "responsable" de la inicitiva que condujo en el año 2008 a la emisión de cuotas participativas y preferentes, que provocaron pérdidas a miles de clientes del banco.
   El exdirectivo ha prestado declaración después de que también lo hiciera el exdirector general de recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol. Ambos han negado que tuvieran conocimiento o intervinieran de alguna forma en la concesión a la plataforma inmobiliaria Polaris World de un crédito sindicado por importe de 1.200 millones de euros.  
   Ambos imputados han hecho también referencia al intercambio entre los directivos de la entidad de varios mails relativos al informe negativo que la auditora PWC realizó sobre el funcionamiento de la entidad. Los correos electrónicos llevaban como asunto el término 'confidencial' e iban encabezados por el siguiente epígrafe: "Leer, Actuar y Destruir", han asegurado fuentes personadas en la causa.
   Tanto Sogorb como Soriano han eludido responder a las preguntas realizadas por las partes relativas a las retribuciones millonarias cobradas por todos ellos y han alegado desconocimiento en relación a otros créditos concedidos por la entidad, como el cobrado por el PP valenciano.
   Los dos imputados han sido los primeros en declarar en el marco de la investigación judicial. Mañana miércoles lo hará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo, seguido por el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que comparecerá el jueces y la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, citada el viernes.
   El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
   De Ramón tiene intención de presentar mañana un escrito solicitando el ingreso en prisión de los cinco imputados y la imposición de una fianza solidaria para eludir la cárcel por valor de 12 millones de euros.
   Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Iberdrola trata, con dos cajas en apuros, de sacar a flote su macroproyecto urbanístico en la costa murciana

MADRID.- Iberdrola sigue decidida a mantener su vela encendida en el altar del diablo y apuesta decididamente por desarrollar un macroproyecto urbanístico cuya viabilidad genera muchas dudas. En el empeño tiene atadas a dos cajas con problemas, como son Bancaja --integrada en Bankia y con su continuidad en el aire- y Cajamurcia -integrada en BMN, cuya deuda fue rebajada por la agencia de calificación Fitch al nivel de bono basura-, según publica hoy 'El Confidencial'.

Según declaraciones hechas por el delegado regional en Murcia de Iberdrola, Patricio Valverde, la eléctrica mantiene su apuesta por el desarrollo de un gran complejo turístico en las costas de los municipios murcianos de Águilas y Lorca que supondría la construcción de 22.000 plazas hoteleras, una marina interior con 2.000 puntos de amarre, chalets sin cuantificar, cinco campos de golf e infraestructuras que necesitarían, en conjunto, unos 4.000 millones de euros para hacerse realidad en una superficie total de 21,2 millones de metros cuadrados.
El delegado de Iberdrola en la Región de Murcia, que no ha atendido la solicitud de información de este diario, ha vuelto esperanzado de la reciente junta general de la compañía en Bilbao, en la que obtuvo el apoyo personal del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, al proyecto urbanizador situado en Marina de Cope, según publicó un diario local por indicación de Valverde. Un portavoz de Iberdrola en Murcia indicó que el delegado regional facilitaba esa información solo a los medios que él mismo había invitado a la junta general en Bilbao: la cadena autonómica murciana 7RM y el diario local de Vocento, La Verdad.
Marina de Cope es un área controvertida, puesto que para facilitar el proyecto hace ya 12 años que el Gobierno Regional de Murcia cambió los límites del parque del mismo nombre que el proyecto, lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad del grupo socialista en el Congreso, aún por resolver, y desató una cadena de protestas y críticas por parte de colectivos ecologistas y vecinales. A ellos se suman urbanistas que dudan de la viabilidad del complejo.

El proyecto genera dudas entre los expertos
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria deja sin perspectivas de futuro a ese proyecto, según expertos urbanistas consultados por este diario en diversas ocasiones.
En octubre pasado, Cajamurcia anunció que dentro de su “salida ordenada del ladrillo”, iniciada hace varios años, la entidad “lo que tiene son unos terrenos desde hace ya varios años, que en estos momentos pretende vender”. El portavoz de Cajamurcia añadió que la entidad “no quiere desarrollar directamente iniciativa urbanística alguna”.
El anuncio de Iberdrola tras su junta general en Bilbao se produce pocas semanas después de que la Comunidad informara de la finalización de los trámites administrativos para autorizar el proyecto. Ahora falta la adaptación de los planes urbanísticos de Águilas y Lorca, cosa que puede tardar aún varios años, según fuentes urbanísticas.
No obstante, Iberdrola, por boca de Patricio Valverde, ha insistido en que la eléctrica ha constituido una sociedad con Bancaja y Cajamurcia para gestionar los tres millones de metros cuadrados que poseen conjuntamente del total de 21,2 millones de Marina de Cope. Esa alianza con los dos bancos, la eléctrica controla el 60% de superficie.
El portavoz de Cajamurcia aseguró a El Confidencial que la salida del ladrillo de la entidad “es un tema de desinversión, pero mientras no haya comprador estamos ahí. No es que se haya puesto el cartel de 'se vende' (a esos terrenos). Si no se han vendido es porque no hay compradores”, explicó. Precisó, además, que la caja murciana ya no puede tomar decisiones en solitario puesto que está integrada en Banco Mare Nostrum (BMN) junto con Caja de Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès.

El PSOE afirma que "el PP ha hecho caja con la desgracia de Lorca"

  CARTAGENA.-  El diputado socialista Manuel Soler, ha dicho esta mañana que "el PP ha hecho caja con la desgracia de Lorca, donde sólo han llegado 4,8 millones euros hasta marzo del presente año", cuando este dinero "sólo supone el 20% del dinero que ha llegado a la Comunidad Autónoma para la reconstrucción", de donde se deduce que puede haber "una apropiación indebida".

   En el PSOE, que ha tenido acceso a un expediente para conocer en profundidad por qué se estaban retrasando los pagos a Lorca, dicen que han "tardado seis meses en tener acceso" al mismo, donde se corrobora que ahora "el Gobierno regional estaba engañando a los lorquinos y gastándose el dinero en otras cosas". Lo cual "es una grave irresponsabilidad".
   "Que se haga caja con la desgracia de Lorca, es una vergüenza", ha continuado diciendo Soler. "Hay muchos lorquinos que no han podido ocupar sus vivienda en más de un año", y por contra "Valcárcel está pagando deudas con el dinero de los damnificados". Se trata por tanto de una "malísima gestión gobierno municipal y regional".
   Así pues, "a 31 de marzo habían llegado 12 millones de euros en ayudas pagadas, de los cuales sólo han llegado a Lorca 2 millones del Gobierno de España y 2 de la Comunidad". Y ahora el PP "ha pedido que dejen devolverlo al Gobierno de España y acogerse al ICO aprobado por el Real Decreto de Rajoy". Por lo que ahora "hay que devolver 9 millones al Gobierno regional".
   Además, el PSOE ha pedido "la Comisión Permanente de la Asamblea Regional", para tratar "a ser posible mañana mismo en sesión plenaria", asuntos tales como "la dependencia, pues el Gobierno debería oponerse a las medidas que alteran una ley aprobada en el Congreso de los Diputados", y han pedido "la comparecencia del consejero de Hacienda", para que de explicaciones sobre el paso del IVA reducido a normal, con las consecuencias en la cesta de la compra de los ciudadanos" y "afectando tanto a los que menos tienen como a los que más tienen", lo que supone más recesión con más paro.
   Preguntado al respecto de Lorca, el diputado Popular, Fernando López Miras, ha comentado que "con la aprobación del ICO a Lorca, para que llegue el dinero a los bancos de la ciudad, nos consta que el dinero para los damnificados está llegando".
   Además, ha añadido que "lo que sucede es que ha habido muchos trámites burocráticos, pues en muchos casos no coincidía el titular de la vivienda en el catastro, o no estaba completa la documentación que los afectados tenían que presentar, y por eso se ha retrasado todo".

UPyD Murcia pide que se cubra el yacimiento de San Esteban

MURCIA.- El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna, ha vuelto a denunciar públicamente el estado de "dejadez" en el que se encuentra el recinto de San Esteban, tras la comprobación llevada a cabo por los agentes del Seprona en la que se detectó "acumulación de basuras y un vallado insuficiente".

   Para Serna, el estado actual del complejo arqueológico pone de manifiesto que la postura más lógica y de sentido común es la que propone UPyD Murcia desde que se hallaron los restos árabes, consistente en "volver a tapar el yacimiento para una mejor conservación y en el futuro, cuando la situación económica lo permita, acometer las labores de musealización"
   Por ahora, continua el edil, "creemos que lo correcto es conservarlo y habilitar el parque tal y como estaba antes, para que los vecinos de Murcia recuperen ese espacio verde en el centro de la ciudad".
   "Somos conscientes del valor del yacimiento, y desde el primer momento nos opusimos a la construcción de un aparcamiento y por eso defendemos su correcta conservación", ha aseverado Serna.
   UPyD Murcia presentó una moción en el Pleno municipal del mes de octubre de 2011 con la intención de garantizar la "adecuada conservación" del yacimiento, habilitando la zona nuevamente como jardín y dejando el proyecto de Centro de Interpretación y musealización para una mejor coyuntura económica, "dado el coste del proyecto estimado en alrededor de 20 millones de euros". La iniciativa fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE e IU-Los Verdes.

IU-Verdes cree necesaria "una comisión política de investigación" sobre CAM y otras entidades financieras

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha afirmado este martes que su partido "sigue insistiendo en la necesidad de una comisión política de investigación de todo lo acontecido de los últimos años en la CAM y en todas las instituciones financieras que operan en la Región de Murcia, a fin de dilucidar las responsabilidades políticas".

   En este sentido, Pujante comenta que "las responsabilidades penales se dilucidan en el ámbito de la justicia, pero el resolver las responsabilidades políticas tiene que ser en el Parlamento".
   Así, recuerda que "en Gran Bretaña comparecen los responsables de fiascos financieros ante el Parlamento, en Estados Unidos también y aquí en España pues no quieren saber absolutamente nada; huyen, miran para otro lado y no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad".
   "Todos los responsables políticos que había en la CAM eran del Partido Popular, por tanto hay una responsabilidad política obvia, evidente", ha subrayado.
   Por ello, considera que "tienen que dar explicaciones políticas" y no argumentar que "ha sido una cuestión de mala gestión privada, ya que ahí ha habido unos responsables políticos y tienen que asumirlo".
   Pujante hace mención a que "en la Comunidad Valenciana ha habido una comisión de investigación y ha habido responsables territoriales de la Región de Murcia que han acudido a esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas", preguntándose "por qué no aquí en la Región de Murcia".

Deniegan el II Plan de Ajuste de Totana por alto endeudamiento del Ayuntamiento

TOTANA.- La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez, ha explicado que la denegación del segundo Plan de Ajuste (mecanismo para la firma de un préstamo bancario para hacer frente al pago que ya ha hecho el Ministerio a los proveedores) ha sido denegado por el alto nivel de endeudamiento del Ayuntamiento y el elevado descenso de los ingresos que percibe el Consistorio. 

   Sánchez ha manifestado que este nuevo plan "plasmaba la reducción del presupuesto en más de tres millones de euros, que sumados a los cuatro ya reducidos, hacen un montante de siete millones de euros".  
   Igualmente, recogía la previsión de más ingresos, sin subir los impuestos a los vecinos, "ya que una de las máximas es la de no estrujar más el bolsillo del contribuyente", ha subrayado la regidora municipal.
   La alcaldesa ha indicado que se reunió con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para explicarle "personalmente" las actuaciones de la medida.
   Bateta reconoció el "gran esfuerzo" del Ayuntamiento en la "contención del gasto público" y la puesta en marcha de "drásticas" medidas. Sin embargo, señaló, "no sería posible la aprobación del Plan de Ajuste por el nivel de endeudamiento".
   Esta situación, "supondrá la reducción del 50 por ciento de los tributos que el Consistorio recibe del Estado", según ha indicado Sánchez.
   Al respecto ha indicado que "se están tomando ya medidas" para lograr que, en el momento que comience la retención, "se puedan pagar las nóminas de los trabajadores", así como a "las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento".
   En este sentido, la edil ha recordado que "es necesario llevar a cabo la reorganización administrativa" del Ayuntamiento con el fin de "adelgazar la administración" para seguir prestando "los mismos servicios con las máximas garantías, pero adaptándose a nuevos procesos".
   Esto supone, según ha manifestado la alcaldesa, "seguir hacia delante con la reestructuración del personal", ya que "no es viable" un déficit de media mensual de 360.000 euros, con picos de 700.000 euros algunos meses, solo en el capitulo de personal.
   Sánchez ha reiterado que estas medidas, "son muy duras" para quien las toma, pero "éste es el camino por el que hay que seguir trabajando", ya que de continuar se generaría una deuda en los tres años siguientes de 15 millones de euros, "algo a lo que no podemos consentir, ya que tenemos que cumplir la Ley y lograr el déficit cero a final de año".
   La alcaldesa ha manifestado, que a pesar de las críticas de la oposición, el actual equipo de Gobierno está "demostrando que no se queda con los brazos cruzados", sino que está trabajando en la hoja de ruta planteada en el Plan de Ajuste.
   Además, toda la gestión actual "no se centra sólo en la reducción del gasto corriente", sino que se plantean otras iniciativas en apoyo de los sectores productivos de la localidad. El motivo, según ha indicado Sánchez, es la necesidad de "seguir trabajando en el crecimiento para que se generen oportunidades de negocio que atraigan nuevas inversiones".
   Al respecto, ha manifestado que "con tesón y trabajo se conseguirá alcanzar el camino de la senda de recuperación".

El Gobierno presentará el jueves el mecanismo para avalar deuda de las CCAA

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha adelantado que el Gobierno presentará el jueves a las comunidades autónomas un mecanismo para avalar sus emisiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Beteta ha dicho que el objetivo de este mecanismo es buscar emisiones más "líquidas" y facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado.
   Según el secretario de Estado, el mecanismo será voluntario y estará sujeto a un "nivel altísimo" de condicionalidad para las comunidades que quieran acogerse al mismo, que tendrán que asumir compromisos adicionales de reducción del déficit.
   De esta forma, parece que finalmente el Gobierno está dispuesto a avalar las emisiones de las comunidades tras haberse resistido en los últimos meses ante el riesgo de que una medida de este tipo perjudique las emisiones del Tesoro y obligue a elevar aún más la rentabilidad.
   El Gobierno planteará esta medida en el CPFF de este jueves, en el que también se tratarán los nuevos objetivos de déficit tras el año extra que ha concedido Bruselas a España para cumplir con la consolidación fiscal y reducir el déficit al 3%.
   Las nuevas cifras de déficit dadas por Bruselas podrían suponer una relajación de los objetivos fijados a las comunidades autónomas, sobre todo en lo referente a este año, cuando las regiones tienen que reducir su déficit desde una cifra que supera el 3% hasta el 1,5%.
   Beteta no ha querido avanzar si el Gobierno relajará ese objetivo del 1,5% a las comunidades, y se ha limitado a decir que será una cuestión que se tratarán en la reunión del Gobierno con los consejeros de Economía y Hacienda del jueves.

lunes, 9 de julio de 2012

El PSRM denuncia "la ejecución de cero euros en partidas destinadas a la lucha contra la exclusión social"

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional "no ha ejecutado ni un solo euro en partidas destinadas a la lucha contra la exclusión social". 

   Por un lado, ha subrayado Rosique, "hay dos partidas destinadas a colectivos desfavorecidos o con riesgo de exclusión, que gestionan los ayuntamientos y las transfiere la Comunidad, por un importe de 90.000 euros". Así como otra partida, para actuaciones en materia de empleo a colectivos desfavorecidos, "por 550.102 euros".
   La parlamentaria socialista asegura que a 31 de mayo, la ejecución de dichas partidas "era de cero euros". 
"Estamos hablando de unas cantidades cuantitativa y cualitativamente muy importantes para luchar contra la pobreza y la exclusión social, cuyo índice en la Región alcanza ya el 36 por ciento de la población", ha puntualizado.
   En lo referente a empleo, ha dicho que se trata de "una partida fundamental para el desarrollo de actividades en materia de empleo y relaciones laborales de colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social".
   Para Rosique, "esto es un ejemplo más de la falta de respuesta del Gobierno regional a las políticas de inclusión social. A los recortes que plantea la Ley de Ajuste Presupuestario, que reduce en casi un 50 por ciento partidas destinadas a la inclusión social, se suma la ausencia absoluta de ejecución de partidas que cuentan con consignación presupuestaria para 2012, y de las que no se ha ejecutado en los 5 primeros meses del año ni un solo euro".
   Las consecuencias de esta ejecución cero "afectan negativamente a las personas a las que van dirigidas estos programas y también a los ayuntamientos y a las entidades que ya están realizando estas actuaciones y que esperan poder acogerse a las subvenciones aprobadas en el presupuesto para 2012".
   Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas en la Asamblea Regional pidiendo explicaciones a la consejera de Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios, de "por qué a 31 de mayo aún no se había ejecutado ni un solo euro de partidas destinadas a exclusión social".

Empresas murcianas promocionan en Rusia el mueble de la Región

MURCIA.- Un grupo de representantes de seis empresas murcianas se encuentra durante toda esta semana en la Región del Volga (Rusia) participando en una misión comercial

  Los empresarios visitarán las ciudades de Ufa, Samara, Tolyatti y Volgogrado, ciudades con más de medio millón de habitantes, donde mantendrán encuentros con empresas distribuidoras y establecimientos comerciales especializados, con el fin de promover futuras relaciones comerciales.
   El sector del mueble en Rusia se vio afectado por la crisis durante 2009, año a partir del cual se inició su recuperación, con un incremento de sus importaciones del 27 por ciento en 2010, apoyado por el crecimiento de su economía y la propensión del consumidor ruso con alto poder adquisitivo a comprar producto extranjero, especialmente de alta calidad.
   Los técnicos destacan, sin embargo, que la presencia de mueble español y murciano en esta zona es todavía escasa, estando dominadas las importaciones de mueble de calidad por empresas italianas.
   Rusia es uno de los mercados a los que se ha orientado en los últimos años la salida al exterior del mueble murciano (la Región ocupa el octavo puesto en el ránking nacional). Concretamente, las exportaciones murcianas crecieron en 2011 más del 155 por ciento en mueble tapizado y un 85,5 por ciento en los demás muebles de madera.
   Esta nueva acción de promoción supone consolidar y ampliar las realizadas en años anteriores, como es el caso de la misión comercial del pasado año a la zona de Siberia (ciudades de Novosibirsk, Krasnoyarsk y Omsk); la promoción en el punto de venta que tuvo lugar en el centro comercial Galeria 11 de Ekaterimburgo, o la misión comercial sectorial con visita a las ciudades de Kazan, Ekaterimburgo y Cheliabinsk (2010).

El Estado recaudaría 1.800 millones al año con el cobro de peaje en autovías

MADRID.- El Estado ingresaría unos 1.818 millones de euros anuales con el cobro de un peaje a todos los vehículos que realicen viajes de larga distancia por las carreteras de alta capacidad, según un estudio de la patronal de grandes constructoras Seopan.

   Este importe podría elevarse hasta un máximo de 2.250 millones de euros si la demanda fuera "insensible" al peaje, esto es, en caso de que la intensidad de tráfico no cayera tras la articulación de la tasa.
   En cuanto al importe básico de ingresos calculado por esta organización, dos terceras partes del monto total, unos 1.205 millones de euros, procederían de la circulación de vehículos ligeros.
   El 33% restante (613,5 millones de euros) provendría del cobro de la tasa a camiones y otros vehículos pesados que circulen por estas vías, según los datos del estudio de Seopan.
   Por tipo de vías, la red de autovías de primera generación dependientes del Ministerio de Fomento son las que más recaudarían, unos 898 millones de euros al año. El resto de la red de carreteras estatal aportaría 673 millones y las dependientes de las comunidades autónomas, otros 247 millones.
   En su estudio de viabilidad sobre tarificación por uso en infraestructuras de carreteras, realizado el pasado año y que incluye en su informe anual, Seopan propone cobrar sólo peaje por los tráficos de larga distancia, el sistema "menos severo de cuantos se pueden formular", según apunta.
   El cobro de los peajes se realizaría en las fronteras de las provincias, en las que, a partir de sus cálculos, se instalarían unos 67 puntos de cobro.
   En su análisis, la patronal constructora defiende la articulación de este peaje al considerar que "supondría poner en valor una parte importante del 'stock' de capital público", además de "iniciar un proceso de convergencia hacia la representatividad que las autopistas de peaje tienen en la red de alta capacidad de otros países europeos".
   Asimismo, considera que los ingresos extrapresupuestarios que generaría este peaje permitiría "recuperar y estabilizar el peso de la inversión pública respecto al PIB", actualmente en mínimos históricos de entre el 1,4% y el 1,7%.

La asamblea de CAM se niega a amortizar las cuotas participativas a cero euros y abre el proceso de liquidación

ALICANTE.- La asamblea general de Caja Mediterráneo (CAM) ha votado en contra de la amortización de las cuotas participativas de la entidad por valor de cero euros, y ha dado paso al proceso de liquidación de la caja, según ha explicado el representante de personal del sindicato CGT en la caja alicantina, Carlos Navarro.

   Los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habían convocado para este lunes una asamblea general ordinaria y extraordinaria para la aprobación, entre otros asuntos, de la amortización de las cuotas participativas por un valor de cero euros, así como para la reconversión de la Obra Social de la caja alicantina en fundación o su posible disolución.
   Llegada la votación, una mayoría de los asambleístas --unos 63 de un total aproximado de 90 presentes-- han rechazado amortizar las cuotas participativas a cero euros.
   Ante esta negativa, se ha acordado la liquidación de la caja, con amortización de las cuotas participativas, designación de los liquidadores y delegación expresa a favor de dichos liquidadores de las facultades necesarias para la realización de las actuaciones de liquidación.
   Así mismo, se ha acordado delegar las facultades a favor del FROB como administrador provisional de la caja para la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la asamblea general.
   Así mismo, la negativa a amortizar las cuotas participativas ha conllevado, según ha explicado uno de los administradores del FROB a los asistentes, que la opción de reconvertir la Obra Social en una fundación sea "técnicamente imposible".
   De este modo, y en virtud del proceso de disolución abierto, el patrimonio resultante de la entidad lo asumirá la "ya existente Fundación Cultural CAM", si bien en esta operación, según ha puntualizado Navarro, se quedarían excluidas las cuotas participadas.
   Además, la asamblea ha dado luz verde al nombramiento de dos interventores, ambos representantes de personal que estaban en el consejo de administración de la caja, y que, a juicio de Navarro, "son meros espectadores en el proceso de liquidación".
   "Se nos ha quedado cara de tontos, porque parece que la asamblea no ha servido para nada. El FROB quería que la asamblea refrendara sus decisiones", ha resaltado el miembro de CGT.
   En otro orden de cosas, la asamblea también ha rechazado el punto que proponía la disolución de determinadas obras-sociales, por un valor superior a los 3,1 millones de euros, y que incluían una partida de 2,5 millones de euros para las obras de rehabilitación del Santuario de Nuestra Señora de las Huertas de Lorca.
   La convocatoria de la asamblea general de CAM ha reunido también, a las puertas del Aula CAM, una concentración de protesta en la que han participado un centenar de afectados por los productos tóxicos financieros convocados por Adicae y Plataforma CAM, que han recibido a los consejeros con gritos, insultos e incluso algún empujón.
    Los momentos de mayor tensión se han producido al hacer acto de presencia algunos de los representantes de los órganos de poder de la entidad, como el presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós, el exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y el exvicepresidente de Caja Mediterráneo, Armando Sala, quienes han podido acceder al salón por una entrada lateral gracias al cordón policial establecido por las fuerzas de seguridad.
   La protesta estaba encabezada por una gran pancarta en la que podía leerse 'Afectados por el engaño de la CAM y el Banco de España: exigimos la devolución', y sus integrantes además llevaban carteles contra diferentes entidades, como CAM, Banco Sabadell y la Caixa.
   Otras pancartas contenían mensajes tales como: 'Atrapados en las preferentes'; 'La banca siempre gana'; 'Le quita los pisos a los pobres y se queda con el dinero de los jubilados'.
   Los manifestantes se han llegado a encarar con algunos de los miembros de la asamblea más conocidos, e incluso se han producido empujones, si bien la presencia policial ha permitido que los cerca de 180 integrantes de la asamblea pudieran entrar en el edificio para asistir a la sesión, cuyo normal desarrollo no se ha visto afectado por la protesta.
   Pasadas las 14.00 horas, los manifestantes han protagonizado un incidente cuando Garrigós ha abandonado la reunión y ha sido increpado duramente por algunos de ellos, que han llegado a empujarlo, insultarlo, amenazarlo e incluso a escupirle en plena calle cuando se alejaba del Aula CAM.

Las medusas mantienen a raya a los bañistas en seis playas de Águilas


ÁGUILAS.- Los puestos de vigilancia de seis playas del muncipio de Águilas han abierto este lunes izando la bandera amarilla que pide precaución en el baño como consecuencia de la presencia de medusas en las mismas.    

Concretamente, hay bandera amarilla en las playas de Calabardina, Calarreona, El Hornillo, La Cabaña, La Carolina y Matalentisco. 

El resto de puestos de vigilancia de playas de la Región de Murcia ha izado la bandera verde, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Lapa mediterránea en peligro de extinción


Por otra parte, un proyecto liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado reproducir en condiciones de laboratorio, mediante fecundación artificial, ejemplares de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), especie de molusco marino del Mediterráneo en peligro de extinción, según ha informado este organismo.

   Durante los experimentos, los investigadores consiguieron observar todo el desarrollo embrionario y larvario de esta lapa hasta superar el paso de las larvas planctónicas a juveniles reptantes, la fase más crítica y delicada de su crecimiento.

   La lapa ferrugínea se halla incluida desde 1999 en la categoría "en peligro de extinción" del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esta especie, que habita exclusivamente en el Mediterráneo occidental, es el único molusco marino de las costas españolas incluido en la categoría "en peligro de extinción", según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Se trata de una lapa llamativa por su gran tamaño y por sus gruesas costillas radiales, que vive exclusivamente en el Mediterráneo occidental. Puede superar los 10 centímetros de longitud, aunque lo normal es que mida hasta siete u ocho centímetros. Se distingue claramente de otras lapas mediterráneas por su concha grande y muy sólida y por sus gruesas y elevadas costillas radiales (entre 30 y 50), las cuales son a menudo nodulosas y algo irregulares.

   El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente apunta que constituye un ejemplo simbólico de invertebrado marino "extremadamente amenazado" y, al mismo tiempo, "insuficientemente conocido", por lo que aún debe hacerse "un considerable esfuerzo para reunir la información necesaria para su gestión y recuperación".

¿Peligra ahora el Parador Nacional de Puerto Lumbreras?

MADRID.- El Parador de Turismo de Puerto Lumbreras, en la Región de Murcia, acumula más de dos millones de euros de pérdidas en los últimos cuatro años, razón por la cual el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un análisis de viabilidad de la institución para estudiar alternativas que completen sus líneas de negocio actuales.

   Según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto, "el Parador de Puerto Lumbreras tiene graves problemas por la obsolescencia de su oferta de servicios y por la necesidad de ajustar sus instalaciones a la normativa".
   Así, en 2008 su cuenta de resultados se cerró con 342.462 euros de pérdidas, en 2009 registró 561.793 millones de pérdidas, en 2010 cerró con 566.538 euros negativos y el año pasado acabó el ejercicio con 543.385 euros de pérdidas. En total, 2.014.178 euros de pérdidas acumuladas desde el inicio de la crisis.
   Ante estas cifras y teniendo en cuenta las inversiones "considerables" que serían necesarias para remodelar y modernizar el parador y la "inminente" apertura del establecimiento que la red tiene en el Castillo de Lorca --apenas a 15 kilómetros de distancia--, el Ministerio trabaja con otros agentes institucionales en un "análisis de viabilidad del Parador de Puerto Lumbreras desde un punto de vista de explotación y gestión hotelera que ofrezca propuestas alternativas que complementen nuevas líneas de negocio".

Beteta avisa a las CCAA que incumplan el déficit que podrían ser intervenidas

BARCELONA.-   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha confiado en el compromiso de todas las comunidades autónomas para cumplir el objetivo de déficit de este año, pero ha aseverado que "cualquier riesgo de incumplimiento debe ser atajado de raíz" para corregirlo, con medidas de la Ley de estabilidad que se empezarán a aplicar dentro de un mes y en las que se incluye la intervención.

   En una ponencia sobre la financiación autonómica en el curso 'La economía catalana a debate' organizado por UIMP Barcelona Centro Ernest Lluch, ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves se tratará el nivel de déficit de las autonomías para este año con los datos de que dispone el Estado.
   Ha concretado que si en un mes se confirman desviaciones en las cuentas hasta junio (primer semestre) de algunas autonomías, el Gobierno podrá empezar a aplicar las medidas de la Ley de estabilidad presupuestaria --"si fuera menester, que ojalá no lo fuera"--, entre las que se incluye la intervención de las autonomías incumplidoras.
   Beteta ha expuesto que es un momento de responsabilidad para las comunidades autónomas, de austeridad, y es el momento "para eliminar todo lo superfluo".
   Ha argumentado que los mercados han reflejado que parte de los problemas de España radican en las comunidades autónomas, y que por ello se debe extremar la prudencia y el control de las cuentas públicas para cumplir con una cifra de déficit que es "inalterable, invariable y exigible".
   Ha incidido en que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a la responsabilidad y al cumplimiento, de forma que nadie gaste más de lo que tiene, norma básica cuyo seguimiento se había convertido en poco habitual en las administraciones.
   Ha recordado el leve incremento del presupuesto para las autonomías en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, lo que es "prueba palpable del compromiso con las autonomías".
   Ha añadido que el plan de pago a proveedores suma más de 2.020 millones de euros para Cataluña, para pagar a 1.121 autónomos, 4.296 pymes y 286 grandes empresas: "Esto son hechos, y el resto son palabras", ha aseverado.
   También ha repasado que la liquidación del año 2010 del Estado hacia Cataluña ha sido superior a la de 2009, y ha asegurado que la financiación para Cataluña cumple los criterios del Estatut, documento sobre el que ha señalado que también recoge la solidaridad interterritorial.
   Ha afirmado que el nuevo sistema de financiación de 2009 ha dado más recursos a Cataluña respecto a la media, en un contexto de caída de recaudación, con una mejora del 17% respecto al modelo anterior, con 5.500 millones de financiación adicional de 2009 a 2011.