domingo, 1 de julio de 2012

España gana la Eurocopa 2012 tras fulminar a Italia por 4-0


KIEV.- La selección española se ha proclamado campeona la Eurocopa 2012 tras vencer a Italia (4-0) en la final disputada en el Olímpico de Kiev gracias a los goles de Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Mata que han coronado una espectacular actuación colectiva que permite a España completar la 'Triple corona' con la secuencia Eurocopa-Mundial-Eurocopa.

La Universidad de Murcia inicia el plazo de renovación de la Comisión de Investigación

MURCIA.- El Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia (UMU) ha iniciado el plazo de renovación bianual de la Comisión de Investigación en cumplimiento con el artículo 111 de los Estatutos de la institución docente, que especifica que "los miembros de la Comisión serán elegidos por un periodo de cuatro años" y que "cada dos años se procederá a la renovación de la mitad de ellos".

   En esta ocasión se debe renovar un miembro de Ciencias de la Salud, un miembro de Ciencias Experimentales, un miembro de Ciencias Jurídicas, un miembro de Humanidades, y un miembro de Matemáticas, según fuentes consultadas del departamento de Promoción de la Investigación de la UMU (Prinum), dependientes del Vicerrectorado de Investigación.
   Los miembros de la Comisión, conforme dispone dicho artículo en su apartado primero, deberán ser profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios o contratados fijos, elegidos por y entre ellos de cada uno de los grupos de áreas de conocimiento ya citadas, con dos evaluaciones positivas de actividad investigadora.
   Se pretende acortar los plazos, en la medida de lo posible, a fin de que se complete la renovación de los miembros de la Comisión de Investigación a la mayor brevedad posible.
   Se ha habilitado el proceso de televoto en 'televotoinves.um.es', en el siguiente enlace 'https://televoto.um.es/televoto/indexCI.jsp'.
   La exposición del Censo Electoral en página Web tuvo lugar del 25 al 29 de junio, mientras que las reclamaciones al Censo Electoral se podrán realizar del 2 al 4 de julio; la presentación de Candidaturas se producirá del 6 al 11 de julio; y la proclamación provisional de candidaturas será el 12 de julio.
   La presentación de reclamaciones candidaturas tendrá lugar el 13 de julio; la proclamación definitiva de candidaturas será el 16 de julio; y la votación telemática y proclamación provisional de resultados será el 17 de julio. Así, la votación se realizará por grupos de áreas y el número máximo de candidatos al que se puede votar es el de uno.
   Por último, la presentación de reclamaciones votación será el 18 de julio, y la proclamación definitiva de resultados será el 19 de julio.

Zarrías critica que los ayuntamientos deban pagar los intereses del plan de pago a proveedores

CASTELLÓN.- El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha criticado que los ayuntamientos deban asumir el pago de los intereses del plan de pago a proveedores de las corporaciones municipales y ha censurado que los bancos no deberían beneficiarse de esta línea de financiación que, ha apuntado, "se pagará a un interés superior" al que exige el Banco Central Europeo o el mercado interbancario.

   Zarrías se ha pronunciado así tras visitar la Feria de Desarrollo Rural de Cinctorres, donde ha resaltado que si bien este plan de pago a proveedores "era una buena idea, no debería significar cerrar ayuntamientos que no puedan asumir los intereses". Así, ha lamentado que este mecanismo "se ha convertido en un elemento que perjudicará a los ayuntamientos" y será "dinero del Estado que va a sanear las cuentas de los bancos", por lo que ha asegurado que "no han primado los intereses generales".
   El socialista ha calificado de "ocurrencia" la propuesta del Gobierno de eliminar ayuntamientos para sanear las cuentas públicas. o los consorcios y mancomunidades. A su juicio, los 'populares' quieren "acabar con la administración más cercana" y ha abogado por afrontar la reforma integral de la administración local que incluya también la revisión de la financiación.
   "La reorganización de la administración local en este país no puede hacerse a golpe de ocurrencias, debe haber más rigor y seriedad", ha insistido Zarrías, quien ha recalcado que los consistorios no son los culpables de la situación de las arcas públicas, como lo demuestra el hecho de que el Estado "debe 800.000 millones de euros" y los ayuntamientos, "poco más de 28.000", de la que "buena parte corresponde a las deudas de Madrid, Valencia y Barcelona".
   Así, ha resaltado que "los deudores no son los pequeños" ayuntamientos, sino que estos, por el contrario, "son los responsables de que en el mundo rural se viva con dignidad".
   Por otra parte, preguntado sobre si la reforma debería iniciarse por las diputaciones, Zarrías no ha definido el papel que atribuiría a las instituciones provinciales y se ha limitado a señalar la necesidad de "delimitar las competencias para evitar duplicidades".
 "Hay que delimitar el campo de las diputaciones provinciales y las comarcas, se debe dimensionar a cada uno con lo que tiene que hacer", ha concluido.

Decepción / Francisco Parra *

Últimamente llegan a España algunas buenas noticias. No, no; no se trata de los triunfos de “La Roja”, o de Rafa Nadal. Se trata de ciertos cambios en las actitudes de los líderes europeos. A todos aquellos que esperamos ansiosamente ver la luz al final del largo y tortuoso camino de la crisis económica, nos produce un halo de esperanza cuando oímos que desde Europa nos prestarán un “dinerillo” para solucionar los problemas de nuestra banca y cuando se confirma que habrá otro “cacho” para fomentar el crecimiento económico y luchar contra el desempleo. 

Todo esto vendrá acompañado, al parecer, de una mayor integración fiscal y financiera en Europa. Bueno, más vale tarde que nunca, por fin parece que se camina en la dirección adecuada. Sinceramente pienso que esta vez, si hacen lo que dicen y no surge ningún escollo en el complejo entramado de la toma de decisiones en la Unión Europea, se iniciará la senda de la recuperación.

Sin embargo, me siento descorazonado. No porque lleguemos al principio del fin de la crisis, sino porque la crisis estaba teniendo algunos “efectos colaterales” que eran muy positivos y está claro que, en cuanto se intuya un mínimo atisbo de mejora, nuestros políticos se apoltronarán una vez más. Si se fijan, conforme la crisis tomaba posiciones en la economía y en la sociedad española, han ido saliendo cada vez más casos de corrupción de tiempo atrás, (que han salpicado incluso a la Corona), se han aireado las desastrosas decisiones que han tomado algunos de nuestros políticos y que nos han costado auténticas fortunas, se han abierto sanos debates sobre fórmulas de racionalización del gasto público,.. . Pero tengan claro que en el momento en que los políticos sientan que vuelven a tener el control de la situación, las reformas se acaban y desde luego, quedan unas cuantas muy gordas que acometer a mi modo de ver.

Para empezar, en España hay unos 450.000 políticos que cobran del erario público. Si añadimos asesores, cargos de confianza y otros enchufados, nos vamos fácilmente al medio millón. Esto quiere decir que tocamos a algo más de un político por cada 100 habitantes, un ratio escandaloso, si tenemos en cuenta que hay menos policías, bomberos, médicos …. . Y si tenemos en cuenta que países como Italia, tienen la mitad de políticos que España, con una población de casi 65 millones de habitantes.

Si queremos “hacer más sangre”, comparémos con el caso alemán, donde la proporción está aproximadamente en el 1 por mil, y eso que es una república federal. Si nos marcáramos un objetivo, nada ambicioso, de acercarnos al caso italiano, tendríamos que eliminar unos 250.000 políticos, que a un coste medio de 50.000 € año por cada uno, por sueldos, seguridad social, dietas, ….., (y me quedo corto), supone un desembolso anual de ¡12.500 millones de euros!. ¿A que esperan para organizar el ERE de la clase política?

Para continuar, tenemos el régimen de subvención a partidos políticos, sindicatos, uniones patronales y otras asociaciones. El montante anual que estas instituciones se embolsan procedente de las arcas del Estado, en concepto de subvenciones ronda los 100 millones de euros. Aunque parece “el chocolate del loro”, no lo es tanto si solo hubiese uno, pero es que hay mucho loro por ahí...

Otro punto negro lo tenemos el ingente volumen de la economía sumergida que existe y persiste en España. Según FUNCAS, en España, la economía sumergida está cerca de alcanzar el 24% del PIB, (es curioso cuanto se parece esa cifra a la de desempleo). No sé que gobierno tiene que llegar a La Moncloa para poner fin a esta lacra. Si comparamos otra vez con el doloroso ejemplo alemán, resulta que en dicho país, la economía sumergida se encuentra en el 13% del PIB. Si en España llegáramos al 15%, o sea, si redujésemos esta tasa un 9%, afloraría un volumen de operaciones por valor de unos 96.600 millones de euros.

 No quiero aburrir con tecnicismos y complejas fórmulas, pero debemos tener en cuenta que este volumen de operaciones no se convierte directamente en base imponible de los impuestos, porque parte de lo que unos declarasen, se lo desgravarían otros. En realidad, la base para los principales impuestos estatales sería el valor añadido y esta cifra es difícil de calcular, pero “a ojo de buen cubero”, si pensamos que el beneficio bruto de las actividades no oficiales fuese del 20% y el beneficio antes de impuestos del 15%, podemos calcular que los ingresos por IVA podrían superar los 1.500 millones de euros y los ingresos por sociedades los 3.600 millones de euros. A estas cifras habría que añadir el IRPF de los trabajadores que pasarían a trabajar oficialmente, sus cotizaciones a la Seguridad Social, el desempleo que no se pagaría a parte de estos trabajadores….

Otra faena interrumpida, tal que fuera un coito, es el asunto del consumo de hachís, marihuana y otros sucedáneos. Según una conocida asociación de defensores de cannabis, existen en España 4.000.000 de consumidores habituales. En su día, recordarán que se “despenalizó” el consumo, que no el tráfico. La incoherencia es manifiesta, porque si alguien consume es porque alguien se lo vende y si el tráfico no es legal…., ya me explicarán. Pues bien, ¿porqué no lo regulamos y cobramos el IVA y un impuesto especial como en el caso del tabaco o el alcohol?. Quien me conoce sabe que ni siquiera fumo tabaco, pero me parece indignante que si yo me tomo unas cañas, pague el IVA y el Impuesto Especial de Bebidas Alcohólicas y sin embargo, estos cuatro millones de fumadores de cannabis no paguen un céntimo. Con esta masa de contribuyentes potenciales, no sería de extrañar que el Estado pudiese recaudar en torno a los 1.500 millones de euros al año.

Otro asunto espinoso, pero que yo pensaba que gracias a la crisis se abordaría por fin, es el de la prostitución en España. Según la mismísima agencia Efe, en un comunicado de agosto del 2.011, se calcula que la prostitución mueve en España unos 50 millones de euros ¡al día!. Además, se calcula que unas 300.000 personas se dedican a esta profesión en nuestro país. ¿A qué esperamos para regular y por tanto cobrar?. Mucha gente se está beneficiando de esta “actividad libre de impuestos” que factura casi 20.000 millones de euros al año y el resto de los españoles, a pagar más por la subida del IRPF. 

Un cálculo rápido nos permite obtener que, 300.000 personas cotizando como autónomos por 260 € mensuales dan lugar a unos ingresos para el Estado de casi 1.000 millones de euros al año. Pero claro, si añadimos IVA e IRPF, en Régimen de Módulos, (cabe pensar que poca gente facilitaría sus datos fiscales para la factura), se podrían recaudar otros 1.500 millones de euros más. Que no se escandalice nadie. En la pulcra Holanda la prostitución está regulada y en ciertas partes de Alemania, también.

Lo que está claro es que, si se consiente hasta el punto que se consiente en España, se debe regular y de esta manera obtener ingresos para la administración pública y mejores condiciones de trabajo para quienes realizan esta actividad.

Estos son, tan sólo algunos ejemplos. Seguro que se podrían encontrar más posibilidades de ahorro o recaudación, pero claro, no tan sencillas para nuestros políticos como subir el IVA o recortar pensiones. La cuestión fundamental es, por supuesto, la reforma del Modelo de Estado y de la Función Pública, pero eso no se va a tocar si no llegamos prácticamente a la rebelión popular, y si no al tiempo.

Pues bien, si hacemos la suma de todo lo que hemos expuesto anteriormente, nos da una cifra de 21.700 millones de euros. Evidentemente, este cálculo es tan solo una aproximación a la situación, pero sirve para darse cuenta de que nuestros gobernantes, (tanto los actuales como los anteriores), nos han recortado a todos antes de recortarse a si mismos y de que han optado por la solución fácil a través del “decretazo”, reduciendo pensiones, subsidios, sueldos a funcionarios, aumentando impuestos, etc. antes de acometer las reformas que de verdad significarían la solución al problema.

Ahora parece que planean aumentar el IVA, los impuestos sobre la gasolina y eliminar la deducción por vivienda. Una vuelta de tuerca más a una población angustiada y exprimida, mientras que la verdadera reforma sigue sin hacer.

Mucho me temo que el principio del fin de la crisis va a significar el “coitus interruptus” para la realización de verdaderas reformas en nuestro país, por lo que no tengo claro si es bueno o no que nos presten dinero y que se elaboren programas subvencionados de inversiones para potenciar el crecimiento.

(*) Economista

Los reyes de los años tóxicos / Jorge Fauro *

Aquello era una fiesta. Una fiesta casi en el sentido literal del término. Una fiesta del activo y del pasivo, de cuotas participativas, de toque de campanas en el parqué de la Bolsa de Madrid y en las páginas salmón del Financial Times. La fiesta subprime. La fiesta tóxica. Un after hour de preferentes y créditos basura. Roberto López Abad (Alcoy, 1955), el ex director general de la CAM, ahora caído en desgracia y citado como imputado por la presunta comisión de delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a otros cuatro compañeros de correrías financieras en la principal enseña económica que jamás tuvo Alicante, acabó por convencernos a todos de que la "rave" crediticia podía continuar. Quizá no con tanto champán. Probablemente con algo menos de caviar, pero proseguir al fin y al cabo, sin temor a que de repente llegaran los padres en mitad del guateque (el Banco de España, el BCE, el Ministerio de Economía o el sursuncorda) y se encontraran la casa hecha unos zorros y arrasada por los efectos de la orgía inmobiliaria. 

Aquello podía seguir con menos alharacas. Con riesgos, sí, aunque, quizá anticipándose a la popular sátira del alcoyano, Roberto López debió de pensar: "aixó ho pague jo". Y aquella fiesta acabó convirtiendo a la caja, entonces la cuarta de España en activos, en una "cosa". Manipulación del precio de las cosas, según sostiene el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. La CAM como cosa. Sólo hay que imaginar el calibre de lo que se estaba fraguando entonces si tenemos en cuenta que por delante de la CAM, en el segundo y tercer puestos del ránking orgiástico, se hallaban los padres de Bankia, es decir Cajamadrid y Bancaja.

Acabada la fiesta, arrasada y subastada la casa y reprendidos por sus progenitores (falta por determinar el castigo, si lo hubiera, que de eso se encargará la Audiencia Nacional a partir del 10 de julio), el ex primer directivo de Caja Mediterráneo y otros cuatro anfitriones deberán explicar ante la Justicia qué diablos se cocía en la entidad mientras a toda la sociedad alicantina, en particular, y al sector financiero, en general, se le hacía llegar un mensaje bien distinto al que ahora conocemos y cuyo último balance ha arrojado unas pérdidas de 1.136 millones de euros. Junto a él deberán hacerlo el ex director general de recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol; el ex director de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; el ex presidente del consejo de administración, Modesto Crespo; y la última directora general de la caja y sucesora de Roberto López, María Dolores Amorós.
En esta dolce vita de las finanzas, los ahora imputados hicieron creer al establishment económico que aquello era lo correcto. Lo correcto y lo único posible. Corrían los años en que un ladrillo se enseñoreaba orgulloso sobre la cresta de una ola inventada años antes tras la modificación de la Ley del Suelo por el Gobierno de Aznar y que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no se molestó en corregir. Una ola de mentirijillas, de parque temático, donde una manifestación pública de los ahora imputados adquiría rango de ley por arriesgada que fuese. "¿Financiaron demasiado alegremente en los años buenos?", preguntaba el firmante de este artículo en una de las contadísimas entrevistas (Información, 20 de abril de 2008) que Roberto López concedía a un medio de comunicación. La respuesta, leída hoy, es de las que eriza el vello: "Financiamos todos los proyectos que entendimos que eran viables y por tanto tenía sentido apoyarlos. Es verdad que la rotundidad de la aparición de la crisis nos ha causado sorpresa, pero hay que aprender de esas cosas. Posiblemente, hasta agosto de 2007 nadie había oído hablar de las "subprime". Y hay que decir más cosas. No está mal el nivel de sofisticación al que se llega en un mercado cuando tú puedes ir a un tenderete a comprar una hipoteca sin tener trabajo y sin tener ingresos. No está mal siempre que haya información profunda y transparente para todos los intervinientes, o se refleje en un precio adecuado". Hipotecas de por vida sin trabajo ni ingresos. La fiesta podía continuar. La CAM como tenderete. 

Y en ese contexto se movían todos aquellos a quienes el juez de la Audiencia ha citado como imputados a partir del 10 de julio.

La terreta feliz
Reflejo de este espejismo y en el mayor momento de gloria de los presuntos responsables de este expolio, Alicante no era la excepción del universo económico que se movía entre bambalinas. Los libros de visitas de algunos restaurantes de la capital constituyen testigos mudos de aquel "swinging Lucentum". En una mesa, Roberto López Abad, Maira Amorós y Modesto Crespo preparando el camino de éste último a la presidencia de la caja de ahorros; en la mesa contigua, el dueño de Hansa Urbana diseñando su estrategia para acometer inversiones en México y el Caribe con apoyo de la entidad de ahorros; en el restaurante de al lado, el ex presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y sus acólitos de partido viendo el modo de controlar la caja y, de paso, aguarle el mandato a Camps; la gente de Camps, en otra punta de Alicante, haciendo lo propio para colocar a un presidente afín al frente de la entidad, un tal Crespo, bien conocido en Elche y Alicante, pero con apenas referencias en el cap i casal y, por supuesto, ajeno al exclusivo club de las grandes fortunas de Valencia; un poco más allá, Enrique Ortiz mostrándose a los periodistas como Marlon Brando en su famoso discurso de Julio César. Pero Bruto, es un hombre honrado. Todos felices. Tiempos honorables.

España crecía, el empleo se desbordaba en mitad de un cielo poblado de grúas y las fábricas de Agost no daban abasto con la comanda. Los mercados acababan de dar un aviso gravísimo y revelador, cual era la quiebra de Lehman Brothers, pero desde la cúpula de la caja, erigido ya en pope de la economía bancaria y prestigiosísimo gestor, el ex director general se convertía en su propio y eficaz "dircom" cuando aseveraba en la misma entrevista: 

Pregunta.- Estados Unidos ya ha entrado en recesión. ¿Cree que a Europa le ocurrirá lo mismo?

Respuesta.- En la UE yo creo que no, y en España desde luego tampoco. Estamos leyendo previsiones de crecimiento para 2008 y para 2009 muy importantes. Discutiremos si es el 2,4% o el 3,1% que dice el Gobierno, o el 1,8% que ha dado el FMI, pero estamos hablando de crecimientos positivos razonables y ajustados a lo que es el nuevo contexto de un país desarrollado y en un entorno euro. Para 2009 se presupuesta algo menos de crecimiento, pero todo el mundo habla también de que se vislumbra una salida a partir de 2010, si no en la segunda mitad de 2009.

Malditas hemerotecas. Era precisamente esa rotundidad y ese afianzamiento en los argumentos (fallidos, como el tiempo se ha encargado de poner en su sitio) con que los ahora imputados razonaban el descalabro que se estaba gestando, y que prácticamente nadie, salvo los técnicos del Banco de España (los mismos a quienes Teófilo Sogorb remitía los informes sobre los estados de cuentas de la CAM), que ya por entonces ponían sobre aviso (con escaso éxito) a Pedro Solbes, se hacía a la idea de la verdadera dimensión que estaba adquiriendo uno de los mayores fiascos financieros desde la caída del Banesto de Mario Conde. En conversaciones privadas, no obstante, Roberto López reconocía estar "bajando el Tourmalet" con el convencimiento de que si apretaba el freno, las consecuencias podrían ser mucho peores.

A espaldas de todo el sistema bancario y mientras la caja publicaba imponentes balances presentándose no sólo como una entidad sólida, sino con aspiraciones de superar a su vecina Bancaja, los gestores de la CAM apuntalaban su prestigio a base de golpes de imagen, discursos muy bien hilados y la enorme ventaja de que ni la capital ni la provincia se habían medido nunca en la Champions League de las finanzas. López Abad, Vicente Soriano o Maira Amorós salían en las páginas salmón de la prensa económica, hablaban de inversiones en la Riviera Maya, de abrir oficinas en cada ciudad de España y de comprar bancos nacionales y de más allá del Atlántico. Apuntaban muy alto y eran lo que había, luego eran lo mejor, sin Botines ni Goirigolzarris que les hicieran sombra en una provincia que acostumbra a mirarse el ombligo y llega a creerse lo de la millor terreta del món.

La caja celebraba consejos de administración fuera de España y Vicente Soriano estudiaba antes del viaje el mapa de la ciudad para conocer qué zonas eran las idóneas para practicar su actividad favorita, el footing. A menudo, el orden del día era lo de menos. La rumorología sobre el futuro de Roberto López, lejos de ponerle ante un juez de la Audiencia Nacional, le colocaba fuera de la CAM, sí, pero en alguno de los grandes bancos de España o fuera de ella, incluso en Londres, donde se había codeado con los verdaderos gurús de la city y de Canary Wharf cuando la caja quiso jugar a ser grande e intentó comprar Banco Atlántico. Despuntaba Maira Amorós como directiva de caja de ahorros con más futuro de España porque López Abad, eficiente director de comunicación en funciones una vez más, se había preocupado de gualdrapear su nombre en todos los foros económicos y periodísticos como la bandera que debía ondear en el tejado de la sede principal de la avenida de Oscar Esplá.

Posiblemente, ninguno de los cinco imputados, salvo Modesto Crespo, pretendía deslumbrar -con todo aquel oropel de prestigio cimentado a base de selección natural- a cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que no veían la CAM más allá del banco que les custodiaba sus nóminas o les concedía el crédito para la casa o el coche. Pero el espectacular crecimiento de la caja y la espuma generada en lo alto de la ola les llevó a la cúspide del establishment y a pisar moquetas del Paseo de la Castellana inimaginables a finales de la década de 1980, cuando la fusión con la CAPA situó a la institución en el mapa bancario español. Posiblemente, su enorme influencia (las contadas manifestaciones públicas de Roberto López para analizar la situación económica multiplicaban aún más su credibilidad hasta convertirlo en un Krugman a escala alicantina) se convirtiera al final en aldabonazo para afianzar su derecho a blindarse tras indemnizaciones millonarias. 

Su gestión bien lo valía, y sus opiniones también. "En este escenario -se preguntaba en aquella entrevista-, ¿Caja Mediterráneo tiene fortaleza suficiente para aguantar el tipo? Totalmente. La fortaleza de una entidad financiera viene dada por varias cosas. Somos capaces de generar recursos", respondía el ex director general. Y añadía: "La caja creció el año pasado [2007, hace sólo cinco años] en margen de explotación en una tasa del 36%. Es decir, somos capaces de generar un flujo de recursos importante, y esa es la mejor garantía de supervivencia. La caja tiene recursos propios por importe de 5.800 millones de euros. Sobre lo que la legislación que marca el Banco de España, supone un exceso de más del 45%; hay más de 1.800 millones de exceso sobre lo que son los recursos propios que nuestro balance necesita. Tenemos fondos de insolvencia muy importantes para cubrir situaciones de morosidad que con toda seguridad se van a producir en este proceso". Recordemos: pérdidas por 1.136 millones de euros cuatro años después de aquellas palabras.

Aquel poderío, esa aura de infalibilidad casi papal, dejaba a todo el mundo tranquilo, hasta que dos acontecimientos, uno impredecible y menos el segundo, comenzaron a resquebrajar la potente imagen labrada en la caja desde que López Abad sustituyera en 2001 a Juan Antonio Gisbert como primer directivo: la salida a Bolsa y la elección de Modesto Crespo.

Había que autofinanciarse. La Bolsa comenzaba a dar síntomas de cansancio, pero salir a los parqués como primera caja de España representó el mayor golpe de efecto de la historia reciente de CAM. Cuotas participativas sin poder político para sus titulares, la economía pura y dura al frente de la caja y el político de turno, por fin, lejos del mangoneo que, ya en tiempos de Zaplana, habían obligado a las cajas de ahorros valencianas a financiar imposibles (esta misma semana se ha vendido Terra Mítica, donde CAM, Bancaja y la Generalitat eran socios de referencia, a precio de saldo. El tenderete, que decía López Abad). 

Los dos arquitectos
Parte de los activos de la caja salieron al mercado en julio de 2008 por un valor de 4.800 millones de euros. Todo aquello hoy no vale nada, y hay que recordar que además del equipo gestor de la caja, López Abad contrató a dos "arquitectos" de prestigio para diseñar la salida a bolsa de la entidad. Uno les sonará menos a lectores poco habituados a la información económica. Se trata de Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, buen amigo del ex director general y uno de sus principales cicerones a la hora de introducir a López Abad en los círculos económicos de Madrid. Ontiveros y su equipo se encargaron de dibujar el plano sobre el que la CAM debía guiarse en los parqués. Dónde, cómo y cuándo. Ontiveros fue el invitado estrella de un acto convocado por la caja, la Cámara de Comercio y Coepa para hablar de la situación económica. Fue en octubre de 2008, y la enorme preocupación por la crisis reunió en el Teatro Principal de Alicante a más de 1.400 personas de todos los sectores empresariales de la provincia. En aquel acto ya se habló de la urgencia de que el Estado inyectara dinero a la banca y se propuso sin tapujos, amnistías para aflorar el dinero negro. López Abad: "No seré yo quien lo pida, pero tampoco seré yo quien lo cuestione desde un punto de vista moral. Los casi 60.000 millones de euros en dinero negro que se calcula existen en España, dan para dos años de [funcionamiento de] la economía".

El argumento, calcado al que acaba de llevar a la práctica el Gobierno de Mariano Rajoy, tiene dos ejecutores: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el otro arquitecto de la emisión de acciones de la CAM, Luis de Guindos, ex responsable de Lehman Brothers en España (sí, Lehman Brothers) y hoy ministro de Economía, recibió de la caja el encargo de colocar las cuotas participativas en los mercados. Luis de Guindos, el mismo que, lejos aún de intentar salvar Grecia, el euro y Europa entera, se refirió en público a la iniciativa como uno de los productos financieros más atractivos del parqué. Cuatro años más tarde, quienes confiaron en la inversión se resisten a que sus ahorros se pierdan en el sueño de lo que pudo ser y no fue.

La apuesta de Modesto Crespo como presidente no ayudó a mantener la imagen cada vez más cuestionada de la institución y de sus directivos. Crespo, empresario ilicitano del sector de la automoción, encontró en la entidad el refugio que no consiguió hallar en la patronal de Alicante, algunas de cuyas federaciones venían contestando desde hace años su gestión al frente del metal, sector que acabó fraccionando. Acostumbrados a presidentes de escaso fuste ejecutivo y permeables al poder político, Crespo era el nombre que le dieron a Camps para presidir la caja y que éste aceptó de buen grado con tal de minimizar el poder de los zaplanistas en Alicante. Precisamente, Modesto Crespo procedía del ala más zaplanista de la patronal (como casi todos los dirigentes empresariales, por otra parte), y cuanto mayor era la oposición a su nombramiento, más crecía el apoyo del molt honorable con tal de arrinconar a sus oponentes dentro del partido. Que fuera la cuarta caja de España era lo de menos. A su predecesor, Vicente Sala, al que lo mismo utilizó Zaplana que Camps para que la CAM invirtiera allí donde no llegaban las arcas vacías de la Generalitat, se le atribuía desde las filas enemigas utilizar la presidencia para promocionar sus negocios entre los grandes clientes de la institución. Crespo no llegó a eso: directamente le pusieron un sueldo de 300.000 euros al año con carácter retroactivo en una de las empresas participadas de la entidad. Cuando todo aquello se supo, hacía meses que López Abad había desaparecido de la dirección general con una prejubilación millonaria, nombrado a María Dolores Amorós y convertido a la CAM en escándalo nacional. Los nuevos propietarios, el Banco Sabadell, aún deben de estar preguntándose qué hizo que aquellos directivos, hoy imputados, pasaran por ser lo más granado del sistema bancario español.

En los últimos días, los clientes de Caja Mediterráneo / Banco Sabadell habrán recibido una carta de presentación del nuevo director general, Miguel Montes. "En esta carta quiero dirigirme antes que a nadie, a usted, que ha sido nuestro cliente y ha confiado en nosotros durante mucho tiempo". Quizá demasiado.

(*) Periodista


sábado, 30 de junio de 2012

La Audiencia Nacional imputa a cinco directivos de la antigua cúpula de Caja Mediterráneo

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco antiguos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, según el auto dictado el pasado 28 de junio.

Los primeros en declarar el próximo 10 de julio serán el ex director general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol y el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb. Al día siguiente, 11 de julio, declarará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo.
El día 12 está citado a declarar el ex director general de la CAM Roberto López Abad y al día siguiente, 13 de julio, comparecerá la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós.
Todos ellos serán los segundos directivos de cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España que comparecen ante la Audiencia Nacional, tras los antiguos gestores de Caja Castilla La Mancha, que declararon en febrero de 2011.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, cuyos administradores elaboraron los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Alcalde y concejales del Ayuntamiento de Murcia no quieren homogeneizar el sueldo

MURCIA.- El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna, ha lamentado el rechazo de PP, IU y PSOE, a la moción presentada en el Pleno de junio por la formación magenta en calidad a homogeneizar los salarios y retribuciones de alcalde y concejales.

   Máxime, ha señalado el edil, cuando algunas de estas formaciones se han manifestado, tanto en el ámbito nacional como regional, de acuerdo en homogeneizar las instituciones, pero ante esta iniciativa, ha matizado, "se nos acusa de que queremos acabar con la democracia y se nos responde con descalificaciones, evadiéndose el tema de fondo y presentándose mociones alternativas, como ha ocurrido en Murcia".
   Así, se ha mostrado extraño porque IU y PP presentaran una moción alternativa, instando a que la Federación de Municipios sea quien inicie las recomendaciones, valore o estudie los sueldos de alcaldes y concejales, cuando "no tiene capacidad ni competencia alguna para decir a nadie lo que tiene que hacer"; además, las recomendaciones "se pueden o no escuchar".
   A su parecer, el objeto de esta moción alternativa es la de no votar la moción de UPyD y evitar, en este sentido, "pronunciarse". Serna ha declarado que "PP, IU y PSOE no quieren ni tienen ningún interés en entrar en el debate de homogeneizar los salarios de alcaldes y concejales, aunque a veces lo comenten y lo anuncien en sus actos los fines de semana" y lamentablemente "esa reforma no se va a iniciar porque no les interesa".
   Se trata de una iniciativa que está realizado la formación magenta en todo el territorio español porque, según explica Rubén Serna, "pensamos que hay una gran disparidad entre los sueldos y ediles de los diferentes municipios".
   El problema es que hay concejales y alcaldes que tienen sueldos, en muchos casos, "desorbitados", cobrando más que un presidente de Gobierno o un ministro; otros, sin embargo, son insuficientes.
   UPyD piensa que esto es algo que tiene que regularse "con criterios objetivos", ya sea de población, presupuesto municipal o nivel de deuda, "y de forma homogénea" para todo el territorio nacional.
   Y es que, ha argumentado el concejal Rubén Serna, mientras el alcalde de Arganda del Rey cobra 77.118 euros, 101.000 euros la alcaldesa de Madrid y el primer edil de Barcelona, 110.000 euros, el presidente del Gobierno cobra 78.000 euros y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, 66.912 euros.
   En Alcobendas o Las Rozas, el alcalde cobra 97.000 euros, en Pozuelo, 85.000 euros, y el alcalde de Molina de Segura, 72.192 euros. Respecto a concejales y portavoces, Serna señala que un portavoz de UPyD en un pueblo como Arganda del Rey cobra 66.500 euros, en Madrid 93.898 euros y en Murcia 49.000 euros. "Un auténtico disparate", ha exclamado.
   Para Serna "hay una absoluta disparidad" por lo que considera que "al no haber una ley o un documento legal que establezca un criterio homogéneo y homologable a todo el territorio nacional, esto queda al arbitrio del alcalde, corporación o Gobierno regional de turno".
   A su juicio, sería importante "que haya una homogeneización de las retribuciones", así como que no se pudiera cobrar por dos cargos orgánicos diferentes, "ni dietas de uno y otro sueldo".

"Sacyr" se marcha del proyecto aeroportuario de Corvera

MURCIA.- El grupo accionista mayoritario del Aeropuerto Internacional de Murcia (Aeromur), Sacyr, ha puesto a la venta sus acciones, según adelanta hoy 'La Opinión', algo esperado por otra parte tras la salida del murciano Luis del Rivero de su presidencia tras exigir al Gobierno regional un aval de 200 millones de euros para acometer la obra civil del proyecto estrella del presidente Valcárcel; aval a punto de renovación pese a la situación crítica por la que atraviesa la tesorería de la Comunidad Autónoma de Murcia y las exigencias de austeridad de Bruselas y del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En determinados ambientes madrileños se asegura estos días que el Gobierno de Rajoy está determinado a no cerrar San Javier, exigencia básica puesta como condición 'sine quanon' hace dos meses por 'Sacyr' para continuar en Aeromur y ser el motor de la puesta en marcha de Corvera. Ese cierre no se producirá por un criterio militar elemental de defensa nacional y porque en Madrid están más que convencidos de que Corvera será, en cualquier caso, un río de pérdidas para la Comunidad Autónoma porque finalmente tendrá que hacerse cargo de su gestión y explotación, aval de 200 millones de euros aparte.

Las instalaciones de obra -que no las de dotación tecnológica- están prácticamente terminadas pero han surgido esos problemas con el Gobierno central, que dificultan su puesta en marcha e inauguración, hoy ya sin ninguna fecha. A eso hay que sumar, la incógnita del número de vuelos que pudiera tener en un futuro inmediato, nada despejada por cierto ante el muy reciente buen trato añadido dado por el Ministerio de Fomento al aeropuerto de San Javier en comparación con otros 17 aeropuertos españoles de su categoría.

Esta crisis letal, del aún proyecto denominado Aeropuerto Internacional de Murcia, ha cogido por sorpresa a los demás inversores, todos ellos de capital regional, como son Caja Murcia, la CAM (prácticamente en quiebra técnica ambas) y las empresas familiares Fuertes, Monthisa y Cementos La Cruz (pasando la crisis como pueden al igual que la gran mayoría de empresas murcianas), después de ser clasificados como bonos basura los puestos a la venta tras ser emitidos por el gobierno regional y las resistencias de Génova 13 a facilitar movimientos especulativos como alimento de delirios de grandeza sin sentido alguno, tal es el caso de Corvera, Castellón y Ciudad Real, por lo que estamos ante la 'estación termini' de un empecinamiento de la pirámide de intereses en torno a Valcárcel.

El Instituto de la Vivienda y la Asociación Habito realojan a cinco familias con riesgo de exclusión social

MURCIA.- El director del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (IVS), Cristóbal Moreno, y representantes de la Asociación Habito Murcia se reunieron esta semana para continuar con su labor de adquisición de viviendas para el realojo de ciudadanos con riesgo de exclusión social.

   Tal y como acordaron, en breve plazo de tiempo se reunirá la comisión de seguimiento del convenio de colaboración vigente hasta final de año, que ya ha posibilitado la adquisición de viviendas para el realojo de cinco familias en las localidades murcianas de Alquerías, Cabezo de Torres, Puente Tocinos y Torreagüera.
   Cristóbal Moreno subrayó la labor de Habito en la Región de Murcia y les comunicó la intención de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de "continuar realizando conjuntamente programas y actividades que contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda a ciudadanos en riesgo de exclusión social, especialmente los de la comunidad gitana".
   Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron la celebración de unas jornadas que sirvan para analizar la situación de las personas en peligro de exclusión y que contribuyan a establecer nuevos mecanismos que ayuden a erradicar el chabolismo y la infravivienda, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Así, el director del IVS se comprometió a estudiar la propuesta de Habito sobre que la financiación de las conferencias se realice a través de los Fondos Europeos, así como aprovechar los recursos del Plan Europeo de Inclusión de la Comunidad Gitana.
   Moreno señaló que "es imprescindible la participación en estas jornadas de representantes de la Comisión Europea y también de los municipios, porque son la primera instancia a la que recurren las familias a las que nos dirigimos a través de convenio".

Piden a la Consejería de Sanidad que no aplique el copago farmacéutico por ser "injusto, ineficaz y regresivo"

MURCIA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide a la Consejería de Sanidad y Política Social que no aplique el copago farmacéutico.

   Rosique denunció que "el Gobierno de Rajoy ha introducido una medida regresiva, como es el copago en medicamentos, una medida que rechazamos por injusta e ineficaz", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   El Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impone un copago a los pensionistas, obligándoles a pagar los medicamentos por primera vez. Además, las personas en activo pagarán también, al menos, un 25 por ciento más de lo que pagan ahora al pasar del 40 al 50 por ciento del precio del fármaco.
   "Este es el primer paso que Rajoy y el Gobierno regional dan en relación con el copago. En noviembre entrará el vigor para transporte sanitario, prótesis externas y productos dietéticos, utilizados por personas mayores y enfermos de cáncer. Quedará aún un tercer nivel con la cartera accesoria de servicios que el Gobierno de Rajoy todavía no ha desvelado", ha indicado.
   Así, ha explicado que el copago afectará especialmente a las capas de población más vulnerables y con más necesidades (personas mayores, pacientes con enfermedades raras y enfermos crónicos, sobre todo).
   Por ello, el Partido Socialista muestra "su más absoluto rechazo" a las medidas del copago farmacéutico del Partido Popular. Rosique añadió que este copago, "además de injusto, puede llevar a un deterioro de la salud de muchos pensionistas, que abandonarán sus tratamientos para no pagarlos, según han manifestado distintas fuentes de profesionales y economistas de la Sanidad".
   España tiene un sistema público de salud que se encuentra entre los más económicos de la OCDE y entre los más eficientes. "Quienes argumentan que es insostenible no lo hacen por razones económicas, sino ideológicas", ha subrayado.
   Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la grave crisis económica que estamos atravesando no debería ser, en ningún caso, excusa para desmantelar derechos consolidados y el Estado del Bienestar.

La Asamblea de Cajamurcia aprueba la reducción de sus órganos de gobierno

MURCIA.- La Asamblea General de Cajamurcia, celebrada ayer viernes, ha aprobado la modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento electoral de la Caja para su adecuación al Real Decreto-ley 2/2012, de 3 febrero, de saneamiento del sector financiero, así como a la legislación autonómica.

   Entre los cambios aprobados se encuentra la supresión de la Comisión de Control, la reducción de miembros de la Asamblea General y del Consejo de Administración y la simplificación del funcionamiento de los órganos de gobierno, así como del sistema de elección de los consejeros generales representantes de impositores y del personal.
   En concreto, los miembros de la Asamblea General han pasado de 140 a 60, mientras que los del Consejo de Administración se reducen de 20 a 10; en ambos casos sin que se modifiquen los porcentajes de los grupos de representación: corporaciones municipales, impositores, Comunidad, empleados y entidades representativas.
   La modificación tiene como objetivo fundamental "adecuar los órganos de gobierno, los procedimientos de elección de sus miembros y su funcionamiento a la nueva dimensión económica y a su actividad, una vez acordados la segregación a favor de BMN y el ejercicio de su actividad financiera de forma indirecta".
   Por otro lado, la Asamblea General también ha aprobado el informe de gestión del Consejo de Administración de Cajamurcia del ejercicio 2011 y ha ratificado la liquidación del presupuesto y la memoria de actividades de la Fundación Cajamurcia del pasado ejercicio, así como el presupuesto y el plan de actuación para este año 2012, siempre según fuentes oficiales de la entidad.

Posición contable real primero, después ayuda financiera / Ángel Tomás Martín *

Si Luca Pacioli, llamado Luca di Borgo (1445-1510), matemático italiano y escritor del primer tratado sistemático de la " contabilidad por partida doble", que expone por primera vez como se deben llevar los libros contables, y que a pesar de los sucesivos avances, de la mecanización e informatización, se sigue manteniendo el principio de "a todo deudor corresponde un acreedor y viceversa "... si Pacioli volviera a la vida en estos turbulentos tiempos de irresponsabilidad, de ignorancia y de falta de escrúpulos con que se adornan determinados gestores, consejeros y directores generales de algunas entidades financieras, escandalizado, volvería, sin perder un minuto, a la paz de que seguro disfruta desde hace más de cinco siglos.

La contabilidad que toda empresa pública o privada tiene la obligación de llevar al día debe ser fiel reflejo de toda su actividad, y ofrecer en todo momento su situación patrimonial real, económica y financiera, indispensable para el desarrollo del fin para el que se han creado; además debe ser siempre transparente. Si no cumple con estos requisitos, o existe incompetencia, negligencia, o se pretende ocultar una gestión cuando menos reprobable.

Para cualquier observador y para los propios mercados, resulta sorprendente, que los balances de un determinado número de entidades de nuestro sistema financiero sigan sin ser fiables, a pesar de contar con expertos de alta profesionalidad en todos los organismos oficiales de vigilancia y control, y contar igualmente con censores jurados de cuentas y auditores de prestigio probado y de legal y obligada actuación. Algunos gestores han convertido la contabilidad en materia moldeable y al servicio de intereses oscuros, olvidando que debe recoger con exactitud cada operación, indispensable para la toma de decisiones y el fiel cumplimiento de los presupuestos y proyectos. En el caso de alguna de las entidades bancarias, la contabilidad generalmente es incompleta, sin respeto a los principios técnicos básicos y, en algún caso, falsa.

Si a ello añadimos que las auditorias y los órganos de control y supervisión han ejecutado su trabajo ciñéndose solo a los documentos parciales presentados, incluso sesgados u ocultados, el resultado en determinados casos es el desconocimiento absoluto tanto de su posición patrimonial como de la económico-financiera. Resulta triste y grotesco que con la excelente profesionalidad de nuestros inspectores a todas las escalas, y ante la desconfianza del BCE, del FMI y de la propia Bruselas, hayamos tenido que someternos a los test de estrés y a las valoraciones que asesores técnicos independientes exteriores (Oliver Wyman y Rolando Berger) ha estado llevando a cabo en nuestras instituciones financieras. Desconfiamos, sin embargo, que dado el corto espacio de tiempo (terminaron antes de final del mes de junio) y la complejidad contable, lleguemos a conocer con exactitud un balance creíble de la situación.

Lo anteriormente expuesto explica la amplia diferencia existente entre los cuarenta y cien mil millones de euros en que se estima alcanzarán las necesidades de nuestras entidades bancarias, para salir de su crisis. Es claro que los gestores, o no han sabido o no han querido precisar con exactitud, no solamente el valor de sus activos, sino el de su pasivo exigible. Es el caso en la memoria de algunas entidades, absorbidas o desaparecidas, cuyo estado de cuentas sigue sin el debido conocimiento público.

Es triste que con la excelente gestión económico-diplomática que recientemente han mantenido nuestros gobernantes (Mariano Rajoy, Luis de Guindos y Sáez de Santamaría), en Alemania y en EEUU, y tras conseguir un préstamo de hasta cien mil millones de euros, sigamos inmersos en la duda e inseguridad de nuestras cuentas bancarias y en la desconfianza de los mercados y bancos centrales.

El préstamo para la regeneración financiera - siendo su obtención un éxito - no deja de ser, si se alcanza el tope máximo (entorno al 10% del PIB español), cierto riesgo para el Estado el impago del mismo, al responsabilizar al FROB de la distribución a cada una de las entidades bancarias deficitarias. También asume el del pago de los intereses a los fondos europeos, que formarían parte del déficit público en el capítulo de intereses de la deuda.

Al desconocer la posición de algunos de los balances y la cuantía a que ascenderá su regeneración, surge la duda fundada de si una vez concluida la ardua tarea, fluirá el dinero a la economía real, como único camino para iniciar la salida de la crisis. Solo un camino debe seguirse en la gestión del FROB:- exigir y analizar los balances e informes necesarios de cada entidad solicitante,- calcular la cantidad necesaria a prestar para regularizar su desequilibrio, y que permita el normal desenvolvimiento de la actividad crediticia como único objetivo,- que cada operación sea supervisada controlada y autorizada por la inspección técnica del Banco de España, de probada competencia, preparación, experiencia e independencia. 

Cualquier otro organismo, comisión o controlador debe ser desechado, y que se certifique en el informe final que los activos dañados y la morosidad excesiva han sido resueltos o provisionados. Solo así, y sin que la banca haga aplicaciones de los fondos europeos recibidos a otras coberturas oficiales, ni se destinen a fines en el exterior, podremos empezar a confiar en el despegue de nuestra economía real y nos pongamos todos a trabajar y colaborar para un solo fin: la competitividad, la innovación, la internacionalización, la creación de empresas y la reducción drástica del desempleo. 

El futuro solo será el resultado de nuestra voluntad de trabajo e inteligencia, sin olvidar ser intolerantes con la corrupción, la mentira y el despilfarro. Solo con transparencia eliminaremos la inmoralidad.

(*) Economista y empresario

jueves, 28 de junio de 2012

La AEB pide que el rescate se destine a que desaparezcan entidades débiles e inviables


MADRID.- El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha pedido que el dinero del rescate europeo que recibirá España de hasta 100.000 millones de euros se destine a que desaparezcan entidades débiles e inviables para que no perjudiquen a las solventes.

   El portavoz de la patronal incidió en la necesidad de emplear con sabiduría el dinero procedente de Europa para sanear bancos porque conllevará un coste y mal empleado puede resultar perjudicial tanto para el conjunto sistema financiero español como para España. "Nadie nos va a dar un duro, no nos van a dar nada gratis", recalcó.
   "Si nos dan dinero y lo invertimos mal, puede ser negativo, se hunde la deuda soberana", advirtió Martín. A su parecer, "si los bancos no viables siguen existiendo, los buenos se harán malos y no podrán dar créditos a la economía".
   Con este argumento, Martín enfatizó que "los bancos débiles tienen que desaparecer para que los viables lo sigan siendo.
   Martín reconoció que la actuación de algunos gestores de entidades ha mermado la reputación del conjunto y se mostró a favor de que se depuren responsabilidades en este sentido.
   "El problema no son los bancos, pero en estos momentos hay bancos, no todos, que sí han generado un problema. Si estos no existieran, el resto de los bancos no generarían problemas a la economía española", argumentó.
    "Lo que tengo que hacer es echar al señor loco que compró los activos tóxicos raros y pasarlos a un banco malo", ilustró Martín.

Valcárcel le echa ahora la culpa a Zapatero del retraso de Corvera

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha achacado el retraso en la tramitación de los expedientes para la puesta en marcha del Aeropuerto de Corvera al anterior Gobierno de España, que "no estaba implicado en el proyecto".

   El presidente ha recordado que, hace un año, el entonces delegado del Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, "negaba la posibilidad de que Aena y, por tanto, el Estado español, estuviera en este proyecto".
   "Si hace poco más de un año, hay quien negaba que el Estado se implicara en este proyecto, no estaba sino confirmando que el Estado no estaba implicado en este proyecto porque así lo decidió el anterior Gobierno de España", y esto ha provocado que "no se habían resuelto expedientes", ha añadido.
   En este sentido, ha señalado que ahora, cuando "por fin el Estado, a través del Gobierno de España se implica en el proyecto y dice que Aena va a estar presente, es cuando empezamos a resolver expedientes que nunca se habían resuelto".
   "Ahora hay quien quiere meternos prisa, pero la hemeroteca está para algo y la memoria también, y la memoria está diciendo justamente que habían negado que Aena estuviera implicado, porque no querían, porque no estaba sencillamente", ha reprochado.
   Al ser preguntado por el cumplimiento de los plazos de finalización, Valcárcel ha señalado que él está "procurándolo y trabajando día sí y día también".
   En cualquier caso, Valcárcel ha admitido que está trabajando personalmente "día sí y día también" para cumplir los plazos de puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
   Al ser preguntado en una rueda de prensa por sus gestiones para agilizar los trámites sobre el Aeropuerto, Valcárcel ha admitido que él, personalmente, hace "muchísimas gestiones, en esta o en cualquier otra cosa, porque soy presidente de la Comunidad Autónoma, así lo quisieron los murcianos y, desde luego, cuando me pongo al frente de una responsabilidad puedo prometer y prometo que ejerzo hasta el último segundo en que tenga que dejar la responsabilidad".
   Así pues, ha señalado que, en esta como en tantas otras cosas, él siempre se implica personalmente "hasta donde he de hacer gestión", porque "para eso hay un Consejo de Gobierno con sus correspondientes consejeros y sus equipos de trabajo, que tienen encomendada la labor muy específica de actuar como lo están haciendo y, además, con diligencia".
   "Siempre ha existido un equipo de Gobierno fantástico, con un consejero comprometido con un proyecto llamado Región de Murcia y, por qué no decirlo, con la comprensión y con el compromiso por parte del Gobierno de España de sacar hacia adelante más de mil expedientes que no se sacaron antes", ha añadido.
   Valcárcel ha dicho no querer mirar más al pasado porque le produce "cierta pereza intelectual", pero ha advertido que la situación "es la que es" y "por mucho que queramos negar la evidencia, tampoco nos conduciría a nada".

Tovar quiere datos concretos

El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha acusado al presidente Ramón Luis Valcárcel de mentir sobre todo lo que ha pasado con respecto al aeropuerto en los últimos años, de arreglarlo a su voluntad, "para no tener que dar explicaciones sobre lo que está pasando ahora".
   "En contra de lo que dice Valcárcel, el anterior Gobierno socialista de España sí que se implicó con el aeropuerto, sí que intentó ayudar, y la prueba es que firmó un Protocolo con la Comunidad Autónoma, que es lo más favorable que se ha hecho por Corvera hasta ahora, en el que se reconocía la necesidad de que AENA llegara a un acuerdo con la concesionaria Aeromur para que fuese AENA la que gestionara el aeropuerto", ha subrayado el líder socialista.
   "¿Por qué seis meses después de estar gobernando en España el PP no se ha avanzado en el acuerdo con AENA? ¿Por qué hay ahora más incertidumbre que hace seis meses?", se ha preguntado.
   González Tovar ha recordado que hace ya 11 años, cuando se empezó con el aeropuerto, los socialistas -que nunca nos hemos opuesto al aeropuerto- ya defendíamos la posición de que AENA debería gestionar el aeropuerto regional.
   "Sin embargo, Valcárcel dijo que no quería ayuda, que no necesitaba a nadie. Fue él el que no quiso que se implicara entonces AENA, se creía autosuficiente", ha apostillado.
   "Lo que ha pasado ahora es que, ante una mala gestión de un tema que es de su exclusiva responsabilidad, Valcárcel intenta buscar otros culpables. Y eso lo hace mintiendo descaradamente. En ningún momento el anterior Gobierno socialista de España miró hacia otro lado, y nadie negó hace un año que AENA tenía que implicarse, sino todo lo contrario: firmamos un Protocolo para que se implicara", ha reiterado.
   Tovar quiso responder específicamente a las acusaciones de Valcárcel recordándole (también está en las hemerotecas) que su posición en la anterior legislatura como delegado del Gobierno no fue sino la de decir públicamente que no era verdad que Valcárcel tuviera cerrado un acuerdo con AENA para la gestión del aeropuerto, como éste afirmaba. "Y era tan mentira que todavía, un año después, aún no está cerrado".
   "El problema de Valcárcel es que no quiere dar explicaciones", insistió González Tovar, quien puso de manifiesto que "ha habido informaciones sobre que este aeropuerto está en busca de dueño, y queremos saber si es así o no, si es que está a la venta", ha añadido.
   El líder socialista considera que Valcárcel también tiene que dar explicaciones a la ciudadanía sobre "por qué surgen ahora las gestiones sobre el espacio aéreo, por qué no se ha hecho antes ese proceso". Al hilo, ha explicado que en su etapa de delegado del Gobierno estas gestiones no estaban solicitadas. "La única solicitud que pasó por la Delegación del Gobierno fue la de el espacio transfronterizo SINGER-Este, y en un tiempo récord se resolvió y autorizó", ha aclarado.
   "Valcárcel, en vez de echarle la culpa a otros, lo que tendría que hacer sería mirarse al espejo, porque la decisión de hacer de Corvera un proyecto regional estrella, sin concurso, y sin que fuese una acción concertada, la tomó en el año 2000, cuando precisamente gobernaba en España el Partido Popular", ha subrayado Tovar.
   Ahora no hay que mirar para atrás, ha finalizado Tovar, "queremos mirar hacia delante, y tenemos derecho a saber cuándo se va a abrir el aeropuerto, quién lo va a gestionar, y cuánto nos va a costar a los murcianos. Valcárcel dice que le produce pereza intelectual hablar del aeropuerto, yo creo que es, simplemente pereza, sin lo de intelectual".

En torno a un centenar delegados sindicales se concentran frente a la sede del Banco España para protestar contra la reducción de empleo público

MURCIA.- Medio centenar de delegados sindicales, más de un centenar según sindicatos, se han concentrado este jueves frente a la sede en Murcia del Banco de España, en la Gran Vía, convocados por la Federación de Servicios Públicos de UGT y la Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO, ante la "degradación" del Estado de Bienestar que llevan a cabo las administraciones públicas, en protesta contra "la reducción del empleo público que, con la excusa del déficit, está llevando a cabo el Gobierno", y en defensa de unos servicios públicos "de acceso universal, igual y gratuito, prestados con calidad".

   Y es que han señalado bajo la pancarta 'Somos gente como tú que trabaja para ti', al enorme recorte presupuestario ejecutado por este Gobierno a través los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de entre el 12 y el 24 por ciento menos para este año en ministerios, empresas públicas y otros organismos públicos o con participación pública, se suman las leyes de estabilidad presupuestaria, ordenadas desde la UE, a través del principio de contención del gasto público".
   Estas medidas, según los sindicalistas, pueden llegar a obligar al cierre de empresas y organismos públicos ante la falta de dotación presupuestaria y la prohibición expresa de la existencia de pérdidas en las Administraciones Públicas.
   Asimismo, las organizaciones sindicales ponen de relieve la frágil situación del conjunto del Sector Público Estatal en el que, a la precariedad en el empleo, "se unen medidas impuestas por el Gobierno", como la subida de la jornada en el conjunto del sector, "que busca aligerar plantillas a la par que precarizar aun más el empleo estable".
   Esta protesta se enmarca en la campaña estatal de ambos sindicatos, según ha explicado el responsable de Acción Sindical de FSP- UGT Murcia, José Ángel García, quien ha indicado que "no es entendible que se de dinero a entidades privadas y se recorte en todo lo público".
   CCOO y UGT recuerdan que la calidad de los servicios públicos pasa por el mantenimiento del empleo público, que debido a los recortes se elimina el transporte escolar en varias pedanías, se cierran puntos de atención a Víctimas de Violencia de Género, se retrocede en las ayudas a la dependencia, las tarifas de autobús suben en Murcia un 8 por ciento, las de trenes regionales un 7 por ciento, y trenes de cercanías y grandes líneas un 6 por ciento.
   Los sindicalistas han destacado, asimismo, que los grandes bancos reducen cerca de un 40 por ciento su aportación a la Hacienda Pública, van a despedir a unos 4.000 trabajadores con la reestructuración del sector y el cierre de oficinas está provocando miles de despidos en los sectores de seguridad y limpieza.
   Al tiempo que han recalcado que el aeropuerto de Corvera "nos cuesta a los murcianos 300 millones de euros", y mientras el Gobierno regional "concederá un aval de 11 millones para la Paramount, reducen profesorado a nuestros hijos y hacen aumentar el número de alumnos por clase".
   No hay dinero para pagar las ayudas a nuestros mayores, han lamentado, pero el Ayuntamiento de Murcia concede una subvención de 600.000 euros al club de baloncesto de Murcia y mientras la Seguridad Social sigue teniendo superávit, "más del 80 por ciento de los planes de pensiones privados tienen pérdidas".
   Tras lo que se han manifestado a favor de la reducción de cargos designados a dedo y por la jubilación obligatoria de los directivos a los 65 años y contra la destrucción de empleo público "que impide la prestación de un servicio de calidad, la reforma laboral y su aplicación al sector público, que hace que su empleo sea el más precario y de menor garantías jurídicas del conjunto del empleo español".

El BEI concede un préstamo de 185 millones de euros destinados a la reconstrucción de Lorca

MURCIA.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a la Comunidad Autónoma un préstamo de 185 millones de euros que servirán para sufragar la reconstrucción y rehabilitación de edificios e infraestructuras afectados por los terremotos de Lorca el 11 de mayo de 2011, como inmuebles de uso residencial, el patrimonio artístico y cultural, carreteras y equipamientos educativos, entre otras cosas.

   El préstamo ha sido suscrito este miércoles en Murcia por la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, en un acto que ha contado además con la presencia del consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción de Lorca, Inmaculada García, y el alcalde del municipio, Francisco Jódar.
   Este dinero tendrá que ser devuelto por la Comunidad Autónoma en un plazo de 15 años y a un tipo de interés del 2,86 por ciento, aunque el crédito cuenta con un periodo de carencia de tres años en los que el Gobierno regional estará exento de su devolución.
   Valcárcel se ha felicitado por las condiciones "ventajosas" en las que se ha suscrito el crédito, que son "asumibles" para la Región de Murcia, porque ha recordado que el préstamo "lo van a pagar todos los murcianos, como es natural".
   En este sentido, Álvarez ha destacado que el primer atractivo del préstamo es que permite obtener "la liquidez necesaria, que hoy es tan difícil de conseguir en los mercados". Además, ha recordado que los pocos préstamos que se conceden tienen "unas condiciones muy difíciles de devolver", lo que "lastra las posibilidades de futuro".
   Ha remarcado que el atractivo del crédito también reside en el periodo de carencia de tres años, que permite a la Comunidad "tener un respiro y una capacidad de obtener ingresos en unos momentos mejores de la economía".
   En comparación al coste que hubiera supuesto obtener este préstamo en los mercados, ha remarcado que la Comunidad Autónoma "se ahorra el 30 por ciento sobre la cuantía total del crédito, es decir, aproximadamente 57 millones de euros". Este ahorro "va a permitir a la Comunidad llevar a cabo otra serie de acciones que no hubiera podido acometer si los hubiera aminorado de sus recursos presupuestarios", ha añadido.
   Y es que el BEI tiene "el mejor rating" y obtiene la financiación de los mercados en unas condiciones financieras "muy favorables". Como es un Banco europeo y público, no tiene "apetencia ni apetito de obtener beneficio, sino que el beneficio es servir a los intereses europeos", ha explicado Álvarez.
   En concreto, la vicepresidenta del BEI ha destacado que el 60 por ciento de esos 185 millones de euros estarán destinados a la reconstrucción de edificios con uso residencial afectados por los terremotos e, incluso, la rehabilitación de algún barrio íntegramente, como el de La Viña, que fue uno de los más afectados por los seísmos.
   En este sentido, se ha felicitado porque esta inversión va a permitir que los damnificados "puedan volver a sus hogares en condiciones adecuadas y con una habitabilidad acordes con el nivel que corresponde en el siglo XXI y, por tanto, superar las adversidades".
   Otro gran grupo de proyectos que van a ser sufragados con este préstamo son los que tienen que ver con la rehabilitación del patrimonio artístico y cultural de Lorca, con el objetivo de que el municipio "vuelva a ofrecer nuevamente su historia, para ponerla al servicio de los lorquinos, para que puedan llevar a cabo la actividad económica relacionada con el turismo".
   Entre la relación de monumentos e inmuebles históricos a restaurar a través del Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca se incluyen las iglesias y conventos más afectados, entre los que destaca la iglesia y convento de San Francisco, el Colegio de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo y la capilla del Rosario, así como las iglesias de Nuestra Señora del Carmen, San Pedro, Santa María, San Juan, San José y San Diego. También el Casino Artístico y Literario, el palacio de los Condes de San Julián, la Torre de Mena en La Hoya o el claustro de Santo Domingo, entre otros.
   Asimismo, ha indicado que las obras incluyen la rehabilitación de edificios educativos y la adquisición de equipamientos y mobiliario para escuelas, institutos y otras instituciones educativas. Entre estas actuaciones está prevista la construcción del nuevo Instituto Ros Giner, la reconstrucción de la parte antigua del instituto Ramón Arcas y la del conservatorio, como obras de mayor envergadura.
   También se contempla la rehabilitación y adecuación de carreteras regionales, como la RM-701 (Lorca-La Parroquia) y la RM-621 (Lorca- Purias).
   El alcalde de Lorca ha remarcado que Lorca "ganó el Campeonato de Europa este miércoles, antes de que se jugara la semifinal", comparando la concesión del préstamo con la Eurocopa, ya que el crédito "es como el maná que nos ha venido en unos momentos de mucha necesidad".
   Valcárcel ha agradecido al BEI "su compromiso y sensibilidad hacia Lorca, a la vez que la confianza mostrada con la Región de Murcia y con su futuro".
 "Un futuro que pasa, ineludiblemente, por la recuperación de la ciudad de Lorca, de su economía y de su vitalidad como cabeza de una extensa comarca", remarcó Valcárcel.
   El presidente de la Región mostró su satisfacción al considerar que la firma de este acuerdo "representa la solución a muchos de los problemas que tiene Lorca en estos momentos", así como "la constatación de que la magnitud del desastre requería de soluciones acordes con el calado económico, social y humano de la tragedia".
   Asimismo, se congratuló por que este acuerdo "supone una inyección financiera trascendente y decisiva que nos permitirá disponer de los recursos necesarios para realizar, de manera urgente e inmediata, importantes actuaciones de reconstrucción urbana de la ciudad", que ha calificado como "uno de los tres pilares que sustentan a la Región de Murcia".
   "Con estas cantidades", precisó Valcárcel, "se afronta la rehabilitación de viviendas y de centros educativos, la recuperación de infraestructuras urbanas, del patrimonio cultural y de las carreteras regionales".
   Unas actuaciones "absolutamente imprescindibles", que, recordó, "se ven respaldadas por otro préstamo, concedido por el Instituto de Crédito Oficial, que supone la movilización, desde la Comunidad, de más de 300 millones de euros para enfrentarnos con garantías a la reconstrucción de la ciudad". Este acuerdo, subrayó el presidente, "es una inyección de dinero, pero también de esperanza y de confianza en que estamos en el camino de la recuperación de la ciudad".
   Álvarez ha remarcado que el BEI ha financiado 2.500 millones de euros en la Región de Murcia hasta ahora, que se reparten en actuaciones del sector privado, de la Administración regional, de los municipios y del Estado en la Comunidad. De esos 2.500 millones de euros, 800 han ido destinados sólo para la Administración regional.
   Todo ese dinero se ha utilizado para financiar proyectos de infraestructuras, la construcción de hospitales y la financiación de pymes, ha añadido

El PP cree necesario eliminar empleo público

MADRID.- La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

   "Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope.
   En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.
   "Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado
   Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.
   Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.